La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) y el Instituto Superior “Formosa” de la ciudad Formosa suscribieron recientemente un convenio de cooperación académica, mediante el cual nuestra la Casa de Altos Estudios comenzará a dictar el Doctorado en Educación en la vecina provincia. El acuerdo fue suscripto oportunamente por el secretario académico de la UNCAUS, Manuel Alejandro Ricardone y la rectora del establecimiento terciario formoseño, Elida Palavecino. Según informaron las autoridades de ambas instituciones, las inscripciones continuarán abiertas hasta el próximo viernes, ya que las primeras clases presenciales en la capital formoseña se llevarán a cabo los días 29 y 30 de mayo. Precisaron además que las actividades formativas se extenderán durante veinticuatro meses, bajo la dirección académica del doctor Gerardo Kahan. Cabe recordar que a mediados de marzo comenzó a dictarse también en Resistencia y Sáenz Peña esta misma oferta de posgrado, aprobada por Resolución CS Nº 329/2023 y acreditada por CONEAU según dictamen 617/2024. En cuanto al perfil del egresado, vale destacar que se orienta a la formación para la investigación, cuyos desarrollos y resultados contribuyan a la resolución de problemas y desafíos educativos; la producción de nuevos enfoques, conocimientos y propuestas que constituyan aportes originales para los análisis de los procesos educativos y el quehacer en instituciones educativas, así como en organismos públicos y privados del sector; la reflexión y la participación en actividades docentes cooperativas para responder a necesidades y problemasque enfrenta en la realidad de su trabajo cotidiano.
Autor: Redacción General
El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, acompañó este jueves el inicio del Curso Avanzado en la Lucha contra el Narcotráfico para el NEA, una capacitación destinada a fuerzas provinciales y federales con el objetivo de fortalecer la profesionalización y la articulación frente al crimen organizado. La actividad se desarrolla durante hoy y mañana, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno. “Esta iniciativa responde a un mandato directo del gobernador Leandro Zdero: vinimos para dar vuelta la página y cambiar la historia en la lucha contra el narcotráfico en nuestra provincia”, expresó Matkovich durante la apertura. El funcionario advirtió sobre la evolución y sofisticación de las bandas criminales, que incorporan nuevas tecnologías y metodologías operativas, y sostuvo que el Estado debe responder con capacitación permanente y trabajo coordinado entre instituciones. “La única manera de enfrentar estos desafíos es con profesionalismo, formación constante y una fuerte articulación”, afirmó. La capacitación aborda aspectos claves para la operatividad actual, entre ellos la recolección de pruebas para investigaciones judiciales, identificación de drogas sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas, protocolos de bioseguridad en la manipulación de estupefacientes y desmantelamiento de laboratorios clandestinos. Durante su intervención, el ministro destacó los resultados obtenidos por la provincia en materia de combate al narcotráfico. “Somos la provincia que en 2024 más sustancias prohibidas secuestró en relación con la cantidad de efectivos policiales”, señaló. En lo que va de 2025, informó además el secuestro de más de 110 kilogramos de cocaína, importantes cargamentos de marihuana y la recuperación de más de 100 vehículos robados vinculados a organizaciones criminales. Cooperación internacional y nueva división especializada En el marco de una estrategia federal y transfronteriza, Matkovich destacó las gestiones realizadas recientemente en Paraguay junto a autoridades policiales para reforzar controles y frenar el ingreso de sustancias ilegales desde el país vecino.Asimismo, remarcó el acompañamiento de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, respaldo que, indicó, permite elevar los estándares provinciales a nivel internacional. El ministro confirmó además la creación de la División Microtráfico Penitenciario, una nueva estructura que funcionará dentro del Servicio Penitenciario Provincial para fortalecer tareas de inteligencia vinculadas al narcomenudeo en contextos de encierro. Por su parte, el secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Nación, Martín Verrier, advirtió que gran parte del tráfico de cocaína migró en la última década desde Bolivia hacia Paraguay, impactando directamente en el NEA por las redes transnacionales. “Muchos dicen que es una batalla perdida, pero también tenemos que dar la batalla. Lo que hacemos tiene una importancia absoluta en el cuidado de nuestros ciudadanos”, sostuvo. Además, vinculó el crecimiento del narcotráfico con el aumento de la violencia y las tasas de homicidios, señalando que esos indicadores reflejan la presencia del crimen organizado en los territorios. Por su parte, la subsecretaria de Seguridad de Corrientes, Ingrid Jetter, agradeció la invitación y destacó la experiencia chaqueña en la lucha contra el narcomenudeo. “Venimos a aprender a este encuentro y convencidos de que esta lucha vale la pena”, expresó. Amplia participación institucional El encuentro contó con la participación de autoridades nacionales, provinciales y representantes del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad, entre ellos la subsecretaria de Narcotráfico y Crimen Organizado del Chaco, Analía Ramírez; la senadora nacional Silvana Schneider; el procurador general Jorge Canteros; el procurador adjunto Miguel Fonteina; el jefe de Policía, Fernando Romero; el subjefe Manuel Silva; y la jefa del Servicio Penitenciario Provincial, Marisa Soledad Godoy, junto a magistrados, equipos operativos y funcionarios especializados en la lucha contra el narcotráfico.
El docente e investigador fue elegido en sesión especial del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Asumirá la conducción de la Unidad Académica para el período 2026–2030. En una sesión especial del Consejo Directivo realizada este jueves 7 de mayo, el Dr. Claudio Núñez fue elegido decano de la Facultad de Humanidades de la UNNE, con el acompañamiento de los distintos claustros. La convocatoria se desarrolló conforme a lo establecido en el Estatuto de la UNNE, que regula la elección de autoridades universitarias en sesiones convocadas a tal fin y con participación de consejeras y consejeros electos en funciones. Al dirigirse al Consejo Directivo, el decano electo destacó que “el Consejo Directivo es el órgano más importante del sistema universitario, donde se toman todas las decisiones de la Facultad”. También reconoció a la gestión saliente destacando su trayectoria. Agradeció el acompañamiento recibido y remarcó el compromiso que implica asumir la conducción de la Facultad en el actual contexto universitario. También reafirmó la importancia de sostener y fortalecer una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad, convocando a toda la comunidad académica a continuar trabajando colectivamente en esta nueva etapa institucional. Durante la sesión, la profesora representante del claustro de titulares María del Mar Solís Carnicer, destacó la trayectoria académica e institucional del Dr. Núñez, así como su compromiso con la educación pública, el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la universidad y el trabajo articulado entre los diferentes sectores de la comunidad universitaria. Del mismo modo, la profesora Monica Vargas, valoró la importancia de continuar consolidando políticas académicas, de investigación, extensión y bienestar universitario, promoviendo una gestión participativa y con diálogo permanente entre claustros. La votación, de carácter nominal y público, consagró al Dr. Claudio Núñez como nuevo decano de la Facultad de Humanidades para el período 2026–2030.Acto de asunción El Decano electo, Dr. Claudio Núñez, asumirá su cargo en un acto que se realizará este viernes 8 de mayo a las 17 hs en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades, ubicada en Av. Las Heras 727, Resistencia Chaco.
