El Gobierno acaba de publicar un decreto que podría dejar en manos británicas el petróleo de mar argentino. Así lo plantea Juan José Carbajales, Doctor de la UBA en Derecho, docente y titular de la consultora Paspartú (especializada en energía y minería). Se refiere al Decreto 590/26 de este miércoles que instruye a la Secretaría de Energía a convocar a Concurso Público Internacional para la adjudicación de un permiso de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en el área CAN 200 del ámbito nacional de costa afuera (off shore). «Ello, sobre la base de la manifestación de interés formulada por… ¡una empresa británica! llamada Challenger Energy Group PLC«, acota Carbajales, que es también director del Instituto del Gas y del Petróleo (IGPUBA). «Entre otras cosas, el Presidente resolvió, por un simple Decreto, incluir en el permiso de exploración que se otorgue una prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales con sede en el extranjero», añade el especialista. Ante futuros inconvenientes, los ingleses tendrán la cancha inclinada. La pérdida de soberanía Carbajales acota tres conclusiones en referencia a esta pérdida de soberanía: Desarrollar el potencial hidrocarburífero en la Plataforma Continental argentina es uno de los pocos activos “duros” que tiene nuestro país para fortalecer su reclamo soberano en pos de la integridad territorial avasallada en 1833. Que un eventual nuevo permiso exploratorio off shore provenga de una iniciativa privada de una compañía inglesa que pidió permiso (a diferencia de la inglesa Rockhopper y la israelí Navitas en el área –usurpada– Sea Lion) «no deja de ser una extraña y saludable paradoja». «¿Tendremos un proyecto RIGI para el off shore por parte de YPF? Sería óptimo para agregarle al fervor por el Upstream de Vaca Muerta una contribución al reclamo histórico de nuestro país… “por los pibes de Malvinas”, de Luis Vernet para acá?», completa. Las empresas inglesas e israelíes en Malvinas El Gobierno fue cambiando el discurso sobre Malvinas a lo largo de estos dos años y medio. Pasó de avalar la autodeterminación de los kelpers y de querer que ellos voten con Argentina la soberanía, a criticar el accionar de las empresas petroleras, aunque sin avanzar en ninguna posibilidad de sanción o reclamo. “Una de las manifestaciones más evidentes del incumplimiento de ese mandato internacional se observa en el proyecto Sea Lion. En diciembre de 2025, Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited anunciaron una pretendida decisión final de inversión para desarrollar ese yacimiento, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, sobre la base de licencias apócrifas emitidas por autoridades ilegítimas”, apuntó el canciller Pablo Quirno, sin mencionar que Rockhopper, que tiene el 35% de las acciones, es británica; y Navitas, que tiene el 65% y aporta la mayor parte del financiamiento, es israelí. En abril, las dos compañías anunciaron un plan para llevarse el petróleo de Malvinas, una inversión inicial por 1800 millones de dólares con el objetivo de producir 55 mil barriles por día y extraer petróleo crudo a partir de 2028. En mayo, anunciaron a sus inversores que tienen previsto expandir el volumen inicial de crudo y llegar a 180 mil barriles (un cuarto de lo que Argentina produce en todo el país). La petrolera israelí informó que las obras de perforación y terminación van a comenzar a principios de 2027, ante el silencio del gobierno argentino. Fuente: Tiempo Argentino
Autor: Redacción General
India aprobó las habilitaciones necesarias para la importación de yerba mate argentina y dejó atrás el esquema de envíos de prueba para abrir operaciones comerciales regulares. La medida, que puede ampliar de manera fuerte el acceso al mercado indio, fue el resultado de un trabajo conjunto entre los gobiernos de Misiones y Corrientes, la Cancillería, el Senasa, autoridades indias y empresas del sector yerbatero. El anuncio fue difundido inicialmente por el ministro de Agro y Producción de Misiones, Facundo López Sartori, tras la oficialización de la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), el organismo que regula la seguridad alimentaria en ese país. La decisión marca “un cambio fundamental”, porque ya no se trata de pruebas aisladas sino de una habilitación comercial que permite importar de manera regular y con una escala mucho mayor. Según el funcionario, varias empresas trabajan desde hace meses para llegar a este punto y ya preparan los primeros embarques para clientes e importadores de India. Entre las firmas involucradas figuran Playadito, Piporé, Las Marías, Primicia y Klimiuk Infusiones. El cambio de fondo está en la incorporación definitiva de la yerba mate al Código Alimentario de ese país. Yonathan Klimiuk, gerente de Klimiuk Infusiones y parte de la comitiva comercial que impulsó las negociaciones, definió la medida como un “hecho histórico”. Sostuvo que la gestión encabezada por Sartori, cooperativas y empresas ante el gobierno indio destrabó un cuello de botella logístico y fiscal que hacía casi inviables las operaciones. Hasta ahora, cuando un comprador indio quería importar yerba mate debía presentar una solicitud específica porque el producto era considerado exótico. Eso implicaba aranceles superiores al 130% y trámites que podían demorar meses, incluso para envíos de muy pocos kilos. Con la nueva disposición, el proceso cambia por completo: alcanza con el vínculo comercial entre la empresa argentina y la importadora en India, y el arancel ronda hoy el 30%. La empresa que llegó primero a ese destino fue Piporé. Raúl Karaben, socio de la firma, recordó que fueron pioneros en desarrollar ese mercado y que incluso montaron una agencia en India, aunque la operatoria siempre estuvo condicionada por las restricciones de ingreso y los altos costos. “Algo hemos vendido, pero fue muy dificultoso y llegaba muy caro”, resumió. Las barreras impositivas y logísticas, sumadas al costo de sostener una estructura en el exterior, obligaron a cerrar esa agencia hace un año y medio. “Se hacía más caro el mantenimiento de la agencia en Delhi que lo que teníamos de retorno por la venta de las yerbas”, explicó Karaben, aunque aclaró que siguen en contacto con compradores indios y que cada tanto sale algún envío. El empresario señaló que, por su valor, la yerba argentina hoy queda restringida a la alta sociedad india. “Si la yerba puede entrar a precios accesibles, claramente tendríamos una oportunidad”, planteó. La ministra de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes, Mariel Gabur, dijo que la provincia venía trabajando este camino desde el año pasado, cuando se concretó una visita oficial encabezada por el entonces gobernador Gustavo Valdés. “En India presentamos la yerba mate como un producto que se podía comercializar y consumir en ese país”, recordó. El ingreso a India exigió además una reformulación técnica y cultural de la presentación comercial, con participación de Cancillería. Como no existe un consumo nativo de yerba mate, el producto fue inicialmente catalogado como té. “Lo que se buscó fue sacar a la yerba mate de la categoría correspondiente a los tés tradicionales”, explicó. En esa adaptación, Las Marías elaboró blends para tomarla al estilo té, una vía pensada para acercarla a un mercado que no conoce el consumo tradicional con mate y bombilla. También se destacó que las industrias locales tienen capacidad para producir saquitos e incluso productos solubles, lo que abre margen para nuevas presentaciones. Gabur sostuvo que la apertura externa aparece como una salida frente a la superproducción que atraviesa el sector. “No podemos seguir peleando eternamente por 50 millones de argentinos que consumen yerba mate y representan cerca del 90% del consumo”, dijo. Para la funcionaria, el mercado interno está saturado y el crecimiento ahora depende de consolidar destinos como India. Corrientes Hoy/InformeDigital
La Prefectura Naval Argentina emitió una alerta por la crecida extraordinaria del río Uruguay e instó a la comunidad, especialmente a los navegantes deportivos, a reforzar las medidas de seguridad mientras persistan las condiciones actuales del curso de agua. El comunicado fue difundido por la dependencia de Prefectura en Mocoretá, Corrientes, luego de constatar un marcado incremento del caudal que provocó el arrastre de una importante cantidad de troncos, ramas y otros residuos flotantes. Desde la fuerza advirtieron que estos elementos representan un riesgo para quienes navegan por el río, ya que pueden provocar accidentes, especialmente en sectores donde la corriente es más intensa. Ante este escenario, recomendaron reducir la velocidad de navegación y mantener una vigilancia permanente del entorno para detectar posibles obstáculos. Además, desaconsejaron la navegación durante la noche, debido a que la escasa visibilidad dificulta identificar los objetos flotantes y aumenta considerablemente el riesgo de incidentes. La Prefectura solicitó respetar estas recomendaciones hasta que el nivel del río descienda y las condiciones de navegación vuelvan a ser seguras.
