Durante los controles realizados el fin de semana, la Municipalidad detectó numerosas infracciones vinculadas al incumplimiento de las normas de seguridad vial. También se labraron cerca de 170 actas. La Municipalidad de Resistencia, con la colaboración de la Policía Caminera, desplegó durante el fin de semana un amplio operativo de control vehicular en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad vial y promover el respeto de las normas de tránsito. Como resultado de los procedimientos, las autoridades detectaron numerosas infracciones, entre las que sobresalieron los casos de conductores que circulaban sin casco de seguridad y quienes dieron positivo en los controles de alcoholemia. Según informaron desde el Municipio, un total de 54 motocicletas fueron removidas de la vía pública por distintas faltas a la normativa vigente. Además, se registraron 15 conductores con resultados positivos en los test de alcoholemia realizados durante los operativos. En paralelo, los inspectores labraron aproximadamente 167 actas de infracción por diversas irregularidades vinculadas a la documentación obligatoria, elementos de seguridad y otras transgresiones a las normas de tránsito. Desde la comuna remarcaron que este tipo de controles tienen un carácter preventivo y buscan reducir los riesgos de siniestros viales, generar conciencia entre los conductores y garantizar una circulación más segura para toda la comunidad. Las autoridades adelantaron que los operativos continuarán desarrollándose de manera periódica en diferentes sectores de la ciudad como parte de la política de seguridad vial impulsada por el Municipio.
Autor: Redacción General
El operativo fue realizado sobre Ruta Provincial N°13 en el marco de controles rurales preventivos. Efectivos de la Sección Rural Villa Berthet realizaron este domingo un operativo de prevención contra la caza furtiva y delitos en el ámbito rural, que culminó con el secuestro de carne de animales silvestres, herramientas y otros elementos utilizados para la actividad ilegal. El procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de Ruta Provincial N°13, zona de Haumonia, donde los uniformados interceptaron una camioneta Ford F-100 en la que se trasladaban dos hombres junto a seis perros de caza. Durante el control, los ocupantes manifestaron haber estado cazando en un campo sin autorización. Por ello, y conforme lo dispuesto por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, se procedió al secuestro de unos 8 kilos de carne de guazuncho, 6 kilos de chancho moro, cuchillos, linternas, bolsas de caza y otros elementos utilizados en la actividad furtiva. Los infractores fueron notificados por infracción a la Ley de Caza.
Efectivos policiales de Santa Sylvina esclarecieron en pocas horas un grave hecho investigado como supuesta tentativa de homicidio con arma de fuego, logrando la aprehensión de dos hombres y el secuestro de un arma, teléfonos celulares y un vehículo presuntamente utilizado en el ataque. La intervención comenzó tras un llamado al servicio de emergencias 101 que alertaba sobre una situación extraña en calle Eva Perón. Al arribar al lugar, los agentes hallaron una bicicleta abandonada y recabaron testimonios de vecinos, quienes manifestaron haber escuchado un fuerte estruendo y observado a un ciclista junto a un automóvil blanco con dos ocupantes. Horas más tarde, un adolescente de 16 años se presentó junto a su tutor y relató que, mientras circulaba en bicicleta cerca de la Escuela E.E.S. N°18, fue interceptado por dos hombres que descendieron de un automóvil Volkswagen Gol blanco. Según su declaración, al intentar escapar escuchó una detonación similar a un disparo de arma de fuego y se arrojó al suelo. Posteriormente, bajo amenazas, habría sido obligado a subir al vehículo, donde le sustrajeron su teléfono celular. Siempre de acuerdo al testimonio del menor, fue trasladado hacia una zona rural cercana a la Ruta Provincial N° 5, donde habría sido golpeado y nuevamente amenazado de muerte. En ese contexto, uno de los agresores habría efectuado otro disparo sin llegar a lesionarlo. La víctima fue examinada en el hospital local, donde se diagnosticaron dolencias en la región de cabeza y cuello. A partir de las tareas investigativas, la Policía logró demorar a un hombre de 22 años y posteriormente localizar a otro de 27 años, a quien durante un cacheo preventivo le secuestraron una pistola calibre .22 y dos teléfonos celulares, entre ellos el denunciado como sustraído por la víctima. Asimismo, los investigadores identificaron y secuestraron el automóvil Volkswagen Gol presuntamente utilizado para cometer el hecho. Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal N° 4, ambos sujetos fueron notificados de su aprehensión en una causa por “Supuesta Tentativa de Homicidio con arma de fuego”, mientras continúan las diligencias judiciales.
Está prevista esta semana una reunión entre funcionarios del Gobierno y los rectores para acercar posiciones; buscarán una solución antes de que se pronuncie el máximo tribunal de Justicia del país. Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano. El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple con el argumento de que carece de los fondos para hacerlo y la norma no los identifica, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores, donde hay buena predisposición para llegar a un arreglo, dijeron fuentes oficiales a La Nación. Ambas partes planean reunirse esta semana − evalúan una convocatoria para este miércoles o a más tardar el jueves − en pos de intentar acercarse a un acuerdo en el corto plazo, según pudo pudo saber este medio. Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello. En particular, interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales, y están al tanto de las alternativas del diálogo el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que llevó el caso a la Corte Suprema a través de un per saltum que no prosperó. También sigue las tratativas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fuentes universitarias y legislativas confirmaron el desarrollo de estas conversaciones. De parte de las casas de altos estudios, la voz cantante la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de presidente del CIN. De hecho, los representantes del Gobierno y los rectores nucleados en el CIN se reunirán este miércoles o jueves, para acercar posiciones y buscar encaminar una solución hacia fines de la semana que se inicia, indicaron desde ambas orillas al medio porteño. “Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”. De momento, existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los representantes de las universidades y lo que está dispuesto a aprobar el Gobierno.“Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, dijo una fuente oficial que sostuvo que apuntan a cerrar el asunto hacia el fin de semana. El conflicto por la ley de financiamiento universitario se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y en tomas de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini. Los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios decidieron las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales. La ley encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los fondos y que eso se traduzca en un aumento salarial de los docentes. En lo central, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, y las partidas para las universidades tomando como base la pérdida de recursos del sector desde diciembre de 2023. La Nación
Personal especializado intensificó las tareas investigativas en la zona rural donde fue encontrado el dispositivo móvil del joven buscado por la Policía del Chaco desde el día sabado a la siesta. Tras esta novedad, personal especializado se dirigió de inmediato al sector señalado por la persona que encontró el dispositivo, quien indicó el punto exacto del hallazgo. En el marco de la causa por la desaparición de Jonathan Alberto Blanco, de 23 años, efectivos del Sistema Provincial de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, dependiente de la Dirección General de Investigaciones Criminales, llevaron adelante nuevas diligencias para establecer su paradero. Durante la jornada, familiares informaron a los investigadores que el teléfono celular perteneciente al joven habría sido encontrado por un hombre que frecuenta la zona por actividades de pesca junto a su familia. El hallazgo fue puesto en conocimiento de las autoridades y el aparato fue formalmente secuestrado en la Comisaría de Puerto Tirol, para posteriormente ser remitido a la Comisaría Cuarta Metropolitana, conforme directivas judiciales. Tras esta novedad, personal especializado se dirigió de inmediato al sector señalado por la persona que encontró el dispositivo, quien indicó el punto exacto del hallazgo. Posteriormente, se sumaron efectivos de la División VANT (Vehículos Aéreos No Tripulados), quienes realizaron sobrevuelos sobre el área, aunque sin resultados positivos. Paralelamente, se efectuó un intenso rastrillaje terrestre en inmediaciones del lugar, utilizando a los canes especializados. Asimismo, desde la Comisaría de Puerto Tirol y Comisaria 4ª Rcia, reforzaron las tareas investigativas y de búsqueda en sus respectivas jurisdicciones. Cualquier novedad sobre la persona, favor de acercarse a la unidad más próxima a su domicilio o bien comunicarse a Comisaria Cuarta Resistencia al 3624385648 o al servicio de emergencias 911.
