Autor: Redacción General

El Presidente apareció esta mañana en un aula de la Universidad de San Andrés. Este martes disertará en el Malba. Javier Milei apareció esta mañana en un aula de la Universidad San Andrés para dar una “clase” a un grupo de estudiantes de la casa de altos estudios privada. La exposición del mandatario ocurre una semana después de la multitudinaria cuarta marcha federal para exigirle que cumpla con la Ley de Financimiento para las universidades públicas. La disertación de Milei no se transmitió públicamente, sino que fue una clase cerrada. El cineasta Santiago Oría, que filma todos los movimientos del libertario, subió una foto a sus redes mostrando al mandatario dentro de una de las aulas de la San Andrés. La universidad amaneció esta mañana de lunes con una fuerte custodia de seguridad. En la previa el Gobierno había dicho que Milei buscaba “sorprender a los estudiantes” con una charla de economía. Milei disertó ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía de la Univ de San Andrés Estuvo junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el rector de la universidad, Lucas Grosman. En tanto, este martes 19 a las 11.30 el mandatario participará de otro coloquio en el Malba. Allí disertará, según trascendió, sobre “la inserción laboral, la visión de la macroeconomía actual y el potencial productivo de nuestro país”. Milei se niega a cumplir la ley que fue votada e insistida en el Congreso el año pasado. El argumento libertario es que que la aplicación de la norma implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”. La situación está judicializada y ahora tiene que definir la Corte Suprema. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%. elDiarioAR

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cuestionó este domingo el megaoperativo de seguridad “Tormenta Negra”, desplegado días atrás por el Gobierno porteño en 16 barrios populares de la Ciudad. Lo hizo durante una misa celebrada en la Parroquia Cristo Obrero del Barrio Mugica, en Retiro, donde vecinos entregaron una carta en la que denunciaron hostigamiento policial, cierres de comercios y merenderos y situaciones de violencia durante los procedimientos. “Para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, ‘Tormenta Negra’ se llama al narcotráfico, a la falta de trabajo y al retiro del Estado. Hace décadas que lo sufrimos”, afirmó García Cuerva ante la comunidad reunida en la villa 31. Las declaraciones llegaron tres días después del operativo simultáneo encabezado por la Policía de la Ciudad en barrios populares porteños, entre ellos la 31, la 1-11-14, la 21-24, Zavaleta, Ciudad Oculta y el Barrio 20. Según informó el Gobierno porteño, participaron 1.500 efectivos, se realizaron 27 detenciones y se clausuraron búnkers de droga y comercios sin habilitación. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, supervisó el despliegue desde el Centro de Monitoreo Urbano de Villa Lugano y definió el procedimiento como “el operativo más grande realizado simultáneamente en barrios populares”. Reclamos vecinales y denuncias por el operativo Durante la misa, vecinos del Barrio Mugica entregaron una carta dirigida al arzobispo en la que expresaron preocupación por el impacto del operativo. Allí denunciaron desalojos, persecución a trabajadores informales, bloqueos de calles y el cierre de espacios comunitarios. “Necesitamos que el jefe de Gobierno nos vea como personas, no como delincuentes”, señalaron en el texto. También reclamaron condiciones básicas de vida: “Queremos lo mismo que cualquier ser humano: que nuestras familias tengan un plato de comida, que nuestros hijos puedan soñar y que nuestros mayores vivan tranquilos”. El Centro de Estudios Legales y Sociales también cuestionó el operativo y denunció presuntas irregularidades durante los procedimientos, entre ellas la requisa a dos niñas en la vía pública. En respuesta a las críticas, Macri defendió el accionar policial y aseguró que el objetivo fue combatir el narcotráfico y recuperar el control territorial en los barrios. “No sacamos a patadas a nadie”, afirmó. Y agregó: “El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter preso. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”. El respaldo de los curas villeros Junto a García Cuerva participó de la celebración el padre Lorenzo de Vedia, conocido como “Padre Toto”, referente pastoral en la Villa 21-24 y una de las voces históricas de los curas villeros. “Las villas no necesitan shows mediáticos ni hostigamiento. Necesitamos integración, empatía y acciones concretas contra el delito, no violencia ni discriminación”, sostuvo. Durante la homilía, García Cuerva también evocó la figura de Carlos Mugica, el sacerdote asesinado en 1974 por la Triple A y referente histórico del trabajo social y pastoral en los barrios populares. El Barrio Mugica lleva su nombre desde 2020. Al finalizar la misa, el reclamo de los vecinos quedó resumido en una consigna repetida por la comunidad: “Necesitamos un canal de paz y que se escuche la voz de nuestros barrios”. elDiarioAR

Un estudio internacional sobre Latinoamérica advierte sobre lo injusto del sistema tributario que debería sostener no sólo servicios básicos como seguridad, salud o cloacas sino también las rutas y el capital humano que utilizan las empresas. Propuesta de un gravamen mínimo del 2% sobre los patrimonios de más de US$100 millones. Que a los ricos no les interese pagar impuestos puede llegar a resultar lógico. No salen a la calle y se topan con frecuencia con gente durmiendo en la calle, otros que los fuerzan a comprarles medias ni que les piden comprarles una leche en la entrada del supermercado. No van al hospital público ni pelean con la obra social ni la prepaga barata y sus copagos. No se educan en el ámbito público, aunque se nutren de los empleados que sí pasaron por sus aulas. No toman transporte público ni miran la agenda de espectáculos gratuitos. Y así es que se las ingenian para ser los que menos ingresos destinan a impuestos, a diferencia de las clases media y baja, que en menor o mayor medidas utilizan todos esos servicios del Estado. En tiempos en que se discute que no haya fondos para las universidades, pero tampoco para remedios y prestaciones médicas, salarios de maestros y policías, frecuencias de colectivos y trenes o instalación de cloacas, esta semana el asesor senior del International Tax Observatory (ITO, las siglas en inglés del Observatorio Tributario Internacional) Vicente Silva, chileno residente en la ciudad sede de esta organización, París, presentó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un informe latinoamericano que especifica cuánto tributa cada segmento social. Los datos demuestran que el 1% más rico de los argentinos paga de impuestos sólo el 30% de sus ingresos, casi lo mismo que la clase media, que abona el 29% y menos que los pobres, que destinan el 37%. Incluso el 10% más rico tributa menos: el 25%. Es decir, los ultramillonarios pagan igual que las familias de ingresos medios, pero más que los apenas menos ricos, quizás por el impacto del ahora licuado impuesto a los bienes personales. “El sistema argentino cobra mucho impuesto cuando la gente consume: cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte, paga el IVA”, comienza a explicar Silva. “Y como los hogares de menores ingresos gastan casi todo lo que ganan en consumo básico, una parte muy grande de sus ingresos se va en impuestos. Y con los más ricos pasa lo contrario: como consumen una parte mucho menor que su ingreso, el IVA les pesa muchísimo menos. Después pagan otros impuestos, pero no lo suficiente para compensar esa diferencia”, advierte el investigador con un posgrado en la London School of Economics, la escuela de economía de Londres. “Pero el problema más fuerte se da en la cima: el 0,01% más rico de Brasil y Chile -en la Argentina no están los datos disponibles- pagan tasas efectivas de impuestos que son la mitad que el resto de la población”, advierte Silva. ¿Por qué? “Básicamente porque retienen utilidades dentro de sus empresas y mientras no las distribuyan, no generan ingresos que puedan gravarse. En ese tramo de la sociedad prácticamente no se cobra impuesto a la renta (ganancias)”, advierte el experto. La Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, apoyó la investigación del ITO y su directora de asuntos económicos en la Argentina, María Julia Eliosoff, agrega que ha quedado comprobado que los grandes millonarios en el mundo usan las tarjetas corporativas para sus gastos personales y suelen usar la ingeniería financiera para evitar la tributación en los países donde más impuestos se pagan. Pero no sólo eso: en Latinoamérica el gravamen que más recauda es el IVA y en Europa, Ganancias. En la Argentina, el IVA supone el 40% de lo recolectado y Bienes Personales, el 1,3%, señala Eliosof, que también integra el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE). “Esta es una discusión entre desigualdad y democracia: es un problema para la democracia que haya grandes mayorías que reclaman mientras se concentra el poder en pocas manos, grupos de ricos con más poder que los estados”, añade la experta de la Ebert. Politólogos como Vicente Palermo o Roberto Gargarella también aluden a los problemas que las desigualdades provocan en las democracias por esa misma concentración de poder. “En la Argentina sólo seis personas, los milmillonarios, poseen más de US$20.000 millones e incrementan su fortuna a un ritmo que va alrededor del 8% anual y lo hacen gracias a las rutas, los puertos y el capital humano que se forma en las escuelas y las universidades públicas y que son pagadas con los impuestos de todo el resto”, advierte Silva. Esos seis son, según el informe, las de Marcos Galperin (de Mercado Libre, con US$ 7.200 millones), Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy, PAE, con 5.100 millones), Eduardo Eurnekian (de Corporación América, con 4.800 millones), Eduardo Costantini (de Consultatio, con 1.300 millones), Delfín Carballo (del Banco Macro, con 1.000 millones) y el italiano residente en Buenos Aires Paolo Rocca (de Techint, con 7.300 millones). Por cierto, ni Galperin ni Bulgheroni viven y tributan acá sino en Uruguay. “Tras años de alta inflación, deterioro del poder adquisitivo y fuerte inestabilidad macroeconómica, el debate tributario en Argentina se ha reordenado en torno a la estabilización de las cuentas públicas y a la contención de los precios”, contextualiza el reporte. “Desde que asumió, el actual gobierno lo ha hecho principalmente mediante recortes en el gasto público, incluidos programas destinados a financiar políticas sociales. En paralelo, se ampliaron las exenciones y los alivios fiscales para los sectores de mayores ingresos”. “Este giro ocurre en un país que combina una presión tributaria relativamente alta en comparación con los estándares regionales —27,8% del PBI—, pero por debajo del promedio de los países de la OCDE (34%)”, se refiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integran en general países ricos. “Argentina necesita una reforma fiscal que corrija las regresividades del sistema actual. La pregunta no

