Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero, inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en la localidad de Samuhú, una obra ejecutada con recursos provinciales que brindará asistencia nutricional, estimulación temprana y psicomotricidad, a niños desde los 45 días de vida hasta los 4 años. El mandatario provincial destacó el cumplimiento de un compromiso asumido con la comunidad. “Estamos dando respuestas a una promesa que hicimos el año pasado, con un Estado presente que acompaña el desarrollo y crecimiento de nuestros niños”, subrayó, y recordó que ya se habilitaron otros CDI en localidades como Presidencia Roca, Resistencia y Sáenz Peña, entre otras. El nuevo espacio, está ubicado sobre calle Baigorria, entre Belgrano y O’Higgins, y forma parte de las políticas impulsadas por el Gobierno del Chaco para fortalecer el desarrollo integral de la primera infancia, garantizando ámbitos adecuados para el cuidado, la contención y el aprendizaje. El edificio cuenta con una superficie cubierta aproximada de 110 metros cuadrados e incluye un salón de usos múltiples, sanitarios, cocina y espacios de guardado, ofreciendo condiciones funcionales y seguras para el desarrollo de las actividades. La obra tuvo un plazo de ejecución de cinco meses y representa una inversión estratégica para mejorar la infraestructura social en el interior provincial, reafirmando el compromiso del Estado con la igualdad de oportunidades y el acompañamiento a las familias chaqueñas. Por su parte, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, destacó la decisión política del gobernador de finalizar la obra con recursos provinciales y remarcó la mirada integral puesta en la primera infancia. “Se trabajará desde el punto de vista educativo, acompañando la formación de los niños, junto con acciones vinculadas a la salud”, explicó. En articulación con el Ministerio de Salud, se garantizará el cumplimiento de los esquemas de vacunación y un seguimiento nutricional de los niños que asistan al CDI. En tanto, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al subsecretario de obras públicas Nocenti, resaltó la inversión provincial y señaló que la cartera a su cargo lleva adelante una planificación de obras en distintos puntos del Chaco, contemplando también las necesidades de todas las localidades. A su turno, la intendente Patricia Lezcano expresó el agradecimiento de toda la comunidad. “Gracias por cumplir la promesa que nos hicieron con la culminación de este servicio tan importante para la primera infancia”, afirmó, y destacó que se trata de una obra emblemática vinculada a la inclusión y a la generación de más oportunidades. “Es apostar al futuro; estamos profundamente agradecidos”, concluyó. Aporte de la Fundación ‘Soy Chaco’ En el marco de la inauguración, la Fundación “Soy Chaco” realizó la entrega de equipamientos para el funcionamiento del CDI. La titular de la entidad, María Martina, hizo entrega de una cocina, un microondas y un termotanque para el sector de cocina, además de dos kits completos de merendero – con ollas y utensilios – y cuadernos para los niños que concurrirán al servicio. Participaron también del acto los diputados provinciales Joaquín García y Susana Maggio; la presidente del Iprodich, Ana Mitoire; y el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich.
Autor: Redacción General
El dictamen fue aprobado por La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MIDCon la comisión aprobada, ahora el proyecto se someterá a votación este jueves a las 11 horas en la Cámara Baja. El oficialismo consiguió firmar el dictamen a favor del proyecto que crea un Régimen Penal Juvenil con 75 firmas. El debate comenzó caldeado, con dures cruces entre el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois con su par libertario Manuel Quintar. De esta manera, la iniciativa viaja con viento a favor rumbo al recinto de la Cámara baja donde mañana será sometido a votación en una sesión especial a partir de las 11 horas. El dictamen fue avalado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo, y el MID; en tanto que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no acompañaron. El cruce entre Grabois y Quintar La polémica comenzó cuando la presidenta de la comisión cabecera de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, dio inicio al debate antes de que llegaran todos los diputados. Cuando Quintar comenzó a defender la propuesta del oficialismo para bajar la edad de punibilidad a los 14 años, Grabois alzó la voz para pedir que se espere unos minutos más para que todos pudieran participar. “Empecemos a respetar porque no está en la cancha”, le soltó el libertario jujeño. “No se puede trabajar así, que espere a que se sienten los demás diputados que acaban de llegar”, exigió el líder de Patria Grande. “Dale, no empecés a payasear”, lo chicaneó Quintar, que agregó que la queja diputado opositor “es parte del show de este muchacho”.Grabois no se calló e insistió con su planteo: “Primero se tienen que sentar todos. Acá somos todos iguales, no tienen coronita”. “Lleguen temprano diputado”, le contestó Quintar socarronamente. Una vez que Quintar terminó de exponer a favor de la iniciativa que crea un nuevo régimen penal de minoridad, el presidente del bloque de Unión por la Patria, defendió la postura de Grabois. “No pudimos escuchar la frondosa explicación del proyecto del Gobierno del diputado Quintar, un proyecto que desconocen”, ironizó. Bae Negocios
El coordinador de la Residencia Estudiantil, Rodrigo Castillo, se refirió al operativo de recepción para el ciclo lectivo universitario 2026. Unos 50 estudiantes ya cuentan con plaza asignada tras completar la preinscripción e inscripción en noviembre y diciembre. Destacó el acompañamiento a jóvenes del interior, el nuevo sistema de preselección y el seguimiento académico que exige el 60% de materias aprobadas. La Residencia Estudiantil de Resistencia inició este lunes el operativo de recepción para los jóvenes que cursarán el ciclo lectivo universitario 2026 en la capital chaqueña. Alrededor de 50 estudiantes ya tienen su lugar asignado, luego de completar el proceso de preinscripción e inscripción realizado entre noviembre y diciembre del año pasado. “Estamos muy contentos con este ingreso, con recibir a los estudiantes de diferentes localidades y es una gran alegría. Estábamos muy ansiosos por este momento donde nos volvemos a encontrar con diferentes historias”, expresó el coordinador Rodrigo Castillo en los estudios de CIUDAD TV. Según precisó, los ingresantes fueron notificados previamente y el proceso se organiza en dos etapas. “Estamos por recibir alrededor de 45 y 50 chicos. Es lo que se estipula ya en el ingreso, ya están avisados, ya están llamados por teléfono. Tenemos dos etapas, una en febrero y la segunda etapa seguramente la vamos a hacer en marzo los primeros días y después ya comienzan las actividades”, detalló. Castillo subrayó la importancia del acompañamiento institucional en el inicio de la vida universitaria. “El cara a cara con el estudiante es muy importante. Es muy importante porque el beneficio que le da el gobierno de la provincia es más que el beneficio, sino que es esta mirada hacia el futuro”, afirmó. En ese sentido, remarcó el impacto que tiene para las familias del interior contar con una plaza en la residencia. “Es algo muy importante poder venir a estudiar a la universidad y poder tener el apoyo y tener una casa, porque hoy en día la situación está difícil y para una familia mantener a un chico en un departamento acá en Resistencia es bastante oneroso”, señaló. Y agregó: “Que puedan tener la oportunidad de poder estudiar y que el gobierno les dé una plaza dentro de estos albergues es una persona que va a salir con un título que va a aportar seguramente a la provincia, al país”. El coordinador explicó que este año se implementó un nuevo sistema de preselección. “Tuvimos una preinscripción entre noviembre y diciembre. Este año tenemos un sistema donde hace la preselección, para que claramente sea todo transparente y ese es el objetivo de este nuevo sistema, la transparencia”, sostuvo. También recordó que el año pasado se realizaron mejoras edilicias. “El gobernador de la provincia pudo refaccionar y pudo inaugurar una parte, son nueve departamentos donde hoy ya estamos haciendo los ingresos de a poco”, indicó. En cuanto a la permanencia en la residencia, señaló que existe un seguimiento académico obligatorio. “Tenemos un seguimiento académico generalmente marzo, abril o noviembre, diciembre. Esos son los dos seguimientos académicos que se le exige el 60% de las materias aprobadas”, explicó. Añadió que el equipo realiza un acompañamiento constante: “El equipo de la residencia, el equipo de la administración es muy importante en ese sentido porque le siguen a los chicos y es totalmente gratificante también sus logros”. Castillo describió además el proceso de adaptación de los jóvenes que llegan desde el interior. “Nosotros siempre le decimos a los padres que en esa preocupación, en esa incertidumbre generada, el chico viene asustado”, comentó. Y agregó: “Nos dirigimos más al chico que es un estudiante del interior que llega a una ciudad tan grande como Resistencia y tan linda que genera incertidumbre. Hay personas que no conocen ni la palabra del colectivo, pero ahí estamos nosotros”. “Estamos para celebrar su llegada, pero también para acompañarla”, concluyó, al destacar que “el acompañamiento del Estado en estos casos con los jóvenes es muy importante”.
