Integrantes del Poder Judicial, penitenciarios y delegados de pabellón estuvieron reunidos días atrás para analizar la situación de las personas privadas de libertad en el Complejo Penitenciario 1 de Resistencia. En el encuentro estuvieron presentes la jueza de Ejecución Penal Nº 2, Ligia Duca; la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirz y el secretario letrado Andrés Perino, las defensoras oficiales Paula Cuenca, Patricia Aleksich; Darío Gómez y Romina Duarte, presidente y vice del Comité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del Chaco; el jefe del Complejo 1, Alberto Martínez; Sonia López por el área de educación del Servicio Penitenciario Provincial, César Gómez, Natalia Meza, Oberti María Soledad del área de tratamiento, Mariela Dejesús del organismo técnico criminológico, personal de seguridad interna y del área social. Una de las consultas más reiteradas fue la relacionada con la oferta educativa, tanto universitaria como terciaria. Las autoridades consultaron si recibieron los materiales y elementos de estudio para los niveles primario y secundario. Asimismo, la magistrada del fuero de ejecución penal señaló que en lista de espera se encuentran 105 estudiantes internos que finalizaron las instancias de niveles primario, secundario y aguardan para acceder a estudios terciarios que venían siendo dictados por los institutos del educación superior “Rodolfo Walsh” y “Foro Social del NEA”, y a la fecha se encuentran en espera para inscribirse. También precisó la necesidad de que en el área educativa se habiliten computadoras para el acceso a las clases virtuales de la Fadycc. Además, se refirieron al régimen de visitas y pidieron intensificar los espacios de asistencia psicológica en general y analizaron la posibilidad de crear espacios grupales para cumplir con el tratamiento psicológico previsto en la ley 24.660 de quienes cumplen condena por delitos contra la integridad sexual.
Autor: Redacción General
Fue a instancias de una moción del diputado justicialista, Nicolás Slimel, y obedece a la suspensión de las sesiones previstas para esa jornada en la que más de la mitad del cuerpo de legisladores estará participando del cónclave en el seno del Parlamento del Norte Grande. De este modo, la sesión especial prevista para el 15 de abril para interpelar al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela, se realizará el 13 de mayo a las 11 en el Recinto legislativo. Cabe mencionar que la citación de Canela responde a cuestiones vinculada al estado de la infraestructura vial. El requerimiento busca explicaciones sobre el mantenimiento, abandono de rutas y el estado de la infraestructura vial, en un contexto de crisis.
Mientras el programa económico libertario avanza para destruir salarios, jubilaciones y condiciones de vida, el debate sobre cómo medir la pobreza vuelve a ocupar el centro de la escena. La metodología del Indec, en el ojo de la tormenta por no reflejar la realidad. El gobierno de Javier Milei salió a festejar que la pobreza alcanzó a 8,5 millones de personas en el segundo semestre del 2025 y cerró el año en 28,2%, lo cual significó una baja de 3,4 puntos porcentuales respecto al primer semestre. Sin embargo, la aparente caída está bajo revisión por el desmanejo estadístico del Indec, que incluso oculta una sobreestimación de 4 puntos en el índice más sensible para la sociedad. Entre una canasta de consumo no actualizada y una comparación con años previos incorrecta desde lo metodológico, las cifras oficiales se despegan de la realidad callejera: salarios a la baja, consumo deprimido y jubilaciones en el piso. Un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas identificó los problemas metodológicos que sobreestiman la “mejora” social en un contexto de crisis económica, caída del consumo y deterioro de salarios y jubilaciones. Según el análisis, los datos oficiales no reflejan completamente el impacto de la inflación sobre los ingresos reales. No se trata de una crítica nueva. La consultora CP había realizado un estudio que demostraba que si la medición oficial estuviera ajustada a parámetros reales y se adaptara con la mejor captación de ingresos que tiene el Indec desde mitad de 2024, la pobreza hubiera representado el 42% en el primer semestre del año pasado, es decir, 11 puntos más de los que había difundido el organismo estadístico. Por su parte, el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina se había expresado en el mismo sentido: subestimación de costo de vida y sobreestimación de ingresos que antes no estaban contemplados por el propio Indec. Lo cierto es que los datos oficiales muestran una caída de la pobreza al 28,2% en el segundo semestre de 2025. Sin embargo, el informe de IPPyPP advierte que esa mejora podría estar sobreestimada por al menos 4 puntos porcentuales debido a problemas metodológicos. El documento plantea una contradicción central: mientras las estadísticas muestran una mejora, otros indicadores clave de la economía —como el consumo, los salarios y el empleo— reflejan un deterioro sostenido. En ese sentido, el estudio sostiene que la medición actual no logra capturar plenamente el impacto de la inflación ni el deterioro del poder adquisitivo en los hogares. Ingresos que “mejoran” en las encuestas pero no en la realidad Uno de los principales cuestionamientos apunta a la forma en que se relevan los ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Según el informe, en los últimos trimestres la encuesta registró aumentos en los ingresos que no coinciden con otras fuentes oficiales, como el índice de salarios. Por ejemplo: -En el sector privado, la EPH muestra una suba real del 20%, mientras que el índice de salarios indica una caída del 3,4%. -En el sector público, la diferencia es aún mayor: la encuesta registra una baja del 1,8%, contra una caída del 21,2% en los datos oficiales. -El mismo fenómeno se observa en las jubilaciones: mientras los haberes reales muestran pérdidas o mejoras acotadas, la encuesta refleja incrementos significativamente mayores. Para los autores, esto sugiere una sobreestimación de los ingresos, lo que impacta directamente en la medición de pobreza. No solamente este reporte es crítico con el Indec de Milei. Inflación, canastas desactualizadas y distorsión del resultado Otro de los problemas clave está en la forma en que se calcula la línea de pobreza. Actualmente, la Canasta Básica Total se basa en patrones de consumo de 2004-2005, a pesar de que existen datos más recientes que no fueron incorporados. Esto genera un sesgo importante, ya que en los últimos años, los servicios aumentaron mucho más que los bienes. Sin embargo, la canasta actual tiene mayor peso de bienes que de servicios. Como resultado, la canasta crece por debajo de la inflación real. El informe remarcó que esta situación subestima el costo de vida, lo que reduce artificialmente la cantidad de personas consideradas pobres. En otras palabras, la inflación impacta más en los hogares de lo que reflejan los indicadores oficiales. Consumo en caída y endeudamiento en alza La divergencia entre estadísticas y realidad también se observa en el consumo. Según datos oficiales citados en el informe, las ventas en supermercados cayeron 11,3% desde noviembre de 2023, mientras que en mayoristas, la baja alcanza el 