¡La Selección Argentina está en la final del Mundial 2026! Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, la Albiceleste le ganó 2-1 a los británicos y se metió en la final del mundo. El combinado argentino dio vuelta un partido para el recuerdo ante Inglaterra – uno que estuvo perdiendo hasta el minuto 85 -, pero que ganó gracias a dos conquistas, y se metió en la séptima final del mundo de su historia y la segunda de manera consecutiva. De esta manera, buscará bordar la cuarta estrella de su historia y defender la corona conseguida en Qatar 2022. Su rival en la final será España, en un partido que nunca se dio por la Finalissima suspendida en marzo. (Ampliaremos..)
El investigador adjunto del CONICET, Eduardo González, sostuvo que el sistema científico atraviesa un proceso de pérdida de financiamiento, salarios y puestos de trabajo. En ese marco, explicó los motivos de la movilización realizada en el Polo Científico y advirtió sobre las dificultades que enfrentan investigadores, becarios y personal administrativo. En diálogo con CIUDAD TV, explicó que la movilización realizada este miércoles en el Polo Científico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tuvo como objetivo volver a visibilizar la situación del sector y reclamar por la continuidad laboral de cientos de investigadores y becarios. “Este conflicto empieza con la asunción de la actual gestión del Gobierno nacional, con recortes que no solamente son presupuestarios, sino que forman parte de una política extensa, planificada de devastación y de saqueo de la ciencia”, sostuvo. González afirmó que la inversión destinada a ciencia y tecnología alcanzó este año “el mínimo histórico, el 0,14% del PBI”, y señaló que se trata del nivel más bajo desde que existen registros oficiales, en 1972. “Es la inversión más baja de la historia, incluso menor que durante la crisis de 2001”, remarcó. Según indicó, entre 2.300 y 2.400 personas dejaron el sistema científico desde el inicio de la actual gestión. Ese número incluye investigadores, becarios doctorales y posdoctorales que abandonaron sus carreras o decidieron buscar empleo en otros ámbitos. También advirtió sobre la reducción de personal administrativo. “Los administrativos son el hilo más fino donde han estado cortando porque a muchos trabajadores se les renovaban los contratos anualmente y dejaron de hacerlo. Son trabajadores muy importantes para el sostenimiento del sistema porque los investigadores investigamos, pero necesitamos equipos que realizan otras tareas fundamentales”, explicó. El investigador sostuvo que la situación no se limita a la pérdida del poder adquisitivo. “No es solamente la cuestión de los salarios, que hablamos de un 40% aproximadamente de pérdida salarial de los trabajadores del sistema científico, sino que la reducción de la inversión impacta directamente en los proyectos de investigación, que ya casi no existen y los que quedan tienen muy poco financiamiento”, afirmó. En ese sentido, señaló que muchas investigaciones requieren equipamiento, materiales e insumos específicos cuyo acceso se vio restringido por la disminución de los recursos. “Al verse afectado todo eso, es imposible producir como se venía produciendo”, indicó. González vinculó esta situación con el escenario que atraviesan otros organismos públicos. Mencionó que las universidades nacionales cuentan con una ley de financiamiento que, según expresó, “ya fue ratificada incluso por la Corte Suprema”, aunque afirmó que el Gobierno nacional demora su aplicación. Agregó que el sistema científico no dispone de una normativa similar y señaló que el sistema de salud también enfrenta problemas vinculados con los salarios y el financiamiento. “Creo que es una política consciente, no es solamente un ajuste. Es una política clara de desatención y de desfinanciamiento intencional de estos sistemas que dependen sobre todo del Estado”, manifestó. Respecto de la movilización, explicó que uno de los principales reclamos estuvo relacionado con unos 400 becarios posdoctorales que concursaron para ingresar a la carrera de investigador y esperan una definición. Mientras tanto, señaló, las becas dejarán de abonarse sin que exista una prórroga que les permita continuar percibiendo ingresos. Además, sostuvo que existen ingresos a la carrera científica que ya fueron aprobados, pero cuyos nombramientos aún no se concretaron. “Hay muchos ingresos que ya están aprobados y que no se da el alta, por lo tanto esos trabajadores no tienen salarios”, afirmó. González también expresó preocupación por la situación de la cobertura médica de los trabajadores estatales. Señaló que la obra social nacional Unión Personal presenta dificultades para garantizar prestaciones y mencionó demoras en tratamientos oncológicos. “La respuesta que nos dan es que busquemos otra obra social y nos ofrecen 80.000 pesos para eso, que no alcanza ni para la mitad de lo que cobra hoy una obra social privada”, concluyó.