En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos del Chaco, Matías Rafart, destacó la reunión con concejales de Resistencia y que los mismos hayan expresado coincidencia en la necesidad de regular la situación de los alquileres tipo Airbnb. El presidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos del Chaco, Matías Rafart, advirtió sobre el impacto negativo que generan los alquileres temporarios no regulados en la ciudad. Según explicó, se trata de “una actividad nueva que compite directamente con nuestros hoteles”, los cuales sí deben cumplir con todos los requisitos municipales, tener empleados en blanco y pagar los impuestos correspondientes. En los estudios de CIUDAD TV, Rafart señaló que, al estar estos alquileres en una suerte de “gris”, sus precios son mucho más bajos, lo que provoca que las tarifas hoteleras se caigan y no puedan levantarse. Aclaró que en temporadas altas el problema se diluye porque hay trabajo para todos, pero “en épocas bajas, sí te empiezan a sacar visitantes”. El entrevistado valoró positivamente las reuniones mantenidas con concejales de los tres partidos. “Todos opinaban de la misma manera”, sostuvo, coincidiendo en la necesidad de regular esta actividad no solo por una cuestión de competencia, sino también por seguridad. Puso como ejemplo el caso de un vecino que veía todos los días una patente diferente estacionada al lado de su casa, sin saber quién ingresaba al edificio. También remarcó la vulnerabilidad de quienes alquilan. “Si vos alquilás para una persona, dos personas o veinte personas, van igual y te ocupan los departamentos”, advirtió. Y agregó que hoy un vecino no puede denunciar a otro que alquila porque, al no estar regulado, técnicamente no está haciendo nada ilegal. Rafart insistió en que el sector hotelero no está en contra de esta actividad, sino que pide condiciones más equitativas. Entre los puntos que debería incluir una futura ordenanza mencionó la inscripción en impuestos, la habilitación del negocio y el mantenimiento de las propiedades. Además, destacó que una regulación beneficiaría también al visitante, que tendría a dónde recurrir en caso de una estafa. Consultado sobre el desafío que representan las aplicaciones y redes sociales, explicó que la idea es que todos los alquileres cuenten con un número de registro municipal. Sin embargo, reconoció que mientras no exista una ley que lo exija, no se puede obligar a nadie. Se mostró optimista, eso sí, porque “todos miran para el mismo lado”. Finalmente, Rafart reveló un dato contundente: en la reunión nacional de hoteleros realizada en Rosario entre el 7 y 8 de mayo, las tarifas del Chaco resultaron ser las más bajas del país. “Mucho tiene que ver esto”, afirmó, vinculando directamente esa realidad con la falta de regulación.

Fue una de las voces más emblemáticas e inigualables de la radio saenzpeñense en AM y trabajador de prensa reconocido por su trayectoria desde el micrófono, donde supo desarrollar con alto profesionalismo labores vinculadas a diferentes sectores de la sociedad. También fue trabajador ferroviario, conductor de locomotoras del Ferrocarril Belgrano “desde la época de las máquinas a leña”, rememoraron sus amigos consultados por Periodismo365. Las mismas fuentes indicaron que Zacarías estaba inactivo desde la pandemia, ya que había quedado con secuelas que fueron deteriorando su salud hasta este momento. De todos modos, su partida deja un vacío considerable en el ámbito de la comunicación centrochaqueña. En su destacada carrera, fue creador de programas con alto rating en LT 16; como “El tiempo radial de Ucrania” y otras colectividades, que se emitía los sábados de 12.00 a 14.00 horas. Otro de los programas con impronta de la música ciudadana fue “Te acordás hermano”, compartiendo micrófonos con “Pifa” Villalba, los sábados a la mañana.A la grilla de sus creaciones se sumó “Sábado de todos”, también los sábados por la mañana. Para la audiencia tempranera, los domingos de 6 a 8 de la mañana, realizaba “A primera mano con el tango”. Sus compañeros de trabajo recuerdan el tradicional “puntín” ferroviario que consistía en una picada de fiambres que algunos auspiciantes aportaban para la media mañana de las largas jornadas, donde compartía las exquisiteces artesanales con sus compañeros de trabajo, demostrando una gran calidez humana. En el contexto de las colectividades, fue un gran colaborador de la Iglesia Ucraniana, brindándole espacios para actividades que realizaban en la ciudad y todo el centro del Chaco. Su perfil multifacético en el universo comunicacional de la radio, lo llevó a crear el programa “La hora de las ofertas”, un espacio con mucha audiencia que se emitía de lunes a viernes de 16.00 a 17.00 horas. Cabe remarcar que Carlos Alberto Zacarías, comenzó en LT 16 en la década del ’70, dejando la huella y oficio de “la vieja escuela” frente al micrófono. Vale recordar que en el año 2013 el Sindicato de Prensa del Chaco reconoció a trabajadores en el marco de la entrega de los premios periodísticos “Félix Roberto Wandelow” por el Día del Periodista. Además de las distinciones, ese año el gremio tomó la decisión de sumar el homenaje a trabajadores de prensa que aportaron su ejemplo en la labor diaria de manera incansable, responsable y profesional más allá de la situación a la que estaban sometidos en sus empresas.Así el gremio rindió tributo a Carlos Alberto Zacarías (LT 16 Radio Sáenz Peña, la ex Radio Esmeralda de Presidencia Roque Sáenz Peña), entre otros. Los restos de Carlos Alberto Zacarías, de 72 años de edad, fueron velados y sepultados este lunes a las 11.00 horas en el Cementerio Privado Parque Jardín de nuestra ciudad. Desde Periodismo365 hacemos llegar nuestras condolencias y más sentido Pésame a sus familiares por tan irreparable pérdida. Periodismo365

Con la celebración del Día de la Escarapela, Resistencia inició la Semana de Mayo, en la cual habrá distintos eventos, culminando con el acto central del próximo lunes 25, en ocasión de la celebración de la Revolución. En la jornada de hoy, la ceremonia se inició con el izamiento de la Bandera Nacional en el Mástil Mayor, con el acompañamiento musical de la Banda Municipal “Luis Omobono Gusberti”. Hubo cambio de abanderados portadores de la Enseña Belgraniana, en este caso alumnos de la Unidad de Gestión Privada “Luis Federico Leloir” entregaron el símbolo patrio a sus pares de Escuela N° 25 “Cacica Mercedes Dominga”. Como parte de la ceremonia, se distribuyeron escarapelas a la gente, a cargo de estudiantes de escuelas de la ciudad. El profesor Oscar Bulacio, presidente del Instituto Belgraniano de Chaco, explicó que “a pesar de ser un día gris, para nosotros hay un sol radiante, es el sol de la bandera”. Lautaro Luque, del Instituto Leloir, fue el responsable de llevar la bandera durante un año y dijo que “Belgrano tiene una suma de valores que son muy importantes para destacar y hay que mantenerlos en nosotros”. Desde la Secretaría de Cultura y Turismo municipal, invitaron a “todos aquellos que quieran acompañar las diferentes efemérides que nos sigan en la página del municipio de la Ciudad de Resistencia y de la Secretaría de Cultura y Turismo”. Mientras que desde la Coordinación de Gabinete sostuvieron que “a pesar del frío, la gente de manera respetuosa acompañó el acto, esto nos da tranquilidad, sabiendo que las cuestiones patrióticas hacen el sentimiento en el corazón de cada uno de nosotros”.