18,7%. Al mismo tiempo, creció el uso del crédito: el pago con tarjeta en supermercados pasó del 37,7% al 44,4%. Esto refleja una tendencia clara: los hogares sostienen el consumo mediante endeudamiento y uso de ahorros, lo que no se refleja en la medición de pobreza basada únicamente en ingresos mensuales. Incluso los indicadores no monetarios refuerzan este diagnóstico: -22% de la población vive en viviendas de calidad insuficiente -Cerca del 19% tiene tenencia precaria de la vivienda -14,5% presenta problemas de saneamiento A esto se suma un fuerte recorte del gasto social, que cayó cerca de un 20% en términos reales, afectando áreas clave como vivienda, educación y asistencia social. El efecto “aguinaldo” y los problemas de comparabilidad Otro factor metodológico señalado es el impacto del aguinaldo en las mediciones trimestrales. El informe muestra que, al excluir ese ingreso extraordinario, la pobreza es mayor, lo cual evidencia que la mejora observada es estacional y no estructural. Para el tercer trimestre de 2025, la pobreza pasa de 26,9% a 29,4%, mientras que en el cuarto trimestre se ubica en torno al 29,5%. En síntesis, el informe plantea que la medición actual de pobreza presenta limitaciones importantes en un contexto de alta inflación y cambios en el consumo. La combinación de ingresos sobreestimados, canastas desactualizadas, cambios en precios relativos y deterioro del consumo genera una imagen más optimista que la realidad económica. Casi tristemente poéticamente, en paralelo a que el Indec haya informado en la baja de la pobreza, se
Se determinó que el “Xeneize” coaccionó para que el jugador renuncie al 15% del pase que le correspondía. El Juzgado N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó sentencia a favor de Emanuel “Bebelo” Reynoso, condenando al club a abonarle la suma de 660.000 dólares. El monto corresponde al porcentaje legal que el futbolista debió percibir en concepto de transferencia y que, según el fallo, fue obligado a ceder bajo presión. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la disputa se remonta al cierre del mercado de pases de invierno de 2020. El 31 de agosto de aquel año, Boca selló la venta de Reynoso al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) por un monto total de USD 4.400.000. Lo que la Justicia analizó fue la validez de un documento firmado apenas horas antes del viaje del jugador a Estados Unidos, donde este “donaba” su 15% de la transferencia (los USD 660.000 en cuestión) a favor del club. La Cámara de Apelaciones determinó que dicho acto es nulo, ya que se suscribió bajo coacción: el jugador debía elegir entre renunciar a su dinero o ver frustrado su pase al exterior. Un fallo que revierte la primera instancia En una etapa anterior, la justicia había fallado a favor de Boca, pero la apelación de Reynoso cambió el escenario. El nuevo dictamen ordena pagar el capital más un interés anual del 1,5% retroactivo al 27 de agosto de 2020. Con los intereses acumulados tras casi seis años de litigio, la cifra que Boca debería desembolsar se aproxima a los 750.000 dólares. Mientras el departamento legal de Boca procesa este golpe, el futbolista atraviesa un presente de reconciliación con sus raíces ya que actualmente, “Bebelo” Reynoso es la gran figura de Talleres de Córdoba. Tras su salida de la MLS y un breve paso por el Club Tijuana (Xolos) de México, el volante zurdo concretó en este 2026 su esperado regreso a la “T”, el club donde se formó y debutó profesionalmente. Reynoso jugó en Boca entre 2018 y 2020, donde obtuvo tres títulos locales antes de ser transferido en la operación que hoy genera este millonario reclamo judicial. Pese a la contundencia del fallo de segunda instancia, Boca Juniors aún tiene el derecho de apelar la sentencia. El club de la Ribera planea interponer un Recurso Extraordinario Federal para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que esta vía sea aceptada, Boca deberá argumentar una “arbitrariedad manifiesta” en la valoración de las pruebas o una violación de garantías constitucionales. Mientras tanto, el fallo representa un aviso para los clubes sobre la validez de las cláusulas de renuncia de porcentajes en los contratos de transferencia de futbolistas profesionales.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su cuenta Truth Social que el nuevo líder supremo del Régimen Iraní, Mojtaba Jamenei, pidió un alto al fuego por la guerra en Medio Oriente. Además, sostuvo que Jamenei es “menos radicalizado y más inteligente” que su padre Alí Jamenei. Trump comunicó este miércoles en sus redes sociales que el mandatario de Irán “acaba de pedir a Estados Unidos un alto al fuego”. “Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado. Hasta entonces, seguiremos bombardeando a Irán hasta la aniquilación o, como ellos dicen, ¡de vuelta a la Edad de Piedra!”, escribió Trump en una publicación en Truth Social, es esta parte de la información que transmite Xinhua. Diferentes versiones “El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir un alto el fuego a Estados Unidos”, escribió el mandatario en Truth Social, según otra fuente informativa internacional consultada por la Agencia Noticias Argentinas, como el sitio Actualidad RT.
La Oficina del Presidente informó la inclusión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro de entidades vinculadas al terrorismo, en base a su presunta participación en los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA. El Gobierno nacional declaró al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como organización terrorista y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida fue informada por la Oficina del Presidente, que señaló que la decisión se fundamenta en investigaciones judiciales y trabajos de inteligencia que vinculan al CGRI con los atentados perpetrados en la década de 1990 en la Argentina. Según se indicó, el 17 de marzo de 1992 un ataque con coche bomba destruyó la Embajada del Estado de Israel en Buenos Aires, con un saldo de 29 muertos y más de 200 heridos, mientras que el 18 de julio de 1994 otro atentado demolió la sede de la AMIA, causando 85 víctimas fatales y más de 300 heridos. De acuerdo al comunicado oficial, ambos ataques fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa de altos funcionarios del régimen iraní y de operativos de la Guardia Revolucionaria, a través de la organización Hezbollah. Asimismo, se indicó que la Justicia argentina emitió alertas rojas de Interpol contra ciudadanos iraníes, entre ellos el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, actualmente al frente del CGRI. La decisión fue adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado, en base a informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en territorio argentino, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas. La incorporación al RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de la organización en el país y proteger al sistema financiero de su utilización con fines ilícitos. El presidente Javier Milei sostuvo que la medida busca saldar una deuda histórica de más de 30 años con las víctimas y reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, al tiempo que planteó el alineamiento de la Argentina con la civilización occidental frente a quienes buscan destruirla.