”Lo importante para un productor es saber que tiene garantizado su pedacito de tierra”, aseguró el gobernador Zdero, durante el acto realizado en el Paraje rural Villa Fortuny, de Castelli. Este domingo, el gobernador Leandro Zdero entregó títulos de propiedad administrativos y adjudicaciones de tierras fiscales destinadas a productores rurales del departamento General Güemes. La iniciativa forma parte de una política provincial orientada a fortalecer la seguridad jurídica, promover el arraigo de las familias rurales y acompañar el desarrollo productivo del interior chaqueño.Durante el acto, el mandatario provincial destacó el valor que tiene para los productores contar con la titularidad de las tierras que trabajan. “porque eso le brinda tranquilidad y le asegura un futuro”, expresó. En ese contexto, Zdero remarcó el potencial productivo de El Impenetrable chaqueño y señaló que el crecimiento de la provincia está estrechamente vinculado al desarrollo del sector rural. “La posibilidad de trascender nuestras fronteras, de crecer como chaqueños y de cambiar nuestra matriz productiva nace de nuestra tierra, del Chaco profundo”, afirmó. Asimismo, sostuvo que el campo ocupa un lugar central en la estrategia de desarrollo provincial. “El campo es lo que puede posicionarnos, a través de nuestros productos y del esfuerzo de quienes trabajan la tierra, en el mapa nacional e internacional. Nada de lo que hacemos es casualidad, responde a una convicción profunda de que este camino puede darle presente y futuro al Chaco”, manifestó. El gobernador también recordó las demoras y dificultades que durante años enfrentaron muchas familias rurales para acceder a la regularización de sus tierras. “Queremos terminar con tantos años de espera y con una deuda eterna que tiene el Estado para con los productores de nuestra provincia”, señaló. Finalmente, destacó que la entrega de títulos y adjudicaciones representa el cumplimiento de un compromiso asumido con los productores. “Esto significa cumplir con lo que nos comprometimos a hacer, sin ningún tipo de intermediarios. El futuro se construye con esfuerzo y trabajo, y los chaqueños nos vamos a poner de pie. Estoy convencido de que Chaco va a salir adelante”, concluyó. Regularización dominial y acompañamiento a los productores Por su parte, la presidente del Instituto de Tierras Fiscales, Marylin Canata, destacó el trabajo que viene desarrollando el organismo para avanzar con la regularización dominial en toda la provincia. “Chaco es una provincia maravillosa, que necesita ser trabajada y por eso hoy estamos aquí para hacer realidad el sueño de muchos productores de la zona”, expresó. Canata informó que durante la jornada se entregaron 47 adjudicaciones y 22 títulos de propiedad, y ratificó el compromiso del organismo con los productores rurales. “El Instituto tiene las puertas abiertas para todos los productores. Nuestras 18 oficinas están en funcionamiento y hoy los trámites se realizan de manera directa, sin intermediarios”, indicó. “Es un orgullo que el Gobernador esté en mi casa” A su turno, el productor rural Jorge Recosqui, propietario del predio donde se desarrolló la actividad, agradeció la presencia del gobernador y valoró la importancia de la regularización de tierras para las familias rurales. “Es un orgullo que el gobernador esté en mi casa. La regularización de tierras es una de las cosas más importantes que puede recibir la gente del campo”, afirmó. La actividad contó además, con la participación de Julio Fantin y Orlando Morán, del Ministerio de la Producción; los diputados provinciales Maida With y Adrián Zukiewicz, el intendente de Nueva Pompeya, Vicente González; el titular del Programa Ñande, Belchi Silva; el vocal de APA, Luis Castagno; junto a demás autoridades provinciales y locales. La entrega de estos instrumentos constituye un paso fundamental para brindar seguridad jurídica a las familias beneficiarias, garantizando el reconocimiento formal de los derechos sobre las tierras que ocupan y trabajan. Además, fortalece las posibilidades de desarrollo productivo, promueve el arraigo rural y contribuye al crecimiento de las comunidades del departamento General Güemes.
La caída significó una pérdida de 14.398 vehículos vendidos respecto a 2025. Entre enero y mayo de 2026 se patentaron 247.187 vehículos, lo que marca una caída del 9,7% en comparación con el acumulado del año pasado. El patentamiento de autos cayó 25,6% interanual durante mayo y retrocedió 12,2% mensual, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Esta caída se tradujo en 41.921 unidades vendidas, lo que representa 14.398 vehículos menos respecto de los 56.319 registrados el año pasado. De esta manera, en los cinco meses acumulados del año se patentaron 247.187 unidades, un 9,7% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 273.819 vehículos. Esta parálisis del mercado se enmarca en la profunda crisis económica que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei. Al analizar la performance del mes pasado, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que “el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual, la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones”. En la comparación mensual se produjo un declive del 12,2%, ya que en abril se habían patentado 47.564 rodados. Beato hizo referencia al ingreso de nuevos competidores al indicar que “ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y generaron una oferta muy amplia y competitiva”. Por otro lado, remarcó que en el sector van a trabajar para establecer cambios en temas fundamentales como la carga impositiva, “que sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo”, las tasas de financiación y los costos bancarios, que “inciden mucho en las operaciones”. Al respecto, Beato aseguró que “son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”. En este panorama, afirmó: ”Las concesionarias continuamos desempeñando un rol central para mantener el nivel de actividad, acompañando al cliente con promociones, alternativas de financiación, previsibilidad y confianza en la decisión de compra, porque hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la post venta”. Entre las marcas, Toyota lideró nuevamente en el quinto mes del año con 5.760 unidades vendidas, seguida por Volkswagen (4.954) y Fiat completó el podio (4.607). Por detrás aparecen Ford (4.030), Chevrolet (3.438), Renault (2.508), Peugeot (2.506), BYD (1.701), Citroën (1.379) y Jeep (914). En relación con los modelos, el liderazgo de patentamientos sigue siendo de la Toyota Hilux con 2.309 unidades, seguido por la Ford Ranger en el segundo lugar con 1.672 unidades patentadas, y el podio lo completó el Fiat Cronos con 1.627 unidades registradas. Los 10 modelos más patentados en mayo Toyota Hilux: 2.309Ford Ranger: 1.672Fiat Cronos: 1.627Ford Territory: 1.589Peugeot 208: 1.279Volkswagen Amarok: 1.172Chevrolet Onix: 1.156Toyota Yaris Cross: 1.034Chevrolet Tracker: 1.006Volkswagen Tera: 987 El Destape
