Por unanimidad, el Parlamento chaqueño creó por ley el Observatorio Legislativo Malvinas, una institución que tendrá como objetivos promover el conocimiento de la cuestión, analizar las políticas públicas nacionales e internacionales relacionadas con Malvinas, elaborar propuestas para el fortalecimiento del reclamo argentino sobre las Islas y difundir información en la comunidad chaqueña. El Observatorio Legislativo Malvinas estará integrado por representantes del Poder Legislativo, uno por cada bloque; uno del Ejecutivo provincial; uno de la Universidad Nacional del Nordeste; uno de la Universidad Tecnológica Nacional; uno de la Universidad Nacional del Chaco Austral; y dos representantes de las organizaciones de excombatientes de Malvinas, oficialmente reconocidas por las instituciones pertinentes. Esta entidad funcionará bajo la órbita de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Y podrá realizar las siguientes actividades:Reuniones de trabajo e intercambio de información.Seminarios y talleres sobre la cuestión Malvinas.Publicaciones de informes y estudios sobre la cuestión Malvinas.Visitas a sitios históricos relacionados con la cuestión Malvinas.Contactos con organizaciones y personas relacionadas con la cuestión Malvinas.Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputaran a las partidas presupuestarias específicas del Poder Legislativo. Homenaje al exsoldado Freddy Sánchez Previo al tratamiento de la iniciativa legislativa, en el Recinto de sesiones se proyectó un audiovisual en el que un joven soldado chaqueño se expresaba para los canales de noticias previo al desarrollo del conflicto bélico en 1982. Se trataba de Freddy Sánchez, exsoldado chaqueño que presenció este miércoles la sesión legislativa donde terminaron rindiéndole homenaje. “En la figura de este veterano de guerra va todo nuestro respeto, cariño y admiración a los soldados argentinos que lucharon con gallardía, como bravos soldados y marcaron un antes y un después en el conflicto del Atlántico Sur. Freddy representa mucho, llegó primero y fue uno de los últimos en volver”, expresó el diputado Samuel Vargas, autor del proyecto. “El Observatorio no es un ente burocrático más, se trata de un ente que va a tener a su cargo no solamente reflejar lo que pasó en Malvinas sino también saber que comenzó mucho antes que la batalla que llevo adelante en soledad el Gaucho Rivero”, afirmó. “Chaco tiene 60 héroes que custodia las Islas Malvinas, están en Darwin, están en el mar. Y en ellos está la memoria de todos aquellos que abrazamos a Malvinas como una causa nacional. El Observatorio va a ir más allá de cualquier entidad u organización del tercer sector, se va a transformar en este gran espacio que va también a traspasar las fronteras de la Nación”, dijo en virtud de poder integrar Foros internacionales.
Autor: Redacción General
El Parlamento chaqueño designó este miércoles a los representantes del Poder que integrarán como suplentes el Consejo de la Magistratura, a partir de abordar como segundo punto el tratamiento del expediente 18/26. Obró de miembro informante el diputado libertario Iván Gyoker del interbloque Chaco Puede. Informó que tal como se consensuó con el resto de los bloques, la moción de ambos miembros se haría en conjunto y así se avanzó en virtud de reemplazar a los diputados mandato cumplido Sebastián Lazarini y Juan Carlos Ayala. La propuesta del espacio oficialista fue por el diputado Jorge Gómez, “con mucha trayectoria y experiencioa dentro del Poder Judicial, con mucho conocimiento del funcionamiento, alguien que ha tenido mucho prestigio por su labor dentro de las Fiscalías y que ha ocupado también el Ministerio de Gobierno y Justicia e integrado previamente el Consejod e la Magistratura por parte del Poder Ejecutivo”, destacó Gyoker. Desde el Frente Chaqueño, el diputado justicialista Nicolás Slimel, propuso a la diputada Magda Ayala, “parte de nuestro bloque que netendemos como la persona idónea para integrarlo. No tenemos ninguna duda que lo va a representar de la mejor forma como lo está haciendo actualmente nuestro representante titular, el diputado Rubén Guillón”. Tras la votación nominal, ambos diputados resultaron designados. 31 votos se volcaron hacia la diputada Ayala, 30 por el diputado Gomez y hubo una abstención en el caso de Gómez. Designaron a los representantes en el CONES En el mismo sentido, como punto tercero, se hizo lo propio con la designación de cinco diputados para integrar el Consejo Económico Social (CONES). El diputado Gyoker propuso la ratificación de dos de sus actuales miembros y sumaron a uno. Ratificó a los diputados Carlos Salom y Maida With e incorporó a Samuel Vargas. Por su parte, el diputado Slimel propuso a sus pares Luciano Moser y Pía Chiacchio Cavana.
El Parlamento chaqueño sancionó por amplia mayoría la ley que establece un nuevo mecanismo para calcular los honorarios para los profesionales de la abogacía y procuradores de la provincia. El voto en disidencia para que el proyectio vuelva a comisión fue de la diputada del Frente Grande, Tere Cubells, con amplios argumentos que fueron vertidos durante el debate en el Recinto. Obró de miembro informante el diputado del interbloque Chaco Puede, Edgardo Reguera, del proyecto 2723 de 2025 con despacho unánime de la Comisión de Legislación General. Habló de un “arduo trabajo” de casi dos años con la participación de todos los sectores e instituciones involucradas “que sometieron este proyecto hoy definitivo al debate exhausto por parte de todos los actores. Ha tenido el tiempo necesario para que todos los interesados hayan tomado conocimiento y observado de qué se trataba”, destacó y mencionó a las seis circunscripciones judiciales y los colegios y consejos de abogados de toda la provincia. “Se viene a actualizar una ley de más de 20 años, que no sufría ninguna modernización ni actualización al respecto, había quedado abandonada, totalmente retrasada. Y lo que se hace es cambiar el criterio, pasar del salario mínimo vital y móvil a UMA que es la Unidad de Medida Arancelaria que ya está establecida en el funcionamiento de la Justicia federal y cuenta con el visto bueno incluso de la Corte Suprema de Justicia”, explicó. Destacó que se limita la discrecionalidad de las partes “en cuanto a que las partes acuerdan, como ya existían los pactos de cuota litis, lo que establecerá y determinará con claridad dar provisionalidad a las partes a la hora de enfrentar un proceso judicial”. “Creo que en ese aspecto suma claridad a quienes vayan a intervenir en un proceso judicial”, sostuvo el legislador que defendió un proyecto “bien planteado, coherente y lógico”. Por la oposición, la diputada justicialista del interbloque Frente Chaqueño, Pía Chiacchio Cavana, expuso como miembro informante de su espacio y puso en valor la tarea de abogados y la manera en la que “incide nuestro trabajo profesional de manera directa en el acceso integral a la Justicia. La Abogacía es una profesional vinculada al servicio público e implica que podamos tener una nueva ley de honorarios profesionales”. “Este proyecto viene a reconfigurar de manera integral todo el sistema con el que se regulaban los honorarios de los abogados. Antes lo hacíamos a través del salario mínimo vital y móvil que, como sabemos, no solo quedó totalmente desactualizado sino que había un enorme desajuste en relación a la inflación y una amplísima discrecionalidad judicial en la regulación de honorarios”, remarcó. Destacó que el proyecto en danza actualiza la unidad de medida, no fija honorarios en función del salario mínimo sino a través de la unidad de medida arancelaria UMA “que establece un parámetro de cuantificación que evita la licuación inflacionaria y prevé la posibilidad de que los profesionales tengan mayor previsibilidad económica en la regulación de sus honorarios”. También destacó que disminuye el margen de discrecionalidad de los jueces al momento de regular los honorarios profesionales, lo que “permite unificar un criterio”. “Creo que el proyecto de ley, no solamente cumple con un deber elemental que tenemos como Cámara de Diputados hacia todas las profesiones de nuestra provincia, que es asegurar honorarios y/o salarios dignos que le ganen a la inflación