El secretario gremial de de la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), Jorge Altamirano, convocó a la sociedad a acompañar a la quinta Marcha Federal Universitaria en el marco del sostenido reclamo por el financiamiento de las altas casas de estudio, y advirtió sobre el grave deterioro salarial y el abandono estudiantil. La defensa de la educación pública y el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario serán los ejes de la quinta Marcha Federal Universitaria. En Resistencia, la movilización partirá desde el acceso al campus universitario de la avenida Las Heras y culminará en la plaza 25 de Mayo, con la participación de trabajadores docentes y no docentes, estudiantes, organizaciones sociales y gremiales. En diálogo con CGT Chaco Stream, Altamirano expresó sus expectativas por la convocatoria y reclamó una respuesta del Gobierno nacional ante la situación presupuestaria que atraviesan las Universidades. “No pedimos ni más ni menos, sino lo único que estamos pidiendo es el cumplimiento de una ley, de una actualización de un presupuesto que viene derogado desde el 2023”, sostuvo el dirigente, al explicar que el reclamo apunta a recuperar los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de las instituciones universitarias. Altamirano señaló que la situación compromete distintas áreas del sistema, desde el pago de salarios y el sostenimiento de las carreras hasta las becas, los comedores, la investigación y el mantenimiento edilicio. En ese contexto, remarcó que los trabajadores universitarios enfrentan dificultades para sostener sus ingresos, mientras que los estudiantes deben realizar mayores esfuerzos económicos para continuar sus estudios. El dirigente gremial también cuestionó la falta de instancias de diálogo con las autoridades nacionales. Según indicó, tanto los sindicatos universitarios como los representantes de las universidades buscaron conocer los motivos de la postura oficial y encontrar alternativas para resolver el conflicto, pero no lograron establecer una mesa de negociación. “Nuestras intenciones no son seguir con más marchas, pero, como viene este actual Gobierno, creemos que una quinta marcha no va a bastar. Viene un año muy complicado para las universidades”, anticipó. El secretario gremial de FATUN sostuvo que la intención del sector es que la movilización permita avanzar hacia una solución y evitar la prolongación del conflicto. Sin embargo, aseguró que continuarán con las medidas gremiales y las presentaciones administrativas y judiciales para exigir el cumplimiento de la normativa. Presupuesto insuficiente y dificultades para sostener las Universidades Uno de los puntos centrales del planteo es la insuficiencia de los recursos destinados al sistema universitario. De acuerdo con las estimaciones mencionadas por Altamirano, las 56 Universidades nacionales necesitan alrededor de 11 billones de pesos para afrontar sus gastos de funcionamiento, salarios, carreras e investigación, mientras que la propuesta oficial que describió se ubica en torno a los 7,3 billones. El dirigente advirtió que la discusión presupuestaria debe contemplar no solo los salarios, sino también los gastos cotidianos que demanda mantener abiertas las instituciones, entre ellos los servicios, la infraestructura y el funcionamiento de los comedores universitarios. “Una Universidad también paga luz, paga agua. No es que nosotros estamos de arriba por ser universidad pública, no pagamos impuestos”, señaló, al describir las obligaciones económicas que enfrentan las casas de estudio. A esa situación se suma, según explicó, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Altamirano estimó que, desde 2023 hasta la actualidad, la pérdida salarial acumulada equivale aproximadamente a once sueldos, una situación que obliga a muchos docentes y no docentes a buscar otros ingresos para llegar a fin de mes. “Lamentablemente, el docente universitario, tanto como el trabajador no docente, tiene que salir a la calle a buscar otro medio de trabajo de sustento porque realmente no está llegando a fin de mes”, afirmó. El dirigente también alertó sobre las dificultades que atraviesan los estudiantes, especialmente aquellos que llegan desde otras localidades y deben afrontar alquileres, alimentación y transporte. Como ejemplo, mencionó que algunos jóvenes se organizan para compartir los alimentos del comedor universitario ante la falta de recursos. “Vemos a chicos que se reúnen de a tres o a cuatro para compartir un vale de comedor”, relató. Para Altamirano, estas condiciones contribuyen al abandono de los estudios y profundizan las dificultades para garantizar la continuidad educativa. Un escenario complejo para el próximo año La preocupación, según el representante de FATUN, se extiende a universidades de distintas regiones del país. Indicó que algunas instituciones pequeñas enfrentan serias dificultades para sostener sus actividades y advirtió que parte de ellas podría tener problemas para iniciar el próximo ciclo lectivo si no se modifica la situación. En ese marco, recordó que la federación resolvió impulsar paros progresivos y medidas gremiales en distintas universidades como parte de un plan de lucha que desemboca en la movilización nacional. Altamirano consideró, además, que las medidas deben evaluarse con cautela para evitar que las interrupciones terminen afectando a estudiantes y trabajadores. Por eso, volvió a poner el foco en la necesidad de una salida negociada. “Estamos dispuestos a conversarlo, a tratarlo y a seguir en esta construcción”, afirmó, al reiterar que el sector universitario está dispuesto a dialogar con el Gobierno nacional y con las autoridades correspondientes. CGT Chaco Stream
Autor: Redacción General
Existe consenso para mayores sanciones a las actividades comerciales en Malvinas, pero no sobre las reformas de seguridad interior. Mientras la oposición gana adeptos para fragmentar el proyecto. “Esta comisión pudo haber durado cinco minutos: sólo existe porque pensaban que llegaban a dictaminar, pero al final no les dio”, sintetizó una legisladora opositora a este medio sobre lo que el Gobierno pretendía que sea el último plenario en Diputados del proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”. Desde La Libertad Avanza coincidieron: “Vamos a tenerla que cambiar porque sino no llegamos a sacarla”. Esa confesión se evidencia con la exclusión del tema en la convocatoria a sesión oficialista, para el 21 de octubre. Aún así, el Gobierno conserva el optimismo para conseguir el dictamen este mismo mes y, según conoció Ámbito, al respaldo del PRO se le sumaría el de la UCR. “Yo creo que van a cambiar la ley porque nos necesitan”, señalaron desde otro de los bloques dialoguistas que pidió reformas a la redacción original. Hasta ahora, La Libertad Avanza sólo admitió dos: la conformación de una Comisión Bicameral parlamentaria y la remoción de la referencia a la “manipulación de la opinión pública”. La oposición lo considera insuficiente mientras que el MID, representado por el bonaerense Eduardo Falcone, pide instancias de aprobación parlamentaria para la acción bélica. El peronismo insistió con tener un debate exclusivamente sobre el primer capítulo de la ley, que representa 40 de los 133 artículos del proyecto. A su intención de fragmentar la ley se plegó la cordobesa Alejandro Torres (Provincias Unidas). La bonaerense Mónica Frade (Coalición Cívica) también manifestó su rechazo y apuntó contra la organización del plenario, al afirmar que las invitaciones al plenario informativo se giraron a última hora de la noche del martes, cuando el oficialismo reconoció que no llegaba al dictamen. “Es un mamarracho todo esto”, le dijo minutos después una diputada de otro bloque. Es por eso que el único invitado que pudo asistir fue Marcelo de los Reyes, director ejecutivo de la Sociedad Argentina de Estudios Estratégicos y Globales (SAEEG), quien consideró que “no es necesaria una nueva ley que, bajo el pretexto de la defensa de la soberanía nacional, parece esconder otros objetivos”. A través de un documento, desde el CELS señalaron que “la definición de las amenazas a la seguridad nacional es laxa con graves problemas de legalidad” y que el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) es “un ejemplo de castigo administrativo arbitrario que pretende ampliarse”. Ámbito