De la Espriella, admirador de Milei y Bukele, obtenía el 43,7 por ciento de los votos ante el 40,9 por ciento del delfín del actual presidente. El uribismo se derrumbó. El candidato progresista esperará al escrutinio oficial y denunció irregularidades Con un escenario más polarizado de lo previsto por las encuestas, el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, admirador de Javier Milei y Nayib Bukele, obtenía el 43,7 por ciento de los votos frente al 40,9 por ciento de Iván Cepeda, postulante de Gustavo Petro, según el preconteo. Sin embargo, Cepeda dijo en la noche ante sus seguidores que corresponde esperar al escrutinio oficial y denunció irregularidades: “Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados”. En un hotel del centro de Bogotá, el candidato del Pacto Histórico retomó las denuncias que había difundido el presidente Petro en su cuenta de X (antes Twitter). “Hay dos situaciones que son confusas en el preconteo electoral” – el cual usa un software privado -, señaló, sugiriendo una supuesta manipulación. “El presidente de la República se pronunció sobre un desfase del censo electoral que queremos verificar. Hablamos de 866 mil cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”. Y agregó Cepeda: “Existen indicios sobre un número indeterminado de mesas en las que se presentó una votación atípica. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen aclarado el asunto nos vamos a pronunciar”. Por otro lado, Cepeda acusó al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, de haber metido mano en las elecciones presidenciales al estar “complotado” con su rival. “Autoridades e incluso gobiernos extranjeros están metiéndole la mano a nuestras elecciones, como ha ocurrido con el señor presidente Noboa, motivado o seguramente concertado y complotado con el señor De la Espriella”, expresó. Es que Noboa anunció en sus redes un acuerdo con el candidato ultra en materia de seguridad, comercio y energía, lo que fue interpretado como un injerencismo. Minutos después del discurso de Cepeda, De la Espriella apareció ante sus seguidores sobre una embarcación en el río Magdalena, en la ciudad de Barranquilla. “El premio para mí es sencillamente saber que 10 millones de colombianos le pusieron la raya al tigre”, gritó el candidato millonario con residencia en Italia, tras un cristal blindado sobre un escenario encima del barco, decorado con luces amarillas, azules y rojas, los colores de Colombia. De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, dijo que es un hombre dispuesto a hacer todo por el país. “El peligro tiene un nombre: Iván Cepeda, un aliado de narcoterroristas. La neutralidad es complicidad”, sostuvo ante sus seguidores el abogado, conocido por haber defendido a clientes procesados por estafas piramidales y quien promete cárcel o muerte para los criminales, al estilo Bukele en El Salvador. También se ha mostrado admirador de la motosierra de Milei. “Cepeda, te vamos a derrotar”, exclamó quien se hace llamar “El Tigre”. El desplome del uribismo tradicional La gran sorpresa de esta primera vuelta fue el derrumbe de Paloma Valencia, candidata del expresidente Álvaro Uribe. La senadora de derecha dura obtuvo apenas un 6,9 por ciento, una cifra muy por debajo del 15 por ciento que señalaban las encuestas. Voces expertas señalaron que la mayoría de los votantes uribistas abandonaron anticipadamente a la candidata en favor del aspirante de ultraderecha. Tan pronto como se conocieron los resultados, Valencia dio su apoyo a De la Espriella para, según dijo, “estar firmes al lado de las ideas de la libertad”. Sostuvo: “Derrotemos a Iván Cepeda. Que el neocomunismo no continúe”. También habló Uribe en un mensaje grabado: “Acepto que hemos perdido y apoyamos a De la Espriella”, dijo el expresidente, quien ha estado enfrentado judicialmente con Cepeda por décadas. Por otro lado, el centrista Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, consiguió el 4,18 por ciento, mientras que la exalcaldesa de Bogotá, también centrista, Claudia López, quedó en cuarto lugar con el 0,94 por ciento. Fajardo agradeció el millón de votos que lo acompañó: “Este millón de votos es clave”, afirmó, señalando que en los próximos días reflexionará sobre a quién otorgará su apoyo. La participación fue del 56 por ciento del censo electoral, en un país donde el sufragio no es obligatorio. Los retos de la izquierda A la luz de los resultados, Bogotá votó mayoritariamente por Cepeda, representante de la continuidad del gobierno progresista. Cepeda ganó de forma contundente en los cascos urbanos de la capital colombiana, Cali y Cartagena, en el norte del país, el sur y la Amazonía. El candidato del Pacto Histórico sufragó por la mañana en el Colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital. Bonilla, de la Fundación Pares, señaló lo que considera un error en la campaña de Cepeda en esta primera vuelta: “Cepeda cometió el error de tener como principal rival al uribismo, y eso hace rato que en Colombia dejó de ser así. El uribismo es un movimiento que saca votos en el Congreso, pero ya no mueve la presidencia de la República. Para la experta, de cara al balotaje, “Cepeda ahora tiene que hablarle a los sectores informales de la economía; porque si bien se aumentó el salario mínimo y hubo reformas sociales, debe dar respuestas económicas frente a un De la Espriella que propone disminuir el gasto del Estado y atacar las instituciones”. Avanzada la noche, los simpatizantes del senador oficialista, que se congregaron en el Salón Rojo del Hotel Tequendama de Bogotá para seguir el conteo, se quedaron con un festejo medido después de las palabras de su candidato. Página 12
La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral 27.802 introduce modificaciones en negociación colectiva, actividad sindical, registración de trabajadores, licencias médicas, plataformas digitales y empresas de servicios eventuales. El Gobierno nacional reglamentó aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral 27.802 mediante el Decreto 407/2026, que incorpora cambios en convenios colectivos, sindicatos, registración laboral, plataformas digitales y servicios eventuales. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y establece que la Secretaría de Trabajo deberá convocar en un plazo de 30 días la renegociación de los convenios colectivos de trabajo vencidos. También fija criterios para considerar alcanzados por esa situación a acuerdos que no cuenten con una fecha expresa de finalización. La reglamentación dispone además que los aportes, contribuciones y retenciones previstos en convenios colectivos deberán computarse de manera global y adecuarse a los topes establecidos por la ley. En materia sindical, incorpora nuevos requisitos para la obtención de la personería gremial, exige verificaciones de afiliados mediante registros estatales y determina que una organización deberá superar en al menos un 5% de afiliados cotizantes a otra entidad para desplazarla en un mismo ámbito de representación. Asimismo, introduce restricciones para el uso de horas gremiales, que deberán notificarse con al menos 48 horas de anticipación, no podrán acumularse y no deberán afectar sectores críticos de las empresas. La norma también avanza en la digitalización de las relaciones laborales. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la registración de trabajadores se realizará a través de los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), eliminando la obligación de llevar libros laborales físicos o digitales. En ese marco, los recibos de sueldo deberán incorporar una nueva estructura con el detalle de contribuciones patronales, descuentos, salario bruto, salario neto y costo laboral total a cargo del empleador. Respecto de las licencias médicas, los certificados que indiquen reposo laboral deberán emitirse en formato electrónico mediante plataformas sanitarias registradas y por profesionales habilitados. Por otra parte, el decreto designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen de servicios privados de movilidad y reparto mediante plataformas tecnológicas, actividad regulada bajo un esquema específico distinto al régimen general de la Ley de Contrato de Trabajo. La reglamentación también modifica el régimen de las empresas de servicios eventuales al simplificar requisitos de inscripción y ampliar los supuestos en los que podrán ser contratadas por empresas usuarias. En el sector de la construcción, la registración laboral dejará de estar a cargo del IERIC y pasará a centralizarse en ARCA, organismo que administrará las altas, bajas y modificaciones de las relaciones laborales. Según el Gobierno, las medidas buscan reducir cargas administrativas, promover la formalización del empleo, mejorar la transparencia y adecuar la legislación laboral a los sistemas digitales vigentes. NA
Momentos de extrema violencia se vivieron este sábado por la tarde en la zona este de la capital chaqueña, cuando un procedimiento de rutina de la Dirección General de Inspecciones terminó con inspectores municipales agredidos físicamente y un tumulto generalizado frente a un comercio mayorista. Según consta en las denuncias penales radicadas en la Comisaría Novena de Resistencia por dos inspectores municipales, el hecho se desencadenó cerca de las 18:30 horas en un local ubicado en la Avenida 9 de Julio Nº 2934, que gira bajo el nombre comercial de “Locas Mayoristas”. Falta de habilitación y resistencia Los agentes municipales se constituyeron en el lugar por directiva de sus superiores y constataron que el local se encontraba atendiendo al público a puertas abiertas. Al solicitar la documentación pertinente, el gerente del comercio exhibió únicamente un trámite de solicitud de habilitaciones comerciales, “un cartón” que según explicaron las autoridades no los regula ni los faculta para ejercer la actividad comercial activa. Ante esta irregularidad, los inspectores notificaron que se procedería a aplicar la correspondiente multa y la clausura preventiva del establecimiento. Minutos después, se hizo presente en el lugar un hombre que adujo ser el dueño del local, adoptando una postura sumamente hostil. Conforme al relato de los denunciantes, este sujeto comenzó a incitar a la violencia a sus empleados, instándolos a salir a la vereda, y empezó a pedir mediante redes sociales el apoyo de la gente, alegando una supuesta “persecución laboral”. Además, testigos indicaron que solicitaban “cubiertas y pallets de madera” con la clara intención de cortar la calzada. Las agresiones Dada la marcada superioridad numérica del personal del comercio y la agresividad en aumento, los municipales debieron solicitar de urgencia la intervención del personal policial de la Comisaría Novena. A pesar de la tensión, los inspectores lograron labrar de forma consecutiva tres actas: A las 18:30 hs: Acta de Infracción Nº 6020057 (por no exhibir la habilitación comercial al momento de la inspección). A las 18:35 hs: Acta de Clausura Nº 6033322 y a las 19:30 hs: Acta de Infracción Nº 6020058 (por entorpecer el procedimiento de inspección). El peor momento de la jornada se dio cuando los funcionarios municipales se dispusieron a pegar las fajas de clausura sobre los vidrios del frente. En ese instante, los empleados del comercio se abalanzaron de forma violenta sobre ellos, arrebatándoles tres fajas de clausura y propinándoles golpes de puño y empujones. Como consecuencia del ataque físico masivo, uno de los inspectores resultó con lesiones corporales. Un demorado y causa judicial Ante el desborde de la situación, los efectivos de la Policía de la Provincia del Chaco que se encontraban en el lugar debieron intervenir de inmediato para resguardar la integridad física de los municipales y procedieron a la demora de uno de los agresores, quien fue el que inició el arrebato de los elementos públicos. Los inspectores damnificados decidieron accionar penalmente contra el presunto propietario y todos los empleados que formaron parte de las agresiones. La causa quedó radicada bajo la instrucción de la Comisaría Novena, y se espera que en las próximas horas la Fiscalía en turno ordene nuevas medidas de rigor ante los delitos de resistencia a la autoridad, lesiones y daños a bienes del Estado. Finalmente, el Municipio informa que el operativo de clausura con la colocación de las fajas correspondiente tuvo que desarrollarse con el apoyo del Cuerpo de Infantería de la Policía además de efectivos de la Comisaría Novena, más la presencia personal de la Dirección General de Tránsito y la Dirección General de Inspecciones.
La Subsecretaría de Ambiente del Ministerio de la Producción del Chaco, intensificó los controles sobre el Río Paraná con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la Disposición N°023/2026, que establece una veda extraordinaria de pesca de carácter transitorio, vigente desde el pasado 29 de mayo. La medida fue adoptada tras la detección de un importante cardumen de surubí en el tramo comprendido entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y la zona conocida como “Los Cables”, con el propósito de resguardar la reproducción y conservación de esta especie emblemática de la fauna ictícola regional. En el área alcanzada por la disposición se encuentra prohibida toda modalidad de pesca, incluyendo la comercial, deportiva y de subsistencia, mientras dure la vigencia de la veda. Los operativos de fiscalización y control son llevados adelante por la Brigada Operativa Ambiental (BOA), en conjunto con la Policía Fluvial del Chaco, organismos de Recursos Naturales de la provincia de Corrientes y la Prefectura Naval Argentina, quienes realizan recorridas permanentes y tareas de monitoreo en la zona. Desde la Subsecretaría de Ambiente destacaron la importancia de estas acciones para proteger los recursos pesqueros y preservar la biodiversidad del Río Paraná, al tiempo que solicitaron la colaboración de la comunidad para respetar las restricciones vigentes. Asimismo, recordaron que el cumplimiento de la normativa resulta fundamental para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y la conservación de las especies que habitan el río.