La información se desprende de un nuevo relevamiento de la Secretaría de Trabajo. La mayoría del empleo se perdió en el sector privado. En la previa del debate de la reforma laboral en el Senado, este martes se conoció que el empleo asalariado formal cayó por séptimo mes consecutivo en noviembre y tocó mínimos desde junio de 2022. De este modo, en los primeros dos años de gobierno de Javier Milei se perdieron 294.400 puestos de trabajo. Los datos se desprenden de un nuevo informe de la Secretaría de Trabajo en base a la información del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). En el anteúltimo mes del año, y pese a que ya había quedado atrás la incertidumbre por el resultado electoral, se destruyeron otros 23.400 empleos: 13.100 en el sector privado y 13.000 en el Estado, que fueron parcialmente compensados por 2.700 nuevos trabajadores de casas particulares. Agrupando a esos tres segmentos, el SIPA contabilizó a 10.011.000 asalariados. Desde que Milei es presidente se perdieron 192.300 puestos privados, 79.600 públicos y 22.400 fuentes laborales en casas particulares. El empleo industrial profundiza su retroceso A nivel sectorial, la construcción y la industria manufacturera concentraron el grueso de la destrucción del puestos de trabajo (-126.400 entre ambos). También se destacaron la contracción en actividades inmobiliarias, transporte y servicios comunitarios, mientras que solo hubo subas en el agro, el comercio y la pesca. A diferencia de la construcción, que en los últimos meses frenó la sangría, la industria continúa acumulando bajas. Particularmente resaltan las variaciones negativas en el sector textil, en la metalmecánica y en la industria automotriz. Como contracara de la menor cantidad de empleos asalariados, y reflejo de una mayor precarización laboral, en noviembre volvió a crecer la cantidad de monotributistas y trabajadores autónomos. Entre ambas categorías suman un incremento acumulado que alcanza a 137.400 individuos en los últimos dos años, número que solo compensa una parte de la caída general. Ámbito
Más de 50 millones realizan tareas peligrosas. En Marrakech se debate cómo frenar una promesa global que no se cumplió. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que 138 millones de niños trabajan en el mundo y que más del 60% lo hace en la agricultura, un ámbito clave para la economía global pero considerado de alto riesgo. De ese total, 54 millones realizan tareas que amenazan su salud y seguridad. El dato expone la dimensión de un problema estructural que persiste pese a los compromisos internacionales asumidos en la última década. Según cifras difundidas por el organismo, cuatro de cada diez menores que trabajan están expuestos a condiciones que pueden resultar dañinas o directamente peligrosas. La agricultura concentra la mayor parte de estos casos. Aunque se trata de una actividad fundamental para el abastecimiento alimentario, también implica riesgos severos para la infancia. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advirtió que los menores quedan expuestos a pesticidas, maquinaria pesada, herramientas cortantes y jornadas de esfuerzo físico intenso, muchas veces bajo temperaturas extremas. Estas condiciones no solo afectan la salud inmediata de los niños, sino que además reducen sus posibilidades de acceso a la educación y perpetúan el círculo de la pobreza en comunidades vulnerables. Una meta incumplida y una nueva cumbre internacional La ONU reconoció que la meta global de erradicar el trabajo infantil antes de 2025 no se cumplió. El compromiso, que había sido presentado como un objetivo prioritario de la agenda internacional, quedó lejos de concretarse y obligó a revisar estrategias. En este contexto, este lunes comenzó en Marrakech una conferencia internacional dedicada exclusivamente a este tema. El encuentro, que se extenderá hasta el 13 de febrero, busca analizar los avances logrados, identificar los fracasos y redefinir prioridades para los próximos años. Uno de los focos principales estará puesto en África subsahariana, región donde los indicadores siguen siendo especialmente preocupantes. Allí, la combinación de pobreza estructural, economías informales y falta de acceso educativo mantiene a millones de niños fuera de las aulas y dentro del mercado laboral. El desafío, según los organismos internacionales, no solo consiste en reducir las cifras, sino en garantizar que cada niño tenga acceso efectivo a la salud, la educación y condiciones de desarrollo seguras. Mientras tanto, los 138 millones de casos siguen marcando una deuda global pendiente. Ámbito
Con modificaciones incluidas a último momento, el Gobierno pretende que el Senado apruebe cambios en el sistema de licencias. En el caso de que un trabajador se enferme o lesione, cobraría solo un porcentaje de su salario. Hasta el momento, la ley establece que deposite el total. El senador libertario chaqueño Juan Cruz Godoy anunció en el medio del debate por la reforma laboral que se incluyó un artículo que cambia las licencias por enfermedad o lesión. De aprobarse el proyecto del Gobierno, si un trabajador se lesiona o se enferma fuera de su empleo en una actividad voluntaria solo recibirá el 50% de su sueldo y, en el caso de que fuera involuntaria, un 75%. Hasta ahora, la ley establece que se le abone salario completo. El Gobierno había anunciado ayer por la tarde algunos cambios consensuados con la oposición más “dialoguista”, pero nada al respecto de lo que acaba de afirmar Juan Cruz Godoy, senador de La Libertad Avanza por Chaco. Quien fue elegido como uno de los voceros del bloque oficialista para explicar la reforma laboral, incluyó un artículo que jamás se mencionó, ni siquiera en el proyecto original. Cambios en las licencias por enfermedad o lesión “Se considera para aquellos trabajadores que realizan una actividad voluntaria no vinculada con las actividades laborales, que implique un riesgo a su salud, y por causa de esa actividad queden imposibilitados de trabajar, que el empleador estará obligado a pagarle un 50% de su salario”, explicó Godoy. En el caso de que tuviera personas a cargo legalmente el pago será por un período de 6 meses y en el caso de que no las tuviera 3 meses. Esos plazos se duplican cuando el trabajador tiene más de 5 años de antigüedad, aunque no se sabe si en la reforma se elimina esto también. En el caso de “enfermedades no voluntarias”, como las llamó el senador chaqueño, no vinculadas a actividades voluntarias que sean riesgosas, el empleado tendrá derecho a percibir el 75% del salario. “Si el trabajador se lesiona jugando al handball, el empleador tiene que afrontar el costo del lesionado y el de uno nuevo. En este caso (con la reforma) se entiende que la responsabilidad es compartida y que el empleado también tiene responsabilidad sobre esa lesión”, ejemplificó Godoy en el recinto. ¿Qué dice la Ley de Contrato de Trabajo? La Ley de Contrato de Trabajo (LCT) vigente hasta el momento establece que en todos los casos de enfermedad o lesión, el trabajador tiene el derecho a percibir el 100% de su salario. Además, sus haberes se deben actualizar de la misma manera que lo hacen los de sus compañeros con la misma categoría, según dicte el respectivo convenio de trabajo y las escalas salariales resultado de las paritarias. Gozará de ese beneficio durante un período 3 meses si tiene hasta 5 años de antiguedad y de 6 si tiene más: esos plazos se duplican cuando tiene familiares a su cargo. Página/12
