Autor: Redacción General

La presidente del Poder Legislativo, Carmen Delgado, participó junto al gobernador Leandro Zdero del anuncio de finalización de la obra de pavimentación de la Ruta Provincial N° 13, en un acto realizado en Villa Ángela. El proyecto contempla el tramo que conecta la Ruta Nacional 95 con la Ruta provincial 11, una intervención estratégica que fortalecerá la conectividad y potenciará el desarrollo productivo de la provincia y de toda la región. Durante la actividad, Delgado estuvo acompañada por la vicepresidente del Poder Legislativo, Susana Maggio, y los diputados Iván Gyoker, Edgardo Reguera, Laura Bissoni y Joaquín García. La obra cuenta con financiamiento de FONPLATA, y representa un avance significativo para el fortalecimiento de la infraestructura vial, facilitando el transporte de la producción, mejorando la integración territorial y generando nuevas oportunidades para el crecimiento económico. Del acto también participaron ministros del Poder Ejecutivo, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, intendentes de localidades cercanas, así como representantes del sector productivo y de cámaras de comercio, quienes destacaron el impacto positivo que tendrá esta obra en la dinámica económica regional. La pavimentación de este tramo de la Ruta 13 se posiciona como una intervención clave para optimizar la logística, reducir costos de transporte y acompañar el desarrollo de las economías locales, consolidando un eje de conectividad fundamental para el Chaco.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, llevó adelante un nuevo operativo integral en Villa Berthet, en el marco del programa “Red Estratégica de Salud”, con el objetivo de fortalecer la atención médica y acercar servicios esenciales a la comunidad.La jornada contó con la presencia del Gobernador Leandro Zdero y el ministro de Salud, Sergio Rodríguez e incluyó un importante despliegue sanitario con atención en pediatría, cardiología, odontología, clínica médica, obstetricia y ginecología, además de la realización de ecografías, garantizando respuestas concretas a la demanda local. El gobernador Zdero valoró la continuidad de estas políticas públicas y el enfoque integral de los operativos: “Son parte de una estrategia que venimos desarrollando en todo el territorio provincial, acercando profesionales y uniendo distintas disciplinas para dar respuestas en una sola jornada”. El mandatario también destacó la articulación entre áreas del Estado: “No solo está presente Salud, sino también distintas áreas sociales, lo que permite abordar de manera integral las necesidades de la comunidad y resolver problemas concretos de la gente”. Zdero remarcó que estos operativos forman parte de una política sostenida: “Estamos recorriendo cada rincón de la provincia, como lo hacemos en el Impenetrable y en distintas localidades del interior. La idea es llegar a todos los municipios y reforzar el sistema de salud de manera permanente”. Finalmente, adelantó que el Gobierno continuará ampliando estos abordajes territoriales mediante la articulación entre el Ministerio de Salud, áreas estratégicas y la Subsecretaría de Asuntos Municipales, con el objetivo de extender la cobertura y mejorar la calidad de atención en toda la provincia. Por su parte, el ministro de Salud, acompañado de Gerardo Delgado, coordinador del Operativo RES, destacó la importancia de sostener la presencia en territorio: “Elegimos el hospital como eje de estos operativos porque es el lugar donde la gente debe recibir atención. Sumamos especialidades y estudios para dar respuesta a las necesidades existentes”. Asimismo, remarcó que estas intervenciones permiten mejorar la gestión sanitaria: “Bajar al territorio implica conocer de primera mano la realidad de cada hospital, lo que nos permite tomar mejores decisiones y fortalecer el sistema de salud”. En esa línea, subrayó que “la salud no tiene color político y trabajamos para todos los chaqueños, garantizando el acceso equitativo en cada localidad”.

La semana pasada, Raúl Horacio Ojeda suspendió 82 artículos, pero este lunes dio marcha atrás en un tema clave: revocó la cautelar que frenaba la aplicación de los cálculos para la actualización de las indemnizaciones. El juez laboral Raúl Horacio Ojeda, que el 30 de marzo suspendió 82 artículos de la reforma laboral, dio marcha atrás en un tema clave: revocó la cautelar que frenaba la aplicación del artículo que establece los cálculos para la actualización de las indemnizaciones. Hacia finales de marzo, Ojeda suspendió el grueso de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, a pedido de la CGT. En aquella instancia, el magistrado había dictado una medida cautelar “para evitar daños hasta tanto se dicte la sentencia definitiva”. Una semana después, ese mismo magistrado dio marcha atrás con la suspensión del artículo 55. Se trata de aquel que establece la obligación de aplicar un 3% más el índice de inflación (IPC) para ajustar las deudas provenientes de los juicios laborales. Según fundamentó en una resolución, un estudio de campo hecho por la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo de la República Argentina concluyó que la medida dispuesta por el propio juez perjudica a los trabajadores. En particular, especificó Ojeda, en las provincias, donde la doctrina legal establece sistemas de actualización de deuda con impacto menor que el que la ley sancionada en febrero pasado establece. Así las cosas, 7 días después de la suspensión provisoria, el artículo vuelve a cobrar vigencia. Reforma Laboral: otros artículos suspendidos Además de suspender el artículo que establece el cálculo de las indemnizaciones, Ojeda suspendió otros puntos clave de la iniciativa impulsada por el gobierno de Javier Milei. Entre ellos, se frenó la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el esquema que buscaba reemplazar parcialmente las indemnizaciones tradicionales. El juez advirtió que no garantizaba la reparación de despidos injustificados y podía afectar recursos de la seguridad social. El fallo tanbién alcanzó a las normas que ampliaban los servicios mínimos durante huelgas e incorporaban nuevas categorías de “actividades de importancia trascendental”, con mayores restricciones a las medidas de fuerza. También quedaron suspendidos los artículos que limitaban la actividad sindical: restricciones a asambleas, reducción del crédito horario para delegados, recortes en la tutela sindical y la posibilidad de sanciones a organizaciones gremiales, incluso con riesgo de pérdida de personería. La Justicia frenó los cambios que alteraban el esquema de negociación colectiva. En particular, la prioridad de los convenios de empresa por sobre los de actividad y la posibilidad de pactar condiciones laborales a la baja. Este punto era uno de los más cuestionados por los sindicatos, al considerar que debilitaba el poder de negociación sectorial. Entre otros, también quedó sin efecto la eliminación de la obligación de preaviso durante el período de prueba, una modificación que flexibilizaba las condiciones de desvinculación en los primeros meses de empleo. Ámbito

