Autor: Redacción General

La Federación Argentina de Municipios rechazó la modificación del Régimen de Zona Fría y advirtió que la quita de las tarifas diferenciales causará un “enorme daño” a millones de usuarios de gas. La Federación Argentina de Municipios (FAM) repudió la modificación del Régimen de Zonas Frías sancionada en el Senado por impulso del gobierno de Javier Milei y sostuvo que la medida afectará a millones de usuarios de gas. La entidad, que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, afirmó que el cambio constituye “un golpe directo al bolsillo de las familias”. Según expresó la FAM en un comunicado, el régimen establecía tarifas diferenciales para las regiones en las que las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. “La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, sostuvo la Federación, que además advirtió que la modificación causará “un enorme daño a millones de usuarios de gas”. La organización cuestionó la medida en un contexto que describió como de “tarifas impagables” e “inviernos muy rigurosos” y consideró que se anula “un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”. “Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, concluyó el comunicado firmado por el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, y los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García. Agencia NA

La multinacional sueca comunicó el cierre de la producción en su planta rosarina, donde todavía trabajan unos 180 operarios. La compañía mantendrá las marcas Electrolux y Gafa en el mercado argentino, pero avanzará hacia un esquema de abastecimiento basado en productos importados. Electrolux decidió cerrar la producción de su planta de Rosario y reconvertir su operación en la Argentina hacia un esquema basado en la importación de productos terminados. La compañía, que continuará comercializando las marcas Electrolux y Gafa en el mercado local, comunicó la decisión después de un proceso de reducción de personal y de sucesivos recortes de líneas de fabricación que durante los últimos meses habían reducido de manera significativa la actividad industrial en el establecimiento santafesino. En la planta quedan actualmente alrededor de 180 operarios, mientras que la empresa cuenta con unos 300 trabajadores en todo el país y analiza desvinculaciones que alcanzarían a aproximadamente 100 empleados, según información vinculada al proceso. La decisión completa un proceso que había comenzado con suspensiones rotativas, continuó con un programa de retiros voluntarios y avanzó durante este año con la discontinuación de la fabricación de cocinas y posteriormente de heladeras. Ahora, el grupo sueco confirmó que modificará su modelo de abastecimiento y recurrirá a su “red internacional de producción” para atender el mercado argentino. La empresa justificó la decisión en una revisión estratégica, en la necesidad de “mejorar la eficiencia” y en la evolución de las condiciones del mercado global, mientras que el cambio se produce en paralelo con una política económica que redujo barreras a las importaciones y modificó las condiciones bajo las cuales las fábricas locales compiten con productos elaborados en otros países. Según fuentes de la compañía, el negocio comercial continuará, con garantía oficial, servicio técnico y disponibilidad de repuestos, pero la modificación de fondo es que la empresa dejará de utilizar su estructura fabril rosarina como plataforma de producción para avanzar hacia una actividad centrada en la comercialización. El cambio pone en discusión una de las consecuencias de la apertura comercial sobre el entramado industrial: una misma empresa puede mantener su presencia comercial y sus marcas, conservar una parte de sus empleos administrativos y de servicios y, al mismo tiempo, reducir hasta eliminar la producción local. El Gobierno tuvo una semana en rojo. Subió la pobreza, la inflación, el riesgo país, cayeron los bonos argentinos, se derrite la industria, el consumo se derrumba y a todo eso se le suma la crisis política con los propios (PRO y Bullrich) y los aliados. Alrededor de Javier Milei creen que será así hasta las elecciones. Y ya ensayan una búsqueda de culpables que le dé oxígeno en la opinión pública. La decisión, como la de otras empresas del rubro, coincide con un deterioro de los indicadores de comercialización de electrodomésticos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, las ventas de comercios de electrodomésticos y artículos para el hogar totalizaron 1.171.237,9 millones de pesos durante el primer trimestre de 2026 a precios corrientes y registraron una variación negativa de 12,4% frente al mismo trimestre de 2025. Dentro de los principales productos vinculados con Electrolux, las cantidades vendidas de “heladeras con y sin freezer” retrocedieron 8,5% interanual durante ese período y las de lavarropas disminuyeron 7,4%. Las importaciones argentinas habían registrado una caída acumulada durante buena parte de 2026, aunque los datos más recientes del INDEC muestran una recuperación en algunos meses: en agosto alcanzaron 6.696 millones de dólares, con una suba interanual de 3,6%, mientras que el acumulado enero-agosto fue de 48.999 millones de dólares, un 2,6% inferior al mismo período del año anterior. El dato general no identifica por sí mismo el comportamiento específico de los electrodomésticos, pero muestra el marco de comercio exterior en el que las empresas industriales toman sus decisiones de abastecimiento. En su informe anual correspondiente a 2025, Electrolux informó que la planta de Rosario producía hornos, heladeras, freezers y lavarropas y señaló que, en América Latina, la presión competitiva se había incrementado particularmente en Argentina, donde el crecimiento del mercado estuvo impulsado principalmente por productos importados. La planta había llegado a tener una dotación muy superior a la actual y había funcionado durante décadas como uno de los establecimientos de referencia de la producción de línea blanca en la ciudad. La compañía había atravesado una sucesión de medidas de ajuste que fueron reduciendo primero el ritmo de fabricación y después el número de trabajadores, hasta llegar a la decisión de abandonar completamente la producción. En octubre de 2025, la empresa había implementado suspensiones rotativas que alcanzaron a alrededor de 400 trabajadores. El argumento empresario fue adecuar el ritmo de fabricación a una demanda que había caído y a un nivel de existencias que había aumentado. La medida se instrumentó dentro de un esquema acordado con la representación sindical y permitió mantener durante ese momento los vínculos laborales, aunque redujo la utilización de la planta. La situación tenía una característica relevante para comprender lo que ocurre ahora. Aquellas 400 suspensiones no significaban que la empresa hubiera despedido a 400 personas. Se trataba de una reducción temporal de actividad que afectaba a trabajadores que continuaban perteneciendo a la planta. Sin embargo, el mecanismo mostraba que la capacidad productiva instalada ya no encontraba en el mercado interno un nivel de demanda suficiente para sostener el ritmo de producción anterior. La propia compañía había explicado que el objetivo era ajustar el ritmo de producción y alinear la producción con la demanda real del mercado. En marzo de este año, Electrolux abrió un programa de retiros voluntarios orientado inicialmente a unos 100 trabajadores. La adhesión superó esa cifra: de acuerdo con información gremial difundida en Rosario, más de 130 operarios se habían inscripto antes del cierre del programa. Las condiciones incluían el pago del 100% de la indemnización calculada bajo el régimen anterior a la reforma laboral y el agregado de “tres salarios” como incentivo para quienes aceptaran la desvinculación. El Destape

