Los obispos piden que, para defender la democracia, el Estado “vele por la dignidad de las personas y la igualdad de todos los ciudadanos”, en especial “los ancianos y los niños” La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordó los 50 años del último golpe de Estado que interrumpió la democracia en la Argentina, y dijo que “hoy los ciudadanos volvemos a decir Nunca Más” a una dictadura y “siempre más a una democracia justa” al tiempo que pidió una “memoria íntegra y luminosa” de esos años. “Como nos recuerda el papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, sabemos que ‘Es fácil hoy caer en la tentación de dar vuelta la página diciendo que ya hace tiempo que sucedió y que hay que mirar hacia adelante’. ¡No, por Dios! Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”, afirmó la CEA. Según el documento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los Obispos pidieron que, para mantener y defender la democracia, el Estado “vele por la dignidad de las personas y la igualdad de todos los ciudadanos”, y que se privilegien de igual modo “las puntas de la vida: los ancianos y los niños”. “Con sus ventajas y desafíos, la democracia siempre tendrá como axioma la custodia de la vida. Cualquier afrenta o violencia contra la dignidad de la persona es, en esencia, una agresión que destruye al sistema mismo”, afirmó la CEA, en un documento de su Comisión Permanente, presidida por monseñor Marcelo Colombo. El escrito eclesiástico sostiene que “la Constitución Nacional es la ley suprema, si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que esta manda, todos viviríamos con mayor dignidad”. Recalca el texto que “la democracia prohíbe rotundamente la eliminación del adversario, no admite el derramamiento de sangre y sustituye la lucha cuerpo a cuerpo por el debate cívico”. “Es clave, entonces, una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad”, añade. Para la CEA “en la carta magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal”, incluyendo “un proyecto estratégico de desarrollo, que abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad”. “Con todo cariño pedimos al Señor que bendiga nuestra Patria y a la Virgen de Luján que no nos suelte de la mano en la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más débiles”, afirman los obispos de todo el país. Para la CEA el 24 de marzo de 1976 fue “el inicio de esa oscura noche en nuestra historia: la tragedia del terrorismo de Estado que se prolongó por siete largos años hasta el 10 de diciembre de 1983, cuando finalmente recuperamos la democracia” Además, el documento recalca: “Reconocemos la gravedad de lo acontecido en esos años violentos y comprendemos que la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”.
Autor: Redacción General
El acto central se desarrollará el 1 de abril en la ciudad de Ituzaingó, anunció este miércoles Juan Pablo Valdés. También, la partida de 20 excombatientes correntinos, a las islas Malvinas. Todo en conmemoración de los 44 años de la recuperación argentina del archipiélago del Atlántico Sur. “En el 44° aniversario de la gesta de Malvinas, honraremos a nuestros héroes correntinos con un acto central en Ituzaingó. Será el 1 de abril y habrá homenajes, desfile y una cena con los veteranos y sus familias, para recibir la fecha”, anunció esta mañana el gobernador de la provincia. “También acompañaremos, una vez más, a 20 excombatientes en su viaje de regreso a las Islas el 10 de abril, porque sabemos que es una oportunidad de curar la dolorosa herida, recuperar la paz interior y honrar a los caídos”, detalló el mandatario correntino. “Reivindicamos el valor, heroísmo y coraje de ellos, que lucharon para defender la Patria. Son orgullo de todo el país. Desde el Gobierno de Corrientes vamos a acompañarlos, sostenerlos y reconocerlos siempre. Las Malvinas son argentinas, y Corrientes es cuna de héroes”, afirmó. Corrientes Hoy
Lo reveló su presidente, Eduardo Tassano, a un canal de deportes de Buenos Aires: “Hay un tema económico, estamos esperando que se solucione a nivel del gobierno correntino”. Pasaron siete meses del derrumbe del techo del estadio “José Jorge Contte” del club de Regatas Corrientes, y las obras de reconstrucción todavía no han comenzado, por lo que el presidente del club del Parque Mitre se refirió al retraso de los trabajos en lo que será el nuevo “Estadio de los Sueños”. En la siesta el pasado 13 de agosto el Club de Regatas Corrientes vivió una de sus jornadas más tristes de su historia, al desplomarse el techo del emblemático “Estadio de los Sueños”, que terminó cediendo durante las tareas de mantenimiento que se realizaban en esos días. A siete meses de ese acontecimiento las obras de reconstrucción todavía no han comenzado, por lo que la idea de estrenar el flamante estadio “fantasma” para el inicio de la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) no se podría concretar debido a los meses que llevará la obra. En diálogo el programa Uno contra Uno TV que se emite por la señal de TyC Sports, Eduardo Tassano presidente del Club de Regatas Corrientes y de la Asociación de Clubes hizo referencia al por qué del retraso de las obras, pese a que el club ya cuenta con el decreto firmado por el ex gobernador Gustavo Valdés bajó la figura de cooperación entre el Gobierno provincial y la entidad deportiva para llevar adelante la reconstrucción del estadio. Sobre el impedimento para iniciar con los trabajos, Tassano sostuvo, “se había firmado el decreto para comenzar, pero hay un tema económico, estamos esperando que se solucione a nivel del gobierno provincial, y ahí seguramente vamos a comenzar la reconstrucción”. En cuanto a los plazos, el presidente “fantasma” afirmó, “teníamos fecha hace un mes, pero ya pasó y estamos ahí peleando”. Además ex intendente de la ciudad de Corrientes, comentó, “nosotros esperábamos comenzar antes con las obras, y empezar la nueva liga con eso, pero ahora ya no creo porque es una obra de ocho o nueve meses aproximadamente”. Sobre el nuevo recinto para el “remero”, Tassano sostuvo, “va a ser un estadio para casi 4 mil personas, con condiciones acústicas para funcionar como un estadio Arena para recitales, para que sea multiuso, algo que Corrientes no tiene”. Corrientes Hoy