Un integrante del área administrativa deberá pagar una indemnización por hechos iniciados en 2018 en el ámbito laboral y que continuaron durante la pandemia mediante mensajes enviados a la denunciante. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) rechazó los recursos de la defensa y confirmó la condena impuesta a un empleado de la Universidad Nacional de Cuyo por abuso de autoridad cometido en un contexto de violencia de género y, en línea con el recurso del Ministerio Público Fiscal, ordenó la reparación económica de la víctima, en los términos del artículo 29 del Código Penal. En la instancia ante Casación intervino el fiscal general Javier De Luca, quien sostuvo el recurso impulsado por el fiscal federal Fernando Alcaraz. El tribunal, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Gabriel Hornos, revocó parcialmente la decisión anterior y dispuso que el condenado, identificado como Osvaldo Nicolás Pulenta, deberá indemnizar a la víctima por los daños ocasionados. El caso La causa se originó a partir de la denuncia de una trabajadora de la Universidad Nacional de Cuyo contra Pulenta, quien ocupaba un cargo administrativo de relevancia en un área de gestión de recursos humanos. Según se acreditó en el proceso, los hechos comenzaron en 2018, cuando el imputado inició un acercamiento hacia la víctima que derivó en conductas insistentes, invasivas y no consentidas. El hostigamiento se desarrolló principalmente en el ámbito laboral, donde el acusado alternaba actitudes de aparente cordialidad con episodios de maltrato. También se extendió a otros espacios, ya que el hombre se inscribía en actividades académicas y sociales en las que participaba la víctima, con el objetivo de mantener una cercanía constante pese a su negativa. Durante la pandemia, las conductas continuaron mediante el envío de mensajes personales, lo que incrementó la angustia y el temor de la denunciante. La investigación también determinó que el imputado tenía injerencia en decisiones administrativas vinculadas a la renovación de contratos, lo que generaba una relación de dependencia que profundizaba la situación de vulnerabilidad de la víctima y el temor a posibles represalias laborales. Asimismo, se acreditó la existencia de prácticas naturalizadas de violencia simbólica en el entorno de trabajo, como comentarios inapropiados y la circulación de contenido sexual en grupos compartidos, lo que contribuyó al aislamiento de la denunciante. Ante la persistencia de los hechos, la víctima formuló denuncias tanto en sede administrativa como penal. Esto derivó en la adopción de medidas de protección, la instrucción de un sumario interno y la imposición de sanciones disciplinarias. El juicio Durante el juicio realizado en marzo de 2025, se produjo prueba testimonial y documental que permitió establecer que no se trató de episodios aislados, sino de una conducta sistemática de abuso de autoridad en un contexto de violencia de género, con impacto en la integridad personal, laboral y psicológica de la víctima. El Juzgado Federal de Mendoza le impuso a Pulenta la pena de 4 meses de prisión condicional. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Melina Juan, había solicitado, además de la condena, una serie de medidas de reparación integral. El tribunal hizo lugar a medidas de satisfacción y garantías de no repetición, pero rechazó la reparación económica al considerar que debía canalizarse por la vía civil. La decisión de Casación Al revisar el caso, la Sala I de la CFCP consideró que esa interpretación era incorrecta. El juez Barroetaveña, cuyo voto lideró el acuerdo, sostuvo que el artículo 29 del Código Penal habilita a los tribunales penales a disponer la reparación del daño como consecuencia accesoria de la condena, incluso sin necesidad de que exista una acción civil previa. De este modo, en línea con lo destacado por la fiscalía en el recurso interpuesto, señaló que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es el único instrumento que fija la reparación. También lo hacen la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Belem Do Pará, la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las Víctimas de Delitos y del abuso de poder de Naciones Unidas, las Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas. Finalmente, indicó que también es reconocido mediante la Ley Nacional N°27.372 de víctimas de delitos. Barroetaveña enfatizó que, frente a estas conductas, corresponde la adopción de “medidas tanto reparatorias como de restauración por cuanto éstas tienen el fundamento de componer el daño ocasionado y, además, evitar o sanar contextos o ambientes laborales que laceran las buenas prácticas que deben imperar en la sociedad en su conjunto”. “Como miembros del poder judicial nos vemos llamados a defender enérgicamente el resguardo de la dignidad de toda persona humana”, destacó el magistrado, al exhortar a la adopción de medidas eficaces orientadas a su plena protección, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado en materia de prevención y erradicación de la violencia y la discriminación. Por último, concluyó que supeditar la reparación al previo ejercicio de la acción civil “no constituye una derivación razonada del derecho vigente con ajuste a las particulares circunstancias comprobadas del caso”, lo que, según consideró —en sintonía con argumentos brindados en el recurso interpuesto por la fiscalía—, puede incluso generar una revictimización al “poner en cabeza de la víctima mujer que sufrió violencia la desgastante tarea de iniciar, transitar y culminar otro proceso judicial para hacer valer su derecho a ser indemnizada pecuniariamente por los daños sufridos a raíz del delito que la victimizó”. Fiscales

Un joven de 20 años fue detenido en Resistencia acusado de abuso sexual en ocasión de robo contra una mujer de 80 años, hecho ocurrido días atrás en una vivienda ubicada sobre calle Monteagudo. La investigación se inició el 3 de abril, cuando la víctima fue trasladada al Hospital Perrando, donde se constató que presentaba lesiones compatibles con abuso reciente, por lo que se dio intervención al Equipo Fiscal N° 15. A partir de las tareas investigativas realizadas por la División Delitos Contra las Personas, los efectivos analizaron registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona, logrando identificar a un sospechoso que había sido visto merodeando el sector antes del hecho. Finalmente, durante la madrugada de este lunes, personal policial logró demorar al presunto autor, quien coincidía con las características observadas en los videos. Entre sus pertenencias se secuestró un teléfono celular que había sido sustraído a la damnificada, además de prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el hecho. El joven fue notificado de su situación legal y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones en la causa.