En el primer semestre la actividad continúa acumulando resultados positivos, principalmente en el segmento internacional. Tras la desregulación del sector aerocomercial y aunque el tráfico de cabotaje viene golpeado, la actividad anotó niveles récord en cantidad de pasajeros, de la mano del refuerzo de la conectividad que vienen impulsando distintas aerolíneas. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), entre enero y junio se contabilizaron 24.565.836 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, la cifra más alta registrada para un primer semestre. El resultado superó en un 1% el récord alcanzado en igual período de 2025 (24.355.308 pasajeros). Además, se ubicó 15% por encima de la marca de 2024 (21.404.889) y fue un 13% mayor a la de 2023 (21.788.965). En junio, 3.144.651 pasajeros utilizaron los aeropuertos argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae). De ese total, 2.044.144 correspondieron a vuelos de cabotaje, segmento que se contrajo 17%. En lo que va de 2026, también se observó un rojo del 5%. En el caso de los pasajeros internacionales, se evidenció una baja del 3% interanual, con 1.100.507 viajeros. No obstante, en el acumulado del año muestra un crecimiento del 14%. En tanto, los vuelos domésticos cayeron un 16% interanual en junio y un 6% en el primer semestre, mientras que los internacionales retrocedieron un 4% respecto del mismo mes de 2025, aunque exhibieron un incremento del 13% en los primeros seis meses del año. Otro punto destacado es que el mes pasado 168.625 pasajeros viajaron directamente desde aeropuertos del interior hacia destinos internacionales, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Esto representa un incremento del 4% respecto de 2025, del 41% frente a 2024 y del 83% en comparación con 2023. En línea con esa expansión, desde la cartera de Transporte resaltaron que durante junio comenzaron a operar nuevos servicios, lo que amplió las alternativas de viaje. Aeropuerto de Ezeiza El mes pasado 168.625 pasajeros viajaron directamente desde aeropuertos del interior hacia destinos internacionales, sin necesidad de pasar por Buenos AiresArajet incorporó la ruta Punta Cana–Rosario, sumando una nueva conexión internacional directa desde el interior del país, mientras que GOL Linhas Aéreas reanudó la ruta estacional San Pablo–Bariloche, reforzando la conectividad con uno de los principales destinos turísticos durante la temporada invernal. Cielo Único Sudamericano Por otro lado, genera expectativa en el sector la creación de un “Cielo Único Sudamericano”. Este martes, el Gobierno firmó con Brasil, Paraguay y Chile el Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana (ALAS), una iniciativa que busca avanzar de manera progresiva en una mayor integración regional mediante el transporte aéreo. Desde principios de 2024, el Ejecutivo viene impulsando este concepto para los países que integran el Mercosur, de manera que viajar por la región se considere como “un vuelo de cabotaje”. La idea es imitar el modelo de la Unión Europea, que funciona como un sistema integrado, en lugar de estar fragmentado por fronteras nacionales, lo que reduce ineficiencias, demoras y mayores costos. En este caso, la política fue lanzada en 2004. Mediante un memorando de entendimiento, los cuatro países pactaron promover la libre prestación de servicios aéreos, incrementar la conectividad regional y fortalecer la integración económica. El Cielo Único implica la implementación de reglas claras y uniformes en cuanto a reconocimiento mutuo de certificados, licencias y autorizaciones; armonización regulatoria, protección de los derechos de los pasajeros, conforme los principios e instrumentos específicamente aeronáuticos; sostenibilidad ambiental y desarrollo de infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea. El comunicado oficial subrayó: “Las partes manifestaron su intención de concederse, de manera multilateral y recíproca, amplios derechos para la operación de servicios aéreos comerciales, contemplando todas las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluyendo la Novena Libertad del Aire, conforme a los futuros acuerdos que se desarrollen en el marco de esta iniciativa”. Infobae
ANSES informa que, desde ahora, los titulares de jubilaciones y pensiones pueden consultar la liquidación histórica de sus haberes, de manera rápida y sencilla desde la app mi ANSES. También pueden revisar los conceptos que integran el cobro de su prestación mensual. Esta aplicación móvil, disponible para IPhone y Android, se puede descargar a través del código QR en este enlace. Las personas interesadas pueden obtener el recibo previsional desde la aplicación, de forma segura, ágil y confidencial, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, y tiene validez oficial para cualquier trámite. La guía paso a paso para que jubilados y pensionados verifiquen sus años registrados 1) Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la app mi ANSES. 2) Seleccionar la opción Jubilación> Consultar tu recibo de haberes. 3) Allí aparece la información del último recibo disponible y de todos los anteriores. 4) Al cliquear en el ícono de descarga, se brinda la opción del envío del documento al correo electrónico registrado en ANSES, para su posterior impresión. También se puede acceder al recibo de haberes desde el sitio oficial de ANSES, sección mi ANSES. Cuánto cobrarán los jubilados en julio 2026 Con el incremento del 2,15% determinado por la ley de movilidad mensual, la jubilación mínima básica pasará a ser de $411.989,32 en julio de 2026. Al adicionarse las sumas fijas del bono extraordinario de $70.000, ningún jubilado integrado en el piso contributivo nacional percibirá menos de $481.989,32 netos de bolsillo. Para aquellos beneficiarios que superan la jubilación mínima pero no alcanzan el umbral unificado de los $481.989,32, el organismo previsional aplicará una compensación técnica proporcional. En estos casos, el titular recibirá un plus equivalente a la diferencia exacta hasta completar dicho tope, evitando distorsiones salariales en el padrón de la seguridad social. Fuente: Minuto Uno
El diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de ley para crear un régimen jurídico destinado a regular el uso de la inteligencia artificial (IA) en la Argentina, con el objetivo de compatibilizar el avance tecnológico con la protección de los derechos humanos, la privacidad y las garantías constitucionales. La iniciativa fue girada a las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Legislación General; y Derechos Humanos y Garantías. Propone establecer reglas para todos los actores que desarrollen, comercialicen o utilicen sistemas de IA en el país, tanto en el sector público como en el privado. Uno de los aspectos centrales del proyecto es la clasificación de los sistemas de inteligencia artificial según el nivel de riesgo que puedan representar para las personas. La propuesta divide las aplicaciones en tres categorías: riesgo inaceptable, riesgo alto y riesgo limitado. Entre las herramientas que quedarían directamente prohibidas figuran los sistemas destinados a manipular conductas de personas vulnerables, los mecanismos de “puntuación social” que clasifiquen ciudadanos según comportamientos o características personales y las aplicaciones que generen imágenes, voces o representaciones sexuales de una persona sin su consentimiento. También se restringe el uso de sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, salvo excepciones específicas vinculadas con investigaciones judiciales o amenazas graves para la seguridad pública. Para los sistemas considerados de alto riesgo, el proyecto establece requisitos más estrictos. Entre ellos, la inscripción obligatoria en un registro nacional, la realización de evaluaciones de impacto sobre derechos humanos antes de su puesta en funcionamiento y controles durante toda su vida útil. En este segmento quedarían comprendidos sistemas utilizados en educación, salud, empleo, servicios públicos, infraestructura crítica, migraciones e identificación biométrica a gran escala. La iniciativa además incorpora una “carta de derechos” para quienes interactúen con sistemas de inteligencia artificial. Entre ellos figuran el derecho a ser informados cuando se utilice una herramienta automatizada, a conocer los criterios detrás de una decisión tomada por IA y a solicitar la intervención de una persona cuando una resolución automatizada tenga efectos significativos sobre sus derechos o intereses. Otro de los puntos destacados es la obligación de identificar claramente los contenidos generados o modificados mediante inteligencia artificial. Textos, imágenes, audios o videos producidos total o parcialmente por estas herramientas deberían contar con mecanismos visibles o audibles que permitan reconocer su origen. La misma exigencia alcanzaría a productos y servicios que utilicen IA para interactuar con usuarios o tomar decisiones que los afecten. El proyecto designa al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como autoridad de aplicación y prevé la creación de un Consejo Asesor de Inteligencia Artificial, integrado por especialistas de distintos ámbitos, para analizar impactos éticos, sociales y jurídicos de estas tecnologías. En materia de sanciones, la propuesta contempla multas, suspensión o prohibición de sistemas que incumplan la normativa y habilita acciones judiciales para que las personas afectadas por el uso indebido de inteligencia artificial puedan reclamar indemnizaciones. Además, declara nulas las cláusulas de contratos que obliguen a consumidores argentinos a litigar en tribunales extranjeros por conflictos vinculados con servicios de IA. En los fundamentos, Brügge sostiene que la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para el desarrollo económico y social, pero advierte que su expansión exige reglas claras para evitar abusos. El legislador señala que el proyecto toma como referencia experiencias internacionales, especialmente la regulación europea basada en niveles de riesgo, aunque adaptada al marco constitucional argentino. La iniciativa prevé una entrada en vigencia escalonada: la mayor parte del régimen comenzaría a regir seis meses después de su publicación, mientras que las exigencias específicas para los sistemas de alto riesgo tendrían un plazo de adecuación de dos años. Fuente: Parlamentario
La Municipalidad de Resistencia informa que, a partir del lunes 20 de julio y durante las dos semanas del receso invernal, la Oficina de Licencias de Conducir y la Pista de Idoneidad Conductiva atenderán únicamente en horario de mediodía, de 7 a 12 horas. Se solicita a los vecinos tener en cuenta esta modificación al momento de realizar trámites.