Estados Unidos e Irán se acercan a un acuerdo temporal para detener su guerra , dijeron fuentes y funcionarios el jueves, mientras Teherán revisa una propuesta que detendría los combates pero dejaría sin resolver los temas más polémicos. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que Teherán aún no ha llegado a una conclusión sobre el plan que está surgiendo , el cual, según las fuentes, se centra en un memorándum a corto plazo en lugar de un acuerdo de paz integral, lo que subraya las profundas divisiones entre ambas partes. Las esperanzas de que incluso un acuerdo parcial pueda conducir a la reapertura del Estrecho de Ormuz ya han movido a los mercados , con los precios del petróleo cayendo nuevamente ante las apuestas de que las interrupciones del suministro podrían disminuir y las bolsas mundiales manteniéndose en gran medida en máximos históricos. Teherán y Washington han reducido sus ambiciones de alcanzar un acuerdo integral, ya que persisten las diferencias, en particular sobre el programa nuclear de Irán, incluido el destino de sus reservas de uranio altamente enriquecido y cuánto tiempo Teherán detendría su trabajo nuclear.En cambio, están trabajando en un acuerdo temporal plasmado en un memorando de una página, cuyo objetivo es prevenir el regreso al conflicto y estabilizar el tráfico marítimo a través del estrecho, según indicaron las fuentes y los funcionarios. “Nuestra prioridad es que anuncien el fin definitivo de la guerra y que el resto de los asuntos se puedan resolver una vez que retomen las conversaciones directas”, declaró a Reuters un alto funcionario pakistaní involucrado en la mediación entre ambas partes. Según las fuentes y los funcionarios, el marco propuesto se desarrollaría en tres etapas: poner fin formalmente a la guerra, resolver la crisis en el estrecho de Ormuz y abrir un período de 30 días para negociar un acuerdo más amplio. Teherán informó que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, mantuvo una conversación telefónica el jueves con Ishaq Dar, su homólogo en Pakistán, país que ha desempeñado un papel destacado en los esfuerzos de mediación. “Seguimos siendo optimistas”, declaró Tahir Andrabi, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán, en una rueda de prensa en Islamabad, al ser preguntado sobre la rapidez con la que podría alcanzarse un acuerdo. “Una respuesta sencilla sería que esperamos un acuerdo más pronto que tarde.”Trump, optimista; Irán, escéptico. El presidente estadounidense Donald Trump, quien ha destacado repetidamente la posibilidad de un avance decisivo desde que comenzó la guerra el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán, también ha adoptado un tono optimista. “Quieren llegar a un acuerdo… es muy posible”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca el miércoles, y agregó más tarde que “todo terminará rápidamente”. La propuesta pondría fin formalmente al conflicto, cuya guerra a gran escala se detuvo mediante un alto el fuego anunciado el 7 de abril. Sin embargo, deja sin resolver exigencias clave de Estados Unidos: que Irán suspenda su programa nuclear y reabra el estrecho de Ormuz, según las fuentes.Como muestra de que Estados Unidos mantiene la presión, el jueves impuso sanciones al viceministro de petróleo de Irak y a tres líderes de milicias por lo que calificó de apoyo a Irán. Israel, que también ha estado combatiendo a Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano, anunció el jueves que había matado a un comandante de Hezbolá en un ataque aéreo contra Beirut el día anterior, el primer ataque israelí contra la capital libanesa desde que se acordó un alto el fuego el mes pasado. Hezbolá desencadenó su último conflicto con Israel al abrir fuego en apoyo de Irán el 2 de marzo. El cese de los ataques israelíes en el Líbano es otra exigencia clave de Irán en las negociaciones con Washington. Funcionarios iraníes mostraron escepticismo ante la propuesta estadounidense de poner fin a la guerra. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que Teherán respondería a su debido tiempo, mientras que el diputado Ebrahim Rezaei calificó la propuesta como “más una lista de deseos estadounidenses que una posibilidad real”. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, pareció burlarse de los informes que indicaban que ambas partes estaban cerca de llegar a un acuerdo, escribiendo en las redes sociales que “la operación ‘Confía en mí, hermano’ fracasó” y presentando las conversaciones como una maniobra de Estados Unidos tras su fracaso en la reapertura del estrecho. Las esperanzas de un acuerdo hacen caer el precio del petróleo, las acciones suben Los rumores de un posible acuerdo provocaron una caída del 3% en el precio del crudo Brent, hasta situarlo en torno a los 98 dólares por barril, tras haber desplomado casi un 8% el miércoles.Los precios de las acciones a nivel mundial también subieron y los rendimientos de los bonos bajaron ante el optimismo por el fin de una guerra que ha interrumpido el suministro de energía.“El contenido de las propuestas de paz entre Estados Unidos e Irán es escaso, pero existe la expectativa en el mercado de que no se produzcan nuevas acciones militares”, declaró Takamasa Ikeda, gestor sénior de cartera en GCI Asset Management. Tensiones militares y regionales Trump suspendió el martes una misión naval que había comenzado hacía dos días., abre una nueva pestañaCon el objetivo de reabrir el estrecho bloqueado, se citaron avances en las conversaciones.Según NBC News, que cita a dos funcionarios estadounidenses anónimos, Trump decidió suspender la operación después de que Arabia Saudita restringiera la capacidad del ejército estadounidense para utilizar una base saudí para la misma. Según informó NBC, los funcionarios saudíes se mostraron sorprendidos y enfadados por el anuncio de Trump de que Estados Unidos ayudaría a escoltar barcos a través del estrecho, lo que les llevó a comunicar a Washington que negarían a Estados Unidos el permiso para que aviones militares volaran desde una base saudí o a través del espacio aéreo saudí. La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre el informe. El ejército
El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que un sector de la población enfrenta dificultades financieras tras haberse endeudado a tasas elevadas bajo la premisa de que la inflación o una devaluación reducirían el peso real de sus deudas. Según el funcionario, este fenómeno ha generado una ralentización temporal en el otorgamiento de nuevos créditos por parte de las entidades bancarias. El diagnóstico del ministro indica que muchos tomadores de préstamos personales actuaron basándose en comportamientos históricos del mercado argentino, esperando una “licuación” de sus pasivos que no se concretó debido a la estabilidad cambiaria y la desaceleración de precios. Esta situación derivó en un incremento de la morosidad y en un análisis crediticio más cauteloso por parte de los bancos. Caputo dio definiciones durante una entrevista que concedió a la TV pública y que procesó Agencia Noticias Argentinas. Durante el reportaje, Caputo detalló: “La gente también se sobreendeudó a tasas muy altas pensando que como siempre el dólar se iba a disparar y la inflación también y eso lo iba los iba a licuar y eso no pasó”. Al no producirse el salto esperado en el tipo de cambio, los compromisos financieros mantuvieron su peso real, afectando la capacidad de pago de los deudores. Como consecuencia de este escenario, el ministro explicó que el sistema financiero atraviesa un periodo de ajuste. “Eso generó cierta mora adicional”, indicó Caputo, y agregó que “hasta que baje un poco esa mora el crédito se ralentizó”. No obstante, aclaró que el Gobierno ha sugerido a las entidades privadas extender plazos y aplicar tasas más bajas para reencauzar la situación de los clientes afectados. A pesar de este freno puntual en el crédito minorista, el funcionario destacó un cambio estructural en el balance de las entidades financieras. Por primera vez en años, las curvas de financiamiento se cruzaron: “Prácticamente el 50% de sus préstamos son al sector privado y lo que es préstamos al sector público bajó a un 25%”. Según Caputo, este desplazamiento del Estado como principal demandante de fondos es lo que permitirá, eventualmente, una mayor oferta de crédito para la inversión productiva y el consumo.