La quiebra es con continuidad laboral “para preservar el valor de las plantas industriales, los puestos de trabajo y facilitar una eventual venta de la empresa en marcha o de sus unidades de negocio”. Excluidos los administradores del Grupo Vicentín (inhabilitados y con prohibición de salir del país sin permiso judicial), la conducción quedó en manos de los síndicos. El juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, declaró este miércoles 14 de octubre de 2026 la quiebra indirecta de Algodonera Avellaneda s.a., luego de que fracasara definitivamente el concurso preventivo y no se presentaran interesados en el procedimiento de salvataje o “cramdown” previsto por la Ley de Concursos y Quiebras. La resolución pone fin a un extenso proceso judicial en el que la empresa no logró alcanzar acuerdos con sus acreedores para evitar la quiebra, principalmente por la falta de adhesión del Banco de la Nación Argentina, acreedor mayoritario por una suma cercana a los 300 millones de dólares que ni siquiera quedaron en la empresa, porque desaparecieron con la fallida empresa madre: Vicentin saic. Posteriormente, tampoco se registraron interesados en adquirir la compañía. Ni siquiera se presentó una propuesta de salvataje dentro del plazo legal establecido. En su resolución, el magistrado destacó que el pasivo verificado supera los 260 millones de dólares en acreencias financieras, a lo que se suma un pasivo posconcursal proyectado superior a los 6.000 millones de pesos, situación que calificó como un escenario de insolvencia irreversible. Continuidad transitoria para preservar valor y empleo Pese a la declaración de quiebra, el juez dejó abierta la posibilidad de mantener transitoriamente la actividad productiva de la empresa. La medida busca preservar el valor de las plantas industriales, proteger puestos de trabajo y facilitar una eventual venta de la empresa en marcha o de sus unidades de negocio. Para ello, la Sindicatura asumirá el control y la administración de la firma durante esta etapa de transición y deberá presentar un plan operativo detallado sobre la continuidad de la explotación, los recursos económicos disponibles y el personal indispensable para sostener la actividad. Desapoderamiento e intervención La sentencia ordena el desapoderamiento de todos los bienes de Algodonera Avellaneda, cuya administración quedará exclusivamente bajo control de la Sindicatura. También dispone la incautación de documentación, libros contables, archivos digitales y demás elementos vinculados a la actividad de la firma. Asimismo, se decretó la inhabilitación de la sociedad y de sus administradores, quienes además no podrán salir del país sin autorización judicial y deberán colaborar activamente con el proceso falencial. Venta de la empresa La resolución establece que deberán iniciarse de inmediato las gestiones para la enajenación de la empresa o de sus unidades productivas, priorizando la venta como empresa en marcha cuando ello resulte más conveniente para preservar valor y maximizar el recupero de los acreedores. Audiencia pública El magistrado convocó a acreedores, trabajadores, fasoneros y demás interesados a una audiencia informativa que se realizará el jueves 22 de octubre de 2026, a las 08:30, en los tribunales de Reconquista y también mediante plataforma virtual. Reconquista Hoy
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la modificación del artículo 12 de la Ley N.º 1084-H, que regula los Programas de Ayuda Provincial (PAPRO) y Municipal (PAM) para establecer la cantidad de beneficiarios por municipio que se determinará en función de su realidad económica, financiera y presupuestaria, tomando como referencia la cantidad de empleados de planta permanente. De esta manera, se prevén hasta 60 beneficiarios para los municipios que no cuenten con personal de planta permanente o tengan hasta 50 empleados; hasta 300 para aquellos que cuenten con entre 51 y 500 trabajadores; hasta 900 para los que tengan entre 501 y 1.500 empleados; y hasta 1.600 beneficiarios para los municipios con más de 1.500 trabajadores de planta permanente. En el Recinto, el autor de la iniciativa, el diputado justicialista Santiago Pérez Pons, explicó que la iniciativa apunta a poder “duplicar la posibilidad de poder aumentar la asistencia a través de estos programas”. Por su parte, el diputado y jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, explicó que si bien el proyecto original apuntaba a aumentar los montos que se perciben por ambos programas, “aun no hay consenso entre los intendentes para llevar adelante esto, pero sí en el aumento del cupo para dar respuesta entendiendo las dificultades que se van a venir vinculadas al fenómeno de El Niño. Necesitan poder tener un poco más de margen las intendencias para poder resolver los temas que puedan surgir en muchos municipios”. En el mismo sentido, se expresó el diputado de Primero Chaco, Atlanto Honcheruk: “Nosotros vamos a acompañar, también vamos a hacer una ronda de consulta con los intendentes para poder lograr este objetivo más adelante”. “El aumento de la posibilidad de contratación de este sistema es debido también a los problemas que tenemos en Chaco y en todo el país”, sostuvo.
La preocupación de los argentinos por la caída de los ingresos se sigue profundizando y ya supera largamente a la inflación. Un estudio de Hugo Haime muestra que los bajos salarios son la principal preocupación de los argentinos. Un tercio de los votantes de Javier Milei se siente decepcionado. Se trata de un señal de alerta para Javier Milei, que se aferra al freno de la inflación como su principal carta electoral para 2027 y por ahora desoye a quienes le aconsejan aflojar el ajuste para mejorar salarios y el nivel de actividad. Una encuesta de Hugo Haime – que fue anticipada en exclusiva en el podcast Bastardos A Sangre Fría de LPO – muestra que el 76 por ciento de los consultados dice que prefiere una mejora de los ingresos de la población antes que mantener la política antiinflacionaria. Esta segunda opción tiene un apoyo del 22 por ciento de los consultados. El sondeo también indica que los bajos salarios son el problema que más afecta en la vida cotidiana, seguido por la inflación, la inseguridad y la desocupación. En la consulta sobre cuáles son los principales problemas del país lidera los bajas salarios seguido de la falta de trabajo. Respecto a la inflación, un 53 por ciento de los consultados dice que el gobierno no controla la suba de precios y los ingresos no alcanzan, mientras que un 33 por ciento dice que la suba de precios está controlada pero la plata no alcanza. Otro dato negativo para el gobierno nacional es que un 52 por ciento cree que la situación estará peor dentro de un año. Un 10 por ciento considera que seguirá “igual de mal” y un 34 confía en que estará mejor. En cuanto a la gestión de Milei, Haime destaca que la aprobación dejó de caer y se estabilizo en 34%, mientras que la desaprobación se ubica en 63%. “Ambos valores no tienen diferencia significativa con los registrados en los últimos 6 meses”, sostiene el informe. Pero también hay una alarma para el gobierno y es que entre los votantes de Milei en el ballotage de 2023 hay un 29,7 por ciento que dice sentirse decepcionado por el presidente y que el ajuste no está valiendo la pena. Entre quienes votaron a La Libertad Avanza en las legislativas de 2025, un 22,8 por ciento está decepcionado. La Política Online
La Legislatura chaqueña sancionó por unanimidad este miércoles la modificación del artículo 21 de la Ley 2088-C, y estableció que el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Protección Civil, tendrá a su cargo la contratación de coberturas de seguro de accidentes personales, riesgos propios de la actividad bomberil, asistencia médica y/o cobertura equivalente de protección integral para el personal en servicio activo perteneciente a las Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios debidamente reconocidas e inscriptas en el Registro Provincial. La ley establece la cobertura de asistencia médica alcanzará al personal en servicio activo que no posea cobertura de salud, de conformidad con la información que suministren las asociaciones. La cartera de Gobierno tendrá a su cargo además la contratación del seguro obligatorio de los vehículos de propiedad de las Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntario, que deberán efectuarse conforme al régimen legal de contrataciones públicas, administración financiera, presupuesto y control público. La autoridad de aplicación podrá requerir información a los organismos públicos competentes, celebrar convenios de intercambio de información y exigir declaraciones juradas actualizadas a las Asociaciones Civiles de Bomberos Voluntarios. Asimismo, se establece que las coberturas previstas en el artículo 21 tendrán como límite máximo el equivalente a un (1) bombero voluntario por cada un mil (1.000) habitantes, tomando como referencia los datos del último censo nacional de población publicado por el organismo oficial competente.En las localidades con población menor a ocho mil (8.000) habitantes, se garantizará una cobertura mínima equivalente a ocho (8) bomberos voluntarios en servicio activo. En el Recinto, la diputada del interbloque Chaco Puede, Maida With, aseguró que el “sentido” de la iniciativa es “cuidar a quienes nos cuidan porque cuando hay un incendio, un incidente o una emergencia, ahí están ellos, nuestros bomberos voluntarios, poniendo en riesgo sus vidas, su integridad”. “Hoy, es nuestra responsabilidad generar mejores condiciones para protegerlos también”. El diputado justicialista Lucas Nass adelantó el voto afirmativo del interbloque Frente Chaqueño como autor de una de las iniciativas acumuladas al proyecto de cabecera, el 2021/26 “que tiene un objetivo claro crear un régimen provincial de protección integral y reconocimiento para todos nuestros bomberos voluntarios”, una iniciativa que consta de cuatro ejes, una de ellos, la creación de una cobertura integral de salud. En el mismo sentido se expresó su par de interbloque, Elda Insaurralde, también autora de un proyecto similar para “valorar y reconocer institucionalmente la labor solidaria, desinteresada y fundamental de bomberos voluntarios en beneficio de toda la sociedad chaqueña, promoviendo condiciones de mayor protección y acompañamiento para quienes dedican su vida al servicio de los demás”.