y puedan ser justicas sino que además es un proyecto que surge de los protagonistas y quienes representan como entidades profesionales a cada uno de los abogados de nuestra provincia y que viene a mejorar sustancialmente el acceso a la justicia estableciendo y equilibrando entre el derecho del justiciable y el derecho de los profesionales del derecho”, destacó y agradeció a las instituciones involucradas en el debate. En disidencia votó la dipuatada Tere Cubells del Frente Grande bajo una serie de fundamentos vinculados a que no se garantiza el acceso a la justicia con dicha normativa y observando también el cálculo a través de UMA. Advirtió la necesidad de “un aretribución justa y un acceso real a la justicia para la ciuaddaníoa. Yo creo que esto no está sucediendo en este momento”, dijo y pidió que el proyecto vuelva a Comisión. Aspectos generales de la ley La ley de honorarios que queremos dejar atrás, tiene como principal parámetro paradeterminar los honorarios, el Salario Mínimo Vital y Móvil, que ha quedadototalmente desactualizado, no cubriendo los valores mínimos de la defensaprofesional. A tal fin, se han pergeñado leyes de honorarios que contemplan la tareaprofesional creando unidades de medidas arancelarias que se encuentran vigentes anivel nacional y en muchas provincias argentinas. Por ello, se propicia la adhesión directa a la UMA que determina periódicamente laCorte Suprema de Justicia de la Nación. De esa forma, se facilita todo el proceso dedeterminación de los honorarios de los profesionales del derecho, el mantenimientorazonable de su valor, además de ser una unidad que tiene la fuerza de provenir denuestro Máximo Tribunal de Justicia Nacional. Además, se propone disminuir las dificultades y también las diferencias entre igualtrabajo y distinta remuneración, originadas en la discrecionalidad aplicada al regular.Esas diferencias son muy patentes cuando no hay monto del juicio como base decálculo de las regulaciones. La tarea profesional es independiente de su resultado, al tratarse de una obligación demedios. En ese entendimiento, toda actividad profesional es útil y oficiosa, salvo queno responda totalmente a los intereses del defendido, no logre ningún efecto útil parala causa. El artículo 5, el título 2°, Presunción de utilidad del trabajo profesional.Inoficiosidad, es elocuente en tal sentido. La mera cita de artículos o las razones aparentes no son suficiente fundamentaciónpara demostrar cómo se arribó a la regulación de honorarios; especialmente, porquese dificulta la defensa de los mismos. Por esa razón, esta ley busca que se cumplan losparámetros constitucionales del deber de fundamentación en regulaciones dehonorarios. No debe olvidarse que la tarea del abogado incide directamente en el acceso a lajusticia, pues la abogacía es una profesión de servicio público y la ley de honorariosdebe garantizar que los letrados
A casi 50 años del Golpe y tras el impresionante hallazgo, los familiares de las víctimas agradecieron el trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense, la justicia federal y los organismos de derechos humanos. Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tissera. Esos son los nombres de las personas secuestradas en la última dictadura cívico militar, cuyo paradero se desconocía hasta hace pocos días, cuando se anunció la identificación de restos óseos en el predio donde funcionó el ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio “La Perla” (Córdoba). Este miércoles por la mañana se llevó a cabo una conferencia de prensa en el Juzgado Federal 3 de esa provincia con la participación de su titular, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, y familiares de las víctimas, querellas y miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para dar precisiones sobre la identificación. También formaron parte de la jornada Carlos Vullo, director del laboratorio de genética forense, y Silvana Turner, a cargo de los trabajos en La Perla. Durante la conferencia de prensa se buscó ampliar la información reunida hasta el momento de los nombres de las personas desaparecidas, halladas e identificadas; y se especificó cómo continuarán las tareas de los organismos judiciales, tanto de búsqueda en el terreno, como de análisis de laboratorio. Asimismo, los familiares de las víctimas expresaron su emoción y agradecimiento por la incansable lucha de los organismos de derechos humanos, los equipos especializados, y el acompañamiento de la sociedad durante 50 años. Quiénes son los desaparecidos hallados por el EAAF en Córdoba El juez Miguel Vaca Narvaja informó que una de las familias de los identificados pidió que su nombre no sea difundido. Los que se dieron a conocer son: Ramiro Sergio Bustillo Nació en San Rafael de Mendoza. Estaba casado y tenía dos hijos. Era obrero y estudiante universitario de Ingeniería y Dibujo Técnico en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Fue secuestrado a los 27 años de edad el 18 de octubre de 1977 en la vía pública, en la ciudad de Córdoba. José Nicolás Brizuela Nació en la localidad cordobesa de Dean Funes. Se había recibido de abogado y trabajaba como obrero. Fue secuestrado a los 50 años de edad el 25 de octubre de 1977 en su domicilio en el barrio Residencial América. Raúl Oscar Ceballos Cantón Era cordobés y fue secuestrado el 26 de agosto de 1976 en su domicilio del barrio Altamira, en la capital provincial. Tenía 23 años. Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza Adriana María y su hermana melliza Cecilia fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 de una pensión del Barrio General Paz, en Córdoba. Tenían ambas 18 años. Ambas eran estudiantes universitarias, de Ciencias de la Comunicación y de la Educación, respectivamente. El EAAF pudo determinar con certeza que el elemento óseo analizado pertenece a una de ellas, pero no a cuál debido a su parentesco. Carlos Alberto D’Ambra Nació en Alta Gracia, Córdoba. Era soltero y profesor de educación física. Fue secuestrado la tarde del 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de la capital provincial. Tenía 23 años. Fue visto en los ex centros de detención y tortura clandestinos Campo de la Ribera y La Perla. Alejandro Jorge Monjeau Nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en La Plata. Fue secuestrado el 14 de marzo de 1977 en la vía pública, en el barrio cordobés de Alberdi. Tenía 21 años. Según testimonios, fue visto en “La Perla”. Mario Alberto Nívoli Era de Ucacha, en la provincia de Córdoba. Estaba casado y tenía dos hijos. Era ingeniero químico. Fue secuestrado en la madrugada del 14 de febrero de 1977 en su domicilio. Tenía 28 años. Según testimonios, también fue visto en el ex centro clandestino La Ribera y La Perla. Elsa Mónica O’Kelly Pardo Nació el Alto Alberdi y estudiaba arquitectura. Fue secuestrada en la madrugada del 21 de abril de 1976 en su domicilio familiar en el barrio de San Vicente, en Córdoba. Tenía 18 años. Oscar Omar Reyes Nació en Banfield, en Buenos Aires. Era casado y tenía 5 hijos. Era obrero metalúrgico. Al momento de su desaparición era trabajador independiente. Fue secuestrado el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba capital. Tenía 45 años. Eduardo Jorge Valverde Suárez Era mendocino, estaba casado y tenía dos hijos. De profesión, abogado. Fue secuestrado el 24 de marzo de 1976. Tenía 36 años. Sergio Julio Tissera Nació en La Para, en el departamento de Río Primero, en Córdoba. Era casado y padre de dos hijos. Trabajador aeronáutico. Fue secuestrado el 21 de abril de 1976 en su domicilio en el barrio San Martín, en la capital de Córdoba. Tenía de 32 años. Cómo se encontraron los restos Las excavaciones arqueológicas conducidas por el EAAF en el 2025 resultaron en el hallazgo e identificación de restos óseos humanos aislados y mezclados en dos áreas exploradas en la zona conocida como “Loma del Torito”, en La Calera. Se trata de un predio de aproximadamente 14 mil hectáreas dentro del cual funcionó el Centro Clandestino de Detención La Perla entre marzo de 1976 y fines de 1978. Por ese lugar pasaron gran cantidad de personas detenidas-desaparecidas. Mediante testimonios y diversas fuentes sistematizadas en la investigación histórica, el EAAF contaba con la hipótesis de que en la zona investigada debían haber ocurrido numerosos enterramientos clandestinos de prisioneros que estuvieron cautivos en La Perla. En tanto, el organismo científico lideró la búsqueda en terreno, contando con la colaboración de profesionales del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y la Universidad Nacional de Río Cuarto. En 2026 está planificado retomar las tareas de prospección y excavación del área hasta su culminación. Los testimonios de los familiares Rodolfo, hijo de Oscar Omar Reyes: “Lograron darnos
