La jueza de Cámara Dolly Fernández confirmó este martes que César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena serán condenados a prisión perpetua por el asesinato de Cecilia Strzyzowski, luego de ser considerados culpables por el jurado popular en noviembre pasado. César Sena fue condenado como autor del delito de homicidio doblemente agravado por mediar violencia de género. En el caso de su padre, Emerenciano Sena, lo consideraron culpable por el delito de partícipe primario del femicidio; mientras que su madre, Marcela Acuña, fue declarada culpable como partícipe primaria. Todos recibieron la pena de prisión perpetua. La jueza técnica, Dolly Fernández, leyó este martes las penas luego de que el 15 de noviembre de 2025 el jurado popular considerara que los imputados eran culpables por la muerte de Cecilia Strzyzowski, quién fue vista por última vez ingresando a la casa de la familia Sena el 2 de junio de 2023. La magistrada también rechazó la declaración de nulidad del veredicto del jurado solicitado por los abogados defensores de los imputados que fueron considerados culpables y el planteo de inconstitucionalidad a la pena de prisión perpetua.
Autor: Redacción General
En la mañana de este martes desde el Ejecutivo de Santa Fe aseguraron que “no hubo acuartelamiento” y que el patrullaje se mantuvo durante la madrugada. Sin embargo, en la misma conferencia de prensa, el ministro de Seguridad Cococcioni confirmó que el gobierno provincial pasa a disponibilidad a 20 agentes y acrecentó la protesta policial que se replica en otras ciudades santafesinas. Policías de Santa Fe llevaron adelante una nueva protesta salarial junto a sus familiares, se enfrentaron con otros agentes y se acuartelaron. Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados. A primera hora de este martes había una gran cantidad de patrulleros y motocicletas de la fuerza apostados a la altura del cruce con calle Gutiérrez, en la mano que va hacia el norte. El Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior) anunció un corte de tránsito total en ambos sentidos y recomendó evitar la zona en el arranque de la jornada. A todo esto, pasada la mediamañana, el gobierno provincial trasladó a uniformados de otras zonas a Rosario y pidió que se refuercen los operativos de fuerzas federales, en el marco del plan Bandera. Enero fue un mes duro para la policía en la provincia. La mayoría de los agentes no se tomaron vacaciones, porque en el gobierno querían evitar que se resienta la presencia de efectivos en meses duros, como son los dos primeros del año. En Rosario se produjeron nueve homicidios en los primeros 30 días de 2026, una cifra baja si se la contrasta, incluso, con 2025, cuando hubo 22 crímenes, aunque el número de heridos de arma de fuego superó los 45. Por eso, a pesar de las protestas, Pullaro buscó mostrarse flexible al principio. La campaña electoral que lo llevó a la gobernación se basó en gran parte en dar una solución en materia de seguridad, y en los últimos dos años los crímenes descendieron con respecto a la dinámica de violencia narco que fracturó Rosario en la última década y media. El gobierno provincial pasa a disponibilidad a 20 agentes El gobierno de Santa Fe pasó a disponibilidad a al menos 20 integrantes de la policía provincial que participaron de las protestas y acuartelamientos que tuvieron lugar anoche, en reclamo de mejoras salariales para la fuerza. La cifra del personal “pasado a disponibilidad y con retiro de armas” será mayor y varios de ellos serán denunciados por “ilícitos penales”. Las sanciones fueron confirmadas por el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, que a primera hora de hoy salió a transmitir la postura del gobierno del macrista-mileísta Maximiliano Pullaro. Durante una conferencia de prensa, el funcionario calificó de “atendibles” a los reclamos que la policía le hizo precisamente a su propia gestión e intentó solidarizarse con la situación. “La protesta es legítima y la acompañamos”, expresó el ministro y reconoció que “las necesidades y problemas” de la fuerza “son atendibles” porque “una mejora en la seguridad de nuestros santafecinos implica atender las mejoras de nuestras fuerzas de seguridad”. “Algunas cosas ya las hemos empezado a hacer. Se puede dialogar cómo mejorar las condiciones de trabajo y organizar mejor la jornada de trabajo”, pero “no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociaciones la seguridad de la provincia”, sentenció. No obstante, subrayó que “la política salarial no es algo que se discute en una paritaria con la fuerza policial” sino que se equipara con la paritaria de la administración pública estatal. Sin embargo “las fuerzas de seguridad han recibido un diferencial porcentual” pero admitió que el sector “merece un reconocimiento mayor”. Paralelamente, el funcionario informó que las sanciones recayeron sobre uniformados que “abandonaron el servicio policial” y aseguró que el gobierno provincial “está dispuesto a dialogar” para solucionar el conflicto. Página 12/Uno Entre Ríos/La Nación
El secretario General de ATSA y cosecretario de la CGT Chaco, Adrián Bellomi, criticó con firmeza la nueva norma que impulsa el gobierno libertario. “Va a haber más de 30 artículos que van a modificarse y todavía no sabemos cuáles son, desde diciembre a la fecha no hay un legislador o funcionario oficialista que te pueda decir qué artículo beneficia el laburante”, advirtió. “Esta reforma que se quiere hacer atenta directamente el modelo laboral argentino; o sea, con la excusa de que quieren modernizarla se va a regresar 100 años para atrás. Prácticamente están implementando una nueva esclavitud en la Argentina con la total falacia de decir que estas modificaciones en la ley van a generar mayor registración laboral, cosa que no es cierto”, comenzó señalando el gremialista de la salud. Sosteniendo que gran parte de esta modificación en la Ley no solo va a afectar a aquellos trabajadores que hoy tienen derechos, ”sino que aquellos que no los tienen jamás van a llegar a alcanzarlos con esta modificación. Y también no podemos dejar de lado algunas de las cuestiones que quieren cambiar, como las indemnizaciones y el fondo de cese laboral que afectan directamente a la salud de los trabajadores”, al desviar los aportes de obras sociales. Bellomi explicó, además, que “el año pasado sacaron las multas para el personal no registrado. ¿Eso generó mayor registración laboral?. No, todo lo contrario, ahora hay menos trabajo en blanco. Este el gobierno dice una cosa, pero el beneficio no sería para el trabajador, sino para los empresarios”. Criticando también a las empresas que optan por la informalidad laboral sin sanciones por parte del Estado. El dirigente no olvidó que esta reforma laboral “ya la quisieron hacer en diciembre y la CGT logró postergarla. Y, en ese momento, sí o sí va a salir al libro cerrado cuando intentamos que se postergara y se empezase a discutir un montón de artículos de la ley, cosa que la propia Bullrich lo reconoció ayer”. “Va a haber más de 30 artículos que van a modificarse y todavía no sabemos cuáles son, desde diciembre a la fecha no hay un legislador o funcionario oficialista que te pueda decir qué artículo beneficia el laburante”, disparó. La movilización El dirigente gremial de la salud apuntó que este miércoles va a haber una movilización en Buenos Aires que seguramente será la más concurrida por parte de la CGT. “Pero va a haber una réplica también acá en la provincia y en toda la Argentina. En Capital Federal va a arrancar mañana la siesta y eso se va a replicar en cada Casa de Gobierno de todas las provincias”. “Vamos a exigirle a nuestros gobernantes de que hablen con sus senadores de que esto no puede salir de la manera que pretende el Gobierno nacional. Nosotros en breve nos reunimos en CGT para definir exactamente el horario de concentración y cómo va a ser la modalidad que realizaremos”, agregó. En el final, Adrián Bellomi insistió en subrayar que las modificaciones beneficiarían principalmente a un pequeño grupo de empresarios – incluso extranjeros -, no a trabajadores ni pymes. Y volvió a apuntar a la enorme caída del consumo aque sacude a comerciantes y empresarios y que se vincula con políticas económicas generales consideradas dañinas para el empleo y la producción. ”Cuando hubo en la Argentina un impulso económico y una decisión política de sostener el trabajo registrado, como por ejemplo la doble indemnización, fue cuando más creció el empleo en la Argentina. ¿Por qué?, porque hubo todo un paquete y medidas económicas y fiscales que promovieron la registración laboral, y promovieron la industria y la producción en el país. Hoy estamos con este gobierno que viró totalmente hacia otro lado, que es la especulación financiera y la apertura indiscriminada de productos de afuera”, sentenció Bellomi.