La empresa no prestaba servicios ferroviarios desde 2010 y, en el marco del proceso de optimización de los recursos del Estado provincial, generaba un costo mensual sin contraprestación. Desde el año 2010, la empresa dejó de operar el servicio ferroviario, que actualmente depende del Estado Nacional a través de Trenes Argentinos, mientras la provincia continuaba afrontando el pago de salarios sin prestación efectiva. Desde el Ministerio de Infraestructura indicaron que esta situación implicaba una erogación mensual millonaria, lo que motivó la adopción de la medida en el marco de una gestión responsable. En ese sentido, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, señaló: “Las personas que cumplen funciones continuarán trabajando, siendo reubicadas bajo el Ministerio de Educación con mejores condiciones contractuales, mientras que quienes no prestaban servicios serán desvinculados con el pago de las indemnizaciones correspondientes”. Mediante el Decreto Provincial Nº 410/2026, se destinarán $848.214.465,90 para afrontar indemnizaciones, deudas con proveedores y obligaciones impositivas.
El próximo lunes 6 de abril, en la Biblioteca Cervantes de la localidad de San Bernardo (Chaco), la Fiscalía Federal se constituirá para tomar testimonio a once descendientes de sobrevivientes del pueblo Moqoit de la Masacre de El Zapallar, ocurrida en 1933 en la actual ciudad de General San Martín. Los testimonios podrían resultar clave para el avance de la investigación, ya que los declarantes conservan relatos orales transmitidos por los sobrevivientes, lo que permitiría reconstruir históricamente los hechos. En este marco, la Fiscalía había realizado un pedido público de colaboración para localizar a familiares de sobrevivientes. A partir de ello, la comunidad Moqoit llevó adelante cuatro reuniones durante febrero y marzo en San Bernardo, el paraje San Lorenzo (Charata), Colonia El Pastoril (Villa Ángela) y el Lote 38 Cacica Dominga (Colonia Aborigen). De estos encuentros participaron alrededor de 60 referentes, entre caciques, docentes y pastores, quienes tomaron conocimiento del estado de la causa judicial y realizaron un relevamiento de nietos y bisnietos que conservan los relatos de la masacre. El registro audiovisual de los testimonios estará a cargo del área de Comunicación del Rectorado de la Universidad Nacional del Nordeste, responsable también del documental “La larga noche de Napalpí”. Aporte documental del Archivo Histórico El Archivo Histórico Monseñor Alumni remitió recientemente valiosa documentación a la Fiscalía, en respuesta a un requerimiento formal. Entre el material enviado se incluyen notas periodísticas sobre la masacre publicadas en el diario La Voz del Chaco (ediciones del 8, 9, 13, 14, 15 y 20 de septiembre de 1933) y en el periódico Nueva Estampa Chaqueña (9 y 16 de septiembre del mismo año). Asimismo, como prueba de contexto, se incorporó un informe de 1914 sobre la Reducción de Indios Napalpí, elaborado por Enrique Lynch Arribálzaga, junto a un suplemento especial del diario La Voz del Chaco de 1930 dedicado a esa reducción. Finalmente, se sumó información sobre los períodos de sequía en la región y su impacto en la población, extraída del libro Historia de la Provincia del Chaco, de Carlos López Primo Piacentini. La Masacre de El Zapallar En 1933, el entonces Territorio Nacional del Chaco atravesaba una sequía extrema que provocó una grave situación de hambre y miseria en las comunidades indígenas. En ese contexto, a comienzos de septiembre, un grupo de aproximadamente 300 personas del pueblo Moqoit, encabezadas por el cacique Luis Durán, partió desde la Reducción Napalpí en busca de trabajo y alimentos. A lo largo del recorrido se sumaron contingentes provenientes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña. Tras recorrer cerca de 100 kilómetros, llegaron a la localidad de El Zapallar (actual General San Martín), donde establecieron un campamento. El 7 de septiembre, durante la siesta, las familias intentaron ingresar al pueblo en grupos pequeños, con mujeres y niños al frente, en señal de sus intenciones pacíficas. Sin embargo, fueron reprimidas por orden del comisario Francisco Prestera. La policía del territorio nacional, junto a refuerzos llegados desde Resistencia y algunos civiles, abrió fuego bajo el argumento de defender a la población ante un supuesto “malón”. Aunque las versiones oficiales de la época —basadas en publicaciones periodísticas y en un expediente judicial— hablaban de un enfrentamiento con solo dos víctimas fatales, se estima que alrededor de 40 efectivos y civiles dispararon indiscriminadamente contra la multitud, provocando cerca de 50 muertes, entre ellas niños, mujeres, ancianos y hombres.
