El juez federal Luis Armella le cerró el paso a los protagonistas del escándalo de los fajos de dólares. La ex pareja y las modelos siguen bajo lupa, sospechados de corrupción. El juez federal Luis Armella dictó una batería de restricciones que afectan al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y salpican de lleno tanto a su ex esposa, Jesica Cirio, como a la modelo Sofía Clerici. La medida les impide salir del país y hasta moverse más de 50 kilómetros de sus casas sin aviso. El fallo llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que, después de tres años de letargo, explotó con la difusión de una serie de videos donde Cirio, en ese momento todavía en pareja con Insaurralde, mostraba cajas, cajones y valijas llenas de fajos de dólares. El magistrado rechazó el pedido de detención que había elevado el fiscal Sergio Mola, pero optó por un cerco judicial que, aunque menos severo, resulta igualmente humillante para el ex jefe de Gabinete bonaerense. La decisión de Armella deja en evidencia la fragilidad del ex intendente, a quien se le recordará siempre por esa imagen bochornosa, mientras que Cirio vuelve a quedar en el centro de la escena debido a una larga lista de esposos con prontuarios abundantes. Correa corta para Insaurralde, Cirio y Clerici Lejos de ser un gesto de confianza, la resolución funciona como una correa corta que ata a los investigados a sus domicilios, sin margen movimientos de evasión. La misma restricción corre para Clerici, famosa por otros videos, los del yate de lujo que compartió con Insaurralde en 2023 durante unas vacaciones de lujo en Marbella. En aquel momento, Insaurralde era parte del gabinete de ministros de la provincia de Buenos Aires. La medida alcanza también a los hijos del exfuncionario, Luciano y Rodrigo Insaurralde, y a los allegados Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío, ampliando el cerco a todo su círculo íntimo. Además del cierre de fronteras, que ya fue comunicado a la Dirección Nacional de Migraciones, los involucrados deberán informar al tribunal con suficiente antelación cualquier desplazamiento que implique permanecer fuera de su hogar por más de 24 horas. La prohibición de ausentarse más de 50 kilómetros sin autorización previa convierte a Insaurralde en una suerte de prisionero en su propio barrio, un destino irónico para quien acostumbraba a moverse con holgura entre despachos oficiales y destinos de lujo. Esta resolución se conoce días después de que el fiscal Mola solicitara formalmente la detención de Insaurralde, al manifestar su presunción de que el ex intendente podría ocultar pruebas fundamentales para el avance de la pesquisa. Sin embargo, Armella consideró que la restricción territorial y la obligación de reportar cualquier ausencia prolongada son suficientes para asegurar la comparecencia de los imputados, al menos por ahora. La decisión judicial no hace más que subrayar el papelón de un político que, en lugar de dar explicaciones, ve cómo se encogen sus horizontes geográficos mientras Cirio, su ex mujer, suma otro eslabón a su currículum de enlaces con hombres de patrimonio espurio. En paralelo, se solicitó una inspección ocular de la vivienda donde se habrían registrado los videos incorporados recientemente a la investigación, un paso que promete seguir removiendo el piso del ex intendente y de su círculo. El expediente, que cobró nuevo impulso tras la difusión de esas imágenes comprometedoras, avanza ahora con la mira puesta en cada movimiento de los involucrados. Tiempo Argentino
Autor: Redacción General
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 6, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, hizo lugar a la acción de amparo presentada por los senadores Fernández Sagasti y Bensusán. El tribunal consideró arbitraria la conformación de la comisión bicameral, al otorgar dos representantes a un bloque y ninguno al otro bloque mayoritario, y ordenó al Senado recomponer la integración. El conflicto se originó a raíz del decreto parlamentario presidencial DPP N° 32/2026, mediante el cual la Presidencia del Senado conformó la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, designando a cuatro senadoras que no pertenecían al “Interbloque Popular”. Los senadores Anabel Fernández Sagasti y Daniel Pablo Bensusán, integrantes de dicho espacio, reclamaron que la composición de la comisión vulneraba el principio de representación proporcional establecido por el artículo 49 de la Ley 26.061, que exige que los diez miembros del órgano sean designados respetando la proporción política de cada Cámara. Alegaron que su interbloque, con 25 senadores que representaban aproximadamente el 35% del cuerpo, debía contar con dos de las cinco bancas asignadas al Senado, pero en el decreto no fueron incluidos, e incluso la vacante existente no fue cubierta por su espacio. Tras agotar reclamos administrativos sin obtener respuesta, los senadores recurrieron a la justicia. El Senado de la Nación, al contestar la demanda, planteó la falta de legitimación activa de los actores, la ausencia de un caso justiciable y la improcedencia del amparo. Argumentó que el reglamento de la Cámara solo reconoce la figura del “bloque”, y no la del “interbloque”, por lo que los senadores no acreditaban haber sido propuestos formalmente. Además, sostuvo que la integración de comisiones es una cuestión política interna no revisable judicialmente, y que la ley 26.061 no establece un método matemático para calcular la proporcionalidad, sino un criterio genérico. Según publicó este lunes Palabras del Derecho, el juez federal Enrique V. Lavie Pico rechazó los planteos previos del Senado y declaró la justiciabilidad del caso. En sus fundamentos, el magistrado distinguió que, si bien la conformación de comisiones es una atribución propia del Poder Legislativo, el control judicial procede cuando se cuestiona la regularidad del procedimiento seguido y la eventual violación de una ley formal. En este punto, destacó que el DPP N° 32/2026 no solo contradecía el reglamento del Senado, sino también la ley que creó la comisión. Con relación a la legitimación activa, el tribunal advirtió que los actores habían sido propuestos formalmente por el presidente de su bloque para integrar la comisión, y que su exclusión constituía un perjuicio concreto y directo a su derecho de participar en el órgano, no una mera discrepancia política. Esta afectación, subrayó el fallo, resulta suficiente para habilitar la revisión judicial. El núcleo central de la sentencia se apoyó en un análisis comparativo de la composición de la Cámara de Senadores. El juez verificó que tanto el bloque “La Libertad Avanza” como el bloque “Justicialista” cuentan con 21 senadores cada uno, siendo los dos bloques mayoritarios del cuerpo. Sin embargo, la integración de la comisión bicameral dispuesta por el Senado otorgó dos representantes al primero y ninguno al segundo, mientras que otros bloques minoritarios, como el de la UCR (10 senadores) o el Frente Pro (3 senadores), sí obtuvieron un lugar cada uno. El tribunal consideró que no existía una razón que justificara esa distribución desigual, ya que la parte demandada no explicó el criterio de asignación de las bancas ni demostró que se hubiera seguido algún método de representación proporcional. A ese respecto, el juez también remarcó la contradicción con lo ocurrido en la Cámara de Diputados, donde la integración de la misma comisión sí respetó el equilibrio entre los bloques mayoritarios. En virtud de ello, el fallo concluyó que el decreto había sido dictado al margen de la normativa, configurando una arbitrariedad manifiesta que habilita la vía excepcional del amparo. En la parte resolutiva, el juez hizo lugar a la acción y declaró la nulidad del DPP N° 32/2026 únicamente en lo referido a las designaciones en la Comisión Bicameral del Defensor del Niño. Asimismo, ordenó a la Presidencia del Senado que arbitre los medios necesarios para integrar el órgano de conformidad con el principio de representación proporcional establecido en el artículo 49 de la Ley 26.061 y los reglamentos aplicables, dejando sin efecto las resoluciones adoptadas por la comisión con su composición irregular. Las costas del proceso fueron impuestas al Senado de la Nación por resultar la parte vencida.