Mediante esta decisión, se desestimó finalmente la acción de amparo promovida por seis agentes que reclamaban percibir el mismo 50% que cobran otros colegas. El Superior Tribunal de Justicia del Chaco resolvió hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad interpuesto por la Provincia del Chaco y, en consecuencia, declarar la nulidad de una sentencia que había ordenado equiparar el porcentaje de una bonificación por dedicación para un grupo de empleados de la Fiscalía de Estado. Mediante esta decisión, se desestimó finalmente la acción de amparo promovida por seis agentes que reclamaban percibir el mismo 50% que cobran otros colegas. La sentencia, firmada por los jueces Néstor Varela, Alberto Modi y Víctor Del Río, pone fin a este litigio y afirma la validez del marco normativo aplicado por la Fiscalía de Estado. Como consecuencia de acoger el recurso, el STJ ejerció jurisdicción positiva y desestimó definitivamente la acción de amparo. También impuso las costas de todas las instancias a la parte actora y reguló los honorarios de sus letrados. El origen del conflicto El conflicto se originó porque los trabajadores, designados entre 2018 y 2021 como procuradores fiscales y un escribano fiscal, percibían una bonificación por dedicación del 25%. Argumentaban que esta diferencia respecto al 50% que recibía la mayoría de los demás profesionales de la repartición, realizando idénticas tareas y con la misma carga horaria, violaba el principio constitucional de igualdad y de igual remuneración por igual tarea. Sostenían que se trataba de un trato desigual injustificado y arbitrario. La Fiscalía de Estado, en su defensa, señaló que la bonificación se regía por leyes y decretos provinciales que establecían límites porcentuales y facultaban al organismo a fijar distintos porcentajes según cargos, funciones y momentos de designación. Adujo que los actores habían ingresado bajo la vigencia de la Ley 2423-A, que ratificaba un tope del 25% para quienes se incorporaran después de mayo de 2018, por lo que no se encontraban en la misma situación jurídica que los agentes de designación anterior. Luego de un camino judicial que incluyó una sentencia de primera instancia que les dio parcialmente la razón y una de segunda instancia que confirmó el amparo ordenando el pago de la bonificación al 50% con retroactividad, la Provincia recurrió al STJ. El tribunal superior consideró que la sentencia de la Cámara Laboral incurría en arbitrariedad al desconocer el principio de legalidad y la potestad del Estado para modificar regímenes salariales. En sus fundamentos, el STJ destacó que la Administración Pública debe actuar sujeta a la ley y que la diferencia de trato no derivaba de una discriminación arbitraria, sino de la aplicación de un régimen legal distinto vigente al momento del ingreso de los actores. Subrayó que los demandantes aceptaron las condiciones legales al momento de su designación, vinculándose por el principio de los actos propios. Además, el tribunal hizo hincapié en los límites del control judicial de constitucionalidad, señalando que los jueces no pueden prescindir de la ley vigente ni sustituir la voluntad del legislador por su propio criterio, so pretexto de considerar injusta una norma, salvo que exista una clara contradicción con la Constitución. En este caso, entendió que la sentencia recurrida había incurrido en una indebida injerencia en materias propias de otros poderes del Estado.
Retrocedió cinco puestos en comparación con la medición anterior en el índice que elabora el movimiento global Transparencia Internacional. La Argentina cayó cinco puestos en el ranking mundial de transparencia, y se ubica en el puesto 104, mientras que en la medición anterior estaba en el puesto 99. Se trata del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que elabora todos los años el movimiento global Transparencia Internacional, en el cual nuestro país obtuvo una calificación de 36 puntos sobre 100 teniendo en cuenta el 2025. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, es un punto menor a la puntuación obtenida en 2024, por lo cual Argentina se percibiría como un país más corrupto. Cómo funciona la clasificación El IPC clasifica a 182 países y territorios de todo el mundo según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público. Los resultados se presentan en una escala de 0 (altamente corrupto) a 100 (muy transparente). Desde Transparencia Internacional explican que, si bien 31 países redujeron significativamente sus niveles de corrupción desde 2012, el resto no logra abordar el problema: se estancaron o empeoraron durante el mismo período. Por otra parte, el promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50. El informe indica que “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes.” La transparencia en Argentina En el puesto 104, Argentina comparte el lugar con Belice y Ucrania, y está detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Con una calificación de 36, el puntaje del país viene bajando desde 2019. El podio El podio se mantiene igual que en 2024 y está liderado por Dinamarca, con 89 puntos; en segundo lugar está Finlandia, con 88, y en el tercero Singapur, con 84. Los países con peor ubicación son Venezuela en el puesto 180, con 10 puntos; mientras que Sudán del Sur y Somalia comparten el puesto 181, con solo 9 unidades sobre 100.
La Cámara Federal fijó fecha para un sorteo en el que se elegirá a su reemplazante. Hay solo cuatro candidatos en condiciones de reemplazarlo. El juez federal Sebastián Casanello dejará de ser el magistrado a cargo de la causa Andis. Este jueves será su último día frente a ese y otros expedientes de extrema sensibilidad que están radicados en el Juzgado Federal 11 con asiento en los tribunales de Comodoro Py. La información fue confirmada a Tiempo por fuentes judiciales. La salida del juez que viene de procesar al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) tras considerarlo jefe de una asociación ilícita se explica por el fin de su subrogancia frente al mencionado tribunal. Ocurre que ese juzgado está vacante desde la muerte de su titular, el entonces juez Claudio Bonadío, y desde ese momento ha estado a cargo de magistrados subrogantes. Casanello había quedado sorteado en febrero del 2025 para hacerse cargo y a mediados de agosto quedó radicada ahí la denuncia del abogado Gregorio Dalbón que dio inicio a la investigación por presuntos retornos millonarios en los medicamentos para personas con discapacidad. A partir de ahí, el juez asumió un fuerte protagonismo producto de que estuvo al frente del expediente más sensible para la Casa Rosada en dos años de gestión libertaria. Si bien podía haber continuado un año más frente a ese Juzgado, Casanello optó por avisar que no hará uso de la prórroga y el próximo jueves dejará esa oficina con titularidad vacante. Según pudo saber este medio, la decisión fue tomada debido a cuestiones personales. Mañana se sortea Eso fue comunicado durante el lunes a autoridades de la Cámara Federal y este martes el juez Leopoldo Bruglia ordenó un sorteo entre los jueces y juezas que estén en condiciones de hacerse cargo del Juzgado. Eso mismo ocurrió un año atrás cuando se venció la subrogancia que ejercía Julián Ercolini y Casanello quedó al frente. Según confirmaron fuentes judiciales, eso ocurrirá este miércoles 11 de febrero a las 11 de la mañana. Este medio supo que de momento hay solo cuatro magistrados en condiciones de integrar el bolillero, aunque aún están a tiempo de avisar en caso de que no les interese participar. Si bien los nombres están bajo reserva, este medio supo que por un acuerdo de Cámara se fijó como criterio para otorgar subrogancias la exclusión de aquellos que ya están cubriendo tareas en Juzgados vacantes. Cómo sigue la causa El lunes el magistrado firmó un fallo de 300 páginas en el que dispuso los procesamientos de Spagnuolo y del resto de los imputados en la causa Andis que fueron indagados antes de la feria judicial. Entre ellos están el ex número dos del organismo, Daniel María Garbellini, y los empresarios Miguel Calvete y Pablo Atchabahián, quienes habrían tenido un rol clave en el entramado de manipulación de las compulsas de precios para medicamentos e insumos. Si bien no ordenó detenciones, Casanello estableció embargos por hasta 200 mil millones de pesos. La salida de Casanello del Juzgado Federal 11 y en consecuencia de la causa Andis genera expectativas entre los alfiles de la Casa Rosada que están atentos a las cuestiones judiciales. Más que nada frente a la posibilidad de que el caso quede en manos de un juez o una jueza que pueda resultar más amable para la óptica de un oficialismo