En el marco del 91° aniversario de Taco Pozo, funcionarios del Gobierno provincial desarrollaron una intensa agenda de trabajo y acompañaron las celebraciones junto a la comunidad, reafirmando el compromiso de estar cerca de los vecinos y para seguir fortaleciendo la presencia del Estado en el territorio. Durante la jornada, con la presencia del ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios, la directora de la Fundación Chaco, María Martina, y Jorge Grisostolo, de Infraestructura se realizó la entrega de una placa de reconocimiento del Gobierno del Chaco por el nuevo aniversario de la localidad, además de un emotivo homenaje a mujeres destacadas de la comunidad. Asimismo, se concretó la entrega de más de 650 guardapolvos destinados a tres instituciones escolares, fortaleciendo el acompañamiento al sistema educativo local. Las actividades, acompañadas también por concejales locales, comenzaron con recorridas por distintos sectores de la localidad, donde los funcionarios mantuvieron contacto directo con vecinos e instituciones. En ese marco, estuvieron en dependencias provinciales y supervisaron obras vinculadas a mejorar el caudal y la distribución del agua potable, evaluando también nuevas intervenciones necesarias para optimizar el servicio. En su discurso el ministro Gutiérrez transmitió el saludo del Gobernador Leandro Zdero para toda la comunidad y además expresó que acompañar a Taco Pozo en su aniversario, es también renovar el compromiso de seguir trabajando por una provincia más equitativa, con más oportunidades y mejor calidad de vida para todos”. Posteriormente, se acercaron hasta el hospital local, donde junto a las autoridades sanitarias se verificó el estado general del establecimiento. Se constató también que el nosocomio cuenta con provisión adecuada de medicamentos y equipamiento en condiciones de funcionamiento. Además, se realizaron reuniones de trabajo con responsables de distintas áreas y organismos provinciales, con el objetivo de analizar la situación actual y coordinar acciones que permitan optimizar el funcionamiento de los servicios y dar respuestas concretas a la comunidad. Entre otras acciones realizadas, se gestionaron ayudas técnicas como sillas de ruedas, equipamiento para espacios comunitarios y elementos destinados a mejorar el funcionamiento de comedores y organizaciones locales. Asimismo, se verificó la implementación de programas sociales en la localidad, reforzando el acompañamiento a los sectores más vulnerables. A su vez, organismos como Lotería Chaqueña y el Instituto de Cultura colaboraron activamente con las actividades conmemorativas.
En un contexto de cambios económicos, Nuevo Chaco Bursátil convocó en Charata a inversores y clientes para analizar escenarios 2026 y acercar herramientas de inversión y financiamiento para el agro. Nuevo Chaco Bursátil realizó en Charata el encuentro “Agroinversiones: Perspectivas para el Agro 2026/27”, un espacio de intercambio con inversores y clientes en el que se abordaron las principales variables del contexto económico actual y las estrategias de inversión y financiamiento para el sector productivo. La actividad se llevó a cabo este miércoles en el auditorio de la sucursal de Nuevo Banco del Chaco en Charata, con la presentación de Marcelo Santalucía, presidente de Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos y contó con la participación de Alejo Sorrentino, gerente general de Nuevo ChacoBursátil y Nuevo Chaco Fondos, y de Hipólito Ruiz, periodista especializado en el sector agropecuario. Durante el encuentro, se analizó el escenario macroeconómico de cara a 2026, marcado por un proceso de estabilización con eje en el orden fiscal y la desaceleración de la inflación, aunque con desafíos vinculados al nivel de actividad, el costo del crédito y la volatilidad financiera. En este marco, se planteó el dilema entre profundizar la desinflación o impulsar la reactivación económica. Asimismo, se expusieron los sectores que muestran mejor desempeño en el actual contexto principalmente los vinculados a recursos naturales como el agro y se analizaron los escenarios posibles para el próximo año, incluyendo uno de continuidad con crecimiento moderado y otro orientado a una mayor expansión económica a partir del crédito. En relación a las decisiones de inversión, se presentaron estrategias orientadas a la cobertura y diversificación de carteras, con especial foco en instrumentos ajustados por inflación (CER), activos en dólares y herramientas de liquidez inmediata. También se destacaron alternativas a través de Fondos Comunes de Inversión, como money market, abierto ahorro, renta fija en pesos y en dólares, adaptados a distintos perfiles de inversores. Por otra parte, se abordaron opciones de financiamiento para empresas y productores, como el descuento de cheques de pago diferido, pagarés bursátiles, cauciones y la emisión de obligaciones negociables, como instrumentos para fortalecer el capital de trabajo y acompañar proyectosproductivos. La iniciativa forma parte de la estrategia del Grupo NBCH para acompañar el desarrollo económico regional, acercando herramientas del mercado de capitales a empresas, pymes e inversores, con respaldo institucional y asesoramiento profesional. Nuevo Chaco Bursátil Nuevo Chaco Bursátil es una empresa del Grupo NBCH con trayectoria en el desarrollo de instrumentos de inversión y financiamiento para el mercado local y regional. Opera bajo regulación de la Comisión Nacional de Valores y cuenta con el respaldo institucional del Grupo, con operaciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, garantizadas y liquidadas por BYMA y custodiadas por Caja de Valores. A través de su plataforma online y su red de atención personalizada, permite invertir en pesos y en dólares en una amplia variedad de instrumentos, como acciones, títulos públicos, CEDEARs, Fondos Comunes de Inversión y obligaciones negociables, entre otros.
