La presidente de la Cámara de Diputados, a cargo de la Gobernación, Carmen Delgado, recibió al presidente de la Cámara de Comercio de Bolivia en Argentina, Juan Carlos Melgar, y al representante de la Cámara de Comercio de Hong Kong, Jack Lee, quienes visitan la provincia con el objetivo de avanzar en vínculos y oportunidades de intercambio comercial. La delegación estuvo integrada por las asesoras de ambas cámaras comerciales, Angelina Lesieux y Sirley Ledesma; la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula; el coordinador de la Subunidad de Obras y Programas Especiales del Gobierno del Chaco, Sergio Cuello; los empresarios chaqueños Claudio Insaurralde, y Alberto Rodríguez; y el pastor de la Iglesia Cristiana Misión Buenas Nuevas y representante local de la Fundación Internacional de Jóvenes, Gabriel Ferreño. Durante el encuentro se analizaron posibilidades de articulación y cooperación, con el objetivo de generar vínculos que contribuyan a ampliar las oportunidades para el Chaco y potenciar su inserción en circuitos de intercambio regional e internacional. En este marco, Delgado destacó la importancia de generar espacios de diálogo con representantes del sector empresarial y comercial de otros países, como parte de una agenda institucional orientada a identificar nuevas oportunidades y fortalecer la presencia del Chaco como punto estratégico para la producción, el desarrollo y la integración comercial.
Autor: Redacción General
Itatí De Marchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María y candidata por la lista 4 “Abogacía Unida y Dignidad Profesional”, cuestionó el “porteñocentrismo” en la cobertura de vacantes y reclamó mayor representación del interior del país. El próximo 20 de octubre, los abogados y abogadas con matrícula federal elegirán a su representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. En ese marco, Itatí De Marchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, encabeza la lista 4 “Abogacía Unida y Dignidad Profesional” y planteó como uno de los ejes centrales de su propuesta la necesidad de federalizar la agenda de la Justicia. “Es una lista que está compuesta de principio a fin por dirigentes de la colegiación, por abogados litigantes que no nos cuentan, sino aspiramos a representar a aquello que vivimos todos los días. Todos los días nos perforan honorarios, todos los días nos demoran las sentencias”, sostuvo la profesional en diálogo con CIUDAD TV. De Marchi Arballo, quien es abogada laboralista y previsionalista, se refirió a las dificultades que atraviesan quienes litigan en el fuero federal. “En lo personal soy laboralista y previsionalista, no me han contado la enorme cantidad de veces en las que una familia de un cliente, de un adulto mayor a quien defiendo en un reajuste jubilatorio, me toca la puerta del estudio para decirme que mi cliente no llegó a cobrar la sentencia y que murió en el camino. Quienes hacemos federal sabemos de las enormes demoras que tenemos que evidenciar y que tenemos que sufrir al lado de nuestros clientes”, remarcó. La candidata también destacó el rol del Consejo de la Magistratura y sostuvo que sus decisiones tienen impacto directo sobre causas y reclamos sensibles para la ciudadanía. “La realidad es que la abogacía y la ciudadanía en general no conoce demasiado de qué se trata el Consejo de la Magistratura, que designa, acciona, sanciona y remueve jueces federales. En la Justicia federal se tratan las causas más sensibles y más irritantes para la sociedad, desde la corrupción, la trata de personas, el contrabando, justamente el reclamo por aumento de los reajustes de haberes a los adultos mayores que hoy están teniendo que invertir su jubilación en medicamentos de PAMI y que PAMI no está otorgando; personas enfermas que requieren el logro social que no les está otorgando medicamentos oncológicos o medicamentos crónicos; personas con discapacidad que lo que pretenden ante el juzgado federal es un poquito más de dignidad de los que le tocó en suerte”, apuntó. Uno de los principales cuestionamientos de la candidata estuvo dirigido a la distribución de las vacantes en la Justicia Federal y a la diferencia que, según planteó, existe entre la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. “La demora tiene que ver con la falta de vacantes dentro, tiene que ver con que además se privilegian algunas vacantes por sobre otras. En Comodoro Py las vacantes se cubren como pan caliente y, sin embargo, en todo el recorrido del interior que hemos hecho nos damos cuenta que claramente está relegado, hay un privilegio, una categorización de vacantes de acuerdo al lugar”, cuestionó y aseguró que “hay una agenda porteñocentrista y una agenda Obelisco en el Consejo y esto no puede ocurrir”. De Marchi Arballo destacó además la composición de la lista que encabeza y señaló que reúne representantes de distintas jurisdicciones del país. “Nuestra lista también derrama federalismo en cada uno de los dirigentes, tenemos al tres veces presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe y hoy vicepresidente, tenemos al referente de Seguridad Social de todo el país y hoy presidente de la Caja de Abogados de Salta, en un cargo de ad honorem, tenemos al referente de la abogacía sanjuanina, tenemos al expresidente del Colegio Público de Abogados Capital Federal, y tenemos a dos referentes de provincia de Buenos”, destacó Otro de los planteos está relacionado con los honorarios de los abogados: “Todos los integrantes de la lista 4 Abogacía Unida y Dignidad Profesional somos dirigentes colegiales y abogados que vivimos de nuestra profesión. Durante muchos años en el estamento de la abogacía se sentaron abogados disfrazados de litigantes. También la abogacía pública va a tener un lugar fundamental en la defensa de sus honorarios”. “Vamos a poner en valor los honorarios de la abogacía pública y también la abogacía estatal tiene que estar mendigando el tema de que se le regulen honorarios por el hecho de representar al Estado en una causa tampoco puede ocurrir, es una cachetada de la abogacía”, reprochó la letrada. La propuesta también plantea la creación de un observatorio de honorarios y de las demoras en las sentencias, además de mecanismos para denunciar situaciones de maltrato o acoso hacia abogados en el ámbito judicial. “Es un observatorio de honorarios que observe las demoras en las sentencias en cada punto del país y vuelva con un informe de qué está pasando en el Consejo de la Magistratura con las demoras en las sentencias, que denuncien las demoras que son imposibles de tolerar ante el Consejo de la Magistratura, donde los jueces con maltratos hacia los abogados o abusos sean denunciados y que se lleve el proceso hasta el fin de la circunstancia”, explicó. “Tenemos que ir a representar a la voz de la abogacía litigante y para eso hay que mirar bien las listas y ver bien de qué están compuestas las listas, ver que nuestra lista está compuesta por dirigentes de la colegiación que además nos dedicamos a nuestra profesión”, aseguró De Marchi Arballo. Hacia el cierre, la candidata también reivindicó el papel de los colegios profesionales y la colegiación obligatoria como herramientas de representación de la abogacía: “Las colegiaciones fuertes son trascendentales en estos tiempos que vivimos. Las colegiaciones obligatorias, la colegiación legal es super importante a nivel país para tener instituciones fuertes y para que la abogacía litigante esté realmente protegida cada vez que quieran hacer un embate contra las colegiación”.
