El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, acompañó este viernes la misa central en honor a Santa Rita de Casia, celebrada en la parroquia San José de Puerto Tirol, una de las festividades religiosas más convocantes de la provincia. Durante la ceremonia, el mandatario destacó el valor espiritual y social de esta celebración, que cada 22 de mayo reúne a peregrinos provenientes de distintos puntos del Chaco y del país. “Santa Rita de Casia nos convoca todos los 22 de mayo, hemos venido a agradecer y a pedir que proteja a nuestro Chaco”, expresó Zdero, quien además remarcó la importancia del turismo religioso y el impacto positivo que genera este evento para la comunidad de Puerto Tirol. En ese sentido, sostuvo que la celebración “une al pueblo de Tirol y de todo el Chaco”, y valoró los mensajes que se transmiten desde la Iglesia. “Estamos muy contentos de compartir esta misa con todos los ciudadanos que participaron y es importante porque desde la Iglesia se transmiten valores que debemos proteger como el respeto, la solidaridad, la empatía y el diálogo”, manifestó. Asimismo, el gobernador señaló que su gestión sigue trabajando en la construcción de consensos y en fortalecer la unidad entre los chaqueños. “Hay que tender puentes para el diálogo permanente”, concluyó. La misa fue oficiada por el arzobispo de Resistencia, Ramón Dus, quien destacó la participación del gobernador y el acompañamiento de los fieles. “Esta fecha siempre es una fiesta que genera mucha devoción y a la cual visitan gente de muchos lugares. Agradecemos la visita del gobernador, esto anima a que trabajemos en pos de la gente”, expresó el arzobispo. Además, convocó a “seguir adelante con esperanza y compromiso por el bien del otro”. Por su parte, el intendente de Puerto Tirol, Humberto de Pompert, agradeció la presencia de los fieles y destacó la masiva convocatoria de la festividad. “Estamos muy contentos porque hay mucha gente que viene a agradecer y traer también sus peticiones, en un clima de unidad y esperanza”, señaló.
Autor: Redacción General
Un grupo de aproximadamente diez hombres, acompañados por sus familiares, se presentó este viernes ante las autoridades judiciales y policiales de localidad chaqueña de Sáenz Peña para denunciar graves episodios de maltratos, abusos de autoridad, agresiones físicas, psicológicas y hechos de abuso sexual que habrían ocurrido en el interior de un centro de rehabilitación para personas con consumos problemáticos. Las presentaciones judiciales apuntan de manera directa contra los responsables del establecimiento denominado “Regreso al Padre”, el cual se encuentra ubicado en el barrio Puerta del Sol de la Ciudad Termal. De acuerdo con los testimonios que ya forman parte de la causa, varios exresidentes afirmaron que durante su permanencia en el lugar sufrieron de forma constante insultos, castigos, severas restricciones alimentarias, situaciones de aislamiento y condiciones edilicias totalmente inadecuadas para el alojamiento humano. Algunos de los denunciantes sostuvieron además que eran obligados a realizar diversas tareas y trabajos manuales, pero los ingresos económicos generados por esa producción quedaban exclusivamente en manos de los directivos del centro. Entre los relatos más alarmantes incorporados al expediente, uno de los jóvenes aseguró haber presenciado golpizas y agresiones físicas hacia otros internos, mientras que otro de los damnificados manifestó que las autoridades del lugar lo desatendieron por completo ante un delicado cuadro de salud, situación que derivó posteriormente en una internación hospitalaria de urgencia. La investigación sumó su costado más complejo tras las declaraciones de dos exresidentes que denunciaron presuntos abusos sexuales y vejaciones. Según expusieron ante la Justicia, ambos habrían sido sometidos a hechos de índole sexual bajo constantes amenazas, castigos físicos y restricciones. Ante la gravedad y magnitud de las acusaciones presentadas, la Fiscalía interviniente ordenó de manera inmediata la contención y la intervención de profesionales médicos y psicológicos para asistir a las presuntas víctimas.Asimismo, la justicia dispuso la conducción de tres personas señaladas en la causa, quienes quedaron a disposición de las autoridades para avanzar con las diligencias correspondientes, mientras se aguardan los informes médicos y la concreción de nuevas medidas probatorias. Policía del Chaco/Radio Sudamericana
Tal como estaba programado, este viernes 22 de mayo se llevó adelante un importante operativo integral de descacharrado y limpieza en el barrio 80 Viviendas, abarcando calles internas, veredas y plazoletas del sector. El trabajo fue desarrollado de manera conjunta por el Centro de Gestión Municipal, la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Ambiente, con el objetivo de retirar cacharros, ramas de poda y residuos acumulados, contribuyendo a mejorar la limpieza y las condiciones ambientales del barrio. Asimismo, el operativo busca recuperar y poner en valor los espacios verdes, articulando acciones junto a los vecinos para lograr sectores más ordenados, limpios y seguros para toda la comunidad. Las tareas incluyeron recolección de ramas y cacharros, corte de pasto en veredas y espacios públicos, además del acondicionamiento general de distintos sectores del barrio. Desde el municipio destacaron la importancia del compromiso y acompañamiento de los vecinos para mantener los espacios comunes en buenas condiciones y continuar fortaleciendo el cuidado ambiental en toda la ciudad.
Se trata de dos sujetos de 38 y 20 años. Esta madrugada, efectivos de la Comisaría Octava de Resistencia lograron detener a dos hombres señalados como presuntos autores del homicidio de Cristian Luis Saucedo, de 35 años. Poco después de las 1, en avenida Combate Vuelta de Obligado y calle French, fueron ser alertados sobre un supuesto desorden. Allí se entrevistaron con una ciudadana de 31 años, quien manifestó que momentos antes había mantenido un inconveniente con su ex pareja y el hermano de éste, quienes luego se retiraron del lugar. Según indicó, Saucedo habría recibido una herida de arma blanca. Al ser examinado por la doctora Esquivel, los médicos constataron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Es así, que cerca de las 3 de la madrugada y, tras el avance de la investigación y la recepción de testimonios, los investigadores identificaron a los sospechosos de 38 años y 20 años, ambos domiciliados en inmediaciones de calle French al 2200. Ante esta situación, los Agentes desplegaron un intenso operativo cerrojo en el barrio Los Teros, logrando dar con estas personas. La Fiscalía en turno dispuso la notificación de aprehensión de ambos en la causa caratulada como “Supuesto Homicidio”.