La entidad empresaria calificó de regresivas las propuestas del organismo internacional. Apuntó contra Ingresos Brutos y las tasas municipales. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó este domingo las recomendaciones de reforma tributaria que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presentó para Argentina y reclamó la convocatoria urgente a un nuevo “consenso fiscal” entre la Nación, las provincias y los municipios. La entidad sostuvo que las medidas sugeridas por el organismo internacional, entre ellas la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias, la extensión del IVA a bienes y servicios exentos y los cambios en el régimen del Monotributo, afectan principalmente a trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores. “Son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos”, afirmó CAME en un comunicado. CAME cuestionó el diagnóstico del FMI Según la entidad pyme, el FMI omitió en su análisis uno de los principales factores que afectan la competitividad de las empresas: la presión tributaria provincial y municipal. En particular, apuntó contra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y las tasas retributivas de servicios municipales. De acuerdo con CAME, estos tributos representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, independientemente de su nivel de rentabilidad. La organización explicó que el IIBB opera como un impuesto en cascada, ya que se aplica en cada etapa de la cadena productiva y acumula costos que luego se trasladan a la actividad económica. El impacto de los saldos a favor Otro de los cuestionamientos de CAME se concentró en los regímenes de retención y percepción aplicados por las provincias. La entidad aseguró que las empresas suelen pagar por adelantado montos superiores a los que finalmente deben tributar. Como consecuencia, generan saldos a favor que luego encuentran dificultades para recuperar. Según detalló, los mecanismos de compensación resultan insuficientes porque los nuevos saldos acumulados superan la capacidad de absorción mensual de los contribuyentes. Además, indicó que los trámites de devolución pueden demorar entre 12 y 36 meses, período durante el cual esos créditos fiscales pierden entre 60% y 80% de su valor real debido a la inflación. Para CAME, este esquema funciona como un “préstamo forzoso sin remuneración” al Estado provincial y afecta directamente el capital de trabajo de las empresas. La propuesta de un nuevo consenso fiscal Frente a este escenario, la entidad empresaria propuso avanzar en una reforma estructural del sistema tributario subnacional. El objetivo, señaló, no debe limitarse a una reducción de alícuotas, sino establecer reglas permanentes para armonizar bases imponibles, regímenes de retención y mecanismos de devolución en todo el país. Entre las principales iniciativas planteadas figura la eliminación del IIBB en las etapas intermedias de producción, con aplicación exclusiva en la venta final al consumidor, bajo un esquema similar al del IVA. También propuso fijar una alícuota máxima de retención del 1%, indexar automáticamente los saldos a favor mediante el CER, establecer un plazo máximo de 90 días para las devoluciones y publicar estadísticas trimestrales sobre los créditos fiscales acumulados. Reclamo por las tasas municipales CAME también pidió avanzar sobre las tasas municipales que, según indicó, aplican más de 2.300 municipios con criterios heterogéneos y escasa transparencia. La entidad sostuvo que muchas de estas cargas carecen de una contraprestación verificable y constituyen un obstáculo para la inversión y la radicación de empresas en el interior del país. Como parte de la propuesta, planteó fortalecer el rol de la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral para fiscalizar el cumplimiento de los plazos de devolución, validar los coeficientes de distribución y coordinar la aplicación de las nuevas reglas tributarias entre las jurisdicciones. Bae Negocios
El Tren 25 de Mayo ya se encuentra en la provincia del Chaco y desde este lunes, iniciará su atención en la localidad de Hermoso Campo, acercando a los vecinos controles preventivos de Salud, trámites registrales y asesoramiento integral. La formación está compuesta por vagones equipados para brindar prestaciones de salud y facilitar el acceso a organismos provinciales y nacionales, permitiendo que los chaqueños realicen trámites y controles sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. Entre las atenciones disponibles se encuentran servicios de fonoaudiología, oftalmología, clínica médica, pediatría, odontología, cardiología, salud mental, obstetricia, enfermería, vacunatorio y ecografías. Además, el tren cuenta con espacios destinados a biblioteca, cine y actividades educativas, culturales y recreativas. También estarán presentes organismos como Ñachec, IPRODICH, Registro Civil, INSSSEP, ANSES y RENAPER, ofreciendo asistencia y gestión de distintos trámites.Para acceder a las atenciones médicas, los interesados deberán presentarse con DNI para realizar el fichado correspondiente, completar la admisión presencial y obtener el turno de atención. Operativo registral y asesoramiento Durante las jornadas del martes y miércoles se desarrollará un operativo especial de servicios registrales y asesoramiento destinado a la comunidad.La Inspección General de Personas Jurídicas brindará asesoramiento integral y personalizado a asociaciones civiles y comerciales, acompañando los procesos de regularización institucional y respondiendo consultas vinculadas a su funcionamiento. Por su parte, el Registro Civil de Resistencia acompañará el operativo de RENAPER a través de una casilla móvil que partirá hoy a las 14 horas. Entre los servicios que se prestarán se encuentran la gestión de inscripciones tardías y el programa DNI a Domicilio, destinado exclusivamente a personas que, por motivos de salud, no puedan trasladarse hasta el tren sanitario o las unidades móviles.
Al menos ocho gobernadores del Norte Grande habían confirmado durante el fin de semana su asistencia a la reunión de este martes a las 10 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad de Buenos Aires para en medio de las negociaciones de varias provincias con el gobierno de Javier Milei tras la modificación del Régimen energético de zonas frías en Diputados. Desactivan pedido de audiencia a Javier Milei. Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Elías Suárez (Santiago del Estero), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) volverán a verse las caras tras la modificación del régimen energético de zonas frías impulsado por la Casa Rosada y aprobado con el apoyo de la varios de los legisladores nacionales de estas provincias. Con la excepción de los peronistas Quintela, Insfrán y el santiagueño Suárez, prácticamente todo el bloque del Norte Grande se plegó a la iniciativa de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. A cambio de ese apoyo al gobierno de Javier Milei, sería inminente la publicación de una resolución de la Secretaría de Energía para lograr algún tipo de beneficio en el monto de las tarifas para sus provincias a partir de diciembre. El ahorro del Gobierno Con la medida que se aprobó en Diputados, y en caso de convertirse en ley en el Senado, quedarán excluidos del beneficio 55 departamentos en la provincia de Buenos Aires, 3 en Catamarca, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 3 en La Rioja, 6 en Mendoza, 8 en Salta, 11 en San Juan, 8 en San Luis, 8 en Santa Fe y 1 en Tucumán. Desde el Gobierno argumentan que con esta modificación se logra un ahorro fiscal de entre $200 y $460 mil millones de pesos. El proyecto se logró sancionar en la Cámara baja a partir de las negociaciones a la carta de Diego Santilli con un grupo de provincias del Norte Grande para otorgarles beneficios a través de subsidios a la energía eléctrica para compensar en el verano, zona de mayor consuno energético en estas “zonas calientes”, la suba de tarifas que sufrirán los pobladores de sus distritos por la modificación del régimen de zonas frías. Allí aparecen los gobernadores de Misiones, Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán, integrantes fijos del staff de aliados del Gobierno en el Congreso. En medio de esa negociación con la Casa Rosada, y a la espera de la resolución de la Secretaría de Energia que lo comente como “zona caliente” de cara al alto consumo energético que registran sus provincias en el verano, la reunión de este martes asoma menos belicosa que el último encuentro del Norte