Una encuesta nacional de imagen positiva ubica a Chaco entre las provincias donde el gobernador de Buenos Aires supera al mandatario nacional (38,4% contra 31,3%), en un mapa territorial que además muestra un retroceso del oficialismo respecto de julio. Una nueva medición de imagen positiva de dirigentes nacionales, realizada por la consultora CB Global Data entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026, ubica a Chaco entre las provincias donde el gobernador bonaerense Axel Kicillof aventaja al presidente Javier Milei en valoración positiva. El estudio releva las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y marca un cambio respecto de la medición anterior de la misma consultora, realizada en julio. El mapa territorial Según el relevamiento, Milei registra una imagen positiva superior a la de Kicillof en 13 de las 24 jurisdicciones del país, mientras que el gobernador bonaerense se impone en las 11 restantes. La comparación con julio muestra una reducción de la ventaja presidencial: en ese mes, Milei superaba a Kicillof en 16 distritos y Kicillof se imponía en ocho; en septiembre, la relación pasó a ser de 13 contra 11. El detalle provincia por provincia indica que Milei aventaja a Kicillof en Chubut, la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe. Kicillof, en cambio, obtiene una imagen positiva superior en Catamarca, Chaco, Formosa, La Pampa, La Rioja, la Provincia de Buenos Aires, Río Negro, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán. Los porcentajes en Chaco En Chaco, Kicillof registra un 38,4% de imagen positiva, frente a un 31,3% de Milei, según el detalle provincia por provincia difundido por CB Global Data. La diferencia a favor del gobernador bonaerense es de poco más de siete puntos porcentuales. En el ranking específico de Milei, sus mayores niveles de imagen positiva se registran en Mendoza, con 53,7%, seguida por Córdoba, con 52,5%, y Neuquén, con 46,2%. Sus registros más bajos aparecen en Santiago del Estero, con 20,2%, Formosa, con 21,8%, y Tierra del Fuego, con 30%. Con su 31,3%, Chaco se ubica apenas por encima de esos tres últimos puestos, entre las provincias con menor valoración positiva del Presidente. Kicillof, por su parte, alcanza sus mayores niveles de imagen positiva en Santiago del Estero, con 52,8%, Formosa, con 44,8%, y la Provincia de Buenos Aires, con 43,4%. Sus registros más bajos se ubican en Córdoba, con 19%, Mendoza, con 20,8%, y Entre Ríos, con 23,3%. El 38,4% que obtiene en Chaco lo ubica en el octavo lugar del ranking provincial, lejos de sus tres mejores plazas pero también lejos de sus peores registros. Dónde se ubica Chaco en cada ranking El listado completo de las 24 jurisdicciones para Milei, ordenado de mayor a menor imagen positiva, es el siguiente: Mendoza (53,7%), Córdoba (52,5%), Neuquén (46,2%), Salta (41,3%), Santa Fe (40,5%), San Luis (39,1%), Ciudad de Buenos Aires (38,2%), Chubut (37,5%), Catamarca (37,2%), Entre Ríos (37%), Corrientes (36,5%), La Rioja (36,4%), San Juan (35,6%), Jujuy (34,8%), Tucumán (34,6%), Provincia de Buenos Aires (34,5%), La Pampa (33,9%), Río Negro (33,3%), Misiones (32,9%), Santa Cruz (31,7%), Chaco (31,3%), Tierra del Fuego (30%), Formosa (21,8%) y Santiago del Estero (20,2%). En el ranking de Kicillof, el orden es: Santiago del Estero (52,8%), Formosa (44,8%), Provincia de Buenos Aires (43,4%), Tucumán (40,7%), San Luis (39,5%), Catamarca (39,2%), Tierra del Fuego (39%), Chaco (38,4%), La Rioja (37,3%), Río Negro (35,1%), La Pampa (34,8%), Misiones (31,9%), San Juan (30,8%), Jujuy (30,6%), Chubut (30,3%), Santa Cruz (29,7%), Salta (28,8%), Neuquén (28,7%), Ciudad de Buenos Aires (28,1%), Santa Fe (27%), Corrientes (25,4%), Entre Ríos (23,3%), Mendoza (20,8%) y Córdoba (19%). Ficha técnica El estudio fue realizado por CB Global Data entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026, sobre población general mayor de 18 años de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La encuesta utilizó la técnica CB CAWI Research (online), mediante un cuestionario estructurado de preguntas cerradas. La muestra total fue de 24.570 casos, con un promedio de entre 880 y 1.189 casos por provincia, y un error de muestreo promedio de ±2,9 a 3,3%, con procedimiento estratificado por distritos.

El operativo alcanzó a 13 escuelas de distintos contextos educativos y permitió poner a prueba instrumentos y procedimientos antes de la implementación definitiva. La evaluación releva aprendizajes y competencias fundamentales en Lengua y Matemática. El Ministerio de Educación del Chaco implementó esta semana una Evaluación Diagnóstica Integral piloto destinada a estudiantes de 7° grado, con el objetivo de relevar aprendizajes y competencias fundamentales en las áreas de Lengua y Matemática. La iniciativa constituye una política jurisdiccional orientada a generar información confiable y contextualizada sobre los desempeños de los estudiantes, en articulación con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) y los diseños curriculares provinciales. En esta primera instancia participaron 13 escuelas de distintos ámbitos y sectores de gestión, seleccionadas para representar diferentes realidades institucionales y educativas de la provincia. La diversidad de contextos permitió poner a prueba la propuesta y analizar las condiciones necesarias para su implementación general. El carácter piloto del operativo permitió probar y ajustar los instrumentos, procedimientos y condiciones de aplicación, además de identificar posibles dificultades logísticas o técnicas y obtener información preliminar para optimizar el desarrollo de la evaluación definitiva. Los resultados obtenidos permitirán a docentes y equipos directivos contar con información para reconocer fortalezas y dificultades en los aprendizajes y, a partir de ese diagnóstico, diseñar estrategias pedagógicas acordes con las necesidades de los estudiantes. De esta manera, la instancia piloto representa un paso previo fundamental para fortalecer la implementación de la Evaluación Diagnóstica Integral, procurando que las herramientas utilizadas sean válidas, confiables y pertinentes para conocer los aprendizajes alcanzados por los estudiantes de 7° grado.

El requerimiento atribuye al grupo una estructura transnacional liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho, con dos células operativas en el país. La acusación sostiene que la organización funcionó al menos desde 2019 hasta mayo de 2025 y movilizó más de 120 millones de pesos a través de cuentas bancarias, billeteras virtuales, remesas y operaciones en efectivo. La Unidad Fiscal Corrientes, la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) solicitaron la elevación a juicio oral de 13 personas acusadas de integrar una organización criminal transnacional vinculada al Tren de Aragua, a quienes se les atribuyen maniobras de lavado de activos y, a nueve de ellas, el financiamiento del terrorismo. El requerimiento fue presentado ante el Juzgado Federal N°1 de Corrientes por el fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal Corrientes, Flavio Adrián Ferrini; el titular de la UFECO, el fiscal federal Santiago Marquevich; y el fiscal general a cargo de la PROCELAC, Diego Velasco. Según la acusación, la organización funcionó en la Argentina al menos hasta mayo de 2025, liderada por el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, jefe de la denominada “Banda del Yiyi” —vinculada al Tren de Aragua—, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por INTERPOL de la Policía Federal (PFA) en la provincia de Corrientes. Actualmente está detenido bajo el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR) en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza y, en marzo pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación autorizó su extradición a su país. Los imputados son ocho hombres y cinco mujeres. Tres de esas personas acusadas son de nacionalidad venezolana, uno es argentino y los restantes nueve, son argentino-venezolanas. Además de Boscán Bracho, los otros 12 imputados —identificados por sus iniciales— son A.M.D.C., E.D.U.B., M.A.B.C., A.J.B.P., D.A.B.C., M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C., M.C.D.C., D.E.A., E.Y.C.S. y J.A.L.G. “La asociación ilícita en cuestión se caracteriza por contar con un importante grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes asentarse en el país en un lapso de tiempo relativamente breve”, afirmaron los fiscales. También pusieron de relieve “la significativa capacidad económica demostrada por varios de sus miembros, quienes efectuaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de considerable valor, pese a no registrar actividad laboral formal ni declarar ingresos compatibles con ese tipo de operaciones patrimoniales”. Según la acusación, la comunidad delictiva operó tanto en Argentina como en otros países y, según fuera señalado por distintos organismos internacionales, “constituye una facción de la organización criminal conocida como ‘Tren de Aragua’, originada en la República Bolivariana de Venezuela, la cual ha logrado desplegar sus redes delictivas a lo largo del continente americano en un período relativamente breve”. El requerimiento señala que la organización perpetró “un amplio abanico de delitos”, desde los hechos investigados en Venezuela hasta las maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo detectadas en la Argentina. Las calificaciones Los fiscales les atribuyeron a los 13 imputados tres hechos diferenciados. El primero consiste en haber integrado una organización criminal transnacional; el segundo, en las maniobras de lavado de activos; y el tercero, reservado para nueve de ellos, en el financiamiento del terrorismo. En consecuencia, el MPF pidió que los 13 sean sometidos a juicio por el delito previsto en el artículo 210 ter del Código Penal (asociación ilícita en su modalidad de organización criminal, con pena de entre 8 y 20 años de prisión) y por el de lavado de activos del artículo 303, inciso 1° del mismo código (con penas de entre 3 y 10 años de prisión). Respecto de nueve de los acusados —Boscán Bracho, A.M.D.C., E.D.U.B., M.A.B.C., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., M.C.D.C. y J.A.L.G.—, los fiscales también solicitaron la elevación a juicio por el delito de financiamiento del terrorismo, previsto en el artículo 306 del Código Penal (con penas de 5 a 15 años de prisión). Una estructura organizada y con capacidad para operar a distancia La acusación describe una organización con división de funciones y capacidad para continuar operando aun después de la detención de Boscán Bracho. Según el requerimiento, el líder impartía órdenes desde su lugar de detención y mantenía comunicación con los referentes de las dos células, una comandada por su pareja, A.M.D.C., y otro por su primo, E. D.U.B., quienes mantenían contacto permanente con él. Los fiscales describieron a Boscán Bracho como el conductor de la estructura; a A.M.D.C. y E. D.U.B., como integrantes del núcleo central de administración y gestión; y a M.A.B.C. como una operadora relevante dentro de uno de los subgrupos. De acuerdo con la acusación, J.A.L.G. mantenía vínculos frecuentes con ambos subgrupos y desempeñaba un papel relevante al administrar un sistema informal de transferencia de dinero conocido de “Giro Activo”, con operaciones desde una sucursal de Western Union ubicada en el barrio porteño de Colegiales. Por debajo de ese nivel se ubicaban el resto de integrantes a quienes se atribuyen funciones relacionadas con cuentas bancarias, transferencias, registración de bienes, utilización de servicios y otras tareas destinadas a facilitar la circulación de fondos. La investigación también estableció que la organización había logrado asentarse en la Argentina en un período relativamente breve y que sus integrantes se desplazaban entre distintos puntos del país. Para los fiscales, ese despliegue evidenció un importante grado de planificación logística y capacidad organizativa. La estructura criminal, según el dictamen, funcionó al menos desde 2019 hasta el 28 de mayo de 2025. Más de 120 millones de pesos en operaciones investigadas El requerimiento atribuye a los 13 imputados haber convertido, transferido, administrado, disimulado, adquirido y puesto en circulación bienes y activos provenientes de delitos precedentes indeterminados, con la finalidad de otorgarles apariencia de origen lícito. Las operaciones bancarias, virtuales y en efectivo documentadas superan los 120 millones de pesos, cifra que incluye transferencias, ingresos no justificados, adquisición de bienes muebles e inmuebles, remesas internacionales y movimientos a través de sistemas informales de transferencia identificados como del tipo “hawala”