La Cámara Federal de Resistencia dictó este viernes una medida cautelar y ordenó a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) que reincorpore de manera urgente a tres decanos que habían sido suspendidos como integrantes del Consejo Superior de esa casa de estudios por estar enfrentados al rector Augusto Parmetler. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia hizo lugar este viernes a una medida cautelar y ordenó a la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) que reincorpore de manera urgente a tres decanos que habían sido suspendidos como integrantes del Consejo Superior de esa casa de estudios. Los beneficiados son Alfredo Rafael Olmedo, decano de la Facultad de Humanidades; María Rosa Sanabria, decana de la Facultad de Economía y Negocios; y Carlos Aníbal Martínez, decano de la Facultad de Recursos Naturales. Todo comenzó el 24 de abril pasado, cuando el Rector convocó a una sesión extraordinaria de extrema urgencia del Honorable Consejo Superior. Durante esa reunión, un grupo de consiliarios abandonó el recinto alegando que se había impedido la incorporación de una representante recientemente electa y que les fue negada la palabra. Ese retiro dejó en la sala tan solo diez personas, contando al propio Rector, un número insuficiente para sesionar válidamente según el estatuto de la universidad, que exige la presencia de al menos trece miembros. Sin embargo, quienes permanecieron en el recinto continuaron deliberando y resolvieron suspender a los tres decanos por 60 días en sus funciones como integrantes del Consejo Superior. La Cámara analizó si esa suspensión fue adoptada con las mayorías que exige el estatuto universitario. El tribunal concluyó que, dado que los decanos integran el Consejo Superior por la naturaleza propia de su cargo, cualquier medida que los afecte en esas funciones requería el voto favorable de dos tercios de los miembros del cuerpo, requisito que no fue cumplido en aquella sesión. Respaldó esa interpretación en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que los decanos son miembros natos del órgano colegiado mientras dure su mandato. Con ese fundamento, los jueces Patricia García, Rocío Alcalá y Enrique Bosch entendieron que existía verosimilitud en el derecho invocado por los actores y que mantener la situación podría causar un daño institucional continuo al cogobierno universitario. La medida cautelar tendrá vigencia hasta que se resuelva el fondo del recurso, y los decanos deberán prestar previamente caución juratoria.
El tribunal de alzada consideró que la resolución de primera instancia no fundamentó de manera suficiente cuál fue la participación concreta del dirigente social en el delito investigado. Su pareja Andrea Eugenia Leyes, en cambio, mantiene la prisión preventiva bajo arresto domiciliario. El dirigente social Raúl Celestino “Tizo” Talabera recuperó la libertad en la tarde del jueves por disposición del juzgado Federal 1 de Resistencia tras una resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia que revocó el auto de procesamiento con prisión preventiva que pesaba en su contra desde el 9 de abril. El fallo de la Cámara, firmado el jueves por los jueces Patricia Beatriz García y Enrique Jorge Bosch, ordenó reenviar las actuaciones al Juzgado de Zunilda Niremperger para que se dicte un nuevo pronunciamiento con mayor fundamentación sobre su situación procesal. Talabera y su pareja, Andrea Eugenia Leyes habían sido procesados por Niremperger, en orden al delito de trata de personas con fines de explotación laboral, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima y por haberse consumado la explotación —figuras previstas en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal—. Ambos habían apelado la resolución a través de su abogado defensor. La causa tuvo su origen en una denuncia anónima recibida a través de la línea 145 de trata de personas, que alertó sobre la situación de una mujer —identificada como R.S.G., de 46 años, con algún grado de limitación cognitiva— quien habría sido captada hace aproximadamente cuatro años mientras se encontraba en situación de calle en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia. Según la investigación, fue llevada al domicilio de Av. Nicaragua 134 bajo el pretexto de brindarle ayuda, donde habría realizado tareas domésticas sin remuneración adecuada. También se le habría retenido la tarjeta bancaria para cobrar su pensión por incapacidad, y se habrían gestionado préstamos a su nombre sin su consentimiento. “De todo el plexo probatorio mencionado, así como de la declaración de la propia víctima, surge que la única persona con la que mantenía trato era con Andrea Eugenia Leyes, sin que se advierta cuál fue la intervención de Talabera en el ilícito de trata de personas, más allá de la convivencia en el domicilio”, señalaron los jueces. La Cámara fue contundente al diferenciar la situación de cada imputado. Respecto de Leyes, el tribunal confirmó íntegramente el procesamiento y la prisión preventiva —en la modalidad de arresto domiciliario— al considerar que existían elementos suficientes para sostener su participación: habría sido quien captó a la víctima, administró sus recursos económicos, retuvo su tarjeta de débito y gestionó los préstamos bancarios a su nombre. Los informes psicológicos incorporados a la causa identificaron en R.S.G. indicadores de dependencia, control económico y restricción de autonomía compatibles con una dinámica de explotación. En cuanto a Talabera, en cambio, la Cámara señaló que la jueza de primera instancia no realizó un análisis individualizado de su conducta y se limitó a mencionar a “los imputados” de manera genérica, sin precisar cuál fue su aporte concreto al delito, ni siquiera en carácter secundario. El tribunal concluyó que la resolución apelada no lograba vincular de manera autosuficiente la conducta de Talabera con la hipótesis de trata de personas, por lo que correspondía revocarla por falta de fundamentación suficiente. Con todo, la Cámara Federal confirmó el procesamiento y la prisión preventiva domiciliaria de Andrea Eugenia Leyes y revocó el auto de procesamiento de Raúl Celestino Talabera por falta de fundamentación suficiente. A su vez, ordenó reenviar la causa al Juzgado Federal N° 1 para que se dicte un nuevo pronunciamiento sobre la situación de Talabera. El dirigente social fue liberado en la tarde del jueves.