El evento se realizará el viernes de 16 de octubre a las 9 de la mañana en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) con al menos siete mandatarios, incluyendo a Axel Kicillof, que participarán de la Cumbre Federal Logística organizada por el Consejo Federal de Inversiones. Irá el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y también podría asistir Federico Sturzenegger. Gobernadores de distintas expresiones políticas participarán la semana próxima junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, de la segunda Cumbre de Logística Federal, un espacio destinado a discutir los desafíos que atraviesa la Argentina en su conjunto y las provincias en particular en materia de infraestructura, transporte y conectividad, entre otros puntos. También podría participar el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Como anticipó Ámbito semanas atrás, el evento se realizará el viernes de 16 de octubre a las 9 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC) y será organizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en el marco de la Estrategia Federal Logística, que busca acercar a las provincias a financiamiento internacional con una hoja de ruta compartida en distintas materias. La jornada, titulada “Hacia una logística competitiva para el desarrollo federal”, reunirá a al menos siete mandatarios subnacionales, pero se espera que se sumen más con el correr de los días. Hasta el momento, confirmaron Axel Kicillof (Buenos Aires), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Elías Suárez (Santiago del Estero). Además de la apertura institucional, que estará a cargo de Ignacio Lamothe, secretario general del CFI, y del cierre, la cumbre se dividirá en cinco paneles, en los que disertarán representantes de los sectores público y privado. Los ejes del encuentro El primero se titulará “Logística sin nudos” y abordará las principales obstáculos para un funcionamiento eficiente del sistema logístico argentino. El panel buscará identificar cuellos de botella regulatorios, institucionales y operativos, y discutir cómo simplificar procesos y mejorar la coordinación entre los distintos actores. El segundo, llamado “La velocidad que genera valor”, contará con la presencia de Alejandro Jasiukiewicz, Country Manager de DHL; Sebastián Villar Guarino, Gerente General de la Unidad de Negocios Ezeiza y Cargas de Aeropuertos Argentina; Iván Amas, Director de Negocios de Andreani; Federico Alexay, Director de Transporte para Argentina y Uruguay de Mercado Libre; y Silvina Prette, Senior Manager Clearance and Ground Operations Argentina de FedEx. Posteriormente, a las 12.15, será el turno de “Agroindustria argentina: logística para llegar al mundo”, donde expondrán Luis Zubizarreta, Director de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA); Lorena Basso, Presidenta de Semillas Basso y Presidenta de la Federación Internacional de Semillas; y Guillermo Barbero, Gerente de Logística de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). “Vaca Muerta: logística para potenciar el crecimiento” acaparará la atención del sector energético. Allí se debatirá sobre los desafíos logísticos que plantea el crecimiento de la producción energética argentina, con foco en Vaca Muerta y su proyección internacional. Acto seguido, se desarrollará “Desafíos logísticos para la cadena de valor minera”, con la participación de Pablo Bittar, CEO de Holcim; Carlos Carrillo, External Affairs Principal Advisor de Rio Tinto; José Alioto, Head Corporate Affairs & Communications de Glencore. Por último, habrá un cierre donde se compartirán los consenso generales y los desafíos identificados. Esta será la segunda Cumbre Federal de Logística. La primera tuvo lugar en 2024. Ahora, el foco estará puesto sobre la promoción proyectos para negociar con los organismos bilaterales de crédito financiamiento a 10 o 15 años, con el desafío de incluir la voz de la política en las negociaciones. La Estrategia Federal de Logística surgió en el 2021, cuando los 10 gobernadores del Norte Grande solicitaron asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones para la iniciativa del Corredor Bioceánico. Desde entonces, la propuesta decantó en una radiografía mucho más abarcativa, que sintetizó las necesidades e inquietudes de cada región. Actualmente, contempla más de 1.150 proyectos y busca brindar asesoramiento técnico y normativo a los distritos, entre otros objetivos. Pasos internacionales, puertos, caminos rurales y vías férreas son algunos de los principales ítems que incluye la hoja de ruta. Al presentar la estrategia en 2024, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, había comentado a Ámbito: “Ahora hablamos del boom del litio. Cuando haya que mover ese boom del litio, vamos a tener que estar preparados; si no, un montón de cosas que decimos que van a pasar en la Argentina no van a pasar”. “Nos parece sumamente importante que los gobernadores hayan dicho ‘tenemos que pensar cómo producimos, cómo movemos lo que producimos, qué volumen tiene eso y cómo lo estamos moviendo hoy y cómo lo podríamos mover mejor’. Ese sería, a grandes rasgos, el trabajo; cuáles son las oportunidades de mejora de este proceso”, graficó por entonces. En esta ocasión, el evento llega en pleno debate por el futuro de las rutas nacionales, el Belgrano Cargas y la Hidrovía. El Gobierno nacional avanza con su estrategia de traspasar rutas, de manera temporal, a las provincias. Algunas de las concesiones más importantes son las rutas 22 y 151 a Río Negro. Se trata de dos trazas clave para Vaca Muerta, que quedarán en manos de la provincia. También la ruta A012, cedida a Santa Fe, una arteria fundamental para la conexión con los puertos rosarinos. Al respecto, se destaca la presencia de Diego Santilli, embajador de la Casa Rosada ante los mandamases, quien viene intentando aceitar la relación con un doble objetivo inmediato: aprobar el Presupuesto 2027 y conseguir la suspensión de las PASO, en el marco de la reforma electoral. La foto de Javier Milei en Paris con 13 líderes fue un paso importante en esa línea, ya que fungió como deshielo en una relación llena de desconfianzas cruzadas. Paralelamente, los norteños esperan que el Gobierno cumpla con el acuerdo alcanzado para implementar zona cálida, un régimen de subsidio a las tarifas eléctricas para zonas cálidas y muy cálidas, que regiría entre noviembre y
La nueva operadora asume la concesión – del tramo de ruta que incluye el viaducto Chaco Corrientes – a partir de las 00 horas de este miércoles 7 de octubre tras el levantamiento temporal de barreras, la tarifa tendrá un incremento que llevará el monto con TelePASE a $1.800. Las cabinas de cobro de peaje del puente General Belgrano se encuentran liberadas debido al traspaso de la concesión del corredor interprovincial correntino chaqueño. La medida comenzó a regir desde el mediodía de este martes 06 de octubre para facilitar la transición hacia la nueva empresa adjudicataria, el consorcio integrado por las firmas JCR y Néstor Guerechet. Esta Unión Transitoria de Empresas (UTE) toma el control operativo del tramo Litoral tras la finalización del contrato de la administración saliente el 6 de octubre, dando inicio a un período de gestión proyectado a 20 años de duración. El nuevo esquema tarifario comenzará a aplicarse progresivamente entre el 7 y el 10 de octubre en la estación de cobro. El proceso contempla una reestructuración de los montos y la incorporación de tecnología automatizada para agilizar la circulación vehicular en el viaducto en la provincia correntina cómo en la chaqueña. La nueva concesionaria unificará la plataforma de TelePASE con el sistema Telepeaje Plus con el objetivo de optimizar la lectura de los dispositivos automáticos y evitar demoras o inconvenientes en el tránsito continuo de usuarios. Corrientes Hoy
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el exmilitar Horacio Losito contra el fallo que confirmó su procesamiento con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita durante la última dictadura cívico-militar. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por el exmilitar Horacio Losito contra el fallo que confirmó su procesamiento con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita durante la última dictadura cívico-militar. La decisión, adoptada por las juezas de cámara Patricia Beatriz García y María Virginia Ise, frena el intento de Losito de elevar el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal. En su presentación, la defensa cuestionó la resolución apelada alegando una errónea aplicación de la figura de asociación ilícita y argumentó que su actuación estuvo acotada únicamente al operativo conocido como “Masacre de Margarita Belén”, causa por la cual ya fue juzgado y condenado. Bajo esa premisa, invocó la garantía del ne bis in idem para sostener que no correspondía volver a valorar ese antecedente histórico como prueba de pertenencia a una organización criminal, solicitando por ello su sobreseimiento por atipicidad. Al evaluar la admisibilidad del remedio procesal, el tribunal chaqueño remarcó que la confirmación de un auto de procesamiento constituye una resolución de carácter provisorio y no cumple con el requisito de sentencia definitiva exigido por el Código Procesal Penal de la Nación. Las magistradas puntualizaron que el pronunciamiento de mérito incriminador no pone fin a la acción ni extingue la pena, tornando inviable la apertura de la instancia extraordinaria. Asimismo, la resolución descartó la presencia de una cuestión federal o de una arbitrariedad que justifique la intervención de la máxima instancia casatoria en los términos del criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Respecto del alegado doble juzgamiento, la Cámara explicó que la utilización de sucesos juzgados precedentemente como antecedentes probatorios no configura un nuevo juzgamiento sobre un mismo objeto. Finalmente, el tribunal entendió que admitir el reclamo implicaría convertir a la Casación en una instancia ordinaria de revisión, por lo que resolvió por mayoría declarar inadmisible el recurso presentado y comunicar lo resuelto a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto del máximo tribunal de la Nación.