La eliminación del artículo que habilitaba el pago de salarios en billeteras virtuales es el último capítulo de un debate que no ocurre solo en Argentina, sino en gran parte del mundo. Lo que comenzó como un rumor durante la mañana de este martes se materializó al cierre de la jornada: el Gobierno eliminó del proyecto de reforma laboral el apartado que permitía pagar los sueldos en billeteras digitales. Se trata de un nuevo episodio en la puja entre las finanzas tradicionales y las fintechs, una tensión que no solo se mostró durante los últimos días en Argentina, sino que también tiene en EEUU uno de sus epicentros, con la discusión de la Ley Clarity. Se trata del segundo intento por parte del Gobierno de Javier Milei de darle esas potestades a las billeteras virtuales, ya que el artículo también se encontraba en el proyecto original de la Ley Bases. Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina Fintech afirmó a Ámbito que “el 87% de los argentinos quiere poder elegir dónde cobrar su salario”, citando datos de la consultora Isonomía. Sin embargo, “esa discusión quedó fuera del Congreso por la presión de entidades tradicionales”. Y agregó: “Las billeteras están reguladas por el Banco Central y el 100% de los fondos permanece dentro del sistema bancario. No existe vacío regulatorio. La diferencia no es técnica ni prudencial, es de poder. Y mantener la obligatoriedad bancaria no es proteger al trabajador, es sostener un privilegio” La respuesta de los bancos Sin embargo, las cámaras del sector bancario respondieron con un argumento de tipo macroeconómico y que parece haber calado más dentro del equipo de Caputo. Sostuvieron que los salarios son la “materia prima del crédito” y, por lo tanto, si salieran del sistema, calcularon una caída del stock de préstamos de hasta $6,2 billones, equivalente al 0,75% del Producto Bruto Interno (PBI). Se trata de un dato no menor, teniendo en cuenta que la intermediación financiera fue el sector más dinámico de la actividad durante el año pasado: creció 28,4% durante el tercer trimestre de 2025, aportando 0,96 puntos al crecimiento del 3,3% interanual del PBI. Para algunos interlocutores del sector bancario que conversaron con Ámbito, la intención de las fintechs con la sanción de esa normativa era “tratar de mejorar la mora de ese crédito que se está dando en condiciones bastante complejas”, en referencia al crecimiento de impagos entre las entidades no bancarias. Allí, la irregularidad de las carteras alcanza el 21,4%, más de cuatro veces el promedio del sistema financiero tradicional. En este sentido, apuntaron hacia una empresa en particular, Mercado Libre: “Se les disparó la mora alta a ellos y creo que también lo de Shein y Temu está siendo un factor que impacta en su capacidad de generar ingresos. Están viendo una alternativa para penetrar en el mercado de crédito de Argentina manejando las cuentas sueldo”. La cuestión de las stablecoins Sin embargo, en el toma y daca con el Gobierno y las fintechs, entre las fuentes del sector bancario también reconocieron que hay un tema en que el equipo económico les puso el freno: la habilitación a las finanzas tradicionales para ofrecer criptomonedas a sus clientes, en particular, stablecoins. Aunque aseguraron que el tema “no lo sacaron de agenda”, tampoco va a salir su aprobación en abril próximo, como originalmente se pensaba. “Va a estar medio frizado el tema de las stablecoin un tiempo largo”, admitieron. Las stablecoins son justamente uno de los elementos más disruptivos para las finanzas tradicionales a nivel internacional, según el último informe de Accenture sobre el tema, ya que “las monedas digitales podrían desplazar pagos e ingresos fuera del sistema bancario tradicional”, algo que ya fue alertado por organismos internacionales y think tanks tanks a finales del año pasado. En este sentido, también se destacó “la intensificación de la competencia en los depósitos y préstamos de los bancos” con las finanzas no tradicionales. “Las fintech ahora están apuntando directamente a los productos centrales de la banca. Las stablecoins están atacando los depósitos, mientras que el crédito privado va tras los préstamos”, explicaron. Javier González Boix, director ejecutivo de Accenture Argentina, afirmó que “estos cambios competitivos representan un desafío inédito para los cerca de u$s200 billones en depósitos y préstamos que hoy administran los bancos”. “Lo que hay en discusión es una oportunidad de negocio de mantener y de generar nuevos flujos. Dependiendo de cada lado, los bancos podrán ver la oportunidad de incorporar cripto al ‘main’ de sus depósitos como una oportunidad y eso empezar en algún momento a ‘crosselear’ con los productos actuales de los bancos, mientras que las fintech ven como oportunidad incorporar los sueldos y los depósitos en mayor escala”, explicó González Boix a este medio. La Ley Clarity en EEUU Uno de los escenarios en donde este debate también se está dando es en EEUU, en torno a Ley Clarity, la cual definirá cuál es el marco normativo para la operación de stablecoins en el país norteamericano, un proyecto de ley que dividió a las empresas cripto y el sistema financiero tradicional, y que actualmente su tratamiento en el Congreso estadounidense se encuentra estancado. En este sentido, ayer se celebró una reunión organizada por la Casa Blanca entre representantes de las empresas cripto y los bancos para alcanzar un acuerdo para sancionar el proyecto. “Fue productiva la sesión hoy en la Casa Blanca: se respira un aire de compromiso”, publicó en X Stuart Alderoty, director jurídico de Ripple y uno de los asistentes a la reunión. Por su parte, tres importantes grupos bancarios, la Asociación Americana de Banqueros, el Instituto de Política Bancaria y los Banqueros Comunitarios Independientes de América, afirmaron en una declaración conjunta que era necesario mantener “debates continuos” para sacar adelante la legislación. Añadieron que “el marco puede y debe abarcar la innovación financiera sin socavar la seguridad y la solidez, y sin poner en riesgo los depósitos bancarios que alimentan los préstamos locales e impulsan la actividad económica”. Ámbito
El juez federal Ariel Lijo deberá continuar con la investigación en la que su antecesor advirtió que la ANDIS fue empleada como vía de enriquecimiento por funcionarios y empresarios La causa por los hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) cambió de juez luego de que Sebastián Casanello cesó en la subrogancia en el juzgado federal 11 donde está radicado el expediente. Es que Casanello, que es titular en el juzgado federal 7, estaba subrogando desde el año pasado en el juzgado federal 11 que está vacante desde que falleció Claudio Bonadio. Casanello había informado a la Cámara Federal que no iba a solicitar prorrogar la subrogancia, por lo que se designó por sorteo a otro juez para continuar con las causas del juzgado 11. Varios jueces se habían excusado de participar del sorteo ya que están subrogando otros juzgados vacantes. Ahora, Lijo, como nuevo juez, tomó la causa con 19 procesamientos dictados, entre ellos el del ex director de Andis, Diego Spagnuolo; quien era su segundo, Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete, Pablo Atchabahian, todos por graves delitos. La causa está delegada en el fiscal Franco Picardi, que seguirá al frente del caso, ya que lo que cambia es solo el juez que firma por el juzgado federal 11. Cómo sigue el caso ANDIS con el nuevo juez El juez saliente, en la resolución en la que dictó los procesamientos, ordenó nuevas indagatorias y medidas de prueba que el nuevo magistrado podría mantener. También deberá seguir los lineamientos de la Cámara Federal que insiste en que se investigue el origen de los audios atribuidos a Spagnuolo y que dieron origen a la investigación, pero que no fueron usados como prueba por los investigadores. La causa es dirigida por el fiscal Franco Picardi, que seguirá al frente y que ha avanzado con gran cantidad de elementos probatorios. En rigor es el fiscal Picardi el que encabeza y dirige la instrucción de la causa, ya