Durante el encuentro se avanzó en la planificación de estrategias de acompañamiento territorial y asistencia técnica, con el propósito de brindar herramientas que permitan fortalecer la producción local, mejorar las condiciones de trabajo de las familias rurales y potenciar el arraigo en sus comunidades. Silva destacó que el programa busca generar una presencia permanente del Estado en el territorio, trabajando de manera articulada con los productores para responder a las necesidades de cada región. “El Programa Ñande nace con una mirada profundamente territorial. Queremos estar cerca de cada familia productora, conocer sus necesidades y acompañarlas con herramientas concretas que les permitan crecer y desarrollar todo su potencial”, expresó. Asimismo, señaló que la articulación con las comunidades es uno de los ejes fundamentales de la iniciativa. “No se trata solamente de brindar asistencia técnica, sino de construir un trabajo conjunto con los productores, escuchando sus demandas y planificando acciones que generen resultados sostenibles en el tiempo”, afirmó. El coordinador remarcó además que el fortalecimiento de los pequeños productores constituye una prioridad para el Gobierno provincial. “Nuestro compromiso es seguir recorriendo el interior, consolidando una red de acompañamiento permanente y promoviendo oportunidades para que las familias rurales puedan producir más y mejorar su calidad de vida. Ese es el espíritu del Programa Ñande”, concluyó. Las actividades desarrolladas en Pozo Colorado y Zaparinqui forman parte de una agenda territorial que continuará en distintas localidades del Chaco, consolidando la presencia del Estado junto a los pequeños productores y promoviendo el desarrollo productivo en toda la provincia.
Este martes vencía una resolución adoptada el año pasado. Es para bienes como alimentos y bebidas, además de insumos médicos y medicamentos. El Gobierno mantendrá en vigencia hasta fin de año una medida que permite importar unos 3.200 productos de los rubros alimentos, bebidas, artículos de higiene y medicamentos sin pagar el Impuesto a las Ganancias ni el IVA, según indica una resolución general de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En la edición del Boletín Oficial de este lunes se publicó la Resolución General 5868/2026 de ARCA, mediante la cual se prorrogó hasta el 31 de diciembre el plazo de suspensión del cobro de ambos tributos para cierto tipo de bienes de primera necesidad. El plazo vencía este martes 30 de junio. El listado incluye productos alimenticios, como lácteos, carnes, verduras, frutas, legumbres, grasas, aceites, preparaciones alimenticias, especias, embutidos y otros alimentos básicos. En el rubro de productos de higiene, se encuentran jabones, dentífricos, desodorantes, productos capilares, pañales descartables y artículos de tocador. El listado incluye productos médicos y de farmacia como medicamentos para consumo humano, materiales de curación, equipamiento médico y productos orientados a la salud pública. Además de ello se podrá seguir importando libre de impuestos detergentes, limpiadores, desinfectantes, lavandinas y jabones para la ropa. La medida se encuadra en la política de favorecer a las importaciones de bienes finales, anunciada originalmente por el Gobierno como instrumento para forzar una caída de los precios internos. La suspensión del cobro de impuesto se había tomado el 15 de marzo del 2024. Caída de las importaciones En mayo, las importaciones sumaron unos u$s6.033 millones, según datos del INDEC. En términos mensuales se verificó una merma del 2,5%, por lo cual la serie desestacionalizada bajó a su segundo mínimo desde diciembre de 2024, solo superado por el valor de enero de este año. En comparación con mayo del año pasado, la caída fue del 7% (-u$s455 millones). Esto se explicó fundamentalmente por la reducción en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital (-u$s374 millones), a raíz de una menor adquisición de insumos para equipos de transporte, y de Vehículos (-u$s105 millones). Las variaciones negativas reflejan en buena medida lo que viene sufriendo la actividad en sectores como la industria manufacturera local, que necesita importar insumos para la producción. “Ningún segmento de las importaciones creció en cantidades, y todos salvo uno cayeron en valores. Todo reflejando la continuidad de un escenario de debilidad de la demanda interna y la actividad económica”, señaló en un informe la consultora Abeceb. Ámbito
El Gobierno define por estas horas si vuelve a postergar la actualización del impuesto a los combustibles en julio. La decisión está bajo evaluación en la Secretaría de Energía, en la previa al vencimiento del último diferimiento. El Gobierno define por estas horas si vuelve a postergar la actualización del impuesto a los combustibles, una medida que podría evitar un nuevo impacto sobre los precios de la nafta y el gasoil desde julio. Ante la consulta de este medio, una fuente de la Secretaría de Energía respondió que el tema “se está analizando”. La definición forma parte del seguimiento que realiza el equipo económico sobre la evolución de los precios regulados y su posible traslado al índice de inflación. El último diferimiento fue dispuesto a comienzos de junio, cuando el Poder Ejecutivo resolvió postergar hasta julio la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanzó a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. A través del Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó nuevamente el cronograma de actualización tributaria y estableció que los incrementos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 comenzarían a regir desde el 1 de julio. El último diferimiento fue dispuesto a comienzos de junio, cuando el Poder Ejecutivo resolvió postergar hasta julio la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanzó a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. A través del Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno modificó nuevamente el cronograma de actualización tributaria y estableció que los incrementos remanentes correspondientes a 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 comenzarían a regir desde el 1 de julio. Nafta y gasoil: qué puede pasar desde julio Si no hay una nueva prórroga, el aumento acumulado de los impuestos comenzaría a regir desde julio y podría presionar sobre los precios de los combustibles. El impacto final dependerá de la decisión de las petroleras, de la evolución del precio internacional del crudo -hoy muy por debajo de lo que cotizó tras el estallido de la guerra en Medio Oriente-, del tipo de cambio y de la estrategia oficial para administrar los precios regulados. La discusión también se da en un contexto de alta sensibilidad sobre los precios de la energía. Además del componente impositivo, el mercado viene monitoreando la evolución del petróleo internacional y los mecanismos utilizados por las compañías para evitar subas abruptas en los surtidores. En mayo, YPF había impulsado un esquema de amortiguación de precios que luego fue acompañado por otras petroleras. Ese mecanismo buscó contener aumentos fuertes en medio de la volatilidad internacional del crudo y mantuvo a la nafta súper en torno a una referencia cercana a los $2.000. La eventual continuidad o finalización de ese esquema será otro de los factores que incidirá en el precio final de los combustibles durante julio. En paralelo, la decisión sobre el impuesto aparece como una variable central para determinar si el mes arranca con una nueva presión sobre los surtidores. Por ahora, en la Secretaría de Energía evitan confirmar el camino elegido. La respuesta oficial es que la medida “se está analizando”, mientras el Gobierno evalúa el costo fiscal de una nueva postergación y el impacto inflacionario que tendría habilitar el aumento.
