El gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles con la nueva convocatoria para inscribirse al programa Vouchers Educativos 2026, la asistencia económica destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal. Así quedó plasmado en la Resolución 205/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell. Esta será la tercera edición del programa después de las llevadas adelante en los años 2024 y 2025. El año pasado, por caso, se extendió a lo largo de nueve entregas con acreditaciones consecutivas entre marzo a diciembre inclusive. Se trata de una ayuda del Estado destinado a las familias para hacer frente a las cuotas que pagan establecimientos educativos privados de inicial, primario y secundario. Para acceder, es necesario que los ingresos del grupo familiar no deben superar una suma equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a abril de esta año a 2.504.600 pesos. Para inscribirse al programa, los interesados deben ingresar al sitio: https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/. El beneficio está destinado a los padres de alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: Los titulares de la responsabilidad parental, tutor o guarda de los estudiantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI). Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal. Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026.El estudiante debe ser alumno regular. La validación de condición de alumno regular se realizará dos veces al añoHabrá una tercera instancia de certificación, a fin de que la institución educativa brinde información académica del ciclo lectivo que finaliza. No caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos, ya que esta situación implica una suspensión del beneficio hasta que se regularice la deuda cuando se podrá cobrar de manera retroactiva. En caso de acumular tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente. La evaluación socioeconómica se realizará de forma mensual a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El resultado de la inscripción será publicado en la plataforma del Programa.Los beneficiarios de la prestación, validados por las instituciones educativas, recibirán hasta el mes de diciembre, el voucher educativo de forma mensual. El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. Documentación a presentar: DNI y número de CUIL de los menores a cargo.Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.CBU actualizado en Mi Anses.Estar registrado en Mi Argentina. Una vez finalizada la inscripción, se procederá a la evaluación de la postulación. La evaluación de los requisitos exigidos por el programa estará conformada por tres componentes: la validación de la condición de regularidad del estudiante, la evaluación socioeconómica del ingreso familiar y la regularidad en el pago de las cuotas escolares. Fuente: minutouno.com.ar
Autor: Redacción General
El presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, explicó los alcances de la operatoria vinculada al Proyecto AXIS, una iniciativa público-privada impulsada junto a la empresa Midot S.A. que prevé habilitar la inscripción y el sorteo de postulantes para acceder a las primeras 120 viviendas en Resistencia. La iniciativa prevé habilitar la inscripción la semana próxima y el posterior sorteo de postulantes para acceder a las primeras 120 viviendas que se construirán en la ciudad de Resistencia, como parte de un desarrollo urbanístico que contempla una segunda etapa de mayor alcance. “Firmamos un convenio de cooperación entre el Gobierno provincial, a través del Instituto de Viviendas, y la empresa Midot, que nos había presentado un desarrollo urbanístico con dos etapas bien definidas”, explicó Berecoechea en diálogo con CIUDAD TV. Según detalló, la primera etapa contempla la construcción de 120 unidades habitacionales en la capital provincial, mientras que la segunda podría alcanzar “alrededor de 978 viviendas construidas en distintas localidades”. Difusión, inscripción y sorteo El titular del organismo explicó que el Instituto tendrá participación en la etapa inicial del proceso, que incluye la difusión del proyecto, la inscripción de las familias interesadas y la realización de un sorteo público. “Nosotros lo que vamos a hacer es acompañar en esta primera etapa del trabajo que consiste en difundir el proyecto, abrir la inscripción de familias interesadas, confeccionar el padrón y realizar un sorteo público”, señaló. La inscripción comenzará el martes 14 y se extenderá por un período de 15 días, con la posibilidad de ampliarse si la demanda lo requiere. Una vez finalizado ese plazo se elaborará el padrón de postulantes y se llevará adelante el sorteo de las primeras 120 familias. “La intención es que el sorteo sea transparente, que sea público y en presencia de los vecinos que están interesados”, indicó. Berecoechea explicó que, una vez realizado el sorteo, el Instituto entregará la documentación de las familias seleccionadas a la empresa responsable del proyecto. “A partir de allí es la empresa quien se sienta a negociar con las familias”, aclaró. El funcionario remarcó que se trata de una inversión financiada íntegramente por el sector privado. “La empresa privada es la dueña del terreno, es la dueña del proyecto y es quien va a financiar con recursos propios la construcción de estas viviendas”, explicó. En ese sentido, aclaró que el Estado provincial no aportará recursos económicos. “No invertimos un peso de los chaqueños, lo que hacemos es apoyar una iniciativa privada”, sostuvo. Debido a ese carácter privado, los requisitos para acceder a la operatoria serán diferentes a los que se aplican en los programas habitacionales financiados por el Instituto. . Entre las diferencias mencionó que no se exigirá acreditar dos años de residencia en la localidad ni tampoco se aplicará la restricción de no poseer otra vivienda. Sí se evaluará la capacidad de ingresos del grupo familiar. “Tienen que cubrir un determinado ingreso del grupo familiar que estimo va a estar rondando alrededor de los 2.500.000 pesos de recibo de sueldo de todo el grupo familiar”, precisó. Déficit habitacional y participación del sector privado Consultado sobre el déficit habitacional en la provincia, Berecoechea sostuvo que su atención requiere la participación tanto del Estado como del sector privado. “Resolver o mitigar el déficit habitacional no es una cuestión exclusiva del Estado provincial”, afirmó. En ese sentido, destacó que en varias ciudades el desarrollo inmobiliario se sostiene a partir de inversiones privadas. El titular del IPDUV también explicó que el organismo continúa ejecutando programas propios de vivienda. Según indicó, en la actual gestión se entregaron más de 2.200 unidades habitacionales y actualmente hay entre 350 y 400 viviendas en ejecución en distintas localidades. Además, señaló que el Instituto cuenta con un padrón histórico de inscriptos que supera las 170.000 familias, mientras que las estimaciones sobre el déficit habitacional provincial se ubican entre 150.000 y 200.000 hogares sin solución habitacional. En ese contexto, consideró que la participación de capitales privados puede contribuir a ampliar la oferta habitacional. “Es interesante que el privado también decida invertir en la provincia”, concluyó.