El presidente Javier Milei calificó de “histórica” la sentencia que resolvió suspender todas las demandas vinculadas en la demanda por la petrolera nacional. El presidente Javier Milei celebró este miércoles la “sentencia histórica y sin precedentes” a favor de la Argentina en el juicio por YPF que se lleva adelante en los tribunales de Nueva York. La Cámara de Apelaciones estadounidense resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF y la audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios. Tras conocerse el fallo, Milei sostuvo que “Esta decisión representa un hito histórico en la defensa de la República Argentina en un litigio que además, durante más de doce años, ha significado un enorme costo económico, jurídico y reputacional para el país”. Según explicó el Presidente, la decisión de “la Cámara estadounidense concedió la suspensión inmediata del proceso de discovery post sentencia y de todos los procedimientos pendientes ante el Corte de Distrito, hasta tanto sea resuelta la apelación de fondo relativo al juicio de YPF”. Las sanciones que habían pedido los demandantes En enero los fondos Petersen y Eton Park habían presentado un escrito ante la jueza para que el país sea declarado en desacato y sancionado por supuestas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales exigidas por la corte. El reclamo también estaba vinculado a un proceso de discovery del caso sobre correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores. Los demandantes aseguraban que ciertos funcionarios no cumplieron con toda la documentación solicitada y sostienen que eso justifica sanciones adicionales. Desde la Procuración del Tesoro, la defensa oficial rechazaron tajantemente la acusación de desacato: aseguran que el país está cumpliendo con las decisiones judiciales vigentes y que ningún castigo puede aplicarse antes de que se ejerza completamente el derecho a defensa. El conflicto traza su origen en la sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar u$s16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF, fallo que los demandantes obtuvieron en 2023 ante Preska. El Gobierno, por su parte, buscó frenar esta ofensiva con una apelación que considera central para su estrategia de defensa, mientras la disputa se mastica entre tecnicismos jurídicos y reclamos de soberanía. En paralelo, los fondos han advertido que podrían avanzar con multas, presunciones adversas e incluso pedir cronogramas específicos para tratar el desacato si no obtienen la información solicitada. Ámbito
Se realizó la tercera asamblea del pueblo Moqoit para avanzar en la toma de testimonios de descendientes de sobrevivientes. El pasado domingo 15 de marzo, en el Centro Integrador Comunitario del paraje El Pastoril, en Villa Ángela, se llevó a cabo la tercera asamblea de referentes del pueblo Moqoit. Durante el encuentro se informaron los avances en la causa judicial y se organizó la toma de testimonios que realizará la Fiscalía Federal a descendientes de sobrevivientes durante el mes de abril en la localidad de San Bernardo. Las reuniones previas se habían desarrollado en el Bachillerato de San Bernardo y en la comunidad de San Lorenzo, en la zona de Las Tolderías de Charata. Del tercer encuentro participaron referentes de comunidades moqoit de El Pastoril, San Bernardo, La Tigra, Pegouriel y Las Tolderías. Entre ellos estuvieron Juan Carlos Martínez y Rubén Salteño (docentes CPI), Julián Rojas (docente), Francisco Rojas (presidente del Consejo de Ancianos de El Pastoril), Mario Ruiz, Anselmo Córdoba, Pascual Obregón, Raquel Córdoba, los pastores Gabriel Obregón y José Lalecori, Florencio Ruiz, Santos Pablo Cristian y Antonio Martín, entre otros. Durante la jornada se leyeron pruebas incorporadas a la investigación judicial, se escucharon testimonios de descendientes de sobrevivientes —basados en la transmisión oral de los hechos— y se acordó que la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal se instale en San Bernardo a comienzos de abril para llevar adelante la toma de declaraciones. La Masacre de El Zapallar En 1933, en el entonces Territorio Nacional del Chaco, se registró un escenario de sequía extrema que provocó una grave situación de hambre y penuria en las comunidades indígenas. En ese contexto, a principios de septiembre de ese año, partió desde la Reducción Napalpí —encabezada por el cacique Luis Durán— un grupo de aproximadamente 300 personas pertenecientes a familias de la comunidad Moqoit, en busca de trabajo y alimentos. A la marcha se sumaron contingentes provenientes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña. Recorrieron a pie cerca de 100 kilómetros hasta llegar a la localidad de El Zapallar (actual General San Martín). El 7 de septiembre, durante la siesta, las familias intentaron ingresar al pueblo divididas en pequeños grupos de unas 20 personas, con mujeres y niños al frente como señal de sus intenciones pacíficas. Sin embargo, fueron reprimidas por orden del comisario Francisco Prestera. La policía del Territorio Nacional, con refuerzos llegados desde Resistencia y el apoyo de civiles, abrió fuego bajo el argumento de defender a la población ante un supuesto “malón”. Como resultado, se estima que murieron alrededor de 50 personas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres.
En cumplimiento con el reglamento interno en su artículo 166, el diputado justicialista Nicolás Slimel, mocionó las fechas para que se lleven a cabo las interpelaciones solicitadas por el interbloque opositor, ingresadas al Parlamento chaqueño, con previo consenso establecido con sus pares del oficialismo. El ministro de la Prudcción Omar Dudik, el administrador de Vialidad Provincial Omar Canela y el presidente del InSSSeP Rafael Meneses están citados en un cronograma de fechas del mes de abril. Como fechas, quedó establecido el 1º de abril la interpelación al ministro de Producción, Omar Dudik, “vinculado a la grave y crítica situación que están atravesando los trabajadores del Ministerio hoy. Necesitamos que el Ministro venga a dar la cara a la Legislatura”. La citación a Dudik responde a las explicaciones que piden desde la oposición por las modificaciones en el Fondo Estímulo Productivo (FEP), el bloqueo de pagos de enero y presuntas “medidas coercitivas” contra trabajadores. El 15 de abril será, por otro lado, la interpelación al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela, “por las cuestiones presentadas en la resolución” vinculada al estado de la infraestructura vial. El requerimiento busca explicaciones sobre el mantenimiento, abandono de rutas y el estado de la infraestructura vial, en un contexto de crisis. Por último, el 29 de abril es la fecha que quedó fijada para la interpelación del presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), Rafael Meneses, para brindar información sobre recorte de convenios con prestadores de salud, suspensión de prestaciones, restricciones en derivaciones a centros de alta complejidad y priorización de determinados sanatorios privados, entre otros puntos. La propuesta del diputado Slimel fue que las tres interpelaciones se produzcan a las 8. Sin embargo, a propuesta del diputado de la oposición Iván Gyoker, las interpelaciones se desarrollarán a las 11 en los tres casos. “Como vamos a tener tres sesiones afectadas a las interpelaciones podamos tener asuntos entrados y seguir llevando temas a las comisiones. Por lo cual, pedimos que en vez de hacerlo a las 8 sea a las 11 y que queden estas tres fechas ya fijadas para las interpelaciones atentos a nuestra Constitución provincial, nuestro reglamento interno y el mandato que tenemos con la ciudadanía”, sostuvo.