El juez federal Martín Cormick hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes. Consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la aplicación de una ley que había sido aprobada por el Congreso pese al veto presidencial. El juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había promulgado la ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, pero condicionado su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al presupuesto. El magistrado hizo lugar a una acción de amparo colectivo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y a otra demanda acumulada iniciada por la Universidad de Buenos Aires (UBA). En concreto, cuestionó la frase incluida en el decreto que establecía que la promulgación se realizaba “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”. Para el juez Cormick, esa condición terminó funcionando como un mecanismo para frenar una ley que el Congreso había aprobado nuevamente con una mayoría de dos tercios después de que el Poder Ejecutivo la hubiera vetado. Por eso, ordenó al Gobierno nacional “el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”. “No existe otro camino que la promulgación, sin restricciones” Uno de los puntos centrales del fallo es el análisis que hace el juez sobre el veto presidencial y la posterior insistencia del Congreso. La ley 27.795 había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025. El Poder Ejecutivo la vetó mediante el decreto 647/25. Sin embargo, tanto Diputados como el Senado insistieron con el proyecto y reunieron los dos tercios de los votos requeridos por el artículo 83 de la Constitución Nacional. En esas condiciones, sostuvo el juez Cormick, el Poder Ejecutivo debía promulgar la ley. “No parece existir, con posterioridad a esta insistencia, otro camino que no sea la promulgación, sin restricciones, de la Ley insistida”, afirmó. Y agregó: “Así se desprende de la lectura más elemental del artículo 83 de la Constitución Nacional”, que establece que si ambas cámaras insisten con las mayorías agravadas, el proyecto se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Para el juez, el decreto 759/2025 introdujo una condición que terminó suspendiendo los efectos de una norma que ya había sido ratificada por el Congreso. El duro cuestionamiento al decreto El juez Cormick fue particularmente crítico con la forma en que el Poder Ejecutivo instrumentó la promulgación. Según el fallo, la suspensión introducida por el decreto “aparece como un elemento viciado”, porque carecía de una motivación suficiente y utilizaba como fundamento una norma anterior, el artículo 5 de la ley 24.629, para condicionar la aplicación de una ley posterior. El magistrado consideró que el Congreso había contemplado mecanismos de financiamiento en el artículo 9 de la propia ley 27.795 y que, por lo tanto, no podía sostenerse que la nueva norma careciera absolutamente de previsiones sobre cómo afrontar los gastos. En ese contexto, sostuvo que suspender la aplicación de la ley por considerar que no se habían precisado de manera suficiente las fuentes de financiamiento “deviene irrazonable”. El argumento central fue contundente: el Ejecutivo, después de haber utilizado el veto, no podía utilizar la promulgación condicionada para conseguir en los hechos un efecto similar una vez que el Congreso había insistido con la sanción. “Una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución” El juez consideró que el decreto terminó funcionando como una vía indirecta para volver a frenar una norma que el Congreso había ratificado. “En los términos en que fue dictado el decreto 759/2025, éste ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional”, afirmó. Y explicó que, mediante ese mecanismo, “se incluyó la mención de suspensión de la voluntad legislativa, configurándose, en sus efectos concretos, en una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”. Para el juez Cormick, el problema constitucional tenía dos aspectos centrales. Por un lado, entendió que el decreto se enfrentaba con el artículo 75 inciso 8° de la Constitución, que atribuye al Congreso la competencia vinculada con la determinación del presupuesto y el diseño del gasto público. Por otro, consideró que contrariaba el artículo 83, que establece el mecanismo que debe seguirse cuando el Congreso insiste con una ley que había sido vetada por el Poder Ejecutivo. El argumento del presupuesto El Gobierno había sostenido que la ley 27.795 no podía ejecutarse porque no establecía de manera suficiente las fuentes específicas para financiar los gastos que generaba. Ese argumento se apoyaba en el artículo 5 de la ley 24.629, que establece que las leyes que autoricen o dispongan gastos deben prever expresamente su financiamiento y que, en caso contrario, su ejecución queda suspendida hasta que se incorporen las partidas correspondientes al presupuesto nacional. Pero el juez entendió que esa norma no podía utilizarse para neutralizar la Ley de Financiamiento Universitario. Entre otras cuestiones, destacó que el artículo 9 de la ley 27.795 establecía pautas de financiamiento y otorgaba facultades al Poder Ejecutivo para realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias. También señaló que el Congreso había aprobado la ley y luego había vuelto a insistir con ella por una mayoría agravada después del veto presidencial. “El Poder Legislativo no se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones”, recordó el juez al citar jurisprudencia de la Corte Suprema. Un dato que tomó en cuenta el juez El magistrado también puso el foco en que Argentina no contaba con una nueva ley de presupuesto para los ejercicios 2024 y 2025, sino que se habían prorrogado las partidas del presupuesto 2023. Durante 2025, señaló, hubo seis modificaciones presupuestarias mediante decretos y decisiones administrativas. Además, el juez citó un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso según el cual el costo total de la Ley 27.795 para 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
El Banco Mundial (BM) recortó este martes sus proyecciones de crecimiento para la Argentina. Así, los números ajustados a la baja sostienen que la economía se expandiría 2,1% del PBI en 2026 y 3% en 2027. Hace cuatro meses la entidad, arrojaba para los mismos periodos un 3,6% y 3,7%. Pese a esto, el Banco Mundial, aseguró que el país crecerá durante tres años consecutivos desde 2025 a 2027. De cumplirse esta premisa, es algo que no ocurría desde hace casi dos décadas. Por su parte, para el promedio de América Latina y el Caribe (ALC), el Banco Mundial proyectó un crecimiento del 2,2% en 2026. “En Argentina, la consolidación fiscal y las reformas estructurales están ayudando a fortalecer la estabilidad macroeconómica y a restablecer la confianza de los mercados”, publicaron desde el BM. En cuanto al riesgo país, la entidad destacó que, durante la gestión de Javier Milei, pasó de la zona de los 2000 puntos a la de 500 unidades y que esa tendencia positiva también se vio en las mejoras de la calificación de la deuda local. “La compresión del riesgo país se vio reforzada por la acumulación de reservas internacionales del Banco Central a lo largo de 2026, respaldada por un sólido superávit comercial. Esta acumulación de reservas ha servido como un canal de estabilización clave, ya que ha reforzado la confianza del mercado al mitigar las vulnerabilidades de liquidez y refinanciamiento y, por lo tanto, reducir el riesgo de incumplimiento a corto plazo”, indicó el Banco Mundial. Entre los pilares clave del programa, el organismo pondera los cambios en materia tributaria y laboral, además de la puesta en marcha del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) y iniciativas complementarias como el “súper RIGI”, sosteniendo que, si bien la concreción de varios proyectos demandará tiempo, el marco regulatorio proyecta un escenario propicio para la llegada de capitales a mediano plazo. Asimismo, el informe subraya la relevancia de la agenda de integración comercial externa, haciendo foco en las negociaciones con Estados Unidos y la Unión Europea, al tiempo que resalta el rol del sector agropecuario, cuya buena performance productiva aporta un sostén fundamental al dinamismo de la actividad en el corto plazo. Con estas variables sobre la mesa, la entidad proyecta un fuerte cambio de tendencia hacia 2027, estimando que el PBI real lograría expandirse casi un 10% respecto de los niveles de 2024, dejando atrás un período de prolongado estancamiento económico. En materia financiera, si bien el Banco Mundial reconoce que persisten desafíos en torno al frente externo y la fragilidad del nivel de reservas netas, remarca que la estrategia de acumulación de divisas desplegada por el Banco Central durante 2026 permitió disipar en forma paulatina las dudas sobre la capacidad de acceso a los mercados internacionales. De este modo, la continuidad del superávit fiscal junto con las reformas pro-mercado consolidaría un ciclo de estabilidad y recuperación, que podría derivar en tres años seguidos de crecimiento económico sostenido, una dinámica inédita en casi dos décadas. Ámbito
En diálogo con CIUDAD TV, el asesor general de gobierno del Chaco, Federico Valdés, explicó los objetivos de la Red de Abogados del Estado, anunciada en septiembre. Detalló el plan de capacitación, la digitalización de los sumarios administrativos y el lugar que, a su criterio, debe ocupar la inteligencia artificial. El asesor general de gobierno del Chaco, Federico Valdés, explicó en una entrevista con CIUDAD TV los alcances de la Red de Abogados del Estado, un espacio de trabajo conjunto entre los equipos jurídicos de los distintos organismos provinciales que el Gobierno anunció en septiembre. Según detalló, la iniciativa forma parte de una planificación de la Asesoría General con varias líneas centrales de trabajo. Valdés aclaró que la red no busca reemplazar las funciones de cada área. “Esto no implica inmiscuirnos en competencias propias de los equipos jurídicos de los ministerios, no implica crear una estructura burocrática paralela”, sostuvo. Se trata, agregó, de un ámbito donde se compartirán “saberes, conocimientos, experiencias” para dar una respuesta colectiva al ciudadano. “La obligación y responsabilidad que tenemos los equipos jurídicos es dar una respuesta legal, clara, coherente y oportuna en cuanto al tiempo”, afirmó. Un conocimiento “fragmentado” El funcionario planteó que el principal problema detectado es la dispersión del saber jurídico dentro de la administración. “El conocimiento en general del Estado está muy fragmentado, está muy aislado”, describió, y puso como ejemplo a los equipos de salud, infraestructura u organismos autárquicos, cada uno con su propia especialización. Esa fragmentación, explicó, se traduce en interpretaciones dispares de una misma normativa, como el Código de Procedimiento Administrativo, que todos los organismos aplican. Aunque la Asesoría General fija el criterio general, el objetivo es evitar idas y vueltas en los expedientes. “Atrás de cada papel hay un ciudadano, hay una empresa, hay una PYME, hay un empleado público”, remarcó. Para ilustrar la lógica de la red, Valdés la comparó con la acumulación de procesos en la Justicia, que busca evitar el “escándalo jurídico” de que dos jueces den respuestas distintas ante una misma situación. Se aplicaría, dijo, ese criterio “sin la fuerza que tiene el código de procedimiento”, pero con el mismo sentido dentro de los equipos jurídicos del Estado. Capacitación y recambio generacional Otro de los ejes es la formación. La Asesoría firmó un convenio con la Facultad de Derecho para acompañar el proceso. Valdés señaló que el aprendizaje también suele ser aislado y que, ante retiros y movimientos propios de la administración pública, es necesario preparar a jóvenes abogados y abogadas en competencias generales, para que un traslado de área no signifique empezar de nuevo. “Buscamos que el Estado no tenga que comenzar de cero frente a cada problema”, resumió. Como antecedente de trabajo coordinado, mencionó el nuevo régimen de compras y contrataciones, vigente desde el 1 de octubre, que reemplazó una norma de 1977. Según dijo, ese proceso incluyó capacitaciones con los equipos jurídicos de todos los organismos y entes autárquicos. Digitalización e inteligencia artificial En cuanto a las herramientas tecnológicas, Valdés informó que el primer proceso a digitalizar serán los sumarios administrativos, y anticipó que hacia fines de esta semana se presentaría un nuevo régimen. Actualmente rige un decreto de 1999, es decir, una normativa en la que “no existía” el expediente digital ni la notificación a través de plataformas de gobierno digital. El asesor advirtió que la tecnología no alcanza por sí sola. “No se trata solamente de modernizar, de tirar tecnología sobre estructuras que son obsoletas”, afirmó, y explicó que primero hay que trabajar con los equipos y sistematizar los datos. Ayer, la red tuvo una primera capacitación sobre inteligencia artificial. Consultado sobre su posible uso en la elaboración de dictámenes, Valdés dijo que podría aplicarse, sobre todo en tareas “repetitivas”, como el relato de causa, y que ya se utiliza en sentencias judiciales por tratarse de cuestiones homogéneas. Pero puso un límite: la decisión debe quedar “siempre sujeta a una persona, a un ser humano” que comprenda el contexto y el impacto de aplicar la norma. La creación de criterios jurídicos, indicó, requiere profesionales que entiendan ese contexto. Para cerrar, Valdés planteó la urgencia de acompañar los cambios. “El mundo está cambiando a una velocidad inusitada”, dijo, y advirtió que hoy los ciudadanos esperan comprar bienes y servicios en 24 horas, mientras que la respuesta del Estado suele no estar a la altura. Vinculó la red con el plan de estrategia participativa del Gobernador, orientado a un Estado moderno y ágil.