El Parlamento chaqueño sancionó este miércoles por unanimidad la ley que reinstaura por el término de dos años la vigencia de la Ley N° 3201 – K de Emergencia Habitacional y de Infraestructura Social Básica en el territorio provincial, estableciendo que el Ejecutivo provincial será el responsable de asignar las partidas necesarias para atender los recursos presupuestarios que se requieran. El diputado del interbloque Chaco Puede, Carlos Salom, autor de la iniciativa, recordó que se trata de una ley que se impulsó en 2020 “en circunstancias también muy especiales”, reinstaurada en dos ocasiones. “Nos toca a nosotros pedirles también. Enfrente tenemos una situación difícil a la que le agregamos el fenómeno de El Niño. Esta armonización que tenemos que tener con todos los municipio de la provincia de Chaco habla también de que compartimos una difícil situación y esta herramienta que pretendemos que sea ley necesita la población y particularmente en situaciones de vulnerabilidad y especiales”, sostuvo al pedir el acompañamiento de sus pares. En los fundamentos de la iniciativa, Salom remarcó la necesidad de contar con esta herramienta jurídica, “entendiendo que el acceso a una vivienda digna y a un hábitat adecuado constituye un derecho fundamental y una condición indispensable para el desarrollo integral de las personas y las familias”. “La problemática habitacional no se limita a la falta de vivienda, sino que comprende también situaciones de precariedad, hacinamiento, falta de servicios esenciales, infraestructura insuficiente e irregularidad dominial, que afectan especialmente a los sectores de mayor vulnerabilidad”, remarcó.
Los títulos soberanos operan en baja, presionados por el escenario internacional y las expectativas de una suba de tasas de la Fed. En el plano local, los inversores comienzan a poner el foco en las próximas elecciones. Los bonos soberanos argentinos en dólares caen en Wall Street y continúan sin un catalizador claro, en un escenario marcado por las nuevas tensiones geopolíticas y un panorama local en el que los inversores comienzan a poner el foco en las elecciones de 2027. Así, el riesgo país se sostiene a un paso de los 600 puntos básicos. En este contexto, el dato de inflación de EEUU, que se ubicó por encima de las expectativas del mercado, reforzó las perspectivas de una nueva suba de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y volvió a presionar a los títulos argentinos en dólares, que registran caídas de hasta el 0,6%, principalmente en los tramos más largos de la curva. Entre los bonos más afectados se destaca el Global 2041, con una baja del 0,55%, seguido por el Global 2046 (-0,08%) y el Global 2035 (-0,44%). En tanto, el riesgo país medido por el J.P. Morgan cae levemente a 595 puntos básicos y mantiene la presión cerca de una cifra clave. El pasado martes, se conoció el dato de inflación de septiembre en la Argentina, el cual fue de 1,9%. Al respecto, el economista jefe de Grupo SBS, Juan Manuel Franco, indicó que el IPC se aceleró “en línea con lo que anticipaban varios relevamientos privados, por lo que se trató de un resultado de consenso”. “La buena noticia la dio la inflación núcleo, que desaceleró a 1,7% mensual y anotó el quinto mes consecutivo por debajo de 2% mensual”, señaló el especialista y agregó: “Hacia adelante, para pensar en una mayor desinflación, será clave mantener el orden fiscal y monetario, a la vez que habrá que mantener un ojo sobre factores exógenos como el precio del petróleo y las tasas de interés de EEUU”. ADRs y S&P Merval Por su parte, los ADRs vuelven a caer este miércoles y registran bajas de hasta 2,4% de la mano de Cresud, seguido por IRSA (-2,4%) y Banco BBVA (-2,3%). A contramano, YPF avanza hasta 0,6% y lidera el puñado de papeles al alza. A su vez, el S&P Merval pierde 0,5% hasta los 2.855.500,87 puntos en pesos, mientras que en también anota un retroceso del 0,5%, hasta los 1.771,26 puntos. Las bajas están lideradas por los papeles bancarios, con Banco BBVA a la cabeza (-1,9%). Ámbito
Los integrantes de la Corte Suprema ya tienen en sus manos el protocolo que le ordenaron confeccionar al Cuerpo Médico Forense (CMF) y que podría facilitar la vuelta a sus casas de los pocos represores que aún están en las cárceles –entre los que se cuentan Alfredo Astiz, Jorge Eduardo “Tigre” Acosta o el cura Christian Federico von Wernich, entre otros–. El 21 de agosto pasado, los miembros del máximo tribunal firmaron la acordada 21/2026, a través de la cual le ordenaron al decano del CMF que en un plazo de 30 días corridos redactara un “protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en los establecimientos en que se encuentran alojados”. Uno de los puntos que le pidieron los supremos al CMF era que contemplara si el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra Alejandra Monteoliva, informaba si contaba con las condiciones necesarias para brindar tratamiento a determinados internos. Como viene informando Página/12, el SPF ha dicho que no podía alojar a adultos mayores en varios casos de lesa humanidad. Uno de los que recibió esa respuesta fue Juan Daniel Amelong, el represor multicondenado al que Victoria Villarruel describió como una víctima en su debate con Agustín Rossi en 2023. En la Corte Suprema confirmaron que el protocolo ya fue elevado por el CMF para la consideración de los ministros del máximo tribunal. “Está a estudio”, dijeron a este diario. En el Palacio de Talcahuano le atribuyen a Horacio Rosatti haber motorizado el tema desde marzo de este año, pocos días antes de que se conmemoraran los 50 años del último golpe de Estado y mientras arreciaban versiones sobre una posible jugada del Gobierno para favorecer a los detenidos por crímenes aberrantes. El protocolo está a estudio de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dicen en una de las vocalías de la Corte. Ricardo Lorenzetti no tendría intenciones de acompañar con su firma esta vez, dejaron trascender. Según la acordada 21, la Corte debería aprobar el protocolo, publicarlo y difundirlo entre todos los tribunales penales del país, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). El apuro que la Corte mostraba el 21 de agosto pasado ahora parece no ser tal, sobre todo después de la tormenta que se desató el 29 de septiembre pasado. Fueron días convulsionados desde que validó la derogación de la Ley de Tierras, al revocar un fallo de la Cámara Federal de La Plata, y hasta que dio marcha atrás el viernes pasado al concederle una cautelar interina a la Asociación Árbol de Pie. El protocolo fue saludado por el Foro Argentino de Defensa, que señaló que podría tener “consecuencias relevantes” para los represores presos. De hecho, el diario La Nación lo presentó como un protocolo enfocado directamente en los militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura. La Red Nacional de H.I.J.O.S. advirtió que la acordada de la Corte era parte de una estrategia pro-impunidad y que constituía un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Bajo la apariencia de un protocolo médico, la acordada establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención de las personas privadas de la libertad, generando una herramienta que facilita el acceso a la prisión domiciliaria de quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar”, señalaron en un comunicado. Diez días después de que los cortesanos firmaran la acordada 21, Cecilia Pando entró al Ministerio de Justicia para reunirse con Santiago Viola, número dos de la cartera y hombre de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Según pudo saber este diario, Pando e integrantes de la asociación Justicia y Concordia –que nuclea a defensores de detenidos por crímenes contra la humanidad– llevaron un pliego vinculado a las prisiones domiciliarias, las libertades condicionales y las salidas transitorias. Viola tiene contactos con el mundo de los detractores de los juicios. Según un defensor, él, a través de su madre –la abogada Claudia Balbín–, tenía vínculo con Justicia y Concordia. El actual secretario de Justicia fue también abogado de Norma Berta Radice, que, junto con su hermano Jorge Radice, está elevada a juicio por haber sido parte del circuito que lavó dinero con los bienes que les robaron a los desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Las estadísticas que la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) publicó el 14 de septiembre pasado muestran que hay 1254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ellos, 436 están en arresto domiciliario. Solo 73 están en unidades penitenciarias. Cincuenta y nueve de ellos se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos. De los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer, menos de 15 por ciento están en la cárcel, lo que exhibe que se está buscando una “solución” con nombre y apellido. Semanas atrás, Lucrecia Astiz, hermana del marino que se infiltró entre los familiares de desaparecidos, hizo saber su ofuscación con el Gobierno porque no había devuelto a sus casas a los criminales de la última dictadura. Página/12