El futbolista Ignacio Lago, de Colón de Santa Fe, vivió un momento que revolucionó al fútbol argentino durante el programa ‘Sangre y Luto’ de la provincia santafesina. En un segmento especial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el delantero del ‘Sabalero’ recibió videos con palabras dedicatorias de distintas personas de su familia, pero el más especial fue el de su novio, quien le mostró su amor en público por primera vez: “Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño…” Lago admitió su sorpresa al ver el video, y se lo vio visiblemente conmovido. Además, describió la relación: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar”.

El ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, Alejandro Abraam, recibió hoy en Casa de Gobierno al funcionario nacional, en el marco de una reunión de trabajo vinculada a la situación fiscal y financiera de la provincia. El encuentro se da luego de las gestiones encabezadas por el gobernador Leandro Zdero junto a su equipo económico, que permitieron a la provincia acceder a una asistencia financiera por parte del Gobierno nacional, con el objetivo de aliviar la carga de deuda y garantizar el cumplimiento de compromisos inmediatos. Según se informó, los fondos estarán destinados a cubrir vencimientos vinculados al bono internacional en dólares que la actual gestión viene afrontando desde el inicio de su mandato. En ese contexto, el Chaco integra el grupo de jurisdicciones que accederán a un adelanto de coparticipación con una tasa del 15%, lo que permitirá mejorar las condiciones de financiamiento frente a las alternativas del mercado. Abraam explicó que se trata de una deuda “emitida durante la gestión de Domingo Peppo, posteriormente defaulteada y reestructurada por Jorge Capitanich, y que hoy la provincia afronta con un importante esfuerzo”. Por su parte, Guberman señaló que la situación del Chaco no es aislada, sino que “forma parte de un contexto general que afecta a varias provincias en el acceso al financiamiento”. En ese sentido, explicó que “esta herramienta de asistencia surge como una alternativa para enfrentar la actual coyuntura financiera. El objetivo es brindar una opción de financiamiento más accesible que permita atender vencimientos y dar previsibilidad, respetando la autonomía de cada provincia”, indicó el funcionario nacional. Asimismo, remarcó que el esquema alcanza a varias provincias y que los desembolsos se realizarán de manera progresiva, de acuerdo a las necesidades de cada jurisdicción. Por último, Abraam subrayó que esta asistencia representa “un avance en el proceso de ordenamiento y desendeudamiento iniciado en diciembre de 2023”, y permitirá reducir la situación financiera y cumplir con las obligaciones asumidas.

Los presuntos delitos son “defraudación por administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”. En medio de las denuncias por presuntas líneas de crédito hipotecario preferenciales del Banco Nación para funcionarios y legisladores del Gobierno, se presentaron dos denuncias penales por el tema, las cuales ya fueron sorteadas en los tribunales de Comodoro Py. La primera denuncia que apunta contra las autoridades de la entidad bancaria por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública, entre otros delitos, recayó en el juzgado de Daniel Rafecas; mientras que la segunda presentación, realizada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, recayó en la jueza federal María Eugenia Capuchetti. En la primera denuncia, presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, se señaló al expresidente del Banco Nación, Daniel Tillard, y al superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, Juan Ernesto Curuchet, por los presuntos delitos de “defraudación por administración fraudulenta”, “defraudación contra la administración pública”, “abuso de autoridad” y “violación de los deberes de funcionario público”. En cuanto a la segunda denuncia, se involucra a Tillard junto a otros beneficiarios de los créditos, como el director de YPF, Emiliano Mongilardi; el secretario de Finanzas, Federico Furiase; el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE−, Pedro Núñez y los diputados Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovani. La segunda presentación fue realizada por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público”, “enriquecimiento ilícito” y “defraudación por administración fraudulenta”. La polémica surgió luego de que se conociera que decenas de miembros del Gobierno y legisladores oficialistas obtuvieron préstamos hipotecarios en los dos últimos años por cifras que, en algunos casos, llegan a los 500 millones de pesos. Un sector de la oposición en el Congreso ya solicitó formalmente investigar la maniobra. Los datos sobre los créditos hipotecarios, de acceso libre, provienen de la Central de Deudores del Banco Central (BCRA). El escándalo se potenció al ser sistematizada esa información por la plataforma “¿Cuánto deben?”, un visualizador de código abierto desarrollado por los programadores Andrés Snitcofsky y Sebastián Waisbrot. Al cruzar la data con el análisis de las declaraciones juradas se pudo rastrear la evolución mensual de las deudas de 1.440 personas políticamente expuestas: funcionarios, diputados, senadores. Los casos denunciados son los que lograron los préstamos más altos junto a quienes presentan una inconsistencia llamativa entre el patrimonio declarado y el préstamo obtenido. Perfil

Una vecina de la ciudad de Fontana fue sancionada por el Juzgado de Paz y Faltas local con $1.052.000 de multa por no custodiar debidamente a un perro pitbull que poseía en un quincho que alquilaba y que mordió a una niña de 6 años durante un evento realizado el 28 de junio de 2025. La sanción, prevista en el artículo 88 del Código de Faltas, equivale a tres salarios mínimos, vitales y móviles, y se aplica para la tenencia indebida de animales con topes de hasta treinta días de arresto o su equivalente en efectivo hasta cinco SMVM. La norma también prevé que la pena se duplique “si el animal atacara o hiriera a alguna persona”. En la resolución 173/26, la jueza Selva Puchot señaló que el Código de Faltas “considera el riesgo creado por mantener animales bajo custodia, lo que genera una responsabilidad objetiva o presunta. Es decir tener animales de gran porte hace que tenga que cuidarlos con la debida cautela, es decir con bozal o tenerlos custodiados, si como en este caso los dueños alquilan y/o prestan para eventos el quincho o garage y todo forma parte del mismo predio”. Más adelante indicó que el fundamento de la norma “radica en el deber de guarda y vigilancia que pesa sobre quien es propietario o responsable de un animal, especialmente cuando se trata de animales de gran porte o potencialmente peligrosos, cuyo control exige extremar las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos a terceros”. “La conducta de la imputada evidencia una omisión en el deber de custodia y control del animal, permitiendo que el mismo se desplazara libremente hacia un sector donde se encontraban personas reunidas, situación que derivó en el ataque a una persona menor de edad”, culminó.