A través de un informe trimestral que abarca de abril a junio, los especialistas del SMN señalaron que este escenario responde a una combinación de factores globales y regionales, entre ellos el valor de los océanos y la circulación atmosférica. El otoño comenzó con una tendencia que sorprende tanto a meteorólogos como a la población general: temperaturas más elevadas de lo habitual y un incremento en los niveles de humedad que generan jornadas veraniegas. Este fenómeno, que ya se percibe en distintos territorios del país, se caracteriza por la persistencia de masas de aire cálido provenientes del norte, combinadas con condiciones etéreas que favorecen la acumulación de esta humedad. El resultado es un clima pesado, con noches poco frescas y una sensación térmica elevada, incluso en períodos del año en los que tradicionalmente se espera un descenso progresivo de las marcas por estas latitudes. Ante un clima cada vez más variable que obliga a adaptarse a características inusuales, este otoño veraniego se perfila como una estación fuera de lo común. Desde el Servicio Meteorológico Nacional sugieren prestar atención a los cambios bruscos de temperatura y a la persistencia de altos niveles de humedad, factores que pueden afectar la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias. A través de un reciente informe trimestral que abarca de abril a junio, los especialistas del SMN señalaron que este escenario responde a una combinación de factores globales y regionales, entre ellos el valor de los océanos y la circulación atmosférica. El documento también advierte sobre una mayor probabilidad de precipitaciones por encima del promedio en varias regiones, lo que refuerza la idea de un otoño más húmedo de lo habitual. “El aumento de las temperaturas medias y la mayor disponibilidad de vapor de agua en la atmósfera son consistentes con lo que venimos observando en los últimos años”, indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional, al tiempo que remarcaron la importancia de monitorear estos fenómenos para anticipar posibles eventos externos. La investigadora de Climatología y profesora de Geografía, Agustina Albeiro se refirió a las precipitaciones y precisó que “el modelo europeo y el del Servicio Meteorológico Nacional marcan precipitaciones por encima de lo normal”. De acuerdo con la explicación de Agustina Albeiro, la región permanece bajo un bloqueo atmosférico instalado en altura, que dificulta el ingreso de sistemas capaces de refrescar el ambiente. “Se forma como un cilindro de aire cálido que se posiciona y le cuesta mucho moverse, lo que genera jornadas muy calurosas y sin viento”. Perfil
En la tarde noche de este lunes, en la sede del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia del Chaco —Av. 25 de Mayo 555— se realizó un homenaje a estudiantes y profesionales de Arquitectura víctimas del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar. Con el acompañamiento de la comunidad, se inauguró una placa conmemorativa en homenaje a cuatro militantes víctimas de desaparición forzada y homicidio que estudiaban en la Facultad de Arquitectura: Fernando Piérola, Enzo Lauroni, Moisés Alberto Ritvo y Mario Luis “Flaco” Catena. Asimismo, a partir de estos cuatro casos se puso en marcha una medida reparatoria administrativa que consiste en la incorporación de sus nombres al padrón de matriculados con la leyenda “matrícula reparatoria por asesinato o desaparición forzada durante el terrorismo de Estado”. El reconocimiento se hizo extensivo a todo el colectivo de estudiantes de la citada casa de estudios que fueron perseguidos por la dictadura cívico-militar-corporativa. Arquitectura y comunidad El arquitecto Oscar Zaffaroni, primer decano de la FAU-UNNE (1974), se dirigió al público presente y recordó el sentido de aquella experiencia colectiva: “En aquellos años nos propusimos generar conocimiento propio, producir nuestro propio sistema de pensamiento para elaborar una arquitectura que dé respuesta a las necesidades de nuestra región primero y de nuestra nación después. Eso fue Bases y Normas; queríamos crear nuestras propias condiciones para el hábitat. Eso significaba dejar de reproducir esa arquitectura moderna, un poco ridícula, que nos llevaba siempre a la reproducción y a la imitación del pensamiento que no era nuestro”. Asimismo, reflexionó sobre el lugar de la profesión en el contexto social y económico: “Los arquitectos somos prescindibles para el sistema, el sistema capitalista se puede desarrollar sin los arquitectos: tenemos déficit de vivienda, centros urbanos cada vez más degradados y fuera del alcance de lo que es la capacidad profesional de los arquitectos. Lo que nosotros tratábamos de hacer era insertarnos para dar pelea en ese campo: cuáles eran nuestras condiciones sociales, políticas, económicas… generar el conocimiento, tener soberanía, tener independencia”. Esta iniciativa —en el marco de las actividades organizadas por el 50 aniversario del golpe genocida del 24 de marzo de 1976— fue impulsada por los colegios de Arquitectura, de Ingeniería y de Técnicos, y contó con la adhesión de la Comisión Provincial por la Memoria Chaco. Desde la CPM destacaron que, a 50 años del golpe de Estado en Argentina, hacer memoria, reflexionar y reafirmar el compromiso con la democracia, los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa constituye una tarea permanente. Presentes Según la base de datos del Registro Único de la Verdad (CPM), Enzo “Gringo” Lauroni nació el 19 de julio de 1949 en Veroli, Italia, y se radicó desde pequeño en la Argentina. Estudió Arquitectura en la UNNE y militó en la Agrupación Resistencia Estudiantil Secundaria (ARES) y posteriormente en el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), junto a su esposa Mónica Judith Almirón, también desaparecida. Fue secuestrado el 8 de agosto de 1977 en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, y visto por última vez en la Brigada de Investigaciones de Resistencia el 18 de diciembre de ese año. Tenía 28 años y permanece desaparecido. Moisés Alberto “Monchi” Ritvo nació el 4 de diciembre de 1955 en Rosario, Santa Fe, y se radicó en Resistencia en 1974 para estudiar Arquitectura en la UNNE. Durante su vida universitaria militó en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y posteriormente se incorporó a la organización Montoneros. En el marco de esa militancia fue trasladado a la ciudad de Córdoba, donde fue visto por última vez en julio de 1976. Tenía 20 años al momento de su desaparición y permanece desaparecido. Mario Luis “Flaco” Catena nació el 18 de enero de 1940 en San Cristóbal, Santa Fe, y se radicó en el Chaco junto a su familia a fines de la década de 1960. Estudió Arquitectura en la UNNE y desarrolló una intensa militancia estudiantil, sindical y política, participando en agrupaciones universitarias y posteriormente en la Juventud Trabajadora Peronista y la organización Montoneros. Tras permanecer en la clandestinidad durante 1975, se trasladó a la ciudad de Rosario, donde el 31 de diciembre de 1976 fue asesinado durante un operativo de fuerzas armadas en su domicilio. Tenía 36 años. Fernando Gabriel Piérola nació el 25 de junio de 1952 en Paraná, Entre Ríos, y se radicó en Resistencia a comienzos de la década de 1970 para estudiar Arquitectura en la UNNE. Militó en barrios populares y se incorporó a la organización Montoneros, donde era conocido como “Pilu” y “Damián”. Fue detenido el 20 de octubre de 1976 en Posadas, Misiones, y trasladado posteriormente a distintas dependencias represivas hasta la Brigada de Investigaciones de Resistencia. El 12 de diciembre de 1976 fue llevado en el convoy que partió hacia Margarita Belén, permaneciendo desde entonces desaparecido. Tenía 24 años. La represión en la FAU (UNNE) La represión ilegal desplegada durante la última dictadura cívico-militar impactó de manera devastadora en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), convirtiendo a la Facultad de Arquitectura en un blanco sistemático debido al compromiso político y social de sus estudiantes y profesionales. En el marco del plan de represión y exterminio implementado en Argentina, numerosos estudiantes y profesionales de Arquitectura vinculados a la provincia del Chaco fueron víctimas del terrorismo de Estado. El régimen militar buscó desarticular la organización estudiantil —representada por agrupaciones como la JUP, la ARDA y la lista Azul y Blanca— mediante secuestros, torturas y asesinatos, persiguiendo especialmente ideales como el de una “arquitectura al servicio del pueblo” y las propuestas de reforma académica orientadas a atender las necesidades habitacionales de los sectores populares. En ese contexto, resulta fundamental recordar la experiencia Bases y Normas para la reestructuración de la FAU (1974), impulsada por estudiantes con el objetivo de fortalecer la formación académica e insertar la Facultad en la realidad social de la época. El documento fue el resultado de un proceso colectivo y heterogéneo, y aprobado en asamblea general en el Aula Magna en junio de 1974,