Tras años de confidencialidad en los tribunales de Nueva York, la Justicia autorizó la difusión de un mensaje atribuido al financista antes de su muerte. Por primera vez desde el fallecimiento del polémico financista Jeffrey Epstein, se conoció el contenido de una nota de suicidio que permaneció bajo estricto secreto judicial durante años. El documento, cuya autenticidad fue mencionada por el diario The New York Times y al que la Agencia Noticias Argentinas tuvo acceso, habría sido escrito tras un primer intento de suicidio fallido en julio de 2019, semanas antes de su muerte definitiva en una prisión de Nueva York. En el manuscrito, Epstein dejó plasmada su frustración contra los investigadores que seguían sus pasos por cargos de tráfico sexual de menores. Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, el texto incluye frases desafiantes como: “Me investigaron durante meses — ¡¡¡NO ENCONTRARON NADA!!! Es un privilegio poder elegir el momento de decir adiós. ¿Qué quieren que haga? ¿Que me largue a llorar?”. Además, el escrito finaliza con dos reflexiones cortas: “Nada divertido” y “No vale la pena”. La nota no fue detectada inicialmente por los peritos, sino que fue encontrada por Nicholas Tartaglione, un exoficial de policía que compartía celda con el multimillonario en el centro penitenciario de Manhattan. El interno descubrió el papel oculto dentro de un libro de cómics una vez que Epstein fue trasladado a otro pabellón, y decidió entregarlo a sus abogados para evitar ser involucrado en el trágico desenlace del financista. Aunque la autopsia oficial de agosto de 2019 concluyó que Epstein se suicidó a los 66 años, la aparición de este mensaje, que termina con frases cortas calificando su situación como algo que “no vale la pena”, reaviva el debate sobre los fallos de custodia en la prisión federal. La desclasificación de este archivo, impulsada por la petición judicial del citado diario estadounidense, aporta una pieza clave para entender el estado psicológico del hombre que prefirió el silencio definitivo antes que enfrentar un juicio que prometía exponer a las figuras más poderosas del mundo. El secretario de Comercio de Estados Unidos fue interrogado por sus vínculos con EpsteinEl secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, fue interrogado ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes por sus vínculos con el traficante sexual convicto Jeffrey Epstein. Lutnick fue el primer miembro de la actual Administración Trump en testificar ante el panel del Congreso que investiga el caso Epstein, según informan los medios. Durante una comparecencia a puerta cerrada, Lutnick comentó a los legisladores que no podía recordar por qué él y su familia almorzaron en la isla privada de Epstein en 2012, contradiciendo su declaración previa sobre haber roto vínculos con el difunto multimillonario años antes. En una entrevista en un podcast el año pasado, Lutnick afirmó que nunca había coincidido con Epstein desde un encuentro en 2005 y que había cortado contacto con el delincuente sexual. Documentos publicados por el Departamento de Justicia revelaron que Lutnick visitó la isla caribeña de Epstein en 2012 e invitó al financiero a un evento de recaudación de fondos para Hillary Clinton en 2015. Ante el creciente escrutinio del Congreso, el secretario de Comercio aceptó en marzo testificar voluntariamente ante el comité, informa la agencia de noticias Xinhua. Después de dos horas de interrogatorio, legisladores demócratas acusaron a Lutnick de mentir al Congreso y de ayudar a encubrir los crímenes de Epstein, exigiendo su dimisión. Epstein se declaró culpable en 2008 de un cargo estatal de solicitar prostitución de una menor. Fue arrestado de nuevo en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual y murió en prisión el 10 de agosto del mismo año, antes del juicio.
Para un 61,2% las expectativas económicas “empeoraron” de cara al futuro. La preocupación por la corrupción creció 10 puntos. Un 65,3% de la ciudadanía evalúa como negativa la gestión del Gobierno de Javier Milei, mientras que para un 61,2% las expectativas económicas “empeoraron” de cara al futuro y un 63,6% considera el principal responsable de la situación económica a la actual administración, dejando atrás a la de Alberto Fernández, a la que culpa solo el 14%. Se trata de un sondeo de opinión de las consultoras Trespuntozero y Alaska, con eje en puntos de política y economía, sobre un universo de unos 1.200 casos a nivel país, realizado entre el 17 y el 21 de abril con un margen de error en más o en menos de un 2,8%. En igual sentido que otras encuestas conocidas en las últimas semanas, el trabajo arroja un saldo claramente negativo para el Gobierno, ya que quienes desaprueban la gestión llegan casi a los dos tercios de los consultados y duplican a quienes lo aprueban. El nivel de desaprobación asciende a 65,3 puntos, entre quienes ven la gestión “muy mal”, un 53,8% de los consultados; y quienes la ven “mal” un 11,5%. Del lado aprobatorio para la gestión de Milei se encuentra un 33% integrado por quienes la ven “muy bien”, un 19,9% y quienes la ven solo “bien”, que representan un 13,1%. Uno de los factores clave de la encuesta, se centra en las expectativas económicas que a principios del Gobierno resultaban favorables y hoy son negativas. Un 61,2% cree que empeoraron, para un 17,4% mejoraron y un 19,2 cree que no cambiaron. Además, ante la pregunta “¿Quién es el principal responsable de la situación económica actual?”, un 63,6% considera que es el actual Gobierno, un 14,9% dice que es “el Gobierno de Cristina (Kirchner)” y un 14% culpa a la gestión de Alberto Fernández, quien hasta hace unos meses se llevaba el mayor porcentaje. Todos los demás señalados como culpables de la situación económica (los empresarios, la dictadura, el Gobierno de Macri, el FMI, el neoliberalismo de los 90, y Donald Trump) obtienen menos de un 1%. Los encuestados señalaron además cuáles consideran como los principales problemas del país, y en ese rubro encabeza la lista la “corrupción” con un 38,5%, mostrando un crecimiento de 10 puntos respecto de la medición de enero 2026. El trabajo recuerda que cuando arrancó el Gobierno de Milei la “corrupción” era señalado por un 20% de los consultados, situación que fue cambiando con los meses a partir de casos como el criptogate $Libra, las denuncias de irregularidades en la Andis, y la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Detrás de la corrupción otros temas de preocupación fueron la desocupación (18,3%), la pobreza (16,1%) y la inflación (12,2%).
