La intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, cuestionó el reparto de recursos en 2023 y aseguró que la actual gestión provincial distribuye fondos “sin distinción política”. En declaraciones a CIUDAD TV, la intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, denunció presuntas irregularidades en la asignación de recursos a municipios durante el final de la gestión del exgobernador Jorge Capitanich, y destacó un cambio de criterio en la administración actual encabezada por Leandro Zdero. Seifert aseguró que, tras las elecciones de 2023, se realizó un “operativo retirada” mediante el cual se habrían transferido importantes sumas de dinero a municipios alineados políticamente con el oficialismo saliente. Según indicó, el decreto 3614, firmado el 6 de diciembre de ese año, dispuso el desembolso de 635 millones de pesos en concepto de Aportes No Reintegrables (ANR) destinados exclusivamente a intendencias oficialistas. “Fue una forma de blindar económicamente a esos municipios y condicionar la gestión entrante”, afirmó la jefa comunal, quien además señaló que esos fondos no se habrían otorgado bajo criterios de emergencia o necesidad, sino para cubrir gastos corrientes. Como ejemplo, comparó la situación de su municipio con otros de similares características. “Pampa del Infierno recibió apenas 15 millones por un temporal que dejó graves daños, mientras que localidades como Taco Pozo percibieron más de 250 millones en el mismo período”, sostuvo. En ese sentido, indicó que al analizar la distribución de fondos durante 2023, el único patrón observable fue el alineamiento político de los municipios beneficiados. “Querían vaciar la caja de la provincia y dejarle una bomba de mecha corta al nuevo gobierno”, expresó. Por otro lado, Seifert valoró la gestión del actual gobernador Leandro Zdero, destacando la restitución del 2% de coparticipación que, según explicó, había sido descontado en administraciones anteriores. También aseguró que los adelantos financieros se otorgan “sin discrecionalidad” y que la asistencia llega a municipios independientemente de su color político. “Hoy hay un criterio institucional. Se ayuda a todos por igual, incluso a intendentes opositores en situaciones complejas”, afirmó. En esa línea, mencionó casos recientes de asistencia a distintas localidades y remarcó que el gobernador “recorre todos los municipios y lleva obras sin distinción”. Finalmente, la intendenta cuestionó las críticas actuales de algunos jefes comunales opositores sobre la falta de recursos. “Muchos gobernaban en base a ANR y hoy, sin esos fondos discrecionales, plantean dificultades para gestionar”, concluyó.
Autor: Redacción General
En un contexto global que analiza el alto al fuego en Medio Oriente, el tipo de cambio oficial se mantiene estable este miércoles mientras el Banco Central busca continuar las compras en el mercado. El mercado cambiario cae de forma generalizada. Este miércoles el dólar oficial abre por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista, pero la mirada se centra en los dólares financieros que, en la jornada previa, retomaron la presión alcista y ampliaron la brecha cambiaria. Además, en esta jornada, los gurúes del mercado darán a conocer sus perspectivas para el tipo de cambio los próximos meses, así como se espera una corrección del dato de inflación. Así, el tipo de cambio mayorista cae hasta los $1.385. En los tres primeros días de esta semana el dólar mayorista bajó $6,5 lejos de la suba de $11,5 registrada en la semana corta pasada. En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.413,73 para la venta, mientras que en el Banco Nación operó en $1.410. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.833. Por su parte, el dólar blue operó en los $1.390, marcando su valor más bajo en casi siete meses. En cuanto a los tipos de cambios financieros que, en la jornada previa, subieron y acrecentaron la brecha con el oficial, este miércoles comprimen. Así, el CCL se ubica en los $1.478,28 mientras que el MEP se ubica en $1.424,11. En el mercado de futuros, los contratos operaron con pérdidas en todos los plazos: en agosto el dólar mayorista se ubica en $1.528,0 y en septiembre en $1.555. Por qué subió la brecha entre el MEP y el CCL Según operadores del mercado, la menor liquidez en el segmento bursátil contribuyó a la presión sobre el CCL. En particular, incidió la reciente colocación de deuda internacional de Vista Energy por u$s500 millones, que habría absorbido parte de los dólares disponibles en el sistema. En este contexto, el Banco Central mantuvo su estrategia de intervención en el mercado de cambios. La entidad compró u$s93 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), acumulando 61 ruedas consecutivas con saldo positivo. En lo que va del año, las compras superan los u$s4.581 millones. Como resultado, las reservas brutas crecieron en u$s174 millones y alcanzaron los u$s44.442 millones. Ámbito
Los intendentes e intendentas justicialistas y diputadas y diputados del interbloque del Frente Chaqueño queremos expresar con claridad nuestra posición y preocupación frente a la crisis económica y social que impacta en la provincia y los municipios, y ante las actitudes del gobierno provincial. El comunicado completo: Somos los municipios quienes estamos sosteniendo, con recursos limitados y en un contexto crítico, las consecuencias del modelo económico que impulsan las gestiones de Milei y Zdero. No es un problema de administración local: es el resultado directo de decisiones nacionales y provinciales que están deteriorando las condiciones de vida de toda la población. En cada uno de los territorios enfrentamos diariamente problemáticas urgentes que impactan de manera directa en la calidad de vida de nuestros vecinos: servicios básicos, infraestructura, contención social, producción y empleo. Sin embargo, lejos de encontrar un Estado provincial presente y articulado, observamos una preocupante ausencia de políticas públicas que aborden estas realidades. Advertimos con claridad una falta de planificación, de articulación institucional y de decisión política para dar respuestas a las demandas de nuestra gente. Esta situación se agrava con acciones aisladas, recorridas superficiales y puestas en escena que no se traducen en soluciones concretas ni en políticas sostenidas en el tiempo. Hoy los municipios están sosteniendo, con enorme esfuerzo y recursos propios, funciones que exceden sus competencias, intentando dar respuestas donde otros niveles del Estado no llegan. Lo hacemos por responsabilidad, compromiso y cercanía con nuestros vecinos, pero es evidente que esta situación no es sostenible sin un acompañamiento real del gobierno provincial y nacional. En este sentido, señalamos: Frente a este escenario, nos resulta inaceptable seguir aceptando mansamente que los gobiernos de Milei y Zdero trasladen responsabilidades a los municipios sin el mínimo criterio de equidad, pretendiendo desentenderse de sus más básicas responsabilidades de gestión e intentando todo el tiempo echar culpa “a los anteriores” para justificar sus promesas incumplidas. Los intendentes e intendentas firmantes administramos los recursos con responsabilidad, bajo controles institucionales como el Tribunal de Cuentas, y con criterios de transparencia. No utilizamos los fondos públicos para especulación financiera ni para sostener estructuras políticas. La situación actual exige seriedad, gestión y responsabilidad política. Por lo expuesto, solicitamos al Gobernador de la Provincia que cumpla con el “Pacto Chaqueño” al que nos convocó a días de haber asumido en 2023. Los intendentes e intendentas también fuimos elegidos por el pueblo y trabajamos en defensa de nuestras comunidades. Gobernador, tenga un gesto de respeto democrático e institucional y convoque a los 70 de la provincia. Este no es tiempo para funcionarios “tribuneros”, es tiempo de asumir responsabilidades y de gobernar para todos los chaqueños. Firman:
En diálogo con CIUDAD TV, las concejalas opositoras de Resistencia, Lucila Masin y Soledad Villagra, advirtieron que de aprobarse el proyecto del edil oficialista Javier Dumrauf para cerrar la Oficina de Violencia Laboral, los empleados municipales de Resistencia quedarán sin protección ante situaciones de acoso y violencia laboral. Las concejalas Lucila Masin y Soledad Villagra advirtieron públicamente que el oficialismo del Concejo Municipal de Resistencia llevaría a la próxima sesión el proyecto para cerrar la Oficina de Violencia Laboral de la Municipalidad, una medida que contaría con los votos necesarios del bloque mayoritario para ser aprobada pese a los informes negativos de organismos técnicos provinciales, entre ellos el Consejo de la Abogacía de Resistencia y el Instituto de Género. Ambas legisladoras advirtieron que, de concretarse, los empleados y empleadas municipales quedarán sin ningún canal institucional independiente al que recurrir ante situaciones de acoso o violencia en el ámbito de trabajo. La medida impulsada por el oficialismo no solo derogaría la ordenanza que crea la Oficina, sino que dejó sin tratamiento un proyecto presentado por las propias concejalas hace nueve meses, orientado a dotar al organismo de autonomía, autarquía y presupuesto propio. “Nuestro proyecto apuntaba precisamente a que la oficina de violencia laboral pueda tener autonomía, autarquía, presupuesto propio, funcionamiento propio”, explicó Masin en diálogo con Ciudad TV, y señaló que la iniciativa fue directamente archivada sin pasar siquiera por debate en comisión. En lugar de avanzar sobre ese proyecto, el concejal Javier Dumrauf —del bloque mayoritario— presentó la eliminación del organismo y su reemplazo por un convenio externo entre el Ejecutivo y el Legislativo provincial. Villagra recordó que ese esquema de cooperación ya existía antes de la creación de la Oficina y que, en los hechos, representa un retroceso: los trabajadores que sufrieran acoso o violencia laboral deberían reportarlo ante su propio superior jerárquico, sin ninguna instancia independiente que garantice protección. “Desfuncionalizaron la oficina, transfirieron ese rol al Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría de Legal y Técnica. Por lo tanto, los trabajadores debían, al superior, informar que eran víctimas de acoso laboral”, graficó Masin. “Vaciamiento gradual” El proceso de vaciamiento, según describieron las concejalas, fue gradual. Desde el inicio de la actual gestión, cuatro de los profesionales que integraban el equipo de la Oficina fueron incluidos en el universo de los 432 empleados municipales suspendidos el 24 de marzo, fecha que las legisladoras no dejaron de señalar como simbólica. “Por un lado dicen no hay personal, y asumen y a los dos meses de asumir echan 432 empleados. La verdad que entre los 432 había muchísimos profesionales, y parte de estos profesionales estaban en la Dirección de Violencia Laboral”, afirmó Masin. Las denuncias recibidas por la Oficina, lejos de disminuir, habían crecido un 200% desde el inicio de la nueva gestión municipal, y el 60% correspondía a cargos directivos. Esa cifra fue suministrada por la propia directora del organismo ante una interpelación de las concejalas en comisión, y evidencia, a juicio de Masin y Villagra, que la necesidad del organismo es mayor que nunca en el momento en que se pretende suprimirlo. Ante la falta de un espacio institucional operativo, las propias concejalas terminaron absorbiendo denuncias de empleados que no encontraban otro lugar al que acudir. “Terminábamos nosotras absorbiendo las denuncias de los empleados por miedo, por persecución”, reconoció Villagra, quien señaló que en la actualidad deben derivar esos casos directamente a la policía o a la fiscalía ante la ausencia de una oficina que los contenga. El trasfondo político del cierre tampoco fue eludido. Masin trazó una línea directa entre la decisión municipal y el clima general de ajuste de derechos laborales a nivel nacional: “Hay una matriz de pensamiento que a nivel nacional restringe enormemente los derechos de los trabajadores. Acá pasa exactamente lo mismo.” Y fue más directa aún al caracterizar la motivación del oficialismo: “Lo que quieren es precisamente sacarse un problema, invisibilizar el ejercicio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.” Ambas concejalas también cuestionaron las formas del debate legislativo. Según relataron, en comisiones y en sesión el bloque mayoritario justificó sus decisiones con un único argumento: el de haber ganado las elecciones. “Cuando nosotros queramos discutir algún tema, tenemos que ganar elecciones”, fue la respuesta que recibieron, según denunció Masin. Para las legisladoras opositoras, esa lógica configura una fragilidad institucional grave: “Hay una fragilidad enorme en términos institucionales y en términos de garantías del funcionamiento democrático”, sostuvo, e insistió en que el rol de los representantes electos es defender a la ciudadanía y escucharla, no imponer una agenda con quórum propio. El inminente cierre de la Oficina de Violencia Laboral se convierte así, para Masin y Villagra, en el símbolo más visible de un patrón más amplio: el de una gestión que, a su entender, avanza sobre derechos conquistados sin disposición al diálogo y sin rendir cuentas técnicas ni políticas. “Todos los informes hablan puntualmente de un retroceso en derechos humanos”, concluyó Masin. “Eso no es una cuestión solo política. Es lo que venimos sosteniendo hace muchos años.”
El índice que mide el banco J.P. Morgan baja ahora a su menor valor desde principios de marzo. Antes de que EEUU e Irán llegaran a una tregua por 15 días, la performance argentina era la más riesgosa de América Latina (excepto Venezuela). Estados Unidos e Irán alcanzaron una tregua que permitirá un alto el fuego en Medio Oriente por 15 días. En ese contexto, las bolsas rebotan y el valor del barril del petróleo descomprime con fuerza. Así, Argentina recibe el buen humor internacional y el riesgo país local logra bajar de los 600 puntos básicos y alcanza el menor valor desde principios de marzo. Ante esto, desde la city, analizaron cuánto viento a favor podría traer el factor externo y cómo incidirá la situación económica local en la evolución del indicador de riesgo. El 6 de abril, un día antes de la fecha de ultimátum que Donald Trump le impuso a Irán para que definan un principio de acuerdo, Argentina lideraba la lista con el riesgo más alto de Latinoamérica (611 puntos), seguida de cerca por Bolivia (563) y Ecuador (476). Para tener de referencia, cabe resaltar, que el promedio Latinoamericano es de 301 puntos y el promedio Global se ubica en 253. Países como Colombia, México y Brasil se sitúan por debajo del promedio regional. En el extremo opuesto, Uruguay se consolida como la economía más estable con apenas 76 puntos, seguido por Chile (100) y Paraguay (125). Una mención especial merece el caso de Venezuela, país en el cual el riesgo país es de 6.398,78 puntos, el único que se ubicaría encima de Argentina. La pregunta, entonces, es: tras la caída inicial en la rueda de este miércoles impulsada por la repercusión de la tregua en los mercados globales, ¿cuánto más puede comprimir el riesgo país argentino? Es decir, ¿pesará más la noticia global o los factores propios de la economía local? Juan Ignacio Márquez, Equity y Fixed Income Analyst de Delphos, le dijo a Ámbito: “El riesgo país se encuentra actualmente condicionado casi exclusivamente por factores internacionales, mostrando una elevada correlación con la dinámica de los spreads soberanos y corporativos globales en respuesta a los riesgos asociados a los conflictos en Medio Oriente y su impacto sobre la curva de tasas en Estados Unidos. En ausencia de novedades locales relevantes, los determinantes domésticos han quedado transitoriamente relegados”. Por su parte, Gabriel Bagattini, asesor financiero y creador de Finanzas con Gabriel, también en charla con este medio, agregó: “Tras el alto al fuego, el riesgo país argentino puede comprimir en el corto plazo por mejora global del apetito por riesgo y baja del petróleo. Pero en Argentina la mayor parte de la compresión sostenible no la define Medio Oriente, sino la macro local: reservas, régimen cambiario, disciplina fiscal y credibilidad política. Lo internacional ayuda; lo local define el piso”. En cuánto hasta donde podría comprimir, Márquez aseguró que “de normalizarse el escenario geopolítico y disiparse los factores de incertidumbre, no puede descartarse una compresión gradual del riesgo país hacia la zona de los 500 puntos básicos nuevamente”. Bagattini, por su parte, también hizo su pronóstico: “Mi impresión es que puede bajar algunas decenas de puntos si sigue el alivio externo, pero para buscar niveles de 400 o menos necesita señales locales mucho más contundentes”. Ámbito