que tiene delegada la investigación En la resolución, se ordenaron nuevas indagatorias y el juez Casanello dejó en claro que la causa que “el esquema delictivo parecería no agotarse en los hechos aquí probados”. El magistrado incluyó en la resolución un chat entre dos procesados –Pablo Atchabahian y Miguel Angel Calvete- que alude a “Caputito” y “Rioja” y en el que hablan de “alinear” y “cerrar filas”. Se descuenta que los acusados apelarán los procesamientos ante la Cámara Federal, tribunal que ya intervino en el expediente al insistir con las pericias sobre los audios, pero que avaló la continuidad del caso. En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal también avaló la investigación, al confirmar el rechazo de las nulidades planteadas por integrantes de la familia Kovalivker, de la droguería Suizo Argentina, que aún no fueron llamados a indagatoria. Varios imputados pidieron una pericia de los famosos audios atribuidos a Spagnuolo, los que dieron origen al caso, pero que no fueron utilizados como prueba ni por el fiscal ni por el juez. La Cámara Federal ordenó una pericia sobre los mismos, medida que deberá cumplir el nuevo magistrado. Ámbito
Luego de varios días de permanecer internada en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires. La triste noticia fue confirmada por el Partido Justicialista del Chaco, que destacó que “su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños”. Sandra Marcela Mendoza nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, el 20 de abril de 1963. Se especializó en kinesiología y fue una activa militante del peronismo en el Chaco. Estuvo casada con el exgobernador de la Provincia del Chaco, Jorge Capitanich, entre 1990 y 2009, con quien tuvo dos hijas, Guillermina y Jorgelina. En 2008 asumió como ministra de Salud de la provincia por un período de ocho meses, durante el primer mandato de Capitanich como gobernador. En 2009, fue electa como diputada nacional por el Frente para la Victoria y luego reelecta, concluyendo su mandato en 2017. La despedida del PJ chaqueño A través de un comunicado de prensa, el PJ del Chaco señaló: Con profundo pesar despedimos a la ex diputada nacional por Chaco, Sandra Mendoza, quien deja una huella imborrable en la vida política y social de nuestra provincia. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso con las causas que defendió y por la firme convicción de trabajar por el bienestar de los chaqueños. En este momento de dolor, desde el Partido Justicialista de Chaco acompañamos a sus hijas Guillermina y Jorgelina, su hermana Lichi, demás familiares, amigos y seres queridos, compartiendo la tristeza por su partida y reconociendo el aporte que realizó en su paso por la función pública. Su recuerdo permanecerá vivo en la memoria colectiva y en la historia política de Chaco. Elevamos nuestras oraciones por el eterno descanso de su alma y expresamos nuestro más sincero acompañamiento a quienes hoy lloran su pérdida.
La jueza de revisión Rocío Alcalá confirmó este martes la prisión preventiva de A.E.Q., el hombre detenido en diciembre pasado en el Puente General Belgrano cuando intentaba cruzar desde Corrientes hacia Resistencia con un cargamento de casi 1.200 kilogramos de marihuana. La decisión, adoptada en el marco de una audiencia celebrada por Zoom, rechazó el pedido de la defensa que buscaba morigerar la medida de coerción mediante la colocación de una tobillera electrónica o, subsidiariamente, el arresto domiciliario. El imputado se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria Federal N° 7 desde el 12 de diciembre de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional secuestró la droga en el interior del vehículo que conducía. La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Resistencia, lo imputó por el delito de transporte de estupefacientes, previsto en el artículo 5 inciso c de la Ley 23.737. A fines de enero, la jueza de garantías N° 1 de Resistencia denegó el pedido de morigeración, lo que motivó la impugnación de la defensa técnica, ejercida por los doctores Gonzalo Sánchez y Carla Duarte. Durante la audiencia de revisión, el Dr. Sánchez sostuvo que la resolución apelada contenía fundamentos “genéricos, abstractos y dogmáticos” y que no se había motivado correctamente la existencia de un peligro real de fuga. Señaló que su asistido registra arraigo en las localidades de Fontana, Resistencia y Makallé, donde vive con sus abuelos y un hermano menor con discapacidad, y que los informes socioambientales incorporados al legajo defensivo acreditaban esos vínculos. “No debe confundirse integrar la cadena con integrar una organización criminal”, planteó el letrado, al tiempo que afirmó que el imputado sería “el eslabón más bajo” de la maniobra, sin conocimiento de estructuras ni financiamiento. La defensa también cuestionó la actuación del Ministerio Público Fiscal al señalar que una pericia telefónica incorporada al legajo el 17 de enero no había sido puesta en conocimiento de manera oportuna. Según el defensor, ese informe demostraría que no existe una organización criminal detrás del imputado. Además, advirtió que la prisión preventiva había perdido idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y que en contextos carcelarios existen medios de comunicación que relativizan el argumento del entorpecimiento investigativo. En sentido contrario, la fiscal Agustina Dragell solicitó el rechazo de la impugnación y la confirmación de la resolución. Sostuvo que la jueza de garantías valoró correctamente los riesgos procesales conforme a los artículos 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, y que la magnitud del hecho —el transporte de más de una tonelada de marihuana— permite inferir razonablemente la pertenencia del imputado a una organización con capacidad económica para facilitar una fuga o entorpecer la investigación. “La defensa reconoce que su asistido es un eslabón en la cadena”, señaló la representante del Ministerio Público, al tiempo que desestimó el planteo de nulidad de la pericia telefónica por haber sido presentado extemporáneamente y de manera contradictoria. La jueza de revisión, Rocío Alcalá, coincidió con el planteo fiscal y concluyó que la resolución impugnada se encontraba debidamente fundada. Destacó que la jueza de garantías había realizado una reseña pormenorizada de los planteos y había aplicado correctamente las pautas legales para evaluar los riesgos procesales. “La decisión se basó en elementos objetivos y concluye que las medidas alternativas solicitadas serían insuficientes para resguardar el proceso”, afirmó la magistrada. En su resolución, Alcalá subrayó la gravedad del hecho y la escala penal prevista para el delito imputado, así como la cercanía temporal de los acontecimientos. Consideró razonable inferir que el imputado no pudo haber organizado por sí solo una operación de esa magnitud y que, aun cuando no posea recursos propios, la organización podría aportar los medios necesarios para eludir la acción de la justicia. En cuanto al riesgo de entorpecimiento, sostuvo que la investigación aún se encuentra en curso y que las medidas de monitoreo electrónico o el arresto domiciliario no neutralizan la posibilidad de contactos con terceros que puedan afectar la pesquisa. La jueza también valoró que la prisión preventiva tiene vencimiento el 13 de marzo de 2026, por lo que resta poco más de un mes para que se cumpla el plazo legal. En ese sentido, ponderó que la medida es revisable si surgen nuevas circunstancias, pero que hasta el momento no se han presentado elementos que permitan desvirtuar los riesgos procesales identificados. Finalmente, la magistrada resolvió no hacer lugar a la impugnación deducida por la defensa y confirmó íntegramente la resolución del 27 de enero de 2026.