En declaraciones a CIUDAD TV, Miguel Simons, referente de la Cámara de Supermercadistas del Chaco, analizó la actualidad del sector y señaló que, si bien se registró una leve recuperación en las ventas durante los últimos días, el panorama general continúa siendo complejo por la caída del poder adquisitivo y el aumento de costos. El dirigente explicó que la mejora estuvo vinculada al momento del mes y al uso de tarjetas de crédito, ya que coincidió con el período de renovación de los límites. “Eso ayudó a tener una mejor performance en ventas, sobre todo en frutas y verduras, que venían bastante caídas”, indicó. Sin embargo, advirtió que comienzan a sentirse aumentos vinculados al dólar y a los costos logísticos. En ese sentido, mencionó que productos como el chocolate, cuyos insumos son mayormente importados, ya reflejan subas, y anticipó que el impacto será más visible en los próximos meses. También señaló incrementos en materiales de packaging como plásticos y tetrabriks, con subas de entre el 2% y el 10%, y remarcó que los productos descartables, como bolsas y bandejas, aumentaron entre un 15% y un 20%. Simons sostuvo que la inflación continúa sin mostrar una baja significativa y consideró difícil alcanzar las metas oficiales. “Muchos precios todavía están contenidos porque los comerciantes reducen su rentabilidad para poder vender”, afirmó. En esa línea, aseguró que la verdadera evolución de los precios se verá recién cuando la población recupere capacidad de consumo. En cuanto a la situación estructural, cuestionó la presión impositiva y el costo laboral. Señaló que los aportes patronales representan casi la mitad del salario de un trabajador, lo que dificulta la formalización, especialmente en pequeños comercios. También criticó que la reforma laboral en discusión no introduce cambios de fondo para las pymes y advirtió sobre el impacto de los juicios laborales. El referente del sector también puso el foco en la caída del consumo, producto de salarios estancados, jubilaciones bajas y el crecimiento del trabajo informal. “Hoy la torta se divide cada vez más y alcanza menos”, graficó. En ese contexto, indicó que los supermercados de proximidad son de los más afectados, mientras que las grandes cadenas registran caídas más pronunciadas en volumen. Por otra parte, se refirió al uso de medios de pago y cuestionó los altos costos de las tarjetas de crédito, que —según indicó— pueden representar hasta un 14% del valor de una operación entre comisiones e impuestos. En contraposición, planteó la necesidad de avanzar hacia sistemas más eficientes como el modelo brasileño PIX, que permite operar sin costos financieros. Finalmente, Simons remarcó la necesidad de políticas que impulsen el consumo y acompañen a las pymes, y sostuvo que el rol del Estado debería centrarse en regular y generar condiciones para el crecimiento económico sin distorsiones.

Tras una serie de denuncias por mensajes intimidatorios dirigidos a alumnos de la EEP N° 12, iniciaron un operativo tecnológico y de campo para identificar al autor de las publicaciones. Los mensajes incluían imágenes de armas de fuego. La investigación se inició los días 2 y 3 de abril, luego de que varios ciudadanos alertaran sobre una cuenta en la plataforma TikTok que publicaba contenido con amenazas directas contra estudiantes, exhibiendo un arma de fuego aparentemente calibre 9 mm. Ante la gravedad del hecho, los especialistas en delitos informáticos del Departamento de Cibercrimen activaron los protocolos de enlace con TikTok Law Enforcement, logrando obtener registros técnicos y direcciones IP vinculadas al usuario investigado. Rastreo y allanamiento Mediante el cruce de datos con empresas prestatarias de internet, se logró geolocalizar un domicilio en la calle M. Bassi de Margarita Belén. Con intervención del Juzgado de Garantías N° 2 y la Fiscalía de Investigación N° 15, se procedió al allanamiento del inmueble en la mañana de este domingo. Del operativo participaron efectivos de Cibercrimen, personal de la comisaría local, el ayudante fiscal y operadores sociales de la Línea 102, ante la posible implicación de menores de edad en el entorno escolar afectado. Si bien el registro integral del inmueble arrojó resultado negativo en cuanto al secuestro del arma de fuego exhibida en redes, los investigadores continúan con el análisis de dispositivos y el rastreo de la huella digital para determinar responsabilidades.