Se espera que el juzgado federal de Córdoba haga el anuncio oficial en los próximos días. Abuelas de Plaza de Mayo celebró el hallazgo. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de otras personas que estuvieron secuestradas en el campo de concentración conocido como La Perla, el centro de exterminio más grande del interior del país. El juez federal de Córdoba Hugo Vaca Narvaja se encuentra, por estos días, dándoles la noticia a los familiares, que sostuvieron una búsqueda de casi medio siglo para saber qué había hecho la dictadura con sus seres queridos. “Cada hallazgo es un paso más en la búsqueda de memoria, verdad y justicia”, remarcaron desde la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo. La Perla funcionó entre 1976 y 1978. Se estima que por ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) pasaron entre 2200 y 2500 personas, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba. La Perla estaba ubicada en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba capital con Villa Carlos Paz. El campo de concentración dependía del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. La modalidad predominante del exterminio fueron los fusilamientos y los enterramientos clandestinos. La sobreviviente Teresa Meschiati lo explicó con claridad al declarar en la megacausa: “Así como en la ESMA se iban para arriba; nosotros nos íbamos para abajo”. En La Perla, los represores hacían alusión a los pozos, a ver crecer los rabanitos desde abajo o a “metro ochenta”. Todos eran eufemismos relacionados con los enterramientos. Había una mecánica para el asesinato. Quienes iban a ser “trasladados” eran cargados en camiones a los que los perpetradores habían bautizado Menéndez-Benz, en alusión a Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército y, por ende, señor de la vida y la muerte en diez provincias –entre ellas Córdoba–. Los camiones partían, pero volvían al rato, lo que era una señal de que la disposición final de los cuerpos se daba en un área circundante. Lo que pasaba después eran reconstrucciones parciales o suposiciones. La verdad pudo comprobarse gracias a las excavaciones que permitieron recuperar los cuerpos de algunas de las tantas víctimas que pasaron por La Perla. Entre septiembre y noviembre del año pasado, el EAAF, junto al Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, trabajó sobre la zona conocida como la Loma del Torito. Para encontrar el área específica en la que debían concentrarse fueron fundamentales los aportes del geólogo Guillermo Sagripanti, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. No era un área novedosa para los antropólogos porque ya habían estado allí en 2004. Habían llegado a partir de los testimonios de un trabajador rural, José Julián Solanille, que se acercó a declarar ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para señalar que había visto los camiones Mercedes-Benz que trasladaban secuestrados y que después escuchaba los estruendos de los disparos. En 2004, Página/12 reveló que existía un descargo administrativo del teniente coronel Guillermo Bruno Laborda en el que hablaba de fusilamientos y de una operación de remoción de cadáveres que habría tenido lugar en los primeros meses de 1979. Para entonces, ya se conocían los primeros testimonios sobre La Perla y los represores querían asegurarse de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no encontraría evidencia de sus crímenes al visitar el país, precisó Horacio Verbitsky en esa investigación. Durante las tareas, los antropólogos encontraron restos óseos en dos áreas de la Loma del Torito, separadas entre sí por unos 300 metros. Los hallazgos correspondían a piezas de tamaño pequeño, lo que podría sustentar la hipótesis de que se utilizó maquinaria para remover los cuerpos. Los trabajos del EAAF ya dieron lugar a dos tandas de identificaciones. En marzo, se anunció que se habían recuperado restos de doce personas. También se halló la medalla que llevaba Jorge Omar Cazorla, marido de Graciela Geuna. Geuna, además de sobreviviente de La Perla, es una de las impulsoras de la querella que promueve la búsqueda de los restos. En el juzgado federal de Vaca Narvaja, no dieron información. A través de otras fuentes, Página/12 pudo confirmar que se estaba trabajando en notificar e informar a las familias. Se espera que la semana próxima el juez brinde una conferencia de prensa. “Celebramos los nuevos hallazgos en La Loma del Torito, fruto del trabajo de análisis antropológico y genético realizado por el EAAF sobre los restos recuperados en la Guarnición Militar La Calera, donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla”, escribió la filial Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo, que es querellante en la causa conocida como enterramientos clandestinos. La búsqueda sigue en el predio. El lunes, el EAAF reanudó las excavaciones en la Loma del Torito. Se espera que hasta septiembre explore unas tres hectáreas en busca de restos de personas desaparecidas. Página/12
Cuando la detección se realiza a partir de la manifestación de síntomas, en el 65% de los casos la enfermedad ya se encuentra en estadios avanzados. El cáncer de ovarios es un crecimiento de las células que se forma en los ovarios, las cuales se multiplican rápidamente y pueden invadir y destruir tejidos sanos del cuerpo y en el marco del día mundial que se conmemora este viernes, remarcaron que este tipo de dolencia presenta un patrón que se repite: la dificultad para reconocer señales tempranas y la demora en confirmar el diagnóstico. Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, más de 6 de cada 10 mujeres con cáncer de ovario encontraron dificultades para realizar la primera consulta médica tras la aparición de síntomas. Los principales motivos fueron la desestimación de estos, dificultades para conseguir turno, turnos con mucha demora y dificultades burocráticas o de cobertura. En la muestra analizada, el 65% de los casos se detecta cuando la enfermedad ya se encuentra en estadios avanzados, cuando su abordaje es más desafiante. “El problema empieza mucho antes que la necesidad de acceder a un tratamiento: cuando no se interpretan las señales de alerta o cuando las pacientes enfrentan dificultades para acceder a estudios a tiempo. Allanar ese camino es una de las claves para cambiar la historia de esta enfermedad”, señaló María de San Martín, directora ejecutiva de la Fundación Donde Quiero Estar. Al respecto, la Dra. Verónica Cristina Baró, médica oncóloga, jefa del servicio de Oncología de la clínica San Jorge, de Ushuaia, manifestó que: “A diferencia de otros tumores, el cáncer de ovario no cuenta con métodos de detección precoz eficaces para población general. Sus manifestaciones iniciales -como distensión abdominal, dolor pélvico o síntomas digestivos- suelen confundirse con afecciones de otros orígenes, lo que retrasa la sospecha clínica”. “Otro tema a tener en cuenta es la etapa quirúrgica, ya que el cáncer de ovario debe ser abordado por ginecólogos especializados en oncología, para lograr cirugías que cambien el pronóstico de las pacientes. Sabemos que existe una gran desigualdad en el acceso a dichas cirugías según la región del país y la cobertura de las pacientes”, añadió la especialista y a esto se le suma un circuito asistencial que, en muchos casos, no logra dar respuestas rápidas. El informe también muestra que las barreras para conseguir la primera consulta se repiten a la hora de alcanzar el diagnóstico e, incluso, una vez iniciados los estudios, con frecuencia aparecen trabas que siguen retrasando la confirmación diagnóstica. La importancia de la consulta temprana Los casos detectados a partir de síntomas presentan mayor probabilidad de encontrarse en estadios avanzados, en comparación con aquellos identificados en chequeos de rutina. Este patrón refuerza la necesidad de promover tanto la consulta temprana como una respuesta ágil del sistema de salud. “Hablar de cáncer de ovario es también hablar de inequidades, ya que, no todas las pacientes recorren el mismo camino ni llegan en el mismo momento al diagnóstico. Necesitamos sistemas más integrados, con menos barreras y más capacidad de respuesta”, agregó María de San Martín. Desde la Fundación DQE subrayan que mejorar los tiempos hasta el diagnóstico requiere una estrategia integral: mayor concientización en la población, capacitación de profesionales de la salud y simplificación de los circuitos de acceso a estudios. También destacan la importancia de acompañar a las pacientes durante todo el proceso, en un contexto donde el 70% de las participantes del MAPEC no había contado con apoyo de organizaciones de la sociedad civil. En este Día Mundial del Cáncer de Ovario, el mensaje es claro: sospechar y reconocer antes, diagnosticar a tiempo y reducir las demoras en las distintas etapas del camino del paciente desde el diagnóstico hasta el tratamiento, puede marcar una diferencia concreta en la vida de miles de mujeres.