A través de un comunicado, el Consejo Directivo de la E.P.G.S. N°1 “Héroes Latinoamericanos” del Barrio Segundo David Peralta “Mate Cosido” de nuestra capital, denunció que – a través de una resolución – el Ministerio de Educación dispuso una medida donde 10 docentes perdieron sus horas de clases, y peligra el apoyo y la contención a los estudiantes. El documento ”El Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco (MECCyT) recortó de manera unilateral y arbitraria 88 horas cátedra de la E.P.G.S. Nº1 “Héroes Latinoamericanos”. Esta decisión injustificada tiene consecuencias dolorosas e inmediatas: deja a 10 docentes sin sus horas de forma abrupta y cierra espacios de contención que son fundamentales para nuestros estudiantes. La medida no solo es un golpe a nuestra comunidad, sino que es ilegal. La reciente Ley N.º 4095-E (Régimen de Escuelas Públicas de Gestión Social), aprobada por unanimidad durante la actual gestión del gobernador Leandro Zdero, es clara en su artículo 19: si el Ministerio detecta irregularidades, tiene hasta noviembre de 2026 para notificar a la institución y permitir su corrección. Sin embargo, nuestra Escuela jamás recibió una notificación formal de que estas 88 horas cátedra estuvieran bajo revisión ni que presentaran inconvenientes en su implementación. Los primeros días de agosto nos enteramos que existía un pedido formal de desafectación cuando ya había sido cursado desde el Supervisor de técnica, Prof. Alejandro Alegre, hacia el Director de la Regional Educativa X-B, Profesor Manuel Acevedo. De aquí en más, el trámite se movió con una celeridad poco habitual hasta que el lunes 7 de septiembre nos anoticiamos que el día anterior (domingo 6) había sido firmada la resolución de desafectación de las 88 horas. A la gravedad de la situación se suma un engaño institucional. En medio del recorrido del trámite, ante nuestra insistencia, logramos reunirnos con el Consejo de Educación de la provincia, presidido por el Prof. Omar Maggio, para presentar un plan de adecuación para estas horas. En el acta de dicha reunión consta que se nos indicó presentar dicho plan por la vía jerárquica correspondiente. Sin embargo, mientras nosotros presentábamos los proyectos solicitados, desde la cartera educativa firmaban a escondidas la resolución que eliminaba estas horas. Somos una Escuela Pública de Gestión Social, donde la educación se construye en un vínculo permanente con la comunidad. Quitar arbitrariamente estas horas significa debilitar un proyecto que sostiene y acompaña a chicos y chicas que necesitan de la escuela como refugio de sus sueños para proyectar un futuro mejor. Avanzar sin diálogo implica olvidar que la educación pública no se reduce a tener una vacante, sino a garantizar que los alumnos tengan un acompañamiento continuo y transformador de sus vidas. Desde el Consejo Directivo, junto a toda la comunidad educativa de la E.P.G.S. Nº1, exigimos que el Ministerio dé marcha atrás con esta resolución. Hemos iniciado las gestiones administrativas correspondientes, pero frente a la falta de respuestas decidimos hacer pública esta situación. Nuestra comunidad permanece organizada y decidida a defender nuestra escuela, el trabajo de nuestros docentes y el futuro de nuestros estudiantes”. Firman: Consejo Directivo de la E.P.G.S. N°1 “Héroes Latinoamericanos”Barrio Segundo David Peralta “Mate Cosido”Resistencia – Chaco
El máximo tribunal no logró unanimidad de criterios en la causa impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie contra el artículo 154 del DNU 70/23. La demanda no fue tratada por la Justicia Federal de Bariloche, donde se radicó originalmente la presentación, ni por la Cámara Federal de La Plata, a donde posteriormente se derivó el caso. El análisis de esta causa se produce después de que la Corte rechazara por falta de legitimación la presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). Tras esa decisión, la Corte sostuvo que el fallo referido al CECIM respondía a una cuestión procesal y que nada impedía analizar otros expedientes sobre la misma temática que llegaran a esa instancia. El tratamiento se enmarca en el régimen de procesos colectivos, por el cual las causas se agrupan. Una vez resuelto el planteo del CECIM, quedó habilitado el análisis del expediente de Árbol de Pie, una asociación ambiental que formuló cuestionamientos vinculados con la derogación de la Ley de Tierras. Agencia NA
En diálogo con CIUDAD TV, el abogado y referente del Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados de Resistencia, Gustavo Ferreyra, aseguró que el Estado “está ausente” con políticas para la prevención de daños provocados por los siniestros viales. Cuestionó también la falta de inversión de las aseguradoras y pidió controles en las avenidas más críticas de la ciudad. El abogado del foro local y representante del Instituto de Derecho de Daños del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, Gustavo Ferreyra, reclamó que el Estado invierta en políticas públicas de prevención de la siniestralidad vial y recordó que Resistencia es una de las ciudades con mayor índice de accidentes de tránsito de la Argentina. Ferreyra explicó que, a diferencia de los peritos accidentólogos, que ven los siniestros como hechos evitables con inversión adecuada, los abogados que representan a víctimas del tránsito los miran desde el día a día de los expedientes. Recordó que, tras la reforma, los jóvenes de 16 años ya pueden tener carnet para conducir motos, y sostuvo que Resistencia es “la ciudad con más accidentes de tránsito del país”, con un índice “muy alto” incluso en comparación con Corrientes y Formosa. Un problema “multicausal” El abogado describió la siniestralidad como un fenómeno “súper complejo, multicausal”. Entre los factores señaló: Mencionó como corredores con alta accidentología las avenidas Castelli e Italia, y el cruce de Liniers y Rivadavia, frente a la plaza 12 de Octubre. También observó que antes los casos que llegaban a su estudio rara vez tenían culpas concurrentes, mientras que hoy “está lleno de culpa concurrente”. Prevención del daño y aseguradoras Ferreyra planteó que la prevención del daño debe involucrar tanto al Estado y al municipio como a empresas y aseguradoras. Sobre estas últimas, cuestionó que, pese a sus ganancias, no inviertan en prevención con campañas, cartografía o charlas en lugares “donde no llega el Estado”, y que cuando un asegurado tiene un siniestro “te ponen trabas” y haya que recurrir a un abogado para obtener respuesta. Contó que el Instituto se ofreció a dar charlas en escuelas secundarias y valoró la respuesta de los chicos, que piden cascos a sus padres. Inspectores en los semáforos y críticas a los lomos de burro Entre las medidas que reclamó, pidió más sincronización de semáforos y que se destinen inspectores de tránsito a las esquinas conflictivas, no solo para multar autos mal estacionados o controlar el pago del estacionamiento medido, sino como elemento disuasorio. También instó a conformar el Consejo de Seguridad Vial de la ciudad, que, según dijo, todavía no está formado, y a que abogados especialistas, aseguradoras y funcionarios trabajen en conjunto. Sobre los lomos de burro, advirtió que, según la doctrina nacional e internacional y los especialistas, no son una medida preventiva eficaz: provocan roturas en los vehículos y, si no están bien señalizados, pueden causar accidentes. Destacó que el control de alcoholemia cero ya está logrado y reconoció el trabajo de la Policía del Chaco con operativos, aunque dijo que se realizan sobre todo fuera de la ciudad. Contó que trasladó sus planteos al ministro Mascovi, al subsecretario de Acción Comunitaria y a concejales, y que aún no pudo hablar con el intendente. Prioridad de paso Ferreyra se refirió además a la prioridad de paso en las intersecciones. Recordó que la ley provincial, adherida a la nacional, permitía que la prioridad fuera de quien venía por la derecha, lo que generaba fallos que exigían a ese conductor circular a una velocidad moderada para poder frenar. Valoró que con la reforma del artículo 41 se incorporó un inciso y que “ahora definitivamente” la prioridad es de quien circula por la avenida. Sentencias y litigiosidad El abogado pidió jueces “con mucha personalidad” y sentencias “ejemplificadoras” en la cuantificación del daño, para que las aseguradoras paguen a las víctimas dentro de los 30 días del siniestro. Explicó que una reparación integral incluye no solo el daño al vehículo y las lesiones, sino también los días no trabajados, aunque señaló que el lucro cesante es difícil de probar por la gran cantidad de trabajo sin registrar. Según dijo, los jueces le comentan que 8 de cada 10 juicios que llegan por sorteo a los 23 juzgados civiles del Gran Resistencia son por accidentes de tránsito. Valoró que Chaco tiene leyes “muy modernas” y es la única provincia con pericias médicas y accidentológicas previas al juicio, lo que permitió acortar los plazos: mencionó un récord de ocho meses y medio, y hoy entre un año y medio y dos años en primera instancia. Consideró que “llegó la hora” de abrir un debate este año, con el Poder Ejecutivo, el Judicial, los colegios de abogados y el sector asegurador, para empezar a trabajar en soluciones en 2027. Reclamo por las estadísticas Hacia el final, Ferreyra afirmó que la siniestralidad vial y la inseguridad son “los dos flagelos más fuertes” del día a día y que deberían estar en la agenda de la dirigencia política. Reclamó además acceso a las estadísticas diarias de accidentes, que dijo haber solicitado sin éxito: “está todo tapado”. Se ofreció a debatir en el canal con el subsecretario de Seguridad Vial de la provincia. Nota en desarrollo…