El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó un pedido de la defensa que requirió más tiempo para analizar el expediente, por lo que la indagatoria se realizará el 7 de julio próximo, según confirmaron fuentes judiciales. La defensa del exdiputado José Luis Espert pidió postergar la declaración indagatoria prevista para mañana martes 30 de junio en la causa en la que se lo investiga por lavado de activos por una transferencia de u$s200.000 realizada por una organización ligada al condenado Federico “Fred” Machado. El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli aceptó un pedido de la defensa que requirió más tiempo para analizar el expediente, por lo que la indagatoria se realizará el 7 de julio próximo, según confirmaron fuentes judiciales. La indagatoria había sido ordenada tras el pedido del fiscal Fernando Domínguez. El caso Según surge de la investigación, el dinero fue recibido en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos, desde una cuenta de una empresa que integró una organización criminal trasnacional. Esa cuenta nunca había sido declarada por Espert ante ARCA. Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Fred Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA. Según ese documento, Espert se obligaba a realizar asesoramiento para refinanciar deudas a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas mensuales durante un año. Para los investigadores, ese contrato es una simulación. “Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”. De acuerdo al expediente, el 4 de marzo de 2020, seis semanas después de recibida la transferencia de los u$s200.000, Espert ordenó desde su cuenta del Morgan Stanley el envío de u$s50.000 a una cuenta en un banco nacional. Con ese dinero compró un BMW por u$s47.800. El auto fue vendido en noviembre de 2024 por u$s62.000. Con esa venta y con otros fondos adicionales, en diciembre de 2024 adquirió un Lexus RX 350 por u$s129.999,88. En febrero de 2025 la esposa de Espert suscribió el Fideicomiso Costa Dunas cerca de Pinamar por 203.678.211,99 pesos. Según la documentación secuestrada en la causa, se abonó un anticipo de 55.501 dólares y luego siete cuotas mensuales. Ámbito
La intervención de la División Caminantes permitió secuestrar tres dispositivos pertenecientes a la empresa SAMEEP y detectar daños en distintos puntos de la ciudad. El demorado fue puesto a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones correspondientes. Durante recorridas preventivas realizadas en horas de la madrugada, efectivos de la División Caminantes demoraron a un hombre de 30 años que intentó darse a la fuga al advertir la presencia policial en inmediaciones de calle Rodríguez Peña. Al ser alcanzado, los agentes verificaron una valija abandonada por el sospechoso, constatando en su interior tres medidores de agua pertenecientes a la empresa Sameep. Posteriormente, los uniformados realizaron inspecciones en las inmediaciones y detectaron la faltante de los dispositivos en distintos domicilios, además de pérdidas de agua sobre las veredas producto de la sustracción. El demorado fue puesto a disposición de la Justicia junto con los elementos secuestrados para continuar con las actuaciones correspondientes.
El organismo detectó las obstrucciones durante un relevamiento aéreo con drones y avanza con acciones legales. Buscan preservar el escurrimiento del agua ante la posible llegada del fenómeno El Niño. La Administración Provincial del Agua (APA) detectó una serie de taponamientos ilegales sobre el canal aliviador del troncal Río Muerto- Las Colonias, en el sudoeste chaqueño, y presentó una denuncia para lograr la inmediata remoción de las obstrucciones y determinar las responsabilidades correspondientes. El hallazgo se produjo durante un relevamiento aéreo realizado por equipos técnicos de la APA, en conjunto con los Juzgados de Paz de Samuhú y Enrique Urien. La inspección, llevada a cabo mediante drones de alta precisión, permitió verificar el estado operativo del canal e identificar múltiples intervenciones ilegales que alteran el funcionamiento del sistema hidráulico. Desde el organismo explicaron que los taponamientos impiden el normal escurrimiento de los excedentes hídricos, incrementando el riesgo de anegamientos en campos productivos, caminos rurales y centros poblados. Además, afectan el abastecimiento y la recarga de reservorios estratégicos que suministran agua a distintas localidades de la región. La APA también solicitará que sean los propios responsables de las obstrucciones quienes retiren los terraplenes construidos ilegalmente, evitando así que el Estado deba destinar recursos públicos para reparar los daños ocasionados por acciones de particulares. Acciones preventivas ante el fenómeno El Niño Las autoridades remarcaron que la detección de estas maniobras adquiere especial relevancia en el marco de las tareas preventivas que desarrolla la APA ante los pronósticos que anticipan una probable presencia del fenómeno El Niño durante la próxima primavera. En ese contexto, el organismo provincial ratificó que mantendrá una política de control permanente sobre la infraestructura hídrica y advirtió que será “implacable” frente a este tipo de intervenciones ilegales. Asimismo, confirmó que los responsables deberán remover de inmediato los taponamientos detectados, sin perjuicio de las sanciones administrativas y las acciones judiciales que pudieran corresponder.
La norma sancionada por la Legislatura correntina en noviembre de 2025, fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 23 de junio. Pacientes que no posean obras sociales o ART son atendidos de manera normal, como así también, pacientes que requieran atención o cirugías de emergencia. Aquellos pacientes que tengan obra social o prepagadas, deben presentar esas coberturas al momento de solicitar atención. En el caso de urgencias o lesionados por accidentes laborales, las ART, también deberán pagar por la atención en centros sanitarios provinciales. El Decreto Nº1470 del pasado 23 de junio de 2026 publicado en el Boletín Oficial de la provincia el último 26 de junio, estable los alcances de la reglamentación del arancelamiento de atenciones médicas en los hospitales públicos de la provincia correntina. La normativa también abarca los centros de atención primaria de la salud en todos los municipios dentro del territorio correntino, la norma explica y fundamenta, que el arancelamiento -cobro- tiene que ver con el mantenimiento y financiamiento de la estructura sanitaria provincial. También se menciona el caso de las personas que deban ser atendidas y posean coberturas de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), también las atenciones deberán ser cubiertas por esas empresas. Pacientes que no posean obras sociales o ART son atendidos de manera normal, como así también, pacientes que requieran atención o cirugías de emergencia. Corrientes Hoy
El trabajo coordinado entre la Policía, Bomberos y organismos locales permitió extinguir el fuego sin que se registraran personas lesionadas. Como consecuencia del incendio se registró la destrucción total de hornos, maquinarias y otros elementos utilizados para la producción. Personal policial intervino durante la madrugada de este lunes en un incendio registrado en una panadería ubicada sobre calle Soldado Félix Almirón de la localidad de Capitán Solari, donde las llamas ocasionaron importantes pérdidas materiales.El foco ígneo afectó el sector de elaboración del establecimiento y, de acuerdo con las primeras averiguaciones, se habría originado a raíz de un desperfecto eléctrico. Las tareas de extinción fueron realizadas de manera conjunta por efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Colonia Elisa, personal del Parque Nacional Chaco y agentes municipales, logrando controlar la situación y evitar la propagación del fuego hacia otros sectores del inmueble. Posteriormente, especialistas de Bomberos y Criminalística llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar el origen del siniestro. Como consecuencia del incendio se registró la destrucción total de hornos, maquinarias y otros elementos utilizados para la producción, sin que se reportaran personas lesionadas.