En otra actitud patética, el vocero del gobierno de Milei pidió que el periodismo le dé “una mano” a Milei y no diga que incumple con la ley de Financiamiento Universitario. “No es cierto que se incumple la ley, está interrumpida”, argumentó. Adrián Ravier sumó otra frase insólita a su colección. El vocero ahora dijo que el periodismo no tiene que informar que el gobierno nacional está incumpliendo la ley de financiamiento universitario porque “la gente se enoja”. El funcionario cuestionó la marcha federal universitaria convocada para este jueves y dijo que no es verdad que Milei está incumpliendo con la Ley de Financiamiento aprobada y ratificada por el Congreso y la Justicia. “No es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley, es una ley que está interrumpida y hay un fallo judicial”, dijo Ravier. Justamente el fallo dice que el gobierno tiene que cumplir con la norma. Luego, culpó a los medios por instalar el debate del ajuste a las Universidades públicas y pidió que no informen sobre el incumplimiento de la ley. “Pedimos también nos den una mano desde el periodismo, porque si desde el periodismo se le dice a la gente que este Gobierno está en contra de las universidades públicas, que las van a cerrar, que no le vamos a dar el financiamiento que marca la ley, que estamos incumpliendo la ley, la gente se enoja”, sostuvo Ravier. Pedimos también nos den una mano desde el periodismo, porque si desde el periodismo se le dice a la gente que este Gobierno está en contra de las universidades públicas, que las van a cerrar, que no le vamos a dar el financiamiento que marca la ley, que estamos incumpliendo la ley, la gente se enoja “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación? ¿Por qué no estamos poniendo en la mesa realmente lo que tenemos que hacer en materia educativa para poder recuperar la educación?”, continuó Ravier tras aconsejarle a la comunidad universitaria que se preocupe “por lo que ha hecho el kirchnerismo con la educación”. “Tenemos que cambiar el debate, cambiar el foco. No es siempre una discusión económica de presupuesto, hay mucho más para discutir y creo que hay una responsabilidad enorme en las provincias por mejorar las políticas educativas. Las provincias miran para otro lado, no veo a los gobernadores preocupados por mejorar la exigencia, por mejorar la formación de los docentes”, dijo el vocero. “No sigamos pensando que la culpa es de un gobierno neoliberal que corta los recursos para las universidades porque las quiere cerrar. Es todo un mito, un enorme mito y les pedimos a los medios de comunicación que realmente trabajen para concientizar a la gente de que la batalla es otra”, insistió Ravier contra el periodismo. Más allá del intento del vocero por cambiar el eje de la discusión, la disputa judicial continúa y este miércoles el dirigente Gabriel Solano denunció penalmente a Javier Milei y Luis Caputo por no incumplir la medida cautelar que le ordenó cumplir la ley de financiamiento. El exlegislador porteño pidió que se los investigue por los delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Política Online
Pese a un leve repunte del 0,5% en la comparación mensual desestacionalizada, la actividad acumula una retracción del 1,3% en lo que va del año. El consumo privado en la Argentina registró en septiembre una contracción del 1% respecto del mismo mes del año anterior, según un estudio privado. Con este resultado, el gasto de los hogares encadenó su “décima caída consecutiva” en la medición interanual. No obstante, en la serie desestacionalizada frente a agosto, la actividad exhibió una suba del 0,5%, mientras que en la medición acumulada de los primeros nueve meses del año el indicador reflejó una variación negativa del 1,3%. En la evolución mensual, el informe detalló que “el crecimiento de septiembre interrumpió las bajas registradas en los dos meses previos, aunque la suba no fue suficiente para recuperar el terreno cedido”. Los datos surgen del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), que procesó Agencia Noticias Argentinas. El análisis por sectores En el análisis sectorial, el rubro de Consumo Masivo -que representa aproximadamente el 50% del gasto total de los hogares”- mostró una baja interanual del 3,2%, una caída acumulada en el año del 3,1% y un “promedio últimos 3 meses” de -4%. Al interior del rubro, el consumo de carne porcina volvió a subir, acumulando ya más de 2 años de alzas consecutivas al aumentar un 14,3% interanual en agosto (12,0% acumulado en 2026). En sentido opuesto, el consumo de carne vacuna cayó 13,2% interanual en el octavo mes del año, anotando 14 bajas consecutivas, mientras que las ventas de combustible al público cayeron un 3,3% interanual (-2,0% en el acumulado anual). Por su parte, el sector de Servicios de recreación y turismo descendió un 6,4% interanual en septiembre, acumula una baja del 2,2% en 2026 y promedia una caída del 4,8% en el último trimestre. En este segmento, el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en agosto su sexta caída consecutiva, con una baja de 7,1% interanual. A su vez, las ventas a precios constantes en patios de comida de los centros de compras medidas en términos reales se contrajeron 1,3% interanual, y en el año acumulan una retracción de 5,1%. Finalmente, los Bienes Durables crecieron un 3,2% interanual en septiembre y anotaron un incremento acumulado del 0,4% en el año. En este grupo, volvieron a caer los patentamientos de automóviles: en septiembre registraron una caída de 12,6% interanual, anotando su sexta baja consecutiva, mientras que los patentamientos de motocicletas subieron 7,1% interanual. En tanto, los Bienes Semidurables (11,8% del gasto) subieron un 4,3% interanual en septiembre (+2,6% acumulado), registrando en julio que las ventas de ropa y calzado a precios constantes en shoppings y supermercados cayeron 1,6% interanual en ambos casos y las jugueterías en centros de compras cayeron 4,1% interanual. Agencia NA