La motosierra de Javier Milei en el organismo es impulsada por el presidente del mismo, Nicolás Bronzovich, por presión de la Casa Rosada, pero el Consejo Directivo no lo aprobó. “Parece armado por chicos de jardín de infantes”, dicen en el INTA. El plan de 1.500 retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) parece haber quedado en stand by, porque el gobierno no explicó de dónde saldrán los fondos para solventar la medida. Claro, es que la decisión va a dos velocidades. La del ministro Luis Caputo, de Federico Sturzenegger y del propio Javier Milei que lo mandan al presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, a imponer “cómo sea” el ajuste en el organismo científico (y al que Bronzovich responde sin titubear), y el de la realidad en la que no están los fondos para sostener una erogación de esa magnitud para efectuar los despidos. “No hay plata” Fue por eso que el Consejo Directivo (bastante proclive al ajuste que impone la política libertaria, por cierto) le puso reparos en su última reunión al plan de Retiro Voluntario para el personal de planta del organismo, que según Bronzovich iba a estar operativo a partir de abril. Pues bien, no será así. Los consejeros se negaron a aprobarlo porque no estaba garantizado el origen de los fondos necesarios para pagar a quienes decidieran retirarse del INTA, que se presume será una gran cantidad de investigadores puesto que ya casi no tienen recuerdos para continuar con sus trabajos normales. “Parecía armado por chicos de jardín de infantes”, ironizan en el Consejo Directivo sobre los nuevos responsables del área de Administración del INTA designados por Bronzovich, ya que desconocen todavía muchos mecanismos institucionales y por ahora fracasaron en la implementación de este nuevo retiro, según consignó el medio Bichos de Campo. Cierre de 14 Agencias de Extensión en el INTA Por su parte, desde el Consejo si accedieron a avanzar con el cierre de 14 Agencias de Extensión allanándole el negocio inmobiliario al empresario amigo de Milei, Eduardo Elsztain. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que reúne a representantes de la Mesa de Enlace, los grupos CREA, las Universidades y el Gobierno, avaló el cierre de 14 agencias de extensión (AER) en Buenos Aires y Córdoba. La medida también está impulsada por el presidente del INTA Nicolas Bronzovich, pero tiene en la otra punta del ovillo a Eduardo Elzstain, el empresario inmobiliario más importante del país, que es amigo de Milei y que tiene a Nicolás Pakgojz al frente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Negocio redondo. Un negocio que esperaba el amigo de Milei, Eduardo Elsztain Así, el Consejo Directivo del organismo científico, adicto a las políticas libertarias de ajuste y desmantelamiento (mientras dicen en los medios que apoyan la ciencia), le dejó servido el negocio inmobiliario al empresario amigo de Javier Milei, que viene presionando y haciendo lobby desde su asunción a fines de 2023. De acuerdo a lo votado en el orden del día 612, y tal como figura en el punto 4.03, el Consejo Directivo resolvió suprimir de la estructura organizativa del INTA las Agencias de Extensión Rural de los Centros Regionales Buenos Aires Norte, Buenos Aires Sur y Córdoba que ya habían sido señaladas previamente dentro del plan de ajuste. En esa propuesta se establece que, en el caso de Buenos Aires Norte dejarán de existir las agencias de Vedia y Rojas, mientras que para la región Sur se avanzará con otras nueve clausuras: Laprida, Lamadrid, Benito Juárez, Lobería, Otamendi, Necochea, Balcarce, Mayor Buratovich y Saladillo. El cierre de más espacios de investigación en el INTA En cuanto al centro regional de Córdoba, se considera dar de baja las agencias de extensión de Oncativo, La Carlota y Ucacha. Entre los centros regionales de ambas provincias, son un total de 14 agencias que desaparecerán tras la decisión del cuerpo de gobernanza. La decisión se suma a otros 10 cierres ya oficializados: la agencia de Sáenz Peña, ubicada en suelo chaqueño, y la totalidad del Centro Regional INTA Amba, con sus 9 dependencias de extensión rural. De acuerdo a lo que consta en la “propuesta integral de Adecuación y Fortalecimiento de los Recursos Humanos en INTA” – en otras palabras, la hoja de ruta para los recortes en el organismo -, el plan definitivo alcanza la eliminación de 48 agencias de diferentes centros regionales, es decir unas 24 más. En caso de concretarse, eso dejaría un total de 252 sobre 299 que había originalmente. Infogremiales
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, mantuvo un encuentro en La Plata con los dirigentes Emilio Monzó y Nicolás Massot, en una reunión que adquirió relevancia política hacia adelante, por tratarse de dos referentes del macrismo durante la gestión de Mauricio Macri. El encuentro se realizó en la sede de la Gobernación bonaerense, en la ciudad de La Plata, y aunque desde el entorno del mandatario lo encuadraron como parte de conversaciones habituales, lo llamativo radica en el perfil de los visitantes: ambos ocuparon roles clave en el Congreso durante el gobierno de Juntos por el Cambio, con Monzó al frente de la Cámara de Diputados y Massot como jefe del bloque del PRO. La reunión se inscribe en la estrategia de Kicillof de ampliar su construcción política más allá del peronismo con vistas a un candidatura presidencial para 2027. El mandatario ya había planteado públicamente esa intención al lanzar el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con el objetivo de proyectar un espacio de alcance nacional. Fuentes cercanas al gobernador señalaron que durante el encuentro “se habló de la situación social, política y económica”, en línea con una dinámica de diálogo que, aseguran, Kicillof busca sostener con distintos sectores. En esa línea, Monzó destacó la importancia de “recuperar el diálogo” entre dirigentes de diferentes espacios, aunque evitó adjudicarle implicancias electorales inmediatas. Desde el entorno de los ex dirigentes macristas, en tanto, relativizaron la posibilidad de acuerdos en el corto plazo, aunque valoraron la apertura del mandatario bonaerense. El acercamiento ocurre en paralelo a otros gestos de diálogo transversal dentro del peronismo, como el reciente contacto entre Miguel Ángel Pichetto y Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto de reconfiguración opositora frente al gobierno de Javier Milei. En ese escenario, distintos sectores comienzan a explorar la posibilidad de un frente amplio opositor, con la mirada puesta en las próximas elecciones. Entre los puntos de coincidencia aparece la necesidad de sostener las primarias abiertas (PASO) como mecanismo de ordenamiento interno, mientras se multiplican los contactos informales entre dirigentes de espacios diversos. Si bien no hay definiciones concretas, el encuentro de Kicillof con Monzó y Massot introduce un dato político significativo: la búsqueda de interlocución con figuras asociadas al macrismo, en una señal de apertura que podría anticipar nuevos movimientos en el tablero opositor. Perfil