Las nuevas embarcaciones permitirán reforzar la asistencia en zonas vulnerables del interior provincial ante la posible llegada del fenómeno climático “El Niño”. Se incorporaron canobotes para fortalecer el sistema provincial de respuesta ante emergencias hídricas y eventuales inundaciones, en el marco de las acciones preventivas impulsadas frente a la posible llegada del fenómeno climático conocido como “El Niño” o “Superniño”. La adquisición fue realizada a través de la Subsecretaría de Protección Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, con el objetivo de mejorar la capacidad operativa de Defensa Civil y garantizar una rápida asistencia a las comunidades que puedan verse afectadas por crecidas de ríos o anegamientos. El subsecretario de Protección Civil, Gustavo Ariel Santo, explicó que dos de las embarcaciones serán destinadas a Comandancia Frías y su zona rural, una de las regiones más vulnerables ante las crecientes, mientras que la tercera permanecerá en la base operativa de Defensa Civil para reforzar las tareas de emergencia junto a otro canobote recientemente recuperado. “Con estos recursos podremos garantizar el traslado de personas y la asistencia a las comunidades cuando los caminos queden intransitables por las inundaciones”, señaló el funcionario. Cuadrillas de respuesta rápida Con la incorporación del nuevo equipamiento, la provincia conformará dos cuadrillas de respuesta rápida. Cada una contará con un vehículo de traslado, un canobote listo para ser desplegado, herramientas especializadas y elementos de protección personal para los brigadistas. Estas unidades estarán preparadas para intervenir de manera inmediata en localidades del interior que, en muchos casos, no cuentan con cuarteles de Bomberos Voluntarios ni dependencias de Bomberos de la Policía, fortaleciendo así la capacidad de respuesta frente a emergencias climáticas. Trabajo coordinado ante el fenómeno “El Niño” Santo destacó que las acciones forman parte de un plan integral que se desarrolla desde hace más de seis meses junto al Comité de Crisis Provincial. Además, el Chaco trabaja de manera articulada con otras seis provincias y con la Agencia Federal de Emergencias (AFE), utilizando información del Servicio Meteorológico Nacional y coordinando acciones con las Fuerzas Armadas. “Estamos realizando relevamientos permanentes sobre el estado de los ríos, evaluando los recursos disponibles y articulando con todos los organismos para que, cuando se produzca una contingencia, el personal capacitado y equipado pueda reducir al máximo el impacto sobre las comunidades afectadas”, concluyó el subsecretario.
Se trata de un exfiscal federal de Resistencia, un exjefe de Guardia de la cárcel federal de la capital chaqueña, la U7, 8 exoficiales del Ejército Argentino y 4 oficiales y suboficiales de la Policia del Chaco. Un histórico vuelco judicial se produjo en la provincia del Chaco en el marco de las causas que investigan los crímenes del terrorismo de Estado. La Jueza Federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, dictó el procesamiento de 14 exfuncionarios públicos por el delito de asociación ilícita para cometer crímenes de lesa humanidad, perpetrados bajo la estructura de la última Dictadura Cívico-Militar. La resolución, firmada el pasado 12 de junio, desentraña la existencia de una organización criminal estatal y jerarquizada que operó con permanencia en el tiempo y división funcional de tareas en el ámbito del Área Militar 233. Los imputados: de la Justicia a las fuerzas de seguridad El procesamiento dictado por la magistrada alcanza a civiles, penitenciarios, altos mandos del Ejército y miembros de la policía provincial, confirmando la transversalidad del aparato represivo. Todos los acusados en esta causa ya fueron condenados en el marco del proceso de juzgamiento a los implicados en el Terrorismo de Estado en el Chaco. Ello son el exfiscal federal Roberto Mazzoni; el exjefe de Guardia de la U7, Pablo Casco; los 8 exoficiales del Ejército Luis Alberto Patetta (teniente primero), Ernesto Jorge Simoni (mayor), Aldo Martínez Segón, Germán Emilio Riquelme y Tadeo Bettolli (tenientes coroneles), y Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes y Jorge Carnero Sabol (coroneles). También los 4 exefectivos de la Dirección de Investigaciones: excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, exsuboficial mayor Gabino Manader, exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra y el exsargento José Marín. El camino hacia el procesamiento Llegar a esta instancia judicial requirió un extenso recorrido. La causa había transitado previamente por diversas resoluciones de “falta de mérito”, lo que desencadenó numerosas apelaciones ante la Cámara Federal de Resistencia y la Cámara de Casación Penal. Sin embargo, el impulso definitivo se dio entre 2024 y 2025, cuando la Fiscalía presentó ampliaciones del requerimiento fiscal. Estas presentaciones extendieron las imputaciones y robustecieron la hipótesis acusatoria sobre el funcionamiento de una red criminal coordinada desde el propio Estado. Los fundamentos de la resolución: “Un aparato organizado de poder” A lo largo de un exhaustivo documento de 166 páginas, la jueza Niremperger analizó el contexto histórico de progresiva militarización iniciado en 1975 y consolidado a partir del 24 de marzo de 1976. “En la provincia del Chaco, dicho dispositivo represivo se desarrolló bajo conducción militar y con intervención de diversas agencias estatales, entre ellas fuerzas policiales, organismos penitenciarios y estructuras de inteligencia en una dinámica que excedió la actuación aislada de agentes individuales y se insertó en un esquema de represión ilegal de alcance más amplio”, sostiene la jueza Niremperger en los fundamentos de la resolución. Respecto a la responsabilidad individual de los procesados, la magistrada remarcó que su intervención debe ser valorada por su integración a un “aparato organizado de poder”. La resolución concluye que los elementos probatorios permiten sostener, prima facie, que cada uno de los implicados efectuó un aporte funcional al desarrollo de esta estructura estable y orientada a la comisión de delitos, bajo una clara distribución de roles, motivo por el cual se determinó su procesamiento en carácter de coautores.