El gremio docente encabezado por Rosa Petrovich emitió este miércoles un comunicado de prensa luego del anuncio del Gobierno provincial del incremento salarial para los trabajadores estatales chaqueños. Remarcó en el documento que, “la calificación de absoluta insuficiencia no alcanza para describir el ‘incremento’ anunciado por el Gobernador Zdero en esta mañana, que no cubre mínimamente lo que nos ha confiscado de los magros salarios con la política de brutal ajuste de la que somos objeto los trabajadores y particularmente los de la educación. La desazón existente en las filas docentes, es inmedible a la fecha, máxime con el anuncio de esta mañana”. Señaló que el aumento se da “frente al casi 40 % de pérdida del poder adquisitivo a raíz del incumplimiento de la ley y de la Constitución por parte del Gobierno Provincial, que de manera intempestiva interrumpió desde abril del año pasado el pago de la actualización correspondiente (cláusula gatillo), hundiendo en la pobreza y la indigencia a la gran mayoría de los docentes -activos y jubilados-, consistente en un paupérrimo 5 % con sueldos de agosto, y 5 % -a los tres meses- con sueldos de noviembre. Y profundizando la nefasta política de los montos en negro, con el incremento del chantajista “presentismo” llamado “concepto aula” por el Gobierno en el mes de septiembre, y sumando “bonos”. Continúa: “Como si poco fuera la pobreza salarial anunciada, estamos frente a un nuevo incremento del servicio de energía eléctrica -que se suma a los anteriores- ; sin olvidar que nos impusieron por ley hace meses el doble de aportes para el FAC y con la Obra Social despojada a la fecha de gran cantidad de sus servicios”. “Los docentes seguimos perdiendo estrepitosamente el poder adquisitivo de nuestros salarios”.”, concluye el comunicado.
Se encuentra abierta la inscripción para participar del 8º Concurso de Pan Castelense, una de las propuestas más queridas de la Bienal del Impenetrable2026 (del 28 de julio al 2 de agosto), que revaloriza la receta heredada de abuelas y madres y celebra el trabajo de amas de casa, panaderos artesanales y aficionados de la región. La competencia se realizará el miércoles 29 de julio de 2026 a partir de las 14.30 hs, en el marco de las actividades de la Bienal. El concurso cuenta con cupo limitado: participarán 10 (diez) elaboradores de pan casero. En caso de superar ese número de inscriptos, se realizará un sorteo público para definir los diez lugares, comunicándolo previamente a los postulantes. Durante la jornada, será obligatorio amasar y hornear a la vista del público y del jurado, en una experiencia que combina tradición, creatividad y orgullo local. La organización proveerá los ingredientes básicos (harina, grasa, sal, levadura y agua). Quienes participen podrán sumar su “toque secreto” con ingredientes a elección, y deberán llevar sus utensilios (moldes, bowls, repasadores, etc.). Se evaluarán aspectos como higiene, prolijidad, creatividad, sabor, cocción y presentación. Habrá premios para 1º, 2º y 3º puesto. Las inscripciones se realizan en Av. San Martín 415 (Punto de Informes, Plaza San Martín), en los horarios de 7 a 12.30 hs y de 16 a 20 hs, hasta el día 17 de julio inclusive, sin excepción por cuestiones organizativas.
El Instituto del Deporte del Chaco acompañó una nueva jornada del torneo de Newcom +60 que se desarrolló en el polideportivo Jaime Zapata de Resistencia, en el marco del histórico reconocimiento de esta disciplina como deporte oficial de la provincia, tras la aprobación por unanimidad de la ley en la Legislatura chaqueña. La normativa marcó un antes y un después para esta actividad, al permitir que el Estado acompañe de manera institucional su crecimiento. En los últimos años, el newcom sumó cientos de practicantes en distintos puntos del Chaco, consolidándose como una propuesta deportiva y recreativa destinada principalmente a personas mayores. Durante la jornada de ayer, el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, destacó la importancia de la convocatoria y el impacto social de la disciplina. “Estamos felices de ver a tantos adultos que se dedican a este deporte y que participan de una nueva fecha de este torneo con equipos de distintos lugares de la provincia”, expresó. El funcionario remarcó que el newcom no solo promueve la actividad física y contribuye a mejorar la calidad de vida, sino que también fortalece los vínculos sociales y familiares. “Existe una gran camaradería entre quienes practican este deporte. Se conocen personas de diferentes localidades, comparten experiencias y participan de otras actividades que desarrollamos diariamente desde el Instituto del Deporte. Eso es fundamental para nosotros”, señaló Vázquez. El newcom es una modalidad adaptada del vóleibol, diseñada especialmente para personas mayores. Combina el ejercicio físico con la recreación y el espíritu competitivo, y actualmente es practicado por hombres y mujeres de entre 40 y más de 70 años en clubes, municipios y centros comunitarios de toda la provincia. Por su parte, el árbitro Juan Carlos Moyano destacó el acompañamiento del Gobierno provincial para el desarrollo del certamen. “Es una liga totalmente gratuita que puede realizarse gracias al Gobierno del Chaco. Participan 30 equipos distribuidos en dos categorías. En esta fecha compitieron seis equipos en las dos canchas del polideportivo y todavía resta un importante recorrido para completar este campeonato tan significativo para los adultos mayores”, afirmó.Con este acompañamiento, el Gobierno del Chaco continúa fortaleciendo el deporte como una herramienta de inclusión, bienestar e integración social, promoviendo espacios que favorecen una vida activa y saludable para los adultos mayores.
El secretario administrativo de ATE Chaco, Mario Bustamante, criticó el esquema de aumentos y refuerzos salariales anunciado por el Gobierno provincial. Sostuvo que la medida fue definida de manera unilateral, sin convocatoria a paritarias, y afirmó que los incrementos no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores ni responder al costo de vida. El secretario administrativo de ATE Chaco, Mario Bustamante, cuestionó el anuncio del Gobierno provincial sobre el incremento salarial para la administración pública y afirmó que la medida fue resuelta sin diálogo con los sindicatos. En ese sentido, insistió en la necesidad de convocar a una mesa paritaria para discutir la política salarial con datos sobre la inflación y el costo de vida. “Primero que nada, es un anuncio unilateral, como nos tiene acostumbrados desde que arrancó la gestión de Zdero (Leandro), donde ha negado el ámbito de discusión paritaria a todos los sindicatos”, expresó en diálogo con CIUDAD TV. El dirigente hizo referencia al esquema presentado por el Ejecutivo, que contempla un refuerzo extraordinario de 100.000 pesos para trabajadores activos y de 80.000 pesos para jubilados y pensionados en julio y octubre; aumentos generales del 5% en agosto y noviembre; y mejoras específicas para educación, salud y seguridad en septiembre. Para Bustamante, los incrementos anunciados no compensan la pérdida del poder adquisitivo. “Nos enteramos de pronto de que va a haber un 10% de aumento, cuando entendemos que solamente en los primeros meses ha habido un 10% de aumento en lo que hace a la canasta básica familiar. Sumado al 5% de todo el año sería un 15%. Nos estarían debiendo entre el año pasado y este año más de un 25 o 30% para tener un impacto real en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras estatales”, sostuvo. En ese marco, consideró que los bonos extraordinarios no resuelven la situación económica de los empleados públicos. “Lo único que vemos es una sucesión de hechos desafortunados que tiene este Gobierno, pensando que con limosna pueden aplacar la tremenda desesperación que tienen las familias, el nivel de endeudamiento que tienen y las condiciones laborales en las que ejerce su función el trabajador público”, afirmó. También cuestionó las bonificaciones específicas previstas para los sectores de salud, educación y seguridad. Explicó que aún no conocen los detalles de la implementación porque el decreto no fue publicado y remarcó que, aun así, las consideran insuficientes. “Entendemos que es insuficiente, ya sea para salud o para docentes. La canasta básica familiar está en 1.800.000 pesos y los salarios están entre los 900.000 y el millón doscientos mil pesos. Es absolutamente escaso”, señaló. Bustamante además vinculó la situación salarial con el contexto económico nacional y