En el Día Mundial del Hábitat, Argentina tiene más de 5 millones de personas viven en barrios populares sin acceso formal a servicios básicos ni seguridad sobre la tierra que habitan. De ellas, 1,7 millones son niños y niñas. El mismo se celebra el 05 de octubre y en Argentina 1,7 millones de niños y niñas crecen sin servicios básicos ni una vivienda segura. En esta fecha, ocho organizaciones referentes de hábitat invitan a la comunidad a participar de la campaña “Conectando Hábitat” a través de la plataforma interactiva conectandohabitat.com.ar. Allí los usuarios podrán aprender sobre la problemática desde distintas aristas y conocer diversas formas de involucrarse. El trabajo que plantean distintas organizaciones sociales para afrontar la crisis habitacional Las organizaciones Fundación Vivienda Digna, TECHO, Mujeres 2000, Módulo Sanitario, Hábitat para la Humanidad Argentina, Tejido Urbano, Alianza Internacional de Habitantes y Taller Libre de Proyecto Social proponen trabajar desde la articulación de alianzas para alcanzar a más personas, visibilizar la realidad y cómo esta afecta a millones de personas en Argentina. La situación habitacional en Argentina La necesidad de articular esfuerzos responde a una realidad urgente: Más de 5 millones de personas, que representan 1.2 millones de familias, viven en villas y asentamientos. De esa población, 1,7 millones son niños y niñas (RENABAP). Esas cifras reflejan duras realidades que atraviesan a personas que padecen vivir en viviendas precarias, la falta de servicios básicos, falta de baño, inseguridad en la tenencia, entre otros. Son condiciones que afectan la salud, la educación, la seguridad y el desarrollo de millones de personas. Conectando Hábitat: una red que sigue creciendo La plataforma conectandohabitat.com.ar reúne el trabajo de las organizaciones y ofrece información sobre la problemática. También invita a la ciudadanía a conocer y sumarse a las distintas formas de construir hábitat. Las organizaciones que forman parte Fundación Vivienda Digna: organización social con más de 45 años de experiencia. Trabaja con familias de escasos ingresos para construir, mejorar y equipar sus hogares, y promueve el acceso a una vivienda digna articulando entre familias, sector público, empresas y sociedad civil.TECHO: trabaja desde hace más de 20 años en Argentina para que ninguna familia viva sobre un piso de tierra. Con presencia en 11 provincias, moviliza voluntariado juvenil que desarrolla proyectos de acceso a la vivienda y al hábitat junto a habitantes de villas y asentamientos. Mujeres 2000: trabaja con mujeres en situación de vulnerabilidad social para promover su autonomía económica. Su modelo integral articula inclusión financiera, acceso a una vivienda digna y educación superior, con acompañamiento cercano de equipos voluntarios. Módulo Sanitario: construye baños para familias que no los tienen y promueve hábitos de higiene a través de talleres en barrios vulnerables de Argentina. Hábitat para la Humanidad Argentina: a través de capacitaciones, acompañamiento y soluciones habitacionales, construye un mundo donde cada persona tenga un lugar digno para vivir. Tejido Urbano: organización de la sociedad civil dedicada a investigar y generar propuestas sobre vivienda, hábitat y desarrollo urbano. Produce datos y evidencia, impulsa el debate público y articula con gobiernos, academia, sector privado y organizaciones sociales para contribuir al diseño de mejores políticas habitacionales. Alianza Internacional de Habitantes: (AIH) es una red global de asociaciones de base y movimientos sociales que defiende el derecho a la vivienda y a la ciudad. Es un movimiento autónomo, intercultural y solidario que nuclea a inquilinos, sin techo, cooperativas y Vecinos autoconvocados. Lucha contra los desalojos y promueve la función social del suelo urbano Taller Libre de Proyecto Social: Es un espacio de formación, investigación y extensión de la FADU-UBA que articula el ámbito universitario con organizaciones sociales y territoriales. Trabaja sobre las problemáticas del hábitat desde una perspectiva integral y participativa, vinculando las disciplinas del diseño con la ampliación de derechos. ¿Qué es el Día Mundial del Hábitat? La ONU estableció el Día Mundial del Hábitat en 1985. Se celebra el primer lunes de octubre y recuerda que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano esencial. También recuerda que el entorno en el que vivimos impacta en nuestra calidad de vida. Es una oportunidad para visibilizar la problemática y sumar acciones concretas de gobiernos, organizaciones y ciudadanía. urgente24.com
La secretaria de Obras de la Municipalidad de Barranqueras, Vanesa Jarolín, analizó el reciente vandalismo de cables LED en la Avenida Mosconi. Además detalló los extensos preparativos de la ciudad portuaria para el fenómeno de ”El Niño”, incluidos proyectos de drenaje y planes de emergencia que ya se efectúan desde enero de este año. La funcionaria señaló que el lamentable acto de vandalismo, ”ocurrió en la Avenida Mosconi entre el cruce de Moscón y Castelli hacia la Avenida Gaboto, donde fueron sustraídos aproximadamente 100 metros de cables LED preconfeccionados, generando riesgos de seguridad y requiriendo intervención policial”. Al respecto, recordó que para mejorar la seguridad urbana, el Municipio instaló cámaras en varios puntos de la localidad y alienta a los ciudadanos a reportar actividades sospechosas a las tres Comisarías, al 911 o al Centro de Monitoreo sin correr riesgo alguno para el denunciante. Por otra parte, Jarolín atribuyó la frecuencia de este tipo de delitos a la difícil situación económica que afecta al país, la provincia y la localidad, señalando que el Municipio barranqueño utiliza sus escasos recursos propios para reparar la infraestructura. Ante el fenómeno de ‘El Niño’ Consultada al respecto, la secretaria de Obras comunal, sostuvo que los preparativos para enfrentar condiciones meteorológicas adversas, ”comenzó en enero con la decisión del intendente de crear un Plan Director que involucre a la Secretaría de Obras y profesionales técnicos para accionar ante posibles inundaciones”. Revelando que este instrumento administrativo consta de 400 páginas e incluye un protocolo de actuación y una estructura de Comisión Estratégica de Emergencia para la localidad, en trabajo conjunto con la provincia. ”El municipio cuenta con una Secretaría de Discapacidad creada por esta administración, que trabaja junto a la Andis a nivel nacional y el Iprodich a nivel provincial para regular y gestionar las zonas más vulnerables de la comunidad. Es decir, contar con toda esa información para estar preparados”, aseguró. Por otra parte, reveló que, actualmente, la comuna portuaria está repartiendo sacos de arena para que los vecinos los recojan entre las 8 y las 12 en Pasaje Sauce 755. ”Pero también nuestros equipos técnicos visitan distintos barrios cada martes y jueves para explicar el Plan Director”, agregó. Explicando que el mismo fue presentado al Dr. Carim Peche en la provincia, lo que generó a su vez el compromiso de iniciar las obras del Riacho Arazá con una máquina que comenzó en Barranqueras y continúa en el Canal Compensador de Puerto Vilelas. A su vez, el municipio administra tres estaciones de bombeo ubicadas en Barrio 152 Viviendas, Barrio Villa Forestación y un surtidor móvil en Barrio La Lomita, mientras que el resto de los equipos de bombeo son administrados por la APA. ”Las medidas de mitigación incluyen una máquina en la parte baja del barrio Malvinas para gestionar drenajes para Barrio Malvinas y Barrio Ucal, además de un canal de alivio hacia la Avenida Mosconi con portones en las puertas de la Avenida Soberanía”, reseñó Vanesa Jarolín. Mientras que los trabajos de drenaje han finalizado en Barrio Ucal y Barrio Utedyc, y actualmente se ejecutan en Barrio Malvinas (norte y sur), y también ya se han realizado en Villa Hortensia, La Lomita y otras zonas.