liderado por el presidente Javier Milei, cuyo ex abogado es el principal imputado y procesado. De todos modos, en principio no habría cambios sustanciales en la investigación con la salida de Casanello. Es que el fiscal Franco Picardi continuará su intervención en un expediente que tiene delegado, a menos que el nuevo juez o jueza decida revocar esa delegación y se haga cargo de la investigación. Para quienes también es una oportunidad la salida de Casanello es para las defensas, entre ellas la de Spagnuolo. Vale recordar que los defensores del ex funcionario, los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, cuestionaron al juez por supuestamente haber encarado una investigación judicial a partir de audios atribuidos a su cliente que habrían sido manipulados. Esa queja la llevaron a la Cámara Federal. En esa instancia lograron un “reto” al magistrado para que procure establecer el origen y la veracidad de los famosos audios, al tiempo que exporta qué otros elementos abonaron a la investigación. Este mismo lunes D’Alessandro le dijo a Tiempo que apelarán el procesamiento porque “incumplió con las dos instrucciones precisas que le dio la Cámara”. En los procesamientos, el magistrado estableció que el aparente esquema de corrupción que se desplegó en la Andis “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”. Eso debido a que, según el fallo de este lunes, “existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”. De acuerdo con ese razonamiento plasmado en la resolución de más de 300 carillas, hay una concatenación de episodios que “sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”. De ese modo, el funcionario dijo que hay elementos como para avanzar en nuevos llamados a indagatoria de personas físicas y jurídicas. Tiempo Argentino
Los reclamos empezaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario con agentes junto a sus familiares, se enfrentaron con otros agentes y se acuartelaron. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados. De esta manera, un grupo de policías autoconvocados mantienen bloqueados los portones de ingreso y egreso de la URII y no consideran suficientes los anuncios del ministro de Seguridad Marcelo Sain. Tras los anuncios de mejoras salariales y otros beneficios del ministro de Seguridad Marcelo Sain, policías autoconvocados de Rosario continuaban realizando el bloqueo de los cuatro ingresos de la Jefatura de Policía de Rosario (URII). Eran cerca de 100 manifestantes, jubilados, retirados y familiares de personal en actividad que impiden el ingreso y la salida de vehículos. ”Los cambios de guardia se realizan fuera de la Unidad Regional y las guardias y los patrullajes se desarrollan con normalidad”, se informó. Los reclamos continuaron en el resto de la provincia y hay tensión ante la posibilidad de que el conflicto continúe. Ante esta situación, las protestas también incluyeron la solicitud del cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de la movilización inicial. En diálogo con Bruno Ballesteros e Ignacio Laurenti por Aire de Santa Fe, el policía retirado Marcel Bordón aclaró que el miércoles por la mañana presentaron un petitorio ante el Ministerio de Seguridad pero que los anuncios de Sain no colmaron las expectativas. Aclaró que la policía no está acuartelada. “La medida no es prudente pero estamos pasando por una situación tremenda. El 60% de los patrulleros que salen a la calle están en puestos fijos custodiando a gente amenazada, involucrada en balaceras narcos, y la policía no es para estar cuidando narcotraficantes. Los narcos se tiran tiros entre ellos y hay que cuidarlos”, sostuvo. El 60% de los patrulleros está cuidando a los narcotraficantes. Los que se tirotean el 80% son narcos. Acá hay policías que no cobran los adicionales que ya hicieron hace tres meses.” Bordón manifestó que reclaman sueldos dignos y no bonos. Contó que trabajó tres años con un chaleco vencido y sin municiones. “No es justo ir a una gomería a pedir una goma para el móvil. Nos toman para la joda, siempre el sueldo pobre, sumariados, encarcelados. Sain hace oídos sordos a los policías”, aseguró. TN/Aire Santa Fe
Los ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Gobierno, Carlos Bianco, presentaron en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense un informe técnico-político titulado “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral”. En ese documento la administración provincial cuestiona severamente los orígenes de la medida y los perjuicios que acarreará su implementación sobre el pueblo trabajador. Se trata de un texto de alrededor de 60 páginas, en el que se aborda la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional desde una perspectiva constitucional, productiva y de ampliación de derechos, y se advierte sobre los impactos negativos que su sanción legislativa tendrá en materia de pérdida de derechos laborales, precarización del empleo, debilitamiento de la organización sindical, desfinanciamiento de la seguridad social y reducción del rol del Estado como garante de derechos. La actividad contó con la participación de representantes de sindicatos, Cámaras empresariales, PYMEs, abogadas y abogados laboralistas, legisladoras y legisladores nacionales y provinciales, y autoridades de organismos provinciales, en un encuentro en el que diversos participantes hicieron uso de la palabra para expresar su rechazo a la iniciativa impulsada a nivel nacional. El documento fue elaborado por el Ministerio de Trabajo que encabeza Walter Correa, con la participación de la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y de los subsecretarios Andrés Reveles, Edgar Acuña, Cecilia Soiza y Mariano Salomón. Asimismo, se destaca especialmente la labor de los asesores Luis Roa, Gustavo Mariani, Lilia Alonso, Christian Alonso y Amalia Repetto, quienes participaron directamente en la redacción del informe. El texto incluye un análisis histórico de las reformas regresivas en el mundo del trabajo, desde la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad, señalando continuidades en los intentos de desregulación laboral. En ese sentido, el informe advierte que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional encabezado por Javier Milei busca profundizar un modelo de flexibilización laboral que ya fracasó en el pasado. En la presentación, las autoridades provinciales remarcaron la importancia de aportar argumentos técnicos y políticos al debate público y legislativo, y reafirmaron el compromiso de la provincia de Buenos Aires con la defensa del trabajo, la producción, la industria nacional y los derechos de las y los trabajadores. Durante su discurso, Correa sostuvo que “en este Salón Dorado de la Gobernación se encuentra el mundo del trabajo, desde la educación, las organizaciones sindicales, la industria, el comercio, por nombrar solo algunos sectores. En este sentido queremos ser claros y concisos con respecto a la posición de la provincia de Buenos Aires cuando se trata de este proyecto de la llamada modernización laboral. Por eso este documento lo hemos trabajado en forma colectiva”. “De los 197 artículos que tiene este proyecto de ley, no hay uno solo que apoye o defienda los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Además, la Provincia no ha sido convocada para hacer su aporte. Cuando la derecha y la extrema derecha se hacen cargo de los destinos de la Patria, vienen por la precarización laboral”, agregó Correa. Con un extenso informe y el respaldo de cámaras empresarias y de gremios, Kicillof presentó formalmente su rechazo a la Reforma Laboral“Tenemos que generar la conciencia necesaria para dar el debate y no permitir que se consolide un proceso que comenzó con la dictadura y que este Gobierno nacional pretende profundizar”, concluyó el Ministro. En la misma línea, el ministro Carlos Bianco advirtió que la reforma no generará empleo y que su verdadero objetivo es avanzar en un proceso de desindustrialización: “No se crea empleo flexibilizando las condiciones laborales, sino fortaleciendo la producción y las políticas públicas que defienden el trabajo. Este proyecto apunta a desindustrializar el país y a desfinanciar la seguridad social y a las provincias.” Con un extenso informe y el respaldo de cámaras empresarias y de gremios, Kicillof presentó formalmente su rechazo a la Reforma Laboral. También participaron como expositores en la puesta en común los ex titulares de la cartera laboral provincial, Mara Ruiz Malec y Oscar Cuartango. A su vez, realizaron aportes al debate el secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy; el secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-T) y diputado nacional, Hugo Yasky; el diputado nacional Hugo A. Moyano; el director de Formación de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Gustavo Corradini; y el integrante de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA) y presidente de la empresa LIPOTECH, Adrián Di Paoli. Estuvieron presentes la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; el titular de la Pastoral Social, presbítero Carlos Accaputo; la ministra de Hábitat, Silvina Batakis; la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; entre otras autoridades, dirigentes sindicales y representantes del sector productivo. Infogremiales
