Autor: Redacción General

En el marco del plan de innovación digital, Nuevo Banco del Chaco procedió al reemplazo de tarjetas Maestro Chaco24 por nuevos plásticos con tecnología chip y contactless (compra sin contacto) que brindan mayor seguridad en las operaciones. Las nuevas tarjetas ya están emitidas y listas para ser entregadas en las oficinas de Correo Postal o en las sucursales de NBCH. Para conocer dónde retirar el nuevo plástico, se puede ingresar en la web oficial www.nbch.com.ar en la opción Estado de tarjetas. Ante dificultades para operar o requerir más información, los clientes pueden contactarse con NBCH Atiende al WhatsAPP verificado 3624161290 Además de tener mejor tecnología y brindar mayor seguridad, las nuevas tarjetas se emiten con el soporte de Mastercard para comprar con menos riesgos, en todo tipo de terminales de pago, dentro y fuera del país. NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los servicios oficiales y ante cualquier inquietud, comunicarse con NBCH Atiende al WhatsApp verificado 3624161290.

El convenio permitirá avanzar en la refacción y construcción de infraestructura destinada a fortalecer el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Provincial. El ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Hugo Domínguez, y el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, firmaron este lunes un convenio de cooperación mediante el cual ambas carteras trabajarán de manera conjunta para ejecutar obras de refacción y construcción en dependencias policiales y del Servicio Penitenciario Provincial. A través del acuerdo, el Ministerio de Seguridad aportará los recursos financieros necesarios para la concreción de los proyectos, mientras que el Ministerio de Infraestructura tendrá a su cargo la ejecución de las obras, garantizando el desarrollo técnico y operativo de cada intervención. Las acciones previstas contemplan mejoras edilicias y la construcción de nuevos espacios estratégicos para fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad y optimizar las condiciones de trabajo del personal. Entre las obras incluidas en el convenio se encuentran la refacción del edificio destinado a Logística del Servicio Penitenciario Provincial, la refacción de la Escuela del Servicio Penitenciario Provincial, la construcción de un nuevo edificio para Logística Interior de la Policía en Presidencia Roque Sáenz Peña, la refacción de la Comisaría 18° de Resistencia (Barrio Carpincho Macho), la refacción del Puesto de Control Caminero de Puerto Eva Perón, la refacción del edificio de la Dirección de Zona Interior de Pampa del Infierno, la refacción del edificio de la Dirección de Consumos Problemáticos de Resistencia y la refacción de la nueva Comisaría 15° de Resistencia. Las intervenciones apuntan a mejorar la infraestructura de dependencias policiales y penitenciarias, optimizando espacios estratégicos para su funcionamiento y operatividad.

Con una conferencia de prensa realizada en la sede de la Fundación Amigos del Arte y Turismo, se presentó oficialmente una nueva edición de la Bienal del Impenetrable, que se desarrollará del 28 de julio al 2 de agosto en Juan José Castelli. La Bienal del Impenetrable volverá a conectar a la región con el prestigioso movimiento escultórico impulsado por la Fundación Urunday. Durante seis jornadas, escultores de reconocimiento internacional, regional e invitados especiales crearán obras inéditas en mármol, metal y madera, a cielo abierto y ante la mirada del público. Además del certamen escultórico, el programa incluirá concursos de pan castelense, talleres para niños y adultos, charlas, conferencias, el desfile Impenetrable Moda de Autor, espectáculos musicales, exposiciones de artesanos y una gran feria de emprendedores, consolidando una propuesta cultural para toda la familia. La organización es el resultado del trabajo conjunto entre la Fundación Urunday, la Fundación Amigos del Arte y Turismo y la Municipalidad de Juan José Castelli, con el objetivo de fortalecer al arte como una herramienta de integración cultural, promoción turística y desarrollo regional.

El Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026. El dato surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por Ámbito y permite dimensionar por primera vez el alcance de una operatoria que quedó bajo la lupa tras revelarse que funcionarios de primera línea del Gobierno habían accedido a préstamos millonarios. Durante ese período, la entidad concedió un total de 25.391 créditos hipotecarios. Esto significa que alrededor de uno de cada 23 préstamos fue otorgado a una persona alcanzada por el régimen de control reforzado previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF). La categoría incluye a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos públicos, pero también deja afuera a posiciones relevantes dentro de la estructura estatal. Subsecretarios nacionales, algunos directivos de empresas públicas o sociedades con participación estatal y otros funcionarios de alto rango no integran el universo PEP. En otras palabras, los 1.120 casos informados por el Banco Nación podrían no reflejar la totalidad de los beneficiarios vinculados al Gobierno. En septiembre de 2024, además, el Banco Nación modificó la normativa de la línea hipotecaria “+ Hogares” para incorporar expresamente entre los potenciales beneficiarios a los “cargos políticos designados por resolución o electivos”. La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal por estos hechos, que tras una disputa de competencia recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti. Hace poco más de un mes, la publicación de “¿Cuánto Deben?”, un sitio web creado por el diseñador y especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky que permite visualizar información de la Central de Deudores del Banco Central, dejó al descubierto que un grupo de funcionarios de alto rango había obtenido créditos hipotecarios del Banco Nación por cifras millonarias. Lo que hasta ahora no se conocía era la magnitud total del fenómeno. Entre los casos más resonantes se encuentran el del director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, que obtuvo un crédito de $510 millones; el del asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez, que accedió a un préstamo por $373 millones; el del secretario de Finanzas Federico Furiase, que recibió $367 millones; y el del ex jefe de Gabinete de Capital Humano Leandro Massaccesi, que obtuvo un crédito por $420 millones y posteriormente fue desplazado de su cargo por la ministra Sandra Pettovello. Tras la difusión de esos casos, el Gobierno buscó relativizar el alcance de la polémica. “El Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos, de los cuales menos del 0,2% corresponde a personas vinculadas al Gobierno”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, la expresión “personas vinculadas al Gobierno” no constituye una categoría utilizada por el sistema financiero. Los bancos sí identifican a las Personas Expuestas Políticamente, una clasificación regulada por la UIF y utilizada para aplicar controles reforzados en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entre otros puntos. Por ese motivo, Ámbito solicitó al Banco Nación información específica sobre los créditos otorgados a Personas Expuestas Políticamente entre 2024 y 2026. En respuesta al pedido de acceso a la información pública, la entidad confirmó que otorgó 1.120 créditos hipotecarios a integrantes de esa categoría sobre un universo total de 25.391 operaciones. ¿Quiénes son Personas Expuestas Políticamente? Según la Resolución 192/2024 de la Unidad de Información Financiera, se considera Personas Expuestas Políticamente a quienes ejercen o ejercieron funciones públicas relevantes. La nómina incluye al Presidente y Vicepresidente de la Nación, legisladores nacionales, gobernadores y vicegobernadores, ministros, secretarios de Estado, magistrados y fiscales de primera instancia o superiores, embajadores, autoridades de las Fuerzas Armadas y otros cargos de jerarquía. También alcanza a sus cónyuges, padres, madres, hermanos e hijos, así como a quienes hayan desempeñado esas funciones durante los últimos dos años. La importancia del dato radica en que las Personas Expuestas Políticamente no constituyen una categoría construida para esta investigación. Se trata de una clasificación oficial utilizada por el sistema financiero para identificar a determinados funcionarios, exfuncionarios y personas vinculadas a ellos, sobre quienes las entidades deben aplicar procedimientos específicos de debida diligencia en materia de prevención de lavado de activos. En ese sentido, los 1.120 créditos representan algo más que una suma de casos aislados. No se trata de un relevamiento elaborado a partir de nombres propios o cargos públicos identificados por este medio, sino de una categoría que el propio Banco Nación está obligado a individualizar al momento de otorgar un crédito. La cifra permite, por primera vez, dimensionar el alcance de la operatoria dentro de un universo definido por la regulación financiera. Los cambios en la normativa del Banco Nación Otro de los ejes de la discusión gira en torno a las modificaciones introducidas por el Banco Nación durante la gestión de Javier Milei en la línea hipotecaria “+ Hogares”. Quienes cuestionan el otorgamiento de los préstamos señalan que en septiembre de 2024 se actualizó la Resolución 802 para incorporar expresamente a los “cargos políticos designados por resolución o electivos” entre los potenciales beneficiarios. La normativa vigente durante la gestión anterior estaba dirigida a trabajadores en relación de dependencia o contratados del sector público nacional, provincial y universitario, pero no contenía esa referencia específica. Ámbito accedió a ambas versiones del documento y pudo constatar las diferencias. La investigación judicial deberá determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de esos préstamos. Lo que los datos obtenidos por Ámbito mediante un pedido de acceso a la información pública permiten establecer desde ahora es otra cosa: que detrás de los casos individuales que salieron a la luz en las últimas semanas existe un universo mucho más amplio, compuesto por al menos 1.120 créditos hipotecarios otorgados a Personas Expuestas Políticamente. Fuente: ÁMBITO