Con la promoción especial TUTELEYA, Tarjeta Tuya ofrece financiación en 15 cuotas sin interés para la compra de televisores, una oportunidad ideal para renovar el TV y disfrutar cada partido del Mundial con la mejor calidad. Nuevo Banco del Chaco lanza una promoción especial que estará vigente desde este jueves 19 de marzo. Con TUTELEYA, tarjeta Tuya ofrece financiación en 15 cuotas sin interés para la compra de televisores, para que los clientes puedan renovar su TV y disfrutar cada partido del Mundial con la mejor calidad y tecnología. Con la promoción especial de Tuya, los clientes pueden acceder a la compra de televisores y financiarla en 15 cuotas sin interés, una oportunidad ideal para renovar su televisor y prepararse para disfrutar de uno de los eventos deportivos más esperados del año. TUTELEYA permite financiar la compra de televisores con Tuya en comercios adheridos de toda la provincia. Los clientes de la tarjeta chaqueña podrán aprovechar las 15 cuotas sin interés para la compra de televisores en los locales y sucursales de Bienestar Confort, Casa Fridda, Cetrogar, Habitar, Musimundo y Navarrete Hogar. Los comercios que aún no están adheridos pueden sumarse a través del formulario online disponible en la web de NBCH: www.nbch.com.ar Tuya acompaña a sus clientes en los momentos especiales con beneficios pensados para disfrutar y pagar de forma accesible. Tarjeta Tuya Para solicitar tarjeta Tuya, se puede realizar el trámite de manera online en nbch.com.ar completando el formulario web o acercarse a cualquiera de las sucursales NBCH de la provincia. Para activar la tarjeta chaqueña se puede llamar al 0800-888-6224 las 24 horas o se puede enviar un mensaje a través del WhatsApp verificado 362 416 1290.Recomendaciones de seguridad NBCH nunca solicitará a sus clientes que realicen simulaciones de préstamos, cambios de contraseñas, instalación de aplicaciones o transferencias de dinero. Es fundamental mantener la seguridad y operar siempre a través de los canales oficiales del Banco en el servicio de Atención Online en el WhatsApp verificado 3624161290 o por medio de las redes sociales oficiales.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien también ordenó embargos por 7.800 millones de pesos, la prohibición de salida del país de los imputados y la inhibición de bienes de la empresa que administraba el local. Según la investigación, las mujeres debían realizar “presencias” y servicios de “copas” en un establecimiento que funcionaba como un prostíbulo bajo la fachada de un boliche. Nueve hombres fueron procesados por el delito de trata de personas, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres —dos de ellas menores de edad—, en un boliche del barrio porteño de Recoleta, en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), de la que la misma representante del Ministerio Público es cotitular junto al fiscal general Marcelo Colombo. El local investigado es el denominado “D’Lirio”, ubicado frente el cementerio de la Recoleta, en la calle Vicente López 2134 de la Capital Federal. Según la investigación, el lugar funcionaba como un prostíbulo encubierto bajo la apariencia de un boliche y allí las mujeres eran reclutadas para realizar “presencias” y servicios de “copas”, por montos muy bajos, lo que —de acuerdo con la hipótesis fiscal— las empujaba a ofrecer también encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos. De acuerdo con la imputación, los acusados habrían captado y recibido al menos a 50 mujeres para explotarlas sexualmente en el local, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad y sometiéndolas a un estricto sistema de control. Los hechos habrían ocurrido al menos entre abril de 2022 y el allanamiento realizado el 9 de julio de 2024. Los nueve procesamientos —todos sin prisión preventiva— fueron dictado por el juez federal Sebastián Casanello, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7. Cinco de los acusados quedaron procesados como presuntos coautores del delito de trata de personas agravado por la existencia de menores de edad, mientras que los otros cuatro fueron considerados partícipes necesarios del mimo delito. Además, el juzgado ordenó trabar embargos sobre los bienes de los imputados por un total de 7.800 millones de pesos, dispuso la inhibición general de bienes de la empresa Gran Recoleta S.A. —responsable del local— y la prohibición de salida del país y de acercamiento a las víctimas para todos los acusados. El origen de la investigación La investigación se inició a raíz de una denuncia anónima realizada el 6 de abril de 2022, a través de la Línea 145 de atención telefónica gratuita que, bajo la supervisión de la PROTEX y el Ministerio de Justicia de la Nación, funciona para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas. La persona denunciante señaló que en el local funcionaba un prostíbulo encubierto como bar y boliche bailable, donde se cobraban entradas de entre 30 mil y 50 mil pesos para compartir una mesa con una mujer. Según esa presentación, las mujeres no podían retirarse antes de las 6.30 de la mañana y en el lugar se coordinaban encuentros sexuales que luego se concretaban en hoteles cercanos. También se mencionó que en el lugar había mujeres menores de edad, que se comercializaban drogas y la posible existencia de connivencia policial. Desde el inicio, la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°12 de la Capital Federal. En ese marco se realizaron diversas tareas investigativas que derivaron en un allanamiento en el local el 9 de julio de 2024. Durante el procedimiento se identificó a 50 mujeres, de las cuales 43 se encontraban en calidad de “presencias”, de acuerdo con la evaluación realizada por profesionales del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata de Personas. La estructura y los roles Según la investigación, la estructura operaba bajo la fachada de una sociedad comercial y contaba con una distribución de roles claramente definida entre sus integrantes. El local funcionaba bajo la cobertura formal de la sociedad Gran Recoleta S.A., integrada por dos de los actuales imputados y un tercero —fallecido en 2024—, quienes se ubicaban en la cúspide de la organización y utilizaban la firma como pantalla para obtener