El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, supervisó las obras de refacción integral del Destacamento Rural de Colonia El Tacuarí, que se encuentra próximo a inaugurarse. La dependencia contará con una camioneta 4×4, conectividad satelital y refuerzo de personal para ampliar la capacidad operativa en la zona. El Gobierno del Chaco continúa fortaleciendo la seguridad en las zonas rurales mediante la recuperación de dependencias policiales, la incorporación de nuevos móviles, tecnología y personal, con el objetivo de garantizar una mayor presencia del Estado en todo el territorio provincial. En ese marco, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, recorrió las obras de refacción integral del Destacamento Rural de Colonia El Tacuarí, próximo a ser inaugurado por el gobernador Leandro Zdero. Matkovich estuvo acompañado por el subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Manuel Silva, y el director general de Seguridad Rural, comisario general Osvaldo Facundo Gay. La intervención permitirá mejorar las condiciones edilicias y de trabajo del personal policial, además de fortalecer la capacidad operativa de una zona donde las distancias y las características del territorio demandan movilidad, comunicación y presencia permanente. “Lo que tenemos atrás es el Destacamento de la Colonia El Tacuarí, próximo a inaugurarse con la presencia del gobernador”, señaló Matkovich. Recuperar destacamentos para fortalecer la presencia policial La obra de Colonia El Tacuarí forma parte de un plan provincial de recuperación y fortalecimiento de dependencias policiales rurales. Entre las intervenciones realizadas se encuentra la refacción y ampliación del Destacamento Rural de Colonia Alcalá, en Presidencia Roca, inaugurada en abril de 2025, y la recuperación y habilitación de la dependencia policial de Pampa 11, en la zona de Tres Isletas, durante 2026. A estas acciones se suman mejoras en otros puntos estratégicos del interior provincial, con el objetivo de recuperar infraestructura existente y ampliar la capacidad de respuesta policial en comunidades rurales y zonas productivas. “Estas son las obras que la Policía de la Provincia del Chaco está ejecutando para mejorar las condiciones de su personal y garantizar una mayor presencia policial en todo el territorio provincial”, afirmó el ministro. Más movilidad, conectividad y personal Como parte del fortalecimiento previsto para Colonia El Tacuarí, Matkovich anticipó que, una vez inaugurado el destacamento, se incorporará una camioneta 4×4, equipamiento de conectividad satelital y un refuerzo de la dotación de personal policial. El nuevo móvil permitirá ampliar los patrullajes preventivos y mejorar la capacidad de desplazamiento por caminos rurales, mientras que la conectividad satelital permitirá sostener las comunicaciones en sectores donde existen dificultades de cobertura. La estrategia de fortalecimiento de la movilidad rural también alcanza a otras localidades. Entre las acciones desarrolladas se encuentra la incorporación de un móvil para el Destacamento Rural de El Paraisal, en Quitilipi, destinado a tareas preventivas y de control en la zona de la Ruta Provincial N° 4. El fortalecimiento de la seguridad rural apunta a acompañar a las comunidades y al sector productivo, garantizando mejores condiciones para quienes viven y trabajan en zonas alejadas de los grandes centros urbanos. “Queremos que ustedes se sientan tranquilos, que puedan trabajar y vivir en paz, y que quienes producen y hacen grande este Chaco también puedan hacerlo con seguridad”, expresó Matkovich.El Gobierno provincial sostiene una política integral que combina así obras de infraestructura, recuperación de destacamentos, incorporación de móviles, tecnología y refuerzo de personal, para ampliar la capacidad operativa de la Policía y garantizar una mayor presencia estatal en las zonas rurales de todo el Chaco.
El gobernador Leandro Zdero junto al presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Poccard, presentaron la oferta exportable chaqueña ante ACCIÓ, la agencia de competitividad e inversiones de Cataluña. Las autoridades catalanas comprometieron una visita a la provincia durante este año para conocer en territorio las oportunidades de inversión y evaluar proyectos de empresas de la región. También, se avanzará en un convenio de cooperación y hermanamiento institucional. Durante el encuentro, se presentó las condiciones que actualmente ofrece la provincia para acompañar la llegada de nuevas inversiones, entre ellas exenciones impositivas, seguridad jurídica por 30 años, acceso a puertos y ferrocarril, infraestructura logística y una política activa de acompañamiento al sector privado. La reunión contó además con el acompañamiento de Rossana Cecilia Surballe, cónsul general de la República Argentina en Barcelona, y permitió avanzar en una agenda de cooperación conjunta entre Chaco y Cataluña. ACCIÓ articula actualmente 28 clústeres empresariales, más de 3.200 empresas y agentes y una facturación superior a los 80.000 millones de euros, constituyéndose en un actor estratégico para vincular empresas, sectores productivos y oportunidades de inversión. Compromiso concreto para conocer las oportunidades de Chaco Como resultado del encuentro, las autoridades de ACCIÓ asumieron el compromiso de visitar Chaco durante este año, con el objetivo de conocer en territorio las oportunidades que ofrece la provincia y evaluar posibles proyectos de empresas catalanas.Asimismo, ambas partes trabajarán en la firma de un convenio de cooperación y hermanamiento institucional, que permita profundizar el intercambio y generar nuevos vínculos entre los sectores público y privado de ambas regiones. El Chaco como puerta de entrada al Norte Argentino En el marco de la creciente integración entre la Unión Europea y el Mercosur, la Provincia busca consolidar una posición estratégica como proveedor confiable de bienes y servicios, plataforma logística del norte argentino y destino seguro para nuevas inversiones. La agenda internacional impulsada por el Gobierno provincial apunta a transformar las oportunidades de vinculación externa en proyectos concretos que permitan ampliar mercados, fortalecer la producción y generar empleo. “Más inversión significa más producción, más exportaciones y, sobre todo, más empleo para los chaqueños”, afirmó Zdero. El mandatario provincial concluyó que estos encuentros representan “el eje de una estrategia que busca posicionar a la provincia frente a nuevos mercados y socios internacionales”.