El presidente del Concejo Municipal de Puerto Vilelas, Guillermo Soria, advirtió que el pronóstico del Instituto Nacional del Agua elevó el nivel esperado para el 20 de octubre y aceleró los operativos de emergencia. Estiman que unas 3.200 personas viven fuera de las defensas y que la cantidad de evacuados seguirá en aumento. Además, reclamó asistencia para reforzar el equipamiento y pidió a turistas y pescadores que no ingresen a la localidad durante la emergencia. La situación en Puerto Vilelas se agravó en las últimas horas por la crecida del río Paraná. El pronóstico del Instituto Nacional del Agua (INA) elevó el nivel esperado para el próximo 20 de octubre a entre 7 y 7,50 metros, muy por encima de las estimaciones iniciales, que ubicaban el umbral cerca de los 6 metros. El cambio obligó al municipio a acelerar los preparativos para evacuar a las familias que viven en las zonas más comprometidas. En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente del Concejo Municipal, Guillermo Soria, describió un escenario crítico y advirtió que el nuevo pronóstico amplía la cantidad de personas que podrían verse afectadas. “La situación se ha agravado con estas últimas horas”, señaló, al explicar que los equipos municipales trabajan para responder a una emergencia que podría alcanzar a buena parte de la población ribereña. Según el relevamiento municipal, hay unas 834 familias —alrededor de 3.200 personas— que viven fuera de los muros de defensa. Soria indicó que el operativo de evacuación ya está en marcha y que esperan que la cantidad de familias trasladadas a lugares seguros aumente progresivamente en los próximos días. “En el día de hoy esperamos tener entre 300 familias evacuadas el día de hoy y ver cómo sigue mañana, que también va a seguir incrementándose esa cantidad”, sostuvo. El funcionario advirtió que, con un nivel de 7,50 metros, el agua podría afectar incluso caminos que hasta ahora se mantenían transitables, lo que complicaría aún más el traslado de los vecinos. Hidroalerta y coordinación de los operativos Ante el cambio de escenario, el municipio puso en funcionamiento la aplicación Hidroalerta, una herramienta de comunicación institucional destinada a informar a los vecinos sobre la evolución de la crecida y las medidas preventivas según cada barrio. Soria explicó que ya se emitió una alerta para quienes viven fuera de las defensas, de modo que puedan evaluar con anticipación si necesitan evacuarse. La aplicación también busca mantener informada a la población con datos actualizados y facilitar la coordinación de la asistencia. El titular del Concejo señaló que algunas familias optan por autoevacuarse y trasladarse a casas de familiares, mientras que otras prefieren permanecer cerca de sus viviendas, animales o producción. Para responder a esas necesidades, el municipio dispone de centros de evacuados y módulos de emergencia. “Nosotros tenemos capacidad para 700 familias para evacuarse porque tenemos los centros evacuados pero también tenemos las casillas, los módulos de emergencia”, afirmó. Explicó que algunas personas deciden que parte de su familia se traslade mientras otras permanecen cuidando sus pertenencias. En ese contexto, indicó que el municipio esperaba contar con un primer parte consolidado durante la tarde para precisar la cantidad de personas trasladadas y los recursos desplegados. Reclamo por bombas y grupos electrógenos Soria también advirtió sobre la necesidad de reforzar el equipamiento para hacer frente a la emergencia. Aseguró que el municipio realizó gestiones ante organismos provinciales y la Administración Provincial del Agua (APA) para conseguir grupos electrógenos destinados a las bombas, además de solicitar tareas de limpieza de reservorios y sectores con acumulación de sedimentos. “Estamos todavía a la espera de respuestas”, indicó, y remarcó que esos trabajos son urgentes para mejorar la capacidad de respuesta ante la crecida. El funcionario afirmó que todo el personal municipal está abocado a las tareas de asistencia y prevención, con el objetivo de resguardar la vida de las personas, sus animales y su producción. También reclamó coordinación entre los distintos niveles del Estado para concretar las medidas necesarias. “Entendemos que si bien somos de distintos colores políticos, debemos unirnos y trabajar en conjunto porque la verdad es que la gran cantidad de personas que están en peligro hoy son ciudadanas y el agua no respeta color político, no le importa de qué partido sos”, expresó. Piden no ingresar a Puerto Vilelas durante la emergencia Otro de los pedidos del municipio está dirigido a turistas y pescadores que suelen acercarse a Puerto Vilelas. Soria les solicitó que eviten ingresar a la localidad mientras se desarrollan los operativos de evacuación y asistencia. Advirtió que la circulación de personas ajenas a las tareas de emergencia puede complicar el traslado de las familias, dificultar el trabajo de los equipos y aumentar los riesgos, incluso para quienes se acercan por recreación. El funcionario también alertó sobre el peligro de permanecer cerca de sectores elevados que podrían desmoronarse. Finalmente, invitó a quienes quieran colaborar desde otras localidades a utilizar Hidroalerta para ofrecerse como voluntarios, realizar donaciones o poner a disposición vehículos, camiones y maquinaria vial. Según explicó, la aplicación permitirá coordinar esos recursos de acuerdo con las necesidades que surjan durante la emergencia.
Con el voto unánime de 27 diputados presentes, el Parlamento chaqueño ratificó en todos sus términos el decreto 1348/2024 del Ejecutivo provincial sobre pensiones graciables, equiparando el monto a la remuneración de un Jefe de Departamento del Ejecutivo en un 100% para excombatientes y en un 80% para movilizados de Malvinas, lo que se constituye en “un acto de reconocimiento y justicia”. Obró de miembro informante el coautor de la iniciativa legislativa, el diputado justicialista Nicolás Slimel, quien señaló que “hace más de dos años que están esperando porque cuando sancionamos en el 2023 la ley para generar el proceso de equiparación fue vetada por el Gobernador actual con un compromiso que posteriormente no se dio en su magnitud”, dijo en relación a que se diferenció entre acuartelados y movilizados. Recordó que entonces, junto con la diputada mandato cumplido, Mariela Quirós, impulsaron esta iniciativa legislativa por la cual se realizaron “innumerables reuniones”, la última de ellas hace 14 días. “Cuando hablamos particularmente de Malvinas, que es una causa nacional que nos integra y nos involucra a todo los argentinos y chaqueños hay que dejar de lado cualquier diferencia política”, sostuvo. Aseguró que el proyecto busca “reconocer y hacer justicia y entender que el Estado tiene responsabilidades concretas con todos y cada uno de los que están en esta causa. Cuando hablamos de memoria no solamente puede darse en una cuestión discursiva, en un acto político el 2 de abril, sino que se debe traducir en derechos y en decisiones concretas que es un poco lo que venimos a realizar el día de hoy”. Aseguró que es “un reclamo legítimo que vienen realizando hace mucho tiempo. Quizás no encontramos la magnitud de su reclamo que tiene que ver con igualar a movilizados con acuartelados al 100%. Va a quedar ratificado al 100% y al 80% pero esto permite un derecho garantizado que no se lo va a tocar en el futuro”. “Hemos logrado avanzar. Podemos hablar de memoria, de soberanía, de la identidad nacional pero entendiendo que cada uno de los chaqueños que están acá representándonos son parte de nuestra historia y bien reconocido tiene este logro. Esperamos en el corto plazo mejorarlo”, afirmó y felicitó al cuerpo legislativo por el gesto y el compromiso. Previo a su intervención, el jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, destacó el poder “cumplir un compromiso que desde 2024 estaba latente”. Explicó que en aquel momento, “por diferencias de criterio entre oficialismo y oposición del tratamiento y la ratificación del decreto no se ha podido avanzar. Hace tiempo tuvimos conversaciones constructivas sobre esto y vamos a pedir la Cámara en Comisión para la ratificación”. Aclaró que la Legislatura no tiene injerencia en una modificación de decreto, que es lo que se pretendía en el proyecto original de Slimel y Quirós, por lo cual se avanzaría en la ratificación pero no en un cambio de articulado “para dar cumplimiento, certeza y garantía a los excombatientes para que reciban este beneficio”. Su par de interbloque, el diputado Samuel Vargas, también pidió la palabra y afirmó que “por pedido del ministro de Gobierno, del subsecretario de Gobierno, el Dr. Lazzarini, quien mantuvo conversaciones con los soldados movilizados de Malvinas y el compromiso del Gobernador venimos a ratificar este decreto con el firme compromiso de seguir peleando por todos los derechos que tiene movilizados y excombatientes de Malvinas”. Pidió no hacer “discurso de tribuna” y aclaró que “para todo derecho hay que tener un presupuesto”.
Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero destacó el impacto cultural y económico de la Feria Iberoamericana del Libro, que durante 11 días reunió a miles de lectores en Resistencia. La iniciativa contó con el 50% de descuento del valor de los libros, al que se sumó el esfuerzo de las librerías participantes. El mandatario provincial destacó el trabajo articulado entre el sector público y el privado, las librerías, la Fundación del Libro y la Cultura, la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), el Municipio de Resistencia y las distintas áreas del Gobierno provincial, para promover la lectura, fortalecer la educación y dinamizar la economía local. “Esto se convierte en el epicentro de la cultura de la lectura en el norte argentino, y para nosotros es un orgullo”, expresó el Gobernador, acompañado por el intendente de Resistencia Roy Nikisch y Mario Zorrilla, del Instituto de Cultura, quien además valoró el esfuerzo conjunto que permitió acercar libros a precios accesibles y generar oportunidades para el sector editorial y comercial. En ese sentido, Zdero remarcó la importancia de sostener políticas públicas que fomenten la lectura y destacó que los libros infantiles fueron los más vendidos durante la feria, seguidos por los de temática juvenil y los de autores locales. Para el gobernador, estos resultados reflejan el interés de las familias y de las nuevas generaciones por acercarse a la lectura. “Esto marca claramente que estamos en el camino correcto, que los chicos están leyendo, que hay interés por la lectura y eso es realmente importante destacar”, afirmó. Por su parte, el presidente de la Fundación del Libro y la Cultura, Rubén Duk, informó que más de 300.000 personas visitaron el predio durante los 11 días y que se vendieron más de 60.000 ejemplares, que llegarán a hogares de toda la provincia. “Cuando se pone un objetivo claro y se trabaja en conjunto, se obtienen muy buenos resultados”, sostuvo Duk, al agradecer el acompañamiento del Gobernador y de las instituciones que hicieron posible esta edición. La feria contó con la participación de más de diez librerías y editoriales, que ofrecieron más de 100.000 títulos, con diversidad de géneros, novedades y promociones. Entre las propuestas se destacaron las actividades literarias, culturales y escénicas, las presentaciones de libros, los talleres y las experiencias educativas destinadas a estudiantes. Además, se registró una importante concurrencia de establecimientos educativos, con la colaboración del Ministerio de Educación y de distintos organismos que facilitaron el traslado de los alumnos al predio. Entre las propuestas se destacó una experiencia inmersiva sobre Ana Frank, que combinó tecnología y literatura para acercar a los jóvenes a la lectura desde nuevas perspectivas. Transparencia y desarrollo de las industrias culturales La decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, Moira Carrió, destacó la participación de la institución en el registro y control de las operaciones, la verificación de precios y descuentos y la validación de la documentación correspondiente al aporte provincial. “Contribuir a que el beneficio de este descuento en cada compra llegue efectivamente al lector y a que los recursos públicos cuenten con respaldo y trazabilidad tiene un sentido social muy claro”, señaló. Asimismo, subrayó que la cultura también genera valor económico, al impulsar una cadena de trabajo que involucra a autores, editores, diseñadores, imprentas, distribuidores y libreros, además de beneficiar a sectores como la gastronomía, el transporte, el comercio y otros servicios. La participación de la universidad pública permitió fortalecer los mecanismos de control y aportar herramientas para evaluar el impacto de la feria y mejorar futuras iniciativas. Una política pública que fortalece la lectura El balance de la FIL Chaco 2026 reafirmó la importancia de la articulación entre el Estado, el sector privado y las instituciones educativas para promover el acceso a los libros, acompañar a las librerías y fortalecer la industria cultural chaqueña. Al finalizar, Zdero agradeció a los organizadores, trabajadores, librerías e instituciones que participaron de esta edición y destacó que el crecimiento de la feria contribuye a posicionar a Resistencia y al Chaco como referentes culturales de la región. Con más de 300.000 visitantes y 60.000 ejemplares vendidos, la edición 2026 dejó como resultado una amplia convocatoria, un importante movimiento económico y miles de libros que continuarán circulando en los hogares chaqueños. Acompañaron esta presentación de balance, de la FIL 2026, funcionarios provinciales, municipales, legisladores y Librerías.
Maximiliano Cabaleyro, líder del gremio de los Moyano en San Nicolás, San Pedro y Ramallo, fue juzgado por turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas; el juez consideró que ejerció el derecho de huelga. El sindicalista camionero Maximiliano Cabaleyro, jefe de la regional San Nicolás, San Pedro y Ramallo del gremio que comandan Hugo y Pablo Moyano, fue absuelto en un juicio en el que se lo acusaba de haber bloqueado la empresa Rey Distribución SRL y exigirles dinero a sus propietarios. Fue declarado inocente de los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas. En el juicio, se argumentó que ejerció el derecho de huelga y que no se acreditó que haya recibido pagos. Llegó al proceso en prisión domiciliaria y quedó inmediatamente en libertad. El Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López, dictó su veredicto este miércoles, en una audiencia que se realizó bajo la modalidad virtual. Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían solicitado una pena de diez años contra Cabaleyro sin régimen domiciliario y con inhibición para ejercer cargos públicos. El juicio se inició el 28 de septiembre. Rey Distribución SRL (una firma dedicada a la distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados, ubicada en San Pedro) sufrió dos bloqueos sindicales en el año 2021. El primero fue el 15 de enero, y el segundo se extendió entre el 22 y el 25 de febrero. Los dueños de la firma denunciaron en la Justicia esas dos acciones del gremio y afirmaron que sufrían extorsiones de Cabaleyro y otros sindicalistas camioneros desde 2017. En la sentencia, al referirse a los bloqueos, el juez consideró que “no existe la posibilidad de que esos eventos sean considerados típicos de los delitos acusados”, porque “el obrar relatado y probado lo ha sido en ejercicio de un derecho”. Y subrayó: “Todos los imputados han obrado en ejercicio del derecho, ¿cuál es? El de la huelga”. Además de Cabaleyro, fueron juzgados y también absueltos los exempleados de la distribuidora Maximiliano Pérez, Carlos Ojeda, Lucas Torres, Matías Torres, Enzo Ojeda y Edgardo Di Mayo, que estaban acusados de turbación de la posesión. Al referirse a la acusación por extorsión contra Cabaleyro, el juez argumentó que “no se ha demostrado que el imputado es el autor de los cobros presentados como reiterados e indebidos hechos por Fernando Espíndola [sindicalista camionero que acordó ser juzgado aparte, en un juicio abreviado] de manos de Gustavo y Ariel Rey [dueños de la empresa] en el período comprendido entre el año 2017 y el año 