García comenzó señalando que su asistencia a este importante cónclave de jefes comunales realizado en la ciudad de Tánger, Marruecos (África) – días atrás – lo hizo en representación de la Federación Argentina de Municipios, que es miembro titular de la Federación Latinoamericana de Municipios (Flagma) y de la United Cities and Local Governments (CGLU), que es la organización internacional. “Lo importante es la participación de Argentina en términos generales de esta asamblea anual del Consejo Internacional de Gobiernos y Ciudades, que representa justamente a más de 350 organizaciones en el mundo que a su vez nuclean municipios y ciudades en distintos países. Es una organización que ya tiene más de 100 años y que además integra el Consejo Nacional de Naciones Unidas y que reúne al Municipalismo y a la visión de los gobiernos locales generando propuestas y alternativas muy importantes”, reseñó. El jefe comunal de Machagai insistió en señalar que al Buró Ejecutivo lo integran más de 120 miembros de distintos países y regiones del planeta. En esta oportunidad, el alcalde de la ciudad de Konya (Turquía), Uğur İbrahim Altay, fue elegido presidente por un período de cuatro años. Conocer y entender para fortalecer los gobiernos Respecto a las conclusiones que en lo personal observó durante el desarrollo de evento, Juan Manuel García reveloó que, “pudimos generar un vínculo que nos permite, en definitiva y en primer lugar, tratar de entender y poder conocer hacia dónde está yendo el mundo. Es nuevo orden que se está discutiendo en un contexto de guerra, donde también muestra la importancia que tiene de entender lo que ocurre en la política internacional”. “Por otro lado, también todo esto llevado a la realidad nuestra provincia y la Argentina, señala la importancia de mantener relaciones, de gestionar cursos de capacitación, acceso a financiamiento para equipamiento, un financiamiento internacional para que los municipios puedan innovar en distintas políticas públicas y, fundamentalmente, continuar sosteniendo algo que venimos planteando hace mucho tiempo: es necesario profundizar el fortalecimiento de los municipios y los gobiernos locales”, agregó. En este punto, García observó que, ante este marco global, “es una lástima, porque el gobierno provincial actual tuvo una oportunidad que ellos mismos planteaban de generar un cambio; y ocurre todo lo contrario, porque han profundizado los problemas que vive a diario la gente”. “Entender lo que ocurre en el territorio y con los gobiernos locales, es saber qué pasa con la producción, con la generación de empleo y cómo podemos potenciar todas las virtudes que hay en nuestros distritos y que debería ser una política de estado”, remarcó. Consideró y valoró que la descentralización y el fortalecimiento de los gobiernos locales marcan la decisión de las grandes políticas que se vayan a definir para nuestra provincia y la Argentina, “Éstas tienen que ser pensadas teniendo en cuenta la visión de los gobiernos locales”, resaltó. Asegurando que la asociación estratégica con vecinos como la República Federativa de Brasil impedirá el dominio del mercado por parte de China. Apuntando, además, que los altos impuestos y las deudas impagas obstaculizan la supervivencia de las pequeñas empresas y el desarrollo industrial. “El caso, por ejemplo, Mercosur-Unión Europea nos posibilita a los chaqueños crecer en cuanto a la producción primaria y acrecentar el proceso de industrialización; pero para eso hay que estar preparados y ocupar estos espacios que son tan importantes. Es el futuro de nuestra provincia y de la Argentina”, recalcó. ”De la Nación no espero nada” Consultado Juan Manuel García sobre las expectativas que tiene sobre los cambios políticos que se pregonan desde la Casa Rosada, criticó la mala gestión económica del Gobierno nacional, los escándalos de corrupción que involucran a funcionarios como Adorni y la falta de protección de los ciudadanos del dumping comercial global. “De este gobierno nacional, sinceramente lo digo con mucha decepción, no espero nada. La verdad que lo vivo en términos personales y te estoy hablando como argentino, como empresario pyme. Sé perfectamente lo que significa tener empleados en blanco, pagar el 931, afrontar los impuestos. Y no paramos de pasar de decepción en decepción con esta gestión”, reconoció. “No entiendo cómo el gobierno provincial sigue buscando quedar bien con un Estado nacional que no puede explicar un solo beneficio que haya traído a la provincia del Chaco”, sumó. “El presidente Milei ya es una persona que no es creíble, porque en cada discurso que da miente con los datos. A mí ya no me dan ni ganas de ponerme a leer y a refutar la información que a veces dan, y sorprende – en algunos casos en medios nacionales – cómo terminan blindándolo de alguna manera”, dijo García. “El vecino de a pié está cansado de un Presidente que el primero de marzo, en la apertura de sesiones, dijo que la moral era una política de Estado en su gobierno, y pasaron unos cuántos días cuando empezó a verse toda la mugre que había”, declaró el intendente de Machagai. Me parece que es importante que todo funcionario, que vaya a trabajar en la función pública, tiene que entender que esto dura un tiempo y uno tiene que servir al pueblo. Por eso yo insisto, esta gestión no me crea ninguna nueva expectativa y estoy absolutamente concentrado a contribuir- dentro de lo que puedo – para una nueva alternativa en la Argentina y en la provincia del Chaco”, cerró.
Este fin de semana, en Resistencia, la primera edición de la Feria de Turismo del Chaco reunió a visitantes, municipios, prestadores, agencias de viajes, emprendedores e instituciones en un espacio de promoción, comercialización y capacitación que convocó a cientos de vecinos en la antesala de las vacaciones de invierno. La iniciativa, acompañada por el Instituto de Turismo del Chaco, surgió como respuesta a un histórico pedido del sector privado y se transformó en una herramienta estratégica para fortalecer la actividad mediante el trabajo articulado entre el Estado, los municipios y los actores turísticos de toda la provincia. En vísperas del inicio de las vacaciones de invierno, la feria permitió acercar al público promociones, paquetes turísticos, excursiones, alojamientos, propuestas gastronómicas y experiencias vinculadas al turismo de naturaleza, rural, religioso, cultural, de pesca y de reuniones, generando un espacio de comercialización directa y fortaleciendo la economía del sector. Durante el evento participaron agencias de viajes, establecimientos de turismo rural, alojamientos, guías de pesca, reservas naturales, parques nacionales, emprendimientos gastronómicos, artesanos, productores regionales y municipios que exhibieron la riqueza cultural, histórica y productiva de cada localidad. Además de la exposición de destinos, la feria ofreció un amplio programa de capacitaciones y conferencias sobre turismo en áreas protegidas, turismo rural, turismo de reuniones, comunicación, promoción de destinos y producción audiovisual. La propuesta se complementó con espectáculos artísticos, presentaciones institucionales, danzas folklóricas, música en vivo y el desfile de Chacú, que aportaron identidad y valor agregado al evento. Los prestadores turísticos también participaron activamente con sorteos de estadías, excursiones y experiencias, generando un contacto directo con potenciales visitantes y promoviendo la calidad de los servicios que ofrece el Destino Chaco. Un espacio para fortalecer el destino Chaco La presidente del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli, acompañada de la vicepresidente Virginia Zacarías, destacó que la realización de la feria representa un paso importante para el desarrollo de la actividad turística en la provincia. “La FeT Chaco era un proyecto muy esperado por el sector y hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto. El gobernador Leandro Zdero nos pidió construir políticas escuchando al sector privado, generando espacios donde puedan mostrar su trabajo, comercializar sus productos y seguir creciendo. Esta feria refleja ese compromiso y demuestra que cuando el Estado y el sector privado trabajan juntos, los resultados llegan”. Asimismo, agradeció el compromiso de todos los participantes. “Quiero reconocer a cada prestador turístico, agencia de viajes, municipio, emprendedor, artesano e institución que apostó por esta propuesta. Ellos son quienes reciben a los visitantes, generan empleo e invierten para que el turismo chaqueño siga creciendo. Desde el Instituto de Turismo vamos a continuar acompañándolos porque creemos que el desarrollo del Destino Chaco se construye entre todos”. Con esta primera edición, la FeT Chaco quedó instalada como un nuevo espacio de promoción y comercialización del turismo provincial, reafirmando el compromiso del Gobierno del Chaco de continuar impulsando políticas públicas que fortalezcan la actividad, promuevan el desarrollo regional y posicionen al Destino Chaco como una opción cada vez más competitiva para quienes eligen recorrer y disfrutar la provincia. Acompañaron estas actividades, el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; Noel Ibarra, de la Coordinación de Gabinete; autoridades municipales de Resistencia; instituciones y vecinos.