El Gobierno del Chaco se presentó este lunes como querellante en la causa conocida como la “Masacre de El Zapallar”, un hecho ocurrido en 1933 en la zona que actualmente corresponde a General San Martín y que tuvo como víctimas a integrantes del pueblo Mocoví. La presentación formal se realizó este lunes en la sede de la Fiscalía Federal de Resistencia y estuvo encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia, Hugo Maldonado, quien brindará detalles sobre el avance del proceso judicial y el rol que asumirá el Estado chaqueño. Según explicó Maldonado, el hecho ocurrió cuando un grupo de personas que vivía en la reducción de Napalpí se trasladó hacia El Zapallar en busca de trabajo y alimentos, en un contexto de fuerte sequía. Esa movilización derivó en denuncias realizadas por sectores criollos de la zona, que acusaban a los indígenas de supuestos hechos de abigeato. De acuerdo con la reconstrucción histórica mencionada por el funcionario, la intervención de fuerzas de seguridad terminó en una matanza que habría dejado alrededor de 50 víctimas. “Fue un hecho nefasto, una masacre contra el pueblo Mocoví”, sostuvo Maldonado. “Buscamos verdad y justicia” El subsecretario remarcó que la presentación como querellante tiene como objetivo acompañar el proceso de investigación y aportar al esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, aclaró que no existe un reclamo económico por parte del Estado provincial, sino una búsqueda de verdad, justicia y reparación histórica. “Esto es similar a lo ocurrido con la Masacre de Napalpí, donde la Justicia determinó la responsabilidad del Estado provincial y nacional. En este caso, también buscamos justicia”, señaló Maldonado. El funcionario indicó que en las últimas semanas comenzaron a tomarse testimonios de familiares y descendientes de las víctimas, en el marco de un proceso que busca reconstruir lo ocurrido a partir de la memoria oral de las comunidades indígenas. Reparación histórica Maldonado también vinculó esta presentación con las acciones que la provincia viene realizando tras la sentencia por la Masacre de Napalpí, entre ellas la señalización del sitio histórico y la traducción de la manda judicial a lenguas originarias. “Estamos trabajando para cumplir con esa manda. Este año pretendemos avanzar con una obra de señalización en la Ruta Nacional 16, en el acceso a Napalpí, y con la traducción a las lenguas Mocoví, Qom y Wichí, además del castellano”, explicó. La incorporación del Estado provincial como querellante en la causa de El Zapallar marca un nuevo paso en el reconocimiento institucional de las violencias históricas cometidas contra los pueblos originarios del Chaco.

La Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional llevó adelante un nuevo Acto de Colación de Grado, Posgrado y Títulos Intermedios y Técnicos, en el que 132 graduados y graduadas recibieron sus diplomas, en una ceremonia cargada de emoción, orgullo y reconocimiento al esfuerzo académico. El acto se desarrolló en el Aula Magna de la institución y reunió a autoridades universitarias, docentes, familiares y amigos de los egresados. El decano de esta casa de estudios, Walter Morales, encabezó la ceremonia y destacó el valor de la educación superior pública y el compromiso social de quienes egresan. “Cada graduado y graduada que hoy recibe su título es también una demostración concreta del enorme valor de la Universidad Pública Argentina. Ustedes son la evidencia de que cuando una sociedad invierte en educación el resultado es transformación: transformación personal, familiar, profesional y social”, afirmó. Asimismo, alentó a los nuevos profesionales a ejercer sus carreras con compromiso ético y sensibilidad social, “sin miedo a los desafíos, atreviéndose a innovar, a emprender, a investigar, a equivocarse y volver a empezar”, y los instó a “defender y poner en valor aquello que para nosotros tiene un significado profundo, como es la educación pública, la ciencia, la investigación y el derecho de miles de jóvenes a formarse y construir un proyecto de vida”. En representación de los egresados, el flamante ingeniero químico Carlos Melacki ofreció un emotivo discurso en el que recordó las experiencias compartidas durante la vida universitaria y el esfuerzo detrás de cada logro alcanzado. “Si hoy estamos acá no es solamente porque aprobamos materias o cumplimos con un plan de estudio; estamos acá porque incluso en momentos donde estábamos cansados, frustrados o llenos de dudas, resistimos y seguimos adelante”, aseguró. En ese sentido, enfatizó en la experiencia de quienes dejaron sus ciudades de origen para estudiar en Resistencia y el acompañamiento recibido durante ese proceso. “La UTN terminó convirtiéndose para muchos de nosotros en nuestra segunda familia. La universidad deja mucho más que conocimientos técnicos: nos llevamos amistades, personas increíbles y recuerdos que seguramente nos acompañarán toda la vida”, expresó. Finalmente, agradeció a docentes, trabajadores nodocentes y familias por el acompañamiento permanente, y remarcó que el paso por la Universidad “nos hizo más fuertes, más responsables, más pacientes y también más humanos”. En la oportunidad, recibieron sus títulos de grado diez ingenieros electromecánicos, trece profesionales de Ingeniería en Sistemas de Información, ocho profesionales de Ingeniería Química, dos de Licenciatura en Administración Rural, treinta de Licenciatura en Tecnología Educativa, trece de Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo y una licenciada en Producción de Bioimágenes. Además, se entregaron títulos intermedios y técnicos a un analista universitario de Sistemas, once títulos correspondientes a Tecnicatura Universitaria en Química, cuatro a Tecnicatura Universitaria en Administración Rural, doce a Tecnicatura Universitaria en Programación, nueve a Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica, doce a Tecnicatura Universitaria en Operación y Mantenimiento de Redes Eléctricas y uno a Tecnicatura Universitaria en Seguridad Vial. Finalmente, recibieron sus títulos de posgrado un especialista en Ingeniería en Calidad y cuatro especialistas en Ingeniería Gerencial. Participaron del acto autoridades de la Facultad Regional Resistencia, docentes, directores de carrera, personal nodocente y representantes de la comunidad universitaria, junto a familiares y amigos que acompañaron a los nuevos profesionales en una noche de celebración y reconocimiento al esfuerzo compartido.

El gobernador Leandro Zdero confirmó que la Dirección Nacional de Vialidad lanzó la Licitación Pública Nº 0023/2026 para ejecutar obras de repavimentación y mejoras sobre la Ruta Nacional Nº 89, en el tramo que une General Pinedo, en la provincia del Chaco, con Quimilí, en Santiago del Estero. La obra corresponde a la Malla 405-A y contempla intervenciones sobre uno de los corredores viales más importantes de la región, utilizado diariamente para el transporte de la producción, la conectividad entre localidades y la circulación de miles de vehículos. Según se informó oficialmente, el proyecto cuenta con un presupuesto oficial superior a los 76 mil millones de pesos y será ejecutado bajo la modalidad de ajuste alzado. El tramo comprendido en la licitación se extiende desde el empalme con la Ruta Provincial Nº 13, en General Pinedo, hasta la ciudad de Quimilí, en Santiago del Estero, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial. Esta gestión realizada por el Gobernador Zdero en una reunión mantenida con el  actual Jefe del 18° Distrito Chaco de la Dirección Nacional de Vialidad, el Ingeniero Manuel Emilio García Scrimizzi ratifica lo de Vialidad Nacional que el proceso licitatorio se desarrollará a través de la plataforma CONTRAT.AR. El retiro y consulta de pliegos ya se encuentra habilitado y las ofertas podrán presentarse hasta el 28 de agosto de 2026 a las 10 horas, momento en que se realizará la apertura pública de sobres de manera electrónica. La ejecución de esta obra representa una intervención estratégica para fortalecer la infraestructura vial del norte argentino, favoreciendo el desarrollo productivo y mejorando la conectividad entre ambas provincias.