La reducción de casos registrada en 2025, según el informe de la Corte Suprema, no refleja una tendencia. Las políticas públicas de prevención son fundamentales para lograr una disminución sostenida. Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación, relativizó la baja de femicidios consignada en el informe anual de la Corte Suprema y, contrario al discurso antifeminista de Javier Milei, recordó la importancia de mantener las políticas públicas para prevenir la violencia de género. “Todavía no podemos decir que hay una tendencia a la baja de femicidios”, dijo este lunes Labozzetta en diálogo con Gelatina, donde explicó que “el fenómeno del femicidio tiene mucha estabilidad en el tiempo” y que “si bien vemos que los homicidios bajan a nivel mundial, los femicidios se mantienen estables”. “Comparativamente, los casos contados por nosotros en función de los indicadores de género y el número de casos que la Justicia califica de femicidios todavía es muy bajo”, señaló la especialista, y planteó en ese sentido: “Si vamos a evidenciar una baja, hay que poder reconstruir para ver qué fue lo que impactó”. Según Labozzetta, “las políticas que impactan en la baja de femicidios” son las “políticas a largo plazo”, las preventivas. “Las mujeres son asesinadas más bien dentro de sus hogares y por parte de su entorno conocido”, por lo que es necesario “visibilizar” esta problemática, insistió. El informe de la Corte Suprema En sus redes sociales, Labozzetta analizó el informe anual de femicidios de la Corte Suprema, que indica que bajaron los femicidios en Argentina, y detalló: “En 2025 hubo 200 femicidios contra 228 en 2024. Ya habían bajado en relación con 2023, con 250 casos. Sin embargo, siempre hay que tomar con cautela estos cambios. Para sacar conclusiones a largo plazo es necesario que las variaciones se estabilicen en el tiempo. Los 250 casos de 2023 habían implicado un aumento significativo en relación con 2022 (226 casos) y 2021 (231 casos)”. Desagregado por jurisdicción, Labozzetta dijo que hay un dato “interesante” y es que “seis provincias registraron bajas considerables e impactaron de manera significativa en la caída”: Buenos Aires (-20 casos), Córdoba (-7 casos), Corrientes (-5 casos), Entre Ríos (-5 casos), Salta (-5 casos), y Santiago del Estero (-4 casos). Hay 3 provincias, en tanto, que registraron cero femicidios en 2025: Corrientes (que tuvo 5 el año anterior), La Pampa y San Juan (ambas con 1 en 2024). “A esas vale la pena agregar el caso de Tierra del Fuego, que tuvo 1 caso en 2025 pero en 2024 había sido la única provincia con CERO”, destacó la especialista. “En el otro extremo, la Corte identifica algunas provincias con las tasas más altas de femicidios, considerando los casos cada 100.000 habitantes”: Chaco (1,8), Misiones (1,77) y Neuquén (1,69). La importancia de las políticas públicas El informe anual de la Corte Suprema sobre femicidios encontró que el 83% de las víctimas conocían a su agresor, el 70% tenían vínculos de pareja/ex pareja o familiar, el 78% de los femicidios se ejecutó en una vivienda (compartida, la de la víctima o del agresor) y en el 44% se registraron hechos previos de violencia de género. “Es decir: mayoritariamente las mujeres son asesinadas en sus casas y por alguien de su entorno más íntimo que ya las había agredido antes. Esto implica que la política pública de prevención no puede ser igual a la de otro tipo de fenómenos delictivos, en los cuales la presencia policial en calle puede ser disuasiva”, advirtió Labozzetta. “Tampoco es idéntico el comportamiento de este fenómeno criminal en las distintas jurisdicciones y territorios del país. Se requieren políticas públicas específicas y situadas para estas violencias. Por eso es relevante la información criminal, para poder actuar diferencialmente frente a fenómenos criminales diferentes”, agregó. Y concluyó: “Las políticas públicas para prevenir la violencia de género y la agenda comunicacional sostenida en esta temática son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las variaciones del fenómeno femicida. Al ser un fenómeno criminal tan profundamente arraigado en la sociedad, su variación sustancial producto de las intervenciones estatales puede tardar en verse reflejada en una baja sostenida. Por el contrario, la suspensión o deterioro en estas políticas puede ser un retroceso en la eliminación de esta violencia discriminatoria contra las mujeres”. Página 12

El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo, cuestionó las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre cambios tributarios para Argentina. Advirtió que ampliar el impuesto a las Ganancias y modificar el monotributo afectaría el poder adquisitivo y el consumo, reclamó un nuevo consenso fiscal con provincias y municipios y pidió alivio frente a embargos de ARCA a pequeñas y medianas empresas. El coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, cuestionó las recomendaciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre una posible reforma tributaria en Argentina y sostuvo que las medidas sugeridas “no apuntan al problema real que hoy tiene la pyme”, en un contexto de caída de ventas, aumento de costos y pérdida de rentabilidad. En declaraciones a CIUDAD TV, el referente de CAME señaló que las propuestas del organismo internacional llegan en un escenario económico complejo para el sector productivo. “Estamos ante una caída de la actividad, caída de ventas, subida de costos; en definitiva, pérdida de rentabilidad, que es la razón de ser de cualquier empresa”, expresó. Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido a la sugerencia de ampliar la base imponible del Impuesto a las Ganancias. Según Lourenzo, esto implicaría que más trabajadores comiencen a tributar en un momento de deterioro del ingreso. “Propone modificar el régimen de impuesto a las ganancias para que más trabajadores hoy paguen ganancias, cosa que vemos totalmente inverosímil hoy cuando el trabajador, aun el que gana bien, ha tenido una pérdida de poder adquisitivo muy grande por efecto de la inflación”, afirmó. También rechazó una eventual reforma integral del monotributo si ello implica mayor carga fiscal. “Genera una mayor imposición, o sea, pérdida también del poder adquisitivo del trabajador”, sostuvo. “Sería el último escalón que tendría que tocar al momento de pensar una reforma fiscal”, aseveró. Frente a este escenario, CAME propuso centrar el debate tributario en los llamados impuestos subnacionales, particularmente el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas municipales. Lourenzo explicó que ambos niveles de tributación generan, en muchos casos, una doble carga sobre una misma actividad económica y afectan el capital de trabajo de las empresas por los sistemas de retención anticipada. “Entre ambos tienen un sistema de retención y de percepción, es decir, nos sacan la plata por adelantado, lo que hace que nuestro capital de trabajo se vea altamente disminuido”, planteó. En esa línea, propuso avanzar hacia un nuevo consenso fiscal entre Nación y provincias para revisar la distribución y los mecanismos de cobro de Ingresos Brutos. Además, pidió discutir el esquema de tasas municipales. “Muchas veces tienen la misma base imponible que el impuesto provincial. Por lo tanto, estamos pagando dos veces sobre la misma cosa”, señaló. El dirigente también cuestionó regímenes provinciales de percepción que, según dijo, funcionan como “aduanas internas” y complican la actividad comercial entre jurisdicciones. “Estamos creando un sistema perverso de aduanas internas que dificultan mucho inclusive la propia operatividad del negocio en la provincia”, advirtió. Lourenzo sostuvo que las recomendaciones del FMI no contemplan el impacto que tendría una mayor presión tributaria sobre el consumo. “Si seguimos sacando plata al trabajador, nos vamos a morir entre todos porque no va a haber consumo. Ya el consumo está por el piso”, afirmó. En ese sentido, remarcó que cualquier reforma fiscal debería priorizar el sostenimiento del empleo y la actividad de las pequeñas y medianas empresas, a las que definió como centrales para la economía nacional. “La Argentina es un 90 o 95% de pymes”, indicó, y alertó sobre el riesgo de un escenario con productos accesibles pero sin capacidad de compra, al recordar la década de 1990. “Los productos estaban muy baratos, pero nadie tenía empleo. El consumidor se había convertido en observador”, comparó. Consultado sobre la reglamentación de algunos puntos de la reforma laboral, consideró que las medidas pueden favorecer la contratación de personal por la reducción de contribuciones patronales, aunque insistió en que sin reactivación del consumo no habrá nuevas incorporaciones. “Si no genero ventas en mi negocio, estoy seguro de que no voy a poder tomar más empleo. Es más, voy a tener que expulsar empleo”, sostuvo. Sobre el vínculo con el Gobierno nacional, Lourenzo afirmó que CAME mantiene canales de diálogo con funcionarios, aunque reconoció diferencias en torno a los reclamos del sector. “Nos escuchan, sí; en algunos temas están de acuerdo, en otros no están de acuerdo, pero por ahora no estamos viendo una reacción positiva en cuanto a todos los pedidos que está haciendo CAME”, expresó. Embargos y ejecuciones fiscales impulsadas por ARCA Entre las principales preocupaciones actuales, mencionó el avance de embargos y ejecuciones fiscales impulsadas por ARCA sobre empresas endeudadas. Según explicó, el organismo recaudador intensificó las acciones luego del vencimiento de planes de facilidades de pago. Entre las principales preocupaciones planteadas por CAME, Lourenzo hizo foco en el avance de embargos y ejecuciones fiscales impulsadas por ARCA sobre pequeñas y medianas empresas, una situación que, según sostuvo, se profundizó tras la finalización de los planes de facilidades de pago extendidos. El dirigente explicó que desde distintos puntos del país reciben reportes sobre el incremento de medidas de cobro compulsivo y advirtió que muchas empresas continúan operando con elevados niveles de endeudamiento para sostener su actividad. “No es un momento para salir a ejecutar a la gente, a la pyme, y hoy ARCA lo está haciendo porque se acabaron los planes de facilidad de pago extendidos. La gente quedó muy endeudada y sigue endeudándose porque para seguir teniendo abierto su local o su empresa se tiene que seguir endeudando”, afirmó. Aunque aclaró que no cuentan con estadísticas oficiales a nivel nacional, señaló que los representantes sectoriales vienen alertando sobre un crecimiento de las ejecuciones fiscales. “Los consejeros están informando que el accionar de ARCA hoy es imparable”, indicó. Lourenzo detalló que, una vez iniciados los procesos judiciales, los embargos afectan directamente el funcionamiento cotidiano de las firmas. “Una vez que metió la ejecución, embarga las

