La decisión de Milei y Caputo de licuar salarios liquidaron el consumo masivo y ya provocó el cierre de casi 30 mil empresas y 300 mil despidos. Carsa, la empresa chaqueña propietaria de la reconocida cadena de retail Musimundo – que en el pasado mes de abril cerró 5 sucursales, entre ellas la de Resistencia – acaba de anunciar que solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores. El gobierno de Javier Milei hicieron de la licuación de salarios una de las patas centrales de su política de desinflación y en ese camino se cargaron el consumo interno lo que derivó en que miles de empresas, la mayoría de ellas pymes, debieran bajar sus persianas y en la destrucción de casi 300 mil puestos de trabajo formales. En ese camino, todos los días se conoce la realidad de empresas a lo largo y ancho de todo el país que anuncian cierres o alertan por las crisis en que se encuentran. Ahora fue el turno de Carsa, la empresa chaqueña propietaria de la reconocida cadena de retail Musimundo que acaba de anunciar que solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores. No es la primera vez que la empresa se encuentra en crisis. Ya le había sucedido en 2018 cuando durante el gobierno de Mauricio Macri y también con políticas que deprimieron el consumo, debió reconfigurar con sus acreedores un pasivo de 900 millones de pesos. Ahora, la empresa que tiene en total 50 locales, la mayor parte de ellos en el interior del país, comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que solicitó la apertura de su concurso preventivo de crisis. Ahora, y de acuerdo con la central de deudores del Banco Central, Carsa acumulaba al cierre de mayo de 2026 pasivos bancarios por unos 3.060 millones de pesos. El Banco de la Nación Argentina encabeza la lista de acreedores con una exposición de 1.549 millones de pesos. El Nuevo Banco del Chaco registra otros 300 millones de pesos. El derrumbe del comercio y el avance del comercio electrónico en el segmento de retail de electrodomésticos y tecnología erosionó progresivamente el negocio de las cadenas físicas, y en el último período Musimundo había anunciado el cierre de cinco sucursales. Radiosudamericana
Autor: Redacción General
La victoria por los cuartos de final impactó en la red del país: la demanda cayó más de 2.000 MW durante el evento, según CAMMESA. El fenómeno ya se había registrado en Qatar 2022. No solo los corazones de los hinchas se alteraron durante el partido de este martes. La demanda de potencia eléctrica en Argentina volvió a mostrar una caída pronunciada este martes durante el vibrante partido entre la Selección argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, disputado entre las 13 y las 15 horas y que la “Scaloneta” ganó 3 a 2 con gol agónico para sellar el pase a cuartos de final. Según los registros de CAMMESA, el consumo se ubicaba en 22.534 megavatios una hora antes del inicio del encuentro y bajó a 21.702 megavatios quince minutos antes del pitazo inicial. Ya con el partido en marcha, la demanda sufrió una caída abrupta durante el primer tiempo hasta tocar un mínimo de 20.047 megavatios. En el entretiempo se registró una recuperación parcial, con un pico de 20.619 megavatios, atribuible al uso simultáneo de pavas eléctricas y cocinas en los hogares. Con el reinicio del segundo tiempo, el consumo volvió a desplomarse hasta los 18.778 megavatios, un nivel similar al que registra el sistema en la madrugada. Una hora después de finalizado el partido, la demanda ya había subido a 19.815 megavatios. En total, la caída respecto de la tendencia esperada para este martes superó los 2.000 MW, de acuerdo con el análisis de demanda del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). CAMMESA explicó que, cuando juega la Selección en la Copa del Mundo, el masivo seguimiento televisivo altera los hábitos de consumo eléctrico y genera variaciones bruscas que dibujan en el gráfico una evolución característica que la empresa denomina “la W”, como si fuera el electrocardiograma de los sobresaltos de los hinchas argentinos. Según indicó el organismo, el patrón se debe a la simultaneidad en el comportamiento de millones de personas volcadas a la televisión para seguir los partidos, un efecto que se acentúa en días hábiles y a medida que la Selección avanza en las distintas instancias de la competencia. El fenómeno ya se había observado durante el Mundial de Qatar 2022 y se repitió en fase de grupos y en dieciseisavos de este Mundial 2026. En el sector energético se lo conoce como el efecto “TV pickup”: un pico súbito y sincronizado de demanda que se produce durante las pausas de transmisiones televisivas de gran audiencia, cuando millones de personas se levantan al mismo tiempo para encender luces, abrir la heladera o calentar agua para hacer un café o un mate. El mismo efecto fue ampliamente estudiado en el Reino Unido, donde los entretiempos de partidos decisivos disparan el uso simultáneo de hervidores eléctricos para preparar mate. Fuente: TN
El oficialismo y la oposición cuentan con núcleos electorales consolidados, mientras un 30% de votantes sin identificación partidaria aparece como el sector que podría definir el rumbo político. La Argentina atraviesa un escenario de fuerte fragmentación política e ideológica, con tres bloques de tamaño similar y un 30% del electorado que aparece como el sector decisivo para inclinar cualquier elección. Así lo muestra la encuesta de julio de QMonitor, elaborada por la consultora QSocial Big Data, que además identifica cuáles son las políticas que generan mayor consenso y cuáles encuentran mayor resistencia entre los argentinos. El estudio divide a la sociedad en tres segmentos claramente diferenciados. El 36% integra el bloque liberal/conservador, que constituye la base electoral más sólida del oficialismo. Dentro de ese universo, el 87% aprueba la gestión del presidente Javier Milei, el 84% votó a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de 2025 y el 91,7% se identifica con La Libertad Avanza, el PRO o la UCR, lo que refleja una elevada coherencia entre identidad política, preferencias ideológicas y comportamiento electoral. En el extremo opuesto se ubica el 34% que conforma el bloque progresista/estatista, identificado por la consultora como el núcleo más consolidado de la oposición. Allí, el 99% desaprueba la gestión de Milei, el 78,6% votó a Fuerza Patria en las legislativas de 2025 y el 74,7% se identifica con el peronismo o el kirchnerismo, configurando un electorado con muy baja volatilidad y posiciones ideológicas consistentes. Entre ambos aparece el segmento considerado clave para el futuro político: un 30% de argentinos que la consultora define como “mixto” o “punitivista-propietarista”. Se trata de un electorado menos ideologizado que prioriza problemas concretos como la inseguridad, la defensa de la propiedad privada y la situación económica antes que una identidad partidaria definida. El 54% no se identifica con ningún espacio político, mientras que es el único grupo que divide prácticamente en partes iguales su evaluación del Gobierno: 47,8% aprueba y 52,2% desaprueba la gestión de Milei. Además, registra elevados niveles de voto en blanco, abstención o falta de recuerdo del voto en las elecciones presidenciales de 2023 (37%) y legislativas de 2025 (43%). Apoyo al equilibrio fiscal Más allá de la división ideológica, el relevamiento detecta consensos transversales sobre distintas políticas públicas. El 61% considera que el equilibrio fiscal debe mantenerse, convirtiéndose en la medida con mayor respaldo entre las impulsadas por el actual Gobierno. También obtiene mayoría el recorte de planes sociales, con un 52% de apoyo. En cambio, existe rechazo mayoritario a varias iniciativas centrales del programa oficialista: el 54% se manifiesta en contra de privatizar empresas públicas, el 55% rechaza una reforma laboral, el 53% se opone a profundizar el alineamiento con Estados Unidos y el 50% rechaza una mayor apertura de las importaciones. Economía, seguridad y aborto en el centro del debate En materia económica y social también aparecen posiciones ampliamente compartidas. El 69% rechaza eliminar los subsidios al transporte y la energía si eso implica un aumento de tarifas, mientras que el 70% considera que la propiedad privada y la herencia deben preservarse como derechos fundamentales. La seguridad surge como una de las principales demandas compartidas por los tres segmentos ideológicos. El 63% sostiene que deben endurecerse las penas para quienes cometen delitos, convirtiéndose en uno de los consensos más amplios detectados por el estudio. En contraste, cuando se analizan cuestiones vinculadas a valores sociales predominan