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó este jueves a 10 años de prisión al dirigente piquetero Ramón Alberto “Tito” López tras encontrarlo culpable de los delitos de lavado de activos agravado y asociación ilícita. En la misma causa también fueron condenados su esposa, Librada Romero, y sus tres hijos, David, Walter y Daniel López, quienes recibieron penas de 9 años de cárcel. La sentencia fue dada a conocer por los jueces Juan Manuel Iglesias y Enrique Bosch, integrantes del Tribunal Oral Federal de Resistencia, quienes leyeron la parte resolutiva del fallo luego de varias jornadas de debate. Además de la pena de prisión, el tribunal dispuso para Tito López la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos vinculados a la administración pública y una multa equivalente al doble del monto de las operaciones investigadas. En el caso de Librada Romero, el TOF la condenó como coautora penalmente responsable del delito de lavado de activos agravado a nueve años de prisión, con inhabilitación especial perpetua, costas y una multa de dos veces el monto de las operaciones. Sus hijos David Alberto López, Walter López y Daniel López también fueron hallados culpables como coautores del delito de lavado de activos agravado en el marco de una asociación ilícita y recibieron penas de nueve años de prisión, junto a inhabilitaciones y multas económicas. Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó además poner a disposición judicial las extensiones de tierras fiscales involucradas en la causa, junto con las mejoras realizadas y los animales existentes en esos predios. También dispuso el decomiso de los bienes considerados producto o provecho de las maniobras ilícitas investigadas. El pedido de la fiscalía Durante los alegatos, el fiscal federal Federico Carniel había solicitado penas más severas. Para Tito López y su esposa pidió 13 años de prisión por lavado de activos agravado y asociación ilícita, mientras que para sus tres hijos requirió condenas de 12 años. Según sostuvo el Ministerio Público Fiscal, la familia López conformó una estructura destinada al lavado de dinero proveniente de maniobras irregulares vinculadas a tierras fiscales, fondos públicos y operaciones comerciales sin respaldo económico declarado. Una causa que expuso un patrimonio millonario La investigación federal reveló un importante crecimiento patrimonial de la familia López que, según la acusación, no guardaba relación con los ingresos declarados ante ARCA. La causa se inició tras informes remitidos por el Equipo Fiscal Especial del Poder Judicial del Chaco a la fiscalía federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, donde se advertían maniobras de lavado de activos, asociación ilícita y fraude a la administración pública. Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la ocupación de más de 1.200 hectáreas en cercanías de Cote Lai, la adquisición de ganado y vehículos de alta gama, la compra de campos y viviendas, y la utilización de fundaciones que facturaban millones de pesos al Estado provincial, especialmente al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP). La fiscalía también expuso que tanto Tito López como su núcleo familiar registraban escasa o nula actividad económica formal, movimientos bancarios mínimos y una situación fiscal incompatible con el patrimonio acumulado. En paralelo, la investigación detectó contratos de leasing sobre tierras fiscales otorgadas por el Estado provincial, que habrían sido arrendadas a empresarios agropecuarios privados mediante maniobras consideradas irregulares por la Justicia Federal. El caso se convirtió en una de las investigaciones más resonantes de los últimos años en la provincia del Chaco por el volumen del patrimonio detectado, las conexiones con organismos estatales y el manejo de fondos públicos destinados a proyectos productivos.
La Justicia aceptó el recurso federal extraordinario presentado por el Gobierno libertario para no cumplir con la ley de financiamiento universitario. La medida cautelar ratificada dos veces que obligaba a la actualización de salarios y becas, tras un planteo de los rectores de las universidades nacionales, queda así suspendida hasta que se expida la Corte Suprema. A cinco días de la cuarta marcha federal universitaria, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con la firma de los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, concedió el recurso solicitado por la administración de Javier Milei a medidados de abril. A pesar de que la decisión previa sobre una medida cautelar no se considera una sentencia definitiva, los jueces justificaron su admisión debido a que la controversia involucra la interpretación de diversas normas de naturaleza federal. “Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar, hasta tanto se expida de manera definitiva la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, informó el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con un comunicado publicado en X. El Ministerio reiteró allí su explicación para no aplicar la Ley de Financiamiento Universitaria votada y ratificada el año pasado: “Cabe recordar que mediante el Decreto N°759/25 se promulgó la Ley N° 27.775 quedando suspendida en su ejecución hasta tanto el Congreso determine las fuentes de su financiamiento, ya que su aplicación plena comprometía el equilibrio de las cuentas públicas”. “El Gobierno nacional ratifica su compromiso de garantizar el derecho de enseñar y aprender, en un marco de sostenibilidad de las cuentas públicas y la asignación eficiente de los recursos del Estado”, cerraron. El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, tambien lo comunicó por esta vía: “La llamada “ley de financiamiento universitario”, impulsada con la intención de destruir el equilibrio fiscal, está SUSPENDIDA. Lo decidido por el tribunal implica la suspensión de la ejecución de la medida cautelar hasta tanto se expida, de manera definitiva, la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, tuiteó. La Nación
En una entrevista brindada a CIUDAD TV, el secretario de Obras Públicas, Luis Zarabozo, brindó detalles técnicos y administrativos sobre la instalación de un nuevo kiosco en el predio municipal, una obra que ha generado interrogantes debido a su presupuesto. El funcionario aclaró que, si bien el presupuesto oficial es de 38 millones de pesos, se trata de una estructura que reemplaza a una construcción de casi 30 años y posee características de alta durabilidad y bajo mantenimiento que justifican su valor. Zarabozo explicó que el costo final incluye una carga impositiva y de beneficios que asciende al 49,5%, precisando que “el costo real de materiales y mano de obra es de menos de un 49,5%”, lo que situaría el valor real de la construcción en aproximadamente 23 millones de pesos. Respecto a las críticas sobre el monto del proyecto para una estructura que algunos sectores describen como simple, el secretario enfatizó que la obra no es de construcción tradicional, sino que está asentada sobre una platea de hormigón y se entrega totalmente equipada. “Está instalado con aire acondicionado, con muebles, con mesada, con bajo mesada, la cena, estanterías”, detalló el funcionario, subrayando que el presupuesto fue elaborado por la Dirección de Arquitectura basándose en los precios de mercado. Ante las dudas sobre los costos, Zarabozo fue tajante al invitar a la revisión de los procedimientos legales: “Hay que verificar los papeles, el concurso, el expediente. Todo está a disposición para quien quiera analizar si los precios están elevados o no”. Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a la transparencia en la contratación de la empresa Dalmo SRL, la cual resultó seleccionada mediante una contratación directa tras un concurso del que participaron cuatro firmas. Zarabozo aclaró que se trata de una “empresa nueva” que se invita para este tipo de trabajos menores debido a su capacidad de ejecución y cupo, cumpliendo con todos los requisitos del registro de constructores de la provincia. Aseguró que la municipalidad trabaja actualmente con unas 25 empresas independientes en diversas intervenciones integrales, como las del Domo del Centenario, manteniendo un estricto control sobre la documentación y libre deuda de los proveedores. Finalmente, el secretario desmintió de forma categórica cualquier vinculación societaria de sus hijos con la empresa constructora del kiosco, explicando que la confusión podría derivar de relaciones de amistad previas. “Creo que los chicos que son dueños de esta empresa Dalmo son amigos de mi hijo”, señaló, pero aclaró que por ley no puede adjudicar obras a familiares hasta la tercera consanguinidad. Para dar por cerrado el tema, Zarabozo informó que la empresa de sus hijos se llama MADE ARQUITECTURA y que, debido a su cargo, tienen prohibido realizar cualquier tipo de trabajo para el municipio: “Están acá en la municipalidad y no pueden hacer ni una vereda porque yo soy el padre del funcionario”.