Un adolescente fue víctima de hostigamiento en el aula entre 2011 y 2012. El fallo ordenó a la Provincia de Buenos Aires a pagar $19 millones al considerar que la “inacción institucional” no fue aislada, sino que agravó el acoso al transmitir un “mensaje implícito de tolerancia”. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Mercedes dictó sentencia en una causa iniciada por una familia contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires por los hechos de acoso escolar que sufrió su hijo durante su paso por la escuela secundaria en una ciudad ubicada al centro-norte bonaerense. La resolución concluyó con una condena a la Provincia y a su aseguradora, aunque limitó el alcance de la indemnización y desestimó parte de los reclamos. La demanda tuvo origen en hechos que se extendieron entre los años 2011 y 2012, período en el que el menor asistió a una escuela técnica y, posteriormente, a una escuela secundaria básica (segundo y tercer año de colegio). De acuerdo con la versión presentada por la parte reclamante, el joven atravesó una serie de episodios de hostigamiento físico y verbal dentro del ámbito escolar, lo que habría desencadenado un proceso de deterioro en su salud psíquica y física. Según consta en la sentencia, los padres del estudiante afirmaron que el acoso comenzó con burlas y agresiones por parte de un grupo de compañeros, motivadas por su desempeño académico. El relato incluyó empujones, golpes y un incidente específico en el que el joven recibió un impacto en el rostro con un borrador, durante una clase, sin que las autoridades escolares adoptaran medidas disciplinarias. La situación, según los reclamantes, no se detuvo tras los primeros episodios. Siguieron hostigamientos reiterados, agresiones físicas, amenazas y filmaciones de peleas dentro del establecimiento. La familia sostuvo que las autoridades escolares restaron importancia a los hechos y que las intervenciones institucionales resultaron insuficientes, lo que llevó a una progresiva afectación emocional del adolescente. El expediente describe que, ante la falta de respuesta efectiva, el estudiante dejó de asistir a clases por lapsos cada vez mayores. El cuadro clínico fue documentado por profesionales de la salud, que diagnosticaron un trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo y síntomas de evitación social. El joven requirió tratamiento psicológico y psiquiátrico, además de apoyo educativo domiciliario y acompañamiento institucional. La demanda presentada ante el juzgado incluyó el reclamo por daños y perjuicios, citando el artículo 1117 del Código Civil argentino, que establece la responsabilidad objetiva de los establecimientos educativos por los daños sufridos o causados por sus alumnos menores de edad bajo su control. Los reclamantes solicitaron la reparación integral del daño, incluyendo daños patrimoniales, extrapatrimoniales y gastos médicos. En su defensa, la Dirección General de Cultura y Educación negó la existencia de hechos constitutivos de acoso escolar sistemático, sostuvo que los incidentes fueron aislados y que las autoridades adoptaron las medidas adecuadas dentro de sus competencias. La parte demandada planteó la existencia de una patología previa en el joven, alegando que la problemática central residía en una condición de fobia social no atribuible exclusivamente al contexto escolar. La aseguradora citada en garantía también cuestionó la cobertura, argumentando que los hechos relatados no se encontraban amparados por la póliza vigente, la cual excluía expresamente situaciones de acoso sexual, hostigamiento y discriminación. Sin embargo, el juzgado determinó que el acoso escolar o bullying no se asimila de manera automática a los supuestos de exclusión previstos en el contrato de seguro y que, por tanto, la compañía debía responder en la medida del seguro. El fallo analizó en profundidad los testimonios recogidos durante el proceso, entre ellos los de excompañeros y profesionales que asistieron al joven. Los testimonios confirmaron la existencia de agresiones recurrentes, exclusión social, burlas y violencia física, así como la insuficiencia de las respuestas institucionales. El informe de la perito psicóloga oficial concluyó que el joven presentaba trastornos fóbicos y una neurosis fóbica en grado moderado, con una incapacidad parcial y permanente, aunque reconoció la presencia de rasgos de vulnerabilidad previos. En su análisis jurídico, el juzgado sostuvo que la responsabilidad de la Dirección General de Cultura y Educación deriva de la obligación de seguridad y garantía de indemnidad que pesa sobre los propietarios de los establecimientos educativos respecto de los menores bajo su guarda, salvo prueba de caso fortuito. El tribunal descartó la existencia de una patología de base que eximiera a la demandada de responsabilidad e indicó que, aun en presencia de predisposiciones personales, los hechos sufridos en el ámbito escolar constituyeron la causa adecuada del daño. El fallo subrayó que quedó comprobada la situación de vulnerabilidad del joven y la existencia de hostigamiento y acoso dentro del ámbito escolar. El tribunal consideró probado que las autoridades y directivos del establecimiento, lejos de actuar con la urgencia y firmeza que requería la situación, permitieron que las agresiones persistieran al “naturalizar y normalizar” el trato violento entre pares. La ausencia de medidas preventivas y de contención institucional fue señalada como un factor decisivo en la consolidación y agravamiento del daño, lo que fundamentó la condena contra la administración educativa provincial. El fallo rechazó la excepción de prescripción planteada por la defensa, al considerar que la acción se inició dentro del plazo bienal previsto por el artículo 4037 del Código Civil, a partir del momento en que la familia tomó pleno conocimiento del daño y sus consecuencias, hecho que se fijó en julio de 2012. La sentencia hizo lugar a la demanda indemnizatoria del joven y condenó a la Provincia de Buenos Aires y a la aseguradora a pagar la suma de 19 millones de pesos, más intereses y actualización conforme el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC. El tribunal declaró la inaplicabilidad del artículo 7° de la ley 23.928, lo que habilitó la actualización monetaria del crédito reconocido hasta su efectivo pago. En cuanto a los daños reclamados por los padres en su propio nombre, el tribunal rechazó la pretensión. Argumentó que el daño moral indirecto

La vicepresidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Virginia Zacarías, destacó el trabajo que realiza el organismo para potenciar el turismo en las 70 localidades de la provincia, con foco en el desarrollo de destinos sostenibles, el fortalecimiento de la identidad cultural y el impulso al turismo interno. Además, adelantó actividades para los próximos fines de semana largos y anticipó novedades para el Impenetrable chaqueño y la próxima Bienal de Esculturas. En declaraciones a CIUDAD TV, Zacarías explicó que uno de los principales objetivos de la actual gestión es dejar de pensar únicamente en eventos puntuales y avanzar hacia la construcción de destinos turísticos permanentes. “Hoy el desafío no es solamente acompañar una fiesta popular, sino trabajar el destino. Que las personas puedan visitar una localidad durante todo el año y no solo cuando hay un evento”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el gran reto del turismo chaqueño es consolidar infraestructura y servicios para que los visitantes puedan permanecer más tiempo en la provincia. “Queremos generar destinos donde las personas vengan a vacacionar al Chaco, se queden una semana o una quincena y disfruten de otra manera”, afirmó. La funcionaria indicó que actualmente muchas localidades reciben miles de visitantes durante festivales o celebraciones, pero carecen de plazas hoteleras, propuestas gastronómicas o servicios suficientes para sostener un flujo turístico constante. “Nos hemos convertido en muchos casos en destinos de tránsito. La idea es revertir eso”, señaló. Identidad, sabores y naturaleza Zacarías insistió en la importancia de fortalecer la identidad chaqueña como eje del desarrollo turístico. “Nadie quiere lo que no conoce y nadie cuida lo que no quiere”, resumió. Según explicó, desde el Instituto se trabaja con programas de capacitación para que las comunidades identifiquen y valoren sus propios atractivos, muchas veces naturalizados por quienes viven allí. Desde gastronomía regional hasta experiencias rurales y tradiciones locales forman parte de la apuesta turística. “Hay personas que tienen un enorme potencial turístico y no saben que lo tienen. Cosas tan simples como ensillar un caballo, cocinar una torta frita o compartir costumbres del campo pueden convertirse en experiencias muy valoradas por quienes visitan”, explicó. También destacó iniciativas como “Sabores del Chaco”, destinadas a poner en valor la gastronomía regional y las diferencias culturales entre localidades. “Los sabores también forman parte de nuestra identidad”, remarcó. Las Palmas, Tirol y el fin de semana largo De cara a las próximas escapadas, la vicepresidenta del Instituto recomendó visitar distintas localidades del interior. Entre ellas, mencionó a Las Palmas, donde este fin de semana se realizará un torneo de pesca acompañado de propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos. También invitó a participar de las actividades por Santa Rita en Puerto Tirol, donde se podrá conocer la historia local, los murales y el patrimonio cultural vinculado a la industria taninera. “Tenemos más de 300 prestadores turísticos en la provincia, entre complejos rurales, aguas termales, espacios culturales y propuestas de naturaleza. Hay muchísimas opciones para recorrer”, aseguró. El Impenetrable suma una nueva propuesta de alojamiento Uno de los anuncios más importantes estuvo vinculado al crecimiento del turismo en el Impenetrable chaqueño. Zacarías adelantó que este año se inaugurará una nueva alternativa de hospedaje sustentable, impulsada junto a la Fundación Rewilding y el Gobierno provincial. La propuesta estará construida con técnicas sustentables, incluyendo paredes de adobe y materiales locales, y buscará ampliar la oferta actualmente compuesta por glamping y carpas. “Va a haber una opción para todos los bolsillos, para familias y grupos de amigos que quieran vivir la experiencia del monte chaqueño”, afirmó. Además, destacó el nivel de servicios que ofrece actualmente el destino: “No tiene nada que envidiarle a otros lugares del mundo”. Bienal 2026: “Es el Mundial de los chaqueños” Con la mirada puesta en la próxima edición de la Bienal Internacional de Escultura, Zacarías aseguró que el Instituto ya trabaja de manera articulada con organizadores, municipios y el sector privado. “Es el Mundial de los chaqueños”, definió, al tiempo que anticipó que habrá sorpresas y una edición “más grande” gracias a la ampliación del Parque Intercultural 2 de Febrero. La funcionaria remarcó además el impacto económico del evento, que llena plazas hoteleras y moviliza a distintos sectores económicos tanto en Chaco como en Corrientes. “Es un motor económico enorme para toda la región”, indicó. Turismo en tiempos de crisis Consultada sobre el contexto económico, Zacarías reconoció las dificultades del sector, aunque aseguró que el turismo responde “redoblando esfuerzos” y apostando al trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. En ese marco, destacó el crecimiento del turismo interno y las escapadas cortas, una tendencia que —según explicó— se consolidó tras la pandemia. “El desafío es lograr políticas públicas que permitan que haya movimiento turístico durante todo el año y no solamente en eventos puntuales o temporadas fuertes”, concluyó.