El pedido había sido presentado por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot tras el fallo de la Corte Suprema. La Justicia rechazó la cautelar impulsada por los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot contra la derogación de la Ley de Tierras para evitar la venta de tierras ilimitadas a extranjeros. El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°1, decidió no hacer lugar al pedido por considerar que “no ha sido acreditada la concurrencia de circunstancias graves y objetivamente impostergables que sustenten su otorgamiento”, según el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Pichetto y Massot habían presentado una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que deroga la Ley 26.737, “hasta el dictado de sentencia en el proceso principal”. Los diputados remarcaron que el objetivo de esta medida era “evitar que, durante el tiempo que demande la tutela judicial, se consoliden situaciones jurídicas que luego no puedan revertirse sin afectar derechos de terceros”. Esta presentación se realizó luego de que la Corte Suprema de Justicia revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que declaró inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras. El máximo tribunal apuntó que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) no tiene legitimidad para impulsar la demanda. En ese sentido, los diputados señalaron en el escrito ante la Justicia que “aunque la Corte se abstuvo de pronunciarse sobre el fondo, su decisión tuvo una consecuencia material inmediata”, ya que su decisión “despliega la totalidad” de los efectos del DNU 70/2023 sobre la ley. Tras el rechazo a la cautelar, Pichetto criticó la decisión del juez: “Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe”. “Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, agregó en un posteo en la red social X. Agencia NA
Las calles del centro porteño serán escenario, una vez más, de lo que se espera sea una masiva movilización contra el Poder Judicial, luego del revés de la semana pasada de la Corte Suprema sobre el artículo del DNU 70/2023 relacionado con la denominada Ley de Tierras, que volvió a habilitar la compra ilimitada de territorio por parte de personas y empresas extranjeras. Como se había anunciado, hoy se hará una marcha a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para repudiar la sentencia con la que ratificó la vigencia del mega DNU 70/23 dejando sin efecto a la Ley de Tierras. La movilización fue convocada por el Centro de Excombatientes de las Islas Malvinas de La Plata (CECIM), pero cuenta con el apoyo de gremios, partidos políticos y sectores de la Iglesia Católica. Hay paro de empleados públicos. Efectivamente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decidió plegarse a la protesta y convocó a un paro con retiro de los lugares de trabajo desde las 12 del mediodía. La medida de fuerza alcanza a todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales y busca facilitar la asistencia a la marcha prevista para las 3 de la tarde. “Esta Corte debe sentir toda la presión social. Tienen cargos vitalicios, sueldos millonarios, no pagan impuestos y pretenden pisotearnos“, sostuvo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar. Ya la semana pasada, ni bien salió el fallo contrario a la Ley de Tierras, su gremio salió a repudiarlo y organizó un escrache contra los jueces en las puertas del hotel donde se estaban alojando en San Martín de los Andes. Por su parte, el CECIM, organismo que dio origen a todo el litigio organizó la marcha de hoy junto a la CTA. Su representante legal, Jerónimo Guerrero Iraola, le había anticipado a FM Cielo 103.5 que estaban evaluando alternativas para reinstaurar la medida cautelar que les había otorgado el Juzgado Federal de La Plata. La movilización de esta tarde es la primera de ellas. La otra opción es que la Cámara de Diputados sesione para tratar y rechazar el DNU 70/23 que ya fue descartado por el Senado, algo que podría ocurrir la semana próxima. Las bancadas opositoras necesitan construir una mayoría para lograrlo y poco a poco se van acercando. El domingo pasado la Pastoral Social, Endepa y Cáritas hicieron su aporte manifestando su preocupación “ante la posibilidad de una venta sin límites de tierras a extranjeros”. Las tres instituciones eclesiásticas le pidieron “responsabilidad” a legisladores, jueces y funcionarios del Ejecutivo “para que velen por la defensa de nuestra tierra y el cuidado de nuestra Nación”.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires volvió a declarar inconstitucional el límite de 50 años previsto para el ingreso a la docencia como titular y ordenó que una maestra de 54 años pueda inscribirse en los listados oficiales sin que su edad sea un impedimento. La decisión fue tomada en la causa “Pérsico, Elizabeth Rosana c/ Provincia de Buenos Aires s/ Inconstitucionalidad del art. 57 inc. e, ley 10.579”, en la que la docente cuestionó la norma que le había impedido anotarse para el ciclo lectivo 2026. La Corte recordó que lleva más de dos décadas declarando inconstitucional esa limitación y, ante la falta de modificaciones legislativas, exhortó al Poder Ejecutivo y a la Legislatura bonaerense a revisar o derogar el artículo. La norma cuestionada establece como requisito para ingresar como docente titular tener hasta 50 años, aunque contempla determinadas excepciones vinculadas con la experiencia previa en la enseñanza. La docente que se desempeña como maestra de grado desde 2011 en la Escuela Primaria N° 37 de Lomas de Zamora, tenía 54 años cuando inició la demanda. Al intentar inscribirse en los listados oficiales para 2026, se le negó esa posibilidad exclusivamente por superar el límite de edad. La propia Provincia, a través del Asesor General de Gobierno, se allanó al planteo y pidió que se declarara la inconstitucionalidad de la norma, justamente por la existencia de numerosos antecedentes de la Suprema Corte en el mismo sentido. “La edad no revela por sí sola la falta de idoneidad” El juez Daniel Soria, cuyo voto encabezó el acuerdo, recordó que la Corte ya había cuestionado en numerosas oportunidades el límite etario. Entre otros antecedentes mencionó los casos “Briceño”, de 2002; “Zunino”, de 2007; “Rodríguez”, de 2014; “Sánchez”, de 2016; “Fillia”, de 2020; “Borzi”, de 2021; “Cueva” y “Stieben”, de 2024; “Vizgarra”, de 2025; y “Espinoza”, de mayo de 2026. En ese marco, el tribunal sostuvo que la diferencia de trato que establece la ley no tiene una justificación razonable. “La edad no revela por sí sola la falta de idoneidad para acceder al ejercicio de la docencia”, señaló la Corte. Y remarcó que tampoco puede presumirse que una persona mayor de 50 años constituya un obstáculo para alcanzar los objetivos de la educación pública. Para los jueces, existe además una contradicción dentro de la propia normativa: mientras establece el límite para determinados ingresos como titular, permite que docentes de mayor edad continúen frente a alumnos cuando cumplen determinadas condiciones. “Son inválidamente discriminados frente a otros educadores más jóvenes con idéntica capacitación”, sostuvo el fallo. La Corte cuestionó especialmente que la legislación haya trazado una frontera rígida entre quienes tienen más y menos de 50 años. “Son inválidamente discriminados frente a otros educadores más jóvenes con idéntica capacitación o aun con relación a otros de la misma edad que no ven imposibilitado el ingreso a la docencia como titulares”, señalaron los jueces. “Una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana” Uno de los pasajes contundentes del fallo sostiene que una limitación basada exclusivamente en la edad resulta incompatible con los derechos constitucionales. “Una disposición limitativa solo por razones de edad configura una distinción de trato ofensiva a la dignidad humana”, afirmó la Suprema Corte. Y agregó una consideración especialmente significativa sobre la experiencia de los docentes: “Un docente en la etapa de madurez plena de la persona se encuentra en condiciones óptimas para expresar toda su creatividad y experiencia en el ejercicio de su Ministerio”. Para el tribunal, impedir el ingreso como titular únicamente por haber superado los 50 años, incluso cuando la persona puede acreditar su capacidad profesional, constituye una restricción que contradice “abiertamente el derecho a trabajar y a la igualdad ante la ley”. Una advertencia al Ejecutivo y a la Legislatura El fallo también contiene un fuerte llamado de atención a los poderes políticos. La Corte destacó que desde hace años viene declarando inconstitucional el artículo 57 inciso “e” de la ley 10.579. Sin embargo, pese a esos reiterados pronunciamientos y al hecho de que el propio Gobierno provincial se allana sistemáticamente en este tipo de procesos, la norma continúa vigente. “Hasta el momento ni el Poder Ejecutivo como tampoco la Legislatura han propiciado la modificación o derogación del precepto tantas veces fulminado”, advirtió el juez Soria. Por ese motivo, consideró necesario ir más allá de resolver el caso individual y exhortó a ambos poderes a que, “dentro de un plazo razonable”, propongan a debate y decidan sobre la revisión o derogación del artículo. La Corte sostuvo que la norma contiene “una limitación incompatible con la dignidad y la igualdad de trato que la Constitución garantiza”. Qué resolvió la Corte Finalmente, la Suprema Corte hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad del artículo 57 inciso “e” de la ley 10.579, modificada por la ley 12.770, y estableció que esa norma no puede aplicarse en su caso. En concreto, ordenó a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que se abstenga de impedir la inscripción de la docente en los listados oficiales de la docencia por su edad. La decisión fue adoptada por los jueces Daniel Soria, Hilda Kogan, Sergio Torres, Mario Eduardo Kohan y Sergio Gabriel Carral Una vez que la sentencia quede firme, cesarán los efectos de la medida cautelar que había permitido a Pérsico sortear provisoriamente el límite mientras se resolvía la cuestión de fondo. minutouno.com