El fiscal federal postergó la declaración para este jueves de las dos jubiladas que financiaron el departamento en Caballito. Deberán presentarse la próxima semana. El fiscal federal Gerardo Pollicita suspendió la audiencia testimonial prevista para este jueves en la causa que investiga las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Las citadas eran Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, las dos jubiladas que financiaron gran parte de la compra del departamento ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. Ambas mujeres – de 72 y 64 años – aseguraron en contactos con la prensa no conocer al funcionario, pese a figurar en los registros como acreedoras del crédito hipotecario. Tras un pedido de la defensa de Adorni, a cargo del abogado Matías Ledesma, la fiscalía decidió reprogramar las declaraciones. Las mujeres deberán presentarse finalmente el próximo miércoles a la misma hora. En la misma investigación, el fiscal Pollicita convocó para el lunes 13 a Graciela Cancio y Victoria Cancio. Ambas deberán declarar como testigos por la financiación de otro inmueble que perteneció al funcionario, ubicado en la calle Asamblea, en el barrio de Parque Chacabuco. Bae Negocios
El diputado justicialista, Nicolás Slimel, se refirió en los estudios de CIUDAD TV a la reunión mantenida con más de 30 intendentes del Frente Chaqueños en el marco de tres ejes analizados durante este cónclave. “La primera tiene que ver con una situación de preocupación por la baja coparticipación que está teniendo hoy la provincia, o la disminución de la coparticipación, que repercute directamente en menos recursos para los municipios”, sostuvo el legislador y reparó en que este perjuicio repercute de manera directa en las prestaciones de servicio en sus localidades. “Se dejan de lado ciertas cuestiones que hoy pueden afrontar y que no van a poder llevar adelante en ese esquema”, indicó. Señaló que esa preocupación vinculada a un proceso de política económica que repercute en la provincia, conlleva a que el bloque de legisladores “entremos en un proceso de solidaridad con cada uno de nuestros intendentes porque están sufriendo además una discriminación política de parte del Gobierno provincial”. “Quien gobierna tiene la responsabilidad política de generar diálogo y hoy, este Gobierno, no recibe a los intendentes que son la primera barrera de contención que tiene la sociedad para poder afrontar ciertos reclamos en cada una de las localidades”, sostuvo. “Hay discriminación política porque entre las herramientas de un gobierno provincial para la distribución discrecional y arbitraria de algunos recursos son los aportes no reintegrables, los famosos ANR. Y también la distribución de obras a través de la Dirección de Vialidad Provincial, también aportes de Cultura o de Lotería Chaqueña. Cuando uno repasa toda esa gran cantidad de recursos que se distribuyen en la provincia, en particular los ANR, se determina que el 87% de los ANR otorgados desde el 1º de enero de 2024 hasta el 1º de abril de 2026 fue repartido a municipios radicales o libertarios y ellos representan menos del 40% de los municipios que hay en la provincia”, denunció. “Acá hay dos problemas: hay discriminación en la distribución de recursos provinciales y hay falta de diálogo del Gobierno con quienes tiene la responsabilidad institucional de gobernar un municipio”, acentuó. “Solicitamos públicamente al Gobernador que convoque a todos los municipios porque tiene la libertad institucional de hacerlo”, manifestó y repasó el documento público producido durante esa reunión.
Los camiones detenidos configuran por estas horas la postal en las rutas y accesos a puertos y terminales de carga de todo el centro del país. Los bloqueos comenzaron este lunes en Bahía Blanca, y, ante la falta de acuerdos, tuvieron réplicas en la zona núcleo bonaerense, en Córdoba, Santa Fe y hasta en La Pampa. El reclamo es unívoco: los transportistas de granos aseguran estar “trabajando a pérdida” tras los aumentos en el precio del gasoil y piden acordar un ajuste tarifario. El condimento extra lo aporta el inicio de la cosecha gruesa, demorada primero por condiciones climáticas y ahora por esta medida iniciada por camioneros autoconvocados. Desde las gremiales, por su parte, la decisión por el momento fue evitar convocar a un paro general e insistir “por los canales normales”. Tras una reunión fallida en la mesa bonaerense, mañana el diálogo en Córdoba y sin cambios en el reclamo, que es que haya un piso de incremento de entre el 15 y el 18%. “Este no es un paro, se están frenando los camiones porque es imposible moverlos con estas tarifas”, aseguró en diálogo con Bichos de Campo el secretario general de la Federación Argentina de Transportistas de Cargas (Fatrac), Pablo Trapani. En efecto, gran parte de las movilizaciones y “asambleas” que se están llevando a cabo en las rutas, puertos y terminales de carga son atribuidas a decisiones de autoconvocados. La postura de las distintas entidades del sector fue la de apoyar este reclamo pero evitar llamar, por el momento, a otras medidas de fuerza, como el corte de rutas. Todo depende, indican, del resultado que se obtenga de las pocas instancias de negociación que quedan en pie y, mientras tanto, algunas entidades ya publican sus propios cuadros tarifarios para marcar la cancha. Entre enero y abril, y fruto del conflicto armado en Medio Oriente, se estima que el precio del gasoil escaló por encima del 25%. “Viajando al puerto se pierde plata”, señalan los transportistas de granos, que piden que se ajuste al menos un 15% el cuadro tarifario para absorber ese salto. La cuestión es que, desde que se decidió la eliminación (en septiembre del 2025) de las tarifas de referencia y la mesa de negociación interjurisdiccional, el transporte de cargas define sus precios en los únicos dos espacios aún vigentes, la mesa bonaerense y la cordobesa. El conflicto estalla en un momento sensible para la producción agropecuaria, cuando precisamente es necesario trabajar a contrarreloj para levantar la cosecha, y tras varios días desfavorables en términos climáticos. Por ello, desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara-Cec) y el Centro de Exportadores de Cereales manifestaron una “profunda preocupación” ante la medida de fuerza. En la vereda de enfrente, desde las entidades que nuclean al sector transportista aseguran tener las mismas preocupaciones que el sector cerealero, pero exigen que se haga una propuesta a tono con su pedido. “Este no es un escenario para una medida de fuerza. Queremos es que esto se resuelva con sentido común: se movió un insumo y se debe actualizar el precio. Es sólo eso”, señaló el dirigente de Fatrac, que asegura que, tras varios años malos, en el sector hoy más que nunca se necesita salir a la ruta. “Estamos todo el año esperando este momento, pero así como están las cosas, si viajás perdés plata. Los camioneros no están hablando con la panza llena, están hablando con el camión destruido, y por eso se necesita un acuerdo urgente”, concluyó Trapani. Bi8chos de Campo
El transporte público en el Gran Resistencia atraviesa horas de incertidumbre, a la espera de la acreditación de salarios que definirá la continuidad del servicio en los próximos días. Desde el sector gremial advierten que, de no concretarse el pago en tiempo y forma, se avanzará con una medida de fuerza que impactará de lleno en miles de usuarios. Este jueves se cumple el quinto día hábil para que las empresas de transporte realicen el pago de salarios a sus trabajadores. Sin embargo, por su lado los empresarios advierten que dependen exclusivamente de las transferencias de los aportes nacionales y provinciales. El secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham, confirmó que el panorama está atado a lo que ocurra con los haberes correspondientes a los trabajadores del transporte. “Estamos a la espera a ver qué pasa con el pago de los sueldos”, señaló en declaraciones a Radio Sudamericana Chaco. Según explicó, las empresas tienen previsto cumplir con el pago este miércoles 8 de abril. “Se supone que tienen que pagar este miércoles, si lo hacen no hay paro de colectivo”, afirmó, dejando en claro que la normalidad del servicio depende exclusivamente de esa situación. Sin embargo, el dirigente sindical advirtió que, en caso de incumplimiento, la respuesta será inmediata. “Si no se abonan los sueldos este miércoles, nosotros a partir de mañana jueves comenzaremos un paro del servicio de transporte de pasajeros en el Gran Resistencia, hasta que paguen” , sostuvo. La posible medida generaría complicaciones en la movilidad urbana, afectando a trabajadores, estudiantes y usuarios que dependen diariamente del sistema de transporte público en el área metropolitana, servicios de Puerto Tirol, Colonia Benítez y Margarita Belén. Qué pasa con el Chaco-Corrientes Asimismo, indicó que van analizar que harán con los servicios de Chaco-Corrientes. “Lo analizaremos y avisaremos por la tarde”. Mientras tanto, la definición se conocerá en las próximas horas, en un contexto marcado por la expectativa y la tensión entre el sector empresario y los trabajadores. Radio Sudamericana