Más de 20 gremios de la CGT se reunirán el próximo martes en un encuentro de la “mesa chica ampliada”, a fin de comenzar a explorar los próximos pasos a seguir luego de las tres marchas que realizaron en conjunto con las dos CTA y los movimientos sociales en los recientes meses. Los máximos referentes de la entidad de la calle Azopardo se reunirán desde las 16 en la sede del sindicato de la Uocra que lidera Gerardo Martínez. En esa reunión suele participar el triunvirato integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola (foto) y Octavio Argüello. También estará el titular de UPCN, Andrés Rodríguez. La idea es definir nuevas acciones en el marco del plan de lucha que anunciaron meses atrás, habiéndose cumplido ya las tres marchas que se habían programado en aquel momento, que en realidad contemplaba una más, para principios de este mes por el Día de la Industria, pero se canceló por algunas diferencias entre la CGT y las dos CTA. Ese mismo martes, a su vez, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), liderada por Juan Carlos Schmid, realizará a las 17, en el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT, el conversatorio “Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular”, que fue definido como “un espacio destinado a promover el intercambio y la reflexión sobre la realidad política y social de América Latina”. Previamente, el lunes, habrá una conferencia de prensa en la sede central de la CATT, ubicada en Av. Jujuy 1074 (CABA), con la presencia del sociólogo brasilero Emir Sader, se informó en un comunicado. El martes, la actividad contará con la participación de Sader y de Kelly Olmos, diputada nacional y exministra de Trabajo. Así, el conversatorio se desarrollará a partir de cuatro ejes principales: “Dependencia económica, dependencia cultural”; “Independencia económica y Trabajo”; “Multipolaridad y América Latina” y “Participación de la clase trabajadora y la democracia social”. Página/12

El presidente se expresó en las redes sociales luego de enterarse de una condena en la provincia del norte. El presidente Javier Milei reaccionó este viernes a través de sus redes sociales tras conocerse la decisión de la Justicia de Formosa que condenó a cuatro integrantes del equipo periodístico del canal La Nación+. “TIRO POR LA CULATA”, escribió el mandatario en la red social X al responder a una publicación que daba cuenta de la sanción judicial ejercida contra los trabajadores de prensa. El fallo, dictado por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la localidad de Las Lomitas, estableció una pena de cinco días de arresto, sustituibles por el pago de una multa de $282.550 para cada uno de los involucrados. La medida alcanzó a la cronista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán. La sanción judicial se vinculó con una cobertura realizada en septiembre de 2025 en el marco del proyecto documental “Hambre de Futuro”. Según consta en la resolución, el equipo de prensa habría llevado a cabo entrevistas y filmaciones en la comunidad San José sin la autorización requerida por la normativa local y sin contar con una matrícula o credencial profesional otorgada en esa jurisdicción. En su mensaje publicado en la red social, el jefe de Estado arremetió duramente contra los profesionales del medio y el periodismo en general, a quienes calificó de “basuras inmundas con micrófono”, al tiempo que afirmó que trabajan para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. El Presidente cerró su posteo con la expresión “CIAO!”. La fuerte reacción presidencial se dio luego de que la señal LN+ difundiera el testimonio de la periodista Micaela Urdinez, quien relató que la comitiva había recorrido distintas comunidades aborígenes e históricamente postergadas de la provincia gobernada por Gildo Insfrán, con el objetivo de registrar sus condiciones de vida y dar visibilidad a sus reclamos por el reconocimiento oficial e integración social. Agencia NA

El presidente brasileño firmó un decreto contra las “bets” y enviará al Congreso un proyecto para endurecer las penas. El sector mueve más de 220.000 millones de reales al año y los clubes advierten por el impacto económico. A nueve días de las elecciones en Brasil, el presidente Lula da Silva firmó un decreto que prohíbe las apuestas deportivas, los casinos en línea y la publicidad de las empresas del sector. La medida deberá ser convalidada por el Congreso, al que Lula también enviará un proyecto de ley para incorporar la actividad al Código Penal y endurecer las sanciones contra las apuestas ilegales. La decisión generó el rechazo de los principales clubes de fútbol del país y reavivó el temor por un posible crecimiento del juego clandestino. El anuncio lo realizó en un acto con varios de sus ministros en San Pablo, donde también anticipó una ampliación del programa de renegociación de deudas para las familias morosas. Ese plan de reducción de tasas, que lanzó el 1 de mayo pasado para hacer frente a un problema que también resuena en la Argentina, ya bloqueaba a los beneficiarios de los sitios de apuestas online. Lula ha convertido en una de sus banderas electorales el combate a las “bets”, a las que atribuye el crecimiento del endeudamiento de las familias y acusa de “estar destruyendo millones de hogares” al transformar “el vicio en beneficios” económicos. Actualmente, operan 85 empresas de apuestas en el país de forma legal. En 2025, cerca de 25 millones de brasileños, en su mayoría de las capas más pobres del país, apostaron 220.600 millones de reales (42.500 millones de dólares / 37.150 millones de euros al cambio de hoy) en apuestas deportivas y casinos en línea, según datos oficiales. El decreto que prohíbe las apuestas por internet entrará en vigor automáticamente cuando se publique en el Diario Oficial, aunque el Congreso tendrá que convalidarlo en un plazo máximo de 120 días para mantener su validez. Lula realizó el anuncio a pesar de que la semana pasada, cuando la prensa filtró que el Gobierno barajaba una posible prohibición, varios clubes del Campeonato Brasileño, como Palmeiras y Flamengo, salieron en tromba para alertar del agujero que causaría en sus cuentas, en un comunicado conjunto que titularon “el fin del fútbol”. Con esta medida, Lula busca dar un golpe de efecto en la recta final de una carrera presidencial muy ajustada, para la que las encuestas lo sitúan en empate técnico con el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. Las casas de apuestas en línea han experimentado un crecimiento exponencial en Brasil desde que fueron legalizadas en 2018 durante el Gobierno del liberal Michel Temer. Operaron sin regulación los años siguientes, coincidiendo con el mandato de Jair Bolsonaro, hasta que en 2023, ya con Lula en el poder, se reglamentó el sector, con la concesión de autorizaciones y el pago de impuestos. La prohibición provocará una pérdida en la recaudación tributaria del Gobierno y de cuantiosos ingresos para los medios de comunicación y los clubes de fútbol. En 2025, la administración brasileña recaudó unos 9.000 millones de reales (1.700 millones de dólares), y en los ocho primeros meses de este año ya superó esa cifra. En cuanto a los patrocinios de los equipos de fútbol, se estima que las casas de apuestas deportivas ingresan más de 1.000 millones de reales (casi 200 millones de dólares) al año. Los sectores que se oponen a la decisión de Lula argumentaron que el veto puede dar alas al mercado ilegal. Página/12