Durante marzo de 2026, los vencimientos de títulos públicos provinciales alcanzaron un total de $ 1.221.101 millones, presentando una variación del +10,9% interanual en términos reales y +106,4% respecto al mes previo. Chaco enfrentó un vencimiento de $ 42.012 millones que derivan del pago de servicio de capital y renta de un Bono en dólares pagadero en pesos (CHAQ), un bono en pesos (CH31) y una letra en pesos (BLM26). Según el análisis de la Consultora Politikón y visto por el tipo de servicio enfrentado, el 63% de los pagos correspondieron a amortización de capital y el 37% a intereses. Por su lado, al observar por tipo de instrumento, el 30% de los vencimientos fueron por Letras y el 70% a Bonos; finalmente, visto por moneda de pago, el 37% de los pagos fueron en pesos y el 63% en dólares. Vencimientos de títulos públicos, por jurisdicción La provincia de Buenos Aires concentró el 74,9% del total de los vencimientos de títulos públicos provinciales de marzo por un total $ 914.097 millones que surgen de pagos de tres bonos en dólares (BA37D, BB37D y BC37D); otros tres pagos de bonos en euros (BA37E, BB37E y BC37D); otros cuatro bonos en pesos (PBM31, PBD26, PBJ26 y PBM27) y dos letras en pesos (LBM26 y BBJ26). En segundo lugar quedó la provincia de Mendoza con vencimientos por $ 97.389 millones (8,0% del total) por vencimientos de un bono en dólares (PMM29) y otros tres bonos en pesos (PMM31, PMD26 y PMJ26). La provincia de Río Negro se ubicó en el tercer lugar con vencimientos por $ 63.535 millones (5,2% del total) por pago de servicios de un bono en dólares (RND25), una letra en pesos (BGD26) y tres bonos en pesos (RNG23, RN31 y RNC21). La provincia de Chaco le sigue en el ranking con $ 42.012 millones (3,4% del mes) que derivan del pago de servicio de capital y renta de un Bono en dólares pagadero en pesos (CHAQ), un bono en pesos (CH31) y una letra en pesos (BLM26). Luego, la provincia de Chubut enfrentó vencimientos por $ 40.235 millones (3,1% del total) el pago de un bono en pesos (PU31) y cuatro Letras en pesos (BUM26, BU4J6, BUS26 y BU3J6, esta última nominada en dólares pero se paga en pesos).La provincia de Jujuy le siguió en el listado con vencimientos por $ 37.727 millones (3,1% del mes) producto del pago de un bono en dólares (JU22) y otros en pesos (JUM31). Finalmente, otros catorce distritos registraron vencimientos menores y entre todos explicaron el 2,1% del total del mes (por $ 26.106 millones). Cabe señalar que tanto el volumen de vencimientos abonados como la cantidad de distritos crece en marzo de manera importante, respecto a meses previos, sobre todo por el pago del Bono de Conversión que enfrentan 19 provincias del país en este mes (al igual que en junio, septiembre y diciembre); además, en este marzo 2026 esas provincias pagaron el 2° servicios de amortización de dicho bono (se paga dos veces al año en marzo y septiembre); respecto al volumen de vencimientos, el Bono de Conversión explica parte del salto pero son los vencimientos en dólares (Bs. As, Jujuy, Mendoza y Río Negro en este mes) los que acrecientan de manera fuerte el desembolso consolidado respecto a otros meses (sobre todo para el caso de la provincia de Buenos Aires). Vencimientos en moneda extranjera En el mes de análisis, cuatro provincias enfrentaron vencimientos en moneda extranjera. BUENOS AIRES. Bonos en dólares BUENOS AIRES. Bonos en euros Aclaración: a los fines de consolidar la información de los vencimientos en moneda extranjera, se realizó la conversión de los vencimientos en EU a USD (y luego, su pesificación) al valor del T.C correspondiente a los días del vencimiento. Por ello, para los instrumentos en euros de la provincia de Buenos Aires, se incorpora entre paréntesis el total abonado convertido a dólares. JUJUY. Bono en dólares MENDOZA. Bono en dólares RÍO NEGRO. Bono en dólares De este modo, el total efectivamente pagado en moneda extranjera (dólares y euros, estos últimos convertidos a USD) durante marzo 2026 fue por USD 547.016.512 (63% del total del mes). Vencimientos de títulos públicos acumulados del 1° trimestre A nivel acumulado, en el primer trimestre de 2026 los distritos subnacionales enfrentaron vencimientos por $ 2,21 billones, presentando una baja del 3,2% contra igual período del 2025. El 71% de los mismos correspondieron a amortizaciones de capital y el 29% a intereses; por instrumento, el 45% a Letras y el 55% a bonos y por moneda de pago, hubo paridad: el 50% fueron en pesos y el 50% en moneda extranjera. Por provincia, Buenos Aires concentró el 67% del total del primer trimestre (por $ 1.478.147 millones) seguido por Chaco con el 7% (por $ 161.962 millones) y Mendoza con el 4% (por $ 97.389 millones). Emisiones de títulos públicos provinciales. Marzo 2026 Por otro lado, en marzo de 2026 hubo cuatro provincias que realizaron colocaciones en el mercado por un total de $ 799.465 millones (+101,7% real interanual). En ese marco, la provincia de Entre Ríos explicó el 53% de las colocaciones del mes por un total de $ 420.474 millones que surgen de la conversión a pesos al tipo de cambio del día de liquidación del bono internacional ERM33; recordamos que esta licitación fue el pasado 26 de febrero donde colocó US 300 millones, pero la liquidación de la misma fue el 4 de marzo, por lo que corresponde contabilizarlo en este mes. Luego, la provincia de Buenos Aires colocó unos $ 317.951 millones (40% del mes) correspondiente a Letras del Tesoro (tres nuevas: LB3Y6, BB2J6 y XB2S6; y la reapertura del LBA26); la provincia del Chaco adjudicó $ 37.760 millones (5% del total) también por Letras (dos nuevas: BL2A6 y BLS26; y tres reaperturas: BL2Y6, BL2J6 y BL2G6); finalmente, la provincia del Chubut colocó $ 23.280 millones (3% del mes) correspondientes a dos letras del tesoro (BUG26 y BUN26). Emisiones de títulos públicos acumulados

En una entrevista concedida a un medio español, el presidente Javier Milei reafirmó su “apoyo total” a Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario argentino justificó la intervención bélica al definir a Israel como el “bastión de Occidente” y “la piedra angular de la cultura judeocristiana”. Además, sostuvo que el conflicto va más allá de lo territorial y se convierte en una disputa de valores: “Israel es un Estado que acepta convivir con otros estados. Irán no acepta convivir con Israel. Lo quiere exterminar” La contundente toma de posición de Milei se da en el marco de la mayor crisis diplomática entre Buenos Aires y Teherán en décadas. La Casa Rosada elevó la tensión la semana pasada tras oficializar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y declarar persona non grata al encargado de negocios iraní, Mohsen Soltani Tehrani, quien fue expulsado del país por decisión de la Cancillería. Finalmente, el mandatario vinculó su política exterior con la seguridad nacional, recordando los antecedentes de los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, cuya autoría la justicia local atribuye al patrocinio iraní.