La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) convoca, en el marco de la Movilización Multisectorial de Trabajadores, a una marcha de trabajadores para este jueves 9 de abril, a las 19.30, en la Plaza 25 de Mayo de Resistencia, en rechazo al ajuste impulsado por el gobierno provincial y en defensa del sistema público de salud. Desde el gremio señalaron que la convocatoria surge frente “al profundo ajuste que lleva adelante el gobierno provincial en todo el sector público chaqueño y que, particularmente en el sector sanitario, se evidencia en salarios deteriorados, condiciones laborales cada vez más precarias y un sostenido proceso de vaciamiento de la salud pública”. En ese marco, remarcaron que uno de los principales reclamos es la urgente recomposición salarial. “El salario de marzo de 2026 se encuentra 35,1% por debajo del nivel de marzo de 2023, lo que refleja una pérdida gravísima del poder adquisitivo. A esto se suma que el paupérrimo aumento anunciado por el gobierno ya se lo comió la inflación, lo que agrava todavía más el problema”, expresaron. Asimismo, desde APTASCH denunciaron la continuidad de esquemas de precarización laboral que afectan a una parte importante de los trabajadores del sistema, y exigieron el fin de estas modalidades. “No puede haber salud pública de calidad con trabajadores en condiciones inestables. Es imprescindible avanzar en el pase a planta y garantizar derechos laborales plenos”, indicaron. Otro de los ejes centrales del reclamo es la implementación urgente de la carrera sanitaria. “Se trata de una herramienta clave para ordenar el sistema, reconocer la formación y la experiencia, y brindar previsibilidad en el desarrollo profesional. Su postergación es una muestra más de la falta de políticas estructurales para el sector”, agregaron. Finalmente, desde el sindicato convocaron a todos los trabajadores de la salud y a la comunidad en general a sumarse a la movilización. “Defender la salud pública es defender un derecho esencial. Por eso llamamos a marchar este jueves, para hacer visible el conflicto y exigir respuestas urgentes al gobierno de Leandro Zdero”, concluyeron.
La bioquímica Cecilia López advirtió sobre el incremento de diagnósticos de sífilis y explicó la importancia de los testeos periódicos y del uso del preservativo para prevenir contagios. Destacó que la enfermedad tiene cura si se detecta a tiempo y detalló cómo se realizan los estudios de laboratorio para su diagnóstico. Ante el aumento de diagnósticos de sífilis, la bioquímica Cecilia López recomendó realizar controles periódicos y reforzar las medidas de prevención. En los estudios de CIUDAD TV, explicó que el testeo anual debería formar parte de los controles de salud habituales y advirtió que la enfermedad puede presentarse sin síntomas. “A veces hay casos que tienen un inicio florido, con manifestaciones, pero otras veces es silencioso”, señaló. En ese sentido, indicó que el diagnóstico se realiza a través de estudios de laboratorio y que el control debería integrarse a los chequeos clínicos periódicos. López remarcó además la importancia del preservativo para evitar el contagio. “Si existen conductas de riesgo, el uso del preservativo es sumamente importante a la hora de tener relaciones sexuales porque la sífilis, junto con otras enfermedades, se contagia así”, afirmó. Según explicó, el descenso en su utilización es uno de los factores que influyen en el aumento de los casos. En situaciones de riesgo, recomendó realizar un test inmediato y repetirlo posteriormente. “Si tuve una relación sexual sin uso de preservativo, me tengo que hacer el testeo en ese momento y después a los dos o tres meses”, indicó. Según detalló, el primer estudio funciona como un “punto cero” para conocer el estado previo y luego confirmar o descartar la infección. Cómo se diagnostica La especialista explicó que el estudio más habitual para detectar sífilis es el VDRL, un análisis de sangre que forma parte de los llamados estudios no treponémicos. “Es un análisis muy sensible”, indicó. En caso de resultados positivos, se realiza un estudio confirmatorio conocido como FTA absorbida, que es específico para la bacteria causante de la enfermedad. “La bacteria que causa la sífilis se llama treponema pallidum”, precisó. Además, explicó que el laboratorio también evalúa antecedentes del paciente, como infecciones previas, ya que el organismo puede conservar anticuerpos de enfermedades pasadas, lo que se denomina “cicatriz serológica”. Sobre el rol del bioquímico, sostuvo que no solo interviene en el análisis sino también en la orientación al paciente. “Tenemos que consultar qué conducta de riesgo tuvo, si tuvo episodios previos y ofrecerle las posibilidades de testeo”, señaló. Embarazo y transmisión López aclaró que la sífilis no se transmite por convivencia familiar, sino principalmente por contacto sexual. La excepción es la transmisión durante el embarazo, cuando la infección puede pasar de la madre al bebé a través de la placenta. Por ese motivo, destacó la importancia de los controles prenatales y del testeo en el sistema de salud. “Si la mamá es positiva y tratamos al bebé a tiempo, puede curarse”, explicó, y remarcó que el diagnóstico durante el embarazo es una oportunidad para evitar complicaciones en el recién nacido. “La sífilis tiene cura”, afirmó, aunque señaló que durante años estuvo asociada a estigmas sociales. Según explicó, el aumento de diagnósticos responde a dos factores principales: por un lado, el menor uso del preservativo y, por otro, una mayor cantidad de testeos que permite identificar casos que antes no se detectaban. “En el sistema de salud vemos la punta del iceberg”, sostuvo, al explicar que existe una parte de la población que no se testea y por lo tanto no aparece en los registros. El test de sífilis se realiza mediante una extracción de sangre. López explicó que se recomienda un ayuno breve, de entre cuatro y cinco horas, y que los resultados suelen estar disponibles en menos de 24 horas. “Es un estudio rápido y seguro”, afirmó. También destacó que en el sistema público de salud los testeos son gratuitos y están disponibles en hospitales. La especialista remarcó que el diagnóstico oportuno permite iniciar el tratamiento y evitar complicaciones. “La importancia de hacerlo a tiempo es que primero es una enfermedad curable y segundo que no queden secuelas”, explicó. En algunos casos, la enfermedad presenta manifestaciones en la piel que alertan al personal médico. Sin embargo, también puede cursar sin síntomas. “Puede ser silenciosa”, advirtió. Cambios en los grupos afectados López señaló que el testeo puede realizarse desde el inicio de la vida sexual activa y también forma parte de los estudios en casos de abuso o en controles de recién nacidos. Asimismo, indicó que actualmente los casos se observan en distintos grupos etarios. “Antes se asociaba más a jóvenes. Hoy tenemos una segunda adolescencia entre los 45 y los 60 años, con intercambio de parejas importante”, explicó. Por último, insistió en la necesidad de reforzar la prevención y el acceso a la información. “Los test diagnósticos están disponibles en la mayoría de los laboratorios y el acceso a la salud es posible”, señaló. “No hay motivo para no hacerlo”.