El consumo de lácteos cayó en febrero en medio del ascenso de la inflación y la baja de salarios, reflejando el impacto de la crisis económica en los hogares con un producto de extrema sensibilidad. El consumo de lácteos volvió a retroceder en febrero, en un contexto marcado por la continua pérdida del poder adquisitivo y la presión de la inflación sobre los hogares. Según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, las ventas registraron una caída tanto mensual como interanual, reflejando el deterioro del consumo en una gama de produtos de extrema sensibilidad social. Las ventas de productos lácteos registraron una nueva contracción en febrero, consolidando una tendencia negativa en el consumo masivo. De acuerdo con datos oficiales del sector, el volumen comercializado cayó 5% respecto a enero, mientras que medido en litros de leche equivalente la baja fue aún mayor, del 5,3%. En la comparación interanual, el retroceso también fue significativo: las ventas descendieron 4,2% en volumen y 7,7% en litros de leche equivalente frente a febrero de 2025. Estos datos reflejan un deterioro sostenido del consumo de lácteos en los últimos meses. El primer bimestre del año confirma la tendencia: entre enero y febrero, las ventas acumularon una caída del 4,9% en volumen y del 6,3% en litros equivalentes. Salarios, inflación y consumo lácteo en retroceso El comportamiento del consumo de lácteos no puede analizarse de forma aislada. La caída está directamente vinculada al deterioro de los salarios frente a la inflación, lo que obliga a los hogares a ajustar sus gastos. Los productos lácteos —tradicionalmente básicos dentro de la canasta alimentaria— comienzan a ser reemplazados por opciones más económicas. Entre ellas se destacan bebidas sustitutas, margarinas u otros productos de menor precio. Además, el informe advierte sobre un fenómeno creciente: el aumento de las ventas informales, que no quedan registradas en las estadísticas oficiales, pero que reflejan un cambio en los hábitos de consumo impulsado por la crisis económica. Qué productos resisten y cuáles caen más El análisis por segmentos muestra que la caída del consumo no es homogénea. Las leches fluidas y en polvo son las más afectadas, con descensos generalizados en sus niveles de venta. En contraste, el rubro de quesos se mantiene relativamente estable. Este rubro concentra cerca de la mitad del destino de la leche en el mercado interno y logró sostener su volumen, en parte gracias a estrategias comerciales más agresivas. Según distintas fuentes del sector, muchas empresas optaron por impulsar promociones, descuentos y ventas por peso para sostener el consumo. En algunos casos, incluso se observaron precios de primeras marcas por debajo de productos de menor calidad, en un intento por mantener la demanda. Por otro lado, algunos nichos muestran comportamientos dispares. Las leches saborizadas registraron un fuerte crecimiento en el primer bimestre, mientras que yogures y postres volvieron a caer, evidenciando un consumo más selectivo por parte de los hogares. Estrategias de precios en un mercado en tensión Frente a la caída del consumo, las empresas lácteas adoptaron estrategias centradas en el precio como principal factor de competitividad. La prioridad pasó a ser sostener el volumen de ventas, incluso a costa de reducir márgenes. Este cambio se traduce en una mayor presencia de productos básicos o “commodities”, como quesos cremosos o barras, en detrimento de productos más elaborados o de mayor valor agregado. La lógica es clara: los consumidores priorizan el precio por sobre la calidad o la marca, lo que redefine el funcionamiento del mercado. Las perspectivas para el consumo de lácteos están fuertemente atadas a la evolución de los salarios y la inflación. Mientras los ingresos reales continúen deteriorados, es probable que la demanda siga mostrando debilidad. El escenario actual sugiere que el consumo seguirá fragmentado, con una mayor participación de productos más baratos y una caída en aquellos de mayor valor. El Destape
El gobernador Leandro Zdero estuvo en el local gastronómico “Primitivo”, ubicado en Mitre y Entre Ríos, en Resistencia, en el marco del Programa Impulsar Chaco, una herramienta de inserción laboral que promueve el empleo en el sector privado. Lo acompañaron el ministro de Gobierno, Julio Ferro, y la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra. El local gastronómico, cuya titularidad corresponde a Ricardo Eiden y Evelyn Chudy, se encuentra registrado en el programa y, a través de esta política pública, incorporó a nuevos trabajadores, fortaleciendo así su equipo y aportando a la generación de empleo local. Durante la recorrida institucional, las autoridades destacaron la calidad del servicio, la atención al público y el impacto positivo que genera la articulación entre el Estado y el sector privado para crear oportunidades laborales. En este contexto, el gobernador Zdero subrayó la importancia de seguir impulsando políticas que fomenten el empleo genuino: “Estuvimos compartiendo con quienes llevan adelante esta propuesta gastronómica para la ciudad y con los jóvenes que se sumaron a trabajar aquí. Este es el desafío que tenemos: generar trabajo en el sector privado y acompañar para que al privado le vaya bien, replicando estas experiencias en distintos puntos de la provincia”. Asimismo, remarcó que Impulsar Chaco permite vincular a personas que buscan empleo con empresas que necesitan cubrir puestos laborales, facilitando procesos de selección y fortaleciendo la capacitación de los trabajadores. Por su parte, el ministro de Gobierno, Julio Ferro, valoró la iniciativa y señaló: “Es una satisfacción ver cómo el programa genera oportunidades concretas de trabajo. Aquí se incorporaron más jóvenes, en un contexto económico complejo, lo que demuestra que estas herramientas funcionan y permiten a las pymes encontrar perfiles adecuados a sus necesidades”. En tanto, la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra, explicó que la incorporación de los trabajadores se realizó a través de la bolsa de empleo del programa: “Acompañamos a quienes emprenden y, en este caso, realizamos la búsqueda, entrevistas y selección de los perfiles requeridos. Generar un puesto de trabajo es cambiarle la vida a una persona y a su familia”. Ibarra también invitó a quienes buscan empleo a registrarse en la plataforma Impulsar Chaco, donde podrán acceder a ofertas laborales y capacitaciones, tanto virtuales como presenciales. Finalmente, la propietaria del local, Evelyn Chudy, destacó el acompañamiento del programa: “La respuesta fue rápida y efectiva. Pudimos encontrar los perfiles que necesitábamos y sumar trabajadores a nuestro equipo. Es muy positivo contar con este tipo de herramientas que apoyan a las pymes y fomentan el crecimiento”. “Primitivo” funciona, ofreciendo desayunos, almuerzos y meriendas, consolidándose como una nueva propuesta gastronómica en la capital chaqueña.
El Gobierno provincial, a través del programa Ñachec y en el marco de las políticas de Seguridad Alimentaria, llevará adelante este jueves 9 de abril una nueva jornada de entrega de módulos alimentarios en distintos puntos de la ciudad de Resistencia. El operativo se desarrollará en múltiples barrios y centros comunitarios, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos esenciales para familias de la capital chaqueña. El cronograma previsto es el siguiente: -De 8:00 a 11:30 en Juana Azurduy y Taco Pozo, para vecinos de los barrios Chacra 24 y Mapic. -De 8:00 a 12:00 en el Centro Comunitario Municipal La Liguria, destinado a los barrios La Liguria y Prolongación La Liguria. -De 9:00 a 12:00 en la Iglesia Virgen de Lourdes, para los barrios 40 Viviendas, 100 Viviendas, Barbetti, Jorge Newbery, Nueva Resistencia y Virgen de Lourdes. -De 8:00 a 12:00 en el Centro Comunitario Municipal Mariano Moreno, abarcando los barrios Mariano Moreno, Roger Ballet, Orqueta y La Fabril. -De 9:00 a 11:30 en el Centro de Salud del barrio 17 de Julio, destinado a vecinos de esa zona. -De 8:00 a 12:00 en la Iglesia Capilla de Jesús del Buen Camino, para el barrio Facundo. Desde el Gobierno se destacó la importancia de estos operativos territoriales, que permiten acercar asistencia directa a las familias, fortaleciendo la seguridad alimentaria y acompañando a los sectores que más lo necesitan. Asimismo, se solicita a los beneficiarios concurrir en los horarios establecidos y respetar las indicaciones del personal a cargo para garantizar una entrega ordenada y eficiente.