2021″. Asimismo, en el fallo se afirmó que otro pago judicializado se trataba de un convenio que “obedecía a deudas existentes previamente, consecuencia de la actividad de la empresa Rey y de sumas debidas a sus empleados (al menos a 9 de ellos)”, por lo que “no existió la coacción o amenaza para suscribir el documento en cuestión, y sí existía la deuda reconocida allí”. Los hechos juzgados ocurrieron entre 2017 y 2021, y la detención de Cabaleyro, en abril de 2022, había generado una protesta del sindicato que bloqueó accesos a San Nicolás y paralizó el servicio de recolección de residuos. En abril de 2022, Cabaleyro fue detenido junto con Espíndola, integrante del sindicato, y recibieron respaldo de Hugo y Pablo Moyano con una protesta del sindicato en San Nicolás, a la que se acercaron los jefes nacionales del gremio, y que derivó en un fin de semana (entre el viernes 8 de abril y la noche del domingo 11) con los accesos a la ciudad bloqueados y el servicio de recolección de residuos interrumpido. Al momento de ser detenido, Cabaleyro era concejal en San Nicolás por el Frente de Todos. El dirigente gremial llegó al juicio en prisión domiciliaria (antes, había estado un año y medio en una cárcel). Fue ordenada su inmediata libertad. La abogada de los dueños de la empresa es la senadora provincial bonaerense Florencia Arietto (La Libertad Avanza), que en su alegato había solicitado una pena de 15 años. “Violar la propiedad privada e impedir el trabajo está habilitado en San Nicolás. Nosotros seguiremos caminando el desierto con la ley en la mano para defender a los argentinos de bien que no se dejan extorsionar por la mafia sindical”, dijo Arietto a LA NACION. “Iremos a Casación y a la Corte, si es necesario”, agregó, al adelantar que apelará el fallo jucidial. Ariel Rey, uno de los propietarios de la distribuidora, es ahora concejal en San Pedro. En 2025, ganó las elecciones legislativas locales al frente de la lista de La Libertad Avanza, pero actualmente integra un bloque separado al del oficialismo nacional, denominado “San Pedro Puede”. Mauricio Gugger, abogado de Cabaleyro, había solicitado la absolución de su defendido. En su alegato, la semana pasada, argumentó que la denuncia se trataba de “un hecho traído de los pelos, una novela fantástica creada por la familia Rey” y una “criminalización de la protesta social”. Y subrayó que, durante el juicio, se hizo mención a un pago de $500.000 ”que eran parte de una deuda de aportes que existía y el señor Rey lo convirtió en una extorsión para pagar los gastos de un paro”. La Nación
El juez Martín Cormick advirtió un incumplimiento y dispuso sanciones económicas diarias contra el jefe de Gabinete. La medida busca garantizar la resolución judicial. El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 a cargo del juez Martín Cormick resolvió este miércoles aplicar multas diarias de $100.000 al titular de la Jefatura de Gabinete por el incumplimiento de una orden judicial en la causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional, por la ley de Financiamiento Universitario. En la resolución, dictada este miércoles, el juez sostuvo que, ante el “incumplimiento verificado”, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de astreintes. La sanción económica se fijó en una primera etapa y podrá modificarse tanto el monto como los funcionarios alcanzados, según advirtió el magistrado. La causa está vinculada con el reclamo contra el Estado nacional por el cumplimiento del Decreto 759/2025, en el marco del conflicto por el financiamiento universitario. Ámbito
A través de un comunicado firmado por su secretaria general, Rosa Petrovich, la conducción sindical rechazó la pauta salarial del 18 % prevista para el próximo ejercicio y sostuvo que el ajuste provincial supera al ejecutado por la Nación. Advierten que la prioridad oficial es el pago de la deuda pública. La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH) emitió un duro documento en el que cuestiona severamente las proyecciones presupuestarias para el año 2027 presentadas por el Poder Ejecutivo Provincial. Bajo la firma de su secretaria general, Rosa Petrovich, y la Comisión Directiva del gremio, la entidad denunció que la pauta salarial anunciada profundiza el deterioro del poder adquisitivo de los empleados estatales. Según fundamentó el sindicato a partir de recientes declaraciones del ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, la pauta de actualización proyectada para los trabajadores estatales en el Presupuesto 2027 se fijaría en un 18 %, siguiendo la proyección inflacionaria fijada por el Gobierno Nacional. Desde ATECH advirtieron que este esquema replica el mecanismo utilizado en 2026 —donde se fijó una pauta del 15 %—, lo que derivó en “una pérdida salarial del 20 % si la inflación alcanza el 33 % anual previsto, totalizando en dos años (2025 y 2026) una reducción superior al 40 % en las remuneraciones”. Un ajuste provincial superior al nacional El comunicado señala que la pauta del 18 % impuesta en el ámbito chaqueño no se condice ni siquiera con las pautas contenidas en el proyecto de Presupuesto Nacional. En el orden federal, según precisaron, se prevé una suba del salario promedio del 25,4 %, cifra alineada con el crecimiento estimado de la recaudación y no con la inflación proyectada, impulsada por un incremento en las transferencias automáticas a las provincias. “En definitiva, el ajuste provincial para los trabajadores es superior al nacional: el alumno (Gobierno Provincial) supera al maestro (Gobierno Nacional)”, cuestionaron duramente desde el gremio docente. “La prioridad es pagar la deuda” Para la conducción de ATECH, el proyecto de ley de presupuesto evidencia que el objetivo central de la gestión provincial sigue siendo “reducir el déficit y garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras”, en sintonía con el acuerdo suscrito entre el gobernador Leandro Zdero y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo. En esa línea, tildaron de “muletilla para consumo político y popular” las consignas oficiales sobre dar prioridad a la educación, la salud y la seguridad. “La prioridad real es pagar la deuda pública, cuyo espiralado crecimiento se inició en febrero de 2024”, afirmaron. Para graficar el nivel de compromisos de las arcas públicas, citaron cifras del mes de marzo de 2026: de un total de $226.953 millones ingresados por coparticipación, las retenciones alcanzaron los $165.800 millones (un 65 % promedio), dejando un saldo neto de apenas $61.152 millones para la provincia. Dado que la masa salarial total de ese mes sumó $168.862 millones, la coparticipación disponible alcanzó para cubrir solo el 27 % del gasto en personal, obligando a recurrir a adelantos financieros y al Nuevo Banco del Chaco. Finanzas en “arena movediza” Finalmente, ATECH advirtió con preocupación sobre el fuerte incremento en la autorización para la emisión de Letras de Tesorería dentro del Presupuesto 2027, que se elevaría de $140.000 millones a $300.000 millones para auxilio financiero de corto plazo. Para el sindicato docente, recurrir a este tipo de endeudamiento para cubrir los desfasajes de caja mensuales demuestra que “las finanzas provinciales constituyen un verdadero depósito de arena movediza”.