Grande celebrado en noviembre del 2025 en Santiago del Estero. “Por medio de la presente, se los convoca a participar de una reunión de trabajo el próximo martes 2 de junio a las 10 horas, en el marco de la construcción de la Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal, iniciativa impulsada junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientada a consolidar una estrategia de desarrollo con perspectiva federal, consensuada y territorial”, anticipa la convocatoria a la que tuvo acceso Ámbito. En noviembre, y en la previa a la votación del Presupuesto, los gobernadores del Norte Grande provinciales habían establecido una dura y extensa agenda de reclamos a Javier Milei que incluía desde fondos de la coparticipación, presupuesto para los sistemas previsionales provinciales y obra pública. En relación a los fondos coparticipables, se registró un aval monolítico al reclamo de La Rioja frente al Gobierno, además de insistir en las demandas vinculadas a deudas por las cajas previsionales de Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. Gobernadores en el CFI En la reunión del martes que estará encabezada por Ignacio Lamothe como titular del CFI, en principio, estas cuestiones no figuran en la orden del dia donde el tema principal sería “La Hoja de Ruta” que los gobernadores del Norte Grade presentan como “una herramienta estratégica para la identificación de desafíos comunes, oportunidades de desarrollo y prioridades nacionales, promoviendo el diseño de políticas públicas articuladas con una mirada de mediano y largo plazo”. Incluso quedó descartado por ahora el anuncio que había hecho el santiagueño Zamora en el último encuentro de gobernadores de reclamarle una audiencia a Milei para plantearle una extensa agenda de reclamos por fondos y obra pública. Durante el encuentro en la sede del CFI en la cale Azopardo se realizará la presentación y validación de los avances de los siguientes capítulos temáticos: El encuentro se inscribe en un proceso iniciado en 2022 en el que hasta la fecha 23 provincias, más de 75 ministros y más de 220 funcionarios/as de distintas carteras han participado del desarrollo de los capítulos temáticos, Jornadas Federales y espacios de intercambio técnico-político, donde se elaboran diagnósticos compartidos, se identifican desafíos comunes y se construyen consensos técnicos y políticos, con el objetivo de debatir, consensuar y consolidar lineamientos que fortalezcan el desarrollo federal del país. Ámbito
El gobernador Leandro Zdero acompañó al intendente de Resistencia, Roy Nikisch y a los vecinos, en la inauguración de las obras de remodelación integral de la Plaza 12 de Octubre, un espacio emblemático de la capital chaqueña que fue completamente renovado para el disfrute de las familias. El mandatario provincial destacó, este sábado, el trabajo articulado que siempre se lleva adelante entre el Gobierno del Chaco y el Municipio de Resistencia, “He hecho un pacto con la ciudadanía para trabajar juntos Provincia y Municipio. Durante mucho tiempo Resistencia no tuvo esa posibilidad y hoy, con una administración responsable, eficiente y transparente, se están logrando obras como esta”, expresó Zdero. El Gobernador recordó además otras intervenciones realizadas en la ciudad, como la recuperación de espacios públicos y el avance de importantes obras de infraestructura. “No se trata solamente de un espacio recreativo. Esta plaza significa modernización, seguridad, higiene y calidad para las familias. Estamos avanzando también en avenidas estratégicas y en distintos puntos de la ciudad gracias a un esfuerzo compartido entre Provincia, Municipio y vecinos”, sostuvo. Asimismo, anunció la continuidad de las mejoras urbanas con nuevas intervenciones en plazas y espacios públicos, al tiempo que valoró la gestión municipal. “Muy pocas veces se puede decir que existe un municipio ordenado, eficiente y transparente, como lo hace Roy (Nikisch). Los vecinos valoran este tipo de obras y nosotros estamos para acompañar y seguir transformando cada rincón de Resistencia”, agregó. “Con el gobernador Leandro Zdero asumimos el compromiso de trabajar juntos por los vecinos” Por su parte, el intendente Roy Nikisch señaló que la recuperación de la Plaza 12 de Octubre forma parte de un plan integral de puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad. “Esta remodelación es el resultado de un trabajo planificado y sostenido. Queremos acercarnos a la gente y brindar espacios de recreación seguros y de calidad para las familias. No solamente vamos a trabajar en las plazas del centro, sino que este proceso se extenderá progresivamente a distintos barrios de la ciudad”, afirmó. Nikisch destacó además el esfuerzo conjunto de todas las áreas municipales y la articulación permanente con organismos provinciales. “Con el gobernador Leandro Zdero asumimos el compromiso de trabajar juntos por los vecinos y las soluciones se construyen de manera conjunta. Ese es el camino que elegimos y los resultados están a la vista”, manifestó. Durante la jornada también se desarrollaron actividades culturales y recreativas organizadas por el Municipio, en el marco de una política que busca fortalecer la cultura, el turismo y la apropiación de los espacios públicos por parte de la comunidad. Acompañaron la inauguración el secretario General de la Gobernación, Julio Ferro; la secretaria de Cultura y Turismo de Resistencia, Bárbara Losch Rosciani; el secretario de Obras y Servicios Públicos, Luis Zarabozo; el secretario de Economía, Ricardo Roffé; y el secretario de Coordinación Ejecutiva, Sergio Almirón, entre otras autoridades.
“Falta de rigor técnico e indiferencia social”. “El problema de los ‘trapitos’ no se resuelve con su prohibición total, sino con inclusión y control”. “Es un populismo punitivo que criminaliza la necesidad”. Es necesario ponerle rostro humano a la realidad social: del Tedeum a la insensibilidad punitiva del oficialismo municipal. Por Mariano Brahim* El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunció una homilía que caló hondo en la fibra política del país durante el Tedeum del 25 de mayo en la Catedral Metropolitana. Ante la mirada del presidente Javier Milei y su gabinete, el religioso cuestionó con dureza los discursos de odio, marcando un puente entre los “odiadores de aquella época y los haters de hoy”, y lanzó un enérgico reclamo sobre la desigualdad. “Tenemos que ponerle rostro humano. Nuestros hermanos que más sufren tienen nombre y apellido, son hermanos, no podemos ser indiferentes. Los ajustes y todo lo que estamos viendo en este tiempo afecta a los más pobres, y es duro”, dijo. Este mensaje, debería ser minuciosamente leído e interpretado por el oficialismo Municipal de Resistencia, que impulsa hoy un proyecto de ordenanza enfocado en la prohibición total y la erradicación de la actividad de los cuidacoches, cuidamotos y limpiavidrios en el ejido municipal; una iniciativa que carece de rigurosidad técnica y que disfraza de “ordenamiento urbano” una preocupante indiferencia social. Aduciendo una supuesta demanda comunitaria, los fundamentos de dicha iniciativa se sostienen sobre una falacia: afirmar que los cuidacoches son meramente personas en situación de calle que no deberían ocupar la vía pública. Esa premisa demuestra un absoluto desconocimiento de la calle y la compleja realidad social, ya que para muchas personas hoy, es esta la única alternativa de subsistencia para llevar el pan a la mesa en un contexto de asfixia económica provocado por las políticas del gobierno nacional, replicadas en la provincia por la gestión de Zdero. Evolución histórica y social: de la emergencia a la regularización La actividad de los cuidadores no nació de la marginalidad, sino de transformaciones socioeconómicas estructurales que atravesó la Argentina: Los orígenes (principios del siglo XX): En las primeras décadas del siglo pasado, surgieron cuidadores informales que colaboraban con los vecinos acomodando carros y luego los primeros automóviles. Se trataba de una labor de “buena vecindad” donde los conductores les dejaban una propina voluntaria a cambio de vigilar los vehículos. La transformación (décadas de los 80 y 90): Con la explosión del parque automotor y las sucesivas crisis, la actividad dejó de ser un servicio de ayuda comunitaria para convertirse en una salida laboral de subsistencia. El quiebre de la crisis (2001): Ante el colapso económico y el desempleo masivo, miles de personas encontraron en el cuidado de vehículos una salida laboral de emergencia para “llenar la olla”. El modelo inclusivo de 2018: cuando el Estado ordenó sin perseguir En la capital chaqueña no es necesario inventar la pólvora ni apelar al desalojo policial; la historia reciente demuestra que la regularización con inclusión es posible. En el año 2018, en oportunidad de desempeñar el cargo de Subsecretario de Transporte de Resistencia, implementamos en la gestión municipal un sistema integral de estacionamiento de motovehículos que transformó a 200 cuidadores informales en operadores formales del sistema, en coordinación y asistencia permanente de la Guardia Comunitaria y las áreas de transito municipal. Tras una audiencia pública con una altísima participación ciudadana, se definieron los espacios específicos del casco céntrico. El municipio realizó un censo y creó un registro estricto que exigía: ser mayor de edad y residir en la ciudad; acreditar una antigüedad mínima de tres años en la actividad; presentar certificado de antecedentes penales y una nota de recomendación firmada por los vecinos de la zona a asignar. En ese marco, el Estado les otorgó credenciales, delimitó zonas y horarios, unificó las tarifas y les proveyó de indumentaria de trabajo. Todo el sistema de cobro fue coordinado mediante un convenio con la cooperativa que los nucleaba, conviviendo en armonía con el estacionamiento medido de automóviles operado por la empresa concesionaria. El resultado fue exitoso: se ordenó el flujo vehicular y se dignificó al trabajador, convirtiéndolo en un sujeto de derechos pero también de obligaciones que le corresponden como ciudadano. Separar el delito de la exclusión social Es imperioso debatir con madurez y sin generalizaciones peligrosas. Repudiamos de manera tajante cualquier acto delictivo, como el grave caso de extorsión sufrido recientemente por un adolescente de 16 años. La extorsión, la amenaza y la violencia son delitos que deben ser procesados, juzgados y castigados por la Justicia con todo el peso de la ley, sin importar quién los cometa. Sin embargo, confundir el delito con una realidad social es un error conceptual y humano gravísimo. Meter en la misma bolsa a las mafias organizadas y a los trabajadores de subsistencia es estigmatizar la pobreza. La prohibición que promueve el ejecutivo y dos concejales de la ciudad de Resistencia dejará a 200 familias en el desamparo absoluto; y cerca de 1.000 personas quedarán desprovistas de su único sustento diario. Gobernar con madurez, no para el titular del diario La función de un concejal – y más aún de aquellos que tienen la responsabilidad de gobernar – no es adoptar las posturas de un populismo punitivo vacío que solo busca el aplauso inmediato o el titular del diario. Una ciudad no se gestiona barriendo a los sectores vulnerables debajo de la alfombra, sino integrando su idiosincrasia, su morfología y respetando tanto los derechos colectivos como los individuales. El problema del espacio público no se resuelve con discursos de barricada ni criminalizando la necesidad, sino con ordenamiento integral, fiscalización estatal, creación de registros y programas reales de inserción laboral que ya fueron aplicados con éxito y que hoy, más que nunca, es urgente recuperar. Pedimos madurez política y respeto por las vecinas y los vecinos de Resistencia. (*) Ex Subsecretario de Transporte Municipalidad de la ciudad de Resistencia (MC)Creador del sistema de operadores de estacionamiento de motos año 2017, Resolución municipal Nº 326 /
La aceitada maquinaria de quienes llegaron al gobierno para hacer negocios: el proyecto que propone legalizar las “cometas”; los leguleyos que gestionan contratos y licitaciones; la relación de la Secretaría Legal y Técnica con el estudio Cassagne, de estrecha vinculación con Santiago Caputo; y la escandalosa ostentación de lujos y bienes de quienes son parte de esta trama, donde se mezclan los intereses privados con el interés público. Por Mauro Federico e Yvy Cángaro Con el trumpismo como faro y la forma de construcción política estatal de los Estados Unidos, Javier Milei va por una medida más para emular el método y el fin. Esta semana el gobierno envió al Congreso el proyecto que ampulosamente denominó “Transparencia y Publicidad en la Gestión de Intereses”; o sea, una ley de lobby para legitimar aquello que hasta ahora era considerado delito, si además implicaba pago de coimas o tráfico de influencias; esto último prácticamente inevitable en el cabildeo básicamente porque consiste en la mediación entre partes influyentes de dos sectores, el público y el privado. El método fluctúa en una zona gris: en 2003 y por el decreto 1172 se obligó a que los funcionarios de mayor jerarquía de gobierno registren sus audiencias y que esta información sea, como lo es actualmente, pública. De ese modo se dio visibilidad a los encuentros en los que se plantean intereses privados ante quienes toman decisiones públicas. De todos modos ese registro no es completo y tampoco quienes piden encuentros necesariamente sean lobbystas, pues en el listado aparecen casos particulares de motivos circunstanciales. En los albores del gobierno libertario ni siquiera se cumplió con ese decreto: durante los últimos meses en que el actual presidente estuvo en campaña y en los tres primeros de su mandato, vivió en un hotel donde ninguna visita quedó registrada. Del mismo modo, los hermanos Santiago y Francisco Caputo, al no tener nombramientos formales pero sí oficinas en la Casa Rosada, no dejan registro de con quién y por qué motivo se encuentran en sus despachos y ni siquiera serían alcanzados por la nueva ley que promueven por algo simple: no son funcionarios. La actual medida propuesta, a contramano de sus propias acciones e incluso de las declamaciones de libertad, se asemeja a la “ley de Agentes Extranjeros” que rige en Rusia, Hungría o El Salvador, estos dos últimos países con Viktor Orban y Nayib Bukele como líderes admirados por Milei, que censuran todo financiamiento extranjero, algo frecuente en organizaciones no gubernamentales fundamentalmente vinculadas a la investigación de la corrupción o de promoción de los derechos humanos. La razón es que el proyecto oficial promueve un “registro de gestores” en el que deberán anotarse obligatoriamente personas humanas y jurídicas que realicen gestiones ante los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que un sindicato, un club de barrio, una asociación sin fines de lucro o un particular que pretende encontrarse con un funcionario por un caso puntual sería considerado un “lobbista”, a diferencia de la ley estadounidense que pone la barrera, para tal consideración, de que las gestiones sean remuneradas para quien las lleve adelante. El artículo segundo es explícito en esto: “Toda actividad de promoción, representación, intermediación, asesoramiento, preparación o incidencia, desarrollada por personas humanas o jurídicas, por sí o en representación de terceros, con o sin fines de lucro, de manera onerosa o gratuita, mediante cualquier modalidad, que tenga por finalidad influir en la adopción, modificación, postergación, rechazo, implementación o evaluación de una decisión pública”. Para la ley de Milei no hay matiz entre el interés de un club de barrio por tener recursos para ampliar la canchita de fútbol o el de una empresa multinacional, representada por un bufete de prestigiosos abogados, para ganar una licitación o redactar una ley a medida. Grandes empresas, negocios turbios y los mismos abogados Al igual que durante el menemismo, volvió el fantasma de las privatizaciones, las adjudicaciones directas y las licitaciones signadas por el interés del sector privado por sobre los del estado. Los estudios de abogados, como en el gobierno de Carlos Menem y en el de Mauricio Macri, tienen más trabajo que nunca en este esquema. Desde las oficinas de prestigiosos bufetes se redactan leyes y la letra chica de los pliegos de licitaciones y privatizaciones. Un caso finalmente admitido y reciente es el del estudio jurídico corporativo Bruchou&Funes de Rioja, liderado por la familia del titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja. Desde sus oficinas se diseñó y redactó el apartado de reforma laboral incluído en la Ley Bases que introdujo los cambios en las contrataciones, períodos de prueba y régimen de indemnizaciones. Una vez aprobada la ley, el mismo estudio representa a empresas que son blanco de medidas cautelares al implementar las medidas. En principio el bufete había negado su participación en la confección de la Ley, pero fue tan ominosa su participación, que cuando se hizo público que en el borrador del capítulo fiscal que el gobierno envió a las provincias aparecía el nombre del socio Ángel Kusa como autor del archivo, no les quedó más que admitir que desde el sector privado se diseñó una ley que solo debe ser diseñada y escrita por las áreas de legales del Gobierno. De más está decir que los cambios en la normativa que impulsó Milei favorecían a algunas de las principales empresas argentinas, casualmente representadas por Bomchill, Mairal y Bruchou&Funes de Rioja. El caso de la concesión de peajes durante el macrismo es un claro ejemplo. Se autorizaron incrementos abruptos y acumulativos en los cuadros tarifarios desde el inicio de la gestión (algunos superaron el 200%-500% en el corto plazo) para reducir los subsidios estatales; el gobierno renegoció los contratos de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (CGO) en 2018. Se extendió la concesión de ambas trazas hasta el año 2030 (una década más de lo estipulado originalmente) a cambio de nuevas inversiones y se resolvió un juicio millonario que la empresa Abertis tenía contra el Estado en el