En diálogo con CIUDAD TV, el intendente de la localidad, Rafael Frías, dijo que se apela al diálogo para tratar de resolver el conflicto generado por el cumplimiento de la acción de amparo que ordenó otorgar el título de propiedad comunitaria del Lote 88 a una organización indígena. En ese contexto, consideró que el desalojo de las 600 familias criollas es “de imposible cumplimiento”. El intendente de Miraflores, Rafael Frías, expuso con crudeza el estado del conflicto que rodea al lote 88 del ejido municipal: una disputa que enfrenta a cerca de 600 familias con la comunidad originaria, cuyo derecho sobre el terreno fue reconocido por la Justicia hace varios años. La situación, heredada de gestiones anteriores, coloca al municipio en una posición prácticamente irresoluble desde el punto de vista legal. “Decirlo de la manera más transparente posible, es una situación muy difícil porque hay una sentencia judicial, porque hay una decisión de la justicia que data de hace rato, de hace varios años atrás, donde ese lote que era parte del ejido municipal se le tiene que transferir a una asociación comunitaria de la comunidad originaria”, explicó Frías. En ese marco, todas las familias que residen en el lugar se encuentran imposibilitadas de obtener siquiera una constancia de trámite de su tierra. El jefe comunal explicó que el municipio se encuentra en una paradoja: presta servicios de iluminación y recolección de residuos en esa zona, pero no puede cobrar impuestos ni emitir documentación alguna sobre las parcelas. “Tenemos que brindar los servicios de iluminación, de recolección de basura, entre otros, pero no podemos dar ni siquiera una constancia de tierra”, lamentó Frías, quien precisó que esta problemática se originó cuando el municipio, en gestiones anteriores, no se presentó ante la Justicia cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Para comprender el origen del conflicto, Frías remontó la historia al período en que un gobernador de la provincia del Chaco determinó, alrededor de la década de 1980, que cien lotes de la zona constituyen una reserva de la comunidad originaria. Miraflores fue creada como municipio en 1994 dentro de esos cien lotes, ocupando específicamente los lotes 87, 88, 93 y 94. El lote 88, sin embargo, fue tratado en los hechos como si no perteneciera al ejido municipal, lo que derivó en su posterior judicialización y en la sentencia favorable a la comunidad originaria. Frías señaló que la mayoría de las familias que hoy habitan el lote compraron sus parcelas de buena fe directamente a la comunidad originaria, con contratos de compraventa que no pudieron ser regularizados ante el municipio. “La buena fe estuvo presente de parte de las familias que fueron a comprar para instalarse, vivir ahí, pero después, con la sentencia de la jueza que da para la comunidad originaria, como son tierras reservas de la comunidad, no puede ser a nombre de una persona, son tierras comunitarias”, explicó el intendente. Ante la pregunta de qué ocurrirá con las 600 familias, el intendente fue contundente: “Nosotros sabemos que es de imposible cumplimiento un desalojo, porque trasladar 600 familias es garantizarle una vivienda digna y garantizarle un terreno, garantizarle otras acciones más, y eso es de imposible cumplimiento”. En ese sentido, Frías manifestó que la única salida posible es el diálogo entre las partes, y que desde el municipio trabajan activamente en esa dirección. El intendente dio cuenta de los avances en la negociación. Reveló que participó de una reunión con el gobernador, el secretario de Asuntos Estratégicos, el subsecretario de Municipios y el ministro de Gobierno, Julio Ferro, en la que se analizaron distintas alternativas orientadas a preservar la paz social. “Lo que analizamos son alternativas, diferentes alternativas, considerando la paz social ante todo. Hay diferentes opciones que pueda haber de consenso entre las partes, y hoy seguimos trabajando en ello”, indicó. Al momento de la entrevista, Frías se disponía a recibir a referentes del lote 88 y al ministro de Gobierno en el despacho municipal. Consultado sobre el clima social en la zona, el jefe comunal reconoció que el día anterior hubo una movilización de vecinos en la ruta, aunque sin cortes de tránsito. “Entiendo la desesperación de muchos de los vecinos, entiendo la situación, que es bastante compleja, pero también quiero que entiendan que nosotros desde el municipio no podemos hacer mucho, sino solamente apostar al diálogo para lograr un consenso”, expresó Frías, quien reconoció que las facultades del Ejecutivo municipal se encuentran acotadas por la sentencia firme de la Justicia.
En Paraguay, se llevó adelante un nuevo encuentro de la Comisión Mixta de Pesca Argentina- Paraguay, con el objetivo de analizar y coordinar estrategias comunes para la regulación, control y fiscalización del recurso pesquero en aguas compartidas. En representación de la delegación Argentina por parte de la provincia del Chaco, participó el subsecretario de Ambiente, del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Sostenible, Mariano Moro, quien estuvo junto a autoridades nacionales y provinciales, entre ellos el director de Áreas Protegidas. La reunión se desarrolló con la presencia de organismos técnicos y de control de ambos países, incluyendo la participación de Prefectura Naval Argentina, en el marco de un trabajo conjunto orientado a fortalecer las medidas de protección del recurso ictícola. Cabe destacar que este encuentro marca la primera reunión presencial de la comisión desde el año 2022, lo que permitió retomar una agenda común clave para el manejo sostenible de los recursos naturales compartidos. Resistencia, la próxima sede elegida Durante la jornada, además, se acordó que la próxima reunión de la Comisión Mixta se realizará en la ciudad de Resistencia el 23 de junio, consolidando a la provincia como sede de un evento de relevancia internacional en materia ambiental y productiva. En este contexto, el subsecretario Mariano Moro destacó: “Es muy importante volver a encontrarnos de manera presencial, porque estas instancias fortalecen el diálogo y la coordinación entre ambos países para el cuidado del recurso pesquero”. Asimismo, remarcó: “Estamos trabajando en estrategias comunes que nos permitan regular, controlar y fiscalizar de manera más eficiente en las aguas compartidas, con una mirada puesta en la sostenibilidad”. Por último, Moro subrayó la importancia del trabajo articulado: “La participación de organismos como Prefectura y de representantes nacionales y provinciales es fundamental para avanzar en medidas concretas de protección del recurso ictícola y garantizar su preservación para las futuras generaciones”.