Patricia Bullrich reclama por la Declaración Jurada de Manuel Adorni en público, algo de por sí ya es fuerte para el esquema de poder mileísta, pero muestra mucho más enfado – en algunos casos hasta desprecio – con el jefe de Gabinete en las charlas privadas ya sea con dirigentes de su espacio u otros viejos conocidos de su extensa trayectoria política. Por Fernando Riva Zucchelli Tal como lo define un reconocido consultor, “Adorni es el único cuadro político que generó el mileísmo” y eso genera todavía mayor preocupación tanto en los hermanos del Poder como en el resto del gabinete, sobre todos los que entienden cómo se juega este juego. La ficha caída, más allá del sostenimiento del que goza del Presidente, genera agujeros muy importantes tanto en el plano de la comunicación, muy basada en su persona con sus clásicas conferencias de prensa, genera asimismo una deriva en el resto de la gestión ya que el ministro coordinador no puede ejercer la defensa del gobierno porque tampoco puede con la suya, y en definitiva al conjunto les fue arrebatada la agenda política, que fue a parar a manos de un colectivo en el que crecen y se ordenan desde Mauricio Macri a Miryam Bregman, y produce esperanza nuevamente en el peronismo con movimientos y planes y hasta acercan cada vez más al tablero de los candidatos a Dante Gebel. La primera víctima de esta realidad – además de Adorni – es la continuidad de las PASO, algo que el gobierno desde su triunfo en octubre tenía asegurado por la misma voluntad de las Provincias de concederle ese regalo mientras toda la oposición estaba convulsionada y el Presidente se movía a sus anchas y determinaba el tablero, algo qué dejó de ser así. Su cambio de humor cada vez más irascible con propios y extraños, “es un hombre de emocionalidades fuertes” definió magistralmente la senadora Bullrich para traducir con el menor problema posible, los gritos del Presidente en la reunión de la Rosada y Milei también se despachó – ninguneándolos – y sin dejarlos hablar a Luis Majul y Esteban Trebuq. Todo ello habla que está transitando problemas para los cuáles no está preparado y solo los que tienen experiencia y agallas como Bullrich, se aprovechan. A ella no le importa la Ciudad, o para decirlo de una manera más precisa, no le interesa CABA cuándo empieza a planificarse desde el Círculo Rojo y también en su cerebro, la posibilidad de volver a competir por el premio mayor. Y por esa hendija se asoman los Macri, con la reelección de Jorge, fortalecidos que La Libertad Avanza no logra hacer pie en la Capital. Le bajaron de un hondazo a “Manu” y la “Piba” abandona ese lugar de privilegio para ir lentamente y de callada por la Presidencia. Los dos pollos violetas ganadores en 2025 ya no existen en el distrito (ver podcast en este newsletter en referencia a ello). Pero usted lector, se preguntará con toda razón si este escenario en Nación y en CABA es definitivo, si ya se afirmó, y claramente la respuesta es no. Es tarea de este cronista analizar los movimientos históricos y presentes de la actual senadora Bullrich para intuir y compartir una circunstancia que la dinámica política avanza en la transformación de espacios. El carácter de Patricia y su historial -muchas veces bastardeado por ese camaleonismo que la caracterizó a lo largo de su vida política- es a su vez la historia de una mujer que fue alcanzando objetivos personales en forma serial, utilizando cada una de las oportunidades que fue teniendo. Su manejo del poder tiene claramente el sello de su paso por la Tendencia Peronista de los 70, militantes que eran formados para la toma del poder y no para administrar el poder de otros. Luego vinieron variadas experiencias en la Alianza (duelos picantes siendo ministra de Trabajo con Hugo Moyano), en el Pro (siendo ministra de Seguridad, diputada nacional y Presidenta del Partido) y repitiendo el cargo en Seguridad con el actual gobierno hasta ser senadora nacional por CABA por LLA en las últimas elecciones. Sacarla del gabinete y dejarla libre para que vaya al Senado a Patricia (una de las reinas de la casta) para los Milei fue uno de los errores más groseros que cometieron, en su delirio de Nación – empresa familiar en el cual solo se hace lo que dicen los hermanos. El delirio es para el mundo entero y para el afuera vernáculo, la dictadura de ese manejo es para los subordinados, materia gris (o no) pero altamente descartable para ellos. Lo sufre hasta Santiago Caputo, con la salvedad que éste fue y sigue siendo el “no funcionario”, más inteligente de su entorno. Empezando por no tener firma y ser el segundo más influyente de este gobierno, sólo detrás de Karina (en este momento) y también por el manejo de palancas claves que le confió el Presdente y él supo administrar. Cada vez que lo acorralan desde el karinismo, responde con disrupción, con jugadas no vistas, con tanques de reserva que nadie detectó y eso lo hace impredecible, a lo que suma contrataques precisos. Si Karina es la familia y la sangre, Santiago es el creador y el alma de este Presidente. Volvamos a la Pato, que junto a Diego Santilli son los dos dirigentes que le generan valor agregado al Gobierno, más allá del propio Presidente. Ambos tienen destino electoral y futuro incierto respecto de cómo se conformarán los espacios con los que competirán. El otro que “desagrega”, pero hace es Luis “Toto” Caputo, que también tiene un plan y lo cumplirá sin cambios hasta su retirada, si eso fuera necesario. Los treinta meses de carry trade seguido pueden ir al Guiness, (y sin sumar los del macrismo), los halagos del Presidente que no tiene otra idea –que las de él -para la economía, lo eximen del miedo que pueden tener cualquier otro integrante del gabinete. Es un cuevero VIP, profesional de las

Durante décadas nuestro país fue construyendo una política nuclear singular en América Latina: desarrollo propio, control estatal del ciclo de combustibles y una apuesta sostenida por la ingeniería nacional. Por Mempo Giardinelli Así, la Argentina cuenta con el CAREM 25, que es un pequeño reactor modular (se conocen como SMR) diseñado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) e INVAP, y que orgullosamente simbolizó el camino y desarrollo de nuestro supuesto “viejo” programa nuclear. Y todo marchó viento en popa y con sólido orgullo hasta que en 2025 el gobierno de Javier Milei frenó el proyecto y reorientó la estrategia nuclear argentina hacia la adopción de tecnología estadounidense. En sintonía con la Executive Order 14299 firmada por Donald Trump el 23 de mayo de 2025, esa decisión reavivó un viejo debate argentino: ¿integración estratégica o pérdida de soberanía? La Orden Ejecutiva titulada «Deploying Advanced Nuclear Reactor Technologies for National Security» declaró como Política de Estado de los EEUU acelerar el desarrollo, despliegue y exportación de reactores nucleares avanzados, incluidos reactores modulares pequeños y microreactores. El decreto ordenaba al Departamento de Energía, y al complejo de Seguridad Nacional norteamericanos, utilizar “toda autoridad legal disponible” para instalar estos reactores en bases militares, centros de datos de inteligencia artificial, infraestructura crítica y otras instalaciones federales. También instruyó coordinar con el Departamento de Defensa y simplificar licencias regulatorias. Pero el punto más relevante para América Latina fue y es el capítulo sobre exportaciones: la orden busca posicionar a las empresas nucleares estadounidenses como «socias de elección» para el crecimiento energético mundial, reduciendo la dependencia de tecnologías de «adversarios extranjeros» y ampliando su influencia estratégica a su propia industria nuclear. Para ejecutar esa política, el Departamento de Estado norteamericano impulsa el Programa FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), destinado a “apoyar” a países “aliados” que adopten SMR como el nuestro, pero de diseño estadounidense. El programa ofrece asistencia regulatoria, técnica y financiera, y accesos a cadenas de suministros y marcos normativos, pero siempre alineados con EEUU. Por decisión presidencial, en septiembre pasado el presidente Javier Milei dispuso que la Argentina se convirtiera en el primer país latinoamericano en asociarse formalmente al Programa FIRST. Y la Embajada de EE.UU en Buenos Aires presentó la decisión vinculando los SMR con seguridad energética, aplicaciones de inteligencia artificial y reducción de emisiones. Con lo que el mensaje era claro: la Argentina pasaba de desarrollar su propio y prestigioso reactor, a integrarse en la arquitectura nuclear estadounidense. Lo cual, dicho en criollo, resultaba algo así como que de la noche a la mañana el orgullo tecnológico argentino llamado Carem 25 pasaba a ser un cachivache obsoleto. Aunque hasta 2023 había sido el único SMR en construcción en todo el continente americano, diseñado íntegramente en la Argentina y con gran potencial para polos industriales, desalinización y futuras exportaciones, de pronto todo eso no valía nada. La obra en la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, tenía un avance estimado entre 70–80% en obra civil e ingeniería y estaba planeado iniciar el montaje electromecánico en 2024-2025. Pero fue entonces cuando el asesor presidencial y supuesto amigo idem, Demian Reidel —quien ya había sido nombrado presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA— anunció su reemplazo por otro proyecto alineado con tecnologías extranjeras. Lo que significó la paralización del reactor nacional. Para algunos analistas –como señaló a esta columna el ingeniero Daniel Arias, quien acaso sea el más competente experto en la materia– ese cambio brusco y maligno evocaba a los años 90, cuando el gobierno de Carlos Menem abandonó el proyecto misilístico Cóndor II con el cuento de una mayor integración con EEUU en materia satelital. Aquella vez, como ahora, la Argentina se alineó y sometió a la agenda estratégica norteamericana, renegando de toda la capacidad tecnológica propia en favor de una supuesta cooperación internacional en materia nuclear, sector históricamente asociado a la soberanía, la seguridad y el desarrollo industrial. Y entonces tambaleó toda nuestra Soberanía tecnológica porque la adopción de los SMR estadounidenses obliga a aceptar estándares regulatorios, licencias y cadenas de suministro alineadas con la Comisión de Regulación Nuclear y el Departamento de Energía estadounidenses. Lo que a su vez obliga a la ARN y a la CNEA a adaptarse a normas externas. Además, al abandonar el CAREM, la Argentina cede todo conocimiento acumulado en diseño, ingeniería y fabricación de reactores. Con lo que pasa de ser un potencial país exportador a convertirse en mero usuario de tecnología importada. Y aunque la Constitución establece que los recursos del subsuelo pertenecen a las provincias –y el uranio es considerado una “reserva estratégica” bajo control estatal– toda concesión a empresas extranjeras requiere aval de la CNEA y la ARN, priorizando el abastecimiento interno. Sin embargo, memorandos recientes cruzados entre ambas Cancillerías promueven informar anticipadamente a Washington sobre licitaciones de minerales críticos. Lo que para algunos juristas vulnera principios de igualdad en las contrataciones públicas y autonomía federal. Asimismo, cabe considerar el impacto industrial y económico, porque de tener cadenas de valor locales – proveedores nacionales, ingeniería propia y potencial exportador – ahora se apunta a importar tecnología, combustible y componentes, con fuerte y mayor participación de capital privado extranjero. Lo que si bien podría facilitar financiamientos internacionales, también reduce la autonomía industrial y limita la capacidad de generar patentes y propiedad intelectual local. Esta Geopolítica nuclear concibe a los satélites como meras herramientas para bases militares, infraestructura de inteligencia artificial y control de cadenas energéticas. Con lo que así restringe el margen de maniobra independiente frente a proveedores como China, Rusia o Corea del Sur y además somete la política nuclear argentina a los intereses y prioridades de los EEUU. Por supuesto, el gobierno de Milei sostiene que la apertura a una tecnología extranjera moderniza el sector, reduce costos y acelera la transición energética. Pero los críticos, en cambio, hablan de “neocolonialismo nuclear” y de la vergonzosa renuncia a décadas de inversión en capacidades propias. La pregunta de fondo es clave: ¿conviene a la Argentina ser usuaria