Cayó 5,1 puntos del PBI entre 2023 y 2025 y ocupa el 14,4% del producto, calculó la Fundación Libertad. La obra pública y los subsidios lideraron los recortes. El ajuste se concentró principalmente en obra pública, subsidios económicos y transferencias corrientes, mientras que las prestaciones sociales pasaron a representar cerca del 66% del gasto total. En contraste, las jubilaciones y pensiones explicaron una reducción mínima (0,13% del PBI), mientras que las asignaciones familiares y la AUH fueron la única partida que mostró crecimiento, con un aumento de 0,22 puntos del producto. El ajuste del gasto durante la era de Milei se centró en aquellas partidas que no están relacionadas con políticas de ingresos o prestaciones sociales, esgrime la Fundación Libertad. De hecho, en términos de participación dentro del gasto total del Estado, las prestaciones sociales (como jubilaciones, asignaciones, pensiones, entre otras) pasaron a representar aproximadamente el 66% del gasto total en 2025, frente a algo más del 54% en 2023. En cambio, se registró una importante reducción en las transferencias corrientes (subsidios a provincias, universidades, entre otros) y en la obra pública. Obra Pública En el recorte de 5,1 puntos del PIB, se advierte que el mayor cambio de ajuste fue la obra pública, en la que se vio reflejada una caída de 1,24% del producto, lo que implicó llevarla prácticamente a su mínima expresión. Por su parte, las prestaciones sociales que no corresponden a jubilaciones, pensiones, AUH ni asignaciones familiares registraron un retroceso del 1,12% del PIB. Los subsidios, tanto a la energía como al transporte, se redujeron en alrededor de 1 punto del producto respecto de 2023. Asimismo, los salarios del sector público explicaron un recorte de 0,71% del PIB, mientras que las transferencias a provincias y a universidades se contrajeron en una magnitud similar, cercana a 0,7% del PIB, de acuerdo con el trabajo realizado por la Fundación Libertad. Jubilaciones y pensiones Las jubilaciones y pensiones solo explicaron una reducción del 0,13% en relación con el producto, una cifra mínima si se compara con el ajuste total, pero que se encuentra en niveles históricamente bajos en términos reales, y también por debajo de los valores de años anteriores respecto al gasto del Estado. Una partida particularmente relevante es la de los subsidios económicos, tanto a la energía como al transporte. Si se suman ambos conceptos durante 2025, los subsidios representaron alrededor del 1% del PIB. Este nivel es inferior al de 2024, cuando alcanzaron el 1,4% del PIB, y equivale a la mitad de lo registrado en 2023, cuando representaban cerca del 2% del producto. Durante varios años, los subsidios estuvieron por encima del 2% y entre 2020 y 2023 se mantuvieron consistentemente por encima de ese umbral. Dentro del desglose de los subsidios, se destaca una reducción significativa de los subsidios energéticos en términos del PIB, que pasaron de niveles elevados a situarse en torno al 0,6% del producto en 2025. En cuanto a los subsidios al transporte, la disminución fue de casi la mitad en los últimos dos años, ubicándose actualmente en torno al 0,3% del PIB. NA
El presidente francés defiende una Europa soberana ante los ataques de Trump y un panorama de “inestabilidad permanente” avisando de que las amenazas comerciales y “las intimidaciones” de EEUU no han “terminado”. Además, propone establecer una “preferencia europea” en los sectores estratégicos frente a la competencia estadounidense y china Emmanuel Macron advierte a los europeos de que las “amenazas” comerciales y las “intimidaciones” de Estados Unidos no han “terminado” y que serán “barridos” si no instauran una “preferencia europea” en sectores estratégicos frente a la competencia estadounidense y china, en una entrevista publicada el martes por varios diarios europeos. En estos periódicos, entre ellos Le Monde, The Economist y Süddeutsche Zeitung, el presidente francés alerta contra “una forma de cobarde alivio” de los dirigentes de los países de la Unión Europea “al salir del pico de la crisis” con Donald Trump. “Llegan las amenazas y las intimidaciones. Y luego, de repente, Washington retrocede. Y se piensa que se acabó. Pero no lo crean ni por un segundo. Cada día, las amenazas sobre la industria farmacéutica, lo digital…”, dice. Según él, “cuando hay una agresión caracterizada”, “no debemos agachar la cabeza ni intentar llegar a un arreglo”. “Probamos esta estrategia durante meses, no da resultado. Pero sobre todo, lleva estratégicamente a Europa a aumentar su dependencia”, considera. Ante las reuniones de los líderes europeos sobre competitividad e industria que se celebrarán esta semana, aboga por “la simplificación” y “la profundización del mercado interior” de la UE, así como por la “diversificación” de las asociaciones comerciales. Sobre todo, llama a “proteger nuestra industria” sin “ser proteccionistas”, con una “preferencia europea” en “ciertos sectores estratégicos, como las tecnologías limpias, la química, el acero, el automóvil o la defensa; de lo contrario, los europeos serán barridos”. Una propuesta que lleva defendiendo desde hace mucho tiempo y sobre la que la Comisión Europea hizo propuestas similares el lunes. Finalmente, retoma la idea de un endeudamiento común europeo, defendida por Francia desde hace años pero siempre rechazada por otros países, entre ellos Alemania, que solo ha hecho raras excepciones, especialmente para luchar contra el Covid-19. Estima las necesidades de inversiones públicas y privadas en la UE en “unos 1.200 mil millones de euros al año”, sumando las necesidades en “las tecnologías verdes y digitales” y “la defensa y la seguridad”. “Es el momento de lanzar una capacidad común de endeudamiento para estos gastos de futuro, unos eurobonos de futuro”, insiste el presidente francés en esta entrevista publicada también por el Financial Times o El País. El Mundo-El País
Los fardos se comenzaron a descubrir en las últimas horas. En las etiquetas figura la denominación de Industria Brasilera. Los podría producir en alguno de los trenes que paralizó en Villa Constitución y evitaría la pérdida de varias decenas de empleos. A fines de 2025 había pedido formalmente un freno a las importaciones. “Tenemos que ser cuidadosos respecto al nivel de apertura para que la industria local se desarrolle”, había dicho Federico Amos, el CEO de Arcelor Mittal Acindar en el marco de la cumbre de la industria del Acero que se desarrolló en Cartagena a fines de noviembre de 2025. En ese contexto, junto con otras grandes siderúrgicas, pidió formalmente “priorizar” la generación de trabajo. El reclamo de Amos tenía sentido en medio de los despidos, el achique y las suspensiones en una industria que empezaba a mostrar los signos de agotamiento y los límites del modelo libertario respecto de la producción industrial. Sin embargo InfoGremiales ya había advertido en exclusiva que a mitad de 2025 había encarado un proceso de importaciones desde China. Una decisión que mostraba una actitud que amenazaba buena parte de los empleos en sus plantas. Ahora se conoció que en los últimos días Acindar encaró un nuevo proceso de importaciones. En este caso se trata de material producido en Brasil que, según especialistas consultados por este portal, se podría desarrollar en alguno de los trenes que se paralizaron en los últimos meses. Es más, podría recuperar decenas de puestos de trabajo que se perdieron en la planta de Villa Constitución y dar horas extras al personal cuya paritaria viene siendo sistemáticamente golpeada.. El acero de producción brasilera está marcado en las etiquetas y empezará a ser repartido en los próximos días. Se trata de Alambrón 640, uno de los subtipos que se producían en el país y que ahora Acindar resolvió traer importado. Acindar es una empresa fundada en 1942 con 5 plantas en Argentina, pero que actualmente forma parte del grupo ArcelorMittal, uno de los jugadores globales más potentes de la industria siderúrgica y de los que marcan el camino en la innovación y también en materia de precios. Infogremiales