El Proyecto de Cisternas cuenta con el invaluable aporte técnico de los organismos nacionales e internacionales, fortaleciendo las acciones que el Gobierno provincial lleva adelante para mejorar el servicio, así como la puesta a punto del acueducto y la provisión de agua en zonas rurales a través de Sameep y APA. El secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutierrez, abordaron, junto a autoridades del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales del Ministerio de Capital Humano de Nación, el oficial a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Argentina, Ignacio Lacasta, y el especialista en Primera Infancia de UNICEF, Javier Quesada, el Proyecto de Cisternas de Agua para el Impenetrable, sumando, en esta etapa, al trabajo que ya vienen realizando, a través del convenio con UNICEF. “Fue una reunión muy significativa. Estamos trabajando sobre el abastecimiento de agua en zonas y regiones de la provincia que para nosotros son fundamentales y donde es una necesidad”, enfatizó Resico, aclarando que la actividad se enmarca en el proyecto de cisternas comunitarias y familiares que hace meses vienen articulando “para garantizar el acceso al agua potable, especialmente para las comunidades más vulnerables” . En esa línea, el titular de Asuntos Estratégicos enfatizó: “El agua es un tema relevante para nuestra gestión, no sólo su acceso sino en relación a la seguridad del consumo. Ya que muchas veces se logra con perforaciones o represas, pero su consumo no siempre es seguro, sobre todo para los chicos y para los adultos mayores. Por ende, articular las acciones con organismos de tanto prestigio es una ventaja para nosotros, ya que nos permite validar las acciones con modelos eficientes”. Así, valorando el trabajo que vienen desarrollando en conjunto con UNICEF, a través de algunos convenios y obras, Resico aclaró que se suma, con el Ministerio de Capital Humano de Nación, “un proyecto un poco más ambicioso que viene a complementar las acciones concretas que estamos llevando acabo en relación al agua en El Impenetrable, sobre todo, y en ciertas regiones de distintos departamentos de la zona Norte”. De este modo, con una metodología “de territorio” y de diálogo con las comunidades y el respaldo de los estudios de UNICEF, el Gobierno provincial busca que la comunidad en general tenga acceso al agua de consumo seguro, a través de cisternas comunitarias, para que luego cada vecino tenga su propio dispenser para consumo humano, con pastillas potabilizadoras, trabajos de capacitación, seguimientos, control, a través de los distintos programas en territorio, como el Ñachec. Por otra parte, el secretario de Asuntos Estratégicos, ratificó que este proyecto se refuerza con los diferentes operativos de salud itinerantes con el objetivo de mejorar el acceso a atención médica en diversas localidades. “A pesar de las críticas políticas, seguimos trabajando para ordenar la provincia y atender las necesidades de la población”, concluyó, anunciando, a su vez, que se espera la llegada de 2.000 dispenser que serán de uso familiar y domiciliario. Quesada: Proyecto Agua y Ñachec como “las manos” en territorio El especialista en Primera Infancia, Javier Quesada, explicó que el “Proyecto Agua”, iniciativa provincial junto a UNICEF se puso en marcha hace meses y “ya tiene resultados palpables”. “Se instalaron 11 cisternas comunitarias de 11.000 litros que abastecen a toda la comunidad, permitiendo a familias que estaban a 30 o 40 kilómetros del acceso al agua tengan ahora el recurso a 100 metros de su casa”. “Esta etapa implica que puedan contar con un dispenser de uso domiciliario donde puedan poner una pastilla potabilizadora y purificar el agua de uso humano y cotidiano, evitando enfermedades especialmente en niños y las niñas en la primera infancia”, detalló Quesada, haciendo hincapié en los trabajos de capacitación e implicancias que tiene ahora para la comunidad el tener el agua cerca. “Es un trabajo muy importante que UNICEF está haciendo tanto con Asuntos Estratégicos como con Desarrollo Humano a través de su programa Ñachec que está cerca de la gente en el territorio y nos sirve como las manos que van concretando lo que la Provincia nos pide”, remarcó el especialista en Primera Infancia del organismo internacional. Es un proyecto muy ambicioso, tenemos un trabajo por delante en muchas comunidades y parajes más, y hoy, se suman otros actores sumamente claves a esta mesa del agua. Vamos a reunirnos para seguir planificando, y que este derecho tan básico para los niños y las niñas, lo podamos solucionar cuanto antes”, concluyó Quesada. Participaron del encuentro Delfina Giso, directora de Proyectos Estratégicos del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales de Capital Humano de Nación; la coordinadora de Comunicación de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, Karen Kaenel, la subsecretaria de Infraestructura escolar del Ministerio de Educación del Chaco, Sonia Cerruti y el presidente de la Administración provincial del Agua (APA), Jorge Pilar el Oficial a cargo de UNOPS en Argentina, Ignacio Lacasta; Francisco Credaro, Project Manager adjunto;y Gustavo López, Arquitecto senior.
Tras la última reunión del Consejo Federal de Salud creció la preocupación por el futuro del programa nacional de reparto de medicamentos. El tema llegó a Diputados, mientras crecen los reclamos de las provincias. En tanto, la Mesa Federal Ciencia y Tecnología alertó sobre el impacto del desmantelamiento del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias. Mientras el escándalo en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concentra gran parte de las noticias gubernamentales, la motosierra avanza en la cartera que conduce Mario Lugones. En los últimos días se conocieron despidos, cierres y fusiones de centros de investigación y diagnóstico, y crecieron las dudas sobre la continuidad del Plan Remediar, pieza clave del sistema sanitario argentino. El diputado nacional Pablo Yedlin, junto a su par Claudia Palladino, presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para manifestar la “profunda preocupación” del cuerpo legislativo ante el “incumplimiento, la falta de información pública y la reducción en la provisión y distribución de medicamentos del programa Remediar”, según consignó el portal Parlamentario. Días antes, la ministra de Salud de Tierra del Fuego, Judit Di Giglio, había expresado su inquietud sobre el tema tras la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) realizada a fines de marzo. Según difundió la gestión fueguina, en ese encuentro Nación informó que el Programa finalizaba formalmente el 1° de abril, aunque se realizaría una compra de emergencia para cubrir los meses de mayo y junio, tras lo cual sería reemplazado por una nueva línea de cuidado enfocada en enfermedades cardiovasculares que incluiría solo tres medicamentos. Hasta ahora, el plan distribuye 79 presentaciones de fármacos esenciales en el primer nivel de atención. “Fue un día muy triste porque se trata de una política pública que trascendió a distintos gobiernos nacionales. Nosotros planteamos que si debía modificarse se podía reformular, pero nos respondieron que se trata de una cuestión meramente presupuestaria”, afirmó Di Giglio. Previamente, desde Santa Fe, había llegado otra señal de alarma por la situación del Programa Remediar. Un informe elaborado por la ministra de Salud de esa provincia -Silvia Ciancio- advirtió que en 2025 la provincia recibió un 55% menos de tratamientos que en 2024, lo que obligó a reforzar la compra de insumos con recursos propios. “La disminución de esos envíos es tan dramática que en 2025 Nación envió casi 5.000 botiquines menos”, señaló, según publicó el diario local La Capital. Este lunes el portal Pharmabiz, abocado a noticias de la industria farmacéutica, señaló un “avance y retroceso” en torno a Remediar, ya que tras la presentación de un supuesto nuevo Plan Remediar a partir de junio se dio de baja el anuncio desde el Ministerio de Salud. Luego la cartera de Lugones publicó un nuevo comunicado –aún vigente- donde apuntó que “la nueva estrategia hará foco en las enfermedades de mayor prevalencia, el uso eficiente de los recursos y el fortalecimiento del rol jurisdiccional”. Es decir, medicamentos para menos patologías y mayor responsabilidad delegada en las provincias, tal como alertó Di Giglio. Menos ciencia es menos salud Casi en paralelo con el avance de las preocupaciones por el presente y el futuro de Remediar, la Mesa Federal Ciencia y Tecnología difundió el comunicado “menos ciencia es menos salud”, denunciando el cierre y fusión de áreas estratégicas y el despido de 39 profesionales. El Decreto 192/26, publicado el 26 de marzo, “avanza con el cierre y fusión del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemo-epidemias (CeNDIE-ANLIS Malbrán), el Centro Nacional de Control de Calidad (CNCC) y el Centro Nacional de Nutrición (CNN) de la ANLIS–Malbrán sin transferencias de recursos ni de capacidades operativas, afectando las capacidades en