La propuesta artística incluirá un espectáculo original con guion, dirección y elenco local, además del tradicional Pericón Nacional y actividades especiales en la víspera del 25 de Mayo. El Complejo Cultural Guido Miranda celebrará un nuevo aniversario con una propuesta especial en el marco de la Semana Patria: un espectáculo musical producido íntegramente por artistas chaqueños, acompañado del tradicional Pericón Nacional y actividades abiertas a la comunidad. Así lo confirmó la vicepresidenta del Instituto de Cultura del Chaco, Daniela Valdés, en declaraciones a CIUDAD TV, donde destacó que esta edición tendrá un carácter distintivo respecto de celebraciones anteriores. “Siempre fueron galas donde disfrutamos de grandes artistas que forman parte de nuestra historia. Este año nos propusimos el desafío de producir algo enteramente propio, con artistas chaqueños, guion, dirección y creación local”, explicó. Un aniversario con sello chaqueño Según detalló Valdés, el espectáculo fue concebido como un musical original que reunirá a más de seis compañías artísticas integradas y a numerosos intérpretes seleccionados mediante convocatoria y audiciones. La propuesta buscará combinar emoción, memoria e identidad cultural a través de un diálogo simbólico entre el edificio del Guido Miranda y la figura histórica de Don Guido Miranda, periodista, investigador y cronista fundamental de la historia chaqueña, cuyo nombre lleva el teatro. “Nos pareció un desafío importante poder contar quién fue Guido Miranda y ponerlo en diálogo con este espacio cultural que hoy es la casa de los artistas chaqueños”, sostuvo. Las funciones se realizarán este domingo y estarán abiertas al público en dos horarios: 19 horas: Pericón Nacional 2030, en el exterior del teatro.21 horas: función principal del musical. Desde el Instituto de Cultura informaron que las entradas podrán adquirirse en la boletería del Guido Miranda, habilitada todos los días desde las 17 horas. Aunque el espectáculo se desarrollará en la víspera del 25 de Mayo, no se extenderá hasta la medianoche. Sí está previsto el cierre con la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo del Coro Polifónico provincial. El Guido Miranda, una sala emblemática Durante la entrevista, Valdés también puso en valor la historia y el rol cultural del teatro, surgido tras la recuperación y refuncionalización del antiguo Cine SEP. La funcionaria recordó el proceso impulsado durante la gestión del exgobernador Ángel Rozas y de Marilín Cristófani, que permitió transformar el edificio en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Resistencia. “Es la casa de los artistas, un lugar para el desarrollo profesional y humano de muchísimas personas”, expresó. Además, destacó el trabajo del equipo técnico y humano que sostiene el funcionamiento cotidiano de la institución y las remodelaciones realizadas en los últimos años para preservar la calidad de una sala considerada identitaria para la ciudad. Cultura chaqueña, Feria del Libro y Bienal En otro tramo de la entrevista, Valdés se refirió a la reciente participación del Chaco en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde se presentó la obra inédita de Alfredo Veiravé Chaco en el territorio de la imaginación, rescatada mediante un trabajo conjunto de universidades nacionales. También destacó la participación de unos 60 escritores chaqueños y el interés del público por producciones vinculadas a la cultura indígena, investigaciones regionales y relatos identitarios. Por último, adelantó que el Instituto de Cultura ya trabaja junto a la Fundación Urunday y el Municipio de Resistencia en la organización de la próxima Bienal Internacional de Escultura, uno de los eventos culturales más importantes del país. Según indicó, además del concurso escultórico, volverán los espacios destinados a artesanos, artistas y espectáculos culturales, en un evento que incluso contará con la presencia de representantes de ICOMOS, organismo internacional de patrimonio vinculado a UNESCO. “Tenemos un potencial enorme y la Bienal muestra otra cara del Chaco, vinculada al arte, la identidad y la cultura”, concluyó.
El proceso para arribar al título de propiedad sigue llevando adelante la Municipalidad de Resistencia en toda la ciudad. Parte del camino a ese objetivo es la información e inicio de los trabajos de mensura, vitales para preparar la documentación que legitime la posesión de un terreno. En la zona de las ex vías del ferrocarril, en pleno corazón de Villa Prosperidad, personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente se reunió con vecinos del sector, a fin de organizar el procedimiento. El concejal Javier Dumrauf explicó que “estamos anunciando el inicio del trabajo de mensura que lleva adelante el municipio de Resistencia”. “Es un gran esfuerzo tanto económico, logístico, de personal humano y materiales para poder llevar adelante estas mensuras, que es una fuerte definición política tanto de nuestro intendente, Roy Nikisch, como de nuestro gobernador, Leandro Zdero”, remarcó.