posiciones progresistas. El 74% rechaza limitar el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer; el 69% se opone a revisar la ley de aborto legal; el 67% respalda que el Estado continúe impartiendo educación sexual integral y el 57% no considera que la denominada “ideología de género” sea una corriente importada. En política internacional también prevalece una posición distante de los alineamientos automáticos: el 63% sostiene que la Argentina no debería alinearse de manera permanente con Estados Unidos y Occidente. Para QSocial, el principal dato político del relevamiento no es solamente la existencia de dos bloques ideológicos consolidados, sino también la presencia de un 30% de electores sin pertenencia partidaria estable, cuyo voto dependería más de respuestas concretas a problemas cotidianos que de afinidades ideológicas. Ese segmento, concluye el informe, aparece como el verdadero árbitro de la competencia política en la Argentina. Ficha técnica El estudio fue realizado por QSocial Big Data mediante una encuesta online a personas mayores de 18 años en condiciones de votar en todo el país. El trabajo de campo se desarrolló entre el 5 y el 25 de junio de 2026, sobre una muestra probabilística y estratificada de 1.323 casos efectivos, con un margen de error de ±2,7% y un nivel de confianza del 95%. Perfil
La Municipalidad de Resistencia detalló a los medios de prensa de las obras realizadas en el renovado Domo del Centenario “Zitto Segovia”, a presentarse este domingo 10 de julio. Esta intervención urbanística es una de las más importantes de la gestión Nikisch, ya que recupera de manera significativa uno de los espacios públicos de mayor importancia de la provincia y sede de innumerables eventos culturales. David Gómez, de la Dirección General de Arquitectura, explicó que “estamos en condiciones de decir que el Domo puede recibir a un artista de características internacionales, ponerlo en valor fue primordial, una decisión muy bien lograda”. “Básicamente era ponerlo a punto desde cero. Eso está relacionado con lo que no se ve, como ser los camarines, la parte que recibe al artista, con el escenario”, indicó. Respecto a este último sector, consignó que le faltaban algunas cuestiones técnicas, detalles de sonido, una cabina de sonido nueva, se cambió el telón, hay casi 2.000 metros de tela, además de las bambalinas y polleras. “Hacemos la invitación para que conozcan al Domo renovado. Tenemos mil butacas, se mejoraron la accesibilidad, la seguridad e higiene, con puertas de emergencias nuevas, con sistemas de hidrantes nuevos y una sala con mayor capacidad”, señaló. Su colega, María Celeste Carrió, se refirió a la iluminación del lugar: “Tiene distintos niveles de iluminación para generar climas diferentes según los espectáculos que se presenten”, manifestó. “Si ustedes se fijan, hay luces bajas y altas, tenemos las de espera también. Lo que buscamos es que el espectador se sienta contenido y que sea una sala de primer nivel, como en cualquier parte del mundo que pueda encontrar”, remarcó. Otros aspectos del renovado Domo es el sector de butacas que estrenará tapizado y algunas se reacondicionaron, al igual que el piso. “También, en cuanto al escenario, la parte de la fosa se renovó el sistema, entonces ahora nos permite que funcione como lo hizo originalmente, subiendo y bajando con la banda en su superficie”, observó.
El lamentable suceso ocurrió anoche en el Barrio Tiro Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. La populosa barriada se vio conmovida por un incendio en una vivienda que estaba sin luz ya que, según testimonios de los vecinos a los Bomberos; le habían retirado el medidor por falta de pago. La moradora ocupaba velas para alumbrarse y la Policía confirmó a Periodismo365 que el incendio se inició cuando fue a un kiosco, dejando a sus hijos menores de edad solos, momento en que se pusieron a jugar con las velas encendidas. Afortunadamente no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas. Al respecto, las mismas fuentes informaron a Periodismo365 que en la fría noche del martes, a las 23.25 horas efectivos de Comisaría 4º fueron alertados que en calle 1 entre 46 y 48 del Barrio Tiro Federal, se había originado un incendio en una vivienda. Al llegar al lugar, los uniformados constataron lo informado siendo recibidos por una mujer de 26 años de edad, quien manifestó que momentos antes se ausentó de su hogar para comprar alimentos por el lapso de 30 minutos, quedando en su casa sus dos hijas menores de edad de 7 y 10 años. Sin embargo al regresar, una de sus hijas le explicó que su hermana estaba jugando con velas. En el informe policial, consta que el inmueble no cuenta con energía eléctrica, aclarando que la propietaria se alumbra con luz a combustión (velas). Afortunadamente, no hubo personas lesionadas pero sí daños materiales. Se contó con la colaboración del móvil M-3 de Bomberos Voluntarios y también del móvil Autobomba A-3 de la División Bomberos Sáenz Peña, colaborando patrulleros de Comisaría 2º y 4º. Se realizó Acta de Constatación. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 a cargo del Dr. Marcelo Soto (Subrogante), en la causa por “Supuesto Incendio”. Fuente: Periodismo 365
Con la firma del gobernador correntino y de todos los ministros del gabinete provincial, la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), extenderá por un año más, la emergencia energética en todo el territorio. Se cumplirán de esa forma, 12 años en dicha situación. Lo que permite la emergencia es poder hacer compras directas de todo tipo para la DPEC, como también definir qué obras se ejecutan o no. Es decir, la empresa provincial decidirá que trabajos se hacen y cuáles no. También facilita el aumento de tarifas que cada tres meses realiza el gobierno de Corrientes, por medio de la Dirección Provincial de Energía correntina. En el marco de la emergencia, se ejecutan constantemente los trabajos necesarios para la reposición del servicio, y los mantenimientos que correspondan a fin de mantener la calidad en el suministro de energía eléctrica y acompañar al aumento continuo del consumo, por el crecimiento demográfico propio de la región según información del mercado eléctrico. En el caso de la reciente prórroga se dio a conocer días atrás de manera oficial, por el Gobierno de Corrientes. Corrientes Hoy
La jueza federal de Garantías 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, extendió la investigación preparatoria y las detenciones y rechazó todos los pedidos de morigeración y arresto domiciliario, incluido el de un imputado que invocó la situación de sus hijos menores y el de otro con un cuadro asmático. La jueza federal de Garantías 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, resolvió este miércoles prorrogar la investigación penal preparatoria y la prisión preventiva de los ocho policías chaqueños imputados en la causa conocida como “narcopolicías”, con vencimiento el 1 de septiembre. La decisión se tomó en una audiencia en la que participaron los abogados defensores y el Ministerio Público Fiscal, y en la que las defensas hicieron reserva de recurrir la resolución. La magistrada fundamentó la prórroga en la subsistencia del riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y remarcó que la condición policial de los imputados agrava ese riesgo: sostuvo que su carácter de funcionarios les da acceso privilegiado a información, conocimiento del funcionamiento interno de las fuerzas de seguridad y vínculos funcionales que podrían utilizar para presionar a testigos, obtener información reservada u interferir de otro modo en la producción de prueba. Consideró que esos riesgos se agudizan por tratarse de una investigación que involucra a integrantes de una misma estructura policial y que todavía se encuentra en etapa preparatoria. Niremperger valoró además la gravedad de la imputación —tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la calidad de funcionario público, en concurso con peculado, con intervención organizada de varias personas— y el grado de avance de la causa como factores que sostienen la vigencia de las medidas de coerción. Sostuvo que el mero transcurso del tiempo no elimina esos riesgos, ni tampoco el hecho de que los imputados se encuentren suspendidos o separados de sus funciones dentro de la fuerza. Rechazo a los pedidos de domiciliaria La jueza denegó el arresto domiciliario solicitado por la defensa de Néstor Urne Canteros, que había invocado la situación de desamparo de sus dos hijos menores —una nena de cinco años y un adolescente— y había presentado informes multidisciplinarios sobre el impacto psicológico de la detención en ambos. Niremperger reconoció