habilitaciones comerciales y encubrir la actividad ilícita. A su vez, uno de esos acusados también se encargaba de contactar y entrevistar a las mujeres y asignarles clientes; otro imputado cumplía funciones de administración general e incorporación de nuevas trabajadoras; un tercero realizaba tareas de reclutamiento a través de redes sociales; y otro gestionaba las reservas y registraba las ganancias derivadas del consumo de “copas”. Asimismo, otros cuatro imputados intervenían como partícipes necesarios en tareas operativas vinculadas con la administración del local, el registro de las mujeres, la recepción del dinero y la coordinación logística diaria. El funcionamiento del local Según consta en el expediente, el local funcionaba todos los días entre las 22 y las 6 de la mañana y el acceso estaba restringido de manera exclusiva a clientes varones que debían contar con reserva de mesa o pagar una consumición mínima. Las mujeres eran captadas principalmente a través de redes sociales, como Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante ofertas laborales bajo el término “presencias” para atraerlas al establecimiento engañadas y aprovecharse de su situación de vulnerabilidad. El reclutamiento de mujeres era responsabilidad del grupo denominado “los públicas”, integrado por tres de los imputados. Las mujeres llegaban a D’lirio por recomendaciones de otras mujeres, por los mismos imputados que las derivaban o por clientes de otros boliches que les hablaban de la existencia del boliche. De acuerdo con la investigación, una vez entablado el contacto, los organizadores solicitaban fotos de sus cuerpos o perfiles de redes sociales para evaluar si cumplían con los “estándares” establecidos para trabajar en el lugar. El servicio de “presencias” consistía en acompañar a los clientes en sus mesas, conversar, beber y bailar con el objetivo de incentivar el consumo de bebidas. A pesar de esta exigencia de rotar
Efectivos de la Policía Caminera del Chaco, junto a otras fuerzas, realizaron un procedimiento en el Puesto de Control Caminero del Puente General Belgrano, donde secuestraron una importante cantidad de pescado transportado de manera irregular. El operativo se llevó a cabo en el marco del “Plan Paraná”, cuando detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Gol Trend, conducido por un hombre de 39 años, proveniente de Corrientes con destino a Formosa. Durante la inspección, constataron que transportaba aproximadamente 130 kilos de pescado, entre dorados, surubíes y patíes, sin la documentación correspondiente y sin respetar la cadena de frío. Por tal motivo, se dio intervención a la Brigada Operativa Ambiental (BOA), que procedió al secuestro tanto de la carga como del vehículo, quedando a disposición del organismo competente. El procedimiento se realizó en forma conjunta con personal de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y otras áreas policiales.
“Se endeudan para consumo básico y poder llegar a fin de mes”, aseguró el diputado provincial Luciano Moser quién presentó un proyecto de resolución que pone en foco la crisis de los hogares para cubrir necesidades básicas. “Una economía en que las familias se endeudan para comer es una economía que no funciona”, advirtió. El diputado provincial Luciano Moser (PJ) expuso ante la Legislatura la preocupación por la crisis estructural de sobreendeudamiento que afecta a las familias argentinas y, en particular, a las chaqueñas. “Es una espiral sin salida”, advirtió. El legislador del peronismo lo plasmó con la presentación de un proyecto de resolución que visibiliza una problemática que, según datos oficiales, alcanza niveles críticos: la morosidad de préstamos a familias trepó al 9,3% en diciembre de 2025, la más alta desde 2010. “Estamos frente a una dinámica regresiva donde los más vulnerables llevan la mayor carga. La caída de los salarios reales empujó a las familias a usar el crédito como un ingreso complementario para no caer en la indigencia”, sostuvo Moser. “Una economía en que las familias se endeudan para comer es una economía que no funciona”, advirtió. El legislador remarcó que son tres los factores que explican el sobreendeudamiento en niveles históricos: la caída del poder adquisitivo; los tarifazos en los servicios básicos; y las altísimas tasas de interés. “En 2025 los trabajadores públicos perdieron un 25% de su poder de compra porque el gobernador Leandro Zdero solamente otorgó un 6,5% de aumento salarial cuando la inflación fue del 31,5%; y arrancaron este año nuevamente abajo porque a la suba anunciada ya se la comió el 5,9% de inflación acumulada en enero y febrero”, indicó. En cuanto a los incrementos en las boletas de agua y luz también marcó la preocupación: “a todo lo que subieron las facturas en 2024 y 2025 ahora se suman los aumentos del 70% en la energía eléctrica y del 130% en Sameep”. Luego, abordó el tercer eje de la crisis de sobreendeudamiento familiar: las elevadísimas tasas de interés en los préstamos a los que deben recurrir los trabajadores. “El problema acá es la volatilidad porque las entidades financieras, es decir, los bancos, cobran intereses del orden del 90% al 100% anual, pero las entidades no financieras, que son las billeteras virtuales y fintech, se disparan al 250% de tasa efectiva”, explicó. Moser alertó que el cuadro se agrava por la pérdida de 7.035 empleos registrados en la provincia y la destrucción de más de 1.000 empresas. “Ya hay pedidos de quiebra por parte de personas físicas; la gente está yendo a asesorarse con abogados para declararse en quiebra porque son insolventes totales”, enfatizó. El legislador afirmó que la realidad es que las familias están pidiendo préstamos para poder pagar la tarjeta y que toman deuda para pagar deuda. “Es una bola de nieve, una trampa de la que no pueden salir”, acotó. El proyecto de Moser, que cuenta con un detallado informe de fundamentos, será girado a comisión y busca que el Estado provincial adopte políticas públicas para contener la situación. “Lo más preocupante es que con los tarifazos en marcha y una inflación que no cede, la situación va a seguir empeorando y la gente continuará perdiendo poder de compra; no podemos naturalizar que la gente viva endeudada para sobrevivir”, concluyó.