La plataforma de e-commerce combina compras online, beneficios exclusivos y un nuevo canal de ventas para pymes y emprendedores correntinos. El Banco de Corrientes presentó oficialmente Tienda MÁSBanCo, una nueva plataforma de comercio electrónico que refuerza su estrategia de innovación digital y amplía su ecosistema de productos y servicios para clientes de toda la provincia. El lanzamiento marca un paso clave en la modernización de la entidad y en su objetivo de promover la inclusión financiera y el desarrollo regional. El nuevo marketplace permite realizar compras online de manera ágil y segura, al tiempo que potencia el programa de fidelización del banco. Además, se proyecta como una herramienta estratégica para pymes y emprendedores locales, que encontrarán en Tienda MÁSBanCo un nuevo canal para ofrecer sus productos y acceder al mercado digital. La plataforma reúne un amplio catálogo de artículos y experiencias vinculados a las tarjetas del Banco de Corrientes, con categorías que incluyen hogar, tecnología, electrodomésticos, belleza, cuidado personal, deportes y tiempo libre, entre otras. Como beneficio destacado por su lanzamiento, los clientes que utilicen tarjetas de crédito VISA Banco de Corrientes podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés y un 10% de descuento sin tope de reintegro, todos los días. Tienda MÁSBanCo ya se encuentra disponible en www.tiendamasbanco.com.ar, y los usuarios pueden ingresar utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que emplean en MÁSBanCo y Banca Web, facilitando una experiencia integrada y sencilla. En una próxima etapa, la plataforma permitirá también el canje de puntos BanClub, generados por consumos con tarjetas del banco, que podrán transformarse en productos y servicios dentro del portal. Asimismo, las compras podrán abonarse con tarjetas de crédito, débito y QR MÁSBanCo MODO. Este nuevo sitio reemplaza y amplía la experiencia de BanClub, el programa de fidelización del Banco de Corrientes. Los clientes que cuenten con puntos acumulados conservarán su saldo y podrán utilizarlos próximamente en Tienda MÁSBanCo sin necesidad de realizar trámites adicionales, tanto para canjear productos como para acceder a millas de viaje de Aerolíneas Plus. Con esta iniciativa, el Banco de Corrientes consolida su apuesta por la transformación digital, fortalece el vínculo con sus clientes y genera nuevas oportunidades de crecimiento para el comercio local. Momarandu
La Justicia del Chaco declaró culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski a los Sena y a sus colaboradores, y los condenó a prisión efectiva. La Justicia del Chaco fijará este martes las penas para César Sena y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Con ellos también fueron declarados culpables Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Fabiana González, quienes encubrieron el crimen. Se espera que la jueza Dolly Fernández, que presidió el juicio por jurados populares, lea el veredicto en una audiencia virtual que comenzará a las 9 en la Cámara Segunda en lo Criminal, en Resistencia, Chaco. Durante las audiencias de cesura, celebradas a fines de 2025, tanto la Fiscalía como la querella solicitaron prisión perpetua para los Sena, mientras que la defensa planteó la inconstitucionalidad de esa pena. Pero el artículo 80 del Código Penal estipula la pena de prisión perpetua dada la gravedad del ilícito que es el femicidio, es decir, del delito de homicidio doblemente agravado por violencia de género y el vínculo, en calidad de autor, en el caso de César Sena, y de partícipes necesarios, en el caso de sus padres. Mientras tanto, los colaboradores del clan Sena podrían enfrentar penas de menos años porque son responsables por encubrimiento agravado. “Muchos nos dijeron que sin cuerpo ni acta no iba a ver sentencia, pero Cecilia habló, nos marcó el río donde fueron tiradas sus cenizas, se encontró su dique y valija, la cual tenía sus sueños guardados. Todos estos elementos permitieron que el Equipo Fiscal pueda demostrar que Cecilia entró a una casa con vida y salió envuelta en una frazada”, subrayó Jorge Canteros, procurador general de la provincia del Chaco. Marcha en Resistencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowski, confirmó que participará de la marcha de Madres del Dolor que está convocada para este martes frente a los tribunales en Juan B. Justo y San Martín, ciudad de Resistencia. “Vine a quedarme a seguir con la lucha, estaré en cada marcha pidiendo justicia por mi hija”, señaló Romero. Cecilia Strzyzowski fue vista por última vez el 2 de junio de 2023, cuando fue captada por las cámaras de la casa de sus exsuegros en Resistencia. La joven de 28 años había sido invitada a la casa de Marcela Acuña y Emerenciano Sena junto a su exmarido, César Sena, de 20, de quien se había divorciado hacía muy poco tiempo. El plan era hablar de un supuesto viaje, y por eso la joven acudió a la cita con una valija con ropa y objetos personales. Luego desapareció. Pasaron casi dos años y medio hasta que la Justicia del Chaco dio por confirmado el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Esta semana su madre, Gloria Romero, afirmó que tiene “las mejores expectativas” sobre las posibles penas que le tocarán a César Sena y a su clan. “Espero prisión perpetua para los asesinos. No creo que cambien la decisión del jurado”, señaló la mujer. Minuto Uno
La suspensión de la nueva medición del IPC mantiene desactualizados los valores de referencia del organismo mientras los costos reales de los alimentos muestran fuertes disparidades regionales. La desactualizada canasta que sirve para medir la inflación, que el Gobierno insiste en sostener para mantener el relato de la mejora económica, se contradice con el dia a día en las provincias, donde los precios pagados distan de los medidos por el INDEC. La suspensión de la nueva medición del IPC mantiene desactualizados los valores de referencia del organismo oficial de estadísticas y censo mientras los costos reales de los alimentos muestran fuertes disparidades regionales. Este martes se conocerá el dato nacional de inflación. La discusión sobre el costo de vida volvió a ocupar el centro del debate económico en un contexto marcado por la suspensión de la publicación de la nueva medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La decisión de postergar la actualización metodológica del indicador oficial impacta de manera directa sobre los valores de referencia de las canastas básicas, que continúan calculándose con ponderaciones que no reflejan los patrones de consumo actuales ni las diferencias estructurales entre regiones. Distintos relevamientos privados muestran que el costo real de los alimentos en las provincias se ubica muy por encima de los valores informados a nivel nacional. Según el último dato disponible del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la canasta básica alimentaria de enero se ubicó en 589.510 pesos para una familia tipo. Ese valor, que define la línea de indigencia, es utilizado como referencia para políticas públicas, negociaciones salariales y análisis de pobreza. Sin embargo, mediciones alternativas advierten que el gasto efectivo en alimentos y bebidas resulta sensiblemente mayor en la mayor parte del país. Un relevamiento de la consultora Analytica, basado en una canasta de productos de supermercado representativos del consumo mensual de una familia compuesta por dos adultos y dos menores, muestra diferencias significativas entre provincias. El informe aclara que “la canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica”, y que “para garantizar la comparabilidad entre provincias, los productos incluidos mantienen la misma marca y cantidad por empaque”. Los resultados de enero muestran que el changuito tuvo mayores subas en Chubut (3%), Entre Ríos (3%) y el interior de la provincia de Buenos Aires (2,9%), mientras que los menores aumentos se registraron en La Rioja (1,1%) y Catamarca (0,9%). Aun así, incluso en las provincias con menores variaciones mensuales, los niveles de precios se mantienen muy por encima del valor de la canasta básica alimentaria oficial. Al interior de la canasta, los aumentos se concentraron en productos de consumo masivo. El informe señala que “se destaca la suba en el aceite de girasol que presentó aumentos entre el 3% y 5% en la mayoría de las provincias”, con excepción de Córdoba (1,9%) y Santa Cruz (2,4%). También se registraron incrementos generalizados en hamburguesas, con subas de entre el 4% y el 7% en todas las jurisdicciones, y aumentos más moderados en salchichas, con variaciones de entre el 2% y el 4%. El precio