La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó intervenir en la causa donde, a pedido de la CGT, se suspendieron artículos de la reforma laboral, apeló la cautelar y advirtió sobre el impacto de la decisión judicial en las empresas y el clima de inversión. La Unión Industrial Argentina (UIA) solicitó formalmente su incorporación como parte en la causa judicial que suspendió artículos centrales de la reforma laboral, al tiempo que apeló la medida cautelar dictada por la Justicia del Trabajo tras una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT). A través de una presentación firmada por su presidente Martín Rappallini, el vicepresidente Rodrigo Pérez Graziano y sus abogados, la entidad empresaria pidió intervenir en el expediente para defender lo que definió como los intereses colectivos del sector empleador. Además, expresó sus agravios contra la resolución judicial que suspendió la aplicación de parte de la norma. La movida judicial confirma la decisión de la central industrial de involucrarse activamente en la disputa legal en torno a la Ley de Modernización Laboral, luego de que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, a cargo del juez Raúl Ojeda, hiciera lugar a un planteo de la CGT y dispusiera la suspensión provisoria de 82 artículos hasta que se dicte una sentencia definitiva. Según trascendió, la UIA sostiene que la reforma no implica regresividad en materia de derechos laborales ni presenta inconstitucionalidades, y advierte que la medida judicial impacta de manera directa sobre el funcionamiento de las empresas. En esa línea, también planteó, dando por hecho que lo hace, que el Poder Judicial no debería reemplazar al Congreso en la definición del modelo laboral. En un comunicado difundido días atrás, la entidad manifestó su preocupación por la cautelar y remarcó la importancia del respeto a la división de poderes para el normal funcionamiento institucional y económico. En ese sentido, sostuvo que dejar sin efecto una ley aprobada por el Congreso debería ser “el último recurso del orden jurídico y no el primero”. Desde la organización también señalaron que el país necesita “reglas claras, previsibles y estables” que promuevan la inversión, el empleo formal y la competitividad, suponiendo que esta ley lo haría, al advertir que la incertidumbre normativa puede afectar el clima de negocios y postergar decisiones productivas. La reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional introduce modificaciones profundas en aspectos como el régimen de indemnizaciones, las modalidades de contratación y distintos componentes salariales, con el objetivo, según sus impulsores entre los que está la UIA en primera fila, de «modernizar el mercado de trabajo». Llamativo es que la modernización no hace mención al trabajo en plataformas, o ponga el ojo en el uso de la Inteligencia Artificial para reemplazar empleados. En su momento, el fallo judicial que suspendió parte de la ley a pedido de la CGT advirtió sobre una posible afectación de derechos constitucionales y el riesgo de perjuicios para los trabajadores. Entre los principales argumentos se menciona el principio de progresividad, que establece que los derechos laborales no pueden retroceder una vez reconocidos, así como el deber de las leyes de garantizar la protección del trabajador. La disputa judicial suma ahora a uno de los principales actores del sector empresario como es la UIA, en un conflicto que va a escalar tanto en el plano judicial como en el político y sindical. Infogremial
El vicepresidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), Fernando César Alesso, presentó su renuncia al cargo y quedó momentáneamente apartado de sus funciones y evitó dar mayores detalles, en medio de un escenario que aún no registra definiciones administrativas sobre su reemplazo. La información fue confirmada por el propio funcionario en diálogo con Radio Libertad, donde sostuvo que la decisión responde a factores ajenos al organismo provincial. “Son cuestiones externas a la institución”, afirmó, al ser consultado por los motivos de su salida. Según precisó Alesso, la dimisión ya fue formalizada, aunque todavía no cuenta con aceptación oficial. Mientras tanto, indicó que se encuentra apartado de sus funciones. “Aún no fue aceptada mi renuncia, pero me encuentro de licencia sin goce de haberes”, explicó. El funcionario evitó profundizar sobre las razones de su decisión y marcó un límite en su exposición pública: “No quiero dar declaraciones”, señaló. Una gestión breve Alesso había asumido la vicepresidencia del InSSSeP en noviembre de 2025, integrando la conducción del organismo junto al presidente Rafael Meneses. Su desembarco se dio con un perfil técnico, vinculado a su formación como contador y su especialización en gestión sanitaria. Su salida se produce a menos de cinco meses de haber asumido el cargo. Por el momento, desde el Gobierno provincial no se informó si la renuncia será aceptada en lo inmediato ni quién podría ocupar el lugar vacante en caso de confirmarse su salida. Liberad Digital
El espacio Horizonte Humanidades, encabezado por el profesor Aldo Avellaneda como candidato a decano, dio a conocer en las últimas semanas su plataforma de gestión para conducir la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) durante el período 2026–2030. La iniciativa surge a partir de un diagnóstico de la situación actual de la institución y propone reactivar el debate interno, al tiempo que busca dar respuesta a los desafíos que enfrentan las ciencias humanas y sociales en el contexto nacional. En el marco de la presentación de propuestas y apertura a la comunidad universitaria, este viernes 10 de abril, a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la UNNE, ubicada en Las Heras 727 (Resistencia, Chaco), el equipo de candidatos presentará su plataforma de propuestas, por lo que invitan a la comunidad universitaria a participar. La propuesta contempla líneas de acción específicas para los distintos sectores de la comunidad universitaria. En el caso del cuerpo docente, el proyecto pone el foco en aliviar la sobrecarga derivada de las dedicaciones simples y de las exigencias administrativas y de investigación. En ese sentido, se plantea fortalecer el área de cooperación internacional para ampliar redes académicas, junto con la implementación de mecanismos de acompañamiento administrativo en la formulación de proyectos. Además, se prevé la creación de un programa de seminarios gratuitos de posgrado y el impulso a la articulación con docentes externos para consolidar la oferta formativa. Para el sector nodocente -que incluye las áreas administrativas y de gestión, así como la de servicios generales-, la propuesta parte por reconocer su rol central en el funcionamiento institucional y propone avanzar en procesos de profesionalización y reconocimiento. Entre las principales medidas se destacan la continuidad de concursos bajo criterios de transparencia, la elaboración de un manual de funciones que ordene tareas y responsabilidades, y la creación de instancias de tutoría para nuevos agentes. Asimismo, se promueve su