Con el objetivo de fortalecer la formación especializada en la protección integral de derechos, la Universidad Nacional del Chaco Austral anunció el lanzamiento de la Diplomatura Universitaria en Derechos de Niñez y Adolescencia con orientación en Abogacía del NNA, una propuesta académica que tendrá en la dirección a la abogada especialista Sonia Seba. La iniciativa comenzará en abril de 2026, se dictará en modalidad virtual y contará con una duración de ocho meses, incluyendo además dos encuentros presenciales previstos en espacios académicos vinculados a la universidad. Desde la organización destacaron el rol de la Abogada Sonia Seba en el diseño y conducción de la diplomatura, subrayando su trayectoria en el ámbito del derecho de familia, niñez y adolescencia, así como su permanente participación en actividades de formación y debate jurídico. El equipo académico estará integrado también por el Profesor Magister Gonzalo García Veritá, mientras que la Secretaría de Coordinación será ejercida por la Abogada Especialista Ivana Bancoff Petkoff. El programa prevé el abordaje de contenidos vinculados al enfoque de derechos humanos en las infancias, el marco normativo y jurisprudencial de la abogacía del NNA, la intervención interdisciplinaria, la diversidad cultural, la discapacidad y el acceso a la justicia en los distintos fueros. Según se informó, la propuesta está dirigida a profesionales del derecho, integrantes del sistema de protección, equipos técnicos y público interesado, con el propósito de generar herramientas actualizadas para la intervención jurídica en contextos complejos. Las consultas e inscripciones pueden realizarse a través del sitio oficial cursos.uncaus.edu.ar o mediante los canales institucionales de la Universidad.
Agentes de la Comisaría Novena demoraron a un hombre de 38 años en el marco de una causa por amenazas, vinculada a un hecho de violencia de género ocurrido en la ciudad de Resistencia. El caso se originó tras una denuncia realizada días atrás, donde una mujer manifestó que su ex pareja la había amenazado cuando se presentó en su domicilio, luego de enterarse de una situación de violencia hacia su hija. A partir de las tareas investigativas, el personal policial logró ubicar al implicado y trasladarlo a la unidad correspondiente. Al verificar sus antecedentes, se constató que tenía un pedido activo de aprehensión en una causa similar, con intervención de la Fiscalía de Género, informó la policía.
En la noche del miércoles, efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Sáenz Peña y con colaboración de la Comisaría de Avía Terai, realizaron un procedimiento por infracción a la Ley de Estupefacientes sobre la Ruta Nacional N° 16. El operativo tuvo lugar a la altura del kilómetro 224, donde personal policial que realizaba controles vehiculares demoró a tres personas que se desplazaban en dos motocicletas. Durante la inspección, hallaron tres bultos encintados que contenían sustancia vegetal. Tras el pesaje y las pruebas de campo correspondientes, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso total de 1 kilo con 496 gramos. Además, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares y los rodados en los que circulaban. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas interviniente, dos hombres mayores de edad fueron aprehendidos en la causa. Se continúan con las diligencias de rigor, informó la policía.
En un operativo certero realizado durante el mediodía del miércoles, efectivos de la División Delitos Contra las Personas lograron la detención de un hombre de 31 años que contaba con un pedido de captura activo emitido por la Cámara Primera en lo Criminal. La intervención policial se originó tras tareas investigativas que permitieron determinar que el sospechoso se presentaría este miércoles en el Centro de Estudios Judiciales, ubicado en la calle Juan B. Justo al 40. Irónicamente, el sujeto asistía al lugar para prestar declaración testimonial en una causa ajena por presunto abuso sexual. Ante esta información, el personal policial montó una vigilancia estratégica en los alrededores del edificio. Una vez que el hombre finalizó su declaración y salió a la vía pública, los agentes procedieron a interceptarlo. Tras identificarse y explicar los motivos de la demora, el sujeto fue aprehendido sin que se registraran incidentes. Causas pendientes Sobre el detenido pesaba una orden de detención inmediata en el marco de una causa por infracción a la Ley de Drogas (23.737), la cual se encuentra agravada por otros delitos conexos: amenazas con armas, agresión y resistencia contra la autoridad agravada por el uso de armas de fuego. Luego de ser examinado por la División Sanidad Policial, el hombre fue trasladado a la División Microtráfico, donde permanecerá alojado a disposición de la magistratura interviniente. Se prevé que sea trasladado a sede judicial en las primeras horas de mañana para continuar con las diligencias legales correspondientes.