La evaluación permite analizar el desempeño de la estrategia en condiciones reales, identificando fortalezas, barreras y oportunidades de mejora para optimizar su implementación. El Ministerio de Salud de la Nación presentó los resultados preliminares de la Evaluación Posterior a la Introducción (EPI) de la estrategia nacional para la prevención del Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causa de infecciones respiratorias agudas en lactantes y niños pequeños. Según un informe de la cartera sanitaria al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el estudio analiza el desempeño programático, operativo y territorial de las acciones implementadas en condiciones reales, identificando fortalezas, barreras y oportunidades de mejora. Los resultados del estudio dieron cuenta de que Argentina, primer país de América Latina en incorporar la vacuna contra el VSR al Calendario Nacional de Vacunación, lleva adelante una implementación exitosa de la estrategia. En 2024 las coberturas alcanzaron un 67,9% y los datos preliminares de 2025 muestran coberturas del 74%, mientras que este año, desde el 12 de enero (fecha de inicio de la estrategia) hasta el 27 mayo se registraron 118.842 dosis aplicadas, lo que representa una cobertura del 45,5% a nivel nacional. El análisis también destacó la rectoría del Ministerio de Salud de la Nación en la planificación e implementación de la política, así como la existencia de un registro nominalizado interoperable que permite monitorear en tiempo real las dosis aplicadas. La distribución de la vacuna En cuanto a la distribución de la vacuna, el análisis evidencia que el envío desde el depósito nacional a los almacenes provinciales funciona conforme a los lineamientos nacionales. El 88% de los depósitos de vacunas y centros de vacunación jurisdiccionales cuentan con capacidad de cadena de frío adecuada y equipos totalmente funcionales y llevan un registro diario de las temperaturas. Asimismo, el informe destaca que no se registran interrupción en la distribución y, durante 2026, la cartera sanitaria nacional distribuirá 306.260 dosis en todo el territorio nacional, mientras que hasta este lunes se entregaron 219.190 dosis, es decir, el 71,6% de lo planificado. El relevamiento detectó también que todos los centros visitados ofrecen vacunación cinco o más días a la semana. En lo que respecta a la gestión y capacitación de recursos humanos, el 88% de los centros de vacunación contaba con personal suficiente para la implementación de la estrategia y el 91% de los vacunadores entrevistados informó haber recibido capacitación sobre la vacuna. Esto se refleja en las buenas prácticas de seguridad (preparación adecuada de las vacunas y buena técnica de administración) que se observaron en el 97% de las jornadas de vacunación. El estudio se realizó del 15 al 26 de mayo con la colaboración de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el Grupo de Trabajo para la Salud Global (TFGH, por sus siglas en inglés) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El mismo utilizó un enfoque transversal que analizó de forma integral la planificación, la logística y la aplicación de las herramientas sanitarias vigentes en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Río Negro, San Luis y Tucumán. Qué es el Virus Sincicial Respiratorio El Virus Sincicial Respiratorio es la causa principal de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas como la bronquiolitis y neumonía en la infancia y, en particular, en lactantes menores de un año, aunque, también provoca aumento de hospitalizaciones y un elevado nivel de consulta ambulatoria en la época invernal. A partir de marzo de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación añadió la vacuna contra el VSR al Calendario Nacional para embarazadas entre las semanas 32 y 36,6 de gestación con el objetivo de proporcionar a los recién nacidos mayor protección durante los primeros seis meses de vida. La cartera sanitaria nacional acompaña a las jurisdicciones en la implementación de la estrategia de vacunación contra VSR a través de la distribución de vacunas e insumos y el desarrollo de lineamientos y capacitaciones. Esta investigación y análisis permitirá al Ministerio de Salud de la Nación optimizar la planificación de la estrategia de inmunización invernal y el seguimiento de las acciones jurisdiccionales, y consolidar esta estrategia de prevención en todo el país. NA

Néstor Marcelo Lamboglia renunció este lunes a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) a menos de un mes de haber sido designado. Su vicepresidente, Vicente Serra, quedó a cargo del organismo. La salida se produjo en medio de una interna en el directorio con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). Según trascendió, las diferencias entre ambos venían de antes de la constitución formal del ENRGE y se profundizaron en las últimas semanas. Sin embargo, según comentaron fuentes cercanas a la entidad a Infobae, la renuncia de Lamboglia se atribuye a “motivos estrictamente personales y su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”. A su vez, De acuerdo con el marco normativo vigente, está previsto que se inicie un nuevo concurso para la selección del próximo presidente del ENRGE, a fin de asegurar un proceso ordenado en la designación de autoridades. “La salida de Néstor Marcelo Lamboglia no afecta la continuidad institucional del ENRGE, ya que el directorio mantiene su funcionamiento con total normalidad. Tras la dimisión, el vicepresidente Vicente Serra asumió de inmediato las funciones de la presidencia, garantizando que no exista vacancia ni interrupción en la gestión del organismo”, comentaron fuentes oficiales. Lamboglia comunicó su decisión este lunes por la mañana al resto de los miembros del directorio y también la formalizó con un memo enviado a través del sistema oficial GEDO. El ENRGE había iniciado recientemente su proceso de conformación tras la unificación de los entes reguladores del gas y la electricidad. El ENRGE se creó en julio de 2025 como parte de un proceso de simplificación administrativa impulsado por la Ley de Bases. El organismo busca unificar las funciones de los antiguos entes reguladores del gas (Enargas) y la electricidad (ENRE), con el objetivo de mejorar la coordinación y el control de ambos sectores. De esta forma, el ENRGE depende de la Secretaría de Energía y busca optimizar la fiscalización de los servicios públicos, alineándose con estándares internacionales como los propuestos por la OCDE. El organismo nació con un plazo máximo de 180 días, a partir de julio de 2025, para iniciar formalmente sus operaciones. Según fuentes del sector, el proceso de designación de directores presentó dificultades debido a los altos requisitos de calificación profesional para los cargos y al congelamiento salarial en el sector público, factores que complicaron la cobertura de las vacantes. Néstor Marcelo Lamboglia había sido designado presidente del ENRGE por un período de cinco años, el más prolongado entre los integrantes del directorio. Antes de asumir ese cargo, se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Con una trayectoria de más de treinta años en el sector energético, Lamboglia es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con especialización en Derecho de la Regulación Económica de los Servicios Públicos por la Universidad Austral. Entre sus antecedentes figuran funciones como secretario letrado del Directorio y gerente de Control de Concesiones en el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), coordinador legal de la Secretaría de Energía Eléctrica, asesor letrado argentino en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y asesor jurídico de Yacyretá. En tanto, el ingeniero Vicente Serra había sido nombrado vicepresidente por un plazo de cuatro años, mientras que el licenciado Marcelo Alejandro Nachón asumió como vocal primero con un mandato de tres años. Los cargos de vocal segundo y tercero fueron asignados a la doctora Griselda Lambertini y al ingeniero Héctor Sergio Falzone, quienes cumplirán funciones durante dos y un año, respectivamente. Todos los nombramientos se realizaron bajo el artículo 6° del Decreto N° 452 del 4 de julio de 2025 y entraron en vigencia en la misma fecha. Fuente: Infobae