sostuvo que las medidas no alcanzarán para mejorar el consumo ni la calidad de vida de los trabajadores. “Si piensa que esto va a reactivar la economía o que un jubilado va a satisfacer sus necesidades de remedios con esto, va por un muy mal camino”, afirmó. Respecto del reclamo de paritarias, aseguró que la administración provincial nunca convocó a ATE ni a otros sindicatos que representan a trabajadores del Poder Ejecutivo. “En educación, salud y en toda la administración pública provincial jamás se ha convocado a ningún sindicato, menos aún a ATE”, expresó. En ese sentido, sostuvo que la discusión salarial debe darse con información concreta sobre la situación económica de los trabajadores. “La discusión es cuánto es el porcentaje de aumento y eso se discute en una mesa paritaria, con los datos sobre la mesa, con cuánto le cuesta a una familia tipo sostener su economía y cuánto están ganando los trabajadores estatales. Salvando el año, menos de un 30% es absolutamente insuficiente”, manifestó. El dirigente también cuestionó el impacto de las tarifas de los servicios públicos sobre la economía familiar. “La gran mayoría de las familias paga las tarifas de SECHEEP con tarjeta. Viven tremendamente endeudados para comer y para pagar servicios”, indicó. Además, criticó declaraciones del subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Castelán, al considerar que “debería estar viendo cómo generar empleo” y sostuvo que, en cambio, “ataca permanentemente a los trabajadores estatales”. Finalmente, se refirió al proyecto impulsado por el Ejecutivo para modificar el régimen de licencias gremiales con goce de haberes. Consideró que se trata de “una iniciativa absolutamente regresiva de derecho” y sostuvo que la propuesta implica que “el Estado deja de hacerse cargo, deja de ser benefactor para ser un patrón de estancia”. Según afirmó, la iniciativa reaparece “cada vez que tienen que negociar alguna cuestión” y representa, a su entender, un retroceso en los derechos sindicales alcanzados en la provincia.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso punto final a uno de los litigios ambientales más extensos de los últimos años en el sector agroquímico argentino. El máximo tribunal provincial rechazó el último recurso presentado por Atanor S.C.A. y dejó firme la sentencia que responsabiliza a la compañía por haber provocado un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná, a la altura de su planta industrial en San Nicolás. La resolución llega después de más de una década de reclamos impulsados por vecinos de la ciudad bonaerense y por organizaciones ambientalistas, y confirma en todos sus términos lo que ya habían resuelto la primera y la segunda instancia. Desde 2023, el expediente estaba en manos de la Suprema Corte, que finalmente avaló los fallos anteriores y cerró la discusión judicial sobre la responsabilidad de la empresa. Los tres ejes del fallo que confirmó que Atanor contaminó el río Paraná La causa se originó a partir de una denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por el abogado Fabián Maggi, que señaló desde el inicio: la actividad industrial de Atanor contaminaba el río a través de sus efluentes. Según explicó el propio Maggi, la sentencia se sostiene sobre tres pilares centrales: –La confirmación de que el daño causado al Paraná es irreversible –Que la empresa operó en un marco de ilegalidad –Que los controles estatales resultaron deficientes durante todo el proceso Ese tercer punto es el que más repercusión está teniendo puertas adentro del sistema de control ambiental bonaerense. El fallo apunta directamente contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente de la provincia por no haber fiscalizado adecuadamente la totalidad de los compuestos químicos vinculados a la actividad de la planta. De acuerdo con Maggi, esa omisión deja la puerta abierta a consecuencias penales para funcionarios públicos, entre ellas por incumplimiento de los deberes de funcionario y por falsedad ideológica, y ya habría llamados a indagatoria en danza para autoridades provinciales. Fundada en 1938, Atanor es una de las principales proveedoras de agroquímicos del país y la única compañía de Latinoamérica que fabrica los tres herbicidas de mayor uso: glifosato, fenóxidos y atrazina. Desde 1997 forma parte del Grupo Albaugh, de origen estadounidense, que además de sus operaciones en Argentina opera en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Europa. La planta de San Nicolás, ubicada sobre la ribera del Paraná, fue durante años el centro de las denuncias ambientales que terminaron en esta sentencia. Qué encontró la Justicia sobre la contaminación de Atanor al río Paraná Durante el proceso se acumularon pericias técnicas y estudios científicos que permitieron reconstruir el impacto de la actividad industrial sobre el curso de agua. Las pruebas incorporadas al expediente acreditaron la presencia de atrazina en niveles superiores a los permitidos, además de otros compuestos derivados de la formulación de agroquímicos que llegaban al río a través de distintos sistemas de descarga. Un informe de la Autoridad del Agua fechado en febrero de este año, correspondiente a muestras tomadas en octubre de 2025 en el arroyo Yaguarón, donde está emplazada la planta, arrojó concentraciones de glifosato de hasta 1,9 microgramos por litro y de su metabolito AMPA de hasta 1,4 microgramos por litro. También se detectaron niveles de hasta 0,6 microgramos por litro de atrazina, además de azoxistrobina e imidacloprid en varias de las muestras analizadas. Maggi sostuvo que esas cifras demuestran que la empresa continuó generando impacto ambiental incluso durante los trabajos de remediación que la Justicia le había ordenado realizar sobre el suelo y el acuífero subterráneo. Según el letrado, las propias tareas de recomposición estarían arrastrando contaminantes hacia el curso del río. Sin embargo, el propio informe de la ADA reconoce que, al tratarse de sustancias de uso masivo en la agricultura y aprobadas por Senasa, resulta complejo determinar con precisión si la responsabilidad corresponde exclusivamente a Atanor o si existen aportes de otras fuentes ajenas a la planta. Esa es, de hecho, la línea de defensa que mantiene la empresa, ya que la contaminación con agroquímicos no es exclusiva de su actividad y que se extiende a otras explotaciones agropecuarias de toda la cuenca del Paraná. Maggi calificó ese argumento como un intento de diluir responsabilidades y remarcó que, para la asociación que representa, se trata de una postura sostenida por una connivencia histórica entre la empresa y funcionarios públicos. El futuro de la planta Atanor tras el fallo histórico La sentencia firme llega en un contexto particular para la planta de San Nicolás. En marzo de 2024, la explosión de uno de los reactores dejó un operario herido, obligó a evacuar a los vecinos del barrio circundante y derivó en denuncias por síntomas respiratorios y manchas blancas sobre plantas, veredas y vehículos de la zona. Ese episodio endureció los controles sobre la empresa y aceleró el cese de las operaciones de producción de agroquímicos en esa ciudad, que hoy transita un proceso de relocalización productiva. Además de la causa ambiental ya resuelta, los directivos de Atanor enfrentan otro proceso judicial, esta vez por delitos ambientales graves vinculados directamente con la explosión de 2024. Esa causa es investigada por el fiscal Patricio Mujica Díaz, titular de la Unidad Federal de Investigaciones N° 1 de San Nicolás, y según indicó Maggi, los directivos de la empresa serían elevados a juicio en el corto plazo. En paralelo, la Justicia mantiene vigente la obligación de la empresa de continuar con las tareas de recomposición ambiental sobre el suelo y el acuífero subterráneo, ya que en el caso del río Paraná el propio fallo estableció que el daño es de tal magnitud que no existe una recomposición viable. Para Maggi, más allá del tiempo que demandó la resolución judicial, el fallo representa un antecedente relevante no solo por el reconocimiento del daño ambiental sino también por haber dejado planteada la necesidad de que continúen las tareas de remediación bajo control judicial. IProfesional