El tribunal de París le dio 26 años de cárcel al exmilitar Loïk Le Priol, autor de los disparos contra el deportista argentino. Su amigo, Romain Bouvier, recibió 19 años. La justicia francesa condenó este viernes a los dos activistas ultraderechistas acusados de matar al exrugbier integrante de los Pumas Federico Martín Aramburú en París en 2022, pero descartó que hubiera premeditación. El tribunal de París impuso 26 años a Loïk Le Priol, un exmilitar de 32 años, como autor de los disparos que costaron la vida del deportista de 42 años, tras una discusión en la terraza de un bar en pleno centro de París el 19 de marzo de 2022. Romain Bouvier, de 35 años y amigo de Le Priol, fue condenado a 19 años. Bouvier fue el primero en disparar contra Aramburú y su pena fue por tentativa de asesinato. Tras casi 11 horas de deliberaciones, el presidente del tribunal, Franck Zientara, pronunció un veredicto decidido por un jurado popular, que estableció penas solo un año inferiores a lo solicitado por la fiscalía. “La balística ha demostrado la voluntad de Le Priol de apuntar y tocar una parte vital de Aramburú (…) hasta dispararle tres veces por la espalda”, señaló Zientara, dejando clara “la voluntad de matar” y descartando la legítima defensa que esgrimió el antiguo miembro del cuerpo de élite de la Marina francesa. Sin embargo, no fue tenida en cuenta la premeditación. De esta manera, el exmilitar y Bouvier evitaron una condena que podía ser de cadena perpetua. En contra de Le Priol, el tribunal rechazó el argumento de la defensa por falta de discernimiento debido a un supuesto estrés postraumático del ex militar por sus misiones en África. La sentencia, leída por Zientara, también apuntó a la “rabia narcisista” de Le Priol y le achacó “la muerte gratuita” de Aramburú, pero los jueces descartaron el racismo como agravante legal en el procesamiento. Para señalar esos agravantes, la Fiscalía y la acusación habían hablado del perfil de Le Priol, quien pertenecía al grupo de ultraderecha GUD -disuelto en 2024 por su peligrosidad- para definir su perfil violento y su familiaridad con las armas. “Pertenecían a un grupo muy violento francés de los años 60 que era una especie de grupúsculo con mentalidad de supremacía, de impunidad y de seguridad de sí mismos que invita a comparar a las fuerzas oscuras de la Triple A y la dictadura en Argentina, no lo comparo, pero la ideología era la misma”, explicó la reconocida jurista francesa Sophie Thonon, abogada de la familia Aramburú en el juicio. El fallo indicó que los 19 años contra Bouvier, antiguo estudiante de Derecho, se explican por haber disparado cuatro veces contra el argentino, quien estaba desarmado. Tras esa primera ráfaga inicial que dejó al exjugador de rugby herido, Le Priol descargó su arma contra Aramburú, dos de sus seis disparos fueron mortales. Ambos condenados, según indica el fallo, se habían encontrado en el bar la noche del asesinato, en contra de una orden de control judicial que les prohibía verse tras una anterior sentencia. Los otros dos acusados, Lyson Rochemir, que era novia de Le Priol cuando se produjo el asesinato, y Anthony Sorrentino, fueron condenados ambos a tres años de cárcel sin cumplimiento efectivo. Rochemir, quien ya cumplió nueve meses entre rejas, fue declarada culpable por alteración de la escena del crimen, así como por sustracción, ocultación y eliminación de objetos, mientras que Sorrentino por haber ocultado pruebas y haber ayudado a Bouvier en su corta huida. El exjugador de los Pumas fue asesinado después de una pelea en la madrugada del 19 de marzo en el bar Le Mabillon del bulevar Saint-Germain de París en la que también estuvo implicado Shaun Hegarty, antiguo jugador de rugby y amigo y socio del argentino. En la primera audiencia del juicio, Le Priol aceptó los cargos por el asesinato y mostró algo de arrepentimiento: “Para siempre estaré condenado a soportar este drama inmenso. No dejaré de pedir perdón a la familia”, dijo. Por su parte, Bouvier dijo pensar “todos los días en esa catástrofe absoluta”. Página/12

La Cámara de Diputados convocó a debatir el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional el próximo miércoles 30 de septiembre a las 12. Será el plenario que encabeza la Comisión de Defensa Nacional junto a Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El texto fue enviado al Congreso el pasado 17 de septiembre tras el anuncio del presidente Javier Milei en la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. El espíritu del proyecto de ley apunta a endurecer significativamente las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional. Fuentes del oficialismo adelantaron a Parlamentario que la primera reunión será informativa, pero la del martes 6 de octubre buscará rubricar el despacho que habilite tratar el proyecto de ley en el recinto el miércoles 7 de octubre junto a Fortalecimiento del Sistema de Discapacidad y Sobreendeudamiento. Qué dice el texto La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía considerablemente su alcance. Mientras la norma vigente estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, realizado sin habilitación argentina. Uno de los aspectos más fuertes del texto es el endurecimiento del esquema sancionatorio. Las multas administrativas para quienes violen la ley irán desde el equivalente a 4.000 hasta 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de habilitaciones y la inhabilitación para operar por un plazo de entre cinco y veinte años. Asimismo, la inhabilitación tendrá efectos mucho más amplios que en la normativa actual. Los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina. También quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país. El proyecto también incrementa las sanciones penales. Quienes realicen tareas de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur o la plataforma continental argentina podrán recibir penas de entre 12 y 15 años de prisión. Para los casos de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas subirán a entre 12 y 20 años, mientras que la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos podrá castigarse con entre 15 y 20 años de cárcel. Las multas penales también fueron reforzadas. En los casos más graves podrán alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo. Además, se incorpora una nueva figura para castigar a quienes suministren bienes o servicios esenciales a empresas que desarrollen esas actividades ilegales, con penas de cinco a siete años de prisión. Otra novedad es que el proyecto habilita la realización de juicios en ausencia para los delitos previstos en el régimen, una herramienta que el Gobierno considera necesaria para superar las dificultades que históricamente tuvo la aplicación efectiva de la legislación vigente frente a empresas y operadores extranjeros. A la vez, la iniciativa contempla un Régimen de Desistimiento y Regularización destinado a quienes abandonen las actividades prohibidas. El Ejecutivo justifica este mecanismo señalando que el objetivo “no es únicamente sancionar”, sino también desalentar la explotación de recursos naturales bajo permisos otorgados por otro Estado. Pero el proyecto va mucho más allá de la cuestión Malvinas. En sus restantes títulos crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional. Además, incorpora un régimen de protección de infraestructuras críticas, regula la actuación estatal en los ámbitos aeroespacial, marítimo, fluvial y lacustre, establece nuevas infracciones vinculadas a amenazas a la seguridad nacional y modifica la Ley de Defensa Nacional para ampliar la definición de riesgos y amenazas externas. Parlamentario