El jurado popular declaró culpables como coautores del delito de homicidio agravado por el uso arma de fuego a Cristian Ariel Pitala y S.S.C. (menor de edad punible al momento del hecho) por la muerte de Mario Eduardo Gómez ocurrida el 16 de noviembre de 2022. Fue al término del 63° juicio por jurados realizado en Resistencia, en la causa 39.002/2022-1, que tuvo como jueza técnica a la camarista Lorena Padovan. Además intervinieron el fiscal de Cámara Martín Bogado, el querellante Pablo Vianello y los defensores, Marcos Fabro por Pitala y Juan Martín Varas por el menor de edad. El primer día transcurrió con la audiencia de voir dire y la lectura de instrucciones iniciales. La segunda jornada comenzó con la exposición de los alegatos de apertura de fiscalía, querella y defensa y la producción de la prueba con las declaraciones de los testigos. Luego tuvieron lugar los alegatos de clausura. En la tercera audiencia la jueza leyó las instrucciones finales y el jurado pasó a deliberar hasta que tuvo listo su veredicto.
Del 11 al 27 de febrero, se puede aprovechar la promoción especial de Nuevo Banco del Chaco para comprar todo lo que se necesita para el inicio de clases.La promoción Vuelta al cole con Tuya de Nuevo Banco del Chaco inicia este miércoles con un beneficio especial para acompañar a las familias chaqueñas en el inicio del ciclo lectivo y fortalecer al comercio local. La promoción estará vigente los miércoles, jueves y viernes de febrero, y permitirá comprar en comercios adheridos de toda la provincia con tarjeta Tuya con dos opciones financiación: 3 cuotas sin interés con 20% de bonificación, y 6 cuotas sin interés. Las compras se pueden realizar en los comercios adheridos de los rubros librerías y venta de libros, indumentaria, marroquinería, zapaterías, regalerías y ópticas.Los comercios adheridos se pueden consultar en el sitio web oficial de NBCH disponible en nbch.com.ar/promociones Vuelta al cole con Tuya busca aliviar el gasto que implica la vuelta a clases y también impulsar las ventas del comercio local, brindando herramientas de financiamiento accesibles. Los comercios interesados en participar pueden adherirse a través del formulario disponible en la página web de Nuevo Banco del Chaco. Nuevo Banco del Chaco reafirma su compromiso de estar cerca de la gente, brindando financiamiento accesible y acompañando el desarrollo del comercio local. Tarjeta Tuya Para solicitar la tarjeta chaqueña, se puede hacer de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH.Para activar la tarjeta, está habilitada la opción telefónica al 0800-888-6224 las 24 horas o a través del WhatsApp verificado al 362 416 1290. NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.
Tras el dato brindado por el INDEC, referentes del comercio minorista y del análisis económico alertan sobre subas en alimentos, salarios rezagados y familias cada vez más endeudadas. Luego de que el INDEC informara una inflación del 2,9% en enero, distintas voces vinculadas al comercio y al análisis económico coincidieron en que la desaceleración de los precios no se traduce todavía en una mejora en la economía cotidiana de los argentinos. El vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, Fernando Savore, puso el foco en el impacto del aumento de los alimentos sobre el consumo. “Un 4,7% en enero en alimentos no es poca cosa, porque se suma al 2,5% del mes pasado. La mercadería está aumentando, pero el sueldo del laburante es el mismo”, afirmó en diálogo con radio 750. Según explicó, la caída en las ventas se combina con subas de precios, generando un escenario complejo para los comercios de cercanía. “Hoy estamos en la entrada de una estanflación. Por un lado no tenemos las ventas que necesitamos, pero por el otro tenemos aumentos”, sostuvo. Savore describió además un cambio en la dinámica del consumo. “Hoy ya no hay comienzo de mes, porque cobrás y tenés que pagar los servicios y la tarjeta, que está prendida fuego. Parte del sueldo ya está comprometido”, señaló. En ese sentido, afirmó que muchos clientes reconocen que solo disponen de entre el 35% y el 40% del salario para el resto del mes. El referente almacenero consideró que la recuperación del consumo depende de la recomposición salarial. “El ministro de Economía tiene que meter las manos en el bolsillo, tienen que subir los salarios, sino esto se va a complicar. Se están olvidando de la economía del pueblo argentino”, afirmó. Por su parte, el director de la consultora Zentrix, Claudio Montiel, coincidió en que el principal problema económico actual es el nivel de endeudamiento de los hogares. “Hoy el nivel de endeudamiento de la gente es muy alto, además de los atrasos en tarjetas de crédito y préstamos personales”, explicó. Según las encuestas de la consultora, la situación financiera de las familias es cada vez más ajustada. “Más de la mitad de las familias están en una situación de endeudamiento, con varios trabajos y poco tiempo disponible”, indicó. Montiel agregó que la percepción sobre los ingresos sigue siendo negativa. “En la última encuesta que hicimos, el 75% de la gente dijo que su salario no le gana a la inflación”, señaló. Sin embargo, el consultor advirtió que esa percepción económica no se traduce de manera directa en el plano político. “Cuando se pregunta por Javier Milei, tiene una imagen positiva del 45%”, explicó. Según su análisis, esto se debe a dos factores: “Es un gobierno que propone constantemente cambios, puedan ser buenos o malos, y está claro que no hay una identificación de una oposición a este Gobierno”. De esta manera, mientras la inflación muestra señales de desaceleración en los indicadores oficiales, comerciantes y analistas coinciden en que la economía diaria continúa marcada por la caída del consumo, el endeudamiento y la pérdida de poder adquisitivo. Página/12
El ministro de la Producción de Chaco, en diálogo con CIUDAD TV, abordó dos temas clave para la actual gestión provincial gubernamental: el fallo judicial sobre el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) y el conflicto con los agentes de la cartera por el Fondo Estímulo. ”Nosotros no estamos por hacer lo que se hizo en el Chaco en los últimos veinte años, ¿se entiende?”, ratificó En el inicio de la entrevista, Dudik ratificó que el gobierno celebra que el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazara la inconstitucionalidad de la ley, permitiendo reactivar la industria forestal que estaba paralizada por una medida cautelar. ”La verdad que nos sorprendimos, aunque estábamos esperando ansiosos el fallo, y estábamos convencidos de que habíamos hecho muy bien las cosas. Y lo digo porque acá no solo el Poder Ejecutivo ha trabajado en todos los aspectos de la elaboración y luego aprobación de esta ley, sino que hubo una amplia participación – hace un año y medio atrás o un poco más -, de todos los bloques políticos, las instituciones, entidades productivas, universidades y las comunidades aborígenes. Pero, después también hubo que trabajar muchísimo ante la Nación para lograr la acreditación o aprobación”, recordó. Considerando el aporte, ”de muchos elementos