El análisis de la Consultora Politikón indica que en el quinto mes del año, las transferencias no automáticas del Gobierno nacional a provincias y CABA totalizaron $ 160.265 millones (etapa pagada). Respecto a mayo de 2025 estos envíos mostraron un descenso del 43,8% en términos reales. Si se excluye a CABA del análisis, los envíos a las 23 provincias muestran una suba del 7,8%. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideraron la recepción de envíos de mayo Sin embargo, debe señalarse que la caída está explicada en su totalidad por la merma exhibida por CABA (por el fin de los envíos correspondente a la Medida Cautelar de la CSJN). Si se excluye a CABA del análisis, los envíos a las 23 provincias muestran una suba del 7,8%. Similar situación ya se había visto en abril pasado, con -53,0% en el global pero +15,5% al excluir al distrito porteño. Jornada Extendida, Cajas previsionales y Comedores Escolares concentraron el 83% de los envíos En este mes de análisis, hubo tres actividades que concentraron la gran mayoría de los envíos. En primer lugar se ubicaron los envíos por Universalización de la Jornada Extendida (por $ 64.735 millones) explicando el 40% de total pagado; en segundo lugar se ubicaron los fondos de las Transferencias a Cajas Previsionales Provinciales por $ 47.167 millones (29% del total); y en tercer lugar quedaron los envío para Comedores Escolares, que totalizaron $ 20.844 millones (13% del total del mes). Así, en conjunto, estas tres actividades explicaron el 83% del total del mes; el resto de las actividades explicaron en conjunto el 17% del total del mes (por $ 27.519 millones). Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba lideraron la recepción de envíos de mayo Las provincias que recibieron los mayores volúmenes de desembolsos en el mes fueron Buenos Aires con el 33,3% del total (por $ 53.366 millones, explicados casi en su totalidad por los fondos para la Universalización Jornada Extendida y para Comedores Escolares que concentran el 93% del total bonaerense); Santa Fe con el 12,6% del total (por $ 20.174 millones, apoyado fundamentalmente por Transferencias a la Caja Previsional y por Jornada Extendida que explicaron el 87% del total santafesino); y Córdoba con el 8,9% del total del mes (por $ 14.317 millones, donde se destacan también las Transferencias a la Previsional y los fondos para la Jornada Extendida que representaron el 86% del total cordobés). Un poco más atrás quedaron Misiones con el 7,0% del total (por $ 11.139 millones, apoyado en Transferencias a la Caja Previsional y por envíos en el marco del REOR); Entre Ríos con el 6,6% (por $ 10.597 millones, mayormente apoyado en las Transferencias a Caja Previsional); y Chaco con el 6,0% del total del mes (por $ 9.547 millones, explicado principalmente por la Jornada Extendida). Así, entre estas seis provincias mencionadas concentraron el 74% de los envíos totales del mes. Por el contrario, en el fondo de la tabla quedaron Santa Cruz y San Luis, que recibieron menos de $ 500 millones en cada caso y explicaron, en conjunto, apenas el 0,4% del total. Respecto a los desempeños relativos, vuelven a observarse muy fuertes heterogeneidades en los resultados, que se explican por la alta distorsión generada de la discrecionalidad de los envíos. Esto se verifica al observar que, si bien el consolidado de transferencias no automáticas cayeron 43,8% real interanual en mayo, pero crecen al 7,8% al excluir a CABA del análisis, hay un comportamiento altamente dispar hacia dentro de los territorios: en dos se observó una variación mayor a +1.000% real pero, al mismo tiempo, se ven caídas superiores al -90% real interanual en otros dos distritos. Ante este escenario, y tal como se indicó en informes previos, se debe tener reservas al momento de evaluar una situación puntual, ya que aun con un crecimiento relativo alto, el volumen de fondos sigue siendo, en términos generales, muy bajo en términos históricos. La situación de las Transferencias a las Cajas Previsionales Provinciales En el mes de análisis, los envíos en concepto de Transferencias a las Cajas Previsionales Provinciales crecieron de manera considerable, no solo en pesos sino también en cantidad de provincias beneficiadas. Esto se debe al avance en la firma de convenios entre los distritos y el Estado Nacional para tal fin. En enero del corriente, solamente tres provincias tenían convenios vigentes: Córdoba, Entre Ríos y La Pampa. Para mayo 2026, la cantidad se elevó a ocho: a las tres anteriores, se le suman Corrientes (había iniciado en abril pasado), Misiones, Santa Fe, Chubut y Neuquén, todas con inicios en mayo. De este modo, el valor transferido en mayo por Cajas Previsionales Provinciales es el más alto en la era Milei, con la sola excepción de diciembre 2025, aunque allí hay una particularidad: Chaco había recibió $ 40.000 millones en ese mes por dicho concepto, siendo el único caso donde se pagó el total acordado en un solo desembolso, mientras que el resto de las provincias tiene convenios de pagos de entre 10 y 12 meses de duración. Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de mayo Respecto a los ATN, en mayo 2026 no hubo distribución fondos, siendo la primera vez desde noviembre 2025 que ocurre esta situación; a su vez, en el quinto mes del año, el fondo ATN totalizó $ 128.408 millones según DNAP y como se dijo, no se repartió ninguna porción del mismo. Transferencias no automáticas. Acumulado enero – mayo 2026 A nivel acumulado, las transferencias no automáticas totalizaron $ 591.289 millones enero y mayo, presentando una baja real interanual del 54,4% contra igual período del 2025. Sin embargo, siguiendo el criterio aplicado para el resultado de mayo, si se excluye a CABA del análisis, las transferencias a provincias presentan también una caída acumulada pero en menor nivel: es del -2,8% interanual real. Del total distribuido, Buenos Aires (19,7%), CABA (15,5%), Entre Ríos (8,4%), Córdoba (7,0%), Misiones (6,1%) y Santa Fe (5,3%) fueron los que captaron la mayor parte de los envíos, mientras que en

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, visitará este miércoles Corrientes, donde mantendrá un encuentro institucional con su par provincial, Juan Pablo Valdés, en el marco de una nueva parada de la gira federal que viene desarrollando por distintas provincias del país. Según confirmó este lunes en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, la agenda para el 3 de junio incluye una reunión en la Casa de Gobierno correntina, la posible firma de un convenio de colaboración entre ambas administraciones y una presentación del libro De Smith a Keynes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La postal con Juan Pablo Valdés La visita tiene un condimento político de peso: Valdés pertenece a la UCR, y el encuentro se produce horas después de que el Foro de Intendentes radicales bonaerenses emitiera un comunicado desmintiendo cualquier acuerdo político con el gobernador bonaerense. El Foro aclaró que la presencia de sus intendentes en reuniones convocadas por el mandatario provincial responde a una “responsabilidad institucional” vinculada a la defensa de los intereses de los distritos, y no a un alineamiento político con el oficialismo bonaerense. Según trascendió, el vínculo entre ambos mandatarios surgió de una llamada de cortesía de Kicillof para informarle de su visita -en la que también habló con el hermano y antecesor de Valdés, Gustavo Valdés-, y derivó en una invitación al despacho. “Dijo que iba a pasar por Casa de Gobierno, así que estamos atentos. Si podemos, vamos a estar juntándonos”, aseguró esta mañana el mandatario correntino. Valdés aclaró que su propia agenda también incluye actividades oficiales en la ciudad de Bella Vista, por lo que el encuentro depende de la coordinación final de horarios. El mandatario litoraleño asumió en diciembre del año pasado. Más allá de formar parte de la escudería boina blanca, integra a nivel nacional el sello Provincias Unidas. La expectativa en torno a la visita del bonaerense se aceleró notablemente tras la participación de una comitiva de dirigentes correntinos en el reciente lanzamiento del MDF Salud en La Plata, que funcionó además como plataforma para definir los detalles logísticos del viaje al NEA. La visita está coordinada por los exintendentes Julio Pereyra y Alberto Descalzo, y Kicillof realizará actividades con sus aliados locales más allá del encuentro con Valdés. Entre esos referentes figuran el senador José Luis, el exdiputado Martín Barrionuevo y Fernando “Chara” Echeverría, intendente de Empedrado. El armado La visita a Corrientes es parte de una agenda federal que Kicillof lleva adelante con creciente intensidad, con la mira puesta en posicionarse como principal candidato presidencial del peronismo de cara a 2027. A principios de mayo desembarcó en Córdoba -una provincia históricamente adversa al peronismo- con una agenda que combinó actividades sindicales, convenios universitarios y la presentación del mismo libro ante jóvenes en la UTN. Antes, en abril, realizó una gira de tres días por España donde se reunió con el presidente colombiano Gustavo Petro y compartió una foto con Lula Da Silva. En marzo encabezó un acto del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el Teatro Picadero, de la Ciudad de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Derecho al Futuro (CEDAF), una asociación sin fines de lucro que funciona como think tank del espacio que trabaja para elaborar un programa político con proyección nacional de cara a 2027. En tanto, en abril, encabezó el lanzamiento del MDF Universidad y Ciencia en el Aula Magna de la Ciudad Universitaria de la UBA, con foco en el mundo académico y científico. Días después, lanzó el MDF Educación en el Teatro Municipal Roma de Avellaneda, con presencia de representantes de universidades, sindicatos docentes, ministros provinciales e intendentes. Luego, a comienzos de mayo, presentó la rama Mujeres y Diversidades en el Polideportivo Municipal de Ensenada. Y el 12 de mayo, junto al intendente platense Julio Alak, lanzó el Instituto de Capacitación Política del Partido Justicialista bonaerense, que dictará clases de forma virtual y ya cuenta con más de 17 mil inscriptos en todo el país. El viernes pasado, vio la luz el MDF Salud, encabezado por el exministro Daniel Gollán. El próximo sábado 6 de junio será el lanzamiento de la rama juvenil del MDF en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Con ese acto, Kicillof apuntará a un segmento del electorado golpeado por la crisis económica y el recorte en políticas universitarias. El espacio viene organizándose desde hace dos años con centros de estudiantes, organizaciones territoriales, sindicatos y agrupaciones juveniles de distintos municipios de la provincia. La elección de San Martín no es casual: es un distrito con peso territorial en el conurbano norte y su intendente viene siendo uno de los más activos en el armado del espacio. Aunque Kicillof evita hablar públicamente de una candidatura presidencial para 2027, la consolidación de su figura como principal contradictor de Milei expone cada vez más las tensiones con Cristina Fernández y Máximo Kirchner. La agenda legislativa Otro de los temas que se coló en la conferencia fue la discusión legislativa sobre el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado a partir del endeudamiento autorizado a la Provincia para los ejercicios 2026 y 2027. El debate volverá a escena esta semana en la comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados, donde comenzará a tratarse un proyecto impulsado por el jefe del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena. La iniciativa modifica la ley vigente para que el 30% de los recursos del fondo que hoy están atados a programas específicos pasen a ser de libre disponibilidad para los municipios. Sin embargo, el proyecto establece que la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública sea la encargada de autorizar el pago de esos recursos a cada distrito. Además, la propuesta amplía las atribuciones de ese organismo legislativo, que podría requerir información periódica sobre la ejecución presupuestaria provincial, la evolución de los indicadores económicos y el estado de la deuda pública bonaerense, reforzando así los mecanismos de control sobre los fondos provenientes del endeudamiento. Consultado al respecto, Bianco consideró que la solución debería ser más sencilla. “La ley tenía previsto un 70% para municipios de libre disponibilidad. El proyecto ahora plantea que todo sea de libre disponibilidad, pero definido por la