El oficialismo en el Senado, con el respaldo del PRO, decidió desproteger por tiempo indeterminado los derechos de niños, niñas y adolescentes. Luego de ocho meses de demora para que la Cámara alta confirme como Defensora de la Niñez a María Paz Bertero, La Libertad Avanza y sus aliados dieron por caído el concurso y abrió un debate para elaborar un nuevo reglamento de designación. La elección de Bertero había sido aprobada por la Cámara de Diputados en octubre del 2025 con 156 votos positivos, 44 negativos y seis abstenciones, con el apoyo de Unión por la Patria y del radicalismo, entre otros sectores. Sin embargo, las elecciones legislativas de ese mes, con la victoria de LLA, le permitieron al oficialismo tomar la conducción de la comisión bicameral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Desde entonces, la designación de Bertero quedo paralizada, ¿por qué? Por ser cercana al gobernador bonaerense Axel Kicillof y haber militado por la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Tienen en la mira a la Defensoría y a los derechos de las niñas, niños y adolescentes para los cuales han desfinanciado todas las políticas públicas a lo largo y ancho del país”, denunció el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. La decisión del oficialismo, como publicó Página|12, había sido advertida por especialistas y organizaciones como las nucleadas en la Red de Organizaciones Sociales de Niñez y Adolescencia Territoriales (Ronat) y la Mesa de Articulación. “Todo el arco político participó del procedimiento, es un proceso que salió del Congreso. Cualquier intento de boicotear o de generar una designación por fuera de él la rechazamos, porque sería desconocer toda esa pluralidad de voces que intervinieron”, denunciaron. La voz cantante del oficialismo fue el vicepresidente de la bicameral, el diputado por Santa Fe Nicolás Mayoraz (LLA), quien planteó el argumento del vencimiento del plazo del pliego de Bertero y abrió el juego para renovar todo el proceso de selección, lo que deja un futuro incierto para la designación del cargo vacante. La propuesta de Mayoraz fue acompañada por la presidenta de la comisión bicameral, Vilma Bedia; por Carmen Álvarez Rivero, Soledad Mondaca y Santiago Santurio de La Libertad Avanza; y por Victoria Huala del Pro. Mientras se consumaba ese trámite, el presidente del bloque de Unión por la Patria denunció: “Están truncado el proceso de selección que se realizó sujeto a derecho y es innecesario todo lo que están haciendo”. En la misma sintonía, el jefe del interbloque del peronismo en el Senado, José Mayans, sostuvo que “por estos atropellos el Gobierno se cae a pedazos” y señaló que “nadie quiere judicializar la política, pero ante avasallamientos de tal envergadura” no le dejan más opción que recurrir a esa vía. La polémica escaló cuando los diputados nacionales de Unión por la Patria Blanca Osuna y Juan Carlos Molina presentaron la impugnación de Mayoraz como vicepresidente primero, al señalar que dicho cargo le correspondía al peronismo dado que la presidencia ya era ocupada por el oficialismo. Posteriormente, el senador nacional de la Pampa Daniel Bensusán (Justicialista) anunció que acudirá ante la Justicia para denunciar una maniobra inconstitucional, ya que no se estaba cumpliendo con el principio de “proporcionalidad” prevista por la Ley 26.061. En contraposición, el diputado Santiago Santurio (LLA) rechazó los cuestionamientos y defendió la continuidad de las actuaciones de la comisión. El oficialismo y sus aliados consiguieron los votos necesario para dar dictamen a la propuesta de un nuevo concurso, bajo el argumento que la anterior designación tuvo “muchas impugnaciones y arbitrariedades”. El debate continuará los martes a las 14, día y horario fijado para funcionamiento de la bicameral. Bertero: “Fue una locura, pero el gobierno hace las cosas de este modo” La abogada especialista en violencia de género y abuso sexual María Paz Bertero denunció que el gobierno nacional hizo una campaña de difamación en su contra luego de impugnar su designación como Defensora de la Niñez aprobada por la Cámara de Diputados. El oficialismo dejó sin efecto la designación de la Defensora de la Niñez aprobada por Diputados“Fue una locura en el marco de un gobierno que viene haciendo las cosas de este modo”, contó Bertero en Radio 750. El concurso público ocurrió en 2025. Consistió en un examen anónimo en el que además se le pidió a los participantes la presentación de un plan de trabajo, se les exigió participar de audiencias públicas e intervinó un Consejo asesor y organizaciones de la sociedad civil. “Salí ternada y propuesta como defensora junto con dos adjuntos, votados en la Comisión Bicameral, con siete votos”, explicó la abogada. Luego de Diputados, el tema pasó al Senado de la Nación hacia el final del período ordinario legislativo de 2025. Al comenzar el mismo período este año, la senadora Alejandra Vigo (PJ) hizo una moción de preferencia para tratar el pliego de la designación por considerar importante avanzar en la ocupación del cargo. “Ayer (por el jueves) se conformó la bicameral sin uno de los bloques mayoritarios, que es el bloque peronista, por un tema de cantidades, pero se conforma igual”, repasó Bertero en Escuchá Página|12. “Y con una mayoría simple dicen que dan de baja el concurso por haber pasado un plazo totalmente discutible, porque si bien el reglamento habla de 180 días, en el concurso anterior, que fue la única vez que hubo Defensor, se estableció que eran 180 días hábiles parlamentarios y además con la certeza de que tenía vigencia por la sesión de Diputados”, continuó. La abogada objetó también la campaña por redes sociales que iniciaron usuarios cercanos al oficialismo y que consistió de la publicación de fotos modificadas con Inteligencia Artificial. “Es insólito e increíble, con esta lógica de grieta y este sesgo ideológico subieron una foto con un pañuelo verde que no dice nada del aborto e intentaron encasillarme”, se defendió la abogada. “Yo trabajo, obviamente, sobre todo con cuestiones de infancia y he tenido causas de violencia de género, talleres, entonces, bueno, intentaron encasillarme en un

Un trabajo de la consultora Zuban Córdoba, sobre 2.000 casos a nivel país, muestra que los tres obtienen números parecidos de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El presidente Javier Milei tiene una intención de “voto seguro” ligeramente más alto que Patricia Bullrich y Mauricio Macri, pero registra el rechazo (“nunca lo votaría”) más grande de los tres, según una encuesta conocida hoy de la consultora Zuban Córdoba. Milei estaría alcanzando un 18,7% en el segmento de “seguro lo votaría”, con lo que supera a la senadora Bullrich que obtiene un 14,3% y al ex Presidente con un 9,9%, según el sondeo realizado entre el 25 de abril y el 1 de mayo, con 2.000 encuestados a nivel país. Sin embargo, al sumarse los votos de “seguro lo votaría” con los de “probablemente lo votaría”, la delantera de para Bullrich con un 32% (13,3% seguro más 18,1% probable). Bullrich estaría dejando en el segundo lugar a Milei con un 31,4% (18,7 seguro más 12,7% de probable), cifras por encima del potencial electoral de 30% de Macri (9,9% seguro más un 20,1% probable). La encuesta, sin embargo, señala que los tres dirigentes quedan con cifras negativas cercanas al 60% bajo el rubro “nunca lo votaría” y en este segmento es Milei quien tiene mayor rechazo, con un 57,2%, seguido de Macri con 56,8% y Bullrich con 56,4%. El trabajo de campo mide lo que los encuestadores denominan “potencial electoral”, apuntando a lo mínimo que obtendrían en una elección y cuál sería su techo máximo teniendo en cuenta el rechazo que obtienen. El sondeo de Zuban Córdoba destaca que Milei, Bullrich y Macri registran cifras muy parecidas dentro del espectro de la centroderecha, con números de apoyo ligeramente superiores a un 30 por ciento y un rechazo de casi un 60%.