de la docena de huevos se mantuvo estable en la mayor parte del país, con una baja puntual en la Ciudad de Buenos Aires (-1,3%). Sin embargo, la estabilidad de algunos productos no alcanza para compensar el nivel general de precios que enfrentan los hogares. Las diferencias regionales son marcadas. El changuito más costoso se registró en Santa Cruz, con un valor de 911.587 pesos, seguido por Chubut (903.640 pesos), Tierra del Fuego (891.399 pesos), Río Negro (887.034 pesos) y Neuquén (867.078). En el otro extremo, las compras más económicas se observaron en Misiones (798.252 pesos), La Rioja (807.716 pesos) y Chaco (808.958 peos). De todos modos, estos valores se ubican muy por encima de la canasta básica alimentaria que informa el INDEC. En términos absolutos, los mayores aumentos respecto del último día de diciembre se dieron en Formosa (30.481 pesos), Tierra del Fuego (30.414 pesos) y Chubut (27.065 pesos). En contraste, se registraron reducciones en La Rioja (-55 pesos), Salta (-941 pesos), Corrientes (-1.879 pesos), Catamarca (-2.295 pesos), San Juan (-5.373 pesos) y Misiones (-16.849 pesos), lo que refleja una dinámica de precios heterogénea pero con un piso elevado en todo el país. “La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, coincide con ser la región con salarios más elevados”, señala el documento, y destaca que Santa Cruz presenta la canasta más cara y el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, detrás de Neuquén. En esa región, el costo de la canasta representa el 15,7% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado. En el NEA, donde los precios son relativamente más bajos, los salarios también se ubican en niveles inferiores. Como resultado, “el costo del changuito representa el 29,7% de la suma de dos salarios promedio del sector privado registrado”, aunque el ratio mostró una leve mejora respecto del mes anterior. El informe aclara que este comportamiento es consistente con la Encuesta Nacional de los Hogares 2017/18, que ya registraba una mayor proporción del gasto destinada a alimentos y bebidas en las provincias del norte. Este escenario se produce mientras el Gobierno mantiene en suspenso la publicación de la nueva medición del IPC, que debía actualizar las ponderaciones y los hábitos de consumo utilizados para calcular la inflación. La postergación implica que las canastas básicas continúan estimándose con una estructura que no contempla los cambios en los patrones de consumo ni las diferencias regionales de precios. Con el dato nacional de inflación que se conocerá mañana, la atención volverá a centrarse en la evolución mensual del índice. El Destape
Las localidades que se verán directamente afectadas son: Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi. En tanto, el impacto será menor en Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina, ya que estas ciudades reciben aporte del Segundo Acueducto, con cabecera en Sáenz Peña. La empresa Sameep informa que este martes 10, desde horas tempranas, se llevará adelante una intervención programada sobre la línea del Primer Acueducto, en la zona de Barranqueras, específicamente en el sector del Puente Río Negro, a la vera del río. Para la realización de los trabajos será necesario interrumpir el bombeo del Primer Acueducto desde Barranqueras, lo que provocará una disminución del servicio de agua potable en algunas localidades del interior provincial. En paralelo, y aprovechando la ejecución de estas tareas, personal de servicios realizará la limpieza de la cisterna de la localidad de Lapachito, con el objetivo de dejar las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento. En este sentido, el gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, señaló que “estas tareas forman parte del plan permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, orientado a garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en toda la provincia”. Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos, Germán Ojeda Silva, explicó que “una vez finalizados los trabajos, el servicio se restablecerá de manera paulatina, normalizándose progresivamente la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas por la intervención”. Sameep solicita a los usuarios hacer un uso racional del agua potable durante el tiempo que duren los trabajos y agradece la comprensión ante las molestias ocasionadas.
Las claves, según la Consultora Politikón, indica que en 2016, el cuentapropismo explicaba el 16,4% del empleo total en el aglomerado del Gran Resistencia, pero para el 2025, llegó al 30,7%, un máximo histórico. En contraposición, el trabajo asalariado (empleados) era el 81,4% del empleo en 2016 y ahora descendió al 65,6% en 2025. Respecto de la cantidad de trabajadores, hacia 2016 eran 23.938 los cuentapropistas y hacia 2025 ya crecían a unas 54.702 personas, un salto del 128,5%. A contramano de esto, la cantidad de asalariados cayó 1,4% en ese período pasando de 118.645 en 2016 a 117.024 en 2025. En los últimos años, el mercado de trabajo urbano en la Argentina ha mostrado cambios significativos en su estructura ocupacional, con un crecimiento sostenido de las formas de autoempleo. Dentro de este proceso, el cuentapropismo aparece como uno de los fenómenos más relevantes, tanto por su magnitud como por las implicancias económicas y sociales que conlleva. El aglomerado del Gran Resistencia no ha sido ajeno a estadinámica y exhibe señales claras de una expansión del trabajo por cuenta propia en los últimos años. Detalles de la situación y evolución del cuentapropismo en el Gran Resistencia A partir del análisis de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, se observa que al tercer trimestre de 2025 el cuentapropismo explicó el 30,7% del empleo total en el Gran Resistencia, una marca que constituye un máximo desde que se mide este indicador. Si bien en los últimos dos años se verificó un incremento muy significativo, lo cierto es que esta forma de autoempleo viene mostrando una tendencia creciente, aunque con episodios de volatilidad, desde al menos el año 2016. En aquel momento, el cuentapropismo explicaba el 16,4% del empleo total en el aglomerado chaqueño, proporción que se elevó al 23,5% en 2017, aunque luego se redujo al 20,4% en 2018. Para 2020 (no se dispone de datos de 2019), volvió a crecer hasta representar el 21,9% del empleo total, avanzó al 27,1% en 2021 y posteriormente retrocedió al 24,9% en 2022 y al 23,6% en 2023. Sin embargo, retomó el sendero alcista en 2024, cuando alcanzó el 25,9%, y finalmente en 2025 marcó un nuevo máximo del 30,7%. Si se analiza la evolución de punta a punta, el cuentapropismo pasó del 16,4% del empleo total en 2016 al 30,7% en 2025, lo que implica un crecimiento del 87% en su participación. Dado que este aumento necesariamente se traduce en una reducción relativa de otras categorías ocupacionales, el ajuste se concentró principalmente en los asalariados. En efecto, los empleados explicaban el 81,4% del empleo en el Gran Resistencia en 2016 y descendieron al 65,6% en 2025, lo que representa una caída del 19% en su nivel de participación. Naturalmente, el crecimiento del peso relativo del cuentapropismo en la capital chaqueña implica que creció de manera importante la cantidad de trabajadores que se desempeñan bajo esa categoría ocupacional: para 2016, eran 23.938, pero hacia 2025 ya totalizaban unas 54.702 personas, un crecimiento del 128,5%; y a contramano de eso, la cantidad de asalariados cayó 1,4% en ese período (118.645 en 2016 a 117.024 en 2025). Otras formas de empleo crecieron 106,9% (explicado por la categoría de Patrón) aunque con un nivel de participación marginal. Por ende, se verifica el hecho de que el cuentapropismo fue la salida que tuvo el trabajador del Gran Resistencia para continuar teniendo una ocupación en el contexto actual. Dicho de otro modo: el cuentapropismo operó como una vía de absorción de mano de obra frente a la debilidad del mercado laboral formal. El aumento en términos absolutos de los cuentapropistas no solo refleja una mayor participación de este tipo de ocupación, sino también un cambio en la estructura del empleo local. En la práctica, una proporción creciente de personas ocupadas encuentra en el trabajo independiente su principal estrategia de inserción laboral, ya sea por elección o por necesidad. Cuentapropismo por sector de actividad El análisis sectorial permite observar que el crecimiento del cuentapropismo no fue homogéneo entre ramas de actividad. En el período analizado, se destaca una fuerte concentración del trabajo por cuenta propia en sectores tradicionales como el comercio, los servicios personales y la construcción, actividades que