“Durante décadas, la República Argentina estuvo atada a leyes laborales pensadas para un mundo que ya no existe más”. Con esa definición, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó los alcances del Decreto 407/26, que reglamentó distintos aspectos de la Ley de Modernización Laboral y que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, el funcionario explicó cuáles serán los principales cambios que impactarán sobre trabajadores, empleadores, sindicatos y convenios colectivos. Según indicó, el decreto aborda dos grandes ejes. Por un lado, reglamenta aspectos vinculados a la legislación laboral propiamente dicha. Por otro, introduce modificaciones relacionadas con la Ley de Convenciones Colectivas y los mecanismos de representación sindical y empresaria. Uno de los puntos incluidos en la reglamentación corresponde a las licencias médicas laborales previstas en el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo. Según explicó Sturzenegger, las licencias deberán instrumentarse obligatoriamente mediante receta digital, con el objetivo de “dar trazabilidad al diagnóstico y evitar cualquier tipo de duda”. La reglamentación también incorpora la posibilidad de recurrir a una junta médica cuando existan discrepancias entre las partes respecto de la situación planteada. PUBLICIDAD El decreto faculta a la Secretaría de Trabajo a implementar procedimientos administrativos digitales para cursar comunicaciones laborales. La medida forma parte del proceso de digitalización de distintos trámites vinculados al mundo laboral y habilita la creación de mecanismos electrónicos para este tipo de notificaciones Otro de los cambios incorpora la posibilidad de homologar ante la autoridad administrativa los convenios de desvinculación por común acuerdo. De esta manera, los acuerdos celebrados entre empleadores y trabajadores podrán contar con una instancia formal de homologación. La reglamentación también establece un mecanismo para que los empleadores puedan conocer de manera fehaciente cuándo se inician y cuándo concluyen los trámites jubilatorios de sus trabajadores. Según explicó el funcionario, se trata de una herramienta destinada a ordenar y formalizar el acceso a esa información. Uno de los apartados más extensos de la explicación de Sturzenegger estuvo dedicado al régimen de servicios eventuales. El ministro sostuvo que esta reglamentación había quedado pendiente tras la aprobación de la Ley Bases y afirmó que el nuevo esquema “desmantela la burocracia vigente desde hace 20 años”. Entre las modificaciones destacadas figura una inscripción que será “simple, gratuita y electrónica”, junto con un mecanismo de habilitación automática mediante silencio positivo a los quince días hábiles. Además, indicó que se amplían los casos para la asignación de trabajadores bajo esta modalidad y sostuvo que las nuevas reglas consolidan “un marco moderno y superador”. Otro de los cambios mencionados apunta a las exigencias de solvencia para operar en la actividad. Según afirmó, las condiciones vigentes hacían “imposible entrar al rubro”, situación que, a su juicio, explicaba la existencia de un número reducido de empresas dedicadas a este tipo de servicios. “Esto es fundamental para el desarrollo de la actividad en el interior”, agregó. La reglamentación también fija pautas para los beneficios sociales y determinados componentes salariales no remunerativos. Entre otras cuestiones, habilita el pago de gastos de transporte contra presentación de comprobantes y contempla la posibilidad de cubrir servicios de comedor en locales de cercanía, además de la remuneración habitual. Uno de los aspectos que Sturzenegger decidió explicar en un hilo separado fue el nuevo esquema de recibo de sueldo, que definió como una herramienta orientada a transparentar el costo total de cada puesto de trabajo. PUBLICIDAD “Ahora el recibo de sueldo va a tener que detallar obligatoriamente el costo total que abona el empleador por cada puesto laboral”, explicó. Según indicó, el objetivo es que cualquier trabajador pueda conocer “cuánto de lo que paga el empleador recibe finalmente el trabajador”. El ministro sostuvo además que el nuevo formato permitirá que “todo aquello que le sacan al trabajador va a quedar registrado, explicitado y hecho visible”. La reglamentación establece una estructura dividida en tres partes. En el primer bloque deberán detallarse todas las contribuciones que realiza el empleador, independientemente de cuál sea su destino. Según explicó Sturzenegger, allí se incluirán por primera vez los recursos destinados a organismos nacionales de seguridad social, sindicatos, federaciones, entes y cualquier otra persona jurídica que reciba fondos vinculados a la relación laboral. “Se van a detallar todas las contribuciones que realiza el empleador sin importar el destino”, afirmó. El segundo bloque conservará el formato tradicional del recibo, partiendo del salario bruto y mostrando los descuentos correspondientes hasta arribar al salario neto o de bolsillo. Finalmente, el tercer espacio incorporará una representación gráfica y una desagregación total de la denominada cuña fiscal y sindical. Según explicó el funcionario, allí se expondrá “todo lo que se recauda por encima del sueldo neto y hacia dónde fluye exactamente ese dinero”. “Ahora el ciudadano sabe adónde va el fruto de su trabajo”, sostuvo. También señaló que la reglamentación establece un formato específico para la confección del recibo y consideró que la nueva herramienta permitirá a los trabajadores conocer con mayor detalle los distintos conceptos que intervienen entre el costo laboral total y el salario que finalmente perciben. La segunda parte del decreto se concentra en las modificaciones vinculadas a los convenios colectivos de trabajo. Al justificar los cambios, Sturzenegger sostuvo que “es claro que esta ley necesitaba una actualización” y argumentó que existen convenios negociados “hace más de 50 años, vencidos y firmados por partes que en muchos casos no existen”. A partir de ese diagnóstico, la reglamentación incorpora nuevas reglas para la representación de trabajadores y empleadores. Uno de los cambios reglamentados define quiénes podrán participar de las negociaciones colectivas. Según explicó el ministro, los grupos empresarios que empleen a más del 10% de los trabajadores de una determinada actividad podrán sentarse en la mesa de negociación. La reglamentación también amplía la legitimación para incorporar representantes de distintas jurisdicciones, con el objetivo de federalizar las negociaciones colectivas. Además, fomenta la creación de asociaciones de consorcistas para negociar convenios vinculados con trabajadores de edificios. Según explicó, la convocatoria será amplia y sin mínimos de representación iniciales. Sturzenegger destacó que la Ley 27.802 puso