el principio del interés superior del niño, pero sostuvo que ese principio no opera de forma automática para sustituir la prisión preventiva y que no se acreditó la inexistencia de otros mecanismos de cuidado familiar: remarcó que los chicos permanecen bajo el cuidado efectivo de su madre, quien ejerce la responsabilidad parental. También rechazó la domiciliaria pedida por la defensa de Gastón Villalba, que había invocado un cuadro asmático agravado por las condiciones de su lugar de alojamiento y limitaciones en el acceso a atención médica. La jueza consideró que no se acreditó una situación de emergencia médica que tornara indispensable la sustitución del régimen de detención, aunque reconoció el deber estatal de garantizar condiciones de detención compatibles con la atención sanitaria que su cuadro pudiera requerir. En ese sentido, dispuso que la oficina judicial gestione el traslado de Villalba —actualmente alojado en una dependencia policial, de manera transitoria, por falta de cupo en el servicio penitenciario— a una unidad carcelaria próxima a su domicilio y entorno familiar. Sin novedades para pedir la morigeración La magistrada también rechazó los pedidos de morigeración de la prisión preventiva reiterados por las defensas de Gustavo Quizama, Franco Ramírez y Juan Nicolás Almirón Núñez, al considerar que no aportaron hechos ni argumentos nuevos que justificaran apartarse de lo resuelto anteriormente sobre los mismos planteos. En el mismo sentido denegó los pedidos de modificación presentados por las defensas de Francisco García, Gustavo Jesús Acosta y César Alegre, señalado como presunto cabecilla de la organización. La resolución llega poco más de un mes después de que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmara las prisiones preventivas de Alegre, Ramírez, García y Villalba y rechazara en esa instancia los mismos planteos de arresto domiciliario, incluido el de Ramírez por el entonces avanzado embarazo de riesgo de su pareja. La causa investiga a un grupo de policías chaqueños acusados de intentar sustraer cerca de nueve kilos de cocaína durante el operativo de incineración judicial realizado el 18 de diciembre de 2025 en Colonia Benítez, en el que se destruían más de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína. Según la hipótesis fiscal, los efectivos habrían ocultado los estupefacientes en mochilas y en un patrullero con el objetivo de retirarlos del predio sin ser detectados, siendo frustrados por funcionarios judiciales presentes en el lugar. Con el transcurrir de las pesquisas se constató que una de las modalidades utilizadas por la organización criminal era cambiar los ladrillos de cocaína que iban a ser incinerados por ladrillos de yeso, con similares características y tamaño. Uno de los imputados, al ser interrogado, dijo que el yeso lo usaba para afiliar su navaja de barbero, profesión que dijo ejercer en paralelo con la de policía.
Marine Le Pen retomó su campaña presidencial con un acto en el oeste de Francia, apenas un día después de que un tribunal de apelación confirmara su condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo, aunque le permitió mantener su candidatura para las elecciones presidenciales. La dirigente fue recibida entre vítores de sus simpatizantes y abucheos de manifestantes, en una jornada marcada por la fuerte polarización política que rodea su regreso a la contienda electoral. Mientras recorría el mercado callejero de la localidad de La Flèche, en el valle del Loira, Le Pen saludó y estrechó las manos de los asistentes en medio de un ambiente dividido. Algunos manifestantes le gritaron “¡Devuelve el dinero!” y “¡A la cárcel!”, mientras que sus simpatizantes respondieron con cánticos de “¡Marine, presidenta!”. La decisión despejó el principal obstáculo que amenazaba con dejar fuera de la contienda a la dirigente de 57 años. Tras tres intentos fallidos por llegar al Elíseo, Le Pen afronta ahora la que podría ser su mejor oportunidad, impulsada por el ascenso del Reagrupamiento Nacional (RN), formación antiinmigración que encabeza las encuestas de intención de voto y aspira a llevar por primera vez a la extrema derecha a la presidencia de Francia. Aunque el tribunal de apelación le impuso el uso de una tobillera electrónica durante un año, una medida que habría limitado sus desplazamientos durante la campaña, Le Pen presentó un recurso ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia. Esa apelación dejó en suspenso la aplicación de la medida mientras se resuelve el caso. Ante la posibilidad de que la líder quedara fuera de la carrera presidencial, el Reagrupamiento Nacional (RN) ya había comenzado a perfilar como posible candidato a su presidente, Jordan Bardella, de 30 años. Ahora, Le Pen asegura que, si gana las elecciones, lo nombrará primer ministro. La estrategia de Le Pen apunta a centrar la campaña en sus propuestas políticas y dejar en un segundo plano sus problemas judiciales. Su mensaje se enfoca en reforzar la soberanía de Francia, el control de las fronteras y la seguridad, ejes que también dominan el lanzamiento de su nueva campaña. Horas antes del acto, su equipo presentó una página web con el lema “Por Francia, el Renacimiento”. Según explicó la propia Le Pen, ese concepto representa “el renacimiento de la educación, el renacimiento del sistema judicial, el renacimiento de la seguridad para nuestros conciudadanos, el renacimiento del control de nuestras fronteras y el renacimiento de nuestra soberanía”. Ámbito
El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó la absolución de un comerciante de Juan José Castelli al que le habían secuestrado más de dos kilos de marihuana. La justicia determinó que el acusado actuó sin dolo, convencido de que formaba parte de un emprendimiento autorizado de cannabis medicinal, y ordenó investigar la presunta faltante de una suma de dinero que había sido incautada durante el allanamiento. El Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió este miércoles a un comerciante que había sido imputado por presunta siembra y comercialización de marihuana en Juan José Castelli. En una sentencia dictada este miércoles, a la que tuvo acceso LITIGIO, El juez de cámara Juan Manuel Iglesias se basó en el beneficio de la duda y en el retiro de la acusación por parte de la fiscalía, al comprobarse que el acusado actuaba bajo la legítima creencia de participar en un proyecto legal de cannabis medicinal ligado a las normativas del INASE. El caso se había iniciado en marzo de 2024, cuando la División Antidrogas de Gendarmería Nacional allanó la vivienda del imputado a raíz de una denuncia anónima recibida por correo electrónico. Durante el procedimiento, las fuerzas de seguridad secuestraron 329 plantines, 223 plantas desarrolladas de cannabis y ramas secas (que arrojaron un peso de poco más de dos kilogramos de marihuana), además de aceites, cremas, un teléfono celular y dinero en efectivo. Durante el juicio, el comerciante procesado sostuvo firmemente su inocencia, explicando que se desempeñaba como encargado del vivero bajo una relación contractual con un productor de La Plata. El organizador del proyecto, anotado debidamente ante los organismos reguladores para la investigación de fitomejoramiento, ratificó la existencia de dicho vínculo comercial, aunque aclaró que tiempo después decidió no avanzar con la iniciativa debido a que el lugar no prosperó con las condiciones adecuadas. Dado que el imputado nunca fue notificado de que el proyecto se había discontinuado, consideró de buena fe que su actividad se mantenía plenamente vigente y en regla. Al momento de los alegatos, el Ministerio Público Fiscal repasó los elementos de prueba y consideró verosímiles los dichos del acusado. La fiscalía criticó la investigación previa, señalando que la fuerza de seguridad se limitó a reproducir antecedentes del comerciante sin profundizar en la verificación de los hechos actuales ni en el marco legal del Reprocann y el INASE que habilitaban el cultivo. Ante la falta de pruebas que demostraran dolo o intenciones comerciales ilegales, el fiscal solicitó la absolución por el beneficio de la duda, postura a la que adhirió la defensa técnica. Finalmente, la sentencia judicial ordenó hacer lugar al retiro de la acusación fiscal y absolver de culpa y cargo al comerciante. Asimismo, el magistrado dispuso la posterior destrucción del material vegetal incautado y la devolución del teléfono y el dinero secuestrado una vez que el fallo quede firme. En esa misma línea, el tribunal ordenó enviar las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para investigar penalmente una presunta faltante de dinero del secuestro original que fuera denunciada públicamente por el propio imputado durante la audiencia de debate. Litigio-Periodismo Judicial