El exministro de Salud del Chaco y médico pediatra Luis Zapico advirtió sobre el aumento de cuadros respiratorios en las primeras semanas del ciclo lectivo y llamó a las familias a actuar con prudencia ante los síntomas. En declaraciones a CIUDAD TV, explicó que se trata de un fenómeno estacional esperado, potenciado por el contacto entre niños en escuelas y jardines. “El inicio de clases genera una circulación importante de virus respiratorios. Es normal que aparezcan fiebre, congestión, tos e incluso cuadros digestivos leves como diarrea o vómitos”, señaló. En ese sentido, remarcó que no hay una situación epidemiológica anormal ni una epidemia, sino un comportamiento habitual para esta época del año. Zapico pidió a los padres evitar la consulta inmediata ante los primeros síntomas. “La fiebre no es un enemigo, es una respuesta del organismo. En las primeras 24 a 48 horas es esperable y se puede manejar en casa con antitérmicos”, indicó. Además, alertó sobre la saturación de guardias médicas y los riesgos de exposición a cuadros más graves en esos ámbitos. El especialista también cuestionó la automedicación y el uso innecesario de antibióticos. “Muchos chicos llegan con varios días de fiebre y ya medicados sin indicación adecuada. Eso genera resistencia y complica los tratamientos”, explicó. En cambio, recomendó priorizar el seguimiento con el pediatra de cabecera. Entre los signos de alarma que requieren consulta médica, mencionó fiebre alta persistente, dificultad para bajarla, decaimiento marcado, más de tres días de fiebre o problemas respiratorios como agitación o respiración acelerada. En cuanto a la prevención, destacó la importancia de la vacunación, especialmente la antigripal para grupos de riesgo y la inmunización contra el virus sincicial respiratorio en embarazadas. “Las vacunas son clave para evitar complicaciones y cuadros graves”, sostuvo. Respecto a la detección de casos de enfermedades como sarampión o viruela símica, Zapico subrayó la necesidad de vigilancia epidemiológica y recordó que la caída en los niveles de vacunación puede favorecer la reaparición de patologías controladas. Por último, al referirse a la decisión del Gobierno nacional de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, consideró que la medida “no cambia sustancialmente” el funcionamiento del sistema sanitario. No obstante, destacó el rol clave de la Organización Panamericana de la Salud en el financiamiento y provisión de vacunas. Como recomendación general, insistió en medidas básicas de cuidado: higiene de manos, uso de barbijo en caso de síntomas, descanso e hidratación. “Muchos cuadros virales se resuelven con cuidados simples. El uso innecesario de antibióticos es un problema creciente”, concluyó.
El informe de la Consultora Politikón indica que en el mes de febrero de 2026, el IPC nacional marcó una suba del 2,9%, igual nivel que en el mes de enero pasado; de ese modo, ya son nueve los meses donde el IPC nacional no logra desacelerar. Entre las jurisdicciones subnacionales que miden sus IPC, este mes volvió a presentar desempeños heterogéneos, tanto por resultado final como por dinámica. En ese marco, cuatro distritos subnacionales registraron subas de sus IPC superior al registro nacional: Tucumán (3,4%), San Luis (3,4%), Jujuy (3,1%) y Río Negro (3,0%); por su parte, otras seis provincias exhibieron incrementos inferiores al total país, con Chaco mostrando la menor variación del mes (2,1%). En términos de la dinámica del IPC respecto del mes previo, se observa una disparidad en los resultados: cinco provincias aceleraron, cuatro desaceleraron y una se mantuvo estable. San Luis fue el distrito con la mayor aceleración, con un incremento de 0,9 puntos porcentuales, seguida por Tucumán (+0,7 p.p.), Río Negro (+0,7 p.p.), Córdoba (+0,2 p.p.) y Santa Fe (+0,1 p.p.). Por su parte, Jujuy registró en febrero la misma variación que en enero. En sentido contrario, Neuquén (-0,1 p.p.), CABA (-0,5 p.p.), Mendoza (-0,5 p.p.) y Chaco (-1,0 p.p.) desaceleraron respecto del mes previo. ¿Cómo cerró el primer bimestre del año? A nivel nacional, la suba acumulada del IPC en el primer bimestre fue del 5,9%, por encima del 4,7% registrado en igual período del 2025. Entre las provincias, tres cerraron el período con subas mayores al nivel país y las otras siete por debajo. Jujuy (6,4%), Tucumán (6,3%) y San Luis (6,0%) fueron los distritos con mayor crecimiento de precios acumulado; en el extremo opuesto, Chaco (5,3%), Neuquén (5,2%) y Córdoba (5,1%) marcaron las menores subas. En este marco, se destaca que siete provincias mostraron, en línea con el total nacional, una suba acumulada en el primer bimestre 2026 mayor al de igual período de 2025; entre estos, las aceleraciones más importantes se dieron en Mendoza (+2,0 p.p.) y Río Negro (+1,3 p.p.); en el extremo opuesto, solo tres provincias mermaron en su velocidad de crecimiento acumulado: Santa Fe (-0,4 p.p.), Córdoba (-0,9 p.p.) y Neuquén (-1,5 p,p.). Variación interanual de los IPC provinciales A nivel país, febrero 2026 mostró una suba interanual del IPC del 33,1%, levemente por encima del registro del mes anterior. Solo dos provincias muestran una variación interanual superior a ese nivel: Neuquén (36,5%) y San Luis (33,3%); por el contrario, el resto de los distritos se ubicó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro al fondo del ranking (23,5%). Para ver datos de índices y variaciones mensuales, acumuladas e interanuales de los IPC provincias, ingresar a https://politikonchaco.com/inflacion-en-las-provincias Politikón Chaco
La Cámara del Trabajo de Córdoba señaló que la modificación que habilita esa modalidad de pago resulta contraria al carácter alimentario del crédito, al principio protectorio, al derecho de propiedad y al principio de progresividad, concluyendo que la dilación en el pago desnaturaliza la reparación del trabajador. La Sala VII de la Cámara del Trabajo de Córdoba declaró inconstitucional la norma que permite la posibilidad de cancelar las sentencias judiciales condenatorias en cuotas, incorporada en la ley de contrato de trabajo por la denominada “reforma laboral”. Dentro de las modificaciones a la Ley Nº 20.744 (LCT) que introdujo la Ley Nº 27.802, denominada “ley de modernización laboral”, también conocida como “ley de reforma laboral”, se incluyó la variación del art. 277 que regula el “pago en juicio”. En el nuevo texto se expresa que “Las sentencias judiciales condenatorias de personas humanas y/o jurídicas cuando se trate de grandes empresas podrán ser canceladas en hasta un máximo de seis (6) cuotas mensuales consecutivas, ajustadas conforme la pauta establecida en el artículo 276 de la presente ley. En el caso de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas la cancelación de las sentencias judiciales condenatorias de personas humanas y/o jurídicas podrán ser realizadas en hasta un máximo de doce (12) cuotas mensuales consecutivas”. En el marco de una causa iniciada por un despido, la empleadora solicitó la aclaratoria de una sentencia del día 6 de marzo de 2026, mismo día en que entraron en vigencia las modificaciones a la LCT, ya que no se mencionó en parte resolutiva la posibilidad de cancelar las eventuales sumas mandadas a pagar en hasta 12 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, de acuerdo con lo normado en el nuevo art. 277. Ello teniendo en cuenta la condición de Micro, Pequeña o Mediana Empresa, lo que acredita con el correspondiente certificado. En respuesta, el Tribunal comienza aclarando que la normativa debe armonizar con los principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y con el resto del ordenamiento jurídico, comenzando con el análisis respecto del respeto al principio de igualdad y la prohibición formular o practicar distinciones arbitrarias u hostiles. Así, se sostiene que hay desigualdad si la ley contempla en forma distinta situaciones que son iguales, pero no si contempla de manera diversa a supuestos o casos que son entre sí diferentes. Seguidamente, califica al derecho a percibir indemnizaciones derivadas del despido como un crédito de carácter alimentario, derechos de satisfacción de necesidades básicas y a la salud, tutelados por la Constitución