El fallo de la Justicia Civil de Río Negro incluyó también a la firma Jobu S.A.. Fueron denunciados por un consumidor cuya compra online fue cancelada de manera unilateral, mientras el producto duplicaba su precio por la inflación. La Justicia Civil de Río Negro condenó en forma solidaria a Mercado Libre, Correo Andreani y la firma Jobu S.A. a indemnizar con más de $3,2 millones a un consumidor cuya compra online fue cancelada de manera unilateral mientras el producto adquirido duplicaba su valor de mercado en medio del proceso inflacionario argentino. La sentencia fue dictada por la Unidad Jurisdiccional Civil 31 de Choele Choel, en la provincia de Río Negro, en el expediente “Squadroni Pablo Alberto c/ Jobu S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, iniciado bajo el régimen de la Ley de Defensa del Consumidor. El caso se originó en agosto de 2024, cuando el demandante realizó la compra de un producto a través de la plataforma de comercio electrónico de Mercado Libre. Según surge del fallo judicial, el consumidor nunca recibió el artículo y, tras efectuar reclamos por la demora, observó que la operación había sido cancelada y el dinero reintegrado sin su consentimiento. De acuerdo con la reconstrucción efectuada por el tribunal, el vendedor informó al comprador que la devolución del dinero había sido ejecutada por Mercado Libre mientras se intentaba recuperar el paquete a través de Andreani. El consumidor sostuvo durante todo el proceso que no quería el reintegro del pago sino la entrega efectiva del producto originalmente adquirido. La magistrada entendió que existió un incumplimiento contractual y que las tres empresas intervinientes participaron de la cadena de comercialización y logística que terminó frustrando la operación. En ese marco, aplicó el principio de responsabilidad solidaria previsto en la normativa de defensa del consumidor. La inflación, un elemento clave para dictar el fallo Uno de los aspectos centrales del expediente fue el fuerte aumento de precios registrado entre la fecha de compra y el momento en que la operación quedó cancelada. El fallo remarcó que el consumidor quedó imposibilitado de volver a adquirir el mismo producto debido a la aceleración inflacionaria y a la pérdida de poder adquisitivo generada por el reintegro tardío del dinero. La sentencia tomó en consideración que el artículo comprado ya tenía un valor considerablemente superior al momento del litigio. El expediente incluyó capturas de pantalla de publicaciones del mismo producto dentro de la propia plataforma de Mercado Libre, donde podía observarse la suba de precios respecto del valor originalmente abonado. En función de ello, el tribunal reconoció distintos conceptos indemnizatorios vinculados al daño emergente, privación de uso, daño moral y daño punitivo. Este último punto estuvo asociado a la conducta de las empresas y al carácter unilateral de la cancelación de la operación, sin consentimiento del comprador. El expediente también puso el foco sobre la logística y trazabilidad de las entregas. Según surge del fallo, el producto había ingresado en el circuito de distribución de Andreani, aunque finalmente nunca llegó al comprador. La Justicia consideró que la empresa de correo integró la cadena de prestación del servicio y, por lo tanto, debía responder junto con el vendedor y la plataforma. Antecedentes del fallo contra Mercado Libre El caso vuelve a poner bajo análisis la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico frente a conflictos derivados de operaciones digitales. En abril de este año, por ejemplo, la Cámara Comercial condenó solidariamente a Mercado Libre por la venta de un televisor defectuoso al considerar que la empresa no se limitó a publicar un aviso sino que promovió activamente la operación comercial, brindó cobertura de pago y participó en el sistema de envíos. En contraste, otro fallo difundido a comienzos de 2026 había eximido a la plataforma en un caso vinculado con la cancelación de la compra de una motosierra, al interpretar que Mercado Libre actuó únicamente como intermediaria entre las partes. En Río Negro ya existían antecedentes recientes de sanciones y reclamos contra Mercado Libre por conflictos derivados de operaciones online. En 2025, Defensa del Consumidor de esa provincia había multado a la compañía por no colaborar en un reclamo vinculado con una bicicleta que nunca fue entregada pese a haber sido abonada mediante Mercado Pago. Ámbito
El senador nacional encabezará este viernes una reunión política con la dirigencia peronista. El sábado, el partido estará en Presidencia de la Plaza y Colonia Elisa para poner en funciones a las nuevas juntas locales. El Partido Justicialista del Chaco tendrá un fin de semana de intensa actividad política. Este viernes 22 de mayo, por la tarde, el Consejo partidario se reunirá bajo la conducción de Jorge Capitanich para abordar la situación coyuntural provincial y nacional. Será una jornada de debate y definiciones estratégicas en el marco del fortalecimiento del espacio peronista. En tanto, el sábado la agenda territorial se impone: desde el mediodía y durante toda la tarde, se llevarán a cabo las asunciones de las autoridades de las juntas locales en Presidencia de la Plaza y Colonia Elisa. Los actos forman parte del plan de reorganización partidaria que el PJ viene impulsando en todo el territorio chaqueño.
Al Gobierno libertario se le vence un nuevo plazo judicial contra el ajuste en ese sector. El programa Incluir Salud debe saldar este viernes los pasivos acumulados con los prestadores, que estan al borde de la quiebra. Así lo indica un fallo de la justicia federal de Córdoba. El drama de la falta de atención y de la cobertura de medicamentos. Este viernes vence el plazo que la justicia federal de Córdoba le impuso al Gobierno para que regularice las deudas que mantiene con los prestadores del sistema de discapacidad de esa provincia. El titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, había dado lugar a un pedido de amparo impulsado por familias y organizaciones del colectivo, que vienen denunciando que el Programa Incluir Salud – la obra social pública de las personas con discapacidad, donde se halló la cueva de las coimas – no les paga, en algunos casos, desde diciembre pasado. Para el juez, al Ministerio de Salud se le acabaron las excusas, y ordenó pagar. Por ahora, desde el Gobierno siguen asegurando que la deuda se debe a un problema administrativo más que político (básicamente que se disolvió la Andis y que desde entonces arrastran problemas de tipo burocrático), pero lo cierto es que las instituciones de apoyo en salud, rehabilitación, educación y transporte reclaman que se cumpla con uno de los puntos centrales de la Ley de Emergencia: la compensación hacia adelante de la deuda que el Estado acumuló con ellos desde fines de 2023. Las organizaciones calculan ese atraso en un 40 por ciento y exigen que el ministerio se ponga al día. En ese contexto de un Estado deudor es que se inscribe el fallo de este miércoles de la justicia de Córdoba, que le dio 72hs de plazo para pagar a los prestadores. Para el juez, la cuestión administrativa ya no es excusa. “El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa, y que desde diciembre no se abonaban estas prestaciones. Si no hay problemas de dinero, ni problemas administrativos ninguno, simplemente se trata de un atraso, bueno, esperamos que puedan cumplir con esta ley”, dijo Vaca Narvaja tras el fallo. Mas allá de las deudas, el Gobierno actualizó este jueves el “nomenclador” (el valor de las prestaciones que pagan por igual las prepagas, las obras sociales y el PAMI e Incluir Salud) de las prestaciones en un 2,6%. Es decir, con el número de inflación de abril. Ése es por ahora el apartado de la Ley de Emergencia que le Gobierno sí está cumpliendo y que las organizaciones pueden anotarse como un triunfo, aunque parcial, porque la deuda para atrás se sigue acumulando. “La actualización del 2,6 es una buena noticia. El problema es que si no compensan lo que perdimos por los dos primeros años de motosierra es casi lo mismo que nada, porque ahí está realmente el ajuste al sector. Ese reclamo sigue firme y es la parte central de la Ley de Emergencia que no están cumpliendo. Y a eso se le suma las deudas directamente por que no te pagan. Facturás y no depositan. Es angustiante. Eso está llevando a muchos a la quiebra”, resumió la situación a Página/12 Pablo Molero, titular del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. “El fallo de Córdoba es importante porque marca un nuevo antecedente legal de que el Gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones y no lo hace”, agrega Molero. Se consultó a Salud si el Ministerio cumplirá con el de la justicia de Córdoba, pero no obtuvo respuesta. Lo más probable es que no lo haga: recién en enero de este año, ante un fallo similar de la justicia de campana, bajo apercibimiento de sanciones económicas para los funcionarios, el Gobierno se dignó a ejecutar con fondos la ley de emergencia. No antes. Página 12
De acuerdo al esquema dado a conocer oficialmente, los salarios serán acreditados los días lunes 1 y martes 2 de junio, permitiendo a los agentes estatales contar con previsibilidad y organización financiera al inicio del nuevo mes. En primer término, el sector pasivo tendrá acreditado sus haberes el lunes 1 de junio de 2026, con disponibilidad para el retiro a través de cajeros automáticos, desde las 21 horas de esa misma jornada. Al día siguiente, pueden cobrar por ventanilla. En tanto, el sector activo percibirá su salario el martes 2 de junio de 2026, también con disponibilidad de fondos, a partir de las 21 horas mediante la red de cajeros automáticos del Nuevo Banco del Chaco. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que el cumplimiento del cronograma salarial representa un esfuerzo sostenido de ordenamiento y administración responsable de los recursos públicos, garantizando el pago en tiempo y forma a trabajadores y jubilados de la provincia. Asimismo, destacaron que la acreditación de haberes genera un importante movimiento económico y comercial en toda la provincia, fortaleciendo el consumo y dinamizando la actividad en distintos sectores.