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizó el quinto Sorteo Estímulo destinado a adjudicatarios cumplidores, una iniciativa que reconoce el compromiso de las familias chaqueñas que mantienen al día el pago de las cuotas de sus viviendas. En esta oportunidad, el premio mayor fue para un vecino de Puerto Vilelas, quien obtuvo la cancelación total de la deuda de su vivienda. El sorteo se llevó a cabo el pasado viernes, en la Sala de Sorteos “Vicente Amores” de Lotería Chaqueña, con la participación de 7.093 adjudicatarios habilitados. El acto fue encabezado por el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, junto al vocal Daniel Monti; el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín; el gerente general Horacio Ybarra; el gerente comercial Gustavo Maurokefalidis; la directora de Quiniela, Adriana Aguilera; la jefa de departamento Yanina Pared; el jefe de división Juan Fernández; el director de Recupero de Fondos, Sebastián Abramovich; y el jefe de Cobranzas, Alejandro Segovia. Además del premio principal, se otorgaron cinco cancelaciones parciales equivalentes a 12 cuotas, que beneficiaron a adjudicatarios de Juan José Castelli, Presidencia Roque Sáenz Peña y Resistencia. Durante el acto, Berecoechea destacó el esfuerzo de las familias que cumplen con sus obligaciones y remarcó la importancia de sostener este tipo de incentivos.“Cada ladrillo que ponemos se transformará en un hogar para una familia chaqueña, y la obra es financiada con el esfuerzo de miles de familias de la provincia. Cada compromiso que se materializa con el pago de la cuota todos los meses se lo devolvemos a la sociedad chaqueña con más viviendas”, expresó. Asimismo, aseguró que el organismo continuará trabajando para reducir el déficit habitacional en la provincia. “Nuestro compromiso es administrar los recursos que son de todos y devolverle a la sociedad más viviendas para las familias chaqueñas. Seguiremos redoblando los esfuerzos para construir más soluciones habitacionales”, afirmó. Números favorecidos
En diálogo con CIUDAD TV, la diputada chaqueña por el Frente Renovador, Katia Blanc dio detalles de su reunión con el referente nacional de ese espacio político Sergio Massa, a quien le entregó un presente simbólico de un emprendimiento cordobés. La legisladora reafirmó el liderazgo del exministro de Economía dentro del peronismo y compartió la estricta misión territorial que este encomendó a la dirigencia del Frente Renovador frente a la crisis actual. El viaje de la diputada provincial del Frente Renovador, Katia Blanc, a Buenos Aires sumó un fuerte componente político e institucional tras concretar un encuentro personal con el ex candidato presidencial Sergio Massa. El cónclave sirvió no solo para trasladar las urgencias que atraviesan las industrias chaqueñas frente a los embargos de la administración fiscal nacional, sino también para cumplir con un particular compromiso asumido con un emprendimiento del sector privado. Blanc detalló con entusiasmo que la reunión incluyó la entrega de un calzado de “El Justicialista”, una pyme cordobesa de marroquinería que la legisladora había entrevistado en su espacio de streaming como ejemplo de superación laboral. “Hicimos el compromiso, lo cumplimos, Sergio ya tiene las zapatillas de El Justicialista, y después del Mundial saldrá a la cancha con esas zapatillas, lo que la verdad que para mí es un sueño”, relató la diputada en referencia al obsequio y al futuro político del líder del espacio. La entrega del presente abrió paso a definiciones de cara al escenario político nacional y al armado del peronismo con la mirada puesta en las próximas elecciones generales. Blanc fue contundente al manifestar que el exministro representa la conducción que el país necesita para revertir las políticas de la actual gestión de Javier Milei, a la que acusó de gobernar para unos pocos y desmantelar el Estado. “Yo creo que Sergio Massa es uno de los candidatos más fuertes a representar a los argentinos y argentinas. Lo dije en el 23, lo reafirmo en el 27, más allá de que él no quiera hablar de cargos, y nos dio esa misión sobre todo”, sentenció la legisladora, remarcando que en este momento histórico el exministro es la persona indicada para diseñar un plan estratégico capaz de “levantar la Argentina” y devolver la calidad de vida a la población. Pese al firme deseo de la militancia y de sus compañeros de espacio de posicionar a Massa en el centro de la escena electoral en busca de la presidencia, Blanc aclaró que el propio líder del Frente Renovador impuso un freno a las especulaciones sobre candidaturas para priorizar las urgencias cotidianas del pueblo. Según expuso la diputada de Chaco, la orden de Massa fue taxativa con respecto a los tiempos políticos y las necesidades de los sectores más vulnerables. “Ahora no se habla de cargos, se verá en el 27, ahora se está al lado de la gente y se acompaña para que puedan llegar al fin de mes”, explicó respecto a las directivas directas que recibió durante las jornadas de trabajo en Buenos Aires. Finalmente, la diputada provincial se refirió a las discusiones internas de la oposición y las intenciones de otros dirigentes peronistas que ya comienzan a perfilarse en el horizonte político. Blanc defendió el postulado histórico de Massa sobre la unidad interna como una condición innegociable para poder estructurar una alternativa sólida y competitiva frente al Ejecutivo nacional. “En el 23 la unidad era como una condición sine qua non, o sea, sí o sí vayamos en unidad. En el 27 es el camino también que pretendemos. La gente está realmente en una situación muy complicada y nosotros no podemos darnos el lujo de que muchas veces los egos personales le demos mayor importancia que a la agenda de los argentinos y argentinas”, concluyó, anticipando que desde su lugar exigirán que sea el propio Massa quien se ponga al mando de coordinar ese consenso general.