El Ahora Misiones y Ahora Bienes Durables lideraron el movimiento económico. La provincia destacó el impacto de estas herramientas para sostener el consumo y la actividad comercial. Hubo una aceleración del uso a fines del 2025. Los Programas Ahora registraron un crecimiento interanual del 34,67% durante el primer trimestre de 2026 y movilizaron ventas por más de $26.837 millones en Misiones, consolidándose como una herramienta clave para sostener el consumo interno y la actividad comercial provincial en un contexto económico nacional adverso. Según un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda, entre enero y marzo de este año el conjunto de programas de incentivo al consumo mostró una tendencia positiva respecto al mismo período de 2025, cuando la facturación había alcanzado los $19.928 millones. En términos absolutos, el incremento superó los $6.900 millones. En este sentido, Adolfo Safran, ministro de Hacienda de la Provincia, publicó el informe en sus redes sociales y destacó que “este desempeño refleja el impacto cotidiano de estas políticas para amortiguar los efectos de la recesión, fortalecer la capacidad de compra de las familias y sostener el nivel de actividad del comercio local”. El beneficio más utilizado El programa con mayor participación durante el período fue Ahora Misiones, que concentró el 37,19% de las ventas totales con operaciones por $9.981 millones. En segundo lugar apareció Ahora Bienes Durables, que mostró uno de los crecimientos más pronunciados: pasó de $1.841 millones en el primer trimestre de 2025 a $7.404 millones en igual período de este año, multiplicando más de cuatro veces su volumen de ventas y alcanzando el 27,59% del total. El tercer programa con mayor incidencia fue Ahora Construcción, con ventas por $5.479 millones y una participación del 20,42%. Más atrás se ubicaron Ahora Estudiantes ($1.708 millones), Ahora Neumáticos ($740 millones) y Ahora Mascotas ($207 millones). También tuvieron participación los programas orientados a consumos específicos y servicios, entre ellos Ahora Remedios, Ahora Mujer, Ahora Gastronomía, Ahora Carne, Ahora Góndola Bernardo de Irigoyen y Ahora Feria. El crecimiento registrado en los primeros meses de 2026 se suma a la fuerte expansión observada durante el año pasado. El balance anual mostró que los Programas Ahora movilizaron $98.658 millones durante 2025, frente a los $62.287 millones alcanzados en 2024, lo que representó una expansión del 58,39%. Dentro de ese acumulado anual, Ahora Misiones volvió a posicionarse como el principal motor del sistema al representar cerca del 50% de las ventas totales, con más de $44.090 millones. A su vez, Ahora Bienes Durables, Ahora Construcción y Ahora Neumáticos integraron el grupo de programas que concentraron el 80% del movimiento económico generado. Más utilización El informe también destacó una aceleración hacia fines de 2025. Diciembre se convirtió en el mes con mayor nivel de operaciones, alcanzando $13.071 millones impulsados por el programa tradicional y promociones especiales de temporada. En paralelo, Ahora Construcción evidenció una fuerte consolidación, pasando de un promedio mensual de $560 millones en 2024 a superar los $1.800 millones mensuales durante el último trimestre del año pasado. Con casi $100 mil millones movilizados durante 2025 y un inicio de 2026 marcado por nuevos incrementos, los Programas Ahora continúan posicionándose como una de las principales herramientas provinciales para incentivar el consumo, sostener el comercio minorista y contribuir al mantenimiento del empleo en el sector. El Territorio

La empresa textil Hilado, perteneciente al grupo de la familia Karagozian, ingresó formalmente en concurso preventivo de acreedores en medio de la caída del consumo interno y el avance de productos importados. En Monte Caseros hay una planta de la firma, a fines de 2025 tuvo problemas en pago de salarios y suspendió personal. La apertura del proceso fue dispuesta por el juez Walter Peralta, titular de la Sala Unipersonal N°5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, provincia de La Rioja. La firma había solicitado la convocatoria el 11 de febrero, bajo la presidencia de Teodoro Karagozian. Desde la compañía atribuyeron la crisis a la retracción del mercado local, el aumento de importaciones, las compras de ropa en plataformas internacionales y las altas tasas de interés. También señalaron que varias empresas del rubro comenzaron a vender por debajo de sus costos para sostener la liquidez. La textil aseguró que antes de acudir a la Justicia aplicó medidas para reducir gastos, mejorar la eficiencia industrial y preservar empleos, aunque el menor nivel de actividad aceleró la necesidad de reestructurar sus deudas. El concurso preventivo busca garantizar la continuidad de las plantas fabriles y ordenar el pago a acreedores. El proceso judicial ya tiene fechas fijadas: la verificación de créditos se extenderá hasta junio, los informes individuales serán presentados en agosto y el informe general patrimonial en octubre. La situación se conoció semanas después del cierre de DFAC (De Fábrica Al Consumidor), otro emprendimiento del grupo que había sido creado para vender indumentaria nacional sin intermediarios, pero que dejó de operar tras la caída de la demanda y el crecimiento de las importaciones. Una planta en el interior correntino En Corrientes, la firma tiene una planta de producción en Monte Caseros. El año pasado había presentado dificultades, y tras medidas similares a las adoptadas en la sede cordillerana, en noviembre anunció el cierre de su línea de producción de prendas deportivas y ropa interior. La medida incluyó el despido de 20 de los 36 trabajadores afectados. En ese momento, también se había anunciado que los 16 empleados restantes eran reubicados en otras secciones de la planta, como telares e hilandería, como parte de un proceso de reorganización interna. Además, los directivos de la sede correntina habían anunciado la incorporación de una nueva línea de producción, enfocada en la fabricación de telas que comenzaría a operar entre marzo y abril de este año. Por ahora, solo fue un anuncio que ya se encuentra demorado. Mientras tanto, crece la incertidumbre para los 300 trabajadores que TN Platex tiene en la provincia de Corrientes. De las expectativas generadas hace algunos años con la incorporación de más operarios, hoy pesa sobre los actuales la incertidumbre generada por los cierres y concursos preventivos en otros lugares del país. Corrientes Hoy

La contactaron desde cuentas ligadas a sectores antiderechos tras reclamar a su prepaga la cobertura del misoprostol. Investigan el origen de la información. Organizaciones sociales de derechos humanos están en estado de alerta por la filtración de datos personales de una mujer que tuvo que realizarse una interrupción legal del embarazo (ILE) en la Ciudad de Buenos Aires y fue contactada desde una cuenta que está ligada a organizaciones antiderechos. La mujer presentó una denuncia penal que pide, entre otras cosas, que se investigue si “si personal de Medicus o cualquier otro organismo público o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional”. Preocupa además la aparición de otros casos en los que algunas prepagas incumplen la ley 27.610, al obstaculizar el acceso al aborto. Esta semana la Red de Abogadas Feministas presentó una denuncia penal para que se investigue el acceso ilegítimo y circulación de datos médicos sensibles vinculados a salud sexual y reproductiva de una mujer por los posibles delitos de acceso ilegítimo a bases de datos personales, violación del secreto médico/profesional y ejercicio ilegal de la medicina. El 7 de mayo, Alejandra Iriarte, integrante de la Red, quiso comprar Misoprostol para realizar una ILE indicada por su médico obstetra ya que se había interrumpido de manera espontánea el embarazo que cursaba. Pidió autorización a su prepaga y le autorizaron la cobertura del 40 por ciento del costo. “Mandé un email a Medicus diciendo que la ley establece el 100 por ciento y al mismo tiempo llené el formulario de la Superintendencia de Servicios de Salud para casos de ILE/IVE. No me contestaron, ninguno de los dos”, dijo Alejandra a PáginaI12. Al día siguiente Alejandra fue contactada vía WhatsApp y teléfono insistentemente, por personas desconocidas que le consultaban “si había confirmado el embarazo” y la invitaban a una “charla informativa gratuita” en Viamonte y Talcahuano. “En dicha conversación expresé mi absoluto asombro y preocupación respecto del conocimiento y circulación de información sumamente sensible vinculada a mi estado de salud y situación médica. Frente a esto no me dieron ninguna respuesta. Yo en ese momento no entendí de qué se trataba y me despedí dando por finalizada la conversación. Posteriormente les escribí por WhatsApp para consultarles de donde habían obtenido mis datos pero no obtuve respuesta”, denunció Alejandra. También denunció que “dichas personas se identifican o se vinculan con una página de Instagram y Facebook denominada ‘tudecision.embarazo’, donde realizan publicaciones vinculadas a embarazos no deseados. Que esta información se encuentra disponible en la descripción de su WhatsApp”. En la denuncia, solicitó que se investigue: 1 “Cómo obtuvo la organización y/o página ‘tudecision.embarazo’ mis datos personales y mi información médica sensible. 2 Si existió acceso ilegítimo a bases de datos personales y/o filtración de información confidencial vinculada a mi historia clínica o trámites de cobertura médica. 3 Si personal de Medicus o cualquier otro organismo público, o privado pudo haber divulgado ilegítimamente información amparada por el secreto médico y profesional. 4 Si la organización mencionada se encuentra realizando prácticas compatibles con el ejercicio ilegal de la medicina y/o captación indebida de personas en situaciones vinculadas a salud sexual y reproductiva”. La cuenta ‘tudecisión.embarazo’ fue creada en el mes de abril y tiene 1 seguidor. Allí hablan de “embarazo inesperado”, lo que remite a una concepción acerca de la gestación que suelen reproducir grupos religiosos que promulgan en contra de los derechos de las mujeres y personas gestantes a decidir si quieren llevar adelante un embarazo, en Argentina y América Latina. Hay otras cuentas conceptual y estéticamente similares de Argentina y Chile. Y numerosas páginas web de organizaciones antiderechos que ofrecen consejos y charlas a las mujeres que se encuentran cursando un “embarazo inesperado”. Como denunció este diario el año pasado, estas organizaciones ya desembarcaron en la ciudad de Buenos Aires e intervienen en casos de lo que llaman “embarazos vulnerables” para persuadir a las mujeres de no abortar. Finalmente Alejandra tuvo que recurrir al hospital Argerich para llevar adelante el procedimiento. De todas formas, decidió hacer la denuncia para que se investigue quién filtró sus datos. “La situación es super grave. Estamos hablando de datos médicos sensibles y de información protegida por el secreto profesional y el derecho a la intimidad. Me preocupa profundamente pensar en cuántas otras mujeres y personas gestantes –muchas atravesando situaciones de enorme vulnerabilidad– pueden quedar expuestas a este tipo de persecución, presión o captación por parte de estos grupos”, dijo Alejandra. En el mismo sentido, desde la Red de Abogadas Feministas plantearon que “ninguna persona debería ser contactada por terceros que manejan información sobre su embarazo, sus decisiones reproductivas o sus tratamientos médicos sin consentimiento. Resulta especialmente preocupante que estos contactos estuvieran vinculados a perfiles relacionados con organizaciones que intervienen sobre embarazos no deseados y sectores antiderechos. También exigimos que se investigue si la filtración pudo haber provenido de una empresa de medicina prepaga, organismos públicos o circuitos vinculados al sistema de salud. La confidencialidad en el acceso a la ILE/IVE es un derecho, que comprende el derecho a la privacidad, al secreto médico y al acceso seguro a la salud sexual y reproductiva.” Más allá de la filtración de datos, el caso evidencia otro problema: la actuación de la prepaga, que según relató Alejandra, entorpeció el acceso a la ILE, desconociendo la ley. Un problema que excede este caso puntual. Viviana Mazur, Referente Acceso IVE/ILE, Coordinación Salud sexual VIH e ITS del gobierno de la ciudad, dijo a este diario que si bien algunas prepagas garantizan el acceso a ILE/IVE, otras dan vueltas y las usuarias terminan resolviendo en sistema público. Según explicó “antes de la ley, las obras sociales y las prepagas hacían mucho más lo que querían, muy pocas daban acceso a ILE, y había algunas otras que venían dando acceso”. “El panorama era super restrictivo, había médicos/as que hacían ILE en el público pero en las prepagas no hacían porque sentían que no tenían respaldo para hacerlo y que tampoco había módulos que les pagaran