integración en proyectos de investigación y extensión. En relación con el estudiantado, el espacio plantea políticas orientadas a mejorar la permanencia y el egreso. Entre ellas, se incluye una mayor flexibilidad en la organización de cursadas para quienes trabajan, el desarrollo de estrategias pedagógicas para los primeros años y la incorporación de la extensión como parte de los planes de estudio. También se propone un plan de acompañamiento para estudiantes de posgrado que facilite la finalización de tesis y trabajos finales. De manera transversal, la plataforma impulsa una modernización institucional basada en tres ejes: la transparencia en la gestión, la publicación anual de balances; la transformación digital y la creación de un boletín oficial digital; y el fortalecimiento del vínculo con la sociedad, con especial énfasis en la articulación con el nivel medio y la presencia de las ciencias humanas en la agenda pública. Desde Horizonte Humanidades señalaron que el proyecto busca consolidar una gestión “concreta y participativa”, orientada a responder a las necesidades reales de la comunidad académica y a fortalecer el rol de la Facultad en su entorno social. Candidatos El candidato a decano es el profesor Aldo Avellaneda, licenciado en Comunicación Social y doctor en Ciencia Política e investigador del CONICET.Al Consejo Directivo.Profesores titulares: Ana María D’Andrea, Mercedes Oraisón, Guillermo Vega, Patricia Snaider, Javier Alegre y Adrián Almirón.Claustro de adjuntos: Gabriela Barrios y Paola Barrios.Claustro de auxiliares: Noelia Moreyra y Laura González Foutel. Las elecciones a consejeros se realizarán el lunes 20 de abril, luego los consejeros deberán elegir el nuevo decano el jueves 7 de mayo.
En un clima de máxima tensión regional, el primer buque cruzó el estrecho con aval de Irán, coincidiendo con una tregua con EE.UU. que genera expectativas de una tregua en las hostilidades. Irán ha decidido suspender el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz a raíz del ataque israelí contra el Líbano, según informó la agencia de noticias semioficial Fars. La medida se produce en un contexto de alta tensión en la región, donde las relaciones entre Irán e Israel continúan deteriorándose. A primera hora del miércoles, el primer buque logró cruzar el estrecho con el “permiso” de Irán, coincidiendo con el inicio de una tregua entre Estados Unidos e Irán, lo que generó expectativas sobre una posible disminución de las hostilidades. Además, el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic reportó que se habían reanudado los movimientos de embarcaciones en el estrecho tras el alto el fuego. Sin embargo, la decisión de Irán de restringir el paso de petroleros podría tener implicaciones significativas para el comercio global de petróleo, dado que este estrecho es uno de los pasajes marítimos más importantes del mundo para el transporte de crudo. NA
Leandro Zdero encabezó una serie de reuniones con intendentes de distintas localidades chaqueñas para reforzar la articulación entre el Gobierno provincial y los municipios. En esta oportunidad, estuvieron la intendente de Laguna Blanca, Claudia Panzardi; el jefe comunal de Corzuela, Rafael Carrara; y Vicente González, de Nueva Pompeya. El mandatario provincial recibió a jefes comunales para analizar necesidades específicas de cada localidad, coordinar acciones y consolidar una agenda basada en el trabajo conjunto y la cercanía con el territorio. El Gobernador estuvo acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, y el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios. En ese contexto, subrayó la importancia de sostener este tipo de espacios de diálogo: “Impulsamos un Estado presente, que articula con cada municipio, escucha y da respuestas concretas para mejorar la calidad de vida de los chaqueños”. Además, destacó que estas reuniones permiten optimizar el uso de recursos, planificar políticas públicas y garantizar la continuidad de proyectos con impacto directo en el interior provincial. Desde el Ejecutivo señalaron que esta dinámica continuará de manera periódica, con el objetivo de consolidar una gestión basada en el diálogo institucional, la planificación conjunta y la atención directa a las demandas locales.
Le cobraron un adelanto y pactaron un financiamiento a un año. Hizo una operación similar con la propiedad de Parque Chacabuco. El juez Lijo ordenó allanar la inmobiliaria que vendió la propiedad y lograr identificar a un hombre mencionado como “Pablo”.. La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros u$s 200.000 financiados en 12 cuotas sin interés. Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes están citadas a prestar declaración testimonial el jueves. Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni hizo la compra. Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía. Ordenaron allanamientos en la inmobiliaria y buscan identificar al misterioso “Pablo” La medida apunta a reconstruir la operación de compra de un departamento y determinar el origen de los fondos, mientras la Justicia intenta establecer el rol de un intermediario aún no identificado en el expediente La Justicia ordenó allanar la inmobiliaria Rucci en sus sucursales de Liniers, Mataderos y Villa del Parque. El procedimiento, dispuesto en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito, apunta a obtener información sobre la compraventa del departamento ubicado en la calle Miró 550 y a identificar a un hombre mencionado como “Pablo”. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, es el principal investigado. La orden busca esclarecer quiénes participaron en la operación y cómo se financiaron los pagos. En el expediente, adquirido por Adorni y su esposa Betina Angeletti, figuran préstamos de sumas elevadas efectuados por cuatro mujeres. La sospecha es que estas transferencias no serían créditos hipotecarios convencionales. Fuentes judiciales precisaron que la división antifraudes de la Policía Federal fue la encargada de notificar a las sucursales de Rucci. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita encabezaron el operativo. Infobae
El hecho ocurrió anoche en una vivienda del barrio San Cayetano, de Sáenz Peña. Un hombre de 77 años denunció haber sido amenazado pasadas las 21 por su hija en el interior de su domicilio ubicado en la chacra 74 del barrio San Cayetano de la ciudad de Sáenz Peña. Según el testimonio del denunciante su hija se presentó en la vivienda acompañada por otras dos personas. Al solicitarles que se retiraran, la mujer reaccionó de manera agresiva, comenzando a arrojar objetos dentro del inmueble. En ese contexto, el hombre manifestó que su hija lo amenazó de muerte, por lo que decidió retirarse del lugar y pedir ayuda ante la situación. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. El hombre radicó la denuncia correspondiente y su hija fue detenida. Cabe mencionar que esta joven ya había sido detenida recientemente cuando intento provocar desmanes en la dependencia policial y agredir al personal, hechos que fueron registrados y que circularon en las distintas redes sociales.