El nuevo espacio permitirá agilizar los controles médicos de personas detenidas y los requerimientos de la Justicia. Además, funcionará en un edificio propio, lo que permitirá reducir costos de alquiler para el Estado. El gobernador Leandro Zdero inauguró este viernes el Departamento de Medicina Legal del Área Metropolitana, una nueva dependencia de la Policía del Chaco que permitirá fortalecer y agilizar los procedimientos vinculados con la atención y evaluación médico-legal de personas detenidas y otros requerimientos judiciales. La nueva dependencia funcionará en el mismo edificio donde se encuentra el Departamento de Antecedentes Personales y permitirá concentrar servicios de la Policía Científica en un espacio adecuado y equipado. El área de Medicina Legal funcionaba anteriormente en un inmueble alquilado, por lo que la incorporación de estas instalaciones también representa una reducción de costos para el Estado. Durante la inauguración, Zdero destacó que la obra forma parte de las acciones destinadas a optimizar y modernizar el sistema de seguridad provincial, con el objetivo de brindar respuestas más rápidas y eficientes. “Estamos poniendo en condiciones las instalaciones para una mejor prestación del servicio, pero también para hacer mucho más ágiles los controles que deben realizarse”, señaló el gobernador. En este sentido, explicó que en el nuevo espacio se realizarán los controles médicos correspondientes a personas que ingresan al sistema de detención, así como aquellos requeridos en distintas circunstancias y procedimientos. También recordó que parte de las funciones que anteriormente se desarrollaban en la dependencia de calle Julio A. Roca fueron trasladadas a este edificio para mejorar los tiempos de respuesta. Más servicios en un edificio propio El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, destacó la incorporación del Departamento de Medicina Legal como un paso más en el proceso de reorganización y fortalecimiento de la estructura de seguridad. “Este edificio es emblemático. Aquí ya funciona Antecedentes Personales y hoy inauguramos Medicina Legal, que se suma como un componente necesario y profesional para agilizar los tiempos de respuesta que tiene la Policía hacia la sociedad y, fundamentalmente, ante los requerimientos de la Justicia”, explicó. Matkovich remarcó además que el traslado permitirá reducir gastos vinculados con inmuebles alquilados. Según indicó, el proceso de reasignación de espacios permitirá generar un ahorro significativo para la Policía y el Servicio Penitenciario. El funcionario señaló que la estrategia incluye recuperar y poner en funcionamiento inmuebles que se encontraban bajo administración del Estado, evitando nuevos gastos de alquiler y destinando esos espacios a dependencias policiales y penitenciarias. Medicina legal, una función clave para la justicia El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, explicó que el Departamento de Medicina Legal integra la Policía Científica y cumple una función pericial fundamental para el sistema judicial. “Es un área científica que tiene como misión realizar el examen médico-legal de las personas detenidas cuando ingresan y cuando recuperan la libertad. Ese informe pericial es realizado por el médico policial y se incorpora al expediente judicial”, detalló. Romero destacó que contar con un espacio propio permite brindar mejores condiciones de trabajo a los profesionales y empleados policiales y, al mismo tiempo, garantizar un ámbito adecuado para la atención de las personas sometidas a los procedimientos médico-legales. Antecedentes personales: más de un millón de legajos En el mismo edificio funciona el Departamento de Antecedentes Personales, otra dependencia de la Policía Científica dedicada a la identificación precisa de personas mediante sistemas de identificación dactiloscópica. Según explicó Romero, el área cuenta con aproximadamente un millón de legajos, correspondientes a distintos registros históricos, y cerca del 80% se encuentra digitalizado, lo que permite agilizar la búsqueda y el acceso a la información requerida por las áreas correspondientes. “Se puede identificar a una persona en forma indubitable a través de un sistema práctico y ágil”, explicó el jefe policial, quien resaltó la importancia de esta tarea para las investigaciones judiciales. Más infraestructura y equipamiento para la seguridad Zdero remarcó que la inauguración forma parte de una política de fortalecimiento integral de la seguridad, que incluye infraestructura, equipamiento, tecnología, capacitación y presencia territorial. En este marco, mencionó las nuevas dependencias policiales proyectadas para el Área Metropolitana y el avance de distintas obras vinculadas con el sistema de seguridad y penitenciario. Por su parte, Matkovich adelantó que se incorporarán nuevos vehículos y equipamiento para fortalecer la capacidad operativa de la Policía, además de obras de infraestructura previstas para distintas dependencias. “Estamos demostrando que la historia continúa y que podemos seguir transformando estructuralmente la seguridad de la provincia”, sostuvo el ministro. La inauguración del Departamento de Medicina Legal se suma a las acciones de modernización de la estructura policial, con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta, optimizar recursos públicos y fortalecer los servicios vinculados con la investigación y la Justicia.

Se desató una fuerte polémica por la sanción extrema que el Consejo Directivo del INTA quiere aplicarle a Virginia Aparicio, la mayor investigadora de agrotóxicos en la entidad, quien lideró un estudio que relevó que el 86% de los argentinos tiene en el cuerpo glifosato, el pesticida más usado en la agricultura a gran escala en el país. Con más de 20 años de carrera, Aparicio había participado con el aval del INTA en el proyecto Sprint, financiado por la Unión Europea (UE) para analizar el impacto de los plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente y del que participaron varios países europeos y Argentina. Pero, poco antes de darse a conocer los resultados, el INTA suspendió la difusión y se dio de baja del proyecto del que, actualmente, sigue figurando como socio en la página oficial. Tras eso, se avanzó en un sumario y pedido de exoneración a Aparicio que fue ratificado en la última sesión del Consejo Directivo del organismo. “Hubo quejas de las corporaciones, eso es lo que pasa”, dijo a LPO una fuente del INTA puso de relieve el lobby empresarial para que no se den a conocer los resultados que luego se conocieron en una conferencia del proyecto Sprint en Bélgica, el año pasado. En concreto, el estudio reveló que el 86,1% de los argentinos que se ofrecieron a estas muestras posee niveles de glifosato en el cuerpo, mientras que éste herbicida se encontró en el 100% de la materia fecal de los bonaerenses. Además, se detectaron de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial, de 6 a 22 plaguicidas en alimentos y un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar. Esos resultados ubican a la Argentina como el país con mayor cantidad de plaguicidas en personas y medio ambiente. En los gremios del sector advierten que la difusión del informe fue frenada a mediados de 2023, durante la pasada administración. En 2025, el actual Gobierno avanzó en un proceso sumarial dirigido no solo a despedir sino a exonerar (inhabilitar de por vida) a Aparicio de la función pública. Fuentes que recorren los pasillos del INTA detallaron a LPO que, entre las acusaciones para sumariar y pretender exonerar a Aparicio, figura el “perjuicio a la administración nacional”, argumento que carece de peso considerando que el proyecto fue íntegramente financiado por la UE. También acusan a la científica de no brindar la información que le pedía la línea jerárquica en lo relativo a los datos personales de los voluntarios asociados a su concentración de plaguicidas. Aparicio sostuvo que esos datos no los facilitó ya que había firmado un acuerdo de confidencialidad con los muestreados. “El sumario es porque no cumplió con procesos administrativos. El tema es que le quieren aplicar la sanción más extrema, es una locura”, dijo a LPO una fuente del sector, que también adujo intereses desde algunas entidades del campo para que no se conozcan los resultados del estudio. Por su parte, Aparicio defendió el objetivo del informe y alertó en declaraciones a Radio 10: “La distribución de los plaguicidas es tan masiva que es necesario reducir la dependencia química en el sistema productivo y es importante hacerlo ya”. En el gobierno bonaerense salieron a condenar el intento de exonerar a Aparicio y apuntaron directo contra la administración libertaria. “Las autoridades del INTA, bajo un gobierno que niega la crisis climática y denosta la ciencia, quieren exonerarla por hacer su trabajo. Tienen que dar marcha atrás de manera urgente”, dijo la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, advirtió que la medida “busca consagrarse también como un mecanismo de amedrentamiento hacia quienes hacen investigación pública”. En ese sentido, en los gremios salieron a rechazar el despido y la posible exoneración de Aparicio y apuntan contra una sanción “desproporcionada” que terminaría “persiguiendo, censurando y silenciando a toda la investigación y al personal del INTA”. LPO