La Jefatura de Gabinete le informó a la justicia que reforzará las partidas para el organismo que hace los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura. El Gobierno le informó al juez federal Alejo Ramos Padilla que incrementará el presupuesto para que el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) siga funcionando. La presentación, en sí, es un reconocimiento de que el laboratorio que se ocupa de hacer los análisis para identificar a los bebés robados durante la última dictadura estaba desfinanciado, tal como advirtieron desde Abuelas de Plaza de Mayo. La decisión contrasta con la lógica de “plata no hay” que esgrime Javier Milei ante reclamos de las personas con discapacidad o las universidades públicas. La crisis en el BNDG estalló el 8 de mayo pasado, cuando la directora técnica, Mariana Herrera Piñero, informó que ya no podría seguir tomando muestras biológicas –indispensables para identificar a quienes pueden ser hijos o hijas de desaparecidos. El 12 de mayo, la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (Uficante) –que dirige el fiscal Pablo Parenti– y la Unidad de Derechos Humanos de La Plata –integrada por el fiscal Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Nogueira– pidieron la intervención del Poder Judicial. El 14 de mayo, Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina ordenándole al Gobierno garantizar el funcionamiento del BNDG. El titular del Juzgado Federal 1 de La Plata intimó directamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El funcionario no sale del agobio de las investigaciones judiciales que muestran un incremento del patrimonio de toda su familia. Cinco días después de la cautelar de Ramos Padilla, se produjo una reunión entre el BNDG, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología –que conduce Darío Genua– y la Jefatura de Gabinete. En ese encuentro, se acordó otorgarle crédito presupuestario adicional al BNDG por 590.000.000 pesos, según le informaron abogadas que dependen de Adorni a Ramos Padilla. El Gobierno aprovechó, de todos modos, para denunciar que había un alarmante avance de Ramos Padilla sobre el Poder Ejecutivo al ordenarle asegurar el mantenimiento del BNDG, lo que constituye, a entender de La Libertad Avanza (LLA), una “flagrante y grave violación al principio de división de poderes”. La administración también apuntó contra Herrera Piñero, que dirige el BNDG tras concursar para el cargo, a quien le atribuyó un obrar desproporcionado. Además, cuestionó la intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF) por haber formulado una presentación a partir de la “mera” denuncia de una funcionaria. Sin la intervención de las fiscalías especializadas y la cautelar de Ramos Padilla, la crisis en el BNDG no estaría en vías de solución. En la resolución del juez se consigna que desde marzo de este año la directora del BNDG venía denunciando el ahogo presupuestario. Sin embargo, no fue hasta cinco días después de la cautelar interina que se concretó una reunión en la que se discutieron cuáles eran los fondos necesarios para que el organismo siguiera operativo. Entre los ítems que el Gobierno reconoce que estaban en falta se encuentran insumos de laboratorio esenciales (reactivos, drogas, material plástico), servicio de mantenimiento integral del edificio, limpieza, vigilancia, pagos de servicios, pasajes y viáticos para que los expertos vayan a tomar muestras a otros puntos del país y el mantenimiento de heladeras, freezers y equipos de laboratorio. Al momento de dictar la cautelar interina, Ramos Padilla consideró que el BNDG es un “organismo técnico esencial e irremplazable”. El BNDG fue creado en 1987 por decisión de Raúl Alfonsín ante un pedido de las Abuelas de Plaza de Mayo, que tempranamente entendieron que la ciencia sería una aliada para encontrar a los nietos y a las nietas que la dictadura les había arrebatado. Según informaron las Abuelas, el BNDG almacena unas 32.000 muestras, en su mayoría pertenecientes a familias que buscan a los bebés apropiados durante los años del terrorismo de Estado o a personas que sospechan que podrían ser hijas de padres desaparecidos. Para Ramos Padilla, el BNDG es el único organismo que además le da al Poder Judicial la posibilidad de reparar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Se espera que en las próximas horas haga su presentación ante el Juzgado Federal 1 de La Plata el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques. Las autoridades de esa cartera recogieron la preocupación de distintos jueces y fiscales ante el futuro del BNDG, admitieron en diálogo con este diario. Hubo otro juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, que también le requirió a Genua que asegurara la continuidad de los cotejos de ADN que él había ordenado en una serie de investigaciones en las que el magistrado indaga en el rol de unas parteras asociadas al robo o tráfico de niños. Pese a las chicanas que el Gobierno usó para pedir que se deje sin efecto la medida cautelar interina, la presentación es un reconocimiento de que el organismo estaba desfinanciado. Para la Casa Rosada tampoco es grato un nuevo encontronazo con Ramos Padilla, que le había marcado la cancha cuando Milei comisionó –sin aval del Senado– a Manuel García Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando reciba todas las respuestas, Ramos Padilla debería aún expedirse sobre la situación del BNDG y la responsabilidad estatal frente a las investigaciones para encontrar –como dicen las Abuelas– a los desaparecidos con vida: sus nietos y sus nietas. Página/12