Lo resolvió el Juzgado Federal de Sáenz Peña respecto al contador Walter Pasko y sus hermanos, Carlos y Alvaro Pasko, quiénes eran investigados por evasión agravada tributaria y asociación ilícita, a partir de un desprendimiento de una causa por lavado de activos que se tramita en la Justicia Federal de Resistencia. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña dictó el sobreseimiento de los hermanos Walter, Carlos y Alvaro Pasko en una causa por evasión agravada tributaria y asociación ilícita, aplicando la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei y vigente desde principios de 2026. La resolución, dictada el lunes 16 de marzo, lleva la firma del juez federal subrogante de Sáenz Peña, Fernando Carbajal. Marca uno de los primeros antecedentes judiciales en el Chaco en los que la nueva normativa beneficia directamente a personas que enfrentaban cargos penales por delitos tributarios, al elevar sustancialmente los montos mínimos requeridos para que una conducta sea considerada delito. La investigación tuvo su origen en una causa tramitada ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, en la que se pesquisaba a una organización criminal dedicada a la generación y comercialización de crédito fiscal apócrifo. En ese marco se determinó, prima facie, la existencia de una asociación ilícita encabezada por Walter Antonio Pasko e integrada, entre otros, por las administradoras de la firma La Reina del Norte S.A.S., cuyo objeto era emitir facturas apócrifas para su uso en el circuito económico formal. A partir de esa investigación se detectó que la firma aquí denunciada habría utilizado esa facturación falsa para incrementar indebidamente créditos fiscales en el IVA y deducir gastos inexistentes en el Impuesto a las Ganancias. Entre los elementos que vinculaban a los imputados con la organización investigada figuraba el análisis de las direcciones IP utilizadas para la emisión de facturación electrónica, las cuales coincidían con las de otros contribuyentes identificados como emisores de facturas apócrifas. Además, ante los requerimientos de la AFIP, la firma no pudo acreditar la efectiva realización de las operaciones cuestionadas. Del análisis de acreditaciones bancarias del período fiscal 2020 surgió una omisión de ingresos por más de veinte millones de pesos, cifra que la propia contribuyente terminó reconociendo mediante la rectificación de sus declaraciones juradas. Todos inocentes, con la ley de Milei Sin embargo, el escenario legal cambió radicalmente con la entrada en vigor de la Ley de Inocencia Fiscal. La norma elevó los montos mínimos de evasión para configurar delitos penales, fijando la evasión simple en cien millones de pesos y la agravada en mil millones por tributo y por año. Las sumas investigadas en esta causa quedaron así muy por debajo de los nuevos umbrales, tornando atípica la conducta imputada. Fue la defensa técnica de uno de los imputados quien solicitó formalmente el sobreseimiento invocando la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, principio consagrado en el artículo 2 del Código Penal. Corrida la vista al Ministerio Público Fiscal, el Fiscal General dictaminó a favor del sobreseimiento de todos los encausados, argumentando que el aumento de los umbrales de punibilidad constituye una mejora objetiva para la situación de los imputados y que la aplicación retroactiva de la norma más favorable no es una facultad discrecional del juez sino una obligación constitucional y legal, que debe operar incluso de oficio. El fiscal sustentó su posición en el Código Penal, en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Citó además precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, subrayando que el máximo tribunal ha rechazado la interpretación según la cual estas modificaciones son meras actualizaciones por depreciación monetaria, afirmando en cambio que el cambio en las condiciones objetivas de punibilidad obliga a aplicar el principio de benignidad sin excepciones. El juez hizo lugar a lo solicitado y dispuso el sobreseimiento de los tres imputados, señalando que las sumas evadidas que se les atribuían no alcanzan el nuevo umbral legal, por lo que la conducta investigada ha devenido en atípica. En el mismo sentido, el magistrado extendió el sobreseimiento a la imputación por el delito de Asociación Ilícita, dado que el Ministerio Público también dictaminó en contra de mantener esa calificación y en virtud de que la atipicidad tributaria arrastra la improcedencia de sostener ese cargo de manera autónoma.
Ocho efectivos de la Prefectura Naval Argentina recibieron condena o suspensión condicional del proceso por haber manipulado la escena del crimen y obstaculizado la investigación policial en las horas inmediatas a la muerte de Alegre, quien viajaba junto a su hija Araceli cuando fue alcanzado por un disparo efectuado desde el arma reglamentaria del cabo primero Claudio Sánchez. Ocho efectivos de la Prefectura Naval Argentina recibieron condena o suspensión condicional del proceso por haber manipulado la escena del crimen y obstaculizado la investigación policial en las horas inmediatas a la muerte de Víctor Alegre, quien viajaba junto a su hija Araceli cuando fue alcanzado por un disparo efectuado desde el arma reglamentaria del cabo primero Claudio Ismael Sánchez. La sentencia fue dictada este miércoles por el Tribunal Oral Federal de Resistencia en el marco de la causa que investigó el encubrimiento del homicidio de Víctor Alegre, ocurrido el 22 de agosto de 2016 en el paraje San Pedro, jurisdicción de Colonia Benítez, provincia del Chaco. El cabo primero Alfredo Ardiles, superior jerárquico a cargo del operativo de encubrimiento, fue condenado a tres años de prisión en suspenso como coautor del delito de encubrimiento doblemente agravado. La agravación de la pena se sustentó en dos factores: la gravedad del delito previo encubierto —un homicidio con una pena mínima superior a los tres años— y la condición de funcionario público del imputado, quien se valió de su posición jerárquica dentro de la fuerza para coordinar las maniobras que buscaron distorsionar la realidad de lo ocurrido. El juez de cámara Fabián Gustavo Cardozo homologó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía y la defensa de Ardiles, y consideró que la pena acordada resultaba justa y proporcional a la magnitud del injusto cometido. Instalar una versión falsa Según quedó acreditado en el expediente, Ardiles llegó al lugar de los hechos junto a personal subalterno y de inmediato adoptó medidas para impedir que los agentes de la Policía del Chaco del Puesto Rural del Puente San Pedro pudieran intervenir con normalidad. Les negó toda información, les prohibió acercarse al automóvil donde yacía el cuerpo de Alegre y mantuvo aislada e incomunicada a Araceli Alegre, hija de la víctima, quien ni siquiera recibió atención médica durante el tiempo en que los efectivos de Prefectura estuvieron a cargo del lugar. Fue un amigo de la familia quien debió llamar al servicio 911 para alertar sobre la situación, casi una hora después de que los prefectos ya se encontraban en el sitio. El tribunal estableció además que Ardiles no solo obstruyó el acceso policial, sino que activamente intentó instalar una versión falsa de los hechos. Ante el médico de policía que se presentó en el lugar, el imputado describió lo ocurrido como un accidente automovilístico, sin mencionar en ningún momento los disparos con arma de fuego. Asimismo, introdujo falsedades en el informe oficial que redactó, afirmando que los agentes involucrados en el hecho vestían uniforme al momento del episodio fatal, extremo que fue luego desmentido por testigos. Para completar