El organismo aprobó un esquema de facturación para las prestaciones vinculadas a trasplantes de órganos, tejidos y células. Los pacientes con cobertura pública exclusiva seguirán siendo financiados por el Fondo Solidario de Trasplantes. El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aprobó un nuevo esquema de costos para los estudios realizados por su Laboratorio Nacional de Inmunogenética y comenzará a facturarlos a las obras sociales y entidades de cobertura sanitaria de los pacientes. La medida fue oficializada este lunes mediante la Resolución 235/2026, publicada en el Boletín Oficial. La resolución establece que el INCUCAI cobrará las prestaciones realizadas por el laboratorio a las entidades responsables de la cobertura social o sanitaria de cada paciente. En tanto, los estudios destinados a personas con cobertura pública exclusiva continuarán siendo financiados con recursos del Fondo Solidario de Trasplantes, sin costo para los pacientes. Desde el organismo explicaron que el Laboratorio Nacional de Inmunogenética, creado en 2023, realiza estudios de tipificación de donantes, análisis de histocompatibilidad y otras prestaciones destinadas a pacientes con indicación de trasplante de órganos, tejidos y células progenitoras hematopoyéticas. Además, brinda soporte al sistema nacional de procuración y trasplante y responde a contingencias que puedan afectar a otros laboratorios del país. En los fundamentos de la medida, el INCUCAI señaló que estas prestaciones implican la utilización de recursos, equipamiento e insumos cuyos costos son afrontados íntegramente por el organismo, por lo que consideró necesario implementar un mecanismo para recuperar esos gastos a partir de estudios de costos elaborados por el laboratorio y por la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas. La resolución también deja sin efecto la Resolución 97/2026, que había dispuesto un esquema similar pero que nunca llegó a entrar en vigencia debido a una revisión operativa y de costos. El anexo de la norma fija los valores de cada una de las prestaciones. La inscripción de un paciente en lista de espera para un trasplante de órgano sólido tendrá un costo de $514.000, mientras que un estudio de HLA y anticuerpos anti-HLA para pacientes de células progenitoras hematopoyéticas costará $979.000. También se establecen valores para estudios de histocompatibilidad, determinaciones de células CD34+, quimerismo y detección de ADN libre circulante, entre otros análisis especializados. La norma dispone que la Dirección de Administración y la Dirección del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas adopten las medidas necesarias para implementar el nuevo sistema de facturación. Además, establece que la resolución entrará en vigencia a los 30 días corridos de su publicación en el Boletín Oficial.
Se apartó al Tribunal de Tasaciones y se creó -de apuro- una unidad de valuación en el BICE, que depende de Luis Caputo. Se descabezó a su cúpula y con nuevos funcionarios accedieron a tasar de forma secreta Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue. La justicia ya pidió informes al Ministerio de Economía y al Banco de Inversiones, ante las denuncias. En los temas más técnicos suelen esconderse los mayores problemas, a futuro, de todas y cada una de las gestiones presidenciales. La de Javier Milei no es la excepción. Desde hace varios meses, según relataron a Ámbito desde los círculos cerrados de la política y el círculo rojo se viene prestando atención a la dinámica que están desarrollando al compás el Tribunal de Tasaciones de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que depende del Ministerio de Economía, en el proceso de seis privatizaciones que utiliza como bandera el gobierno libertario. Nombres como el de Julio Villamonte, Diego Chaher, Maximiliano Voss y Felipe Nuñez; renuncias clave en silencio; nombramientos ruidosos; decisiones arbitrarias violando el reglamento interno; los peritos del Banco Nación y del Banco Central negándose a tasar; áreas nuevas creadas ad hoc; subvaluaciones a precio de remate; grupos económicos cercanos al poder entre los principales beneficiados; y contratos guardados bajo siete llaves, componen este sainete que marcará a fuego la gestión de Milei, y, a priori, se extenderá judicialmente en el tiempo más allá de estos cuatro años. El primer paso lo dio el gobierno nacional al anunciar, en 2024, que Nucleoeléctrica, Intercargo, Transener, AySA, Belgrano Cargas y las cuatro centrales hidroeléctricas de Comahue serían privatizadas. Hasta ahora, el Gobierno solo pudo avanzar con dos gracias al rol otorgado de manera inédita al BICE, que se encuentra bajo la órbita del ministro Luis Caputo: Transener y las centrales hidroeléctricas. Sin embargo, esta semana, las noticias judiciales no fueron positivas en el intento de privatizar Intercargo, ya que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como querellante a la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y, a la par, solicitó al Ministerio de Economía toda la información respecto de la privatización de Intercargo, puesto que, con diferentes tecnicismos, ocultan la tasación realizada por el BICE y su flamante unidad de valuaciones creada para esta finalidad. El Tasador Quien abrió la puerta para las irregularidades denunciadas tanto en el caso de las centrales hidroeléctricas como en el de Intercargo fue el presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Roberto Villamonte, quien de manera unilateral, sin consultar al resto de los integrantes, tomó la decisión de que el Tribunal no participe en ninguna de ellas, algo que este diario reveló el 17 de junio. Todas las tasaciones quedaron en manos del BICE, que creó a las apuradas una Unidad Valuadora. El arquitecto Villamonte, puesto ahí por Federico Sturzenegger, ocupó idéntica función durante el gobierno de Mauricio Macri. Fuentes calificadas que conocen el funcionamiento del BICE marcaron un elemento clave: cuando el Gobierno decidió que fuera el BICE el que lleve adelante las tasaciones que en realidad debía realizar el Tribunal de Tasaciones, se produjeron una serie de renuncias sensibles y el nombramiento del nuevo presidente Maximiliano Voss y de nuevos directores con el controvertido Felipe Nuñez a la cabeza. Voss, ex funcionario de Francisco Durañona en el municipio de San Antonio de Areco y de la Ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Aníbal Ibarra, es hermano de Martín Voss, quien fuera socio de Luis Caputo y su mano derecha, Juan Alberto Pazo, en Invernea. Martín Voss también forma parte de la consultora VP Comunicación, con contratos con el gobierno actual. Por otro lado, según figura en el Boletín Oficial que compulsó Ámbito, Maximiliano Voss, el presidente actual del BICE, tiene participación directa en, como mínimo, cuatro sociedades: Las Blondas, Punto Cruz, Demibell y Gossip. Varias de ellas, como Las Blondas, eran propiedad del grupo de Francisco De Narváez. En todas ellas, sus socios son: Dirk Donath y Lucía Emilia Ozán. Justamente, Ozan aparece en los directorios de las empresas de Rogelio Pagano. Una unidad creada de apuro La secuencia se compone así: En 2025, ante el pedido del ministro Luis Caputo, el BICE creó, en julio, la Unidad de Valuaciones, algo que aparece documentado en la Memoria de 2025. El paso clave lo dio Villamonte al quitar del medio al Tribunal de