El sistema de transporte público del área metropolitana de Resistencia atraviesa un momento crítico. En declaraciones a CIUDAD TV, Facundo Sartore, responsable de San Fernando Urbanos, confirmó que el fuerte incremento en el precio del gasoil ya impacta en la prestación del servicio y obliga a algunas empresas a reducir frecuencias, especialmente en horarios nocturnos. Sartore aclaró que no todas las concesionarias adoptaron medidas de recorte. En ese sentido, remarcó que San Fernando continúa operando con normalidad en toda su franja horaria, a diferencia de otras firmas que decidieron acortar sus recorridos ante el aumento de costos. “El combustible subió un 28% en apenas 12 días y ya nos anticiparon otro incremento. Es una situación que no sabemos dónde va a terminar”, advirtió. Según explicó, la volatilidad de precios genera serias dificultades operativas, al punto de modificar las condiciones de compra: “Hoy prácticamente tenemos que pagar el combustible por adelantado para que nos lo entreguen”. El empresario también describió una situación inusual en el mercado: actualmente resulta más económico cargar combustible en estaciones de servicio que adquirirlo a granel, modalidad habitual para las empresas. “Es el reino del revés”, graficó, al tiempo que señaló las complicaciones logísticas que implicaría trasladar decenas de colectivos a cargar en estaciones. En cuanto al servicio, indicó que la línea 5 —operada por su empresa— funciona con 16 unidades, y sostuvo que los recortes de otras firmas generan un efecto negativo generalizado. “Cuando se instala la idea de que no hay colectivos, la gente busca alternativas y eso termina perjudicando a todos”, explicó. Otro factor de incertidumbre es la posible salida de la empresa ERSA del sistema, prevista para mayo. Sartore advirtió que el resto de las compañías no tiene capacidad operativa ni financiera para cubrir ese vacío, estimado en unas 65 unidades diarias. “Es imposible pensar que podamos absorber ese servicio en la situación actual”, afirmó. Además del incremento en los costos, el sector enfrenta una caída en la cantidad de pasajeros. Según detalló, el uso del boleto común descendió más de un 60%, mientras que crecen los viajes con beneficios sociales. A esto se suma una tendencia creciente hacia medios alternativos, como Uber o Moto Uber. Finalmente, Sartore cuestionó el esquema actual de financiamiento del sistema. Señaló que, en la práctica, la provincia no subsidia a las empresas sino a los usuarios, cubriendo una parte del boleto. También denunció demoras de hasta 40 días en los pagos correspondientes a beneficios sociales, lo que agrava la situación financiera de las prestatarias. “El sistema está cada vez más tensionado. Entre el aumento de costos, la caída de pasajeros y los retrasos en los pagos, sostener el servicio se vuelve cada vez más difícil”, concluyó.
El Gobierno nacional busca aquietar el malestar en las fuerzas policiales y de seguridad con un bono de 40 mil pesos. Precisamente, cinco de las seis fuerzas habían anunciado y tenían prevista una medida de fuerza para este 2 de abril, jueves santo y día que se conmemora a los veteranos de la guerra de Malvinas. La medida económica alcanza al personal en actividad de seis fuerzas federales para reforzar sus ingresos mediante el pago extraordinario no remunerativo por única vez que se liquidará con los salarios de abril. Además, hay un bono extra adicional por escalafón que va desde los 100 mil a los 300 mil pesos. El Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de una suma fija extraordinaria de $40.000 destinada al personal en actividad de las fuerzas federales de seguridad, según lo establece el Decreto 216/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La medida, impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, consiste en un bono no remunerativo y no bonificable, de carácter excepcional y por única vez, que será abonado junto con los salarios correspondientes al mes de abril de 2026. El beneficio alcanza al personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. De acuerdo con los fundamentos del decreto, la decisión busca “reconocer y mantener una adecuada jerarquización” del personal de las fuerzas, en relación con las responsabilidades y tareas que desempeñan, así como también mejorar su poder adquisitivo en el actual contexto económico. Lo cierto es que, justamente, para Semana Santa al Gobierno se le abrió un frente de tensión inesperado en uno de los núcleos más sensibles del Estado: sus fuerzas de seguridad. Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal preparaban una protesta que iba a tener su expresión central el 2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Además del bono general de $40.000, el decreto también establece el otorgamiento de sumas fijas adicionales, también de carácter excepcional y por única vez, destinadas a determinados cargos dentro de las fuerzas federales. Los montos específicos para cada grado fueron detallados en un anexo técnico que acompaña la normativa y van desde los 100.000 a los 300.000 pesos. El decreto establece que la medida entró en vigencia el mismo día de su dictado y que el gasto será atendido con las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Seguridad Nacional. La decisión se enmarca dentro de un contexto de protestas y reclamos de las fuerzas federales que engloban el deterioro salarial, el desgaste social y especialmente la falta de cobertura de salud a partir del desfinanciamiento de su obra social IOSFA. Infogremiales
En declaraciones a CIUDAD TV, la secretaria adjunta del sindicato de docentes universitarios, Verónica Pedersen, analizó el fallo que ordenó la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que, si bien la medida representa un alivio parcial, el conflicto entre las universidades públicas y el gobierno nacional está lejos de resolverse. “Sabemos perfectamente que hay que seguir peleándola”, afirmó. El fallo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional junto con las distintas universidades del país, pero Pedersen aclaró que la acción de amparo abarcó únicamente dos artículos de la norma: los que garantizan el salario docente y no docente y las becas estudiantiles. El financiamiento a proyectos de investigación quedó excluido de esta instancia. “Esto es algo provisorio”, reconoció, y anticipó que el Estado ya anunció que apelará la resolución. La dirigente describió una situación salarial crítica que empuja a los docentes universitarios al pluriempleo y al éxodo. “Tenemos sueldos docentes de lamentablemente 250 mil pesos y la verdad es que trabajar en el ámbito universitario es muy demandante. 250 mil pesos no representan absolutamente nada, no se puede hacer absolutamente nada con esa cifra”, señaló. Esa precarización, sostuvo, tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa: se suspenden inscripciones, se cierran carreras y se reduce la oferta áulica en distintas universidades del país. Para la Universidad Nacional del Nordeste, de carácter regional, el panorama no difiere del resto. Pedersen subrayó que muchos estudiantes no logran sostener su trayectoria académica porque deben salir a trabajar y las becas disponibles resultan insuficientes frente a las necesidades actuales. A eso se suma el impacto sobre el sistema científico-tecnológico, estrechamente vinculado a las universidades: “No podemos pensar la universidad sin el sistema científico tecnológico y viceversa”, afirmó. De cara a 2026, Pedersen fue categórica: “Es un año muy crítico porque no hay un proceso de diálogo por parte del gobierno nacional, no hay una apertura para poder ponernos de acuerdo sobre qué condiciones mínimas podemos negociar para seguir sosteniendo la vida institucional de las universidades públicas”. Frente a eso, CODIUNNE mantiene su posición: la Ley de Administración Financiera no está por encima de la Ley de Financiamiento Universitario. “No es la Constitución, no es algo que esté por encima de nuestra ley”, remarcó, y cerró con una promesa de continuidad en la lucha: “Vamos a seguir indefectiblemente peleando porque esta ley se implemente.”