para el fortalecimiento que tiene nuestra Dirección de Bosques en el sistema de trazabilidad que se distingue dentro de todas las provincias del norte argentino en ese aspecto”. Indicando que, ”el año pasado logramos que la justicia federal levante la cautelar y, cuando todo parecía encaminarse, apareció una nueva presentación en el inicio de la feria judicial por parte de una organización ambientalista. Esto hizo que nuestro Superior Tribunal de Justicia dictara una nueva cautelar, paralizando todo lo que significa la actividad foresto industrial en el Chaco, que impedía todo con serios perjuicios y una gran incertidumbre hacia delante”. El ministro Dudik reveló que, ”nosotros trabajamos todo enero con nuestro equipo de asesores legales y los técnicos, y conjuntamente con la Fiscalía de Estado preparamos toda la documentación, porque entendíamos y veníamos sosteniendo que el Superior Tribunal de Justicia tomó esa decisión con una información parcial aportada por esta organización de ambientalistas”. ”No obstante, quiero aclarar que no todas las organizaciones de este tipo tienen esa actitud. Nosotros tenemos muy buena relación y además convenio con muchas, pero en esta en particular creo que aportó información parcial”, agregó. ”Por eso es que estamos realmente satisfechos con este fallo que va a permitir que la provincia del Chaco continúe con el desarrollo de la industria forestal, pero también dando un mensaje a quienes quieren invertir en nuestra provincia; porque realmente este tipo de situaciones crea mucha incertidumbre”, aseguró. Diferenciación clave en el manejo del suelo El funcionario también hizo hincapié en separar el aprovechamiento forestal – con extracción selectiva, confección de muebles, producción de carbón y manejo silvopastoril con ganadería – del desmonte o cambio de uso de suelo. ”Una cosa es el aprovechamiento forestal, donde aquel productor presenta un plan, un programa para extraer madera muertao enferma, para transformala en muebles o en carbón. Otra distinta es un productor que presenta un pedido para hacer un deslinde y poder un colocar un alambrado; y una tercera alternativa es presentar un plan para hacer el manejo de bosque nativo para combinar con ganadería aprovechando las pastas naturales. Y otra cosa totalmente distinta es el desmonte, el cambio de uso de suelo”, aclaró el ministro. Sosteniendo que, ”estas cosas hay que diferenciarla. Porque se va a permitir también el cambio de uso de suelo, pero con condiciones estrictas y que están siendo en nuestro Ministerio de la Producción. De tal manera de que se pueda realmente sustituir esa masa boscosa que se extrae, lógicamente con un control y también una trazabilidad importante”. ”Nosotros no estamos por hacer lo que se hizo en el Chaco en los últimos veinte años, ¿se entiende?. Porque cuando tuvimos la oportunidad de poder dar permiso de aprovechamiento de cambio de uso de suelo cuando levantó la cautelar la justicia federal, no lo hicimos. No dimos un solo permiso, ni permitimos que ningún productor ni empresa presente un pedido de cambio de uso de suelo, hasta tanto no tener nuestra reglamentación definida”, advirtió Oscar Dudik. El conflicto gremial por el Fondo Estímulo Consultado al respecto, el titular del Ministerio de Producción mostró su reconocimiento del recorte que se produjo en el monto asignado a los salarios de los agentes de la cartera, pero argumentó – fundamentalmente – que fue por dictámenes legales que eliminaron conceptos mal calculados anteriormente. ”Sabemos que hay un conflicto y una reducción en sus ingresos, eso ya lo aclaré una y mil veces. El Fondo Estímulo es una ley y la vamos a seguir pagando, de hecho, se pagó por complementaria”, comenzó expresando. ”Lo que se hizo fue en función de dictámenes de distintas áreas del Gobierno de eliminar algunos conceptos que – a entender de las reparticiones que intervinieron – no corresponden para el cálculo de ese Fondo Estímulo que es la distribución, del 80% de lo que ingresa al Ministerio como recaudación, entre los empleados de planta de nuestra jurisdicción”, explicó. ”Habrá que seguir trabajando y ver cómo podemos hacer que esos recursos que recibían los empleados se incrementen con los conceptos que están autorizados. Tenemos toda nuestra voluntad para tratar de que el Estado sea eficiente, pero quiero una vez más aclarar de que todo lo tenemos que hacer es en el marco de la ley. Y, por más voluntad que hubiera puesto en seguir abonando el Fondo Estímulo como se venía haciendo, no iba a tener ningún tipo de viabilidad dado los informes contundentes que he recibido de las distintas áreas del Gobierno”, finalizó Dudik.
El juez Roberto Assef declaró inadmisible la acusación fiscal, con lo cual se frustró la intención del Ministerio Público de la Acusación jujeño de elevar el proceso a juicio oral. Por otro lado, el juez dejó en suspenso la decisión sobre el planteo de nulidad de la causa que había realizado la defensa de Nahuel Morandini. El Ministerio Público de la Acusación de Jujuy deberá elaborar una nueva acusación contra el docente universitario Nahuel Morandini y el trabajador serigrafista Roque Villegas, quienes la fiscalía jujeña persigue porque hace ya dos años retuitearon un mensaje referido a la vida privada del exgobernador Gerardo Morales. El juez de Control Roberto Assef declaró inadmisible la acusación fiscal en una audiencia a puertas cerradas realizada el lunes último en San Salvador de Jujuy. Así lo confirmó la abogada Elizabeth Gómez Alcorta, que integra con Marcos Aldazábal el equipo que ejerce la defensa de Morandini en la causa conocida bajo el hashtag #PresosPorTuitear. La acusación data de principios de 2024, y fue realizada inicialmente por el ahora ex fiscal Walter Rondón. En la audiencia del 9 de febrero, el fiscal Diego Funes mantuvo la acusación contra Morandini y Villegas por “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género” contra la esposa del exgobernador Gerardo Morales, Tulia Snopek, y por el delito de “tornar incierta la identidad de una menor de dos años”, la hija de Morales y Snopek. La fiscalía pretendía que se elevara a juicio la causa, pero el juez consideró rechazó la acusación. En la interpretación Gómez Alcorta, el juez le dijo a la fiscalía provincial: “esta pieza -por los materiales que probarían la acusación- con la que vos querés mandar a juicio a estas personas, está mal hecha”. “No queda claro cuáles son los hechos y le demostró un montón de defectos”. Así las cosas, resolvió que si el MPA “quiere seguir adelante tendrá que hacerlo bajo una nueva acusación”, con lo que el proceso se retrotrajo al momento previo a la acusación formal. Por otro lado, el magistrado decidió no tratar por el momento un pedido de la defensa de Morandini de que se declare la nulidad de todo el proceso. La defensa impugnó esta decisión. Además, a pedido del fiscal y de las querellas, el juez extendió el plazo de vigencia de las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y de publicaciones que pesan contra Morandini y Villegas. “Hace dos años que vienen teniendo esta prohibición y no han mostrado