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires puso punto final a uno de los litigios ambientales más extensos de los últimos años en el sector agroquímico argentino. El máximo tribunal provincial rechazó el último recurso presentado por Atanor S.C.A. y dejó firme la sentencia que responsabiliza a la compañía por haber provocado un daño ambiental irreversible sobre las aguas del río Paraná, a la altura de su planta industrial en San Nicolás. La resolución llega después de más de una década de reclamos impulsados por vecinos de la ciudad bonaerense y por organizaciones ambientalistas, y confirma en todos sus términos lo que ya habían resuelto la primera y la segunda instancia. Desde 2023, el expediente estaba en manos de la Suprema Corte, que finalmente avaló los fallos anteriores y cerró la discusión judicial sobre la responsabilidad de la empresa. Los tres ejes del fallo que confirmó que Atanor contaminó el río Paraná La causa se originó a partir de una denuncia de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, representada por el abogado Fabián Maggi, que señaló desde el inicio: la actividad industrial de Atanor contaminaba el río a través de sus efluentes. Según explicó el propio Maggi, la sentencia se sostiene sobre tres pilares centrales: –La confirmación de que el daño causado al Paraná es irreversible –Que la empresa operó en un marco de ilegalidad –Que los controles estatales resultaron deficientes durante todo el proceso Ese tercer punto es el que más repercusión está teniendo puertas adentro del sistema de control ambiental bonaerense. El fallo apunta directamente contra la Autoridad del Agua (ADA) y el Ministerio de Ambiente de la provincia por no haber fiscalizado adecuadamente la totalidad de los compuestos químicos vinculados a la actividad de la planta. De acuerdo con Maggi, esa omisión deja la puerta abierta a consecuencias penales para funcionarios públicos, entre ellas por incumplimiento de los deberes de funcionario y por falsedad ideológica, y ya habría llamados a indagatoria en danza para autoridades provinciales. Fundada en 1938, Atanor es una de las principales proveedoras de agroquímicos del país y la única compañía de Latinoamérica que fabrica los tres herbicidas de mayor uso: glifosato, fenóxidos y atrazina. Desde 1997 forma parte del Grupo Albaugh, de origen estadounidense, que además de sus operaciones en Argentina opera en Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Europa. La planta de San Nicolás, ubicada sobre la ribera del Paraná, fue durante años el centro de las denuncias ambientales que terminaron en esta sentencia. Qué encontró la Justicia sobre la contaminación de Atanor al río Paraná Durante el proceso se acumularon pericias técnicas y estudios científicos que permitieron reconstruir el impacto de la actividad industrial sobre el curso de agua. Las pruebas incorporadas al expediente acreditaron la presencia de atrazina en niveles superiores a los permitidos, además de otros compuestos derivados de la formulación de agroquímicos que llegaban al río a través de distintos sistemas de descarga. Un informe de la Autoridad del Agua fechado en febrero de este año, correspondiente a muestras tomadas en octubre de 2025 en el arroyo Yaguarón, donde está emplazada la planta, arrojó concentraciones de glifosato de hasta 1,9 microgramos por litro y de su metabolito AMPA de hasta 1,4 microgramos por litro. También se detectaron niveles de hasta 0,6 microgramos por litro de atrazina, además de azoxistrobina e imidacloprid en varias de las muestras analizadas. Maggi sostuvo que esas cifras demuestran que la empresa continuó generando impacto ambiental incluso durante los trabajos de remediación que la Justicia le había ordenado realizar sobre el suelo y el acuífero subterráneo. Según el letrado, las propias tareas de recomposición estarían arrastrando contaminantes hacia el curso del río. Sin embargo, el propio informe de la ADA reconoce que, al tratarse de sustancias de uso masivo en la agricultura y aprobadas por Senasa, resulta complejo determinar con precisión si la responsabilidad corresponde exclusivamente a Atanor o si existen aportes de otras fuentes ajenas a la planta. Esa es, de hecho, la línea de defensa que mantiene la empresa, ya que la contaminación con agroquímicos no es exclusiva de su actividad y que se extiende a otras explotaciones agropecuarias de toda la cuenca del Paraná. Maggi calificó ese argumento como un intento de diluir responsabilidades y remarcó que, para la asociación que representa, se trata de una postura sostenida por una connivencia histórica entre la empresa y funcionarios públicos. El futuro de la planta Atanor tras el fallo histórico La sentencia firme llega en un contexto particular para la planta de San Nicolás. En marzo de 2024, la explosión de uno de los reactores dejó un operario herido, obligó a evacuar a los vecinos del barrio circundante y derivó en denuncias por síntomas respiratorios y manchas blancas sobre plantas, veredas y vehículos de la zona. Ese episodio endureció los controles sobre la empresa y aceleró el cese de las operaciones de producción de agroquímicos en esa ciudad, que hoy transita un proceso de relocalización productiva. Además de la causa ambiental ya resuelta, los directivos de Atanor enfrentan otro proceso judicial, esta vez por delitos ambientales graves vinculados directamente con la explosión de 2024. Esa causa es investigada por el fiscal Patricio Mujica Díaz, titular de la Unidad Federal de Investigaciones N° 1 de San Nicolás, y según indicó Maggi, los directivos de la empresa serían elevados a juicio en el corto plazo. En paralelo, la Justicia mantiene vigente la obligación de la empresa de continuar con las tareas de recomposición ambiental sobre el suelo y el acuífero subterráneo, ya que en el caso del río Paraná el propio fallo estableció que el daño es de tal magnitud que no existe una recomposición viable. Para Maggi, más allá del tiempo que demandó la resolución judicial, el fallo representa un antecedente relevante no solo por el reconocimiento del daño ambiental sino también por haber dejado planteada la necesidad de que continúen las tareas de remediación bajo control judicial. IProfesional
El recurso busca evitar la represión y el despliegue de fuerzas federales, resguardando la libertad física y ambulatoria de quienes deseen acercarse al Obelisco tras el partido. “Ninguna persona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puede estar tranquila de circular por la zona del Obelisco luego del partido de Argentina sin temor a que la Policía viole su integridad y libertad física. Haga lo que haga, esté con quien esté, aunque no hable siquiera, aunque sea como yo un adolescente de 17 años. Aunque sea como las personas a las que vi correr, una mujer con un bebé en brazos”. Esto dice Julián, el chico recibió un balazo de goma en el ojo derecho en los festejos mundialistas del sábado pasado, en un habeas corpus preventivo individual y colectivo que presentó esta mañana con el propósito de que las personas que quieran acercarse al Obelisco después del partido Argentina-Inglaterra puedan hacerlo con la tranquilidad de que no serán reprimidas. El objetivo es que se resguarde la libertad física y ambulatoria de quienes transiten por la zona y –frente a los anuncios de un megaoperativo conjunto– que se evite convocar a las fuerzas de seguridad federales. El adolescente presentó el recurso esta mañana con el patrocinio de la abogada Natalia Volosin y tramita en el juzgado porteño penal, contravencional y de faltas a cargo de Alejandro Villanueva. El papá de Julián, Nicolás Finoli, había relatado públicamente lo ocurrido y difundió una carta dirigida a la comunidad educativa porque, decía, “esto le puede pasar a cualquiera, mi hijo salió a festejar el triunfo de la selección y se encontró con un aparato represivo policial disparando a la gente”. El joven se había juntado con sus amigos del Colegio Nacional Buenos Aires a ver el partido y, como tantas otras personas, salieron a festejar la victoria del equipo argentino frente a Suiza. En los alrededores del Obelisco había un operativo policial inmenso que en la madrugada hizo un despliegue táctico con agentes de a pie, motos y camiones hidrantes. Tiraron gases lacrimógenos, agua y balas de goma. De milagro, Julián no perdió la visión. El hábeas corpus reclama, frente a los anuncios de un gran operativo previsto que incluirá fuerzas federales, que la justicia impida “que se consume la amenaza cierta y actual que representa para mi libertad física y ambulatoria”. Frente a la experiencia del último fin de semana, el recurso tiene como objetivo evitar que se reiteren y amplíen “acciones ilegales, arbitrarias y desproporcionadas de fuerza”. “El inconcebible accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires no sólo transformó lo que hasta