El argentino tiró a la basura todo el buen trabajo que había hecho Alpine durante el fin de semana. El triunfo fue para Russell. El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo que abandonar en la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán luego de generar un fuerte choque en la vuelta 36. Colapinto marchaba décimo, cuando quiso realizar un divebomb en la salida de un safety car y no solo se pasó de largo, sino que también sacó de carrera a su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, y al británico Lando Norris (McLaren). El triunfo quedó en manos del británico George Russell (Mercedes), quien mantuvo un dominio impresionante todo el fin de semana, mientras que el podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el francés Isack Hadjar, ambos de Red Bull. Russell, que marcha segundo en el campeonato, venía de arrasar en la clasificación, donde quedó primero con más de ocho décimas sobre su escolta. En la carrera también llevaba un ritmo imparable, aunque la bandera amarilla por el choque del tailandés Alexander Albon (Williams) le dio una oportunidad a sus perseguidores. Incluso en las últimas vueltas se puso al acecho Verstappen, aunque finalmente Russell resistió muy bien los ataques para cruzar la bandera a cuadros en el primer lugar. La tercera posición fue para Hadjar, que también tuvo un gran ritmo durante toda la carrera, mientras que el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes). Los otros pilotos que sumaron puntos fueron los británicos Lewis Hamilton (Ferrari) y Arvid Lindblad (Racing Bulls), el francés Esteban Ocon (Haas), el también británico Oliver Bearman (Haas) y el español Carlos Sáinz Jr. (Williams). Con este resultado, el italiano Antonelli se mantiene como líder del campeonato con 302 puntos, mientras que Russell se afianzó en la segunda colocación con 236. La próxima fecha en el campeonato de Fórmula 1 será el próximo fin de semana, cuando se lleve a cabo el GP de Bahréin en el Circuito de Sepang. Los pilotos que sumaron puntos en el GP de Azerbaiyán: 1- George Russell (Mercedes) 2- Max Verstappen (Red Bull) 3- Isack Hadjar (Red Bull) 4- Charles Leclerc (Ferrari) 5- Kimi Antonelli (Mercedes) 6- Lewis Hamilton (Ferrari) 7- Arvid Lindblad (Racing Bulls) 8- Esteban Ocon (Haas) 9- Oliver Bearman (Haas) 10- Carlos Sáinz Jr. (Williams) Agencia NA

La práctica fue supervisada por la administradora del Puerto, Alicia Azula, y contó con la participación de personal de la Prefectura Naval Argentina y trabajadores portuarios. El objetivo fue fortalecer los protocolos de respuesta y reducir el impacto ambiental ante eventuales contingencias en el Riacho Barranqueras. Este viernes, el Puerto de Barranqueras llevó adelante un simulacro de respuesta ante una eventual emergencia ambiental vinculada con el derrame de hidrocarburos en el Riacho Barranqueras, en el marco del sistema fluvial del río Paraná. La práctica permitió poner a prueba los procedimientos previstos para actuar de manera rápida y efectiva ante una contingencia que pudiera afectar el ecosistema. Durante el simulacro se desplegaron mangueras flotantes para contener un eventual derrame y reducir la superficie de dispersión del hidrocarburo sobre el agua. Este tipo de ejercicios permite verificar el funcionamiento de los protocolos y fortalecer la capacidad operativa del personal frente a situaciones de emergencia. Azula explicó que el Puerto debe realizar periódicamente este tipo de simulacros para optimizar la respuesta ante contingencias y minimizar posibles impactos sobre el ambiente. Más movimiento de cargas y equipamiento La administradora también destacó el movimiento cotidiano que registra el Puerto de Barranqueras, con operaciones vinculadas tanto a la exportación como a la importación. “Nos estamos instalando en las agendas de los productores, de los importadores y exportadores. Y seguimos trabajando en el sistema fluvial para contar con más movimiento de carga”, señaló. En este sentido, Azula remarcó el trabajo realizado desde la administración portuaria y destacó que, en el marco de una gestión austera, se avanzó con la licitación para la adquisición de una cargadora frontal, maquinaria considerada necesaria para fortalecer las tareas operativas del puerto. “Llevamos adelante una administración prudente y gracias a ello el jueves abrimos la licitación para la compra de una cargadora frontal, maquinaria necesaria para operar”, concluyó.

La presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado, y el diputado Iván Gyoker recibieron al embajador de Ucrania en Argentina, Yurii Klymenko, quien visitó la Legislatura acompañado por su esposa, Zoia Klymenko; el ministro de Producción del Chaco, Oscar Dudik; y el empresario y referente de la comunidad ucraniana en la provincia, Basilio Krywinski. El encuentro permitió avanzar en el fortalecimiento de los vínculos institucionales, económicos, culturales y de cooperación entre el Chaco y Ucrania. Durante la reunión se planteó la posibilidad de profundizar una agenda conjunta vinculada al desarrollo y explorar nuevas oportunidades de intercambio, con la Legislatura como espacio de vinculación institucional y de impulso a la diplomacia parlamentaria e interregional.  Delgado agradeció al ministro Dudik por compartir la mesa y al embajador Klymenko por “tener en cuenta a la Legislatura en su visita por la provincia”. En este sentido, destacó el carácter multicultural del Chaco y el vínculo histórico con las distintas comunidades que forman parte de la identidad chaqueña.  “Chaco es fraternidad, tenemos un crisol de razas, con Ucrania en el centro del Chaco, y siempre hemos trabajado en el contacto constante con la descendencia de cada uno de nuestros chaqueños”, sostuvo.  Asimismo, resaltó la importancia de generar espacios de encuentro con representantes internacionales y de promover mecanismos de intercambio parlamentario. “Cuenten con nosotros”, afirmó Delgado, al remarcar que la cooperación puede abarcar distintos ámbitos, entre ellos la cultura, la producción y el desarrollo de vínculos entre instituciones.  Gyoker compartió aspectos de su historia familiar y sus raíces húngaras, destacando la experiencia de convivencia entre distintas culturas que caracteriza a la sociedad chaqueña. “En Chaco somos nietos, bisnietos e hijos de inmigrantes, y aprendimos a convivir en las diferencias culturales, con la resiliencia de poder salir adelante tras haber sufrido mucho entre guerras”, expresó.  Por su parte, el embajador Klymenko explicó que uno de los principales objetivos de su visita fue fortalecer los vínculos en diferentes ámbitos. “La diplomacia parlamentaria es un factor muy importante en nuestras relaciones bilaterales con Argentina”, afirmó.  Además, recordó que existen antecedentes de cooperación entre el Chaco y Ucrania, a partir de dos convenios firmados en 2000 y 2004 con la región de Vólyn, ubicada en el oeste ucraniano. En este sentido, señaló que se trabaja en la posibilidad de actualizar esos acuerdos y ampliar la cooperación hacia otras regiones.  El diplomático agradeció especialmente la solidaridad expresada por la Cámara de Diputados del Chaco hacia Ucrania en el contexto de la guerra y entregó a Delgado documentación vinculada al reconocimiento y la difusión de la memoria sobre el genocidio del pueblo ucraniano durante el régimen soviético.  El ministro Dudik contó que la reunión con la Legislatura había sido un pedido expreso del diplomático y remarcó el significado que tiene para la comunidad ucraniana del Chaco, de la que forma parte, recibirlo en la provincia en el actual contexto internacional.

El Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) se manifestó en alerta ante la evaluación oficial para incorporar 26 nuevos tramos de rutas nacionales al sistema de concesiones privadas. Señalan que de los $1.503.252 millones destinados por ley a la infraestructura vial, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras. Desde el gremio calificaron el proceso como un “ruticidio” y acusaron al Poder Ejecutivo de ejecutar un “vaciamiento deliberado de Vialidad Nacional para justificar la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional”. Según documentación oficial reconstruida por el sindicato, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones destinados por ley a la infraestructura vial. De ese total, solo se ejecutaron $394.406 millones en obras. Así, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón de pesos permanecían inmovilizados en plazos fijos y títulos públicos. Posteriormente, el propio Ejecutivo admitió que parte de esos recursos eran administrados por el Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal. En ese sentido, la titular del gremio, Graciela Aleñá, cuestionó: “¿Cómo puede afirmarse que no existen recursos para mantener las rutas, mientras más de un billón de pesos recaudados para el sistema vial permanece fuera del asfalto?”. Por otro lado, el comunicado de STVyARA expone la paradoja del nuevo modelo de concesiones impulsado, que mientras se le asigna a Vialidad Nacional la responsabilidad legal de auditar y controlar miles de kilómetros concesionados, simultáneamente se aprueba un segundo programa de Retiro Voluntario para achicar su dotación. “No se puede exigir más control con menos Vialidad. Se debilita la capacidad técnica pública para después utilizar ese deterioro como argumento para privatizar y contratar empresas externas”, advirtió Aleñá. De esta manera, el STVyARA rechazó de forma categórica que la infraestructura vial sea evaluada bajo criterios de rentabilidad económica privada. En ese sentido, Aleñá manifestó: “No aceptamos que primero se desfinancie, después se paralice, posteriormente se reduzca personal y finalmente se utilice el deterioro resultante como argumento para retirar al Estado”. NA

El Laboratorio de Herbivoría y Control Biológico en Humedales, del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL, UNNE-CONICET), participa del proyecto “MappA”, una red científica nacional que releva la contaminación plástica en aguas continentales de Argentina. El equipo del CECOAL tiene a su cargo la toma de muestras de microplásticos en cursos de agua de Corrientes, Chaco y Formosa. La contaminación por plásticos representa una problemática de creciente preocupación a nivel mundial, e incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en los últimos años hizo reiterados planteos para que se tomen medidas, y en particular a fortalecer los sistemas de información y vigilancia. En Argentina, si bien en los últimos tiempos se llevaron a cabo años estudios de contaminación con plásticos, los mismos fueron aislados, limitados en cuanto a su alcance territorial, y además con la aplicación de diversas metodologías de muestreo. En ese contexto, se puso en marcha el proyecto “Monitoreo y Análisis de la Contaminación por Plástico en Ambientes Acuáticos (Mappa)”, una propuesta colaborativa creada para generar el relevamiento más extenso de contaminación plástica en aguas continentales de Argentina, bajo una metodología unificada. La iniciativa es dirigida por la Dra. María Belén Alfonso, investigadora argentina y profesora asociada de la Universidad de Kyushu, Japón, y cuenta con la participación de más de 50 investigadores de universidades, institutos y centros de investigación de toda Argentina, y abarca más de 100 sitios de estudio, entre lagos, embalses, ríos y arroyos. En el proyecto participa el Laboratorio de Herbivoría y Control Biológico en Humedales (HeCob), del CECOAL, que colabora en la toma de muestras de cursos de agua de la región nordeste argentina. Las actividades del HeCoB en el proyecto “MappA” están a cargo de la Dra. Celeste Franceschini y la Dra. Lara Sabater, y ya se cuenta con relevamientos en distintos sitios de las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, entre lagunas y ríos. En diálogo con UNNE Medios, la Dra. Celeste Franceschini, explicó que, como grupo de investigación, desde el HeCoB se sumaron al proyecto porque reconocen la gravedad de la problemática de la contaminación con microplásticos, que demanda el compromiso de distintos sectores y actores de la sociedad. “Es muy importante tomar conciencia de lo dañina que es esta contaminación, que afecta al ambiente y a la salud humana. Pero para saber el grado real de impacto del problema, necesitamos información de base, con rigor científico, que es lo que se propone el proyecto”, señaló. El HeCoB se sumó en el año 2023 a la red MappA, que constituye la primera iniciativa integral de monitoreo de microplásticos en agua dulce en marcha en Sudamérica. Vinculación en la ciencia “La idea de MappA surgió al ver que en Argentina había muchos grupos trabajando en ambientes acuáticos, pero los estudios sobre plásticos eran puntuales y usaban métodos distintos, lo que impedía compararlos», explicó en diálogo con UNNE Medios la Dra. María Belén Alfonso, creadora y coordinadora de la red. Agregó que «propusimos que todos los grupos siguieran un mismo protocolo y centralizar la identificación de polímeros, para que un sitio de Patagonia y uno del NEA puedan leerse en el mismo mapa”. Detalló que, actualmente, participan en el estudio de microplásticos 20 grupos de investigación de las cinco regiones del país, y cada uno aporta su conocimiento del territorio. “El trabajo del equipo del CECOAL nos permite incluir en ese mapa los grandes sistemas de humedales del nordeste», resaltó. Metodología de Trabajo La Dra. Franceschini comentó que el objetivo de la iniciativa nacional es determinar qué cantidad de microplásticos hay en los ambientes, así como identificar qué tipo de plásticos están contaminando los recursos hídricos del país. Con ese fin, todos los muestreos deben seguir una metodología estandarizada. En los relevamientos, se toman muestras de agua con una red, que realiza la filtración del líquido, y siempre se toma la misma cantidad de agua. A la par de los muestreos, se lleva el registro de información ambiental, como condiciones de PH, temperatura, profundidad y otras variables que caracterizan el sistema en el que se tomaron las muestras. Las muestras tomadas, en este caso, fueron enviadas a la Universidad Nacional de Córdoba, donde la Dra. Lidwina Bertrand y el Dr. Guido Rimondino estuvieron a cargo del procesamiento y análisis para determinar la cantidad y tipo de partículas plásticas presentes en el agua. Posteriormente, una parte de la muestra se envía a Japón para identificar, por medio de equipamiento especializado, el tipo de microplástico. La implementación de una metodología estandarizada es considerada como un factor clave para comprender de manera integral la presencia, las características y la distribución de los microplásticos dentro de los cuerpos de agua relevados en el proyecto MappA. Aportes desde y para la región “La participación del CECOAL, como parte de la UNNE y del CONICET, es importante porque estamos proporcionando información para tres provincias del nordeste, que aparecerán en el mapa nacional de estudio de contaminación con microplásticos que se está conformando”, destacó la directora del HeCoB. Agregó que cuando se avance en el análisis de resultados, “se podrá tener información sobre qué tipo de contaminación con microplásticos estamos teniendo en nuestros sistemas acuáticos y cómo estamos respecto a otras provincias y regiones del país”. En el mapa de sitios muestreados a nivel nacional, a la fecha figuran el río Paraná, la reserva natural Laguna Brava y el Río Corriente, en la provincia de Corrientes; por la provincia de Chaco ya se incluyeron como puntos relevados a la Laguna Francia, Laguna Arguello, Laguna Seitor y el río Paraguay en la en la Isla del Cerrito; y la Laguna Ibarreta y el riacho Tatú Piré por la provincia de Formosa. “La realización de muestreos en las tres provincias del NEA, a cargo del HeCoB, le otorga un valor agregado al proyecto nacional, por ser provincias marcadas por el agua, reconocidas por sus grandes humedales”, señaló la Dra. Franceschini en diálogo con UNNE Medios. En tanto, para la región nordeste, consideró que ser parte de la iniciativa