investigación, diagnóstico y producción de biológicos de nuestro país”. En tanto, el primer día de este mes 39 trabajadores de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) que se desempeñaban en Misiones, Salta y Córdoba fueron notificados sobre su despido desde el 31 de marzo. “La eliminación del CeNDIE implica la pérdida de un centro con capacidades propias de respuesta territorial frente a enfermedades como dengue, chagas, leishmaniasis y fiebre amarilla, entre otras”, enumeró la Mesa. Y remarcó que “el Centro se caracterizaba por una fuerte capacidad de investigación aplicada, orientada a la generación de evidencias para la toma de decisiones del Ministerio de Salud, en articulación con múltiples instituciones del sistema científico-tecnológico”. El trabajo del Centro se basaba en un enfoque interdisciplinario “que integraba ciencias de datos, sociales y ambientales y en su articulación sostenida con jurisdicciones provinciales y municipales, hoy fragmentado al dispersarse en otras áreas sin garantías de continuidad”. Por caso, albergaba la Unidad Operativa de Vectores (UNOVE-CeNDIE ANLIS- ex CeREVE), ubicada en Punilla Córdoba. Según explicó la Mesa, era la única unidad especializada en el mantenimiento de colonias de triatominos (vinchucas) y proveía material biológico para estudios científicos a todas las instituciones científicas nivel nacional. “Con más de 40 años de trayectoria en el ámbito del Ministerio de Salud, ha sido uno de los insectarios con mayor biodiversidad de especies de vinchucas en América Latina, con alta variabilidad genética y mantenimiento de colonias de las principales especies vectoras de la región que transmiten la enfermedad de Chagas”. Hoy esa Unidad se encuentra “sin funcionamiento efectivo, sin personal asignado para su sostenimiento y mantenimiento”. Un plan sistemático El colectivo científico alertó que “aunque el Decreto indique que los centros cerrados simplemente se integran a otras estructuras, esto en la práctica es falso: la mayoría de los programas y funciones vigentes en ellos quedan discontinuados y huérfanos. Especialmente en el campo socioambiental, incluyendo la problemática del dengue, en donde hoy ya no habrá una institución con la misión y capacidad de evaluar los insecticidas aplicados en los domicilios contra el Aedes aegypti por el Ministerio de Salud, como tampoco aquellas líneas de investigación vinculadas a calidad de agua y aire, incendios en la Argentina y su impacto en enfermedades infecciosas y crónicas”. La nueva serie de fusiones que encubren cierres se suma a la disolución, a fines del año
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) realizaron una presentación conjunta ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación para impugnar el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para otorgar un “nuevo nombramiento” al juez Carlos Mahiques en la Cámara Federal de Casación Penal, al considerar que la medida resulta inconstitucional. Según explicaron en el escrito, Mahiques nunca fue designado en ese cargo federal mediante el procedimiento previsto por la Constitución Nacional —que exige atravesar un concurso ante el Consejo de la Magistratura, ser seleccionado por el Poder Ejecutivo y obtener un acuerdo del Senado—, sino que accedió a él a través de un traslado dispuesto en 2018 desde otro tribunal del fuero ordinario de la Capital Federal, cargo para el que sí concursó. Ese traslado permitió que Mahiques ejerciera la jurisdicción federal sin nunca haber concursado para eso, lo cual viola la Constitución Nacional. En este sentido, las organizaciones recordaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Bertuzzi” de 2020 —posterior a ese traslado—, estableció que los traslados son actos provisorios que no pueden equipararse a los nombramientos. “Si el Senado otorgara un nuevo nombramiento a Carlos Mahiques, estaría convalidando una práctica que ya ha sido declarada inconstitucional por la propia Corte Suprema”, señala el escrito. En consecuencia, INECIP y ACIJ advirtieron que no es jurídicamente posible otorgar un “nuevo nombramiento” a quien nunca fue nombrado en ese cargo, ya que no se puede prorrogar un cargo al que se accedió de manera provisoria. “El artículo 99 inciso 4 de la Constitución prevé la renovación de cargos únicamente para magistrados que hayan sido previamente designados conforme al procedimiento constitucional, lo que no ocurre en este caso”, señala la presentación. Por eso, sostienen que el pliego carece de sustento jurídico y debe ser rechazado. “La única vía constitucional para que Carlos Mahiques pueda continuar en la Cámara Federal de Casación Penal luego de los 75 años es presentarse al concurso que el Consejo de la Magistratura inicie cuando se produzca la vacante”. Las organizaciones solicitaron a la Comisión de Acuerdos que proponga al pleno el rechazo del nombramiento de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.
El 5 y 6 de abril de 2025, inmediatamente después del bloqueo de fondos en cuentas vinculadas a la criptoestafa, se dieron de alta 10 líneas telefónicas prepagas a nombre de Milei. El contacto que se dio para el alta de esos teléfonos fue el de Karina Milei. Para el querellante Martín Romeo se trató de una maniobra de encubrimiento. El 5 y 6 de abril de 2025, inmediatamente después del bloqueo de fondos en cuentas vinculadas a la criptoestafa, se dieron de alta diez líneas telefónicas prepagas a nombre del presidente Javier Milei, según se desprende de lo que la empresa Telecom informó a la Justicia. El contacto que se dio para el alta de esos teléfonos fue el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El dato surge de la presentación que realizaron en la causa $LIBRA el querellante Martín Romeo junto a su abogado Nicolás Oszust, el domingo por la noche, en el que requirieron a la Justicia 16 citaciones a indagatoria entre las que se cuenta la del jefe de Estado y su hermana; y genera todo tipo de suspicacias. Para los denunciantes, no hay dudas: “Constituye la prueba material de un protocolo de ‘higiene digital’ de Estado”. Es decir, que a su criterio con esta maniobra el Presidente y su hermana “buscaban, a todas luces, establecer canales de comunicación oscuros e irrastreables para evadir las inminentes intervenciones telefónicas que pudiera disponer la Justicia Federal”. Desde la querella de Romeo y Oszust sostienen que detrás del alta de esas 10 líneas telefónicas a nombre de Milei lo que hay es un acto de “encubrimiento ejecutado desde la propia Casa Rosada”. Y que se dio en un momento clave. Es que “los meses de abril y mayo de 2025 representan el punto de quiebre definitivo, momento en el cual la crisis trasciende a los organizadores privados (Novelli, Morales y Terrones) para golpear de lleno y directamente a la cúpula del Poder Ejecutivo Nacional”, según sostuvieron estos querellantes en su presentación del domingo pasado. ¿Por qué? Porque “es la etapa procesal donde se vislumbra la reacción del Estado ante el éxito de la medida cautelar que congeló los 44.5 millones de USDC (dólares digitales), de manera concomitante con el blindaje de la prueba técnica por parte de las unidades especializadas del Ministerio Público”. Para el mes de mayo la Justicia ya había extraído toda la información de los celulares secuestrados al trader Mauricio Novelli y Sergio Morales. “Este hallazgo, que expone el pánico institucional, emana de los oficios de titularidad remitidos por la empresa Telecom –expusieron Romeo y Oszust-. Apenas 24 horas después de que la Justicia de San Isidro y la PFA confirmaran el congelamiento internacional de la bóveda principal, durante los días 5 y 6 de abril de 2025, se registró la activación repentina y masiva de más de nueve líneas telefónicas prepagas (terminales descartables o ‘burner phones’) registradas a nombre del Presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei”, precisaron. También señalaron que el número de contacto registrado para dar de alta toda esta red de teléfonos fue el de Karina Milei, “la Secretaria General de la Presidencia, agendada en el dispositivo de Mauricio Novelli bajo el elocuente seudónimo de ‘KARINA MILEI RRPP’”. Según el documento que pudo cotejar El Destape, fueron 10 las líneas que se dieron de alta en esas fechas a nombre del Presidente y no 9. Y todas se dieron de baja dos meses más tarde y el mismo día: el 4 de junio de 2025. ¿Por qué el presidente Milei daría de alta seis líneas telefónicas prepagas el 5 de abril y otras cuatro el 6 de abril del año pasado? El dato que arroja el querellante Romeo no es menor: esto ocurrió luego del congelamiento de fondos vinculados a la criptoestafa. Por lo que una maniobra tan extraña como el alta de 10 líneas telefónicas a nombre del Presidente en menos de 48 horas puede estar relacionado a ese hecho. Más curioso aún: ¿Por qué todas se darían de baja el mismo día? La información que consta en la causa respecto a ese hecho es muy poca. No se sabe quién dio de alta esas líneas prepagas ni cómo. Tampoco por qué el domicilio al que se vinculan esas líneas es uno particular, en