Deberá concurrir al Congreso para brindar su informe de gestión el 29 de Abril, pero la oposición busca respuestas sobre las múltiples denuncias que afronta el jefe de Gabinete. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá responder casi 5.000 preguntas que le formularon diputados de la oposición, de las cuales la mayoría estuvo centrada en el aumento de su patrimonio, el polémico viaje a Uruguay y el caso Libra. Los legisladores presentaron las preguntas que Adorni tiene que contestar en el informe escrito que debe enviar a la Cámara de Diputados antes del 29 de Abril, previo que concurra en esa fecha a exponer en el recinto de sesiones sobre la marcha del Gobierno. El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso Nacional, pero desde que asumió el ministro todavía no asistió a brindar su informe al Parlamento. Pero ahora su informe sobre la marcha del Gobierno estará atravesado por la polémica en el incremento de su patrimonio, en el viaje a Uruguay y en el caso Libra, aunque habrá otras consultas por la situación económica, del empleo y de las provincias. Oposición El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, informó que le envió a Adorni más de 40 preguntas sobre su situación patrimonial y señaló que «el Presidente y su hermana no pueden pedirle la renuncia porque Adorni forma parte del entorno tóxico del caso $Libra» «A Adorni se le está poniendo cara de Espert”, señaló el legislador, en alusión al ex diputado que debió renunciar a ser candidato cuando surgieron las denuncias de su vinculo con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado. Por su parte, la diputada de izquierda, Myriam Bregman, le preguntó a Adorni si “teniendo en cuenta la trascendencia de diferentes noticias periodísticas que indican la existencia de bienes pertenecientes a usted y su familia que no están incluidos en sus declaraciones, indique la cantidad de propiedades de las cuales usted y su esposa, Bettina Julieta Angeltti, son propietarios. Detalle: fecha en que fue adquirida, valor y cómo obtuvo los fondos para su adquisición” Bregman también le pidió precisiones sobre el traslado del presidente de la Nación Javier Milei y otros funcionarios al evento denominado “Argentina Week” que se realizó entre 9 y 12 de marzo de 2026 en dicha ciudad y que informe el costo de cada una de las actividades de toda la comitiva y el costo total del viaje, incluyendo el avión presidencial, hoteles, traslados, personal de seguridad, cenas y almuerzos, Denuncia Los diputados nacionales del interbloque Unidos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron hoy la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y sospechado por el financiamiento espurio de viajes el exterior para él y su familia, además de incompatibilidades entre su nivel de gastos, los ingresos declarados y su evolución patrimonial. En la nueva presentación, los legisladores de la oposición pidieron que se tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó con su firma tanto la compra del lujoso departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición una año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. Tiempo Argentino
Ocultaba una pistola de aire comprimido en su pecho. Cerca de las 2, efectivos de la Comisaría Primera de Resistencia demoraron a un joven de 18 años en la intersección de José María Paz y Obligado. Los agentes constataron que el joven llevaba oculta una pistola de aire comprimido, réplica calibre 9 mm, color negro, asegurada a la altura del tórax mediante un corpiño negro. Asimismo, se procedió al secuestro de la bicicleta rodado 26, tipo playera, color negro en la que circulaba. El demorado fue trasladado a la Primera, quedando a disposición de la Justicia.
El amigo del jefe de Gabinete también quiso desconocer su vínculo comercial con el broker aeronáutico. Marcelo Grandio intentó desconocer el vuelo de regreso de Manuel Adorni y su familia desde Punta del Este por medio de una carta documento. Así lo confirmó ante la Justicia Vanesa Tossi, secretaria del bróker aeronáutico que intermedió en la compra de los pasajes, durante su declaración testimonial del viernes pasado. Esa fue una de las reacciones que tuvo el amigo del jefe de Gabinete tras el estallido público del escándalo en torno al viaje a Punta del Este que ambos compartieron a mediados de febrero. Entremedio, una serie de actitudes del hasta hace unas semanas conductor de la TV Pública y Radio Nacional fueron interpretadas como presiones y llegaron a instancia judicial. Parte de ese comportamiento lo pudo certificar el juez Ariel Lijo el viernes pasado, cuando la secretaria del broker Agustín Issin se sentó a declarar como testigo en la causa que tiene como imputados a Adorni y Grandio. En un momento, mientras Vanesa Tossi mostraba una serie de conversaciones que mantuvo con el amigo del jefe de Gabinete, este comenzó a mandarle mensajes y llamarla con intenciones de hablar. Todo eso quedó asentado en el acta de la declaración, y fue la gota que rebalsó el vaso: un día después el juez dictó medidas con el objetivo de proteger la integridad física y psíquica de la testigo. La mujer se presentó en los tribunales con intenciones de declarar y comentó que fue quien mantuvo contacto directo con Grandio para coordinar la venta de los pasajes de regreso. Dijo, bajo juramento de decir verdad, que ese tramo que utilizó Adorni para volver de Punta del Este junto con su pareja Betina Angeletti y sus dos hijos fue abonado por Grandio en efectivo. También dio detalles del cambio de actitud que tuvo el amigo de Adorni cuando estalló el escándalo. Entre esos detalles, contó que Grandío les mandó una carta documento para desconocer la compra del tramo de regreso, que se facturó recién el 9 de marzo pasado. Tiempo tuvo acceso a esa carta documento y pudo comprobar que Grandio no solo expresó sus intenciones de desconocer la factura del vuelo del 17 de febrero, por u$s 3 mil, sino que también desconoció todo tipo de relación con Agustín Issin, el broker que intermedió en la compra del vuelo de regreso. “En mi calidad de apoderado del señor Marcelo Grandio, desconozco y rechazo su factura nro 331 del 9/03/2026, por cuanto se trata de un servicio que mi poderdante no contrató ni utilizo”, reza el documento al que accedió este medio y que tiene la firma de Horacio Silva, apoderado del conductor de TV que habría pagado el viaje de Adorni y su familia. “Mi poderdante no lo conoce ni ha tratado comercialmente con ud en ninguna oportunidad y le hace saber que no abonará el monto que ilegítimamente se reclama en ese documento, intimando a emitir la correspondiente nota de crédito y a abstenerse de reclamar el monto por cualquier vía, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales. Queda ud. debidamente notificado”, agrega. La carta documento está fechada el 20 de marzo. El remitente es Grandío y el destinatario