El Gobierno argentino ha interrumpido el envío a los consulados los kits de ADN necesarios para que puedan tomar muestras de sangre personas que dudan de su identidad, viven fuera de su país y sospechan ser hijos de desaparecidos de la última dictadura (1976-1983), según denunciaron a EFE integrantes de la Red Internacional en Europa de Abuelas de Plaza de Mayo. Lila Parrondo, psicóloga e integrante de la red Europea por el Derecho a la Identidad de Abuelas en Madrid desde hace 25 años, sostiene en una entrevista con EFE que uno de los argumentos del Gobierno argentino para justificar la interrupción de esta política es que «no se puede custodiar la muestra de forma que tenga validez judicial». «Llevamos desde el 2005 mandando muestras y nunca hubo problemas; siempre llegaron bien y tuvieron validez», añade. Desmantelamiento del envío de kits de ADN El envío de kits de ADN a los consulados para facilitar análisis de identidad se estableció en Argentina hace 20 años y, ahora, con su desmantelamiento, deja sin alternativa a quienes no pueden costearse un viaje a Buenos Aires para realizar la prueba. Esta política, relanzada en 2021, bajo el lema «Argentina te busca», invitaba a las personas que dudan de su identidad a acercarse a los consulados y recibir asesoramiento. Además, habilitaba la extracción de sangre en territorio argentino, frente a autoridades argentinas, es decir en las sedes consulares, con el kit de ADN que Cancillería enviaba a través de valija diplomática. Jorge Ithurburu, coordinador de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en Roma, asegura a EFE que, desde la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, se interrumpió el diálogo con las sedes consulares y no se enviaron kits de ADN por fuera de la vía judicial: «Cancillería está desarticulada y media CONADI (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad) también, nadie lo va a mandar», agrega. La Agencia EFE intentó confirmación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina, pero sus portavoces rehusaron pronunciarse desde Buenos Aires sobre este asunto. CríticasClaudia Carlotto, hija de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y exdirectora ejecutiva de la unidad especial de investigación de CONADI, manifiesta a EFE que «toda la política con respecto al tema de derechos humanos fue de degradarla, denigrarla, desautorizarla con una falta de respeto total hacia las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, los familiares y los hijos». Así mismo, Josefina Nacif, una trabajadora despedida de la desmantelada Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería Argentina, señaló a EFE que, «no hay intención institucional de trabajar conjuntamente, al contrario». «Hoy hay un Gobierno que no solo es negacionista, sino que reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio», afirmaron las Madres y Abuelas el pasado 24 de marzo en un acto en la Plaza de Mayo. Una red internacional para buscar a los hijos de los desaparecidos En Argentina, el robo de bebés de desaparecidos por los militares durante la dictadura es considerado un delito imprescriptible desde 2007: «No prescribe porque hasta que no recupere la identidad el último de los nietos, el delito se sigue perpetrando en él o ella y también en sus hijos», detalla Parrondo. Desde la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, aseguran que cerca de 400 bebés fueron robados por la dictadura a sus progenitores, por eso se creó una red de búsqueda en el exterior bajo el amparo del Estado argentino. El área de Memoria, Verdad y Justicia de la Cancillería, solo entre 2005 y 2019, «gestionó 110 extracciones de sangre a través de CONADI en el exterior y otras 46 a pedido del Poder Judicial», afirma Nacif. La función de la red de las Abuelas en el exterior es orientar a las personas en el proceso de búsqueda que, hasta ahora, fundamentalmente contactaban con CONADI, organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia que iniciaba las investigaciones para instruir a la Dirección de Derechos Humanos de Cancillería en los pedidos y avanzar con la toma de muestras de ADN en las sedes consulares. La red internacional de la Asociación está establecida en Madrid, Barcelona, Roma, París, Estados Unidos y Canadá, explica a EFE Martín Moze, integrante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) Barcelona, que sostiene que en estos momentos «hay alrededor de 20 personas con su identidad vulnerada (no necesariamente hijos de desaparecidos) que pueden estar viviendo en España». Si bien, la vía judicial aún puede instruir a Cancillería para que realice en los consulados las muestras de ADN dentro de una investigación penal en el exterior, los recortes de Milei en materia de derechos humanos obstaculizan la búsqueda en el extranjero, denuncian las fuentes. Degradación en materia de Derechos Humanos El desmantelamiento más visible es la degradación y los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio Nacional de Justicia, junto con la consecuente erosión de la CONADI bajo la órbita de esta cartera. Claudia Carlotto, quien estuvo al frente de la CONADI 32 años y fue obligada a jubilarse asegura: «Esa unidad fue diluida, desecha por decreto y mi cargo fue también eliminado». «A todas las compañeras de Dirección de Derechos Humanos (de la Cancillería), las echaron. No tenemos más interlocutor», denuncia desde Roma Jorge Ithurburu. Nacif, quien trabajó 18 años en Cancillería como interlocutora con la CONADI, el Banco Genético, los consulados y las organizaciones civiles, fue despedida en diciembre del año pasado, al igual que todas las compañeras que constituían esa cartera, según denuncia. «Siempre hubo una interlocución y ahora (…) la rompieron. Ya no les interesa, creen que no hay que trabajar en esto, sino todo lo contrario», sostiene a EFE. A pesar de todos estos obstáculos, Moze se muestra optimista: «Si ellas pudieron encontrar a nietos en plena dictadura, nosotros tenemos la convicción de que vamos a seguir buscando y encontrando a nuestras hermanas y hermanos».