En diálogo con CIUDAD TV, el presidente de la empresa provincial de agua, Nicolás Diez, repasó el estado de la infraestructura hídrica, los desafíos del verano y los conflictos pendientes con cooperativas del interior. El presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, trazó un panorama detallado del estado de los sistemas de agua potable y cloacas en el Chaco, con especial atención al mantenimiento de los acueductos, el aumento tarifario y la situación de barrios con déficits históricos. Diez comenzó haciendo referencia a las tareas de mantenimiento que se ejecutan durante los meses de menor demanda. “Anoche se terminó de arreglar lo que es el acueducto a General San Martín porque tenía una avería, se terminó a las 22 horas”, señaló, y añadió que ésta es la época propicia para encarar las obras que permitan llegar mejor preparados al verano. El objetivo: que la próxima temporada estival “nos agarre de otra manera de la que veníamos”, afirmó, recordando que los últimos veranos “no fueron fáciles precisamente”. En ese marco, el funcionario mencionó que el segundo acueducto —que tiene actualmente cinco frentes de obra— también demanda interrupciones programadas en el suministro al interior provincial. “De 8 a 10 de la mañana el segundo acueducto va a estar dejando de impulsar el agua potable hacia las localidades del interior porque tenemos que hacer incorporaciones de nuevos equipos”, precisó. La tarifa y el impacto del contexto internacional Sobre el aumento tarifario aplicado este año, Diez explicó que la audiencia pública se celebró en la ciudad de Roca y que de la presentación de la estructura de costos de la empresa surgió la necesidad de un incremento del 80% sobre las tarifas mínimas. El ajuste fue implementado de manera escalonada, con subas bimestrales del 17,3% hasta noviembre. No obstante, aclaró que por decisión del gobernador provincial las tarifas sociales quedaron congeladas para personas con discapacidad o dificultades laborales. El presidente de SAMEEP también advirtió sobre el impacto de factores externos en los costos operativos. “Los sulfatos sufrieron un aumento del 27%”, dijo, y explicó que los insumos para la potabilización —como el sulfato de aluminio, en sus versiones líquida y sólida— provienen en gran medida de China, y que el conflicto bélico internacional y la voladura de minas de azufre incidieron directamente en esos valores. “La guerra llevó a que se disparen este tipo de precios también”, sostuvo. Robo de medidores: qué hacer Diez reconoció que el robo de medidores volvió a registrarse en algunos barrios de la ciudad. “Parecería ser que viene por temporadas y por sectores bien definidos”, indicó. Ante la consulta sobre el procedimiento a seguir, el funcionario explicó que el primer paso es comunicarse con el 0800 de SAMEEP para que se envíe una cuadrilla y se corte el flujo de agua, ya que al extraerse el medidor el agua continúa corriendo. Luego, el usuario debe realizar la denuncia en una comisaría y presentarla en la oficina central, donde la facturación pasa a una modalidad no medida con un tope de 15 metros cúbicos hasta la reposición del equipo. El presidente destacó que los nuevos medidores que se están adquiriendo “ya no tienen partes metálicas como el bronce”, lo que los hace menos atractivos para el robo. El barrio Zampa y las conexiones clandestinas En relación con la problemática del barrio Zampa —donde interviene el juzgado del juez Julián Flores—, Diez señaló que los organismos involucrados, entre ellos la Administración Provincial del Agua, la Municipalidad, SECHEEP y SAMEEP, trabajan coordinadamente ante la convocatoria judicial. El problema de fondo son las conexiones clandestinas a la red, que alteran la presión y el caudal. “Las personas que se enganchan al agua dejan sin agua a los propios vecinos”, advirtió. El funcionario subrayó además el peligro sanitario que implican estas conexiones irregulares: “Por esa conexión mal hecha entra productos de una cuneta, de algo que sea una cloaca, de algo a cielo abierto, y son ellos mismos los que están tomando agua no apta para la salud”. También aclaró que el uso de bombas presurizadoras conectadas directamente a la red está prohibido; solo está permitido el bombeo desde cisterna hacia tanque elevado. El sistema cloacal y la responsabilidad de los vecinos Sobre el sistema de cloacas, Diez describió un problema estructural que se agrava por la mezcla entre desagües pluviales y cloacales. “No es de la hermeticidad que tiene que tener el sistema, que desgraciadamente no ocurre”, reconoció. A eso se suma la disposición inadecuada de residuos por parte de los vecinos: “Usted puede encontrar pantalones hasta huesos, hasta algo metálico dentro de la cloaca”, graficó, lo que provoca daños en las bombas sumergibles y colapsos en cascada. Tirol y la disputa judicial con la cooperativa El presidente de SAMEEP se refirió también al conflicto con la cooperativa de agua de Tirol, que se niega a transferir el servicio a la empresa estatal. Según Diez, SAMEEP ganó en primera instancia y en segunda instancia ante la Cámara; el expediente está actualmente ante el Superior Tribunal de Justicia. La cooperativa acumula una deuda de aproximadamente 350 millones de pesos con SAMEEP, pero el corte del suministro está descartado. “No vamos a hacer como hacen ellos, que han cortado el suministro a las escuelas, a los hospitales, a los centros de salud”, afirmó Diez, marcando una diferencia de criterio explícita. El valor del agua y los trabajadores Al cierre de la entrevista, el funcionario reivindicó tanto la calidad del servicio como el trabajo del personal. Recordó que “la reparación de una bomba nos sale el valor de una camioneta 0 kilómetro”, para ilustrar el nivel de inversión que demanda mantener el sistema. Y destacó la vocación de los trabajadores sanitaristas: “Uno los llama a cualquier hora y a cualquier hora se presentan por alguna emergencia en particular”.