Desde el Gobierno del Chaco remarcaron el acompañamiento que se brinda a emprendedores y PyMEs a través de distintas herramientas de desarrollo productivo, entre ellas el programa Impulsar Chaco, orientado a la capacitación y a la generación de empleo genuino.Asimismo, se destacan las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), gestionadas y promovidas por el gobierno provincial para facilitar el acceso al crédito, impulsar nuevos proyectos, ampliar capacidades productivas y fortalecer al sector privado. De esta manera, la ciudad de Resistencia suma una nueva propuesta gastronómica con la inauguración de “Posta Paladar”, un emprendimiento ubicado sobre avenida Laprida 278 que apuesta a la calidad, la generación de empleo y el fortalecimiento de la actividad comercial local. La apertura del nuevo espacio fue acompañada por el equipo de Impulsar, quienes remarcaron la importancia de respaldar a quienes invierten, emprenden y generan oportunidades de crecimiento en la provincia. Impulsado por la emprendedora Érica, el proyecto nace con el objetivo de ofrecer una propuesta gastronómica basada en materias primas de calidad, recetas elaboradas con dedicación, pasión por la cocina y una atención cálida para cada cliente. Durante la inauguración, se valoró el esfuerzo y el compromiso que representa cada nuevo emprendimiento privado, entendiendo que estas iniciativas son fundamentales para dinamizar la economía local y crear nuevas fuentes de trabajo. “Cada nuevo emprendimiento que abre sus puertas representa esfuerzo, compromiso y confianza en el futuro. Por eso es fundamental acompañar a quienes apuestan al trabajo, al crecimiento y a la generación de oportunidades en nuestra provincia”, señaló la subsecretaria Noel Ibarra, perteneciente a la Coordinación de Gabinete. La inauguración de Posta Paladar refleja el valor del sector privado como motor del desarrollo económico y reafirma el compromiso de continuar articulando herramientas de capacitación, financiamiento y acompañamiento para fortalecer a emprendedores, PyMEs y comercios chaqueños.

Desde este lunes 1 y hasta el viernes 5 de junio, y desde el Tren 25 de Mayo, el Gobierno del Chaco con sus distintas áreas y el Ministerio de Capital Humano de la Nación, comenzaron a brindar de forma articulada atención integral a los pobladores de la localidad de Hermoso Campo como a las de zonas aledañas, con controles médicos, vacunación, trámites y asesoramiento integral a la comunidad. La formación cuenta con vagones acondicionados para brindar distintos tipos de atención, como en las especialidades de fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunatorio, cuenta además con un vagón biblioteca y microcine. También se puede acceder a realizar consultas o efectuar trámites con equipos de: Ñachec, IPRODICH, Registro Civil, RENAPER y ANSES, facilitándose así gestiones y consultas en un solo lugar. El primer día, con una gran convocatoria, estuvieron los ministros de Desarrollo Humano Diego Gutiérrez; la subsecretaria de Políticas Sociales, Tamara Silvestri; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Carim Peche; el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini; el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; los funcionarios nacionales: Tomas Basil, Director de Articulación Territorial y Mariano Uset, Subsecretario de Políticas Territoriales. A ellos se sumaron: por el Poder Legislativo, Carmen Delgado Brito y la diputada Marilyn Rodríguez, la presidenta del Iprodich Ana María Mitoire, los intendentes de Hermoso Campo, Diógenes Requena y Chorotis Ariel Hofstetter autoridades de la Subsecretaria de Transporte y de Inspección General De Personas Jurídicas y Registro Público De Comercio, entre otras autoridades. El ministro Diego Gutiérrez destacó la importancia de la presencia del Tren 25 de Mayo en la provincia y de todo lo que implica, ya que se está acercando el Estado a la gente que vive en zonas alejadas de los grandes centros urbanos: “la verdad que la atención preventiva de salud es muy significativa, sobre todo para los niños, la población de adultos mayores y las familias, que hoy notamos que se acercaron. Lo hemos trabajado previamente de manera coordinada con todo el gobierno y en el territorio con equipos Ñachec, que ayudaron a que la organización sea estratégica y que se cuente con un sistema de atención ordenado, hay una carpa central donde se recibe a la gente, allí se les asigna un precinto de acuerdo a la especialidad o trámite requerido, y pasan a ser atendidos con las comodidades adecuadas”. El funcionario destacó, la excelente Articulación lograda entre provincia, nación y los municipios, para sumar la atención de los organismos más requeridos por los ciudadanos. Están atendiendo consultas y trámites, equipos de INSSSEP, PAMI, ANSES, RENAPER, IPRODICH, ya que a la gente del interior le cuesta mucho acceder. “Desde el Ministerio de Educación, por ejemplo, se está coordinando con los directivos de escuelas rurales, para aprovechar que los estudiantes accedan a vacunación y controles, para conocer el tren y disfrutar del vagón de la Biblioteca Nacional y Microcine, como de otras propuestas de entretenimiento. Los intendentes de localidades vecinas como el caso de Chorotis, han garantizado medio de transporte para que la gente llegue a ser atendida”, explicó. En otro orden el funcionario nacional Mariano Uset remarcó la gran cantidad de servicios que se ha logrado convocar en relación al Tren 25 de Mayo, donde el compromiso y esfuerzo por parte de los organismos participantes está a la vista, “la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, está ofreciendo un hermoso espacio cultural para incentivar a los chicos e introducirlos al mundo de la lectura, que es una práctica que estamos necesitando como sociedad, y estamos listos también para recibir a aquellos autores locales que quieran sumar sus producciones e incorporarlas al catálogo. Cronograma de recorrido El Tren 25 de Mayo estará recorriendo y parando en estaciones del Chaco, desde el 1 de junio al 3 de julio del 2026, pudiendo acceder los habitantes de las localidades cercanas a las estaciones como los de zonas aledañas desde las 9:00 y hasta las 17:00: Primera Semana: del 1 al 5 de junio, estación de Hermoso Campo. Segunda Semana: del 8 al 12 de junio, estación de General Pinedo. Tercera Semana: del 15 al 19 de junio, estación de Sáenz Peña. Cuarta Semana: del 22 al 26 de junio, estación Cacuí de Fontana Quinta Semana del 29 de junio al 3 de julio, estación de Resistencia. El Director Nacional de Articulación Territorial, Tomas Basil, estuvo presente desde el inicio del armado de cada uno de los vagones del Tren 25 de Mayo y mostró su total satisfacción, al ver plasmados los servicios que se están brindando a los chaqueños desde Hermoso Campo, esperando se replique la demanda y la contención integral durante las 5 semanas. “En este dispositivo llamado Tren 25 de Mayo, entre nación y provincia, sumamos un equipo de unas 60 personas diarias, entre profesionales y no profesionales, personal de logística, mantenimiento, los equipos Ñachec y de otras reparticiones, todos trabajando con un mismo objetivo; que cada familia que se acerque pueda resolver la mayor cantidad de trámites en una en una misma jornada”, concluyó.