Los consultores tienen posturas distintas respecto de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Están los que piensan que la iniciativa del gobierno de suprimirlas es lógica: benefician al peronismo, porque le permite dirimir una interna complicada. Hay consultores que creen que también Milei las necesita y están los que sostienen que el peronismo puede definir sus candidatos en una interna que no necesariamente requiera de PASO. Por Raúl Kollmann Facundo Nejamkis: “¿A quién le conviene que no haya PASO? Solamente al gobierno. ¿Por qué? Porque hoy tiene una tasa de rechazo superior al 50 por ciento, porque al final del día la elección presidencial va a ser un plebiscito sobre su gestión, y yo creo que hoy cualquier candidato competitivo del peronismo le puede ganar una elección a Javier Milei. Entonces, el gobierno necesita que no haya PASO para que la oposición no tenga incentivos y facilidades para competir y zanjar quién es el candidato”. Mario Riorda: “Las PASO siempre convinieron a la oposición al PJ porque nunca tenía un liderazgo lo suficientemente consolidado para disputarle al peronismo. Hoy, tal vez, sea la primera vez que sirva al PJ para dirimir liderazgos que están -y lo seguirán estando por un rato- en cuestión. Pero no lo veo como algo decisivo, salvo que la tensión escale y haya indicios de fractura”. Juan Courel: “Al gobierno le convendría tener PASO para desincentivar las escisiones internas en un contexto de caída en la imagen de Milei. Al peronismo también podrían servirle las PASO para ordenar su propuesta electoral. No hay que perder de vista que para la izquierda igualmente podría significarle una oportunidad de construcción frentista ante el crecimiento de Myriam Bregman en las encuestas. Me parece que, además, fortalece a los partidos”. Federico Aurelio: “A priori, las PASO no le deben interesar mucho al oficialismo. Por eso presenta el proyecto para eliminarlas. Y le debe convenir a la oposición, sobre todo el peronismo, que va a pretender tener la primaria más abierta posible, para tener el primer lugar contra el mileísmo”. Roberto Bacman: “Al peronismo las PASO no sólo le convienen, las necesita. El gobierno prefiere un escenario heterogéneo y un peronismo dividido. Sabe que va a ser muy difícil ganar la primera vuelta y con un peronismo dividido es más fácil. Y, en segunda vuelta, también es consciente que hoy, como están las cosas, con el antiperonismo que ha crecido mucho en Argentina, por ahí también puede repetir un 2023, donde si Milei logra juntar a toda la derecha y el centro derecha en el balotaje, va a tener muchas ventajas. La unidad del peronismo es un requisito sustancial a nivel electoral, esto ya lo dije y lo vuelvo a repetir”. Página 12
Efectivos de la División Patrulla Vial y Puestos Camineros de la Policía Caminera llevaron a cabo un procedimiento de control este sábado, alrededor de las 16.10, en el Puesto de Control Caminero en el Puente General Belgrano, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 16, kilómetro 5,5. Durante el operativo, los uniformados interceptaron una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 28 años. El vehículo circulaba desde la ciudad de Resistencia con destino al territorio correntino. Al realizar la inspección física del rodado, los agentes constataron que transportaba 52 neumáticos nuevos de origen extranjero, correspondientes a distintos tipos de vehículos, sin la documentación respaldatoria que acreditara su procedencia legal. La carga era transportada en una camioneta que se dirigía desde Resistencia hacia Corrientes y quedó bajo resguardo por disposición de la ARCA. Ante esa situación, se dio intervención al personal del ente recaudador nacional, quien dispuso la intervención de la carga y su resguardo en el Puesto Caminero para continuar las diligencias administrativas y legales correspondientes. Por su parte, el conductor fue notificado de las actuaciones realizadas mientras la mercadería quedó a disposición de las autoridades competentes.
Los docentes y no docentes universitarios iniciarán desde este lunes una nueva tanda de reclamos para exigir que el Gobierno cumpla con la norma que fue aprobada y ratificada por el Congreso. Tras una semana de paros, apuntan a nuevas protestas y clases públicas. La comunidad universitaria continúa con sus reclamos para exigir que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento que fue aprobada y ratificada por el Congreso. Tras una semana de paros y protestas públicas, junio iniciará con nuevas medidas de fuerza, que se profundizarán por al menos dos semanas, a la espera de novedades judiciales. Además del pedido para que se cumpla la norma, los docentes y no docentes universitarios siguen reclamando por una recomposición salarial y un llamado a paritarias. En este marco, la Conadu y la Conadu Histórica convocaron a un paro nacional entre el 26 y el 30 de mayo. Los sindicatos denuncian que la pérdida salarial supera un tercio del poder adquisitivo, y que el 70% de la docencia se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Luego de la masiva marcha federal en defensa de la educación pública, que se desarrolló en todo el país el pasado 12 de mayo, el Ejecutivo presentó una nueva ley educativa para reemplazar la Ley N° 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria. El proyecto fue firmado por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A diferencia de la legislación vigente, que las autoridades siguen sin aplicar, el texto incorpora de manera explícita de dónde saldrían los recursos para afrontar los gastos. Sin embargo, el principal objetivo del Gobierno es lograr que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retire la cautelar que debe resolver pronto la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras la comunidad universitaria y el Gobierno esperan una resolución de la Corte suprema, organizaciones, docentes, académicos e integrantes del ámbito científico y educativo, presentaron una carta abierta dirigida al máximo tribuna que tuvo más de 3.200 firmas. Allí, le exigieron que se expida de manera urgente en la causa por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “La demora en resolver esta situación profundiza el deterioro del derecho a la educación y afecta el funcionamiento de las instituciones universitarias, las condiciones laborales de docentes y no docentes, y el acceso efectivo de estudiantes a una educación pública de calidad en todo el país”, expresaron. “La Corte Suprema tiene la oportunidad de reafirmar algo tan básico como fuertemente necesario en este contexto: que el Poder Ejecutivo debe cumplir con la ley y que los derechos consagrados en la Constitución Nacional requieren recursos económicos suficientes y adecuados para ser efectivos. La Constitución encomienda a los poderes del Estado garantizar las condiciones de la educación universitaria pública como una responsabilidad indelegable”, concluyeron. Lejos de agotar los reclamos, las federaciones universitarias comunicaron que el próximo lunes 1 de junio se pondrá en marcha una campaña nacional de visibilización del conflicto que se extenderá por dos semanas consecutivas. El plan de lucha incluye clases públicas, reclamos en los campus y abrazos simbólicos para visibilizar las complicaciones presupuestarias de las casas de altos estudios e impedir que las paritarias queden congeladas de cara al inicio del segundo cuatrimestre. Data Clave