Será un evento con paneles y disertantes que se desarrollará el próximo 22 de octubre en el Gala Hotel & Convenciones de Resistencia de 09 a 19 horas. El economista Carlos Melconian ofrecerá la conferencia central del evento, al mediodía. La propuesta cuenta con cuatro paneles temáticos que tendrán como protagonistas a disertantes de la región, y un taller de financiamiento pyme. Capital Norte, el primer Foro de economía y finanzas del Norte Argentino, anuncia la integración de los cuatro paneles temáticos que serán parte relevante de la propuesta el próximo jueves 22 de octubre, de 9 a 19 en el Gala Hotel & Convenciones de Resistencia, Chaco. Organizado por las consultoras Equador y Politikon Chaco, el encuentro reunirá a empresarios, funcionarios de gobiernos del NEA, universidades, especialistas en economía, finanzas y desarrollo productivo, referentes de mercados de capitales y de organizaciones para intercambiar visiones, generar conocimiento y contribuir a elaborar una agenda común que impulse el desarrollo de la región. El cronograma del Foro abrirá a las 9.00, con las acreditaciones, para dar paso a las 9.30 a la apertura institucional y conferencia inaugural a cargo de Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, y Germán Saunig, de Equador. El primer panel de Economía y finanzas comenzará a las 10. Sobre “desafíos y oportunidades del Norte argentino en el nuevo contexto económico nacional” hablarán Gerardo Alonso Schwarz, economista jefe e investigador del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), que pertenece a la Fundación Mediterránea; Daniela Torrente, economista y profesora de Macroeconomía Básica y de Economía Internacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE; Lucas Clemente, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del Chaco (CPCE) y Julio Barrios Cima, gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH). A las 11.00 se iniciará el Panel 2 sobre Estado y Desarrollo, con la propuesta de abordar las “políticas públicas del Norte argentino para el desarrollo económico”. Serán parte Martín Braillard Poccard, titular de la Agencia para la Inversión y el Desarrollo del Chaco; Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia de Formosa; Walter Chávez, ministro de Producción de Corrientes y Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones y actual diputado nacional por ese distrito. A las 12.00 tendrá lugar la conferencia magistral a cargo del economista Carlos Melconian, expresidente del Banco Nación y exdirector del Banco Central. Luego, la actividad se reanudará a las 15.00 con la charla que ofrecerá el consultor Alberto Medina Méndez sobre “El nuevo escenario empresarial ante el cambio”; mientras que a las 15.30 se realizará el Taller de Financiamiento Pyme a cargo del equipo de la consultora Equador. Desde las 16.00 se desarrollará el tercer panel de la jornada: Jóvenes empresarios, “experiencias de innovar desde el Norte argentino”, del que serán parte la licenciada en Nutrición Milagros Nardelli, empresaria y fundadora de Miliintegral; Mauro Vargas, gerente comercial de Derka y Vargas, y Juan Martín Alfonso, titular de Aluminios Kratos y presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia. A las 17.00, en tanto, abrirá el Panel 4 sobre el Rol del sector privado, “escalar desde el Norte: desafíos para la innovación y el agregado de valor”. Aquí estarán Marcelo Nievas, presidente de Riccollini, economista y profesor de Macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE; Alejandra Maro, titular del Estudio MARQ; Marcelo Linke, CEO del Grupo Linke; y Virginia Giordano, directora ejecutiva del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
En diálogo con CIUDAD TV, el abogado Hernán Cordon que representa a la primera joven que hizo pública su denuncia relató cómo comenzó la causa judicial y advirtió sobre la vulnerabilidad de las pacientes. Confirmó que solicitarán la detención del profesional, la inhabilitación para ejercer y el secuestro de sus dispositivos. El caso del ginecólogo chaqueño denunciado por delitos contra la integridad sexual que explotó a principios de este mes suma nuevos capítulos en los tribunales locales. En una entrevista brindada a CIUDAD TV, el abogado Hernán Cordon —quien representa a Carla, la primera joven de 26 años en visibilizar lo ocurrido— dio detalles de la causa, el estado de la investigación y las acciones judiciales que impulsan para evitar que el profesional continúe ejerciendo o entorpezca la causa. Cordon precisó que actualmente las actuaciones se dividen en dos estamentos de la justicia: por un lado, una denuncia por abuso sexual con acceso carnal tramita en la Fiscalía N° 4, a cargo del fiscal Jorge Cáceres Olivera; por otro lado, causas adicionales por delitos contra la integridad sexual y acoso son investigadas por la Fiscalía N° 2, a cargo de la fiscal Ana González de Pacce. El testimonio de Carla y el quiebre para hablar Según relató el letrado, su representada acudió al profesional a mediados de año por derivación dermatológica. La joven no requería estudios ginecológicos de rutina por no presentar ninguna patología ni molestia previa. “Ella fue por una cuestión dermatológica y terminó siendo abusada. En una segunda consulta le introdujo el transductor para un estudio intravaginal y realizó maniobras prolongadas de zigzag e inapropiadas, aduciendo la presencia de quistes y vinculando el supuesto problema a una ‘falta de relaciones sexuales’“, detalló Cordon. El verdadero impacto sobre lo ocurrido se produjo cuando la paciente acudió posteriormente a otra profesional ginecológica. Allí se le realizó el mismo procedimiento, pero de forma adecuada y estándar, confirmando además que no padecía de quistes. “Ese contraste le hizo asimilar y entender que lo que había vivido en la primera consulta fue un abuso“, sostuvo el abogado. Tras un complejo proceso emocional y con acompañamiento psicológico, Carla formalizó la presentación ante la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano (UDAVyC) a fines de agosto. “Lo más destacable y valiente de Carla es que decidió acudir a los medios no solo para buscar justicia, sino para evitar que esto le vuelva a pasar a otras jóvenes o adolescentes”, remarcó el letrado. “Elegía a sus víctimas”: un patrón de conducta recurrente Al hacer público el testimonio, la repercusión en redes sociales y la vía judicial permitió conocer otros casos similares y más graves. Consultado sobre las características de los hechos expuestos, Cordon advirtió la existencia de un modus operandi: “Las denunciantes son personas de entre 24 y 30 años; no hay personas mayores de 45 o 50 años entre las que denunciaron. Hay un claro patrón de conducta: el médico elegía a sus víctimas aprovechando la situación de vulnerabilidad, ya sea en el consultorio, en la vía pública o mediante mensajes de hostigamiento”. El representante legal indicó además que existen pruebas recopiladas con capturas de pantalla, imágenes y videos obscenos que el profesional enviaba desde sus perfiles privados. Pedido de detención e inhabilitación Pese al cúmulo de presentaciones y la gravedad de las acusaciones, el imputado continúa en libertad y trabajando normalmente. Al respecto, Cordon anticipó que los próximos pasos serán solicitar la detención preventiva del profesional para garantizar el normal desarrollo del proceso, la inhabilitación o prohibición de atender a otras mujeres mientras avance la investigación y el secuestro de su teléfono celular y pericias a sus redes sociales (Facebook e Instagram). Aunque reconoció que la Fiscalía N° 2 está capacitada para este tipo de delitos, advirtió sobre la sobrecarga material de los equipos fiscales, lo cual ralentiza las diligencias procesales. “Está dentro de los carriles normales de tiempo, pero ante la cantidad de denuncias y la capacidad económica que posee el acusado, entendemos que deben tomarse medidas preventivas urgentes“, concluyó. Dónde realizar denuncias o pedir asesoramiento Aquellas personas que hayan sido víctimas de delitos similares pueden acudir directamente a la Unidad de Atención a la Víctima y al Ciudadano (sita en 9 de Julio 2018), en horario matutino, donde recibirán atención directa de abogadas capacitadas en la materia sin necesidad de pasar previamente por la comisaría.
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de las Juntas de Clasificación de Nivel Primario de las Regiones 1 a 10, informó el cronograma de los concursos de Traslado Común, Reincorporaciones e Ingreso a la Docencia, que se desarrollarán del lunes 19 al sábado 24 de octubre en Presidencia Roque Sáenz Peña. Los concursos de traslado se realizarán el lunes 19 de octubre para el cargo de Maestro de Grado Común, mientras que el martes 20 será el turno de Maestro de Grado Adultos y Educación Física Común. Por su parte, los concursos de ingreso comenzarán el miércoles 21 de octubre con Maestro de Grado Común y continuarán el jueves 22 y viernes 23, para completar los distintos tramos de puntaje. Finalmente, el sábado 24 se llevarán adelante los concursos de ingreso para Maestro de Grado Adultos, Educación Física Común y Educación Física Adultos. Todas las instancias comenzarán a las 8. Sedes y consultas Los concursos de traslado se realizarán en el Instituto Juan Mantovani, ubicado en avenida Pueyrredón N.º 1530, de Presidencia Roque Sáenz Peña. En tanto, los concursos de ingreso tendrán lugar en el Cine Teatro Ateneo, en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y Dr. Nicolás Avellaneda. Las listas definitivas de puntaje están disponibles en la plataforma Tu Gobierno Digital, aplicación SIE, en el apartado Juntas – Listados vigentes. Para consultas, *los interesados pueden comunicarse con la sede Resistencia de la Junta de Clasificación, ubicada en la Nave 1 del Ministerio de Educación, en Gobernador Bosch N.º 99, al teléfono 0362-4453015 o al correo electrónico jprciameccyt@gmail.com. También pueden dirigirse a la sede Sáenz Peña, ubicada en Chacabuco N.º 310, calle 5 esquina 8, planta baja, comunicándose al teléfono 3644-549053 o al correo juntaprimariasp@gmail.com.* Por último, se recuerda que quienes envíen a un tercero en su representación deberán adjuntar una fotocopia del DNI a la nota de autorización correspondiente.