históricamente han funcionado como refugio frente a la pérdida de empleo asalariado. Por caso, en la Construcción el 55% del empleo total en ese sector corresponde a cuentapropistas, con un crecimiento en el último año que fue de fuerte magnitud: +110,4%, evidenciado que muchas personas recurrieron a trabajar por su cuenta en tareas menores sectoriales. Algo similar ocurre en el Comercio de textiles y mercería, donde el 83% del empleo es cuentapropista con un incremento de 106,2% anual; en los Servicios Personales varios, el 75,6% del empleo se concentra en esta modalidad ocupacional y se incrementó 203,6% en el último año. En Comercio de alimentos, bebidas y tabaco el cuentapropismo explica el 49,3% del total y creció 49,1% en el 2025; mientras que en Enseñanza y servicios de apoyo (excluyendo los establecimientos tradicionales) el 48% es cuentapropismo y se expandió 257%, entre otros. El posicionamiento del Gran Resistencia en el plano nacional Al comparar la evolución del cuentapropismo en Posadas con la de otros aglomerados urbanos, se advierte que el fenómeno no es exclusivo del ámbito local, aunque presenta particularidades propias. En términos relativos, el Gran Resistencia se ubica en el 2025 como el tercer aglomerado con el mayor peso del trabajo por cuenta propia entre los aglomerados relevados por la EPH -INDEC, solo por debajo de Mar del Plata (32,5%) y Posadas (32,0%). En el extremo opuesto, Río Gallegos tiene la menor tasa (9,2%) Comparado contra el 2024, el Gran Resistencia mostró el cuarto mayor crecimiento del cuentapropismo del país: con +23,6%, se ubicó solo por debajo de Gran Catamarca (+26,1%), Rawson-Trelew (+24,7%) y San Nicolás-Villa Constitución (+24,0%). Politikón Chaco
Francisco Vasconcelos y María Celina Gallardo responsabilizaron a la jueza Claudia Esquetino por las demoras que derivaron en la prescripción de la causa por desobediencia judicial contra Juan Núñez Barúa. Aseguraron que hubo reiteradas dilaciones, cuestionaron el accionar de la defensa y confirmaron que continuarán con presentaciones ante instancias provinciales y nacionales. “Nunca bajamos los brazos y hoy nos dicen que pasó el tiempo”, lamentaron. Francisco Vasconcelos y María Celina apuntaron contra la jueza Correccional N°3, Claudia Sandra Esquetino, a quien atribuyeron la dilación del proceso. “La señora jueza es la que dilató la causa. Aceptaba recursos y recursos. Nosotros, gracias a Dios, con el Superior Tribunal de Justicia les ganábamos los recursos, pero ella nos llevó el juicio casi seis años”, expresó Vasconcelos. En ese sentido, sostuvo que “ahora sale con que ya pasó el tiempo y es todo culpa de ella, porque hizo dilación al fallo para que hoy diga que prescribió por la falta de tiempo”, afirmó Vasconcelos en contacto con CIUDAD TV. La resolución judicial se refirió a la causa iniciada por desobediencia judicial contra Juan Núñez Barúa, a partir de una denuncia que señalaba el incumplimiento de una orden impuesta en el marco de su condena, que le prohibía conducir vehículos. La jueza Correccional N° 3 declaró extinguida la acción penal al considerar que había transcurrido el plazo legal máximo para perseguir ese delito, cuya pena prevista es de hasta un año de prisión. Vasconcelos recordó además que el juicio tuvo múltiples fechas fijadas que no se concretaron. “Como seis veces estuvo con fecha el juicio y la defensa siempre presentaba recursos y se iba al Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia decía que no había lugar a los recursos”, detallaron. Según relataron, incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino para que el proceso continuara en Resistencia. “El 18 la Suprema Corte de la Nación mandó una nota donde decía que se expidiera la jueza, y el 19 el abogado Pereira hizo un recurso de queja a nivel nacional. También le dijeron que el juicio se haga en Resistencia”, indicó el padre de Jessica. Afirmó además que viajaron a Buenos Aires y recibieron una notificación en la que se aclaraba que la Corte no había detenido el juicio y que la situación era responsabilidad de la jueza interviniente. Agregó que el jueves pasado realizaron una presentación ante el Superior Tribunal de Justicia, desde donde les informaron que los ministros se expedirían esta semana y fijarían fecha de juicio. “Ese mismo mediodía ella firmó la prescripción de la causa. Ese mismo día jueves”, remarcó. También cuestionó el accionar de su propio abogado: “Firmó todos los papeles que le daban permiso y yo jamás me enteré, hicieron las cosas a mis espaldas”. A pesar de las críticas, los padres de Jessica destacaron el acompañamiento del Superior Tribunal de Justicia. “Agradecemos al Tribunal de Justicia porque siempre nos acompañó”, señalaron, y confirmaron que presentarán nuevos recursos. “Vamos a hacer un recurso a nivel provincial y, según lo que nos contesten, vamos a ir a nivel nacional. Podemos hacer un recurso extraordinario y que ellos tomen la causa”, explicó Vasconcelos. En el cierre, manifestaron el desgaste acumulado tras años de proceso judicial. “Los dos estamos con edad y muy desgastados. Queremos que esto realmente sea justicia. Pero vemos que la justicia está siempre detrás de que los asesinos tengan más derechos que la víctima”, expresaron. “Nunca bajamos los brazos, teniendo todos los videos y todo lo que pasó. Queremos justicia. La justicia es lenta, como una tortuga”, sostuvo la madre de Jessica.
En el fallo del procesamiento a Spagnuolo aparece mencionado un gerente de ese laboratorio, bajo el apodo de “Helvético”. Los jueces Slokar y Yacobucci rechazaron el pedido de los Kovalivker para cerrar la causa. El juez Sebastián Casanello, que este lunes procesó a Diego Spagnuolo en la causa de las coimas de la ANDIS, tiene desde ahora el camino allanado para avanzar también contra Eduardo, Emmanuel y Jonathan Kovalivker, los dueños de la droguería Suizo Argentina. Fuentes judiciales dijeron a LPO que tanto el magistrado como el fiscal Franco Picardi vienen realizando una investigación “sin estridencias” pero acreditan información relevante que involucra a la familia Kovalivker, cuyos integrantes se habían acercado a Javier Milei cuando Mauricio Macri los presentó para que financien la campaña del libertario para el balotaje de 2023. Como sea, en la página 71 del fallo de Casanello se incluye un mensaje de Pablo Atchabaian a Miguel Calvete, dos actores centrales en la trama de corrupción investigada, donde se alude a uno de los gerentes de la Suizo Argentina. La transcripción que obra en el escrito dice: “Che, Miguelito, ahí recién me llamó Dani [Garbellini] que estuvo con el pelado [Spagnuolo] charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al Helvético; ya está al tanto de todo”. El apelativo “Helvético” alude, según el juez, a Sebastián Nuner Uner, gerente de la empresa de los Kovalivker. Casanello se encarga de resaltar en una nota al pie de esa página que Nuner Uner tenía “marcada influencia”, al punto que dio “el visto bueno” para despedir una directora técnica administrativa de la ANDIS como así también para el ingreso de una colaboradora de Daniel Garbellini, un exfuncionario de la gestión de Macri. Por otro lado, Casanello también recupera, también en fojas 71, que Atchabaian le anuncia a Calvete que “iba a informar” sobre su intercambio con Garbellini “a Rioja” para estar “todos alineados en la misma”. “Acá creo que, ahora sí, más que nunca hay que cerrar filas y espero que el pelado [Spagnuolo] lo entienda así y no haga una torpeza, ¿no? Pero dejale la tranquilidad de que estamos todos alineados para la conservación de todo lo mismo”, explica. El nombre “Rioja” podría referirse a alguno de los primos Menem, sea Lule o Martín, deslizan fuentes al tanto de la investigación. Pero la vinculación de la Suizo Argentina ya estaba presente en el dictamen del fiscal Picardi, donde incorpora una captura de pantalla de WhasApp fechada el 10 de abril de 2025 en la que Atchabaian plantea que “es importante tener gente con la bandera correcta”. Ese mensaje iba acompañado con un emoji de la bandera de Suiza. En la reconstrucción del diálogo que hizo Picardi, se menciona que Garbellini contesta que otro de los actores podría llegar hasta Cristian Ritondo o el “Colorado”, una probable referencia a Diego Santilli, actual ministro del Interior pero por entonces diputado. El objetivo sería, según esa conversación, forjar “un vínculo”. Sin embargo, el revés más inquietante para los Kovalikver se produjo en la Sala II de la Cámara de Casación Penal, hasta donde los dueños de la droguería habían llegado en queja para que se declare la causa como “cosa juzgada”. Los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci declararon “inadmisible” el recurso de queja interpuesto por la defensa de los empresarios y ratificaron lo actuado por el juez y el fiscal de primera instancia. Slokar y Yacobucci recuerdan que Jonathan Kovalivker permaneció prófugo cuatro días, después de eludir el allanamiento de su domicilio. Cuando se presentó ante la Justicia, había reseteado su teléfono celular para borrar información. Su hermano Emmanuel, por su parte, fue interceptado por las fuerzas de seguridad en el exclusivo barrio de Nordelta mientras intentaba abandonar el predio en su vehículo. En la casa de Jonathan, se encontró abierta la caja fuerte y había dólares desparramados, acaso caídos en el apuro de sacarlos antes que llegue la Policía. Durante la requisa del auto de Emmanuel, se hallaron U$s 266 mil dólares distribuidos en una decena de sobres con anotaciones, junto a 7 millones de pesos en efectivo. La Política Online