Nacional y Tratados internacionales, y protegidos especialmente como por ejemplo con la prioridad de cobro, inembargabilidad parcial del salario, etc., lo que entiende puede vulnerarse con la dilación en el tiempo del cumplimiento del pago de indemnizaciones en el contexto económico actual. “Las condiciones económicas y las reglas de la experiencia nos hacen vislumbrar de manera evidente la existencia de un desfasaje que atenta contra el crédito alimentario del trabajador y es contrario a los propios fines y propósitos de la ley, lo que sin lugar a dudas violenta la protección establecida en el art. 14 de la Constitución Nacional”, se señala. En el mismo sentido, también marca que la norma es violatoria del derecho de propiedad del trabajador (arts. 14 y 17 CN), toda vez que “la indemnización calculada en función de los montos establecidos al momento de su sanción, resulta desfasada si se dilata temporariamente su compensación mediante cuotas, a la luz de la realidad económica en la que vivimos”. Finalmente, justifica el ejercicio del control de constitucionalidad de oficio y declara la inconstitucionalidad del art. 56 de la Ley 27802, modificatorio del art. 277 de la LCT, por resultar irrazonable, contrario al principio protectorio constitucional de condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis) del derecho de propiedad (art. 17) y el principio de no regresión normativa (art. 75 inc. 23) y de progresividad (art. 2.1, PIDESC, art. 75 inc. 22) al revelar un notorio grado de insuficiencia para lograr una reparación justa al trabajador. Palabras del Derecho
La situación del sistema financiero argentino encendió una señal de alarma que no se veía desde la salida de la Convertibilidad, en diciembre del 2001. Sucede que la morosidad en los préstamos otorgados a las familias tocó máximos en más de 20 años. Así se desprende de los datos procesados a partir de la Central de Deudores del BCRA, que fueron reflejados por analistas. En enero de 2026, la mora en los créditos a los hogares del sistema financiero subió por decimoquinto mes consecutivo, saltando al 10,6%, según la consultora 1816. Para encontrar niveles similares, hay que remontarse a la crisis de 2001-2002. Si se profundiza en el análisis, la situación es aún más crítica en el sector de las entidades no financieras (proveedores de crédito que no son bancos, como emisoras de tarjetas no bancarias o plataformas de e-commerce). En este segmento, la irregularidad ya superó el 27%. Esto significa que más de un cuarto de los préstamos otorgados por estos canales se encuentra en situación irregular, un nivel de estrés que solo se había visto durante la crisis de 2019 y el año de la pandemia. “El 100% de los principales 25 bancos registró un aumento de la mora en el segmento de familias en enero, lo que da cuenta de un fenómeno de carácter macroeconómico”, señalaron desde 1816. En cuanto a la brecha entre entidades financieras y no financieras, los analistas atribuyen parte de la diferencia al nivel de tasas de interés. Dentro de este ecosistema no bancario, gigantes como Tarjeta Naranja y Mercado Libre, que concentran casi el 60% de este mercado, también han visto cómo la irregularidad de sus carteras de clientes siguió escalando en el inicio del año, siempre de acuerdo al informe de los técnicos de 1816. En ese marco, un posteo que se viralizó en redes generó alerta en la City: según el análisis de un usuario, en base a las cifras del BCRA, la morosidad en Ualá llega al 40% de su cartera. Un dato que luego fue aclarado por la billetera digital dirigida por Pierpaolo Barbieri. La publicación, realizada por el analista Igor Ayuso, hizo mención al supuesto deterioro significativo en el repago de créditos otorgados por la fintech, en el que se observa cómo crecen las dificultades de los hogares para pagar sus obligaciones financieras La publicación aludía a un supuesto deterioro significativo en el repago de créditos otorgados por fintech en un contexto en el que crecen las dificultades de los hogares para afrontar sus obligaciones financieras. Pero donde el impacto resulta más fuerte es en el ecosistema fintech. El caso de Ualá concentra actualmente la atención del mercado. No solo por el nivel de mora, sino por su composición. El posteo del usuario Igor Ayuso, quien basó su informe en datos del BCRA, en el segmento bancario de Ualá los impagos rondan el 43%. Pero en el negocio no financiero el número escala hasta un 63%. Ese dato encendió las alarmas en redes y parte del mercado. Desde Ualá relativizaron la magnitud del dato. Señalaron que la firma discontinuó a mediados del año pasado la originación de créditos bajo el esquema peer-to-peer y transfirió su cartera de mejor calidad a su banco, que actualmente canaliza los préstamos. Desde la empresa sostienen que, al depurar la información reportada al regulador, se ubicaría en torno al 18% en enero y 17% en febrero. “Esto implica que en esa cartera residual de la PSP quedan principalmente clientes en mora, sin el ingreso de nuevos créditos que compensen con pagadores en situación. Esto distorsiona significativamente el indicador”, advierten fuentes del unicornio a iProUP. En concreto, la firma que conduce Pierpaolo Barbieri dijo que no hay que mezclar peras con manzanas. “Los valores presentados al BCRA desde las entidades financieras suelen aplicar la práctica de write-off, mediante la cual, luego de determinado tiempo de incobrabilidad, eliminan de sus balances los créditos impagos”. “Ualá recién comenzará a implementar este mecanismo en 2026, por lo que esos casos continúan reflejados en su cartera”. Es decir, los incobrables (que pasado determinado tiempo salen de las cifras bancarias) aún persisten en empresas como el unicornio. “Si se aplicara el mismo criterio que utiliza el resto del sistema, permitiendo una comparación homogénea, el indicador de mora a febrero del banco Ualá 2026 se ubicaría en torno al 17%, un nivel intermedio respecto de los valores observados en banca retail y fintechs”, aclararon. Igualmente, desde Ualá reconocieron el momento complejo: “Desde mediados de 2025, la industria en su conjunto experimentó un deterioro en la calidad de cartera crediticia. Esto derivó en un endurecimiento generalizado de las políticas de crédito y en una menor originación”. “Como resultado, se produce un doble efecto: por un lado, a medida que se cancelan los créditos en mejor situación, aumenta el peso relativo de los casos en mora dentro del stock; por otro, el contexto de tasas elevadas reduce la demanda de crédito por parte de perfiles de menor riesgo”, concluyen. El peso de las tasas: ¿una trampa para el deudor? Gran parte de este fenómeno se explica por el costo del dinero. Aunque las tasas nominales mostraron una leve tendencia a la baja recientemente, en términos reales la carga es asfixiante. En febrero, la Tasa Efectiva Anual (TEA) real promedio de los préstamos personales en bancos alcanzó el 40%, mientras que en las entidades no financieras se estima que rondó un exorbitante 150%. Si a estos números se les suma el Costo Financiero Total (CFT), que incluye seguros, comisiones e impuestos, el peso sobre el bolsillo de los hogares es mucho mayor. En el caso de los bancos ya supera el 150% anual, con topes de hasta 350% anual. Esto genera un escenario peligroso: si la inflación se reduce, el peso real de la cuota mensual aumenta, dificultando aún más la capacidad de repago de las familias. Esta inestabilidad provocó que el ritmo de crecimiento de los préstamos en pesos se estanque. Perspectivas: ¿hacia dónde va el mercado crediticio? La creciente
En la tarde noche del martes, personal de la División Microtráfico Metropolitana llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Leo Parcianello, en el barrio Villa Barberán de Resistencia, en el marco de una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes. Durante el registro del inmueble, se secuestraron envoltorios con cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia. Como resultado del operativo, fue aprehendida una mujer de 26 años, sindicada como principal investigada. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, la misma quedó a disposición de la justicia mientras continúan las actuaciones.