Tres hombres fueron condenados, en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, por haber conformado, entre 2018 y 2024, una asociación ilícita fiscal con la que montaron una red de 150 usinas para la emisión de casi 40.000 facturas electrónicas apócrifas por 10 mil millones de pesos, lo que generó un crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 2 mil millones pesos. La decisión la tomó el Tribunal Oral Federal (TOF) N°3 de Rosario, conformado de manera unipersonal por el juez Osvaldo Facciano, tras homologar el acuerdo al que arribaron las defensas de los tres involucrados con el Área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina Litigio Oral Estratégico de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari, y representada en la audiencia por los fiscales coadyuvantes Ignacio Falconi y María Virgina Sosa. Marcelo Fabián Frontini y Gabriel Oscar Acosta fueron condenados a cuatro años de prisión por ser autores del delito de asociación ilícita tributaria, previsto en el articulo 15 inciso C de la ley 27.430. Por su parte, el contador público Guillermo Luis Pigozzi fue considerado partícipe secundario del mismo delito y le fijaron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional junto con una inhabilitación especial de seis años para ejercer su profesión. Al momento de la sentencia, el juez Facciano ordenó el decomiso de un vehículo marca Audi A4, una camioneta marca Ford Ranger Limited, $1.318.000 y diversos elementos electrónicos de almacenamiento de información y de comunicación. La “usina de papel” La organización ilícita, que se conoció mediáticamente como “la banda de los contadores” por la profesión que ejercía uno de los imputados, funcionaba principalmente en las localidades santafesinas de Casilda y Sanford. Según la pesquisa, emitieron 39.195 comprobantes electrónicos mediante la creación de 150 usinas apócrifas por un monto neto de $10.948.592.132, en el período comprendido entre 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024. Esas maniobras generaron un crédito fiscal en relación al IVA de $1.652.546.622, sin perjuicio que también habrían emitido 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por un monto de $997.373.944,11 mediante la creación de otras 9 usinas apócrifas, entre el 25 de enero y el 29 de mayo de 2024. En ese caso, el crédito fiscal de IVA ascendió a $166.341.748,89, según registros de ARCA. La investigación incluyó escuchas telefónicas y numerosas tareas de campo, a través de las cuales se colectaron gran cantidad de pruebas. Ese material fue la base para que la exAFIP Rosario detectara que, mediante la utilización de un IP particular, diversas personas jurídicas realizaban maniobras utilizando usinas generadoras de miles de facturaciones. A partir de distintas medidas ordenadas por la Unidad Fiscal Rosario se identificaron las computadoras asociadas a los comprobantes electrónicos, se individualizaron a los autores y se determinaron los roles de cada uno dentro de la organización criminal. Fiscales
Los precios del petróleo se disparan casi 6% este miércoles y alcanzan su máximo en dos semanas, después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmara que el memorándum de entendimiento para poner fin al conflicto con Irán “ha terminado”, lo que reavivó el temor de interrupciones en el suministro de petróleo de Medio Oriente. Además, las bolsas del mundo se desploman y Wall Street augura una rueda de fuertes pérdidas. La cotización del petróleo Brent europeo, que es la referencia en Argentina, salta 5,6% hasta los u$s78,32 por barril. Por su parte, el crudo estadounidense WTI trepa 5,3% hasta los u$s74,70. Ambas cotizaciones ya habían avanzado alrededor de 3% este martes, después de que EEUU revocara la licencia general que autorizaba la venta de crudo iraní. En declaraciones previas a la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump dijo que el pacto provisional para poner fin a la guerra que EEUU e Israel iniciaron contra Irán en febrero había “terminado”, y añadió que no quería entablar relaciones con Teherán. “Los últimos acontecimientos han puesto efectivamente en duda el futuro del proceso de negociación de 60 días”, señaló Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB. “En mi opinión, un precio más cercano a los u$s80 por barril se ajusta mejor a los fundamentos actuales del mercado que los u$s70”, añadió. Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que Estados Unidos lanzara una nueva oleada de ataques contra Irán. Los ataques aéreos de EEUU fueron una respuesta a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz, según informó el martes el Mando Central de EEUU. A continuación, la Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que había atacado instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait en la madrugada del miércoles. “Según se ha informado, cuatro petroleros y gaseros han decidido no atravesar el estrecho o se han visto obligados a dar media vuelta después de que Irán declarara que la única ruta marítima segura a través del estrecho de Ormuz es la designada por Teherán”, señaló el analista de PVM, Tamas Varga. Tras la firma del acuerdo de tregua entre EEUU e Irán el mes pasado, los precios del petróleo descendieron hasta niveles anteriores a la guerra y los operadores acumularon importantes posiciones cortas en futuros del petróleo, apostando por que los precios seguirían bajando. Sin embargo, esto se revirtió de forma abrupta con las últimas novedades. Se hunden las bolsas del mundo En paralelo, los mercados globales sufren el impacto de las renovadas preocupaciones de los inversores sobre los efectos económicos de este fin de la tregua. Así, las bolsas de Europa y Asia registran fuertes caídas. En el Viejo Continente, el ponderador paneuropeo EuroStoxx 50 cae 1,85% y exhibe el desplome de varias de los principales índices: el DAX alemán pierde 2,18%; el CAC francés, 2%; el FTSE inglés, 1,3%. En tanto, en Asia, el índice Nikkei de Tokio baja 2,1%, la bolsa de Shanghái retrocede 0,5% y el Kospi de Seúl se hunde 5,4%. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,87% en el “premarket”, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,33%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,07% a la baja. En la previa, las acciones con mayores subas son LyondellBased (+4,2%), CH Robinson (+3,9%) y Pentair PLC (+3,6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Ralph Lauren (-9,12%), Universal Health (-5,7%) y Western Digital (-4,4%). Ámbito
El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional, acompañó la destacada participación de las escuelas de Educación Agropecuaria en Agronea 2026, una de las exposiciones agroindustriales más importantes del norte argentino, realizada del 3 al 5 de julio en Charata. La muestra se consolidó como un espacio estratégico de encuentro, producción, innovación y desarrollo, donde estudiantes y docentes pudieron vincularse de manera directa con el sector productivo, conocer nuevas tecnologías y fortalecer sus trayectorias formativas. El director de Educación Técnico Profesional, Damián Berger, destacó que “más de 200 personas integraron la delegación educativa, entre expositores y visitantes”, y remarcó que estos ámbitos resultan fundamentales para que los estudiantes conozcan de primera mano a las empresas del sector y proyecten su futura inserción laboral. Participaron instituciones de distintos puntos de la provincia: la EEA N° 51 de Taco Pozo, la EEA N° 59 de Makallé, la EEA N° 8 de General San Martín, la EEA N° 6 de El Sauzalito, la UEGP N° 252 de Miraflores, la EET N° 29 de Charata, la EEA N° 38 de San Bernardo, la EEA N° 54 de Hermoso Campo y el Proyecto Especial de Ojo de Agua. Durante las tres jornadas, las escuelas exhibieron las prácticas que desarrollan cotidianamente mediante la presentación de animales y la elaboración de dulces, quesos, embutidos, licores y compost. Además, pudieron comercializar sus producciones, fortaleciendo el vínculo entre educación y trabajo. “Fue una experiencia que permitió visibilizar el trabajo que se realiza en las instituciones y potenciar el valor del título técnico de nuestros estudiantes”, agregó Berger. A través de las gestiones y del acompañamiento brindado para garantizar la participación de las delegaciones, incluyendo alojamiento y cenas para aquellas que lo requirieron, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso con una educación técnica estrechamente vinculada al desarrollo productivo y a la generación de oportunidades reales de inserción laboral para los jóvenes chaqueños.