Este viernes 10 de abril, a las 21, en El Fogón de los Arrieros (Brown 350) se presentará “Sumotori”, nuevo libro de creación conjunta entre la artista nikkei Jarumi Nishishinya y el escritor Pablo Black. La presentación estará a cargo de Alejandra Reyero y Lucas Brito Sánchez. La entrada es libre y gratuita. “Sumotori” presenta dibujos y pinturas de Nishishinya y el cuento “En el suelo y abrazados”, de Black. Al finalizar la charla los presentes podrán disfrutar de un brindis y música a cargo de un DJ. El libro fue editado por el sello Samuhú y cuenta con epílogo de Rocío Navarro. Esta es la segunda entrega de una trilogía entre Nishishinya y Black. Para el 2027 se espera la tercera parte. La primera fue el libro “Té”, publicado en 2024. Dice Navarro en el epílogo: “Sumotori no es un cuento ilustrado, ni un libro de arte visual al que se le sumó un relato. En este libro, las imágenes no aportan sólo lo suyo, sino que también abonan un paisaje sonoro presente en el relato y perfilan el tono emocional. Desde el texto se despliega un sentido del humor necesario para contemplar -sin caer en depresión- el ocaso de quienes se aferran a una identidad que carga un destino trágico: ‘entregarse sin reparos ni miramientos, a la disipación’”.
La diputada provincial del Frente Renovador, Katia Blanc, presentó un proyecto de ley que apunta a garantizar mayor claridad en las facturas de energía eléctrica y agua potable en la provincia, tanto para hogares como para pequeñas y medianas empresas. La iniciativa establece que las empresas prestatarias deberán incluir en las boletas información “clara, suficiente, veraz y fácilmente comprensible” sobre la composición de las tarifas, incluyendo consumo, impuestos, cargos adicionales, subsidios y variaciones respecto del período anterior. En los fundamentos, Blanc advierte que en el contexto económico actual “los servicios públicos representan una porción cada vez más significativa del presupuesto de los hogares y de las micro, pequeñas y medianas empresas”, pero señala que “con frecuencia las facturas presentan información técnica fragmentada o poco clara”. “Podés saber el precio del dólar en tiempo real. ¿Por qué no podés saber cuánto te va a venir la luz?”, afirmó. Según la legisladora, esta situación “dificulta la comprensión de los cargos aplicados y de las variaciones tarifarias” y “genera incertidumbre en los consumidores”, lo que además “limita el ejercicio efectivo del derecho a reclamar” . El proyecto también obliga a informar aumentos con al menos 30 días de anticipación y propone crear una herramienta digital de simulación tarifaria de acceso público para estimar el impacto de cambios en las boletas. Blanc sostiene que el objetivo central es “fortalecer la transparencia tarifaria”, permitiendo que usuarios y PyMES “puedan conocer con claridad la composición de los montos facturados, las variaciones aplicadas y los motivos de eventuales incrementos”. De sancionarse la norma, la autoridad de aplicación serán SECHEEP y SAMEEP, mientras que los incumplimientos quedarán sujetos a sanciones bajo la normativa vigente de defensa del consumidor.
Alexis Hasen era empleado del directorio cuando pidió licencia para asumir en el Concejo Deliberante. Fuentes de la institución hablan de información privilegiada y excepciones. El caso del concejal libertario de Luján Alexis Hasen, un joven de apenas 28 años, podría aportar información relevante sobre cuál fue la maniobra y el criterio detrás de los millonarios préstamos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a representantes del oficialismo, tanto a nivel ejecutivo como legislativo. El capítulo bonaerense del escándalo Banco Nación recién empieza. Hasen empezó como radical. Solía hacer orgullosa referencia a su abuelo materno de ña , el ex delegado de Open Door Ignacio Wendler, y hasta presidió la juventud de ese partido. Fue uno de los impulsores del acuerdo con el Pro en el distrito, pero no consiguió entrar al concejo deliberante ni en 2015 ni en 2019. Tras varios años de ostracismo, lo logró finalmente en 2025. Cuando saltó al espacio violeta Hasen borró de sus redes sociales todos los posteos vinculados a su pasado radical, lo que generó un fuerte enojo de sus ex correligionarios. El camaleónico concejal accedió en marzo de 2025, siendo asesor del directorio, a un crédito hipotecario por $221 millones, mientras que su madre, empleada administrativa del mismo Banco Nación, recibió otros $203 millones en el mismo período. Ambos suman financiamiento por $425 millones, equivalente a poco menos de USD400 mil al tipo de cambio oficial de ese momento. Hasen por ahora paga las cuotas pero su madre, Nancy Lorena Wendler, ya dejó de hacerlo y está calificada como morosa. Al momento de la operación, Hasen era planta permanente del banco, de manera que en su caso las objeciones no vienen de la falta de estabilidad laboral. Por edad, antecedentes comerciales e ingresos, Hasen podría haber accedido en condiciones normales a un préstamo de la mitad del monto, como para comprar un departamento de dos ambientes o tres en una zona más periférica. Hasen trabajaba como asesor en el área de Directorio, donde se elaboró la ingeniería que hizo posibles estos préstamos. Para todos los bancos, públicos y privados, la estabilidad laboral y profesional es uno de los ítems de mayor relevancia a la hora de definir la aprobación o el rechazo de una solicitud de hipoteca. Sin embargo, a fines de 2024, el directorio del Nación, encabezado por Daniel Tillard, emitió una resolución modificatoria de este punto, para permitir el acceso a funcionarios. El descalce que genera la circular es evidente: un funcionario dura en su puesto cuatro años en el mejor de los casos, las hipotecas se emiten a un plazo de treinta. Por eso el Bapro no otorga préstamos de esa naturaleza a funcionarios ni legisladores y el Banco Nación no lo hizo anteriormente. El banco no está obligado a publicar sus circulares ni resoluciones en el Boletín Oficial. La tesis más firme es que esa resolución se aprobó, firmó y cajoneó. Hasen, que por su tarea tuvo acceso a información privilegiada pudo haber recibido los dos préstamos, el propio y el de su madre, a pesar de su nulo récord crediticio previo, como contraprestación por guardar silencio. Esa circular salvaría formalmente el requisito de la estabilidad laboral. Permitiría evitar que avance la denuncia penal, pero multiplica el escándalo político. Por esos mismos meses, el directorio hablaba de cerrar sucursales y despedir empleados para reducir el costo operativo del banco, mientras otorgaba préstamos millonarios que excedían largamente la capacidad de repago de sus beneficiarios. Un caso de doble discurso nivel Adorni. Queda por desentrañar la cuestión de los montos. Según fuentes sindicales, a ningún gerente de sucursal ni de área le alcanza con su firma para autorizar esas operaciones. Desde el área de prensa del Banco, en cambio, sostienen que no hubo excepciones, que todo el trámite es digital y que trabajan en una presentación judicial. Hasen pidió licencia en el banco y percibe una dieta como concejal de unos cinco millones de pesos: la cuota de su préstamo supera el cincuenta por ciento de sus ingresos formales. Curiosidades Otro dato resulta curioso. La aplicación Cuantodeben.visualizando.ar permite comparar el monto total adeudado por cada legislador, la fecha y la entidad con la que tomó la deuda. Sólo diputados libertarios como Alejandro Carrancio (Buenos Aires), Alfredo González (Jujuy) tienen deudas contraídas con el Banco Nación durante el último año superiores a 200 millones de pesos. Lo mismo ocurre con el formoseño Gerardo González, hoy en Innovación Federal, pero electo en 2023 por La Libertad Avanza. El récord, arriba de 300 se lo lleva el antiderechos bonaerense Santiago Santurio. En la nómina también hay aliados, como la catamarqueña Fernanda Ávila, presidenta de la estratégica comisión de Minería, que le debe al banco público más importante cerca de 150 millones. Página/12