Almagro, en la zona donde vivía Milei, y no la Quinta de Olivos o la Casa Rosada. El dato lo que abre son diversos interrogantes. Por ejemplo: ¿Las 10 líneas estuvieron en manos del jefe de Estado o se repartieron? ¿Para qué tendría una misma persona 10 líneas prepagas? Si se dispusiera una geolocalización de esos teléfonos para el período en que estuvieron activos es factible que se pudiera determinar si los tuvo siempre la misma persona o esas 10 líneas prepagas fueron distribuidas. En el mismo escrito de 204 páginas al que accedió El Destape, los querellantes Romeo y Oszust resaltaron que mientras los acusados tejían maniobras de evasión, el fiscal Horacio Azzolin, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), emitía dictámenes e informes de trazabilidad “que validaron matemáticamente la hipótesis delictiva de esta querella”. Se refirieron a la acreditación de que Milei tuiteó sobre el lanzamiento de $LIBRA a las 19.01 del 14 de febrero de 2025, a que se “corroboró el uso de información privilegiada” en la criptoestafa y a que “se confirmó que cuentas insiders (tales como la perteneciente a Favio Camilo Rodríguez Blanco, testaferro de Novelli) ejecutaron compras masivas en el mismo segundo exacto en que se emitía el tuit presidencial, drenando la liquidez inicial”, entre otras cosas. La querella de Romeo y Osust concluyó que “la UFECI ha aportado a la instrucción la trazabilidad técnica irrefutable del fraude (la geolocalización de las IP en EE. UU., la ruta del dinero y la recuperación del tuit presidencial)”; y que por otro lado, “los registros de telecomunicaciones aportan la prueba palmaria del encubrimiento político ulterior: al advertir que la Justicia había logrado rastrear y congelar la
La Cámara Federal de San Martín dictó falta de mérito para Eva Mieri, Alexia Abaigar e Iván Díaz Bianchi. Los duros cuestionamientos a la magistrada de San Isidro por no limitarse al objeto de la causa. En un fallo que cuestiona en forma severa la actuación de la jueza Sandra Arroyo Salgado, la Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos de Alexia Abaigar, Eva Mieri e Iván Nicolás Díaz Bianchi quienes habían sido detenidos y procesados por la magistrada a raíz de la protesta en la puerta de la casa del exdiputado José Luis Espert con bosta, panfletos y un pasacalle que decía “acá vive la mierda de Espert”. La magistrada les había atribuido un compendio de delitos graves –algunos previstos para ser aplicados contra grupos terroristas o paraestatales– y los acusó de alimentar un “clima de sedición”, en un fallo que era un verdadero decálogo disciplinador anti manifestaciones. Los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones dictaron faltas de mérito porque consideraron que las acusaciones de la magistrada no estaban probadas y le señalaron que había excedido el “objeto del proceso” –es decir, de lo que debía investigar— además de su raid mediático para hablar del tema en un estadio inicial de la causa. La protesta frente al domicilio del exdiputado había sido en junio del año pasado, días después de que insultara a Florencia Kirchner en la Cumbre Mundial de la Comunicación Política en la Universidad Católica. Espert tuvo que retirarse del lugar ante el repudio de quienes lo escuchaban. Tras el escrache impulsó una investigación que Arroyo Salgado comandó con entusiasmo. Meses más tarde el hombre que hacía gala de la violenta consigna “cárcel o bala” debió bajar su candidatura en las últimas elecciones cuando tuvo que admitir que había cobrado 200.000 dólares de Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico, aunque con el tiempo se supo que el apoyo económico que le dio fue mucho mayor. Abaigar, militante de La Cámpora y entonces funcionaria del Ministerio de las Mujeres bonaerense, llegó a estar tres semanas detenida, buena parte del tiempo en el penal de Ezeiza y en condiciones riesgosas para su salud ya que padece una enfermedad autoinmune. Su madre y una ex pareja también fueron arrestados y estuvieron incomunicados solo por tener una cédula azul del auto que la joven utilizaba. Mieri, concejala de Quilmes ahora en ejercicio interino de la intendencia, estuvo dos semanas en prisión. Díaz Bianchi estuvo un lapso más corto. Las denuncias por las condiciones arbitrarias de las detenciones fueron generalizadas. La filosofía de la jueza La jueza procesó a las y los militantes con argumentos y figuras penales que causaron asombro y se paseó por medios de comunicación para hacer gala de su decisión. “A las amenazas no las relativizo, las investigo”, dijo. “Nos encontramos frente a una organización transitoria que si llegara a ser una asociación ilícita, actuó de un modo que demuestra que tiene por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, abundó para justificar uno de los graves delitos que invocaba. Como le recordaron las defensas, se usa para perseguir penalmente a “grupos armados y células terroristas, organizaciones paraestatales” pero en este caso se aplicó para criminalizar a “militantes barriales de una fuerza política” a modo de “persecución ideológica” cuando fueron a tirar estiércol y papeles. Ni siquiera se vislumbraba cual sería la amenaza en juego. Arroyo Salgado echó mano a las figuras de atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio contra una persona a causa de sus ideas políticas, falsificación alteración o supresión de la numeración de un objeto registrado (por cintas colocadas a las patentes de los vehículos) y violación a la Ley antidiscriminación. A Mieri le sumó malversación de fondos. La resolución hacía consideraciones referidas al “clima social” de acuerdo a la interpretación de la jueza que relacionaba con la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena a Cristina Fernández de Kirchner en el caso “Vialidad”, lo que derivó en su detención. Decía que los seguidores de la expresidenta habían desatado un clima de “sedición” desde la resolución del alto tribunal y que “las intimidaciones, amenazas y hechos de violencia contra las personas y las cosas fueron escalando en un espiral de preocupante intensidad”. Los abogados de Abaigar –Daniel Llermanos y Adrián Albor– plantearon que era una “razonamiento impropio, alejado de la claridad y serenidad que debe caracterizar la judicatura” y que debió ceñirse a la “acción imputada”. El fallo había incluido frases como “la República no puede ser indiferente a estos actos” y que el Derecho tenía que responder con firmeza. La defensa de Mieri señaló que Arroyo Salgado había sustituido “el análisis jurídico por una retórica filosófica ajena a la función judicial”. La Cámara les dio la razón. Incluso la resolución señala que el hecho de que la jueza pueda tomar “conocimiento de una realidad histórica” “ no implica que circunstancias que no forman parte del objeto del proceso puedan ser ponderadas por la judicatura a la hora de emitir un pronunciamiento de factura cargosa”. Le señalan que hasta en los subtítulos que usa en la redacción exhibe una “incidencia valorativa” que no corresponde. Por ejemplo, al usar las frases: “El contrato social y la legitimidad del poder” (según ella alterados) o “El trasfondo institucional: ataque al fallo de la Corte Suprema”. Debe “ceñirse a los hechos objeto del proceso” porque solo sobre eso debe resolver, le reprocharon Barral y Lugones. Además, le advirtieron que había citado “erróneamente” el Pacto de Derechos Civiles y Políticos para decir que el derecho penal tiene que llevar un mensaje a la sociedad: la jueza equipara una protesta con la violencia política, miedo y amenazas. Incluso le indicaron –como superiores—que limite sus apariciones públicas (mediáticas). “La exposición de la magistrada no parece exhibir la cautela que el caso requiere ni que su investidura aconseja”, advirtieron. La frase podía encajar en otra escena que muchos recuerdan, cuando acompañó a Mauricio Macri en
Hace instantes, un hombre de 32 años fue demorado por la Policía tras ser señalado como presunto autor de dos robos a mano armada cometidos en kioscos de Resistencia. El hecho más reciente ocurrió cerca de las 20:45 en un kiosco ubicado en avenida San Martín y Rodríguez Peña, donde un sujeto armado ingresó al local y sustrajo una notebook, un teléfono celular y alrededor de $30.000 en efectivo. En el lugar se encontraba trabajando una joven de 19 años junto al propietario del comercio. Tras tomar conocimiento del hecho, personal del Servicio Externo de la Comisaría Primera realizaba recorridas preventivas cuando observó a un sujeto circulando a gran velocidad en una motocicleta 110 cc de color oscuro. Al advertir la presencia policial, el sospechoso abandonó el rodado en la intersección de calle 9 y Don Bosco e intentó escapar trepando a los techos de viviendas de la zona, aunque finalmente fue demorado por los agentes. El detenido fue identificado como un hombre domiciliado en Villa Los Lirios, quien además sería investigado por otro robo a mano armada ocurrido días atrás en un kiosco de calle 10 e Yrigoyen. El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones en la causa.