El Sistema de Videovigilancia alertó una incidencia a los efectivos de Caminantes y Patrulla Preventiva, quienes intervinieron en el hecho. Ocurrió en Resistencia. Durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la División Caminantes y de la División Patrulla Preventiva demoraron a dos personas que fueron sorprendidas con tres medidores de agua presuntamente sustraídos de la vía pública, en un procedimiento realizado en el macrocentro de Resistencia. La intervención comenzó luego de que operadores de la División Videovigilancia detectaran a un hombre y una mujer retirando medidores de agua en la zona de avenida San Martín y Arturo Illia. De inmediato, las patrullas fueron comisionadas al lugar y lograron interceptarlos en la intersección de avenida San Martín y Juan B. Justo. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron tres medidores de agua, un bolso y una mochila donde transportaban los elementos. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial junto con los objetos incautados para las actuaciones correspondientes. Por disposición del Equipo Fiscal de turno, las dos personas quedaron aprehendidas en una causa por supuesto encubrimiento, mientras que los medidores recuperados fueron secuestrados como parte de la investigación.
El ejemplar fue capturado por efectivos policiales y posteriormente liberado en su hábitat natural. No hubo personas lesionadas. El martes agentes de la Comisaría de La Clotilde realizaron el rescate de una lampalagua (Boa constrictor occidentalis) que había sido hallada en el patio de una vivienda ubicada en el Lote 6, a unos siete kilómetros al oeste del casco urbano. La intervención se concretó tras un llamado telefónico de un vecino de 60 años, que alertó sobre la presencia de una serpiente de gran tamaño en el predio de su domicilio. Al arribar al lugar, los policías constataron que se trataba de un ejemplar de aproximadamente 1,50 metros de longitud. Con las medidas de seguridad correspondientes, el personal logró capturar al ofidio sin ocasionarle daños y posteriormente lo trasladó para liberarlo en un sector seguro de su hábitat natural.
El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N° 1 de Villa Ángela, a cargo del juez Carlos Rodolfo Quiroz, lanzó una convocatoria pública destinada a personas interesadas en adoptar a un niño de 12 años. La medida se lleva adelante en el marco del Expediente Nº 151/20 con el objetivo de encontrar una familia que le brinde amor, seguridad afectiva, contención y los cuidados necesarios para acompañar su desarrollo integral. El niño asiste con entusiasmo a una escuela de educación integral, donde participa en actividades que fortalecen sus capacidades. Se caracteriza por ser muy demostrativo, cariñoso y alegre. Disfruta especialmente de las actividades recreativas al aire libre, los juegos grupales y armar rompecabezas. Cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y ha logrado importantes avances gracias a los apoyos interdisciplinarios y a la estimulación específica que recibe. Por ello, se busca una familia que disponga del tiempo y el compromiso necesarios para acompañarlo con paciencia, afecto y presencia constante, garantizando la continuidad de los controles médicos y las terapias que requiere. Las personas interesadas en postularse pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes a los teléfonos (362) 4453870/73, internos 166 y 167, o con el juzgado (3735) 429060. También pueden solicitar información a través de los correos electrónicos registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar y juzfamilia1.va@justiciachaco.gov.ar
En un fallo unánime, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a los recursos de las defensas y absolvió a cinco mujeres mapuche y a Matías Santana en la causa por la disputa territorial indígena en Villa Mascardi. “Lo que el Ministerio de Seguridad y el Estado argentino construyeron como una verdad indiscutible, acaba de desmoronarse en los tribunales federales; es un giro que deja en evidencia la fragilidad de una ‘causa trucha’”, dijo a Página/12 Siro Soto, de la Gremial de Abogados y Abogadas, al referirse a la resolución firmada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. “Ha dictado un fallo demoledor que anula la sentencia y absuelve a los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu”, completó Soto. Así, quedaron libres de culpa y cargo Betiana Ayelén Colhuan, Martha Jaramillo, María Celeste Ardaiz Guenumil, Romina Rosas, Matías Santana y Yéssica Bonnefoi, quienes habían sido condenadas por el delito de usurpación a tierras de Parques Nacionales en Villa Mascardi en 2017. “Esto es justicia porque el fallo reconoce los derechos que le asisten a la comunidad como pueblo originario y recoge realmente todo el proceso, los propios reconocimientos que hizo el Estado argentino en distintos gobiernos, y también reconoce los déficits que tiene la normativa para realmente garantizar las herramientas para que sean reconocidos sus derechos”, dijo a este diario Laura Taffetani, también de la Gremial. “Es un fallo que cumple con los compromisos normativos internacionales que nuestro Estado firmó y con también la normativa interna que es la constitución nacional que los reconoció como pueblos preexistentes”, opinó. En su mirada, la Sala II de Casación “hace justicia a lo que realmente sucedió, estamos realmente muy felices, aún sabiendo que quizás la fiscalía lo apele”. El máximo tribunal penal del país, integrado por Guillermo Yacobucci, Angela Ledesma y Alejandro Slokar, sostuvo que el juez que intervino durante el juicio, Alejandro Silva, “no analizó todos los elementos de la causa” y aplicó “mal el derecho constitucional e internacional”. Basados en la Constitución Nacional, el derecho de los pueblos indígenas, también de obligatoriedad internacional, y la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el juez Yacobucci sostuvo que ”la fundamentación del tribunal exhibe una contradicción interna insalvable, pues la solución adoptada no aparece debidamente conciliada con la naturaleza del delito que el propio pronunciamiento afirma reconocer”. Por su parte, el juez Slokar, a cuyos fundamentos adhirió la jueza Ledesma, recordó que el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa de la Comunidad Indígena Eben Ezer contra la provincia de Salta, y la del sistema interamericano, imponen cánones especiales obligatorios para abordar conflictos en los que participan integrantes de comunidades indígenas. Así, en este caso marcado por la represión violenta a mujeres con sus hijos, donde niños de la comunidad permanecieron perdidos en el bosque durante el procedimiento de desalojo y, luego, una de las imputadas debió parir en cautiverio, Slokar indicó que “la singular constelación fáctica excede ostensiblemente los márgenes de una controversia patrimonial ordinaria, pues se trata de un escenario signado por una profunda conflictividad estructural, donde convergen complejas reclamaciones territoriales, variables de identidad cultural diferenciadas y particulares concepciones sobre la vinculación material y comunitaria con el suelo” fueron omitidas. Además, los jueces consideraron que la Corte IDH ya había advertido al Estado Argentino por “la insuficiencia de la normativa argentina existente en cuanto a procedimientos de reclamación de la propiedad indígena” -tal el caso de la Corte IDH “Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat -Nuestra Tierra- Vs. Argentina”-, e indicaron que eso había sido descartado por el tribunal, conjuntamente con la evaluación de la incidencia de los acuerdos mantenidos entre la comunidad y distintos poderes del Estado. De hecho, hacia el final del gobierno de Alberto Fernández hubieron sucesivas mesas de diálogo, pero cuyos acuerdos nunca fueron respetados. “Esas omisiones resultaban especialmente relevantes ya que permitían comprender lo sucedido como un conflicto indígena y no como un mero conflicto patrimonial”, subrayaron los magistrados. Fuego al indio En ese marco, la sentencia destacó que “el caso no podía ser analizado al margen del contexto de represión y violencia desplegado durante el desalojo, ni de las consecuencias que ese accionar tuvo sobre las mujeres imputadas, los niños de la comunidad y el conjunto de las personas involucradas. Por ello, la respuesta penal debía considerar las especiales obligaciones constitucionales e internacionales del Estado frente a los pueblos indígenas”. “¿Querías tierra? ¡Comé tierra india de mierda!”