Sin acuerdo todavía por la discusión de los fondos que deberían resignar las provincias por la baja en el Impuesto a las Ganancias, el oficialismo sigue discutiendo las modificaciones que se le introducirán al proyecto de ley de reforma laboral en la sesión del Senado convocada para este miércoles, a las 11. La oposición dialoguista pide que una discusión fiscal no empantane los cambios necesarios en la legislación La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), insistió con que hay un acuerdo avanzado y se mostró confiada en que llegará a la sesión con un texto con cambios acordados con la oposición dialoguista, con la que volvió a reunirse en la tarde de este lunes por espacio de tres horas. Si bien Bullrich se negó a confirmarlo ante la consulta de La Nación, al menos tres fuentes legislativas coincidieron en señalar a este diario que si la Casa Rosada no llega a un acuerdo con las provincias, el artículo que rebaja Ganancias para las empresas en un 3% y mantiene a los gobernadores molestos con la Casa Rosada, será eliminado. La discusión no es menor. La disminución implica una pérdida de 3 billones de pesos de un impuesto que es coparticipable, de ahí la queja de las provincias que no quieren ceder más fondos en medio de la caída de la recaudación que se viene registrando en el último año. “Esta es una reforma laboral, no la vamos a empañar por una discusión fiscal cuando el Gobierno tiene varias cuestiones fiscales que resolver mediante leyes que el Congreso va a tener que discutir más adelante”, explicó, con pragmatismo puro, uno de los participantes del encuentro sostenido este lunes por la tarde en el bloque radical. Además de la jefa de la bancada oficialista, de la reunión participaron el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi (Corrientes), su correligionaria y secretaria de la bancada, Mariana Juri (Mendoza), Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes), Flavia Royón (Primero los Salteños) y Beatriz Avila (Independencia-Tucumán). También estuvieron presentes Martín Goerling (Misiones), presidente del bloque Pro; Carlos Arce (Frente Renovador de Misiones) y la radical Edith Terenzi (Chubut), alineada con el gobernador Ignacio Torres. Tres horas y silencio de radio La reunión duró casi tres horas, al término de las cuales los participantes prefirieron guardar silencio en público. Sólo se limitaron a decir que habían avanzado en la redacción de los artículos que se pretenden modificar, pero sin entrar en mayores detalles. De hecho, afirmaron que las negociaciones continuarán este martes. En realidad, todo indica que la discusión continuará hasta el mismo miércoles durante la sesión. Por lo pronto, este martes a las 14 habrá una reunión de Labor Parlamentaria para tratar de coordinar la dinámica de la sesión. En el oficialismo se mostraban preocupados por la actitud que tendrá la vicepresidenta Victoria Villarruel que, dicen, está enojada porque se siente desplazada del centro de la escena de las negociaciones políticas. Sospechan que Villarruel se pondrá en reglamentarista y que apoyará los pedidos que haga el kirchnerismo, que pretende asistir al encuentro con los jefes de bloque a exigir que se cumpla el Reglamento del Senado a rajatabla. Se saben derrotados, por lo que la bancada que preside José Mayans (Formosa) apostará por estirar el debate todo lo posible. Cambios confirmados En cuanto a los cambios que se le introducirán al proyecto, no ha habido grandes avances con relación a la semana pasada, cuando también en el bloque radical la senadora Bullrich se llevó las propuestas de cambios de la oposición dialoguista. Por lo pronto, fuentes que están al tanto de las negociaciones confirmaron la eliminación del artículo 212. Se trata de la cláusula del proyecto que le otorgaba al ministro de Economía, Luis Caputo, amplias facultades para disponer las fechas en las que empezarán a regir los beneficios fiscales incluidos en el proyecto. También es casi un hecho que se eliminará la derogación automática de varios estatutos profesionales, como el del Periodista y el de viajante de comercio, entre otros. En su lugar, se dispondrá un plazo, que podría ir de los seis meses al año, antes de su extinción para dar tiempo a que las partes puedan negociar un nuevo convenio. Otro cambio que ya habría sido aceptado por el Gobierno es la eliminación del artículo que habilitaba a pagar salarios a través de billeteras virtuales. Esa facultad seguirá, de forma exclusiva, en mano de las entidades bancarias. Si bien hay senadores que han pedido revisar la lista de actividades que el Gobierno quieren calificar de esenciales, lo cual las obligaría a cumplir con un mínimo del 45% de los servicios ante la declaración de un paro, hasta el momento no hubo avances en esta materia. La Nación
El procedimiento, denominado operativo “Cemento Blanco”, fue el resultado de tareas de inteligencia desarrolladas por el Departamento Antinarcóticos de la Policía del Chaco, que permitieron interceptar una camioneta que transportaba estupefacientes ocultos dentro de bloques de cemento. En el marco de las políticas públicas de seguridad impulsadas por el Gobierno del Chaco, la Policía concretó un golpe histórico contra el narcotráfico, reafirmando la firme decisión de combatir el crimen organizado. Como consecuencia del operativo, se logró secuestrar un cargamento de 95 panes de cocaína de máxima pureza, valuado en aproximadamente 2.000 millones de pesos, equivalentes a unos 1.425.000 dólares, constituyéndose en uno de los decomisos más importantes realizados en los últimos tiempos en territorio chaqueño. La investigación previa, silenciosa y sostenida, permitió detectar el desplazamiento de un individuo que intentaría ingresar sustancias prohibidas a la provincia. A partir de esa información, se montaron distintos controles estratégicos, entre ellos un dispositivo sobre la Ruta Nacional Nº 16, kilómetro 33,5, a la altura de Puerto Bastiani. Cerca de las 11 horas de este lunes, los efectivos interceptaron una camioneta Chevrolet Montana, color gris, conducida por un hombre de 45 años, oriundo de la provincia de Salta. A simple vista, el vehículo transportaba herramientas de construcción y dos estructuras de cemento en la caja. Durante el control, el personal policial advirtió el nerviosismo del conductor, quien posteriormente reconoció el traslado de sustancias prohibidas. Con la correspondiente autorización de la Justicia Federal, el rodado fue trasladado al Departamento de Logística, donde se realizó una requisa exhaustiva. Al romper los bloques de cemento, los agentes constataron la presencia de 95 panes de cocaína, evidenciando una modalidad sofisticada de ocultamiento у transporte. Este procedimiento representa un duro golpe a las finanzas del narcotráfico y afecta directamente a las organizaciones criminales que operan en la región. Durante el operativo, personal de la Policía Caminera colaboró en la regulación y ordenamiento del tránsito, garantizando la seguridad vial y el normal desarrollo del procedimiento. El accionar fue supervisado por el jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, y el subjefe de Policía, comisario general Emanuel Silva, quienes destacaron el profesionalismo del personal interviniente. En ese contexto, el jefe de Policía expresó: “Este resultado no es casualidad. Es la consecuencia de un trabajo silencioso, basado en inteligencia, y de una decisión política firme de combatir el narcotráfico. Estamos desbaratando organizaciones criminales que intentan envenenar a nuestra sociedad. La Policía del Chaco está más activa y comprometida que nunca en cuidar a cada chaqueño, protegiendo nuestro territorio y nuestro futuro”. El hombre aprehendido quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.