La medida se dio al considerar que la persistencia de los aranceles podría representar un “obstáculo inmediato” para el sistema energético nacional. El Ministerio de Economía suspendió por seis meses los derechos antidumping que pesaban sobre la importación de aisladores de porcelana, ante el cierre del único fabricante nacional. La medida, que fue oficializada este martes mediante la Resolución 345/2026 publicada en el Boletín Oficial, responde a un pedido inusual, ya que fue la propia industria protegida la que solicitó dar de baja la protección tras cesar definitivamente su producción. La empresa Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino S.A. (FAPA), que representaba el 100% de la producción nacional de estos insumos y el 70% del consumo aparente, informó al Gobierno el cierre irreversible de sus operaciones. Según detalla la resolución, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, la firma no solo dejó de fabricar, sino que procedió al remate de toda la maquinaria necesaria para la producción de aisladores. Ante la inexistencia de una oferta argentina, la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL) certificó que ya no quedan socios en la entidad que fabriquen este producto, dejando al mercado interno sin abastecimiento local. Asimismo, la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) advirtió que mantener los impuestos a la importación en este contexto representaba un “obstáculo inmediato” para el sistema energético nacional. Los aisladores de porcelana son componentes críticos para la infraestructura de la red eléctrica y los transformadores. “La permanencia de la medida no solo carecería de objeto ante la inexistencia de producción nacional, sino que podría transformarse en un obstáculo para la estabilidad del servicio público eléctrico, afectando en forma notoria e injustificada el funcionamiento de una infraestructura crítica como lo es la red eléctrica”, señaló el organismo técnico. Entre los argumentos, el Gobierno también adujo que con esta decisión se busca evitar demoras en obras esenciales para el sistema ecléctico y reducir costos “injustificados” para importadores y consumidores de energía. La suspensión de los aranceles incluye aisladores de porcelana de montaje rígido, de suspensión y pasantes para transformadores (posiciones arancelarias vinculadas a tensiones de hasta 60 kV). En tanto, rige para los productos originarios de China, Brasil y Colombia. Los derechos antidumping ahora suspendidos estaban vigentes desde el año 2015. Durante diez años, el Estado mantuvo estos recargos aduaneros para proteger a la industria nacional frente a la competencia externa. Sin embargo, con el desmantelamiento de la última fábrica del sector, el Ministerio de Economía consideró que la prioridad actual es garantizar la “continuidad y confiabilidad de la infraestructura energética del país”. De esta manera, a partir de ahora, las empresas distribuidoras y constructoras de redes eléctricas podrán importar estos insumos críticos sin las penalidades económicas que rigieron durante la última década. Fuente: NA
El procedimiento se realizó durante la noche en el marco de una causa por narcomenudeo. Hoy, a las 23:20, personal de la División Microtráfico Metropolitana llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle San Lorenzo. Durante el registro del inmueble, se secuestraron 31 envoltorios con cocaína, dinero en efectivo, dólares y elementos utilizados para el fraccionamiento de la sustancia. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, una joven de 22 años, fue notificada de las actuaciones en la causa, mientras que se dispuso la inserción de orden del día para otro involucrado. El operativo contó con la colaboración de unidades especiales y finalizó sin registrarse incidentes.
Investigan vínculos entre un corralón y el Municipio de la localidad Pueblo Libertador. La investigación la lleva adelante el juzgado federal de la ciudad de Goya y no se descartan más procedimientos, por ahora, no hay detenidos en la causa. El trabajo investigativo arrancó en el mes de mayo del 2024, a requerimiento de la Justicia Federal, y fue encarado por la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales (Uniprodjud) de Goya enfocada en verificar presuntas maniobras de legitimación de activos y malversación de fondos públicos. Detallaron que la lupa estaba puesta en el patrimonio de una pareja radicada en la localidad de Pueblo Libertador, donde iniciaron actividades comerciales. Como antecedente, la mujer, había sido detenida en el año 2016 con una carga de cocaína, lo cual dejaba en evidencias vínculos con el narcotráfico. Aseguran que la investigación abierta apuntaba a desentramar una presunta red de lavado de dinero que tendría como fachada la comercialización de materiales de construcción y alquileres temporales, según se informó. En tal sentido destacaron que el análisis patrimonial y financiero realizado por el Grupo de Delitos Económicos de la Gendarmería Nacional reveló inconsistencias. Ante la sospecha de una posible apropiación indebida de fondos de recaudación pública y la simulación de operaciones comerciales para blanquear dinero de origen ilícito, se diligenciaron cuatro órdenes de allanamiento y tres órdenes de presentación, en las cuales también colaboraron miembros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). Como resultado de los procedimientos, secuestraron dos camionetas una Toyota Hilux y otra Ford Ranger; así como dinero en efectivo por más de $3,2 millones y miles de dólares estadounidenses. También incautaron celulares y abundante documentación de interés para la causa, que serán sometidas a pericias más exhaustivas. El avalúo total de los bienes afectados al proceso asciende a los $112.128.880, puntualizaron. Corrientes Hoy
Incorporación de nuevas disciplinas, capacitaciones y vinculación con entidades deportivas locales para potenciar el deporte universitario como herramienta integral para el bienestar y construcción de comunidad. El Área de Deportes de la Facultad Regional Resistencia de UTN, dependiente de la Secretaría de Asuntos Universitarios, presentará este jueves la resignificación de su propuesta institucional bajo el concepto de Bienestar 360°. La actividad, que tendrá lugar este jueves a las 10,30 en el edificio central de la institución, tendrá como objetivo dar a conocer los lineamientos de esta nueva etapa del área, reafirmando las políticas que han dado resultados y potenciándolas con nuevas disciplinas, programas de formación y alianzas estratégicas. La propuesta busca consolidar al deporte universitario como una herramienta clave para el bienestar integral de estudiantes, docentes, graduados y de toda la comunidad tecnológica. Entre las novedades que se presentarán se destaca la incorporación de disciplinas innovadoras como pickleball, running y la formalización del ajedrez como disciplina competitiva. En particular, la UTN Resistencia se posiciona como la primera institución de la región en oficializar el pickleball, una disciplina de crecimiento global que llega a la facultad para ampliar la oferta deportiva. Asimismo, se fortalecerán los deportes tradicionales de la Regional – básquet, fútbol, futsal femenino y vóley -, mejorando las condiciones de entrenamiento y competencia para los equipos que representan a esta casa de estudios. En este marco, también se anunciará UTN Corre, la carrera anual de la Regional Resistencia que busca convocar a toda la ciudad en torno al deporte y la identidad universitaria. Dentro del eje de formación y bienestar integral, se continuará fortaleciendo el programa Doble Carrera, una iniciativa destinada a acompañar a estudiantes que desarrollan trayectorias deportivas, brindando el soporte institucional necesario para compatibilizar el rendimiento académico y deportivo. Además, se pondrá en marcha un Ciclo de Bienestar, que incluirá capacitaciones sobre nutrición, técnicas de RCP y manejo del estrés, herramientas pensadas para promover el cuidado de la salud y mejorar el rendimiento físico y la concentración en el ámbito académico. En el plano de la formación profesional, se presentará también el Seminario para Líderes Deportivos, un espacio de capacitación con certificación institucional orientado a estudiantes y profesionales de la Educación Física, que contará con una mesa redonda integrada por referentes del ámbito deportivo para debatir los desafíos actuales del sector. La propuesta incluirá además los Encuentros Deportivos para Graduados y Graduadas, una iniciativa destinada a fortalecer el vínculo institucional con egresados a través de la práctica deportiva y espacios de encuentro entre la comunidad universitaria. Finalmente, se dará a conocer la estrategia de vinculación territorial que contempla la ampliación de infraestructura mediante convenios con instituciones deportivas de la ciudad, como los clubes Regatas Resistencia y San Fernando, permitiendo a la comunidad universitaria acceder a instalaciones deportivas de primer nivel. Con esta iniciativa, la UTN Resistencia proyecta al deporte como una herramienta integral de equilibrio, formación y construcción de comunidad, en línea con su compromiso institucional con el bienestar y el desarrollo de su comunidad universitaria.