su llegada era una fiesta de miles de personas, amigos y familias que salimos al Obelisco –el lugar más paradigmático para cualquier persona que haya tenido el honor de nacer o hacerse ciudadano de este país— en una película de terror en la que mujeres con bebés en brazos, niños, niñas adultos y adolescentes nos vimos forzados a correr para resguardar nuestras vidas, integridad física y libertad ambulatoria de quienes se supone, al menos según lo que me enseñaron en la escuela, que deben protegernos, sino que además muchas personas fueron arbitrariamente detenidas y otras tantas heridas”, dice el escrito al que accedió Página/12. En su caso particular, cuenta Julián, estaba celebrando en forma totalmente pacífica cuando junto a sus amigos fueron “subrepticiamente avasallados por una feroz represión” en Cerrito y Lavalle. El balazo de goma impactó a un centímetro del ojo derecho. Ante lo sucedido, explica, no puede “circular libremente sin temor a ser agredido, avasallado, detenido, lastimado o incluso, quien sabe, asesinado”. Lo que solicita es que se ejerza “el debido control judicial de legalidad de la actuación policial de manera preventiva para resguardar en forma colectiva la libertad física y ambulatoria de toda persona que participe o transite por las inmediaciones de la Plaza de la República del Obelisco”, en especial con posterioridad al partido Argentina-Inglaterra. “El solo hecho de sentarse en la zona del Obelisco con la camiseta de Argentina puede ser motivo suficiente, como ocurrió en mi caso, para recibir un balazo de goma en un ojo. Esto no se puede permitir en una democracia constitucional”, dijo. La presentación ofrece un relato pormenorizado de lo sucedido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, con videos incluidos. Explica, además, que la gente corría porque la amenaza era quedar detenidos o sufrir un daño físico irreparable. “El hecho de que estemos hablando de un festejo por el Mundial y no de, por decir algo, una protesta por el financiamiento universitario o los jubilados, no lo hace menos grave. Más bien todo lo contrario: si un joven de 17 años no puede ir a festejar por un partido de fútbol qué le queda a alguien que necesita llamar la atención y protestar porque un gobierno recorta las prestaciones de salud para niños y niñas con discapacidad, pone como ejemplo. El escrito pide medidas puntuales: Página/12
La industria utilizó apenas el 58,4% de su capacidad instalada en mayo. La refinación de petróleo alcanzó niveles récord pero metalmecánica, sector automotor y textil operaron muy por debajo de su potencial La industria argentina continuó operando con un importante margen de capacidad ociosa durante mayo. Según el último informe sobre Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII), el sector manufacturero trabajó al 58,4% de su potencial productivo, una leve baja respecto del 58,9% registrado en igual mes de 2025. El indicador refleja qué proporción de la capacidad máxima de producción disponible en las plantas industriales fue efectivamente utilizada, considerando criterios técnicos como los turnos normales de trabajo, el mantenimiento programado de las máquinas y las paradas necesarias para garantizar el proceso productivo. Los datos muestran una industria que continúa atravesada por una marcada heterogeneidad. Mientras algunos sectores lograron elevar significativamente su nivel de actividad, otros siguen afectados por la debilidad del mercado interno y la menor demanda de bienes industriales. Refinación de petróleo, el gran motor El sector con mejor desempeño fue el de refinación del petróleo, que alcanzó una utilización de la capacidad instalada del 88,7%, muy por encima del promedio industrial y del 73,3% registrado un año antes. El crecimiento respondió al mayor procesamiento de petróleo crudo, que permitió incrementar la producción de gasoil y naftas, convirtiéndose en la principal incidencia positiva del mes. También operaron por encima del promedio general: En este último caso, aunque el sector permaneció por encima del promedio nacional, registró una baja frente al 61,7% de mayo del año pasado debido a una menor producción de carne vacuna y bebidas. La metalmecánica volvió a ser el sector más golpeado En el otro extremo del ranking se ubicó la metalmecánica, excluida la industria automotriz, con apenas 38,7% de utilización de su capacidad instalada, el menor nivel entre todos los bloques industriales relevados. La actividad cayó desde el 46,0% registrado en mayo de 2025, principalmente por la fuerte disminución en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que retrocedió 29,6%, y de aparatos de uso doméstico, cuya producción cayó 34,1%. También mostraron niveles inferiores al promedio industrial: Bae Negocios
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, informó que junio de 2026 concluyó con 12.319 personas privadas de su libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), lo que representa un crecimiento del 1,3% (153 personas más) respecto de las registradas al cierre de 2025. Los datos surgen del reporte semestral Población privada de libertad en cárceles federales, correspondiente al período enero-junio de 2026, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada. En ese marco, el informe indica que al cierre del primer semestre del año se registró una sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 personas privadas de la libertad por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF. Asimismo, destaca que la mayor parte del crecimiento de la población fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que incrementó su ocupación en 115 personas durante el semestre. En contraste, la Unidad 17 de Candelaria redujo su población de 188 a 148 personas (40 menos). Situación procesal y jurisdicción En relación con la situación procesal, el documento indica que 6 de cada 10 personas privadas de su libertad cuentan con condena firme. En términos porcentuales, el 64,4% (7.927 personas) se encuentra condenado, mientras que el 35,6% (4.391) permanece detenido en calidad de procesado. En comparación con el cierre de 2025, la PROCUVIN señala que la cantidad de personas condenadas aumentó un 3,2% (247 personas más), mientras que las prisiones preventivas descendieron un 2,1% (94 personas menos). En relación con la jurisdicción interviniente, el 51% de las personas alojadas en establecimientos federales se encuentra a disposición de la justicia nacional (6.277), el 44% corresponde a la justicia federal (5.416) y el 5% restante (626) depende de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe también destaca que la población dependiente de la justicia nacional creció un 5,5% durante el semestre y que representan la mitad de la población alojada en el SPF. A su vez, la justicia federal presenta la mayor proporción de personas privadas de libertad sin condena firme: el 40,3%, mientras que en el ámbito nacional el porcentaje de procesados alcanza el 32,8%. Mujeres y personas travesti-trans El informe consigna que al cierre de junio de 2026 había 1.019 mujeres y 33 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa en conjunto el 8,5% de la población total. El 91,5% restante son hombres. Durante el período analizado, la cantidad de mujeres privadas de libertad aumentó un 7,4%, mientras que la población travesti-trans se mantuvo relativamente estable. A su vez, 7 de cada 10 personas de estos colectivos se encuentran alojadas en el establecimiento penitenciario de mujeres ubicados en Ezeiza. El documento también destaca que más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans detenidas no cuenta con condena firme (49,4%), proporción superior a la registrada en la población general. En cuanto a situaciones específicas, se registraron 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y otras 18 detenidas junto a sus hijos/as. La mayoría de estos casos se concentra en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza, mientras que en el Complejo Penitenciario Federal III de Salta se reportaron dos mujeres embarazadas y tres con sus hijos/as. Jóvenes y población extranjera El informe señala que las personas de entre 18 y 21 años representan el 2,4% de la población total (297 casos) y que este grupo registró un incremento del 7,2% durante el semestre. A su vez, 7 de cada 10 jóvenes se encuentran detenidos sin condena firme. Por otro lado, las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.962 casos, y evidenciaron un aumento del 1% en el período analizado. Metodología El documento tiene como objetivo obtener información actualizada sobre la cantidad, distribución y evolución de la población penal del SPF, además de aportar datos sobre su composición según variables sociodemográficas, procesales y jurisdiccionales. La información presentada toma como fuente los reportes publicados mensualmente por el Servicio Penitenciario Federal, que luego son sistematizados y procesados por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la PROCUVIN. Las cifras corresponden a personas encarceladas en unidades y complejos del SPF. Esto no constituye el universo total de personas privadas de libertad bajo la órbita de la justicia nacional y federal, debido a que no incluye información sobre detenidos/as en cárceles provinciales, institutos penales para personas menores de edad ni dispositivos federales tales como dependencias de Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal Argentina, etc. Fiscales