El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca impuso una pena de 5 años y 4 meses de prisión para el efectivo que se desempeñaba dentro del área de inteligencia de la fuerza federal. Se acreditó que transmitía datos confidenciales a un hombre vinculado al comercio de estupefacientes. Para el fiscal, los mensajes que enviaba eran “garantía de impunidad”. El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca condenó el jueves pasado a un miembro de la Prefectura Naval Argentina (PNA) a la pena de 5 años y 4 meses de prisión por haber brindado información confidencial y encubierto a un hombre vinculado al comercio de estupefacientes en esa ciudad. La sentencia fue en sintonía con el pedido formulado durante su alegato por el fiscal general Gabriel González Da Silva y la auxiliar fiscal María Fernanda Aimar. La condena recayó sobre Sebastián Moreno (43), quien se desempeñaba como ayudante de segunda en la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de la PNA en Bahía Blanca, con participación en investigaciones complejas sobre tráfico de estupefacientes. Los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y José Fabián Asís consideraron al prefecto autor del delito de encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave —la comercialización de estupefacientes— y por haber sido cometido por un funcionario público integrante de una fuerza de seguridad. En su alegato, González Da Silva había pedido una pena levemente superior a la que se dispuso, de 5 años y 6 meses de prisión. El tribunal también le impuso a Moreno una inhabilitación de 10 años para ejercer cargos públicos, pero no hizo lugar —tal como también había solicitado el representante del MPF— a la revocación de la prisión preventiva domiciliaria para que quede detenido en una unidad carcelaria, cuestión que la fiscalía evalúa recurrir. Durante el debate, el fiscal general sostuvo que el imputado “garantizó seguridad e impunidad” al sindicado narcotraficante Héctor Leonardo Diez —fallecido en mayo de 2024—, a quien le transmitía datos reservados de investigaciones en trámite mientras omitía denunciar su actividad ilícita. Para el fiscal, que Diez no haya llegado a ser condenado, debido a su deceso, no constituyó un obstáculo para la configuración del encubrimiento. De acuerdo con la acusación fiscal, Moreno mantuvo entre septiembre de 2019 y marzo de 2021 una serie de conversaciones con Diez, a quien le aportó información sobre allanamientos, detenciones, resultados de peritajes y el avance de causas federales vinculadas al narcotráfico. González Da Silva afirmó que quedó acreditado que Moreno “sabía perfectamente” que Diez comercializaba estupefacientes y que, aun así, no solo omitió denunciarlo, sino que además “le brindó apoyo estratégico para que continuara desarrollando esa actividad con tranquilidad”. El origen del caso Según describió el representante del Ministerio Público Fiscal, el caso se inició a partir de un allanamiento realizado el 17 de junio de 2022 en el domicilio de Diez, en el marco de una investigación provincial por violencia de género y abuso sexual. Allí se secuestró un teléfono celular cuyo análisis permitió recuperar conversaciones que comprometían al prefecto. El fiscal remarcó que el contenido de esos mensajes evidenció que Moreno aportaba “información sensible y reservada” sobre causas federales en las que él mismo intervenía, entre ellas las investigaciones seguidas contra Fabián Accarino y Sebastián Tenías, ambas vinculadas al tráfico de drogas y que culminaron luego con sus respectivas condenas en un juicio abreviado tramitado en 2022. Las comunicaciones, prueba clave En uno de los episodios reconstruidos en el juicio, Moreno le informó a Diez sobre la detención de Accarino —identificado como su proveedor de estupefacientes— y le envió fotografías del procedimiento. Al día siguiente, incluso le indicó dónde se encontraba alojado y le sugirió otros posibles vendedores a quienes podía recurrir para comprar droga. Para González Da Silva, una de las conversaciones más relevantes fue la del 13 de febrero de 2020, cuando Moreno le comunicó a Diez que había aparecido mencionado en teléfonos secuestrados durante la investigación contra Accarino, aunque aclarándole que no iba a quedar mencionado en la investigación: “Te encontré en dos celulares (…) igual tranqui que ni apareces en el informe”, le escribió en un mensaje. El fiscal entendió que ese mensaje constituyó una “garantía de impunidad” y una demostración de que el prefecto ocultó deliberadamente información relevante para la pesquisa. “El mensaje fue tranquilizarlo y asegurarle que no iba a quedar involucrado en la investigación”, sostuvo el representante del MPF, quien agregó que la conducta del imputado “lesionó gravemente la administración de justicia” al impedir que avanzaran líneas investigativas sobre Diez. El rol del prefecto y la postura de su defensa En su exposición, González Da Silva también destacó que Moreno había suscripto compromisos formales de confidencialidad dentro de la Prefectura Naval Argentina y que, por su función, tenía la obligación legal de preservar la reserva de las investigaciones y promover la persecución penal de los delitos que conociera. Durante el juicio, Moreno negó las acusaciones y afirmó que nunca brindó información confidencial ni supo que Diez vendía drogas. También sostuvo que muchas de las conversaciones correspondían a “bromas” o referencias a información publicada en medios periodísticos. Sin embargo, el fiscal descartó esa explicación y sostuvo que las comunicaciones revelaban “un vínculo funcional y de confianza” entre ambos. “Moreno no obtenía información de Diez; era él quien constantemente le aportaba datos y le confirmaba detalles de investigaciones en curso”, concluyó. El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 21 de mayo a las 9.30. Fiscales

Juan José Cabral, estudiante de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, fue asesinado el 15 de mayo de 1969 durante las movilizaciones estudiantiles en Corrientes. ”Su muerte ocurrió en un contexto de reclamos por el cierre y encarecimiento del comedor universitario, una medida que afectaba directamente el acceso y permanencia de muchos jóvenes a la educación superior. Su asesinato marcó profundamente la historia del movimiento estudiantil argentino y se convirtió en un símbolo de la defensa de la universidad pública, gratuita y al servicio del pueblo. La lucha de aquellos estudiantes no fue solamente por un comedor: fue por la igualdad de oportunidades, por la dignidad y por el derecho de todos a estudiar. En esta fecha, al recordar a Juan José Cabral, también recordamos a cada estudiante que levantó su voz frente a la injusticia. Su nombre permanece vivo en las aulas, en las calles y en cada generación que entiende a la educación como un derecho y no como un privilegio. Que la memoria de Juan José Cabral siga siendo bandera de compromiso, organización y defensa de la universidad pública”, señala el parte emitido po la Asociación de Docentes e Investigadores UNNE.