Nuevo Chaco Bursátil invita a un conversatorio abierto – este miércoles a las 19:00 horas en el Salón Auditorio de la sucursal Charata – dirigido a inversores y clientes, donde se analizará el contexto económico y agropecuario actual y se presentarán alternativas de inversión con respaldo institucional. La charla “Agroinversiones: Perspectivas para el Agro 2026/27” estará a cargo de Alejo Sorrentino, gerente general de Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos, especialista en mercado de capitales, junto a Hipólito Ruiz, periodista agropecuario, creador del Grupo Agroperfiles y editor del suplemento rural de Diario Norte.Durante el encuentro, se abordará el contexto financiero y agropecuario, las condiciones de financiamiento e inversión y las expectativas de rendimiento de los instrumentos financieros. La invitación es para este miércoles 18, a las 19.00, en el Salón Auditorio de Nuevo Banco del Chaco de la sucursal de Charata en Falucho 420, esquina Rivadavia.El encuentro se realizará este miércoles 18 a las 19.00 en el Salón Auditorio de la sucursal Charata de Nuevo Banco del Chaco, ubicada en Falucho 420, esquina Rivadavia. La actividad es abierta al público con cupos limitados, por lo que se requiere inscripción previa al correo: hcardozo@nchacobursatil.com.ar La iniciativa se enmarca en la estrategia del Grupo NBCH para impulsar el desarrollo productivo de la región, ofreciendo distintas herramientas financieras que acompañen a empresas, productores e inversores. Nuevo Chaco Bursátil Nuevo Chaco Bursátil es una empresa del Grupo NBCH, con experiencia y trayectoria en instrumentos de inversión y financiamiento para empresas, pymes e inversores locales y de la región. Nuevo Chaco Bursátil cuenta con el respaldo institucional del Grupo NBCH y la seguridad de tener todas las operaciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, garantizadas y liquidadas por BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y custodiada su tenencia por la Caja de Valores. A través de una moderna plataforma online y con el asesoramiento de su equipo profesional, en Chaco Bursátil se puede invertir en pesos y en dólares, con todos los instrumentos del mercado: acciones, cauciones, títulos, CEDEARs, Fondos Comunes, Obligaciones Negociables, letras y bonos, entre otros. Nuevo Chaco Bursátil cuenta con oficinas en Resistencia, en Güemes 130, y en la ciudad de Buenos Aires, en Esmeralda 303 (Microcentro), para recibir atención personalizada y asesoramiento profesional en todos los instrumentos operados. También se pueden consultar en todas las sucursales de NBCH y a través de la página web oficial www.nchacobursatil.com.ar y atención telefónica 0800-555-6242 (NCHB).
En diálogo con CIUDAD TV, la concejala del Frente Chaqueño, Lucila Masin, advirtió sobre las intervenciones realizadas por el municipio en el predio del Parque Caraguatá sin un informe de impacto ambiental previo, y reclamó que el espacio sea declarado reserva natural, educativa y cultural. También cuestionó el intento de derogar la Oficina de Violencia Laboral del Concejo Municipal. Masin recordó que desde su bloque presentaron una iniciativa el 12 de septiembre del año pasado, con el objetivo de dotar al parque de un equipo especializado de manejo. Sin embargo, la propuesta aún espera definición tanto del Ejecutivo como de los concejales. En ese contexto, denunció que en los últimos días el municipio avanzó sobre el predio de manera inconsulta: “Lo real es que nosotros entendemos que es un espacio que hay que preservarlo y que hay que cuidarlo. Es el último pulmón verde de nuestra ciudad, en la que conviven especies nativas, flora, fauna, que ya está en proceso de extinción”. La edila describió que la intervención de las máquinas generó un impacto grave sobre el ecosistema. “Los vecinos del lugar nos exponían de qué manera las especies, los árboles, y cualquier animalito intentaban resguardarse y buscar un lugar seguro frente a la escucha de maquinarias”, relató. Además, señaló que se abrieron senderos de aproximadamente nueve metros de ancho que nada tienen que ver con las tareas de saneamiento que habilitaba la resolución del Concejo Municipal, ya que las chatarras, motos abandonadas y vehículos secuestrados siguen en el predio sin ser retirados. Ante la audiencia de mediación celebrada con el juez Julián Flores, el municipio argumentó que actuó en base a una resolución del propio Concejo que habilitaba intervenciones de saneamiento. Masin rechazó esa interpretación: “Lejos de intervenir con los equipos para sacar las chatarras, lo que hicieron es desmontar. Es decir, que no han cumplido con una resolución emanada y emitida por el Concejo Municipal”. La concejala también cuestionó la falta de coordinación interna entre los funcionarios del Ejecutivo, cuyos discursos sobre el destino del parque resultan contradictorios entre sí. Para Masin, la situación evidencia una forma de gestión que prescinde de la participación ciudadana. “Este municipio es un municipio a puertas cerradas, y hacen y deshacen según sus pretensiones y según sus decisiones, independientemente de lo que piensa el otro”, afirmó, y añadió que Argentina suscribió el Acuerdo de Escazú, que obliga a garantizar la participación de la ciudadanía y las organizaciones en el manejo de estos espacios, algo que en este caso no ocurrió. La legisladora convocó a vecinos, organizaciones y ciudadanía en general a acompañar la audiencia prevista para este jueves a las 17 horas en el propio Parque Caraguatá, donde el juez Flores constatará en el lugar las intervenciones realizadas. “Esto es un espacio que nos pertenece y nos corresponde a todos los resistencianos, independientemente del espacio político. Hay que aprender a separar las discusiones y entender que hay un fin común: la preservación, el cuidado y el avance sobre una iniciativa que tiene que ver con que el Caraguatá sea una reserva para nuestros vecinos y vecinas, educativa y cultural”, sostuvo. Contra el cierre de la Oficina de Violencia Laboral En otro tramo de la entrevista, Masin se refirió a la propuesta ingresada por el concejal Dunrauf para derogar la Oficina de Violencia Laboral del Concejo Municipal, un tema que marcó el inicio de las sesiones ordinarias. Rechazó los argumentos del Secretario de Gobierno, quien aseguró que la oficina continúa funcionando a través de la Subsecretaría de Legal y Técnica. “La oficina está cerrada, en términos operativos y prácticos está cerrada, no funciona, no hay persona designada que pueda trabajar con un equipo interdisciplinario”, señaló. La concejala consideró que derivar las denuncias de trabajadores al área Legal y Técnica del municipio implica una asimetría estructural que desalienta las presentaciones. “Imagínate que yo tenga que ir a denunciar a mi superior, al Ejecutivo, que también es jerárquico. En las relaciones laborales hay una enorme asimetría de subordinado y de jefe. Partimos de la base que la discusión ya hace parte desde esa asimetría y desde esa vulnerabilidad”, explicó. Además, advirtió que el 90% de quienes realizan denuncias por violencia laboral son mujeres, lo que le imprime un sesgo de género a la problemática. Para Masin, la iniciativa de derogar esta oficina forma parte de un retroceso más amplio en materia de derechos laborales. “No es casual que este tipo de iniciativas ingresen, se presenten, se intenten discutir en estos tiempos y en este momento político. Hay un contexto de retroceso enorme en la consagración de los derechos”, concluyó, y reclamó que la discusión se aborde con seriedad y sin eufemismos: “Hay que hablar con la verdad y no esconder ni tapar ni intentar argumentar cuando las cosas se hacen mal”.