Agustín Issin. La factura en cuestión la dio a conocer el canal A24. Está a nombre de Grandio y la descripción del producto o servicio dice «Vuelo 17/02/2026 PDP-FDO». Estas últimas son las siglas que identifican el tramo Punta del Este – San Fernando. Según supo este medio, durante la declaración testimonial que dio el viernes, la secretaria Tossi contó que mantuvo contacto posterior a la carta documento con Grandio. Y que en esos intercambios le recordó que le había pagado por el vuelo que usó Adorni y que tenía los mensajes de chat en los que discutían el precio. Esos chats fueron aportados a la causa judicial. Grandio está imputado por la Justicia en la causa que tiene como protagonista a Adorni por la escapada que ambos compartieron entre el 15 y 17 de febrero pasado, a bordo de una aeronave privada de la empresa Alpha Centaury que partió desde el aeropuerto de San Fernando y aterrizó en el popular balneario uruguayo. La Justicia investiga la posibilidad de que se haya tratado de un caso de dádivas, y por eso pidió producir una serie de medidas de prueba. El monto en dólares de ambos vuelos superaría ampliamente los ingresos de Adorni como funcionario público a cargo de la Jefatura de Gabinete. La investigación está en manos del juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. El de la carta documento es uno de los varios capítulos en los que la actitud de Grandío llamó la atención. Vale recordar que cuando apenas salió el caso a la luz dio declaraciones contradictorias acerca de quién costeó económicamente la escapada en vuelo privado a Punta del Este. En tan solo unas horas, pasó de decir que “él (por Adorni) pagó todo, él me lo pagó a mi”, a sumar que “lo pagó con plata del Estado”, para finalmente afirmar que cada uno pagó su pasaje. Al cierre de este artículo, Grandio no había respondido a las consultas de Tiempo. Tiempo Argentino
La Libertad Avanza logró armar con aliados un grupo de 17 diputados sobre 31 que le garantiza bloquear los pedidos de juicio político contra el presidente. El oficialismo puso en marcha este martes la Comisión de Juicio Político que tendrá al frente a Lilia Lemoine, una de las diputadas más leales al presidente Javier Milei. Mientras la oposición considera que Milei tiene una gran cantidad de causas para ser juzgado politicamente por el Congreso Nacional, el bloque violeta designó como autoridad de la Comisión-además de Lemoine-a los mileistas más puros, como Sebastián Pareja y Nicolas Emma. De esta manera se asegura la tranquilidad de proteger la figura presidencial y surfear momentos de tempestad. La vicepresidencia primera quedó en manos del PRO, que se reservó la designación ya que Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro estuvieron ausentes. En tanto Unión por la Patria eligió al diputado jujeño Guillermo Snopek como vicepresidente segundo. El caso Libra, planteos por los dichos del presidente en el acto por Malvinas de 2025, su política exterior alineada con Estados Unidos e Israel, y cuestionamientos a la constitucionalidad del DNU 70/23, son algunos de los temas que los bloques opositores quieren comenzar a tratar inmediatamente. Y es que, en la actualidad, existen más de media docena de pedidos de juicio político contra Javier Milei girados a la comisión que presidirá Lemoine. Los proyectos son impulsados por distintos sectores de la oposición. Entre ellos figuran presentaciones de los dpitados de UxP Juan Marino, Germán Martínez, Agustina Propato y Aldo Leiva. También están en esa lista Esteban Paulón (Provincias Unidas); y las ex diputadas de izquierda Vanina Biasi y Mónica Schlotthauer. Además, en las últimas horas Marino presentó dos expedientes de ampliación de los pedidos de juicio político. Uno amplía la acusación por Libra. Cuenta con las firmas de sus compañeros de bancada Sabrina Selva, Pablo Todero, Gabriela Pedrali, Jorge Neri Araujo Hernández, Nancy Sand, Ana María Ianni y Andrea Freites. El otro amplía la acusación por la guerra. Además, el diputado de UxP Pablo Todero presentó recientemente un pedido de juicio político a Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Al momento del nombramiento de Lemoine, el titular del bloque de la Libertad Avanza Gabriel Bornoroni se limitó a mencionar que “sus antecedentes son de público y notorio conocimiento”. Generalmente se suele hacer un recorrido por la experiencia del elegido a ocupar el lugar, aunque según pudo saber Tiempo, la propia diputada pidió que esa fuera su presentación. Desde la oposición, la diputada de UxP Paula Penacca expresó: “Celebramos que esta comisión vuelva a estar constituida y en funcionamiento porque es una comisión muy importante”. Sucede que Penacca trajo al presente que la comisión estuvo dos años paralizada luego de que Marcela Pagano fuera electa como presidenta en contradicción con la decisión del presidente de la Cámara Baja Martin Menem. La situación le costó políticamente la salida del bloque oficialista a Oscar Zago y a la propia Pagano. “Se nota que nadie tropieza con la misma piedra”, aseguró Penacca. Por su parte, desde el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola reclamó que el bloque no fue incluido en la integración de la comisión. En el marco de la reunión de comisión sumó un nuevo pedido de juicio político contra Milei por mal desempeño de funciones en distintas causales que fue acompañado por la firma de su compañera de bancada Romina del Pla. “Milei tiene todos los boletos de juicio político. Creemos que hay una cantidad de elementos para que esta comisión los trate”, señaló. “Tenemos temor de que esta sea la última reunión”. Ante la consulta de Tiempo sobre cuál será la estrategia del bloque libertario respecto al trabajo de la Comisión, desde el oficialismo recordaron el caso del exvicepresidente Amado Boudou, quien fue procesado por la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica. En ese momento, el kirchnerismo reunió a la Comisión para considerar los pedidos de enjuiciamiento al vicepresidente. En ese contexto la presidenta de la Comisión, Adela Segarra, leyó un informe que señalaba que la causa se estaba tramitando en la justicia y que todavía «no había una sentencia» firme. Además, en el oficialismo señalaron que en aquel momento el argumento del entonces Frente para la Victoria fue que un procedimiento de juicio político implicaba «una presión al Poder Judicial y al magistrado» que estaba efectuando su investigación. En una votación a mano alzada el kirchnerismo logró en ese entonces contar con 17 votos sobre 31 para desactivar los pedidos. Casualmente el actual oficialismo armó la comisión con un resultado similar: 13 integrantes libertarios, más dos aliados del PRO, un radical y un misionero. Sumados dan 17 firmas en caso de que las necesite. Tiempo Argentino