Página/12 pudo confirmar que un expositor integró la SIDE, al menos, entre 2002 y 2020. En la actualidad, mantiene un reclamo en el fuero de la seguridad social para que se le reconozca un plus por “trabajos extraordinarios”. Más de 100 mil personas se inscribieron para participar de las audiencias públicas sobre la ley de glaciares —que se votará el miércoles en la Cámara de Diputados—, pero fueron pocas las que pudieron exponer. Entre los seleccionados estuvo un espía que se presenta como referente de una organización ambientalista de la zona sur del Gran Buenos Aires, según pudo reconstruir Página/12. El 25 de marzo, la Cámara de Diputados empezó a discutir la reforma que plantea el Gobierno. Todo fue con un Congreso vallado. Habían pasado siete horas de exposiciones cuando llegó el turno de Hugo Maximiliano Monico. Se presentó como presidente de Green Marathon y explicó que la organización tiene sede en Guernica, provincia de Buenos Aires. Monico habló durante unos cinco minutos y cerró con un pedido para que se rechace la reforma de la Ley 26.639. “Sin glaciares no hay agua y sin agua no hay vida”, afirmó, y cosechó varios aplausos. Horas después, Monico publicó su intervención en sus redes sociales personales y en las de Green Marathon, donde también recibió mensajes de aprobación. Sin embargo, este hombre —que se presenta como experto en relaciones públicas, producción y fotografía— no menciona que integró durante años la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Después de su intervención en el Congreso, empezó a circular la versión de que podría tratarse de un agente de los servicios. Página/12 pudo comprobar que una persona con su nombre y su Documento Nacional de Identidad (DNI) inició un reclamo ante el fuero de la seguridad social en 2022, en el que pretendía el pago de un retroactivo por “trabajos extraordinarios”. Allí se presentaba como retirado de la Secretaría de Inteligencia o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), denominación que tenía entonces la actual SIDE. El 7 de febrero de 2024, la AFI informó en ese expediente que Monico había percibido una compensación por “trabajos extraordinarios” desde el 15 de febrero de 2002 hasta el 30 de noviembre de 2020. La Dirección de Asuntos Jurídicos (DAJ) del organismo también señaló que se le otorgó la baja el 1 de diciembre de 2020 y argumentó que ese ítem se encontraba incorporado a su jubilación. En el expediente —al que se puede acceder desde la web sin restricciones— figuran recibos de sueldo a nombre de Monico. Es posible que Monico sostenga que se encuentra retirado de la SIDE. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio consideran que podría desempeñarse como inorgánico o prestar servicios para otros organismos de inteligencia. Llamó la atención que haya logrado un lugar para exponer cuando miles quedaron afuera, en medio de una fuerte tensión con el oficialismo. En las redes sociales de Monico puede verse que su inserción en la militancia ambientalista se produjo cuando aún estaba activo en la AFI. Por ejemplo, en Facebook afirma que en 2017 ejercía como coordinador de “Elephants’ Helpers Argentina”. Para esa época también se presentaba como camarógrafo o fotógrafo del canal Crónica. En esa misma red social puede leerse que se desempeña como presidente de Green Marathon desde 2024. La organización tiene publicaciones en Instagram desde octubre de 2023 y su sitio web está activo desde el año pasado. Pocos días después de su exposición ante la comisión de Diputados, Monico fue entrevistado por el programa Enfocados, que se emite por La Radio de Korn (91.3). Allí le preguntaron por la historia de Green Marathon y situó su creación “oficial” en octubre de 2024. “Hace muchos años que vengo haciendo trabajos ambientales, siempre como voluntario, nunca como protagonista. Estuve viviendo unos años en Capital Federal. Cuando vuelvo acá por cuestiones de la vida —se refiere a Guernica— me encuentro con que había cosas que no estaban muy resueltas y dije ‘bueno, empecemos a trabajar’”, afirmó durante la entrevista. El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que el Gobierno de Javier Milei envió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI) señalaba como grupos de interés para los servicios a los “actores estratégicos, vinculados a organizaciones ambientalistas, con capacidad de incidir en la toma de decisiones”, según el documento que reveló en junio pasado la revista Crisis. Con su intervención en la Cámara de Diputados, Monico se vinculó precisamente con grupos ambientalistas que inciden en la agenda pública nacional. Incluso, en la entrevista con el medio zonal, relató que tras su exposición se le acercó el diputado libertario Nicolás Mayoraz para pedirle los datos que había aportado. Existen distintos antecedentes de agentes de inteligencia que se insertaron en organizaciones sociales. En 2020, el juez Alejo Ramos Padilla investigó el llamado “Proyecto AMBA”, implementado por la AFI en la provincia de Buenos Aires durante el macrismo. En esa causa surgió que los espías relevaban información sobre organizaciones sociales y que se dedicaban al espionaje político. Ramos Padilla mencionó incluso el caso de un agente que se infiltró en una organización y prestaba un local para realizar reuniones. En la previa de un encuentro, mientras colocaba micrófonos y cámaras, cayó desde el techo y debió tramitar el accidente a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), lo que dejó documentada su actividad. Pese a la evidencia, la investigación sobre el Proyecto AMBA no avanzó tras la intervención de la Cámara Federal de Comodoro Py. Existe otro caso de infiltración en un medio de comunicación alternativo que terminó en condena, luego confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de Américo Balbuena, integrante del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal Argentina (PFA), quien se infiltró en la Agencia Walsh. Balbuena se hacía pasar por movilero de la agencia. Tenía varias ventajas: horarios flexibles, disponibilidad de una moto para desplazarse e ingresos para cubrir gastos como el combustible —algo poco frecuente en la comunicación alternativa—. Esas