Un informe de RIA Consultores, elaborado en base a datos de ARCA y el BCRA, advirtió que los derechos de exportación aportaron apenas el 2,9% de la masa fiscal en los primeros cuatro meses de 2026. La caída se atribuye a la baja de alícuotas y al efecto de las “retenciones cero” aplicadas desde septiembre del año pasado. La recaudación por derechos de exportación registró una caída interanual del 37% en dólares durante el primer cuatrimestre de 2026 y marcó la segunda peor performance para ese período desde 2019, según un informe de RIA Consultores elaborado en base a datos de ARCA y el Banco Central de la República Argentina (BCRA). El trabajo señaló que entre enero y abril de este año los ingresos por retenciones alcanzaron los US$1.380 millones, por debajo de los niveles registrados en igual período de 2025 y sólo por encima de los US$1.083 millones recaudados en 2023, año atravesado por la sequía. De acuerdo con el análisis, la caída respondió principalmente a la reducción de las alícuotas aplicadas al complejo sojero y al efecto arrastre del esquema de “Retenciones Cero” implementado en septiembre de 2025. El informe precisó además que la participación de los derechos de exportación dentro de la masa fiscal cayó de un promedio de 4,7% entre enero y septiembre de 2025 a 2,4% entre octubre de 2025 y abril de 2026. En abril de este año, la recaudación por DEx alcanzó los $575.000 millones, un nivel 13% inferior al de abril de 2025 en términos corrientes y 33% menor en valores ajustados por inflación. El reporte indicó que la recaudación acumula diez meses consecutivos de caída interanual medida en dólares, una situación comparable únicamente con el deterioro registrado durante la sequía de 2023, cuando se contabilizaron doce meses seguidos de retracción. Según el documento, las exportaciones de trigo durante el verano y las ventas externas de maíz entre marzo y abril ayudaron a moderar parcialmente la baja en la recaudación. En las conclusiones, el informe sostuvo que la menor incidencia de los derechos de exportación en la estructura tributaria podría abrir espacio para una nueva reducción de alícuotas, especialmente en el complejo soja, que mantiene cargas superiores a las del resto de los principales cultivos. No obstante, advirtió que una nueva rebaja de retenciones podría generar mayores dificultades fiscales en un contexto de recaudación por debajo de la inflación y de alta sensibilidad sobre las cuentas públicas nacionales.
El Poder Judicial llama a licitación pública para la adquisición anual de drogas y reactivos destinados al Instituto Médico Forense y al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses. El monto estimado de la contratación asciende a $13.500.000. El acto de apertura de sobres y la recepción de ofertas se realizará el 11 de mayo a las 9 en la Dirección General de Administración (DGA), ubicada en Brown Nº 255, 1º Piso, de Resistencia. Los interesados podrán consultar y adquirir los pliegos de condiciones en el Departamento de Compras y Suministros de la DGA en el horario de 8 a 12. Asimismo, los pliegos se encuentran disponibles en la página oficial del Poder Judicial del Chaco https://www.justiciachaco.gov.ar/index.php?action=administracion También podrán realizar consultas mediante el correo electrónico: dga.compras@justiciachaco.gov.ar Pliegos El valor fue fijado en $1.000, y debe ser abonado mediante autoliquidación de Sellos/Tasas de ATP (22.5.a.1 Adquisición de Pliegos). Las solicitudes de adquisición se recibirán a través de la casilla oficial dga.compras@justiciachaco.gov.ar Cada oferente deberá adjuntar en formato PDF los comprobantes de autoliquidación y pago correspondiente, tras lo cual el Departamento de Compras remitirá el pliego digital firmado.
La legisladora Magdalena Odarda interpuso la denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, para que investigue a los funcionarios del Ministerio del Interior, que celebraron el 14 de enero pasado el acuerdo conciliatorio con la empresa Hidden Lake, que cerró la causa por la compra de unas 12.000 hectáreas por parte de la firma del magnate inglés. El 14 de enero pasado, en plena feria judicial, funcionarios del Ministerio del Interior del Gobierno nacional y abogados de la firma Hidden Lake SA, del magnate inglés Joseph Lewis, celebraron un acuerdo conciliatorio mediante el cual ambas partes desistieron de sus respectivas pretensiones. El acuerdo frenó la acción judicial de lesividad que el Estado nacional había impulsado a finales del 2023 contra esa empresa con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones que posibilitaron a la firma de Lewis la adquisición de unas 12.000 hectáreas, en las inmediaciones del Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. La causa tramitaba en el juzgado contencioso administrativo federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la jueza Rita María Teresa Ailín, y estaba con medidas de prueba en curso. Sin embargo, el juez Walter Lara Correa habilitó la feria judicial, homologó el acuerdo y dictó la sentencia. La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó este martes una denuncia ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, para disponga la apertura de una investigación sobre la conducta administrativa de los funcionarios de Nación que intervinieron en ese acuerdo conciliatorio con la empresa del Lewis. Solicitó a Rodríguez que requiera a los organismos competentes, en particular al Ministerio del Interior de la Nación, “la remisión de todas las actuaciones administrativas vinculadas al acuerdo referido, así como los antecedentes, dictámenes y fundamentos que motivaron la decisión de desistir de la acción de lesividad”. Odarda requirió al Procurador que evalúe “la eventual existencia de responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes y, en su caso, la posible comisión de hechos con relevancia penal, promoviendo las acciones que correspondan”. Y que se impulse “la revisión judicial del acuerdo conciliatorio celebrado y de la sentencia que lo homologa, a fin de obtener la declaración de nulidad absoluta e insanable de ambos, por su contradicción con el orden público y el interés general comprometido”. Un expediente que sigue bajo reserva En el petitorio, la legisladora rionegrina recordó al Procurador de Investigaciones Administrativas que el “acceso al expediente judicial en el cual tramitó la acción de lesividad se encuentra restringido bajo carácter de “reservado”, circunstancia que deberá ser considerada a los fines de garantizar el adecuado control de legalidad y transparencia de los actos denunciados”. En la demanda, a la que Diario RÍO NEGRO accedió, Odarda recordó que el 27 de septiembre del 2023, el Ministerio del Interior de la Nación “dictó la Resolución (RESOL2023-1603-APN-SECI#MI) mediante la cual declaró lesivas al interés general las autorizaciones de previa conformidad otorgadas en los expedientes N° S02-21662/96 y S0221702/96 del entonces Minsiterio de Defensa, vinculadas a la adquisición de tierras en zona de seguridad de frontera por parte de la firma H.R. Properties Buenos Aires SA, luego transformada en Hidden Lake SA (firma bajo dominio del ciudadano inglés Joseph Lewis)”. Actos viciados Según la denunciante, esa resolución, que se dictó fundada en antecedentes provenientes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Inspección General de Justicia, “concluyó que los actos administrativos cuestionados se encontraban viciados de nulidad absoluta e insanable, por violación de normativa de orden público en materia de defensa nacional y control de zonas de frontera”. Odarda sostuvo que el 8 de noviembre del 2023, el Ministerio del Interior de la Nación promovió acción judicial de lesividad contra Hidden Lake SA, “con el objeto de obtener la declaración de nulidad de las autorizaciones que posibilitaron la adquisición de aproximadamente 12.000 hectáreas en las inmediaciones del Lago Escondido, cuya titularidad y explotación