el cuadro de manipulación, los efectivos de Prefectura recogieron una bolsa con bochas de marihuana halladas en inmediaciones del lugar y buscaron responsabilizar por el transporte de estupefacientes tanto a la víctima como a su hija, en un intento por justificar la actuación de sus compañeros de fuerza. Fue recién a las 20:38 horas que un actuario del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia ordenó a Ardiles retirarse del lugar junto a su personal y no alterar la escena. Para entonces, el daño sobre la integridad probatoria del sitio ya era considerable. El caso se conecta directamente con la causa principal tramitada bajo el expediente N° 5797/2016, en la cual el mismo tribunal había condenado en 2019 al cabo primero Claudio Ismael Sánchez por homicidio agravado y al cabo segundo Walter Hernán Pérez por abuso de armas, ambos por la muerte de Alegre. Suspensión del juicio a prueba para los otros imputados Los otros siete imputados —Luis Miño, Adrián Mancedo, Salvador De Jesús Barrios, Rodrigo Franco, Roberto Schukel, Víctor Valdez y Raúl Roldán, todos suboficiales de la Prefectura Naval Argentina— obtuvieron la suspensión del juicio a prueba por el término de dos años. Como condición para acceder a ese beneficio, cada uno de ellos se comprometió a abonar dos millones de pesos en concepto de reparación del daño a los familiares de Víctor Alegre, pagaderos en cuatro cuotas de quinientos mil pesos. Asimismo, deberán fijar domicilio, informar cualquier cambio de residencia y realizar dos horas mensuales de trabajo comunitario en instituciones de bien público durante toda la vigencia de la suspensión. El fallo del juez Cardozo subrayó que la actuación coordinada de los imputados constituyó un único diseño criminal en el que cada uno cumplió un rol esencial, configurando así una coautoría funcional sustentada en el dominio compartido del hecho. En ese marco, el magistrado rechazó aplicar de oficio la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos respecto de Ardiles, por entender que dicha sanción no había sido parte del acuerdo alcanzado entre las partes y que imponerla de manera autónoma vulneraría el derecho de defensa. LITIGIO-Periodismo Judicial
Por unanimidad, el Senado aprobó una modificación a su reglamento. Las propuestas del Poder Ejecutivo sí se difundirán por la web y las redes de la Cámara alta y el Boletín Oficial. El Senado aprobó por unanimidad (69 votos positivos) un proyecto para modificar dos artículos del reglamento interno, con el fin de que ya no se publiquen en los diarios las candidaturas al Poder Judicial impulsadas por el Poder Ejecutivo. La iniciativa se iba a tratar esta semana en la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero finalmente se suspendió y fue al recinto sin dictamen. Pero, por el respaldo de todos los bloques, se habilitó con los dos tercios y posteriormente se aprobó de forma unánime. El proyecto había sido presentado con las firmas de Patricia Bullrich, jefa de La Libertad Avanza, y José Mayans, titular del interbloque peronista, entre otros jefes y referentes de demás bloques. De acuerdo a las modificaciones de los artículos 22 bis y 123 bis del reglamento del Senado, se elimina la publicidad de los edictos de “los dos diarios de mayor circulación del país” y se incorpora, a su vez, la difusión mediante las redes sociales de la Cámara alta. En tanto, en la redacción se mantiene intacto la publicidad mediante la página web del Senado y el Boletín Oficial. El nuevo artículo 22 bis reza: “En caso de tratarse de pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación de jueces y conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, la Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las medidas necesarias para darlos a conocer además, mediante su publicación en el sitio web y las redes sociales de esta Cámara y en el Boletín Oficial, durante dos días, con una antelación no menor de quince días corridos de la fecha de celebración de la audiencia pública”. También hay cambios respecto a la difusión a nivel provincial. “Cuando se trata de la cobertura de cargos en jurisdicciones ajenas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá comunicarse al Poder Legislativo provincial y publicarse en el Boletín Oficial de la jurisdicción pertinente a los fines de la difusión local”, establece. En los fundamentos del proyecto, los senadores sostuvieron que “la propuesta tiene dos objetivos fundamentales: la actualización de los medios de comunicación por los cuales se garantiza la publicidad del procedimiento y la economicidad de dicho procedimiento. Ambos objetivos se logran prescindiendo de las publicaciones de los edictos en los ‘diarios de mayor circulación del país’”. “De acuerdo a los estudios realizados en referencia, la lectura de los diarios nacionales y provinciales en formato papel viene en descenso marcado. Las razones de esta merma son claras: la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país (y podríamos decir del mundo) acceden a los medios de información de noticias de forma digital, con un marcado uso de las computadoras personales y de los teléfonos celulares, entre otros dispositivos”, justificaron. Además, señalaron que “los elevados costos que conlleva la publicación de los edictos en los diarios de mayor circulación del país o en los de las jurisdicciones específicas, no se encuentran justificados ante la disminución del consumo de este formato periodístico”. “Es posible considerar que el requisito de la publicación en los diarios de mayor circulación y/o de las jurisdicciones específicas es una práctica que, junto a la lectura del diario en papel, se reputa antigua y de poca efectividad”, agregaron. Parlamentario
La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a una queja del Ministerio Público Fiscal y habilitó la revisión de un conflicto de competencia en una causa por presunto lavado de activos con conexiones en distintas jurisdicciones. La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky, al considerar que existen cuestiones federales que justifican la intervención, pese a que este tipo de resoluciones no suele ser recurrible. El planteo del fiscal cuestionó que la Cámara Federal de San Martín asignara la investigación al Juzgado Federal de Campana, al sostener que esa decisión carecía de fundamentación suficiente y vulneraba garantías constitucionales como el debido proceso y la defensa en juicio. Según se desprende del fallo, la causa investiga maniobras complejas de presunto lavado de dinero que involucrarían a la firma REAL CENTRAL SRL y a diversas personas físicas y jurídicas, con operaciones desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires y en localidades bonaerenses como Pilar y La Matanza. El Ministerio Público Fiscal argumentó que, por la multiplicidad de jurisdicciones y la posible vinculación con estructuras del fútbol profesional, resultaba prematuro definir la competencia y correspondía mantener la causa en el juzgado que previno, en este caso el fuero penal económico porteño. Asimismo, cuestionó que no se hubiera dado intervención efectiva a la fiscalía en la resolución del conflicto, lo que a su criterio también afecta la validez del pronunciamiento. La Cámara de Casación entendió que los agravios planteados presentan una cuestión federal suficiente, en particular en lo relativo a la garantía del juez natural, por lo que resolvió conceder el recurso de casación y avanzar en su tratamiento. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el tribunal fijó una audiencia para el 30 de marzo próximo, donde las partes expondrán sus argumentos antes de una definición sobre el fondo del conflicto de competencia.