El jefe de Gabinete compró una propiedad apenas dos semanas después de asumir su actual cargo y la escrituró por un precio llamativamente bajo. Los diputados nacionales del interbloque Unidos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaro la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y sospechado por el financiamiento espurio de viajes el exterior para él y su familia, además de incompatibilidades entre su nivel de gastos, los ingresos declarados y su evolución patrimonial. En la nueva presentación, los legisladores de la oposición pidieron que se tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó con su firma tanto la compra del lujoso departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición una año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti. “Las operaciones, más que sospechosas, deben ser clarificadas”, afirmó Paulón en su cuenta de la red social X. Luego de que Adorni confesara durante una conferencia de prensa que vive junto a su familia en el departamento de Caballito, que adquirió apenas dos semanas después de asumir su actual cargo, se supo que la operación se escrituró por 230 mil dólares pese a que el valor original del inmueble era de 340 mil dólares. Pero lo más llamativo del caso es que la propiedad fue comprada a partir de una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares cedida por las dos vendedoras del inmueble, que habían adquirido el departamento apenas siete meses antes, en abril del 2025. Las dos jubiladas acreedoras de la hipoteca no bancaria para la compra del departamento de Adorni fueron identificadas como Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64 años, quienes negaron conocer al jefe de Gabinete o haberle prestado dinero. La hipótesis de Paulón es que Adorni utilizó a estas dos personas para simular una hipoteca y de esa manera justificar la compra de un inmueble de categoría que no se condice con sus ingresos como funcionario público, ni tampoco con los de su esposa. “Era obvio que la operación de compra del departamento en Caballito de Adorni era una intermediación para simular y justificar una compra que no tiene nada que ver con sus ingresos. Las mujeres que dieron hipoteca “personal” en escribanía, ni idea”, comentó el diputado socialista de Provincias Unidas. El santafesino agregó que junto a Juliano y Ferraro no descartan “pedir también a la Justicia que cite a las dos jubiladas que le vendieron el departamento a Adorni”. El inmueble de Caballito está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio: se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La polémica por la sospechosa operación de compra del departamento de Caballito se suma al viaje a Nueva York al que accedió Angeletti, quien integró la comitiva presidencial con vuelo y estadía sin cargo, los viajes a Punta del Este por miles de dólares en vuelos privados sin factura, el country sin declarar en Exaltación de la Cruz y la triangulación de contratos a favor de la consultora de la esposa de Adorni con organismos del Estado. Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, con el foco puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador. Desde el entorno del integrante del Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia. También explicó que aquellas propiedades que no figuran aún en la declaración jurada es porque todavía no cerró el período, y que en la próxima actualización estarán incluidas. Más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo. Tiempo Argentino
El bloque legislativo “Chaco Puede” anunció que avanzará hoy en el tratamiento de tres iniciativas consideradas prioritarias: Las Licencias Gremiales, el Recupero de Gastos en Salud y la Ley de Reiterancia. En primer lugar, el proyecto de Licencias Gremiales propone modificar el régimen vigente en la provincia del Chaco. Actualmente, el Estado afronta el pago de salarios de dirigentes sindicales que se desempeñan en cargos gremiales, aun cuando se encuentran licenciados de sus funciones. La iniciativa plantea que ese costo sea asumido por las propias organizaciones sindicales. En ese marco, el presidente del bloque, Iván Gyoker, expresó: “Esto es justicia para el pueblo del Chaco, que no se le pague a los gremialistas que no trabajan”. Por otra parte, el espacio legislativo acompañará el proyecto de Recupero de Gastos para Extranjeros impulsado por el Ejecutivo provincial. La propuesta establece que las personas extranjeras sin residencia legal deberán afrontar los costos de atención médica en el sistema público provincial. Asimismo, contempla la posibilidad de firmar convenios de reciprocidad con países vecinos, con el objetivo de resguardar los recursos del sistema sanitario chaqueño. Finalmente, el bloque buscará avanzar con la denominada Ley de Reiterancia, una herramienta orientada a reforzar la política de seguridad. La iniciativa permitiría considerar la reiteración de causas penales como un elemento para dictar prisión preventiva, aun sin sentencia firme. Desde el bloque señalaron: “Buscamos terminar con la puerta giratoria, con delincuentes que acumulan múltiples causas por delitos graves y reinciden tras recuperar la libertad”. La agenda legislativa de “Chaco Puede” está centrada en la optimización de los recursos públicos, el fortalecimiento del sistema de salud y el endurecimiento de las herramientas contra el delito.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, realizará un nuevo Operativo de Abordaje Territorial Odontológico en localidades de El Impenetrable, con el objetivo de garantizar el acceso a la salud bucodental en comunidades alejadas y fortalecer la prevención en territorio. La iniciativa se desarrollará desde el lunes 6 al viernes 10 de abril, desde las 9 horas, y alcanzará a las localidades de El Sauzalito, El Sauzal, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y Comandancia Frías, a través de hospitales y puestos sanitarios. El cronograma de actividades será el siguiente: -Lunes 6: El Sauzalito- Hospital “Dr. Arturo Illia”. -Martes 7: El Sauzalito- Hospital / El Sauzal- Puesto Sanitario. -Miércoles 8: Misión Nueva Pompeya-Hospital / Wichí El Pintado- Puesto Sanitario. Jueves 9: Misión Nueva Pompeya- Hospital. -Viernes 10: Fuerte Esperanza-Hospital / Comandancia Frías- Hospital. Durante el operativo, los equipos de salud brindarán atención odontológica gratuita, que incluirá arreglos, extracciones y controles, además de la realización de talleres de prevención orientados a promover hábitos de higiene bucal y cuidado integral. Asimismo, se llevarán adelante capacitaciones destinadas a promotores de salud bucodental, con el fin de fortalecer el trabajo comunitario y garantizar la continuidad de las acciones preventivas en cada localidad. Este tipo de abordajes territoriales forman parte de la estrategia sanitaria provincial para acercar servicios esenciales a poblaciones de difícil acceso, reducir desigualdades y promover una atención integral, continua y de calidad en toda la provincia.