que Nahuel o Roque hayan querido molestar a las víctimas”, sostuvo Gómez Alcorta. El espionaje ilegal en Jujuy El lunes último, al concluir la audiencia, Nahuel Morandini consideró que la resolución del juez es “bochornosa”. “Hemos presentado pruebas suficientes”, afirmó. “Nos colocaron nuevamente en una situación de vulnerabilidad”, lamentó. Morandini consideró que “el juez podría haber dado por finalizada esta causa” basándose en que hubo un “espionaje ilegal”. “No hubo argumentos de parte del Estado jujeño que demostraran la necesidad de realización de esas tareas”, aseveró luego. “Nada indicó que Nahuel Morandini efectivamente cometió el delito de supresión de identidad de una menor (de edad)” o ejerció violencia de género, sostuvo. Sobre las pruebas aportadas por sus abogados relativas al inicio ilegal de la de la causa con tareas de espionaje, Morandini destacó que acreditaron que “el fiscal Walter Rondón había mandado a hacer tareas de inteligencia, con un documento con firma digital fechado el 3 de enero, cuando la causa se inició el 4″. Morandini fue detenido el 4 de enero en las afueras de San Salvador, y Villegas fue detenido en la vía pública. En una entrevista en radio AM530, Gómez Alcorta recordó que Rondón “había mandado a relevar en todas las redes sociales cualquier persona que hicieron alguna alusión a la supuesta infidelidad”, lo que calificó como “Una caza de brujas en redes sociales indiscriminada”. “Esto pudo pasar en Jujuy, porque hubo una década de persecución sobre Milagro Sala y otros dirigentes de la Tupac Amarú”, afirmó. Morandini explicó en declaraciones públicas que si bien tanto él como Villegas habían sido “encarcelados el 4 de enero de 2024 por una denuncia de Tulia Snopek (…), consta en el expediente que el 3 de enero ya nos estaban vigilando a mí, a mi familia, mi hogar y el de Roque. Son tan mamarrachos que eso figura con firma digital”, sostuvo. El 3 de enero de 2024, 24 horas antes de que el apoderado de Tulia Snopek realizara la denuncia, el fiscal Rondón recibió un informe del área de informática del organismo con resultados relativos a tareas de seguimiento en las redes digitales. El informe da cuenta de que el MPA revisó todas las redes digitales (Facebook, X, Tik Tok, Instagram, entre otras) mensajes o posteos relacionados con el chisme viral, y también relativos a la identificación y localización de domicilios de usuarios. Morandini y Villegas estuvieron detenidos 53 días, entre el 4 de enero y el 26 de febrero de 2024. También fue imputada a finales de enero de 2024 la arquitecta jujeña Lucía González. ¿Repostear es un delito? “Pretenden que todo vuelva a cero”, fue la primera sensación que tuvo el lunes último Roque Villegas, cuando dialogó con este medio, horas después de concluir la audiencia. Para el trabajador independiente, lo amargo del caso pasa por la decisión del juez Assef, que permite a la fiscalía realizar una nueva acusación. “El juez le dio ese plazo para que argumente algo más coherente”, especuló Villegas. Relató luego que en la audiencia del 9 de febrero, ni la fiscalía ni las querellas pudieron demostrar que tanto él como Morandini fueron quienes pergeñaron una operación en redes digitales para desprestigiar la imagen del ex gobernador Morales o la de miembros de su familia. Cuando Villegas mencionó “querellas” en plural, aludió concretamente al Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género de Jujuy, a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y al ex gobernador en representación de su hija. En el mismo sentido, Villegas
Cecilia González tiene la voz firme pero el corazón partido. Hace casi un año que su hija Guillermina, una niña con síndrome de Angelman, no recibe el control médico que necesita para ajustar el estimulador vagal que le fue implantado en octubre de 2024. “El único ajuste que tuvo fue en agosto del 2025, o sea el año pasado”, relata Cecilia con angustia. Desde entonces, la salud de Guille comenzó a desestabilizarse. El viernes pasado sufrió un estatus convulsivo de casi cuatro horas. “Ella toma mucha medicación y al estar tan medicada, pasarle más medicación es un riesgo muy grande,, explica. El tratamiento de Guillermina es complejo y requiere de un abordaje multidisciplinario que incluye dieta cetogénica, medicación hormonal y el monitoreo constante del estimulador vagal. Ese dispositivo, que regula sus crisis epilépticas, debió haber sido ajustado en diciembre. No fue posible porque la obra social de la familia, InSSSeP, cortó el convenio con el Hospital Italiano de Buenos Aires, el único lugar donde Guille es atendida desde los nueve meses por un equipo especializado en síndrome de Angelman. “Al ser médicos especialistas en esta enfermedad, saben cómo tratar la patología, cuáles son los tratamientos nuevos, lo que ella tolera y lo que no”, sostiene Cecilia. “Eso es lo que uno defiende tanto”. Ante la negativa de la obra social, que ofreció como alternativa el Hospital Güemes, la familia consultó al equipo médico de Guille. La respuesta fue contundente: “Ese lugar no es para ella”. Sin respuestas institucionales, Cecilia decidió pasar a la acción. Organizó una campaña solidaria para reunir los fondos que permitan a Guille viajar a Buenos Aires, donde ya tiene una agenda repleta de turnos. “El lunes 23 tenemos el primer turno, martes 24 otro, miércoles 25 videoelectroencefalograma, jueves 26 con endocrinóloga”, enumera. Solo los estudios médicos demandan un desembolso de aproximadamente cuatro millones de pesos. “El videoelectroencefalograma sale un millón y medio más IVA. Las consultas rondan entre 55 y 70 mil pesos, pero los estudios complejos son los que nos demandan mucho dinero”. Cómo colaborar Para recaudar fondos, la familia vende rifas y este sábado estarán con un puesto de pollos en las afueras del estadio del club Sarmiento, en avenida Alvear al 1977. “Los pollos se reservan hasta el viernes al mediodía”, aclara Cecilia. También reciben donaciones a través del alias “GuilleCarrillo”, todo en minúsculas, a nombre de Cecilia González. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo al teléfono 3624944437 o a través de Instagram en la cuenta “Guillermina y Mamá”. La lucha de Cecilia no es solo económica. Desde hace semanas, junto a otras madres, se manifiesta frente a las puertas de la obra social para exigir respuestas. “Cada vez que vamos, está lleno de policías. Cuando una mamá quiere ingresar, no te dejan, o te atienden desde la puerta del centro”, denuncia. “No hay diálogo”. Acompañadas por el abogado Sebastián Ferreyra Negri, presentaron un amparo que ya está en proceso. “Somos un grupo de mamás, yo soy muy ignorante en esos temas, pero el amparo ya está”, dice con honestidad. A pesar del cansancio y la incertidumbre, Cecilia agradece cada gesto solidario. “No sabemos más cómo agradecerle a todo el mundo que se está solidarizando con la causa de Guille y de los pequeñitos de Guillcer”. Mientras tanto, el equipo médico ya les tomó sobreturnos. Solo falta el dinero para pagarlos. “Nosotros ya tenemos los turnos confirmados, los médicos nos dijeron: vengan, que nosotros lo vemos”.