El Ministerio de Salud, en articulación con la Subsecretaría de Modernización del Estado, impulsan un proceso de mejora integral del sistema de turnos con el objetivo de optimizar el acceso a los servicios sanitarios de la provincia y garantizar una atención más eficiente y centrada en el paciente. En una primera etapa, se convocó a equipos de los hospitales Pediátrico y Perrando, junto a centros de salud de Villa Libertad, Villa Río Negro, Barranqueras y Fontana, para implementar ajustes en la gestión de turnos. La iniciativa surge a partir de un diagnóstico que permitió identificar oportunidades de mejora en el sistema actual. El subsecretario de Modernización, Federico Valdés, explicó que “hemos detectado cuáles son los ajustes necesarios para achicar la brecha con el ciudadano y ofrecer una mejora concreta en la atención”. Por su parte, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, destacó que el eje del trabajo está puesto en garantizar mayor accesibilidad y eficiencia: “Estamos trabajando para mejorar los sistemas de turnos digitales, corrigiendo errores y avanzando hacia una plataforma más amigable para la gente”. En ese marco, el funcionario remarcó la necesidad de avanzar hacia un cambio de paradigma en la atención sanitaria: “Debemos dejar atrás un modelo en el que el paciente tenía que salir a buscarnos. Hoy el desafío es contar con un sistema centrado en el paciente, donde el Estado esté al servicio de sus necesidades”. Asimismo, señaló que uno de los principales problemas detectados fue la limitada disponibilidad de turnos: “En muchos casos, las agendas se abrían el día anterior, generando una ‘cola digital’ que no resolvía el problema, sino que lo trasladaba. Necesitamos un sistema más ordenado, previsible y accesible”. Finalmente, Rodríguez subrayó que este proceso implica también una transformación cultural dentro del sistema sanitario: “Sabemos que es un trabajo que requiere tiempo y compromiso, porque implica modificar prácticas arraigadas, pero estamos convencidos de que este cambio mejorará significativamente la accesibilidad y la calidad de atención para toda la población”.
Ocurrió en Charata. Este jueves a las 23:50, los efectivos de la Comisaria Primera Charata hallaron en calle Libertad y Pueyrredón del barrio Gendarmería, sin vida a Oscar Escalada de 62 años. Seguidamente se hizo presente el Fiscal en turno Dr. Fernando Ojeda, el Perito Gabinete Científico del Poder Judicial Lic. Lugo Alejandro y Médico Forense Dr. Antonio Galeano, quienes se abocaron a sus tareas específicas. Asimismo, el médico forense informó que Escalada, “no presenta signos de violencia externa. Muerte natural”. Seguidamente, el móvil Teratológico de la División Bomberos, quienes procedieron al traslado del cuerpo hasta Hospital local, sector morgue, a efectos de ser entregado a familiares, informó la policía. Oscar Escalada era buscado desde miércoles 17 de marzo de este año, sus familiares denunciaron la desaparición. El ciudadano fue visto por última vez en su domicilio en el barrio Gendarmería. Por esta situación la Policía había activado el protocolo de búsquedas de personas.
En la mañana de este jueves, un joven de 24 años fue detenido tras intentar evadir un control policial sobre la Ruta Provincial N°6, en cercanías de San Bernardo, habiendo colisionado a una agente provocando lesiones leves. Llevaba droga. Todo comenzó alrededor de las 14:30, cuando los efectivos de la División Operaciones Droga Interior Villa Ángela, se encontraban realizando control vehicular en la localidad. Allí intentaron detener la marcha de una motocicleta Honda Titan, cuando en ese momento el conductor realizó una maniobra evadiendo el control. Tras la huida, colisionó a una agente policial y contra un patrullero, perdiendo el control del rodado cayendo. El joven de 24 años fue demorado en el lugar y en su poder hallaron envoltorio con 121,5 gramos de cocaína. Por orden de la Fiscalía Antidrogas, se secuestró la droga, la motocicleta y un celular, y se dispuso la aprehensión del joven por infracción a la Ley 23.737. Asimismo se instruyen actuaciones por “Daños Patrimoniales en vehículo policial y lesiones”.