Milei registra, según el sondeo, un 40,3% de positiva, cuando un mes antes tenía un 47 por ciento -siete puntos porcentuales de pérdida- y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo, cinco puntos por encima del 46% de febrero. Cerca del 60% de los argentinos consideró en marzo negativa la situación económica del país, un 12% más que quienes opinaban así en febrero, mientras que la imagen positiva del presidente Javier Milei cayó siete puntos del segundo al tercer mes del año. Los datos están incluidos en una encuesta de la consultora Zentrix, realizada sobre un total de 1.198 entrevistados entre el 10 y el 19 de marzo último, y con un margen de error de +/- 2,83 por ciento. En materia de imagen positiva, la muestra indica que, dentro del ámbito oficialista Milei ya no es la figura mejor evaluada, al ser superado por la senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Milei registra, según el sondeo, un 40,3% de positiva, cuando un mes antes tenía un 47 por ciento -siete puntos porcentuales de pérdida- y también empeoró en cuanto a imagen negativa, que fue del 51% en marzo, cinco puntos por encima del 46% de febrero. Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, Bullrich registró según este sondeo una imagen positiva superior al mandatario, con un + 42,7% y también logró una imagen negativa más baja, con un 50,3%. En otros rubros abarcados por la encuesta, con números preocupantes para el Gobierno, un 59,7 % consideró en marzo que la situación económica del país es “negativa”, un empeoramiento de casi 13 puntos respecto de febrero, cuando era del 47%. Además, la aprobación sobre el Gobierno de Milei quedó en 38,5% con una desaprobación en alza que alcanzó al 53%. En febrero esos rubros habían dado según Zentrix 45% de positiva y solo 44% de negativa, con saldo positivo en el diferencial de ambos conceptos. Asimismo, ante otra pregunta, un 83,9% aseguró que su salario “no” le está ganando a la inflación. Respecto de la oposición, la encuesta de Zentrix midió a dos dirigentes del peronismo, Axel Kicillof y Juan Grabois, a quienes la consulta le otorgó números más bajos que a Milei y Bullrich. El gobernador bonaerense, que avanza con su candidatura desde el Movimiento Derecho al Futuro, registró una imagen positiva de 33,8% y una negativa de 57,3%, con un diferencial negativo de más de 23 puntos. En tanto que el actual diputado nacional y líder de la agrupación Patria Grande logró números parecidos, con un 33,2% de imagen positiva y un 57% de negativa.

El municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña intensificó los operativos de tránsito en el centro de la ciudad ante el crecimiento de un fenómeno que preocupa a las autoridades y a los vecinos: los denominados “wileros”, grupos organizados de motociclistas que utilizan las calles céntricas como pistas de carrera, generan ruidos molestos y protagonizan situaciones de violencia. Así lo explicó el subsecretario de Nocturnidad del municipio, Alberto Andino, en una entrevista con CIUDAD TV. Andino describió que estos grupos circulan con motocicletas modificadas para competición, sin luces, sin casco, sin licencia de conducir y con escape libre, en franca violación a la ley de tránsito y a las ordenanzas municipales. “Son grupos organizados que realmente ocupan los fines de semana para generar desorden y violencia”, afirmó el funcionario, quien señaló que las infracciones más registradas en los últimos operativos corresponden precisamente a esas irregularidades. En el marco de los controles recientes se labraron 25 actas de infracción. La situación escaló cuando, durante un operativo realizado en la madrugada del viernes al sábado, el grupo no respetó el control policial y embistió a un inspector municipal, quien sufrió lesiones leves. Andino advirtió que las agresiones a funcionarios son una constante: “En forma permanente están recibiendo agresiones físicas como gomera, tumbera, el arrojo de botellas o algún elemento contundente”, describió, y destacó que estos incidentes se registran de manera cotidiana durante los procedimientos. Frente a este escenario, el municipio actúa de manera articulada con la Policía de la Provincia, dado que las conductas de estos grupos configuran contravenciones encuadradas en la ley provincial 850, lo que habilita la intervención del juzgado de faltas provincial. Andino explicó que muchos de los infractores terminan conducidos a la comisaría jurisdiccional por la fuerza policial cuando oponen resistencia o se muestran violentos durante los controles. Los operativos se desarrollan tanto en puntos fijos como en modalidad móvil. Las zonas más afectadas son las arterias principales del centro de la ciudad: la calle 12, la avenida 33 y las calles 10 y 14. El esquema de patrullaje involucra motoristas del grupo POM de la Policía, agentes de la Dirección de Tránsito Municipal, y vehículos y grúas del municipio que recorren distintos sectores de la ciudad para detectar infracciones y detener a quienes provoquen desorden.

En el marco de los controles realizados durante el fin de semana largo, la Policía del Chaco, junto a inspectores de Tránsito, llevó adelante operativos móviles en distintos puntos de Resistencia con el objetivo de desalentar maniobras peligrosas en motocicletas y prevenir la conducción bajo los efectos del alcohol. Como resultado de los procedimientos, se detectaron 10 casos de alcoholemia positiva, además de numerosas infracciones a la normativa vigente. En un hecho particular, durante la madrugada del domingo, un joven fue demorado tras circular en contramano a bordo de un automóvil Chevrolet Astra blanco. Al ser interceptado por el personal policial, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,203 gramos de alcohol por litro de sangre. En total, los operativos dejaron un saldo de 33 motocicletas y 4 automóviles secuestrados, junto con 136 actas de infracción labradas y 10 conductores con alcoholemia positiva. Desde las autoridades remarcaron la importancia de estos controles para reducir riesgos en la vía pública y anticiparon que continuarán en los próximos días.