Un ciudadano fue multado de manera compulsiva con dos salarios mínimos vitales y móviles, equivalentes a $726.000, por desobedecer la prohibición de acercamiento que dictó el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 3 de Resistencia y haber hostigado a una familiar suya, profesional del derecho, mediante el envío reiterado y masivo de correos electrónicos. Estos fueron remitidos a diecinueve organismos y dependencias del Poder Judicial ajenas al objeto procesal de las actuaciones y contenían fotografías de la denunciante, expresiones agraviantes, descalificatorias y perturbadoras “manifiestamente ajenas a cualquier finalidad jurídica legítima”. El juez Juan Pablo Lubary señaló de manera taxativa en la resolución 507/26 que una sanción idéntica “será aplicada automáticamente por cada futura comunicación, mensaje, archivo digital, fotografía o contenido remitido a organismos públicos, dependencias judiciales o terceros que contenga referencias personales, familiares, imágenes o datos vinculados a la intimidad” de la denuncia o su grupo familiar “ajeno a un trámite judicial concreto, conforme lo dispuesto por el art. 804 del Código Civil y Comercial de la Nación”. También indicó que cualquier presentación que la persona sancionada realice ante el juzgado “deberá efectuarse exclusivamente en forma personal, mediante patrocinio letrado particular o por intermedio de la Defensoría Oficial, no dándose trámite a presentaciones manifiestamente inconducentes, reiterativas o ajenas al objeto procesal”. Y agregó: “la reiteración de nuevas conductas de violencia digital habilitará la inmediata ampliación de medidas restrictivas, la elevación progresiva de sanciones conminatorias y la adopción de mecanismos especiales de control judicial”. “Clara voluntad de persistir” En los fundamentos, Lubary afirmó que las conductas analizadas “no constituyen meros excesos verbales ni pueden ser minimizadas como expresiones impropias de disconformidad personal”. Al contrario, “revelan una clara voluntad de persistir en mecanismos de hostigamiento, control, exposición y disciplinamiento emocional respecto de la víctima, instrumentalizando para ello canales institucionales del propio Poder Judicial”. “La particular gravedad del caso radica, además, en que la víctima desarrolla funciones profesionales en ámbitos vinculados a las dependencias destinatarias de dichos correos electrónicos, circunstancia que evidencia que el accionar desplegado persigue no sólo la perturbación emocional de la denunciante sino también su exposición institucional y afectación reputacional, amplificando notoriamente el daño ocasionado”, abundó. En otro tramo destacó que la malicia para generar daño “resulta aún más notoria si tenemos en cuenta que el escrito va dirigido correctamente en su encabezado al Juzgado, carátula y número de expediente, sin embargo, inexplicablemente lo reenvía junto a fotografías intrascendentes a múltiples dependencias absolutamente ajenas a sus pretensiones con la finalidad de continuar con sus transgresiones”. Así, precisó que la utilización de canales institucionales para continuar agrediendo constituye “una burla al Poder Judicial y al deber de acatamiento de las resoluciones jurisdiccionales”. “La sustitución de la violencia presencial por mecanismos digitales no implica el cese de la conducta violenta sino apenas una mutación en su modalidad de ejecución”, reflexionó y agregó que la violencia digital “constituye actualmente una de las expresiones más invasivas y persistentes de violencia psicológica, precisamente porque elimina las barreras espaciales y temporales que antes limitaban el accionar del agresor”.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 407/2026 y establece que la Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación del régimen para servicios. El Gobierno nacional designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen que regula los servicios privados de movilidad y reparto prestados mediante plataformas tecnológicas, según el Decreto 407/2026 publicado en el Boletín Oficial. La medida alcanza a plataformas digitales dedicadas al transporte de pasajeros y al reparto de bienes, entre ellas Uber, Cabify, Didi, Rappi y PedidosYa, además de otras empresas que operan bajo esquemas tecnológicos similares. De acuerdo con la reglamentación, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía será la encargada de aplicar el régimen específico previsto para los prestadores independientes que desarrollan actividades a través de plataformas tecnológicas. En paralelo, la Secretaría de Trabajo mantendrá competencias vinculadas con los convenios colectivos que eventualmente puedan surgir dentro de la actividad. En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que la regulación de estos servicios debe quedar bajo la órbita de Transporte debido a que su naturaleza principal está asociada con la movilidad y la logística. La decisión se inscribe en la reforma laboral sancionada por el Congreso, que creó un régimen específico para los prestadores de servicios de plataformas y excluyó expresamente esos vínculos del ámbito de aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo. De esta manera, el Poder Ejecutivo ratificó el criterio de considerar a conductores y repartidores como trabajadores independientes alcanzados por una regulación particular, diferenciada del régimen laboral tradicional. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la medida constituye uno de los cambios más relevantes introducidos por la reforma laboral respecto de la denominada economía de plataformas, sector que generó controversias judiciales y debates sobre la naturaleza de los vínculos entre las empresas tecnológicas y quienes prestan servicios mediante sus aplicaciones. Desde el Gobierno señalaron que la decisión busca otorgar mayor previsibilidad regulatoria a una actividad en expansión y adecuar su supervisión a organismos con competencias técnicas específicas en materia de transporte y logística.

El bloque justicialista presentará una acción judicial para cuestionar la composición de las comisiones del Senado. Sostiene que fue desplazado de espacios que le corresponden por representación parlamentaria y advierte que podría quedar en duda la validez de dictámenes y leyes aprobadas. El bloque justicialista en el Senado avanzará esta semana con una presentación judicial contra Victoria Villarruel y Patricia Bullrich por marginarlos en la composición de las comisiones en la Cámara Alta. La estrategia anticipada varias veces por los legisladores peronistas finalmente se ejecutará en estos días ya que el planteo legal está teniendo sus últimos retoques. Desde el cambio en la composición de las bancadas por el impacto de las elecciones 2025, los senadores peronistas vieron mermar su poder de fuego ante la alianza antikirchnerista que logró Patricia Bullrich de 44 senadores de distintas fuerzas. De esta forma, si bien el peronismo es la fuerza con más bancas, quedan en minoría frente al conglomerado que suma al oficialismo libertario, el PRO, la UCR, federales y justicialistas disidentes. Este último grupo abandonó durante febrero el interbloque presidido por José Mayans en desacuerdo con la estrategia de no avalar la movida bullrichista pero que en los papeles lleva la firma de Villarruel. Es decir, nombrar de todas formas a los 3 representantes aunque correspondan 6. “Nosotros vamos a las comisiones donde hay representación y se respeta”, explicaba a El Destape un peso pesado del peronismo parlamentario. Hasta ahora dejaron los lugares que les otorgaron vacantes, con la imposibilidad de emitir sus propios dictámenes en temas sensibles como la reforma laboral o participar del proceso de designación de jueces en curso. La disputa por la representación Desde diciembre y hasta ahora hicieron cálculos de distinto orden para determinar la cantidad de asientos que les sustrajeron. En algo coinciden todas las matemáticas, a Carolina Moisés la gratificaron muy bien por romper el espacio. “Le pagaron muy bien. Le corresponde 0.25, menos de media banca, a nosotros 2.4. En la bicameral de Inteligencia nos dieron 2 y en Acuerdos 1. Nos pasan por arriba, ellos ponen 14”, señala otro senador peronista. Este esquema barrió con todas las tradiciones, usos y costumbres de la Cámara Alta. “Nunca pasó en la historia del Senado. Podés discutir un redondeo, eso nos pasó el año pasado pero no tienen riesgo en una comisión de 17 integrantes que nosotros tengamos 6, no modifica nada. Es una violación a la representación”, se queja una senadora kirchnerista. “Nos robaron 30 lugares solo en las comisiones permanentes. No nos dieron presidencia de ninguna”, completa. Según la aritmética justicialista debe haber 6 integrantes peronistas en comisiones de 17 miembros y 7 en las de 19. El planteo judicial La presentación judicial va por la inconstitucionalidad de las composiciones y pide una acción de amparo. “Judicializar no le conviene a nadie porque un día la tortilla se da vuelta y se habrá sentado un precedente”, analizan. De diciembre a esta parte muchas leyes sensibles pasaron por las comisiones. De dictarse la inconstitucionalidad de su composición, ¿qué validez tendrán los textos aprobados? “Todo lo que surja de esta comisión es nulo porque tiene vicio de origen, porque nosotros no somos parte. Se quedaron con 30 lugares que le corresponden a la oposición”, respondió a esta pregunta la senadora Juliana Di Tullio en la comisión de Acuerdos el 26 de marzo. El Destape

Del 4 al 7 de junio, el evento reunirá un abanico de actividades en el cuarto tramo de la costanera como también espacios gastronómicos en una programación pensada para públicos de todas las edades. Posadas se prepara para vivir una nueva edición de la Feria del Libro, que se desarrollará del 4 al 7 de junio en la Costanera de la ciudad con más de 140 actividades culturales, educativas y recreativas. La propuesta reunirá a escritores, editoriales, librerías, instituciones educativas y organismos públicos, además de un importante sector comercial y gastronómico que acompañará las jornadas. Al igual que en años anteriores, la programación ofrecerá una amplia variedad de actividades, entre ellas presentaciones de libros, charlas magistrales, espacios dedicados a las infancias, propuestas para establecimientos educativos y encuentros de promoción para la lectura. La feria también contará con la participación de librerías y comercios de la ciudad, que acercarán al público novedades editoriales, recomendaciones literarias y promociones especiales con una variedad de ofertas, títulos y autores. En ese sentido, Federico Pilat, quien integra la librería Tras los Pasos, destacó la importancia de estos espacios para acercar los libros a nuevos lectores. “Siempre hay cosas nuevas para que la gente pueda conocer lo que se está leyendo en el país, novedades y libros recomendados. Tratamos de armar una selección para que haya propuestas interesantes para todos los gustos”, señaló. Asimismo, comentó que entre los géneros más buscados se encuentran la ficción, la literatura local y las obras de autores reconocidos internacionalmente. También indicó que una gran parte de los visitantes son jóvenes interesados en sagas románticas, literatura de terror y publicaciones vinculadas a creadores de contenido e influencers, además de familias que recorren la librería junto a niños y niñas. Respecto al contexto actual del sector editorial, explicó que las ventas atraviesan un momento desafiante, aunque remarcó que se continúa trabajando para ofrecer una amplia variedad de precios y títulos. “Intentamos tener opciones accesibles para que todos puedan encontrar un libro acorde a su presupuesto”, expresó. Sobre la participación en la Feria del Libro, valoró especialmente la posibilidad de llegar a nuevos públicos. “Es un espacio muy importante porque permite que la gente conozca diferentes librerías y propuestas. Muchas veces hay personas que no se acercan al local, pero podemos encontrarnos con ellas en estos espacios y mostrarles nuestras ofertas y recomendaciones”, afirmó. Desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Posadas informaron que los días 4 y 5 de junio las actividades culturales y educativas se desarrollarán de 8 a 18, mientras que los sectores comerciales, editoriales, librerías y el patio gastronómico permanecerán abiertos hasta las 21 horas. En tanto, los días 6 y 7 de junio la feria funcionará de 16 a 21 horas, manteniendo también la actividad comercial y gastronómica hasta el cierre. Con una programación diversa y una amplia participación de actores vinculados al mundo del libro y la cultura, la Feria del Libro de Posadas se consolida como uno de los eventos más importantes del calendario cultural de la ciudad, promoviendo la lectura, el encuentro y el acceso a nuevas experiencias para toda la comunidad. El Territorio