se vincula con la restricción al acceso público a dicho bien de dominio público”. La compra de esas tierras se hizo a mediados de la década de los noventa, cuando en la Casa Rosada estaba el entonces presidente Carlos Menem y los radicales gobernaban la provincia de Río Negro. La legisladora rionegrina advirtió que durante el trámite del proceso, “y sin que se registraran avances sustanciales hacia la resolución de fondo del conflicto desde el 2024, el 14 de enero de 2026 el Ministerio del Interior, representado por el Dr. Alejandro Patricio Amaro, y la firma Hidden Lake SA, representada por los Dres. Jaime Cibis Robirosa y José Luis Ariel Bianco, suscribieron un acuerdo conciliatorio mediante el cual ambas partes desistieron de sus respectivas pretensiones, con el consiguiente cierre del proceso sin pronunciamiento judicial sobre la cuestión de fondo”. Indicó que el juez Lara Correa dispuso la habilitación de feria y procedió a homologar el acuerdo celebrado, “declarando extinguida la acción de lesividad, sin efectuar un análisis sustancial sobre la validez de los actos cuestionados ni sobre la incidencia del interés público comprometido”. Según Odarda, tras ese acuerdo y la sentencia correspondiente, “la causa se mantuvo en reserva, privando a cualquier persona de acceder a las actuaciones así como de tomar conocimiento de estos acuerdos de alto interés público, hasta que la información trascendiera gracias a investigaciones periodísticas”. El acuerdo impide investigar la compra de las tierras Afirmó que “el desistimiento recíproco de las partes y la posterior homologación judicial del acuerdo han tenido como consecuencia el cierre del proceso sin que se produzca un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos cuestionados”, es decir, la adquisición de unas 12.000 hectáreas, en zona de frontera, por parte de la empresa de Lewis, con el lago Escondido incluido en el interior de esa estancia. Cerca del lago Escondido, el magnate inglés construyó una mansión y un exclusivo complejo. Odarda aseguró en la denuncia que el acuerdo homologado por el juez Lara Correa “no solo importa el cierre del proceso sin pronunciamiento judicial sobre el
El presidente del Consejo de Abogados de Resistencia aseguró que la nueva normativa “mejora ingresos históricamente bajos” para los profesionales y afirmó que el fallo de la Cámara Civil “no tumbó la ley”. También habló sobre el caso del policía acusado de parricidio y femicidio, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y los controles sobre magistrados. En una extensa entrevista con CIUDAD TV, el presidente del Consejo de Abogados de Resistencia y director del Órgano de Control Institucional (OCI), Ricardo Urturi, se refirió a la polémica generada tras un fallo judicial que declaró la inconstitucionalidad de uno de los artículos de la nueva ley de honorarios profesionales de abogados en la provincia. Urturi cuestionó las interpretaciones que indicaban que la normativa había quedado sin efecto y aclaró que “la ley sigue plenamente vigente”. Explicó que la resolución corresponde a “un caso concreto” tratado por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia y que únicamente cuestiona el artículo 13, referido a la aplicación inmediata de la norma. “El fallo no tumbó la ley ni declaró inconstitucional toda la normativa. Lo que hizo fue cuestionar un artículo en un expediente puntual”, remarcó. El abogado sostuvo que la nueva legislación vino a corregir “mínimos muy bajos” y criterios que perjudicaban a los profesionales. “Los honorarios tienen carácter alimentario. Esto es el sueldo del abogado, lo que necesita para pagar su estudio, empleados, impuestos y sostener su actividad”, afirmó. Además, apuntó contra algunos magistrados que resisten la aplicación de la nueva normativa. “Hay jueces que parecen molestarse porque los abogados ganen un poco más. Pero la gran mayoría la está aplicando y el Superior Tribunal de Justicia también lo viene haciendo”, señaló. Urturi consideró que el fallo debería ser revisado mediante un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia y adelantó que el Consejo de Abogados podría acompañar la presentación como “amicus curiae”. El caso del policía acusado de parricidio y femicidio Durante la entrevista, Urturi también habló sobre la investigación administrativa abierta contra el efectivo policial acusado de asesinar a su padre y a su expareja en un hecho ocurrido en Puerto Vilelas. Indicó que el agente permanece internado en un sanatorio privado y que, aunque todavía no pudo ser notificado formalmente, ya se dispuso su suspensión preventiva con retención de haberes. Según explicó, desde el OCI ya se avanzó con la toma de testimonios y la recolección de pruebas, mientras se aguardan los resultados de pericias toxicológicas y las autopsias realizadas por el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses. También recordó que la legislación provincial prevé el retiro preventivo del arma reglamentaria cuando existen denuncias por violencia de género y explicó que, antes de restituirla, deben realizarse informes psicotécnicos obligatorios. Controles psicológicos y consumos problemáticos Consultado sobre los controles a integrantes de la fuerza policial, Urturi detalló que los aspirantes deben atravesar evaluaciones psicológicas y médicas antes de ingresar a la Escuela de Policía y que luego continúan bajo monitoreo durante el período de formación y servicio. Asimismo, señaló que en los últimos años se reforzaron los controles aleatorios vinculados a consumos problemáticos dentro de la fuerza. “La policía no está exenta de los problemas que atraviesa la sociedad”, sostuvo. Nuevo presidente del Consejo de la Magistratura Por otra parte, Urturi se refirió a su reciente elección por unanimidad como nuevo presidente del Consejo de la Magistratura del Chaco, mientras que la secretaria de Coordinación de Gabinete del Chaco, Carolina Meiriño ocupará la vicepresidencia. Aseguró que la prioridad será agilizar concursos y resolver expedientes pendientes. “No estamos para perder tiempo en actos protocolares, sino para trabajar y dar respuestas a la sociedad”, expresó. También destacó el sistema chaqueño de control sobre magistrados y recordó que cualquier ciudadano puede denunciar a jueces, fiscales o defensores con el patrocinio de un abogado.
La estrella colombiana superó en espectadores a la Reina del Pop con su show gratuito en Copacabana. Se conoció el número oficial de las personas que asistieron al show de Shakira en las playas de Copacabana, Río de Janeiro el pasado 2 de mayo, y se confirmó que la estrella colombiana hizo historia con un total de 2 millones de presentes en su espectáculo, superando notoriamente a la reina del pop, Madonna. De esta forma, la barranquillera se convirtió en la primera artista latina en hacer historia con conciertos multitudinarios. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, miles de fanáticos viajaron de todas partes del mundo exclusivamente para ver el espectáculo en persona. Con un concierto adaptado a su exitosa gira “La mujeres ya no lloran tour”, Shakira deslumbró a los millones de presentes con sus canciones más icónicas, más reproducidas y las que marcaron un antes y un después en la industria musical latina. “No he podido dormir. Lo de anoche en Río fue absolutamente inolvidable. Los dos millones y medio de almas que estuvimos ahí, juntos, pudimos reconocer el poder de la música. Aunque muchos hayamos tenido días difíciles, allí fuimos a celebrar la vida tal y como viene: con sus imperfecciones y sus aciertos”, expresó “La Loba” en sus redes sociales después del concierto. Si bien Shakira se convierte en la primera artista latina en reunir esa magnitud de fanáticos, se encuentra en el puesto número dos de la lista, pero no por mucho. La estadounidense Lady Gaga logró reunir un total de 2.1 millones de espectadores, mientras que Madonna reunió 1.6 millones en la misma plata de Río de Janeiro.