La discusión sobre los salarios docentes en la Argentina suele quedar atrapada en comparaciones parciales. Mirada desde una perspectiva federal, la situación muestra diferencias importantes entre las provincias y permite ubicar a Corrientes, junto con Chaco y Santiago del Estero, en el tercer escalón de la comparación nacional. Un relevamiento de la Fundación Libertad, elaborado sobre la base de información del Ministerio de Capital Humano correspondiente a marzo de 2026, tomó como referencia el salario bruto de un maestro de grado de Educación Primaria, con jornada simple y diez años de antigüedad. Para ese cargo, el promedio ponderado nacional alcanzó $1.199.964. La comparación nacional está encabezada por Neuquén, con $2.296.123, seguida por Santa Cruz, con $1.818.697, y Tierra del Fuego, con $1.561.921. Luego aparecen Córdoba, con $1.447.030; Río Negro, con $1.357.243; Santa Fe, con $1.353.706; y San Juan, con $1.345.549. Recién después aparece Corrientes, con sus $1.330.123. El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el escenario del NEA. Corrientes supera a Chaco, que registra $1.259.878; Formosa, con $1.135.542; y Misiones, con $878.935. La diferencia con esta última supera los $450.000 mensuales para el mismo cargo de referencia. El salario bruto tampoco representa el dinero que finalmente recibe el trabajador, ya que sobre ese monto se aplican los descuentos correspondientes. Pero sí permite establecer una comparación homogénea entre jurisdicciones. Otro indicador ayuda a observar el mismo fenómeno desde el poder de compra. Un relevamiento de la consultora Empiria, elaborado a partir de información de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo, ubicó a Chaco y Corrientes en el grupo de provincias cuyos docentes pueden cubrir el equivalente a 3,5 canastas básicas con el salario utilizado como referencia. Ese resultado coloca a Corrientes, junto con Chaco y Santiago del Estero, en el tercer escalón de la comparación nacional. Por encima aparecen Neuquén, con una capacidad equivalente a 4,6 canastas, y Santa Cruz, con 3,7. Salta llega a 3,4, mientras Tierra del Fuego y Córdoba alcanzan 3,3. ”La comparación de las canastas resulta especialmente útil porque permite complementar el dato del salario nominal. No alcanza con observar cuántos pesos cobra un docente en cada provincia: también importa qué capacidad de compra tiene ese ingreso frente al costo de los bienes y servicios considerados en la canasta utilizada como referencia”, señala el informe. El panorama federal, además, muestra una fuerte dispersión Mientras Neuquén registra más de $2,29 millones de salario bruto para el cargo analizado, Misiones se encuentra por debajo de los $900.000. Entre ambos extremos existe una diferencia de más de $1,4 millones mensuales. La fotografía también debe leerse teniendo en cuenta que las provincias son las responsables de administrar sus sistemas educativos y de definir buena parte de las condiciones salariales de sus docentes. El propio esquema nacional distingue entre salario bruto, salario de bolsillo y sueldo básico, conceptos que no son intercambiables. La comparación permite observar una característica concreta del federalismo educativo argentino: los docentes reciben remuneraciones muy diferentes según el distrito en el que trabajan. Finalmente, los números no resuelven la discusión sobre cuánto debería ganar un docente ni permiten evaluar por sí solos la calidad de una política educativa. Sí aportan, en cambio, una referencia concreta para entender dónde se encuentra Corrientes dentro de un sistema salarial profundamente desigual entre las provincias argentinas. El Litoral
El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7, Ramiro González, solicitó que un matrimonio vaya a juicio oral acusado de haberse apropiado de la nieta recuperada N°139, hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, detenidos y desaparecidos en 1977, durante la última dictadura militar. “Se encuentra probado que desde su nacimiento, la niña fue ocultada de sus familiares”, sostuvo el fiscal federal y resaltó que fue criada con el apellido de sus presuntos apropiadores y sin darle la posibilidad de contactar a su familia biológica. Para la fiscalía, el expolicía de la provincia de Buenos Aires E.I. (79) y su esposa J.N.Z. (76) alteraron el estado civil y la identidad de la hija biológica de Macedo e Inama, que fueron secuestrados durante el terrorismo de estado y que se encuentran desaparecidos desde el 2 de noviembre de 1977. El matrimonio inscribió a la niña ante el Registro Provincial de las Personas, Delegación Merlo, bajo el nombre de M.P.I y como hija biológica del matrimonio. El registro se materializó a través del acta número 710, de la Delegación Merlo el 20 de abril del año 1978, que daba cuenta de que la beba había nacido el día 18 de abril de 1978. Para ello se acompañó una falsa certificación médica de nacimiento. A los imputados también los señaló por la retención y ocultación desde el momento en que la recibieron y tuvieron en su poder hasta el 20 de enero de 2025, día en el que se emitió el informe pericial genético realizado por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que dio cuenta de la identidad de la víctima. La mujer había sido contactada luego de una investigación documental llevada adelante por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Si bien había manifestado que nunca había dudado de su origen biológico, le llamó la atención el hecho de que figuraba haber nacido en Merlo, a diferencia de sus hermanos y que el profesional de la salud que certificó su nacimiento no era obstetra sino traumatólogo. Eso fue lo que llevó a que se realizara el cotejo. “Durante todo ese período invocaron falsamente la relación parental sobre aquella, valiéndose para ello de la utilización de la documentación en la que constaba el falso vínculo y la falsa identidad, como acta de nacimiento y documento nacional de identidad, que repetían esa precisión paterno filial ideológicamente falsa”, resaltó la fiscalía, en referencia al rol llevado adelante por los imputados. El inicio de la investigación La causa comenzó tras una denuncia realizada por el fiscal Pablo Parenti, a cargo de la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado, y tras una investigación preliminar que daba cuenta del cotejo genético que se había realizado en el BNDG. Según los legajos de la CONADEP incorporados a la causa, Macedo e Inama militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) en La Plata, pero para noviembre de 1977 ya vivían en la ciudad de Buenos Aires. Macedo tenía 22 años y estaba embarazada de seis meses cuando fueron detenidos. En el requerimiento se explicó que, si bien los casos de Inama y Macedo no fueron tratados en los distintos juicios en los que se investigaron los crímenes de lesa humanidad acaecidos dentro del circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo), existieron testimonios que dan cuenta de su presencia dentro del primero de los centros clandestinos mencionados. “No se ha establecido hasta la fecha el lugar donde habría sucedido el nacimiento, si bien se cuenta con la información de que M fue vista por sobrevivientes de ‘Club Atlético’, a finales del año 1977 antes de ser trasladada sin conocerse el destino”, explicó el fiscal federal. Además, los hechos que damnificaron a Macedo están incluidos en una causa donde se investiga lo sucedido con un grupo de mujeres embarazadas cautivas en el circuito represivo referido. Ocultación y falsedad ideológica Para el fiscal federal, ambos acusados deben ir a juicio por los delitos de ocultación y retención de un menor de diez años, supresión de identidad de un menor de diez años y falsedad ideológica de instrumentos públicos, agravado por ser destinado a acreditar la identidad de las personas. Según el artículo 146 del Código Penal, la persona que sustraiga, retenga u oculte a un niño menor de diez años puede ser condenado a una pena que va de los cinco a los quince años de prisión. Según sostuvo, la niña fue entregada al por entonces miembro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y a su esposa luego de haber sido apartada de su madre. “Vivió sin conocer su verdadero origen e identidad biológica hasta el 20 de enero de 2025, cuando fue notificada del resultado del análisis ante el BNDG”, recalcó el representante del MPF e hizo foco en que la identidad y estado civil de la mujer estuvieron alterados, “al margen de cualquier investigación de la justicia” y sin que la familia biológica supiera de ella. A ello le agregó que el expolicía era, para ese época, oficial subinspector destinado en la comisaría 1° de La Matanza. Según la información disponible del Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) y la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y otros 15 represores por delitos de lesa humanidad, el lugar donde I. trabajó funcionaba como centro clandestino de detención en la época, por donde pasaron secuestrados provenientes de diversos circuitos represivos. En el requerimiento, señaló también la manera en que alteraron el estado civil y la identidad de la niña, a través de “una sucesión de actos que tuvieron como resultado que fuera inscripta como hija biológica de quienes no lo eran, privándola de su verdadera identidad y de la posibilidad de conocer su origen y de esa forma restablecer el vínculo con su familia biológica”. “La conducta desplegada por los imputados no se limitó, entonces, a la incorporación de datos