Ramón Vargas advierte que el mayor riesgo para el Gran Resistencia no proviene solamente de El Niño. La amenaza surge de la combinación entre lluvias intensas, urbanización impermeable, ocupación de zonas inundables, infraestructura cuestionada y una prevención que todavía no llega de forma concreta a los barrios. Por Guillermo Brite El riesgo detrás del fenómeno climático La conversación con Ramón Vargas comenzó con una explicación sobre el modo en que se comunica el fenómeno de El Niño. Durante meses, expresiones como “superniño” o “Niño Godzilla” instalaron la expectativa de una catástrofe. Sin embargo, el geólogo, con cinco décadas de trayectoria y referente de la Fundación Encuentro por la Vida, pidió mirar el problema de otra manera: antes de preguntarse si lloverá mucho, hay que observar sobre qué territorio caerá esa lluvia, qué cambios sufrió y qué capacidad real existe para conducir o almacenar el agua. Su explicación permite entender el problema desde una mirada menos exagerada y, al mismo tiempo, más preocupante. El Niño es un fenómeno natural asociado al calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial y puede provocar lluvias o sequías extremas en distintas regiones. Sin embargo, para Vargas el posible desastre no estaría determinado únicamente por el clima. Sería el resultado de la relación entre ese fenómeno y decisiones tomadas durante décadas en el Área Metropolitana integrada por Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas y localidades cercanas. Una ciudad que cambió el recorrido del agua Para explicar esa relación, Vargas apeló a una imagen sencilla. Cien milímetros de lluvia equivalen a diez centímetros de agua distribuidos sobre una superficie. Pero las precipitaciones no caen de manera uniforme: pueden concentrarse en núcleos de tormenta y desplazarse hacia los sectores más bajos. En una llanura con pendientes mínimas, como la chaqueña, esa diferencia resulta decisiva. El agua se mueve lentamente, se acumula y puede alcanzar en determinados puntos una altura muy superior a la cantidad registrada por el pluviómetro. En condiciones naturales, explicó el experto, gran parte del agua cumple un ciclo vertical: se infiltra en el suelo, es absorbida por la vegetación o vuelve a la atmósfera mediante evaporación y evapotranspiración. La expansión urbana modifica ese recorrido. Los techos, el pavimento y otras superficies impermeables reducen la infiltración y aumentan el escurrimiento. Así, una ciudad cada vez más cubierta necesita evacuar por canales y bombas un volumen creciente de agua, aun cuando su relieve casi no ofrece pendiente para hacerlo. A ese proceso se agrega el relleno de lagunas, esteros y bajos naturales. Allí aparece una de las frases más claras de la charla: “Cada camión de tierra que se usa para rellenar una laguna es un camión de agua que va a entrar en la vivienda de algún vecino”. No es una equivalencia técnica literal, sino una forma de mostrar que el agua desplazada no desaparece. Cuando se ocupa un reservorio natural, el excedente busca otro lugar y el costo suele trasladarse hacia quienes viven en sectores con menos protección. La inundación, por lo tanto, también expone desigualdades. Quien dispone de recursos puede elevar un terreno o proteger una propiedad; quien no los tiene queda más expuesto al agua que otros desviaron. Vargas sintetizó esa dimensión al afirmar que “el manejo del agua es el manejo de los conflictos”. La planificación hídrica deja entonces de ser un asunto exclusivamente técnico: define qué zonas se preservan, dónde se permite construir y quién asume las consecuencias cuando no se respeta la dinámica del territorio. Las inundaciones que dejaron una enseñanza La memoria de las grandes inundaciones ocupa un lugar central en el análisis del geólogo Ramón Vargas. Recordó los episodios de 1982 y 1997-1998, cuando las defensas, los terraplenes y el sistema de bombeo fueron puestos al límite. Su relato no se apoya solamente en archivos: estuvo presente cuando se rompió el dique en Barranqueras en 1982 y participó luego en la Administración Provincial del Agua. Esos antecedentes explican su desconfianza frente a una frase repetida por las autoridades en situaciones críticas: “Está todo controlado”. Para él, esa seguridad debe ser acompañada por información que se pueda comprobar, mantenimiento y capacidad de respuesta. Uno de los temas más preocupantes de la charla fue la situación de las obras que regulan el ingreso y la salida del agua en el sistema del río Negro. Vargas afirmó que una estructura financiada junto con terraplenes, canales y estaciones de bombeo presentó problemas desde sus primeros años. Según su relato, especialistas detectaron fallas y, con el tiempo, se habría producido el hundimiento de una protección del canal y la pérdida de unos 25.000 metros cúbicos de suelo debajo de un sector clave. También cuestionó que no exista información pública suficiente para saber si las reparaciones resolvieron el problema. Obras públicas y preguntas sin respuesta Lo dicho por Ramón Vargas forma parte de su análisis y requiere respuestas técnicas actualizadas de los organismos responsables. Sin embargo, su importancia periodística está en las preguntas que abre: cuál es hoy el estado de las defensas, cuándo se realizaron las últimas inspecciones, cuántas bombas están funcionando, bajo qué condiciones fueron probadas y qué medidas se aplicarían ante una falla. Una política preventiva no puede apoyarse solamente en mensajes generales; necesita datos que permitan evaluar el riesgo y generar confianza en la población. Vargas también explicó que existe una diferencia entre la cantidad de agua que puede ingresar y la capacidad de bombeo. Según dijo, el sistema necesita zonas para guardar por un tiempo el agua sobrante mientras las bombas la expulsan. Si esos espacios son ocupados, rellenados o separados de la función para la cual fueron pensados, la defensa pierde eficacia. La obra no funciona sola: depende del cuidado del río, de los lugares que almacenan el agua, de las normas de uso del suelo y de decisiones cotidianas que muchas veces no aparecen en los anuncios oficiales. La idea principal de la charla puede resumirse así: la catástrofe no comienza el día de la tormenta. Se construye antes, cuando se habilitan barrios en áreas inundables, se

En la mañana de este viernes los efectivos de la Comisaría Segunda de Barranqueras dieron cumplimiento a un allanamiento dispuesto por el Juzgado de Garantías N° 2 solicitado por la Fiscalía de Género en turno n° 9, respondía a un caso de violencia de género. Los efectivos en conjunto con ayudantes de fiscales se dirigieron a la vivienda ubicada por la calle Saavedra al 4100 aproximadamente, allí fueron atendidos por un hombre de 34 a quien le leyeron el mandamiento judicial y comenzaron con la búsqueda. Como resultado, en una de las habitaciones secuestraron una pistola Bersa 9 milímetros, con cargador, 25 cartuchos y kit de conversión Roni. Todo fue puesto a disposición de la justicia por guardar relación con la causa investigada. El hombre fue notificado de su situación legal a disposición de la Fiscalía interviniente.

Los datos corresponden a la ETT del INDEC. Salieron más de 1.100.000 turistas y entraron más de 733.000 durante el octavo mes. Si bien se redujo la cantidad de argentinos que salieron al exterior y aumentó la cantidad de extranjeros que ingresaron al país, el número no alcanzó para revertir la balanza turística de agosto, por lo que encabezó un nuevo mes con saldo negativo. Durante el octavo mes del año ingresaron 733.900 visitantes al país, mientras que salieron 1.100.300 argentinos. Si bien el turismo receptivo aumentó contra el mismo mes del último año, no fue suficiente para superar al emisivo y derivó en un nuevo déficit turístico. Los datos se desprenden de la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que publicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. De esta manera, agosto finalizó con un saldo negativo de 366.300 visitantes internacionales. En el acumulado del año -desde enero hasta agosto-, la cantidad de extranjeros arribados fue de 3.797.000, mientras que los argentinos que salieron ascienden a 7.732.800, por lo que el saldo en el período enero-agosto es negativo en 3.935.800 personas, menos que en el mismo período de 2025. La brecha entre turismo receptivo y emisivo muestra una desaceleración desde que inició el año, lo que indica que la tendencia va a terminar revirtiéndose para ubicarse en terreno positivo. Sin embargo, la cantidad de personas que ingresan al país todavía sigue siendo menor a las salidas de los argentinos. El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó resaltar el dato positivo sobre el ingreso de extranjeros en sus redes. Turismo receptivo En agosto ingresaron 733.900 visitantes, divididos entre turistas (432.900) y excursionistas (301.000). Esto significó un aumento de 10,4% contra el mismo mes de 2025. De ese total, el 31,6% provino de Brasil, seguido por Uruguay (14,5%) y “Resto de América” (13,1%). En cuanto a las vías de acceso, las mismas quedaron de la siguiente manera: Turismo emisivo Por su parte, las salidas contabilizaron 1.100.300 personas en el octavo mes: 652.100 fueron turistas y 448.200 fueron excursionistas. En total, las salidas obtuvieron una merma de 19,2% interanual. Los destinos más elegidos por los argentinos fueron Brasil (20,3%), Europa (15,2%), Paraguay (14,5%) y “Resto de América” (13,8%). Las vías de salida quedaron conformadas de este modo: NA