El tribunal electoral autorizó a una ONG a implementar un sistema electrónico para recolectar firmas, en una prueba piloto que busca ampliar la participación ciudadana y modernizar el mecanismo previsto en la Constitución. La Cámara Nacional Electoral autorizó este jueves a la organización no gubernamental Plan País Argentina a utilizar una plataforma digital para la recolección de adhesiones en el marco de la Ley de Iniciativa Legislativa Popular (24.747), en lo que constituye un paso hacia la modernización de los mecanismos de participación ciudadana. La resolución, firmada por unanimidad por los jueces Alberto R. Dalla Via, Santiago H. Corcuera y Daniel Bejas, subraya que la iniciativa popular es un instrumento de democracia semidirecta consagrado en el artículo 39 de la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, que garantiza a los ciudadanos la posibilidad de presentar proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. En ese sentido, el tribunal advirtió que la efectividad de este derecho constitucional no puede quedar sujeta a limitaciones meramente instrumentales y consideró que la incorporación de herramientas digitales contribuye a facilitar su ejercicio, ampliando el acceso a la participación directa. La Cámara destacó además su rol histórico en la modernización de los procedimientos electorales, recordando una serie de acordadas dictadas en los últimos años – entre ellas las CNE 87/2013, 135/2013, 22/2020, 24/2020 y 158/2025 – orientadas a incorporar nuevas tecnologías. También mencionó antecedentes en materia de iniciativas legislativas, como la Acordada 38/2002, destinada a facilitar el cumplimiento de los requisitos legales. La herramienta autorizada permitirá que los ciudadanos adhieran a los proyectos mediante firma electrónica, a través de un sistema que garantiza la identidad del firmante, la autenticidad de la firma y la trazabilidad e integridad de cada adhesión. Según el tribunal, estos estándares ofrecen niveles de confiabilidad equivalentes o incluso superiores a los del soporte papel. El sistema funcionará de manera complementaria al método tradicional de recolección de firmas en formato físico y fue habilitado en carácter de prueba piloto. Durante su implementación, contará con la supervisión permanente de los equipos técnicos del área informática de la Cámara Nacional Electoral. Con esta decisión, el tribunal reafirma una línea de acción orientada a integrar la innovación tecnológica con el fortalecimiento de los valores democráticos, en particular en lo que respecta a la ampliación de los canales de participación ciudadana. Parlamentario
El gremio que reúne al personal superior de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero criticó al jefe del organismo, Andrés Vázquez: “No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava”. Entre las recategorizaciones se incluyó al hijo del titular de la Aduana, Nicolás Velis. El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, dispuso este lunes 246 recategorizaciones al alza en el escalafón del organismo. La medida despertó polémica. La Unión del Personal Superior de la agencia (UPS), que encabeza Julio Estévez, emitió un comunicado titulado “La arbitrariedad no es política de recursos humanos” que advierte que “en un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando el convenio colectivo de trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito”. En la lista de ascensos en la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana figuran Yael Bialostozky, vocera del ministro de Economía, Luis Caputo, y Nicolás Velis, hijo del jefe aduanero, José Velis. “No cuestionamos la valia personal de quienes integran la lista, pero resulta inadmisible e injusto para el resto de los compañeros que día a dia sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses”, apuntó la UPS. “Nada que comentar porque ese gremio no tiene personería gremial, no está avalado jurídicamente”, respondieron en ARCA ante la consulta de elDiarioAR. No es el primer ascenso polémico decidido por Vázquez: en enero su esposa, María Eugenia Fanelli, fue promovida a subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI. No es tampoco la primera polémica en torno del jefe del organismo que debería combatir la evasión: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió el mes pasado su indagatoria por ocultar propiedades en Miami con un valor mayor a US$2 millones. “Es la propia superioridad –el Ministerio de Economía, en el presupuesto de ARCA 2026– la que reconoce por escrito que el Fisco Nacional padece un ‘ecosistema tecnológico obsoleto’ y una ‘gestión de talento limitada’ con serios problemas para retener personal calificado”, continuó la UPS. “Ante este diagnóstico lapidario, la respuesta de Vázquez es profundizar la grieta interna con designaciones a dedo. Señor director: no se beneficia a unos manipulando un convenio y postergando a la mayoría en medio de una paritaria cerrada y una recomposición salarial adeudada al 100% de la planta. No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al más amigo. No se compran voluntades con grupos discrecionales, ni se expone a los allegados al escarnio de sus propios pares.” “No se despedaza a la mejor organización del Estado –orgullo en foros internacionales– permitiendo la pérdida de más de 4.300 funcionarios, mientras se premia a quienes debieron frenar las barbaridades administrativas que nos trajeron hasta aquí”, siguió el sindicato. “No se pretende que los verdaderos hacedores de la recaudación se comporten como mendigos a la espera de un próximo revoleo de grupos.” “Mientras se firman estas subas injustificadas, sigue pendiente la exigencia de este gremio para el reencasillamiento de todos los funcionarios de determinaciones de oficio y de penal, así como de aquellos que cumplen funciones de investigación y fiscalización bajo el principio de igual tarea, igual remuneración”, advirtió el gremio. “Las administraciones salientes solían cometer estas arbitrariedades al retirarse; si esta no es su despedida, no puede admitirse como política de gestion”, prosiguió la entidad liderada por Estévez, en la que también militan María Laura Struba, Ricardo Prado, Mirta Vallejos Quiroz, Maximiliano Dajos, Gerardo Gola, Mariana de Alva -esposa de Ricardo Echegaray, exjefe K y actual empleado de ARCA-, Guilermo Tabellione, Florencia Barbieri, Verónica Laurenzi, Luis Faggiani y Néstor Grau.