En el marco del proceso de modernización, digitalización y despapelización, el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que las boletas de pago de cuotas se gestionan exclusivamente en formato digital. La medida, impulsada por el organismo presidido por Fernando Berecoechea, implica la eliminación definitiva de las boletas físicas y la consolidación de un sistema digital integral, orientado a optimizar recursos, reducir el uso de papel y brindar mayor comodidad a las familias adjudicatarias. En este sentido, los usuarios pueden autogestionar sus boletas a través de la plataforma Tu Gobierno Digital (TGD), ingresando con número de adjudicatario o DNI, o bien desde la página oficial del IPDUV, en la sección “Impresión de Boletas”. Asimismo, cada comprobante es enviado automáticamente al correo electrónico registrado, garantizando un acceso rápido y seguro.Las boletas pueden descargarse para abonar de manera online o imprimirse en caso de ser necesario. Medios de pago habilitados El IPDUV recordó que se encuentran disponibles las siguientes opciones de pago: -Tu Gobierno Digital (TGD): permite abonar de forma online, incluso boletas vencidas, con tarjeta de crédito o débito. -Home Banking / Red Link: seleccionando la opción IPDUV Chaco – Préstamos y generando el código de pago electrónico. -Pago Fácil / Rapipago: mediante boleta impresa o código de barras. -Cajas Municipales y Agencias de Quiniela: para boletas no vencidas. -Cancelación anticipada: a través de una boleta única generada en TGD. De esta manera, el organismo reafirmó que todas las gestiones vinculadas al pago de cuotas deben realizarse únicamente a través de los canales digitales habilitados, en línea con su compromiso de ofrecer un sistema más ágil, accesible y eficiente para las familias adjudicatarias.

Los jueces Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, fueron imputados por presunto abuso de autoridad y manipulación de causas relacionadas con evasión fiscal millonaria. Los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedián, del Ministerio Público Fiscal de la Nación, imputaron a Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres, presidenta y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, por presunto abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción. Según la requisitoria de los fiscales al juez Alejandro Sánchez Freytes, Montesi y Sánchez Torres habrían realizado maniobras en dos causas vinculadas al caso “Bunge” -donde se investigan evasiones megamillonarias- en pos de favorecer a los imputados y lograr la falta de mérito. Además, los fiscales le imputan a Sánchez Torres lesiones graves calificadas por mediar violencia de género contra una secretaria que se negó a firmar un certificado para lograr la integración de una de las salas de la Cámara que lo dejara en mayoría. El caso “Bunge” tiene dos causas: una denominada “Padilla” que se tramitaba en la sala A de la Cámara Federal de Apelaciones; y la causa “Humanes”, en la sala B. “Graciela Susana Montesi -de la Sala A- y Abel Guillermo Sánchez Torres -de la Sala B-, habrían acordado manipular la integración del Tribunal en violación a lo establecido en la ley y reglamento”, señalaron Turano y Hairabedián. Ambas salas tenían una vacante y esa fue la variable que habrían utilizado los camaristas para operar en conjunto. Según lo que apuntan los fiscales, la Sala A -integrada por Montesi y Eduardo Avalos- recibió la causa “Padilla” en julio de 2023. Montesi emitió su voto en noviembre, luego votó Avalos y el secretario penal Mario Olmedo -también imputado- debía remitir el expediente a Liliana Navarro, la camarista que debía completar la sala ese mes según el reglamento y lo acordado. Sin embargo, Olmedo habría devuelto las actuaciones a Montesi, que las “habría retenido sin justificación hasta que el turno de subrogar fuera del juez Abel Sánchez Torres”. Ya cumplidos esos plazos, Montesi integró la sala el 5 de diciembre de 2023 con Sánchez Torres como tercer integrante. Los fiscales señalan un detalle clave respecto a cómo se decidió el futuro de la causa que involucraba a uno de los CEO de Bunge: “Recibidas las actuaciones en la vocalía de Sánchez Torres con fecha 07/12/2023 a las 11:48 hs. emite su voto y remite el expediente a la secretaria penal el mismo día a las 11:49 hs. es decir que demoró un minuto en analizar y resolver una apelación, arrojando como resultado una falta de mérito por unanimidad en favor de Raúl E. Padilla”. Tres días después de oficializada la falta de mérito en favor de Raúl Padilla, los roles cambiaron y Sánchez Torres le ordenó a la secretaria de Cámara Penal, Celina Laje Anaya, que firmara un certificado para integrar la sala B con Graciela Montesi, ya que Mario Olmedo estaba de licencia. Laje Anaya se negó a firmar el certificado y Sánchez Torres decidió la integración de la sala mediante un decreto. En esa sala se tramitaba la acción judicial contra Plácido Humanes, expresidente del directorio de Bunge. En abril de 2024, la otra integrante natural de la sala, Liliana Navarro, cuestionó a Sánchez Torres, que debió dar marcha atrás e incorporar a Eduardo Avalos -como correspondía- en lugar de Graciela Montesi. De esa manera, no pudo lograr la mayoría y Plácido Humanes fue procesado con el voto en disidencia del camarista ahora imputado. La propia jueza Liliana Navarro declaró en la causa que la sorprendió que en aquel diciembre, casi junto al brindis navideño, Sánchez Torres apretara el acelerador indicando darle “preferente despacho” a la causa luego de decidir la integración de la sala por decreto. Sin embargo, una vez cuestionado por ella misma y viendo que no podría asegurarse la mayoría en su propia sala, Sánchez Torres pasó a mover la causa en cámara lenta: demoró cuatro meses en votar y, luego del voto de Navarro, pidió nuevamente el expediente para ampliar su expresión en disidencia, algo que para la camarista resultó “llamativo”. Un detalle más completa el paisaje: en la requisitoria del Ministerio Público Fiscal se consigna que Sánchez Torres y Montesi son pareja, algo que en la Justicia Federal cordobesa era conocido por todos. “Se advierte una maniobra coordinada en ambas causas que integraban el caso ‘Bunge’, que evidenciaba el acuerdo y voluntad de los jueces Sánchez Torres y Montesi de intervenir juntos en el caso en contra de lo que correspondía”, escribieron los fiscales en la imputación. Este esquema habría apuntado a conseguir la impunidad de sectores del poder económico-empresarial. Los hilos que se mueven detrás del caso ‘Bunge’ muestran la notoria implicancia de sectores de la casta judicial con la política y el empresariado. Un artículo del diario La Voz del Interior consigna el abrazo entre Sánchez Torres y Luis Juez, senador ahora libertario, en la apertura del año judicial en Córdoba días atrás, un gesto que el propio medio vincula a la intención del camarista de ser considerado entre los candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo que señala sobre la reunión del juez con Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza (AGD). Según la nota periodística, Sánchez Torres “habló de la confianza que ‘el sistema’ tendría en él” como ministro del máximo tribunal. Casualmente, AGD es socia de Bunge en algunos emprendimientos. Por ejemplo en ProMaíz, empresa asentada en la localidad de Alejandro Roca y cuyo directorio integraban Adrián Alberto Urquía -también de la familia dueña de AGD- y el propio Plácido Humanes. La denuncia de Laje Anaya La causa contra las autoridades de la Cámara Federal cordobesa se desprende de la denuncia de maltrato laboral presentada por Celina Laje Anaya. Para los fiscales, Sánchez Torres “habría abusado de la autoridad que investía desplegando sobre la secretaria de Cámara” y, como represalia por negarse a firmar el certificado de