. Así le respondió un cabo de la Prefectura Naval a Betiana Colhuan Nahuel. Y la tiró al piso. Ella es la joven machi (sanadora), y su levantamiento como máxima autoridad espiritual médica y chamánica en ese momento y en ese lugar fue la razón de la recuperación territorial protagonizada por su comunidad Lafken Winkul Mapu unas semanas antes. El 25 de noviembre de ese año, el grupo Albatros de la Prefectura Naval irrumpió de nuevo en la Lof y asesinó por la espalda a su primo, Rafael Nahuel. Luego vendría otro desalojo más violento aún encabezado por el Comando Unificado de Seguridad -integrado por Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de Río Negro- creado en 2022 por el exministro Aníbal Fernández. El 4 de octubre de ese año desplegaron vehículos de comunicación, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión anti tumultos, en un operativo que concluyó con la detención de siete mujeres mapuches y tres menores de edad. Entre ellas, tres estaban circunstancialmente en el lugar porque eran pacientes de la machi Betiana. Además de romper las rucas (casas) y el rewe (tronco que usa la machi), mantuvieron presa a una mujer embarazada, Romina Rosas, quien dio a luz en cautiverio. Lo que siguió fue una constante persecución contra el grupo, con causas en su mayoría
La carátula del supuesto delito era por encubrimiento y ahora es por sustracción de prueba. Pasaron 11 años y el aparato de Comodoro Py mantiene abierto un bochornoso expediente. Unos minutos antes del inicio del partido Argentina-Egipto, y como para que pocos se den cuenta, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de la fiscal Viviana Fein en una causa colateral a la muerte del fiscal Alberto Nisman. En el fallo, los camaristas hicieron un cambio clave en la calificación del supuesto delito. El juez Julián Ercolini había procesado a Fein, ya jubilada, por el delito de encubrimiento, algo que significa, en concreto, ayudar a los autores de la muerte de Nisman. En cambio, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah encuadraron la actuación de Fein en “sustracción de prueba”. El argumento de los magistrados es que Fein consideró de entrada que Nisman se suicidó y entonces no tuvo suficiente cuidado en la preservación de la escena de la muerte. Por ejemplo -dicen los camaristas-, permitió que estuvieran allí la madre, una amiga y una gran cantidad de personas, mientras que lo que correspondía era sacar del departamento y del edificio a todos: familiares, efectivos de las fuerzas de seguridad, funcionarios. La defensa de Fein, en cambio, sostiene que todas las pruebas se preservaron, no se perdió ninguna y así lo convalidaron todos los peritos que intervinieron en la causa. El escrito de 18 páginas, firmado por Irurzun y Fahra, admite que Fein llegó a la 1 de la mañana del 19 de enero de 2015, casi 3 horas después que un cerrajero abriera la puerta de servicio del departamento de Nisman. A esa hora, obviamente, ya habían entrado la madre, la amiga y una cantidad de efectivos de la Prefectura. Incluso estuvo antes el juez Manuel De Campos y distintos funcionarios del Ministerio de Seguridad, incluyendo a Sergio Berni. O sea, los camaristas admiten que Fein no tuvo responsabilidad en la supuesta falta de preservación de la escena, pero que su presencia posterior la convirtió en garante del lugar y, por lo tanto, responsable de la supuesta pérdida de pruebas. De paso, Irurzun y Farah le dicen al juez de la causa, Ercolini, que apunte contra todos los demás que estuvieron en el lugar, sugiriendo que los llame a indagatoria. Un tramo clave del fallo dice lo siguiente: “su actuación estuvo voluntariamente dirigida a desestimar y excluir todo aquello que pudiera modificar su anticipada y conjetural hipótesis (del suicidio). Con el cambio de calificación propuesto, el procesamiento debe ser confirmado”. Lo que los camaristas dicen es que Fein afirmó esa noche “se mató con la mano derecha” y que entonces no preservó la escena porque no había nada que buscar, ninguna acción de alguien que hubiera entrado al departamento. La justicia de Comodoro Py, en cambio, en su siniestra jugada de persecución contra el gobierno de Cristina Kirchner, catalogó la muerte de Nisman como un homicidio cometido por “un comando” que según sugieren fue de iraníes, venezolanos y kirchneristas. Pero en 11 años y medio, el fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, no consiguió ni la menor prueba de semejante hipótesis. No identificaron a ningún miembro del supuesto comando. No hay sospechas ni nombre alguno. En más de una década no hay rastros de que alguien haya entrado al complejo Le Parc, al edificio, menos todavía al departamento -que estaba cerrado por dentro- y todavía menos al baño en el que apareció el cuerpo. No hay una sola huella ni vestigios de pelea, todo estaba ordenado. Precisamente apuntan contra Fein como si se hubieran escapado indicios, pero la realidad es que no hay evidencia alguna de homicidio y, por eso, la investigación de la muerte de Nisman no sale del fracaso. Para tapar el fracaso pretenden echarle la culpa a una fiscal jubilada, que todos coinciden en que es una persona proba y honesta. Y los camaristas sacan la confirmación justo antes del partido del mundial porque quieren pase disimuladamente: saben que es una injusticia y un bochorno. Más allá que el cambio en la calificación apunta a un delito de menos pena, el encubrimiento endilgado a Fein -la imputacion anterior- planteaba una cierta complicidad con los supuestos autores. Encubridor es el que tapa, el que ayuda a sabiendas a quien comete un delito. Semejante encuadre era un disparate y una acusación sin fundamento contra la fiscal. Ahora los camaristas van por un delito más leve, sustracción de prueba, y en un párrafo dice Farah: “la prueba producida hasta el momento no arroja elementos que relacionen el accionar de Fein con el o los presuntos autor o autores del presunto homicidio de Nisman del modo que requiere la figura de encubrimiento escogida. Antes bien, su actuación parece responder al sostenimiento de su propia hipótesis personal (la del suicidio), prematura, subjetiva y arbitraria, en base a la cual -y a soslayo de la averiguación de la verdad- orientó toda la actividad desarrollada -incluso más allá de esa madrugada- desestimando activamente cualquier acción y/o evidencia que se corriera de aquel eje argumental. De allí que entiendo acertado modificar la calificación asignada por la prevista en el artículo 255 del Código Penal”. Este artículo es el de sustracción de prueba, con pena que va de un mes a 4 años de prisión. El párrafo de Farah incluye una curiosidad: habla del “autor o los autores del presunto homicidio” (de Nisman), algo que contrasta con la hipótesis que viene sustentando el macrismo judicial. Como se sabe, el aparato de Comodoro Py sostiene que actuó un comando. En el texto de este martes aparece un camarista que dice que tal vez no fue un comando sino una sola persona. Por supuesto, que ni el fiscal ni el juez de la causa ni los camaristas tienen la menor idea de quién pudo haber sido y en 11 años y medio no tienen el nombre de algún sospechoso. Es que está claro que Nisman se disparó a sí mismo, pero el alineamiento nacional e