Efectivos de la División Patrulla Preventiva demoraron a un hombre de 25 años que presentaba pedido activo de aprehensión por una causa vinculada a amenazas en contexto de violencia de género. El procedimiento se realizó cerca de las 2:00 de la madrugada en la intersección de avenidas Colón y Guatemala, en Resistencia, cuando los agentes identificaron al ciudadano y verificaron sus datos mediante el Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi). Tras la consulta, se constató que sobre el mismo pesaba una orden de detención vigente, solicitada por la Comisaría Segunda de Barranqueras. El hombre fue trasladado a dicha unidad policial, previo examen médico legal, quedando a disposición de la justicia.
En la noche del martes, efectivos de la Dirección General de Investigaciones recuperaron una motocicleta que había sido denunciada como parte de una estafa, durante un procedimiento realizado en la intersección de avenida Chaco y Honduras, en Resistencia. La investigación se originó a partir de la denuncia de un joven de 24 años, quien había intercambiado su motocicleta Bajaj Rouser 160 cc por otro rodado ofrecido a través de redes sociales. Días después, la motocicleta recibida fue secuestrada por la Policía al detectarse que presentaba irregularidades, por lo que el damnificado denunció haber sido víctima de una estafa. Tras tareas investigativas, los efectivos tomaron conocimiento de que el rodado original estaba siendo ofrecido a la venta en redes sociales. Ante esta situación, se montó un operativo de vigilancia en el lugar acordado para concretar la supuesta compra. Durante el procedimiento, un sujeto llegó al punto de encuentro con una motocicleta de idénticas características, pero al advertir la presencia policial abandonó el rodado y se dio a la fuga por los pasillos de la zona. La motocicleta fue secuestrada y reconocida por el denunciante como de su propiedad, quedando resguardada por la Policía mientras continúan las actuaciones judiciales en la causa.
Se trata de un hombre de 28 años. Intervino personal de la comisaría local. La intervención de la Comisaría de Machagai se inició cuando el Juzgado de Ejecución Penal de la ciudad de Sáenz Peña solicitó colaboración para la captura de un sujeto de 28 años, a fin de que sea puesto a disposición de la magistratura interviniente y alojado en el Complejo Penitenciario N° 02. Ante esta situación, se llevó a cabo un operativo cerrojo en la ciudad, con la participación de la Guardia de Prevención, el Grupo Motorizado y el Servicio Externo. De esta manera, alrededor de las 18:00, lograron la captura del investigado en el barrio Maqui. Durante el procedimiento, en una zona de monte, se constató que poseía diversas herramientas —como taladros, amoladoras y utensilios de cocina— de dudosa procedencia. Tras la detención, se estableció que el ciudadano no solo debía cumplir una condena efectiva en el Complejo Penitenciario N° 02, sino que además registraba seis pedidos de detención vigentes por denuncias de robos y hurtos, radicadas durante el presente año ante las Fiscalías N° 1, N° 3 y N° 4 de Sáenz Peña. Seguidamente, se procedió al secuestro de los elementos y al traslado del detenido al hospital local para su examen médico, siendo posteriormente alojado en la comisaría a los fines legales correspondientes.
El oficialismo en la Cámara de Diputados de la Nación y el Ministerio de Salud coincidieron en que el proyecto ingresará al Congreso entre esta semana y la próxima; la iniciativa buscará modificar los artículos más cuestionados de la ley vigente El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley de salud mental que estaría en línea con los cambios propuestos en la Ley Bases eliminados en aquel momento durante las negociaciones con la oposición. El texto está “guardado de momento” en el Ministerio de Salud, a la espera de la opinión del Ministerio de Justicia. Se espera que ingrese a Diputados esta semana o, “a más tardar”, la que viene. El anuncio lo hizo este martes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. “En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin”, escribió el funcionario que afronta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Fue recién luego de ese mensaje que la cartera sanitaria dejó trascender algunos detalles. El primero es que no iría por la derogación de la ley N° 26.657, conocida como la Ley de Salud Mental, vigente desde hace 15 años. En cambio, buscará modificar los artículos más cuestionados de esta norma, como la internación involuntaria, el cierre de los hospitales especializados o el financiamiento de los servicios de atención y rehabilitación. Como también se proponía en la Ley Bases, el Órgano de Revisión (OR) –un cuerpo de abogados que monitorea el cumplimiento de la ley– sería reemplazado por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental con “mayor presencia” de la cartera sanitaria. En la práctica, profesionales se quejaban de que la intervención de los abogados sin conocimiento de los tratamientos ni del manejo de las emergencias o los diagnósticos terminaba por exponer a los pacientes a un mayor riesgo. “El proyecto propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el OR al incorporar áreas técnicas, como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), para fortalecer la supervisión”, explicaron fuentes del equipo de Mario Lugones. Otro reclamo al que apuntaría el proyecto tiene que ver justamente con las dificultades para que la población encuentre los servicios que necesita más allá de los principales centros urbanos. “Uno de los principales problemas es la falta de aplicación homogénea [de la ley actual] en el país. Solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente. De las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación. Esto genera desigualdades en el acceso, especialmente en regiones con menos recursos. La reforma busca garantizar atención en todo el territorio”, comunicó la cartera sanitaria. El ministro Lugones ya tenía agendado un encuentro con Adorni en la Casa Rosada. Era este martes por la tarde y la agenda incluía terminar de delinear el proyecto oficial. A media mañana, el jefe de Gabinete se anticipó en redes sociales y Salud debió apurar sus respuestas. En el encuentro se iban a revisar “los avances de gestión y el panorama para 2026/2027”, incluida la propuesta para salud mental. Mientras en el ministerio se atribuyen la redacción, el texto contemplaría propuestas de ONG de familiares, asociaciones profesionales y un proyecto de la exdiputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) en el que Salud había mostrado interés. “Se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales y actores del ámbito judicial y legislativo, lo que nos permitió detectar dificultades concretas en la práctica diaria”, deslizaron desde Salud. El resultado iría en línea con lo propuesto en la Ley Bases y un proyecto del diputado Álvaro Martínez (La Libertad Avanza; Mendoza). “Intervenciones oportunas” “La ley actual impulsa el cierre de los hospitales psiquiátricos y el traslado a los hospitales generales, pero ese modelo no siempre es viable por las limitaciones de infraestructura, personal y seguridad”, señalaron en la cartera sanitaria. “Hay 30 instituciones monovalentes públicas y, al menos, 139 privadas, lo que evidencia la necesidad de sostener la internación especializada. Episodios graves en hospitales generales, como el Posadas, Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen, reflejan esas limitaciones en casos complejos. En lugar de cerrar instituciones, la propuesta es reforzar una red de atención en salud mental por niveles de complejidad con los hospitales especializados, los servicios en los hospitales generales, los dispositivos ambulatorios, comunitarios y las residencias asistidas”, dijeron. En lugar de “padecimiento mental”, se hablará de “trastornos mentales o del comportamiento”, como en la Clasificación Internacional de Enfermedades, por precisión diagnóstica y para agilizar la respuesta, sobre todo en las urgencias. El criterio de riesgo alcanza a una situación en la que haya posibilidad de “daño para la vida o la integridad física de la persona o terceros”. Esto, para Salud, habilitará “intervenciones más oportunas y preventivas” que con la norma actual. La internación se mantiene como “un recurso excepcional”, pero un psiquiatra podrá indicar una internación involuntaria en una urgencia y un equipo interdisciplinario tendrá que ratificarla en no más de 24 horas, con una ventana de notificación judicial de 10 horas y una prórroga de hasta 24 horas. Si la internación es voluntaria, el alta dependerá de la evaluación de la capacidad del paciente. Si no procede, con notificación judicial previa se podrá convertir en involuntaria. Una queja recurrente de los familiares es que no siempre se da esa evaluación y que lo que el paciente quiere no siempre es lo mejor para su bienestar o su recuperación. La Nación