La UTA Corrientes acordó una recomposición y el salario del sector queda en $1.425.000. Así, el gremio de los choferes confirmó un acuerdo salarial con las empresas ERSA Urbano y Transporte San Lorenzo de la capital correntina. El entendimiento contempla aumentos para mayo, junio y julio, el pago de sumas no remunerativas, viáticos y el compromiso de mantener las fuentes laborales. El acuerdo fue rubricado tras varios días de negociaciones y establece una recomposición de los haberes para los trabajadores del transporte urbano de pasajeros, además de garantías laborales durante la vigencia del acuerdo. Para los salarios correspondientes a mayo y junio se fijó un básico conformado de $1.370.000 para la categoría conductor, monto que será proporcional para las demás categorías. Además, se acordó el pago de una suma no remunerativa de $55.533,45, que será abonada el 18 de junio y el 20 de julio respectivamente. Para el mes de julio, el básico conformado ascenderá a $1.425.000, al que se sumará un pago no remunerativo de $119.744,80, previsto para el 18 de agosto. Resumen del acuerdo salarial: El acuerdo también establece que el Sueldo Anual Complementario (SAC) será calculado sobre la base salarial de junio. El pago se realizará en dos tramos: Otro de los puntos acordados contempla el pago de $13.000 en concepto de viáticos por los días efectivamente trabajados durante el período alcanzado por el entendimiento. En agosto venidero las empresas y los delegados sindicales volverán a reunirse para discutir nuevas actualizaciones salariales. Corrientes Hoy

Los titulares vinculados al comercio de granos y derivados fluctúan estas semanas entre el avance de la cosecha gruesa, las rutas atestadas de camiones que van hacia los puertos agroexportadores y los récords de embarques de productos del campo, celebrados desde el propio gobierno. Pero no siempre esto se refleja en otros indicadores claves de la economía. La liquidación de divisas de las empresas cerealeras y aceiteras de Ciara-CEC se han convertido en el mejor ejemplo de eso: la cantidad de dólares vendidos en el circuito que maneja el Banco Central en mayo ha sido de 2.677 millones de dólares, y han crecido 7% respecto de abril pasado. Por ahora las fotos son coincidentes con la cosecha récord que se espera y también con el crecimiento del saldo exportable. Pero si una analiza la cantidad de divisas acumuladas entre enero y mayo de este año, la suma llega a 10.343 millones de dólares, y esa liquidación implica una caída del 12% respecto de los primeros cinco meses del año pasado. La explicación – a pesar de los volúmenes récords exportados en granos y subproductos – es bastante sencilla: basta recordar el operativo “retenciones 0%” lanzado por el Ministerio de Economía en septiembre del año pasado, que habilitó una ventana urgente para concretar exportaciones sin derechso de exportación por el equivalente a casi 16 millones de toneladas de granos. Ese salvoconducto permitió al gobierno llegar mejor parado a las elecciones de medio término, pero a costa de un anticipo de divisas que debían ingresar a lo largo de este año. Bichos de Campo

Tras ser reelecto como presidente de la empresa logística Colono, Fernando Molina analizó en CIUDAD TV los principales desafíos e inversiones que se necesitan para reactivar plenamente el Puerto Barranqueras. El directivo destacó la urgencia de avanzar con el dragado del riacho y valoró el impacto positivo que tendrán las reformas de desregulación para atraer la inversión privada a la región. El panorama logístico del Chaco y la región se encuentra en un momento de profundas definiciones y reestructuraciones. Tras la realización de la Asamblea Ordinaria de Colono donde se aprobaron los balances, Fernando Molina fue ratificado como presidente de la compañía estatal por un nuevo período de tres balances, acompañado por Gustavo Tejero como vicepresidente y Martín Mastandrea como director titular. En este nuevo ciclo, la gestión enfrenta el desafío de acoplarse a una serie de reformas estructurales y de infraestructura que buscan devolverle el dinamismo al transporte fluvial regional mediante la unificación de una cadena logística que arrastra años de postergación. Uno de los temas centrales y más urgentes para la operatividad de la zona es el postergado dragado del Riacho Barranqueras, una obra emblemática que no se realiza de forma integral desde hace dos décadas. Al respecto, Molina explicó que, si bien se logró un avance en la zona que conecta con la planta de YPF mediante una articulación público-privada, todavía quedan tramos críticos por resolver. “Quedan algunos kilómetros que no son los que tienen más volumen de sedimentación, estamos hablando alrededor de 500 mil metros cúbicos de sedimento que se ha acumulado en ese trayecto”, detalló el funcionario, advirtiendo que, si bien los costos internacionales implican una inversión de varios millones de dólares que exceden los recursos provinciales, ya se están gestionando las herramientas necesarias ante el Gobierno Nacional. La infraestructura del riacho corre en paralelo a las discusiones sobre la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay, un sistema troncal del cual el Riacho Barranqueras actualmente no forma parte de manera directa. El presidente de Colono aclaró que “existen por ahí metodologías que lo pueden incluir a futuro, pero actualmente no forma parte de la licitación de la hidrovía”. Sin embargo, se mostró optimista sobre la posibilidad de incorporar el mantenimiento del riacho en las mesas de negociación nacionales: “Lo que sí podemos llevar adelante son negociaciones para que se pueda llevar adelante el dragado, incluyéndolo en ese pliego, pero actualmente no forma parte”. Para Molina, recuperar la navegabilidad no solo es una necesidad técnica, sino también una urgencia económica y ambiental. El transporte mediante barcazas representa un alivio sustancial para la infraestructura vial y una reducción drástica de costos operativos para los productores locales. Poniendo en dimensión la capacidad del transporte fluvial, el directivo remarcó que “cada convoy de barcazas que vemos pasar son más de 500 camiones que se trasladan por ese convoy, son 500 camiones menos en la ruta, eso es representativo y además obviamente los costos que son mucho menores en el caso de trasladarlo por barcaza”. Recordando intentos frustrados de gestiones anteriores, fue tajante al señalar que las embarcaciones adquiridas en el pasado por la provincia “nunca sirvieron, esa es una realidad”. La falta de una flota con bandera argentina es otra de las problemáticas que fustigó el funcionario, quien apuntó a la necesidad de reformar y aplicar la ley de cabotaje para permitir que embarcaciones extranjeras puedan operar internamente de manera provisoria. “Para tener navieras hoy en día que no existen de bandera nacional que hagan el trayecto Barranqueras-Rosario es importante la ley de cabotaje”, afirmó. Esta normativa permitiría que las barcazas de otros países, mayoritariamente paraguayas, trasladen la carga local entre los puertos internos antes de su exportación definitiva, resolviendo de forma transitoria la falta de flota propia en una hidrovía que une a cinco países pero que “uno de los únicos que no lo aprovecha como corresponde es la Argentina”, a pesar de poseer el tramo más extenso del recorrido. Al ser consultado sobre los motivos por los cuales Paraguay ha logrado consolidar una imponente flota naviera en comparación con la Argentina, Molina argumentó que se trata de una consecuencia directa de las políticas fiscales y de la falta de previsibilidad a largo plazo en nuestro país. “La realidad es una cuestión impositiva de visión a largo plazo. Ellos lo que han hecho es brindar desde el Estado muchas condiciones favorables para que las navieras puedan radicarse ahí y tributen en mucho menor medida que en la Argentina”, analizó. Según su visión, este escenario provocó el éxodo de grandes firmas argentinas hacia el país vecino, una tendencia que el actual proceso de desregulación busca revertir. “Nos estamos convirtiendo en un país serio y en un país que brinde las condiciones necesarias para que nos desarrollemos, no solamente ahora, de acá a 100 años; las empresas tienen que tener previsibilidad para venir y operar como corresponde”, defendió. En ese sentido, ponderó el impacto de las modificaciones a la ley de puertos como una herramienta dinamizadora para la inversión privada, manteniendo el control estatal pero flexibilizando las metodologías de explotación comercial. “Lo que brinda son mejores condiciones para que lo pueda explotar el Estado propiamente dicho, como lo hace hoy en día, pero también brinda condiciones favorables para que la actividad privada se desarrolle y que esté regulado a través de licitación pública, reglas claras, tarifas reguladas”, precisó Molina, subrayando además que el nuevo marco legal resguarda los derechos laborales de los operarios portuarios. Mientras se resuelven estas reformas de fondo, Colono continúa operando activamente y diversificando sus unidades de negocio más allá del acopio de granos de grandes clientes como la Unión Agrícola de Avellaneda. Molina destacó el rol estratégico que cumple la empresa en el área sanitaria a través del almacenamiento y distribución de medicamentos desde su planta de la ruta 16. “Es una actividad que se lleva adelante todos los días con un nivel de precisión absoluta, porque estamos manejando un material que es muy sensible. Prestamos un servicio al Ministerio de Salud y eso se desarrolla