El seleccionado argentino se mide con Inglaterra por un lugar en la final de la Copa del Mundo. El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se encuentra en horas decisivas de cara al equipo titular que plantará ante Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el jugador que tiene más posibilidades de dejar de ser titular es el mediocampista Rodrigo De Paul, con tres posibles reemplazantes: el volante Exequiel Palacios o los extremos Giuliano Simeone y Nicolás González. La Selección argentina enfrenta al combinado inglés en búsqueda de clasificar a su segunda final consecutiva, al haber sido campeón en Qatar 2022, y jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16:00 (horario argentino). Luego de un entrenamiento realizado en un horario más temprano al habitual, en horas del mediodía y en el complejo Atlanta United Training Ground, Lionel Scaloni comienza a diagramar al equipo titular que utilizará ante el elenco que conduce el entrenador alemán Thomas Tuchel. En ocasión de la semifinal de la Copa del Mundo, se esperan modificaciones en el mediocampo, con distintas confirmaciones de que el entrenador no repetirá al equipo titular que derrotó a Suiza por los cuartos de final. En este caso, quien corre con el riesgo de tener que comenzar como suplente es el mediocampista Rodrigo De Paul, uno de los jugadores más valorados por el entrenador durante todo su ciclo, pero con problemas para dar la talla en los últimos partidos, y con tres reemplazantes posibles. Si el elegido para comenzar desde el principio es el mediocampista Exequiel Palacios, se podría esperar que el equipo argentino arranque parado con un “doble 5”, en el que el volante Leandro Paredes sería el mediocampista más retrasado, involucrado principalmente en la marca y el inicio de la jugada, tanto con pases cortos como con sus característicos cambios de frente, mientras que el futbolista surgido en River jugaría a su derecha, con un rol similar aunque algunos metros por delante. En cambio, en cualquiera de las otras dos ocasiones habría diferencias. Si Scaloni se declina por Nicolás González, jugador de gran importancia en sus planteles, se podría esperar verlo situado como volante por izquierda, con el mediocampista Alexis Mac Allister pasando al costado derecho, mientras que el volante del Liverpool se mantendría más cerca de la banda izquierda si el titular es Giuliano Simeone, un auténtico pistón que puede jugar en cualquier puesto del costado derecho de la cancha. En el resto del equipo no se esperan grandes modificaciones. Aunque durante una parte del entrenamiento Scaloni práctico con el zaguero Nicolás Otamendi situado entre los centrales, la línea de 5 defensores no parece haberse impuesto entre sus consideraciones. Aunque el puesto del lateral derecho está habitualmente sujeto a las rotaciones entre los defensores Nahuel Molina, actual titular, y Gonzalo Montiel, y también podría haber variantes en el frente de ataque, entre los delanteros Lautaro Martínez y Julián Álvarez. La probable formación argentina ante Inglaterra:Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi, Julián Álvarez. Fuente: Agencia NA
La presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, presentó las iniciativas que el organismo llevará adelante durante la Bienal Internacional de Escultura 2026. Habrá un espacio de calma para personas con neurodivergencias, intérpretes en lengua de señas, sillas de ruedas para recorrer el predio y actividades para promover una nueva mirada sobre la discapacidad y la accesibilidad. La Bienal Internacional de Escultura 2026 sumará este año una fuerte impronta inclusiva con una serie de propuestas impulsadas por el Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH). El organismo desarrollará actividades orientadas a garantizar que las personas con discapacidad y sus familias puedan disfrutar plenamente del evento, además de promover una mayor concientización sobre la accesibilidad. En declaraciones a CIUDAD TV, la presidenta del IPRODICH, Ana María Mitoire, explicó que el trabajo del organismo estará centrado en dos ejes fundamentales: la sensibilización sobre la discapacidad y la difusión del nuevo símbolo internacional de accesibilidad. “Queremos que las personas con discapacidad y sus familias puedan transitar y disfrutar la Bienal. Para eso venimos trabajando en distintas cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad”, señaló. Un nuevo símbolo de accesibilidad Uno de los principales objetivos será difundir el nuevo símbolo internacional de accesibilidad, vigente desde 2015, que reemplaza la tradicional imagen de una persona en silla de ruedas. Mitoire explicó que el nuevo diseño representa a una persona con brazos y piernas extendidos y busca transmitir una mirada integral de la discapacidad, ya que no todas las personas con discapacidad tienen limitaciones motrices. “Seguimos asociando la discapacidad únicamente con la silla de ruedas, pero la discapacidad abarca muchas realidades distintas”, sostuvo. Un espacio de calma para personas con neurodivergencias Por primera vez, la Bienal contará con un espacio de calma destinado a personas con autismo y otras neurodivergencias que puedan verse afectadas por el ruido, la cantidad de gente y la intensidad del evento. El lugar funcionará todos los días, entre las 14 y las 19, en la sede de la Fundación Xocha, ubicada junto al Centro de Educación Física (CEF), entre el Domo del Centenario y el Parque 2 de Febrero. El espacio dispondrá de dos salas especialmente acondicionadas: una con colchonetas, juegos blandos y elementos para la regulación sensorial, y otra destinada exclusivamente al descanso, con iluminación tenue y música suave. “Hay muchas familias que directamente dejan de asistir a estos eventos porque no encuentran un lugar donde sus hijos puedan relajarse si lo necesitan. Queremos cambiar esa realidad”, afirmó la funcionaria. Intérpretes en lengua de señas Otra de las iniciativas será una jornada especial para personas sordas, prevista para el 23 de julio de 17 a 19, en la que habrá intérpretes en lengua de señas para facilitar la interacción con los escultores internacionales. La propuesta busca que las personas sordas puedan conversar con los artistas y participar de la experiencia en igualdad de condiciones. Más infraestructura accesible Durante toda la Bienal también habrá sillas de ruedas disponibles para quienes las necesiten, que podrán retirarse presentando el DNI en el sector de informes. Además, Mitoire destacó las mejoras realizadas en la infraestructura del predio, entre ellas nuevas sendas accesibles para personas con movilidad reducida y la adecuación de los sanitarios del Domo del Centenario. “Siempre van apareciendo nuevas necesidades, pero creemos que este año estamos dando un paso muy importante en materia de accesibilidad”, aseguró. Charlas y actividades participativas El IPRODICH también tendrá un espacio dentro del stand del Gobierno provincial, donde desarrollará distintas actividades durante toda la Bienal. Entre ellas habrá charlas sobre discapacidad, enfermedades poco frecuentes, comunicación aumentativa y alternativa, y el nuevo símbolo de accesibilidad. El cierre será el domingo 26 con una propuesta participativa encabezada por el artista Luciano Acosta, durante la cual niños y familias podrán intervenir con pintura un gran símbolo de accesibilidad que luego quedará emplazado en la sede del IPRODICH. “Es una propuesta muy ambiciosa y muy sentida para todo el equipo del instituto porque responde a muchas demandas en las que venimos trabajando desde hace tiempo”, concluyó Mitoire.