El juez federal Sebastián Casanello procesó y embargó a Héctor Martínez Sosa y Cía SA en la causa por presuntas irregularidades en la contratación de pólizas de seguros por parte de organismos públicos durante la gestión de Alberto Fernández. También fue procesado el exadministrador general de la Quinta de Olivos, Hugo Rodríguez. Casanello procesó a la empresa de Martínez Sosa como partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que Rodríguez es señalado por “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en calidad de partícipe secundario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en calidad de autor”. Al exaministrador de Olivos se lo acusa por facilitar reiterados encuentros entre el broker y el Presidente en la Residencia Presidencial sin dejar constancia alguna y a sabiendas del presunto “plan criminal”. El fallo de Casanello “Los hechos ilícitos tuvieron como marco el escenario generado tras el dictado del decreto 823/2021 por parte del entonces presidente de la República Argentina Alberto Ángel Fernández, que imponía la obligación al sector público de contratar sus seguros en forma exclusiva con “Nación Seguros S.A.”, dice la resolución de Casanello. En ese marco, agrega que eso fue “aprovechado por funcionarios infieles para contratar de modo irregular -y desviando el interés general- a ciertos productores de seguros (bajo las figuras de asesores directos, organizadores y masters) en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.; así como a empresas de seguros como coaseguradoras en las pólizas contratadas con Nación Seguros S.A.“. Un reciente fallo de la sala II de la Cámara Federal porteña apuntó que desde la asunción de Fernández, Héctor Martínez Sosa percibió el equivalente al 59,6 por ciento de las comisiones liquidadas por Nación Seguros a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales. Según el juez Casanello, la empresa del broker cercano a Alberto Fernández habría sido beneficiaria de comisiones por $416.546.348,81. El magistrado dispuso también el procesamiento de otras empresas, entre ellas Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales. Página/12
El presidente de la empresa, José Bistoletti, estuvo este martes en la localidad de Charata, donde desarrolló una agenda de trabajo territorial junto al intendente Rubén Rach, con el objetivo de escuchar de primera mano las inquietudes y necesidades de los vecinos vinculadas al servicio eléctrico. Durante la jornada, las autoridades mantuvieron encuentros con vecinos, en los que se abordaron distintas situaciones planteadas y se recabó información clave para avanzar en soluciones concretas, en el marco de una política de cercanía y presencia activa en el interior provincial, impulsada por el Gobierno del Chaco. Desde la empresa energética provincial se viene desarrollando un recorrido sostenido por distintas localidades del Chaco, en línea con la decisión del Ejecutivo provincial de fortalecer el trabajo territorial y acercar respuestas a cada comunidad, entendiendo que cada localidad presenta realidades particulares que requieren respuestas específicas y trabajo articulado con los gobiernos locales. En este sentido, el presidente de Secheep, José Bistoletti, señaló: “Estamos en las localidades para escuchar a los vecinos, conocer cada situación en particular y trabajar junto a los municipios en la búsqueda de soluciones. La presencia en el territorio es clave para mejorar el servicio y dar respuestas concretas”. Estas acciones forman parte de una línea de trabajo definida por la actual gestión provincial, orientada a mejorar el servicio eléctrico, ordenar situaciones pendientes y acompañar a los usuarios, con una mirada integral que combina gestión, planificación y contacto permanente con la comunidad. La empresa Secheep seguirá con los lineamientos del provincial, de seguir recorriendo las localidades chaqueñas, escuchando a los vecinos y trabajando para acercar soluciones, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente, equitativo y acorde a las necesidades de cada región.
La medida fue dispuesta por el Juzgado Federal N°1 de Tucumán. En la causa se detectaron movimientos de criptoactivos por más de 190 millones de USDT y se dispuso la incautación de fondos, participaciones societarias, vehículos, productos bancarios e inmuebles, varios de ellos en el extranjero. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez José Manuel Díaz Vélez, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, ordenó el congelamiento de criptoactivos y otros bienes en el marco de una causa por lavado de activos que involucra a un grupo de personas acusadas de canalizar activos provenientes de diferentes ilícitos, entre ellos la narcocriminalidad, con aparente vinculación con la organización criminal de origen brasileña denominada Comando Vermelho. La investigación es impulsada por el titular de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, Agustín Chit, y se inició a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal general Diego Velasco. De acuerdo con la investigación, las personas imputadas habrían realizado significativos movimientos de fondos con múltiples contrapartes a través de plataformas digitales, billeteras virtuales, criptoactivos y entidades financieras tradicionales, sin que se identifique debidamente el origen de los fondos operados, sobre todo, teniendo en cuenta que no existía concordancia entre los montos operados y el perfil patrimonial y fiscal de los investigados. La pesquisa permitió detectar una operatorio consistente en la recepción de los activos y su diversificación por medio de operaciones de trading de criptomonedas. Los elementos reunidos permiten suponer un retorno de los fondos al beneficiario final Marcelo Clayton Alves de Sousa, un ciudadano brasileño que se encuentra prófugo y vinculado a investigaciones penales avanzadas, tanto en Argentina como en la República Federativa de Brasil, por lavado de activos provenientes de actividades criminales, entre ellas, el narcotráfico. Según la hipótesis fiscal, Alves de Sousa estaría sindicado como responsable de canalizar activos ilícitos que pertenecerían al Comando Vermelho con numerosas terminales en nuestro país. El aporte de los organismos especializados del MPF Para el análisis de trazabilidad de los criptoactivos, la fiscalía contó con la colaboración técnica especializada de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), cuya titular es María del Carmen Chena. A partir del estudio transaccional de información provista por proveedores de servicios de activos virtuales y de fuentes abiertas de la blockchain, se logró reconstruir la dinámica operativa de las cuentas investigadas, lo que permitió solicitar el congelamiento de criptoactivos alojados en exchanges y de USDT (criptodólares) almacenados en direcciones sin custodia. A partir de la información recibida por diferentes operadoras de criptoactivos, se confirmó la existencia de saldos congelados por USDT 208.693, correspondientes a direcciones incluidas en la investigación, los cuales, a pedido de la fiscalía y por disposición del juzgado, quedaron incautados en carácter de depósito judicial hasta tanto avance el proceso penal. Por último, también se solicitó cautelar ocho participaciones sociales (siete de esas sociedades ubicadas en el extranjero), cuatro vehículos (uno en el extranjero), alrededor de 50 productos bancarios (varios en el extranjero) y diez inmuebles en el extranjero. En línea con los estándares internacionales La investigación del MPF en esta causa se enmarca en los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del lavado de activos, en particular las Recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La primera de ellas promueve el decomiso de ganancias y bienes provenientes de delitos, mientras que la segunda se refiere al rol proactivo y a la efectividad de las autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento. Los resultados obtenidos —que incluyen la sanción penal de los responsables, la aplicación de multas millonarias y la recuperación de activos ilícitos— representan un avance significativo en el fortalecimiento del sistema penal económico. El caso reafirma el compromiso del Ministerio Público Fiscal con la persecución del lavado de activos y la recuperación de bienes provenientes del delito, como políticas prioritarias orientadas a proteger la integridad del sistema financiero y económico nacional.
La ministra de Educación, Sofía Naidenoff, junto a la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, recibieron a la intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi, en el marco de una agenda de trabajo orientada al fortalecimiento de la infraestructura escolar en la localidad. Durante el encuentro, las autoridades firmaron un convenio de colaboración mutua para llevar adelante acciones de reparación y refacción en los establecimientos educativos que integran el ejido municipal y las áreas rurales que abarca Laguna Blanca. El acuerdo establece que el Ministerio de Educación aportará los materiales necesarios, mientras que la Municipalidad de Laguna Blanca proveerá personal idóneo para la ejecución de los trabajos. El primer edificio en ser intervenido será el Jardín de Infantes N°168, cuyos trabajos, según adelantó la intendente Panzardi, comenzarán de inmediato, con el objetivo de que los niños inicien el ciclo lectivo en un establecimiento refaccionado. En ese sentido, Panzardi explicó que esta primera etapa contempla una refacción integral del edificio, y que posteriormente se proyecta una ampliación de la institución. “Tenemos la expectativa de poder ampliarlo en una segunda etapa, por eso vamos a seguir trabajando juntos y continuar dialogando con el Gobierno provincial”, señaló. Asimismo, la intendente destacó la importancia de la participación comunitaria en el proceso y convocó a las familias y a la comunidad educativa del Jardín N° 168 a sumarse a este trabajo. “Queremos que los niños, los docentes y toda la comunidad puedan volver a una institución limpia, ordenada y segura”, expresó. Panzardi agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial y, en especial, del gobernador Leandro Zdero, a quien planteó inicialmente la situación. “Se preocupó personalmente para que pudiéramos avanzar en la coordinación de estos trabajos”, remarcó. Por su parte, la ministra Naidenoff destacó la articulación con los gobiernos municipales como una herramienta clave para garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar el crecimiento y desarrollo de las comunidades educativas en toda la provincia.