La medida de fuerza resuelta por los bancarios será el próximo miércoles 13 de mayo durante las últimas tres horas de atención al público de los bancos. El gremio denunció cierres de tesorerías regionales, sucursales y despidos; y advirtió que podría profundizar el plan de acción gremial con nuevas medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. La Asociación Bancaria convocó a un paro nacional para el próximo miércoles 13 de mayo en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en el Banco Hipotecario, en rechazo a una serie de decisiones adoptadas por las autoridades de ambas entidades. La medida de fuerza se llevará adelante durante las tres últimas horas de atención al público. Desde el gremio que conduce Sergio Palazzo advirtieron que la protesta responde a medidas que, según denunciaron, afectan de manera directa a los trabajadores y trabajadoras del sector. En el caso del BCRA, el sindicato cuestionó la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Según La Bancaria, esa decisión podría derivar en la pérdida de 32 puestos de trabajo y constituiría un “vaciamiento” de funciones esenciales. Además, el gremio sostuvo que la medida tendría impacto sobre las economías regionales, al afectar tareas vinculadas al funcionamiento territorial del organismo monetario. La organización sindical recordó que el pasado 27 de abril ya había realizado una medida de fuerza en los tesoros regionales. También señaló que hubo instancias formales ante la Secretaría de Trabajo, aunque denunció que las autoridades mantuvieron una postura “sin voluntad de diálogo ni de revisión”. En paralelo, La Bancaria también apuntó contra la situación del Banco Hipotecario, donde denunció el cierre sistemático de sucursales y la ejecución de despidos injustificados en distintos puntos del país. “Rechazamos de manera absoluta toda desvinculación y cualquier política de achique que implique el deterioro de las condiciones laborales y deje a trabajadores y trabajadoras sin sus puestos de trabajo”, sostuvo el sindicato en el comunicado. Frente al conflicto, la Asociación Bancaria ratificó el estado de alerta y movilización en todo el país. Además, advirtió que podría profundizar el plan de acción gremial con nuevas medidas directas si no obtiene “soluciones urgentes y concretas”. El comunicado fue firmado por el Secretariado General Nacional de La Bancaria y por su secretario general, Sergio Palazzo, quien responsabilizó a las autoridades del BCRA y del Banco Hipotecario por un eventual agravamiento del conflicto. Infogremiales
El hantavirus volvió a instalarse en la agenda pública tras registrarse nuevos casos en el país, entre ellos uno vinculado a la zona de Bariloche con posible exposición en Salta y Jujuy. En diálogo con CIUDAD TV, el veterinario Martín Robledo explicó las características de la enfermedad, sus vías de contagio y las medidas de prevención que toda la población debe conocer. El profesional señaló que el hantavirus es una enfermedad presente en Argentina de manera sostenida: todos los años se registran casos en distintas regiones del país, con focos endémicos en el sur patagónico —especialmente Bariloche, Neuquén y Chubut— y también en el norte, con casos frecuentes en Salta, Jujuy y Misiones. “Es una enfermedad que está en la Argentina, que siempre por año se reportan varios casos en diversas regiones”, afirmó Robledo. El agente transmisor es un roedor silvestre específico, no el tipo de ratón doméstico que podría encontrarse en una vivienda urbana. Este animal habita zonas periurbanas y rurales y disemina el virus a través de su orina, secreciones y mordeduras. Lo que hace particularmente difícil detectar la presencia del virus en los animales es que el roedor no manifiesta síntomas: “Es asintomático, no tiene síntomas, sino que transmite la enfermedad constantemente”, explicó el veterinario. Las poblaciones más expuestas son trabajadores rurales, veterinarios, turistas que visitan zonas de monte o acampantes que frecuentan áreas silvestres. La cepa de Los Andes Un dato central que Robledo subrayó es que Argentina es uno de los países donde circula la cepa “de Los Andes”, la única variante del hantavirus que puede transmitirse de persona a persona. Sin embargo, aclaró que no se trata de un contagio masivo comparable al de enfermedades respiratorias como el COVID-19: “Tiene que haber un vínculo muy estrecho y por mucho tiempo”, precisó. En el norte del país, en cambio, los casos se producen principalmente por contacto con el roedor, sin transmisión interhumana. Ante la ausencia de vacuna o tratamiento específico, la prevención es la única herramienta disponible. Robledo recomendó evitar la presencia de roedores en viviendas y establecimientos, no dejar alimentos accesibles, cerrar todos los ingresos posibles y extremar la higiene personal. Quienes ingresen a espacios cerrados por largo tiempo deben airearlos y desinfectarlos con lavandina al menos una hora antes de ocuparlos. Los síntomas iniciales de la enfermedad se asemejan a un cuadro gripal —fiebre, decaimiento y dolor abdominal— y pueden derivar en una grave afectación respiratoria que puede resultar fatal si no se detecta a tiempo.
El mismo juez que dictó un amparo a favor de la CGT que puso freno a más de 80 artículos de la reforma concedió una medida cautelar a pedido de la Federación de Viajantes. La medida implica un antecedente clave para otro estatuto derogado, el del Periodista. La Justicia dio marcha atrás con la derogación del Estatuto del Viajante que había dispuesto la ley de Reforma Laboral. Lo hizo el juez del Trabajo Raúl Ojeda, el mismo que el Gobierno amenaza con denunciar por haber aceptado una cautelar que suspendió la vigencia de más de 80 artículos de la norma, en este caso al aceptar un planteo de la Federación de Viajantes (FUVA). La decisión se suma a otro amparo del mismo magistrado este miércoles contra dos artículos de la reforma que excluían a los trabajadores embarcados de la ley de Contrato o de Trabajo, y puede convertirse en antecedente para otros varios estatutos especiales derogados por la norma, entre ellos el del Periodista. En un fallo al que accedió El Destape, el juez Ojeda recoge algunos de los argumentos con los que había validado el planteo de la CGT para suspender toda la reforma. En particular, la necesidad de mantener “la paz social” y evitar la conflictividad derivada de la ausencia de normas protectorias, así como la urgencia para adoptar el temperamento y la aclaración de que se trata de una decisión meramente provisoria sin avanzar en la cuestión de fondo, es decir la constitucionalidad del articulado de la ley 27.802. En el texto legislativo aprobado este año quedaba consagrada la derogación del Estatuto del Viajante de Comercio a partir del 1 de enero de 2027. Ojeda cita en sus argumentos al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: “dijo que no debemos asumir los jueces que tenemos el timón del barco social para orientarlo y conducirlo. En la misma película me represento que en este juicio se solicita la intervención de este Poder Judicial para evitar que en ese barco social no se arroje a los trabajadores y trabajadoras por la borda, más allá del destino que la proa indique”. La alusión también pareció dirigida a los camaristas laborales que le quitaron efectos a la cautelar que el magistrado había dispuesto en primera instancia ante una presentación de la CGT con el argumento de que no había riesgo para la seguridad de los trabajadores con la vigencia de la reforma. En su fallo el juez de primera instancia recordó que los trabajadores “gozan de preferente tutela constitucional” y que ese mismo concepto está consagrado en los tratados internacionales de los que la Argentina es firmante. Más adelante destacó que otro juzgado del Trabajo había dictado otra cautelar a favor de la FUVA cuando el Gobierno hizo un primer intento de derogación de su estatuto especial con el DNU 70/23. Ojeda se remite en su fallo también al dictamen del representante del Ministerio Público en esta causa al señalar que “la síntesis del señor fiscal no puede ser mejor lograda”. En aquel planteo se destaca que con el amparo “lo que se pretende es reparar la exclusión de un segmento de trabajadores del cobijo de su estatuto profesional, norma madre que le confiere identidad a toda una actividad” e invierte la carga de la prueba: “el Estado nacional deberá explicar cómo busca compensar esta quita de derechos del sector, ya que no mediaron explicaciones en el debate parlamentario. Destaco en este punto la ausencia total de debate en este tema. Diez minutos por orador no es debate”, agrega. Sobre este punto añade que “en una disciplina transaccional como lo es el derecho del trabajo, una reforma peyorativa debería estar compensada con una mejora de igual o mayor valor en su botiquín de derechos, reales y concretos”. Además del caso de los viajantes de comercio, la Reforma Laboral derogó otros estatutos especiales como el del Periodista Profesional, el peluquero o los choferes particulares, así como normas que regulan las licencias para extranjeros que votan en las elecciones de sus países de origen o la que delimita los horarios y días laborales en los supermercados. El Destape