El querellante Martín Romeo solicitó citar a 16 personas, incluyendo al Presidente y altos funcionarios, por una maniobra de presunto vaciamiento de 44.5 millones de dólares. El abogado querellante Martín Romeo, con el patrocinio de Nicolás Oszust, presentó esta semana ante la Justicia Federal un pedido de declaración indagatoria contra el presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei y otros 14 implicados por los delitos de asociación ilícita, estafa y lavado de activos en la causa conocida como “$Libra”. La presentación judicial sostiene que se utilizó el aparato estatal y la figura presidencial para otorgar una falsa legitimidad a un criptoactivo que finalmente fue vaciado, damnificando a miles de ahorristas por una suma superior a los 44.5 millones de dólares el pasado 14 de febrero de 2025. Según el escrito judicial, la maniobra fue una “operación de diseño milimétrico” iniciada en 2024. La querella destaca la firma del “Kelsier Group LATAM Agreement” el 16 de octubre de 2024, un contrato de posibles sobornos por 1.550.000 dólares que aseguraba a los financistas extranjeros acceso exclusivo al Presidente y la potestad de redactar marcos regulatorios para criptoactivos en Argentina. Según se detalla, el esquema se habría gestado entre 2018 y 2024 a partir de una red de intermediación financiera, uso de plataformas internacionales y mecanismos de captación de inversores minoristas. Este pacto se habría sellado en el Hotel Libertador, búnker de campaña de Milei, con la presencia de figuras clave como el desarrollador polaco Bartosz Lipinski y el desarrollador financiero Hayden Davis. Para la querella, esto representa una “captura regulatoria” donde el Estado fue puesto al servicio de una estafa transnacional. El rol de los “infiltrados” El expediente CFP 000772/2025, que investiga el lanzamiento y operatoria del token, señala a Sergio Morales como el “infiltrado” que asumió como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV) para dar cobertura legal al esquema mientras operaba en las sombras para la organización. Además, se menciona al entonces vocero presidencial Manuel Adorni por aportar “lavado de prestigio” e inducir a error a los inversores mediante su participación en eventos de la organización. Mauricio Novelli aparece como uno de los articuladores locales del esquema; Morales, como nexo con el Estado desde su rol en la CNV; y Manuel Terrones Godoy, como operador comercial. A nivel internacional, se menciona a Davis como cerebro financiero del grupo Kelsier, a Julián Peh como desarrollador técnico del proyecto y a Bartosz Lipinski como arquitecto vinculado a la infraestructura blockchain. La prueba más contundente citada es el tuit del Presidente Milei del 14 de febrero de 2025 a las 19:01 horas, donde publicó el contrato inteligente de la criptomoneda. Según la pericia de la UFECI, este mensaje funcionó como el “gatillo” oficial para que, minutos después, se iniciara el drenaje de liquidez hacia una bóveda colectora controlada por la organización. El expediente también incorpora movimientos financieros que, de acuerdo con la presentación, incluirían transferencias en criptomonedas por cientos de miles de dólares a billeteras vinculadas a los acusados, tras acuerdos con el grupo internacional Kelsier. En la misma línea, se detalla una compleja red de lavado que incluye el uso de facturas apócrifas realizadas en plataformas de diseño, cuentas en paraísos fiscales como Seychelles y el uso de familiares, como María Alicia Rafaele (madre de los hermanos Novelli), para ocultar dinero físico en cajas de seguridad del Banco Galicia. La querella concluye que se trata de un concurso real de delitos, donde la asociación ilícita para lesionar el orden público se independiza de la estafa a la propiedad y el posterior lavado de activos que vulneró el orden económico nacional. Perfil

El Gobierno le otorgará a doce provincias un anticipo financiero de $400.000 millones y el monto que se le dará a cada una de ellas lo determinará la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía “conforme a la capacidad de repago de cada provincia sobre la base de su participación en la recaudación de tributos nacionales”. Así se indicó este lunes en el Decreto 219/2026 publicado en el Boletín Oficial y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas y la medida fue firmada el 1° de abril por el presidente Javier Milei junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Las provincias que recibirán el dinero son: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán. Además, en el Boletín Oficial se indicó: “Facúltase a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a disponer la cancelación de los anticipos otorgados, con más los intereses que se devenguen calculados sobre la base de una Tasa Fija Nominal Anual del 15 %, mediante la afectación de la respectiva participación de las provincias detalladas en el artículo 1° del presente decreto, en el régimen de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el que lo sustituya y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico”. La citada secretaría también podrá ”disponer las condiciones de desembolsos a las provincias, formas de cancelación y demás condiciones aplicables, pudiendo suscribir acuerdos con cada una de las jurisdicciones para determinarlos”, mientras que se estableció que, a los fines de dar cumplimiento a la presente medida, “los Gobiernos de las provincias que se detallan el mencionado decreto deberán: Afectar su participación en el Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las Provincias establecido en la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que lo sustituya, y en otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado, con más sus intereses y autorizar a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía a retener automáticamente los fondos emergentes de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones o el régimen que la sustituya, y de otros recursos coparticipables sin afectación a un destino específico por hasta el monto anticipado más sus intereses, con el fin de cancelar los fondos que se otorgan con más sus intereses”.