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, consideró que es “un gran error” el avance del proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados que recorta los subsidios al gas por zona fría porque “va a traer consecuencias de todo tipo” en la sociedad, al tiempo que le reclamó al Senado que no convalide la media sanción. “Muy tremendo, muy terrible lo que nos estamos enterando que es que el Gobierno consiguió que la motosierra viniera con apoyo del Congreso nacional, lo que pone en riesgo las tarifas y por tanto las condiciones de vida de millones de argentinos en todo el país”, advirtió. “Nos parece un gran error porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes”, siguió el mandatario durante una actividad en Florencio Varela. Según expresó, “hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, por lo que aventuró que podrían iniciarse acciones legales ante la Justicia. “Pero sobre todo tiene media sanción y le pido al Senado que no apruebe algo que descarga sobre la gente los problemas que genera el Gobierno”, reclamó. Al analizar las políticas tomadas en distintas partes del planeta por el aumento del precio del combustible y de la energía en general como consecuencia de la guerra en Medio Oriente, Kicillof advirtió que el rumbo elegido por el presidente Javier Milei va a contramano del mundo. “En todo el planeta tenemos gobiernos que ante el aumento del combustible y de la energía en todas sus formas por la cuestión del conflicto bélico en Irán tomaron medidas. Todos menos Milei, que lo que hizo fue transferirle el costo a los hogares, a los tanques de nafta, al gas, a la electricidasd y ahora se agrega lo de quitar las zonas frías”, lamentó. “Yo pensé que el termómetro había llegado al límite de la crueldad y del abandono, pero evidentemente no”, señaló. Kicillof se hizo eco de las palabras del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien admitió que ya no hay margen para seguir generando superávit mediante la contracción del gasto público. “Lo escuchaba al ministro Caputo decir que ya no se puede ajustar más. Hace un montón que no se puede ajustar más porque la gente no puede pagar las cuentas, el alquiler, no llega a fin de mes”, alertó. “Hay problemas no sólo de remedios, de acceso a cuestiones básicas sino que estamos empezando a ver que producto de la desocupación y de la caída de los salarios la vida entera se complica para una proporción inmensa de argentinos y por supuesto bonaerenses”, finalizó.
Ayer a las 17:30 comenzó el Operativos Policial y se extenderá hasta hoy, en el marco de la peregrinación y festividad “Santa Rita de Casia”, el cual contará con 193 efectivos encargados de regular el tránsito, realizar los desvíos y llevar seguridad a los peregrinos que visiten la Parroquia San José. Uno de los desvíos se encontrará en calle Salta y Sarmiento, otro por calle Toppano (Ex Ruta 16) . También, en la intersección de la calle sin número y Unitan en el acceso al barrio Altos de Villa Elena estará apostado un control, otro de los desvíos será en el acceso a Puerto Tirol por ex Ruta 16 “Paraje Dellamea”. Además, en el Sector denominado “La Conejera”, será utilizado para estacionamiento vehicular, por lo que una vez estacionado le gente deberá proseguir caminando. Estos controles, tendrán como objetivo evitar el paso de vehículos hacia el casco céntrico de Tirol y solamente permitirán el paso a pie. Salvo los residentes del lugar que se dirijan a su domicilio. Asimismo, el personal de la Caminera regularizará el tránsito en el ingreso por la Ruta Nacional 16.
En la noche de este jueves, un motociclista resultó con heridas leves tras protagonizar un accidente con una formación ferroviaria de pasajeros en un paso a nivel. El maquinista aseguró que no se percató de haber sido embestido por el motociclista en los laterales de la formación. Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que a las 21.30 horas de este jueves, efectivos de Comisaría de Charata fueron alertados que en calle Buenos Aires y La Plata (paso a nivel ferroviario) había ocurrido un accidente. Al llegar al lugar constataron que fueron partícipes un tren de pasajeros (ex Sefecha) y una motocicleta. Los uniformados observaron restos de motopartes, en tanto personal de Seguridad Hospitalaria informó el ingreso al Hospital local de una ambulancia trasladando a un estudiante de 19 años de edad, domiciliado en Charata. El Médico de turno diagnosticó al paciente: “Herida cortante región parietal derecha de 3 centímetros. Se le realizó 2 puntos de sutura, excoriación en rodilla izquierda y en región superciliar izquierdo de carácter leve. Se le realizará placas RX de cráneo y cervical para descartar lesiones óseas. Signos vitales estables”. Los policías demoraron la formación Tren 5502 – Coche Motor: CAU801 – CU801 -CMU5801, con su conductor de 28 años de edad, domiciliado en Presidencia Roque Sáenz Peña, quien afirmó desconocer los pormenores del accidente remarcando que no se percató de impacto alguno contra la formación.La Fiscalía en turno dispuso el secuestro de partes de la motocicleta en el lugar y que se realice el Acta de constatación a la formación, para localizar la posible zona de impacto; además de recibir declaración testimonial al motociclista. Interviene en el caso la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Charata, en la causa por “Supuestas Lesiones en Accidente de tránsito”. Fuente: Periodismo365
Personal de la Comisaría 14ª Metropolitana realizó un procedimiento durante esta madrugada, donde incautan numerosas motopartes presuntamente pertenecientes a una motocicleta robada días atrás. Alrededor de las 3:49 en inmediaciones de avenida 9 de Julio y calle Paraná, luego de que efectivos policiales realizaban recorridas preventivas, recibieran información de transeúntes, de que varias personas intentaban comercializar partes de una motocicleta sustraída. Las motopartes estarían relacionadas con un hecho de “supuesto robo con arma” ocurrido el pasado 16 de mayo, cerca de las 2:30, en la intersección de calle San Juan y pasaje Coronel Falcón, donde resultó damnificado un joven de 25 años. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a varios sujetos trasladando una frazada que contenía distintos elementos de motocicleta. Cuando los efectivos les ordenaron detenerse, los individuos huyeron en distintas direcciones e ingresaron a una zona de malezas, logrando escapar. En el procedimiento se secuestraron un asiento con baulera, un caño de escape, una horquilla con rueda delantera, óptica con carenado y velocímetro, tanque de combustible, suspensión trasera, rueda con transmisión, apoyapiés, carburador, partes del motor desarmado, caballete lateral, sistema de arranque manual, parte del cuadro cortado y una frazada marrón, entre otros elementos. Las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría 10ª Metropolitana por cuestiones de jurisdicción, continuándose con la investigación para identificar y detener a los presuntos involucrados.