Pascual Oscar Guerrieri, uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en el sur de Santa Fe y jefe operativo del aparato de inteligencia que articuló secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones durante la última dictadura, murió el domingo 5 de julio a los 91 años mientras cumplía prisión domiciliaria. El ex teniente coronel del Ejército acumulaba múltiples condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y su apellido quedó asociado para siempre a la megacausa que permitió reconstruir judicialmente el funcionamiento del circuito represivo del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. La muerte de Guerrieri cerró la trayectoria biológica de uno de los cuadros militares más importantes del sistema clandestino de exterminio que operó bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, pero dejó intacto uno de los rasgos que caracterizaron toda su actuación: jamás aportó información sobre el destino de las personas desaparecidas, sostuvo hasta el final el pacto de silencio de los represores y nunca manifestó arrepentimiento por los crímenes por los que fue condenado. Como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 e integrante del Batallón de Inteligencia 601, Guerrieri ocupó un lugar central en la planificación y ejecución del plan represivo en Rosario y el Gran Rosario. Desde esa estructura coordinó grupos de tareas integrados por militares y personal civil de inteligencia, diseñó operativos de persecución política y dirigió el funcionamiento del circuito de centros clandestinos de detención que integraban la Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, la Escuela Magnasco y la ex Casa Salesiana Ceferino Namuncurá, entre otros lugares utilizados para el secuestro, la tortura y la desaparición de cientos de personas. Tras la anulación de las leyes de impunidad, la Justicia Federal de Rosario reconstruyó ese engranaje represivo en una serie de procesos que llevaron su apellido. En 2010 recibió la primera condena a prisión perpetua en la denominada Guerrieri I, el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Rosario. Luego sumó nuevas perpetuas en las causas Guerrieri III y Guerrieri IV, donde fue condenado como coautor de homicidios, tormentos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos en el marco del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura.Durante los juicios mantuvo una actitud de abierta reivindicación del accionar militar. En septiembre de 2009 declaró ante el Tribunal Oral Federal: “Yo era un ejecutor del Ejército”. También sostuvo que en Argentina “se libró una guerra”, negó la existencia del terrorismo de Estado y buscó justificar la represión ilegal como una respuesta militar frente a las organizaciones políticas y armadas. En esa misma declaración afirmó que no reconocía autoridad para ser juzgado por tribunales civiles y reclamó un juicio militar, al tiempo que rechazó responder las preguntas de fiscales y querellas.Su conducta posterior tampoco modificó esa posición. Guerrieri protagonizó incumplimientos del régimen de prisión domiciliaria, mantuvo enfrentamientos con antiguos camaradas que colaboraron con la Justicia, entre ellos el ex jefe del Ejército Martín Balza, y persistió en una estrategia de negación de los hechos probados en decenas de sentencias judiciales. La noticia de su fallecimiento volvió a poner en evidencia las profundas diferencias sobre el significado histórico de su figura. La Unión de Promociones, organización que reúne a militares retirados y defiende a condenados por delitos de lesa humanidad, difundió un comunicado en el que lo calificó como “preso político”, sostuvo que fue víctima de una “persecución” y denunció una supuesta “justicia prevaricadora”. El documento también reivindicó el fallo judicial que restituyó sus haberes de retiro y volvió a cuestionar los procesos por crímenes de lesa humanidad. Desde las querellas, la valoración fue diametralmente opuesta. Las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini señalaron que “Guerrieri es un símbolo de la represión ilegal en nuestra jurisdicción. El segundo de Juvenal Pozzi a la hora de armar la inteligencia de la dictadura, el sistema nervioso central del plan sistemático. Decidió cobardemente sobre la vida de compañeros y compañeras. Muere convicto por la gran labor de las organizaciones de derechos humanos. La historia lo recordará como un vulgar delincuente con ropaje de pretensa defensa de un sector social que siempre lo despreció”. También se expresó Sabrina Gullino Valenzuela, hija de desaparecidos y una de las personas apropiadas durante la dictadura que recuperó su identidad. “Comparar a un Guerrieri con presos comunes es un grave error. Estos individuos son lo más aberrante que puede producir una sociedad porque están consustanciados con la maquinaria de muerte y despojo. Están convencidos de que llevar adelante el secuestro, la tortura, la muerte y la desaparición sistemática sobre miles de personas no sólo está bien sino que es un acto heroico realizado por la patria”, afirmó. Y agregó: “Siguen garantizando hasta el día de su muerte el estado de excepción en el que viven las personas apropiadas, como mi hermano mellizo. Esta gente no merece ni prisión domiciliaria ni libertad condicional porque siguen eligiendo ser genocidas”. Las condenas contra Guerrieri constituyeron un punto de inflexión en la reconstrucción judicial del terrorismo de Estado en Rosario. Los distintos fallos demostraron que el aparato de inteligencia militar no actuó como un engranaje secundario sino como el núcleo desde el que se identificó, persiguió y eliminó a militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales mediante un sistema clandestino organizado desde el propio Estado.Con la muerte de Guerrieri desaparece uno de los máximos responsables operativos de ese dispositivo represivo. Las sentencias firmes dictadas por la Justicia Federal, los testimonios de cientos de sobrevivientes y familiares y la documentación incorporada en las megacausas consolidaron un registro histórico y judicial que estableció su responsabilidad en algunos de los crímenes más graves cometidos durante la dictadura en el sur santafesino. Su fallecimiento no altera esa verdad judicial ni el carácter imprescriptible de los delitos por los que fue condenado. Página/12
El Presidente dijo que el Gobierno trabaja en una iniciativa para limitar el gasto cuando se consuman las partidas autorizadas. La propuesta toma como referencia el mecanismo estadounidense, donde la falta de financiamiento puede paralizar áreas no esenciales de la administración pública. El presidente Javier Milei adelantó que el Gobierno trabaja en un proyecto para implementar un mecanismo de “shutdown” del Poder Ejecutivo, inspirado en el sistema que rige en Estados Unidos cuando se agotan o vencen las partidas presupuestarias. “Estamos trabajando en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, en realidad de la política”, afirmó el mandatario durante una entrevista. La definición llegó en el marco de una explicación más amplia sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En este contexto, Milei sostuvo que el Gobierno ya tiene una “versión unificada” de la iniciativa y apuntó contra el esquema actual de la autoridad monetaria, al que calificó como “un insulto al intelecto” por tener “cinco objetivos” de política económica. En esa línea, anticipó que se buscará prohibir de manera explícita, y con sanciones penales, que el Banco Central financie al fisco. “¿Emitir podría ser penado? Exactamente, porque es una estafa. La estafa y la falsificación de moneda es un delito penal”, sostuvo el Presidente. Según explicó, la reforma podría incluso apoyarse en artículos ya existentes del Código Penal. En ese mismo tramo de la entrevista, Milei vinculó la independencia del Banco Central con una regla más estricta sobre el gasto público. “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, señaló. Ante la consulta sobre si ese mecanismo sería impulsado por ley, respondió que “sí, estamos trabajando en ello”. Qué es un shutdown en Estados Unidos En Estados Unidos, un government shutdown ocurre cuando el Congreso no aprueba a tiempo las leyes de gasto o una autorización transitoria de financiamiento. En ese caso, las agencias federales sin fondos deben suspender actividades no esenciales, mientras que las funciones críticas continúan operativas. El antecedente más recordado ocurrió durante la primera presidencia de Donald Trump. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, el gobierno federal atravesó un cierre parcial de 35 días por la falta de acuerdo sobre el financiamiento del muro con México. La parálisis afectó a unos 800.000 empleados federales, entre trabajadores suspendidos y personal esencial que siguió trabajando sin cobrar. Según la Oficina Presupuestaria del Congreso estadounidense, aquel cierre demoró u$s18.000 millones en gasto federal y recortó en u$s11.000 millones el nivel de actividad. Si bien la mayor parte se recuperó, unos u$s3.000 millones quedaron como pérdida permanente. El caso volvió a quedar en el centro de la escena entre octubre y noviembre de 2025, cuando Estados Unidos atravesó un shutdown de 43 días, el más largo de su historia. Según reportaron agencias internacionales, el cierre afectó el pago a cientos de miles de empleados federales, generó demoras en vuelos, complicó programas de asistencia alimentaria y paralizó parcialmente servicios públicos. En 2026 también hubo un cierre parcial más breve, de cuatro días, que fue resuelto con una nueva ley de financiamiento. En Argentina, un esquema de este tipo requeriría una ley específica, ya que el sistema actual no prevé un apagón automático del Estado si no se aprueba el Presupuesto. La Ley de Administración Financiera establece que, si al inicio del ejercicio no hay una ley de Presupuesto aprobada, rige la del año anterior con ajustes. Además, las cuentas presupuestarias se cierran el 31 de diciembre y, después de esa fecha, no pueden asumirse compromisos ni devengarse gastos con cargo al ejercicio vencido. Por eso, la variante local que analiza Milei apuntaría más bien a impedir que el Poder Ejecutivo siga comprometiendo o devengando gastos cuando una partida se agota, salvo para áreas exceptuadas o servicios esenciales. En los hechos, implicaría trasladar al plano local una regla de cierre por falta de autorización presupuestaria, pero adaptada a un sistema argentino donde la prórroga del presupuesto evita, hasta ahora, una parálisis automática de la administración pública. Ámbito
En la tarde de este martes, el gobernador Leandro Zdero junto a la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado y al presidente del Superior Tribunal, Enrique Varela encabezaron la inauguración del Espacio “Los Tres Poderes del Estado” en el Parque de la Democracia, una obra que simboliza la fortaleza institucional, el respeto por la división de poderes y el compromiso permanente con la democracia. Acompañaron autoridades provinciales, legisladores, ministros, intendentes y representantes de distintas instituciones. En este sentido, el gobernador Zdero destacó que el nuevo espacio “simboliza a los tres poderes del Estado y será un punto de encuentro para todos los chaqueños”, al tiempo que remarcó que la inauguración cobra un significado especial “a 42 años de la recuperación de la democracia. Los hombres pasan, pero lo que tenemos que hacer es cuidar la democracia todos los días. Este era un espacio deteriorado que recuperamos para transformarlo en un lugar de encuentro y reflexión, donde las nuevas generaciones puedan comprender el valor de nuestras instituciones”, expresó. El Gobernador señaló además que la obra permitirá que niños, jóvenes y familias conozcan el significado de la división de poderes y el funcionamiento del sistema republicano. “Cuando un chico pregunte qué representan estas hojas, podrá comprender que los tres poderes nacen de la voluntad del pueblo y que debemos fortalecer nuestra democracia todos los días”, sostuvo. Zdero también valoró el legado cultural de Fabriciano Gómez y el trabajo conjunto realizado con la Fundación Urunday para concretar la obra. En ese sentido, afirmó que el Chaco debe continuar consolidándose como una referencia internacional del arte escultórico. “Así como hoy el mundo mira el Mundial de Fútbol, nosotros tenemos que lograr que también mire al Chaco por sus esculturas y por el enorme patrimonio cultural que tenemos”, manifestó. Asimismo, convocó a continuar fortaleciendo el trabajo conjunto entre los tres poderes del Estado y las distintas instituciones. “Más allá de las responsabilidades que cada uno tiene, debemos seguir construyendo consensos y trabajando unidos para fortalecer la democracia y brindar mejores respuestas a los ciudadanos”. Zdero confirmó su presencia en Tucumán Consultado sobre su presencia en Tucumán, el gobernador Zdero respondió: “Estoy viajando a Tucumán para la Vigilia. He sido invitado por el Presidente de los argentinos. Mañana estoy en la zona del Impenetrable, después voy a viajar para allá y por supuesto que el día 9 de Julio voy a estar participando del acto central que se da en nuestra provincia en la localidad de Fontana”, concluyó. Un símbolo para las futuras generaciones Por su parte, el director del Centro Cultural Nordeste, Javier Vargas, destacó que el nuevo espacio constituye “un símbolo que invita a recordar de dónde venimos, valorar el presente y comprometernos con el futuro. Hoy no solamente inauguramos un espacio público; erigimos un símbolo destinado a preservar la memoria colectiva y a transmitir los valores sobre los cuales una sociedad construye su destino”, afirmó. Vargas recordó que la inauguración se realiza en vísperas de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia, estableciendo un puente entre tres grandes hitos institucionales de la Argentina: 1816, con la Independencia; 1853, con la Constitución Nacional; y 1983, con la recuperación democrática. En ese marco, resaltó que la obra representa a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, instituciones fundamentales para garantizar el funcionamiento de la República y el Estado de Derecho. También evocó el pensamiento de Juan Bautista Alberdi y de Raúl Alfonsín, remarcando que la fortaleza democrática depende del equilibrio entre los poderes, del respeto por la Constitución y del compromiso permanente de cada ciudadano. “La democracia no es solamente un sistema de gobierno; es una forma de convivencia basada en el respeto, el diálogo, la libertad y la vigencia de las instituciones”, expresó.Finalmente, señaló que el monumento permanecerá como un legado para las futuras generaciones. “Cada niño, cada joven y cada ciudadano que pase por este lugar tendrá la oportunidad de recordar que la libertad, la justicia y la igualdad requieren del compromiso cotidiano de todos. Cuidar la democracia es una responsabilidad compartida”, concluyó. Una obra con alto valor simbólico La escultura monumental representa a los tres poderes del Estado mediante tres hojas metálicas de aproximadamente 12 metros de altura, construidas en acero con revestimiento de poliuretano y detalles en chapa microperforada, evocando crecimiento, vitalidad y renovación institucional. Cada estructura contará con iluminación LED RGB que permitirá adaptar los colores según distintas conmemoraciones y eventos. El conjunto incorpora además 25 bancos que representan a los 25 departamentos de la provincia y 70 rayos de luz proyectados sobre el suelo, simbolizando a los 70 municipios chaqueños, reforzando la idea de unidad, integración territorial y cohesión institucional. La obra también contempla accesibilidad universal mediante rampas y senderos que integran el monumento con los recorridos principales del Parque de la Democracia, consolidando un nuevo espacio de encuentro ciudadano, memoria institucional y reflexión democrática para todos los chaqueños.