Tasaciones, tomando las sugerencias, entre otras, del equipo de los Administradores Gubernamentales del Cuerpo de Administradores Gubernamentales del Ministerio de Desregulación. Por tanto, de un área que está bajo la órbita de Federico Sturszenegger, quien se propone avanzar en privatizaciones a como dé lugar. Luego, entró en escena el BICE para tasar las centrales hidroeléctricas, Transener, AySA e Intercargo. Hasta ahora no pudo hacerlo con Nucleoeléctrica, tema mucho más sensible desde la salida, con escándalo incluido, de Demian Reidel. Las cuatro centrales hidroeléctricas ya fueron privatizadas y comunicadas el 29 de diciembre del año pasado en el Boletín Oficial. Dos quedaron en manos de los hermanos Juan y Patricio Neuss por medio de Edison (Alicurá y Cerros Colorados). La fundación Soberanía de Neuquén presentó una denuncia que se tramita en la justicia federal de General Roca, Río Negro, en la que señalan que también en este caso Villamonte se excusó de avanzar en la tasación solicitada por el Ministerio de Economía. De acuerdo con fuentes calificadas el Tribunal de Tasaciones delegó esa función en bancos, que tampoco la llevaron a cabo. Entonces, la presentación judicial plantea que las hidroeléctricas fueron “rematadas” sin un valor oficial. Pidieron acceder a los contratos, pero hasta ahora no se lo permitieron. Es por eso que lo logrado por APA en el caso Intercargo puede convertirse en un precedente. Luego le siguió Transener. Edison (de la familia Neuss) se quedaron con la participación del Estado en Citelec. Llamativamente, según el Gobierno, la operación giró en torno de los 356 millones de dólares, a pesar de que meses antes habían dejado
La actuación comenzó a partir de una denuncia anónima sobre un vuelo que cubría la ruta Buenos Aires-Corrientes. Tras la activación de los protocolos de seguridad y la inspección integral de la aeronave en el aeropuerto de la capital correntina, se descartó la existencia de explosivos. El Ministerio Público Fiscal procura identificar al autor del llamado. El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de la fiscal general interina Tamara Ahimará Pourcel, y con la intervención del fiscal subrogante Juan Martín Mariño Fages, informa que, con motivo de una denuncia anónima recibida hoy sobre una amenaza de bomba relacionada a una aeronave comercial de la empresa Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta Buenos Aires–Corrientes, se dio inicio de manera inmediata a una investigación. La actuación se originó a partir de un llamado telefónico anónimo efectuado a la Dirección de Aeronáutica de Corrientes (DAC), en el que una persona manifestó que su madre viajaba en el vuelo con destino a la ciudad de Corrientes y que la aeronave llevaba un artefacto explosivo en su interior. Ante esa comunicación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones y se desplegó un operativo conjunto entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de Corrientes, Bomberos y los servicios de emergencia, con el objetivo de resguardar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y el personal aeroportuario. La aeronave aterrizó bajo estrictas medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional “Doctor Fernando Piragine Niveyro”, donde se realizó la evacuación controlada de los pasajeros y una inspección integral del avión, el equipaje y los demás sectores involucrados. Finalizadas las tareas de verificación por parte del personal especializado, se descartó la existencia de cualquier artefacto explosivo. El Ministerio Público Fiscal reafirma su compromiso con la investigación de este tipo de hechos, en tanto las falsas amenazas comprometen la seguridad aeroportuaria, demandan el despliegue de importantes recursos humanos y materiales del Estado y generan serias afectaciones al funcionamiento del transporte aéreo. En ese sentido, se impulsarán las medidas necesarias para identificar al autor del llamado y determinar las eventuales responsabilidades penales que correspondan conforme a la legislación vigente. Fiscales
La Justicia rechazó in límine un amparo contra el decreto que reformó el Sistema de Inteligencia Nacional. Sostuvo que los legisladores no acreditaron un perjuicio concreto que habilitara la intervención judicial. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 4, a cargo de la jueza Rita Ailán, rechazó in limine la acción de amparo promovida por los diputados nacionales Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón, quienes habían solicitado la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del DNU 941/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo introdujo modificaciones al Sistema de Inteligencia Nacional. Los legisladores sostuvieron que el decreto no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional para el dictado de decretos de necesidad y urgencia. En ese sentido, afirmaron que la norma no invocaba circunstancias excepcionales que justificaran su dictado y que regulaba materias penales y procesales penales vedadas para este tipo de instrumentos, en particular por habilitar aprehensiones por parte de personal de inteligencia. También alegaron que el decreto afectaba el principio republicano, la división de poderes y la reserva de ley. Al analizar la procedencia formal de la acción, la jueza entendió que correspondía examinar, en primer lugar, la legitimación procesal de los actores, por tratarse de un presupuesto indispensable para la existencia de un “caso” o “controversia” en los términos de los artículos 116 de la Constitución Nacional y 2 de la Ley 27. En ese marco, recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual los legisladores nacionales no se encuentran legitimados para impugnar judicialmente normas dictadas por otros poderes del Estado únicamente en virtud de su calidad parlamentaria. Citó, entre otros precedentes, el caso “Thomas”, en el que el Máximo Tribunal sostuvo que la representación de los legisladores se ejerce en el ámbito del Congreso y que esa condición no los habilita para actuar judicialmente en defensa de la división de poderes. La sentencia también descartó que la invocación de la calidad de ciudadanos resultara suficiente para habilitar la acción. Señaló que la ciudadanía constituye un concepto de alcance general y que, conforme a la doctrina de la Corte Suprema, quien promueve una demanda de este tipo debe acreditar un interés jurídico concreto, directo y diferenciado respecto del resto de la comunidad. Según el pronunciamiento, los demandantes formularon planteos de carácter general y abstracto sobre la eventual afectación del orden constitucional, pero no demostraron un perjuicio personal ni identificaron una controversia concreta susceptible de decisión judicial. En consecuencia, concluyó que la pretensión perseguía un control general de legalidad del decreto, supuesto que excede la función jurisdiccional y comprometería el principio de división de poderes. Con esos fundamentos, el juzgado rechazó in limine la acción de amparo y distribuyó las costas por su orden. Otro caso que tramita por el mismo tema También en el Juzgado a cargo de Rita Ailán se encuentra otro proceso, iniciado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, contra la misma norma. En dicho caso, días atrás y como informamos desde Palabras del Derecho, se rechazó un planteo para suspender el referido DNU. Palabras del Derecho