Autor: Redacción General

El Tribunal Oral de Rosario absolvió a todos los productores rurales imputados por envenamiento por contaminación ambiental con agrotóxicos en la zona rural de Pergamino. Por el contrario, condenaron a 2 años de prisión condicional a dos exfuncionarios del Municipio de esa localidad por incumplimiento de deberes de funcionario público. Noticia en desarrollo….

En el Día Internacional de las Pymes organizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) evaluó que la solución para la crisis del sector son “políticas de Estado que piensen para adelante y no para atrás”. Ante un escenario que suele ser hostil con las expresiones del peronismo, el gobernador Axel Kicillof expuso ante decenas de empresarios pymes y dijo que el presidente Javier Milei encabeza una etapa de “destrucción de capacidades productivas” de la Argentina. En el Día Internacional de las Pymes organizado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) evaluó que la solución para la crisis del sector son “políticas de Estado que piensen para adelante y no para atrás”. En el encuentro realizado el Golden Center Eventos de la Ciudad de Buenos Aires se realizó una evaluación de la situación actual de los diversos sectores, al tiempo que puso en valor el rol del empresariado en la generación de empleo. “Una de las más grandes potencialidades de la Argentina es su capacidad empresarial”, dijo el gobernador en un guiño a los presentes. Por eso, expuso la propuesta de “plantear una inserción inteligente en el mundo, no destruir nuestra industria y pymes”. En clave electoral, sostuvo que “es con los empresarios pymes que hay que construir una Argentina mejor, con políticas de Estado que piensen para adelante y no para atrás; con la universidad, con la ciencia y la tecnología” y ponderó: “Eso está acá y está en juego ahora, cuentan con nosotros”. En su intervención, el mandatario bonaerense expuso algunas estadísticas del mundo productivo, industrial y, particularmente, de las pequeñas y medianas empresas en comparación con finales del año 2023. “Estamos viviendo una de las etapas de destrucción de las capacidades productivas e industriales más profundas de nuestra historia. Lo que digo es fácil de fundamentar. Desde que inició su gobierno Milei se perdieron 340 mil puestos de trabajo formales; la informalidad es cerca de medio millón de puestos de trabajo. Al mismo tiempo que esto ocurría, se destruyeron, se aniquilaron 26.000 empresas”, lanzó el gobernador. Kicillof dio cuenta del impacto de esos números en la provincia de Buenos Aires que, al ser el territorio más poblado y extenso del país, concentra a la mitad de esas empresas. Como contracara, señaló que los tres sectores ganadores del modelo actual son la minería, la producción primaria de petróleo y gas; y la intermediación financiera, al tiempo que expuso que “dan bien los datos agropecuarios en su conjunto”. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es la mayor productora de girasol, una producción que creció sustancialmente en los últimos años. Así, mientras que en la campaña 2020/21 la superficie implantada fue de 990 mil hectáreas, la de este año alcanzó en la provincia un millón 270 mil hectáreas, una expansión del 28 por ciento. Todo eso en detrimento de la caída del consumo masivo y de la industria en su conjunto, el turismo y la construcción. “Todos los rubros que dan empleo, donde anidan las pymes, donde tenemos capital acumulado de conocimiento empresario”, lamentó Kicillof. En su análisis, expuso que los datos no son consecuencia de “algo falla o que falta un tiempito”, sino que “es una cuestión de política económica”. “Se está tratando de llevar adelante un proceso de reestructuración de la matriz productiva argentina como pocas veces se intentó y los perjudicados están en esta sala”, interpeló a los presentes. “Es un problema de política cambiaria, el tipo de cambio es desfavorable para la industria nacional y se suma la apertura indiscriminada de exportaciones. Hay competencia desleal para el empresario argentino y no es la primera vez”. Luego, comparó con la situación internacional y señaló que los países como China o Estados Unidos, además de los bloques económicos mundiales pusieron “el objetivo de no perder una sola empresa, si para eso hace falta poner aranceles lo hacen”. Esta presentación llegó un día después de que el mandatario y su ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se reunieran con los directivos Louis Dreyfus Company (LDC), empresa agroindustrial que realizará una inversión de 400 millones de dólares para construir una planta de molienda multisemillas en Bahía Blanca. El proyecto consiste en el establecimiento de una planta de molienda que procesará girasol, soja, colza y camelina; y se desarrollará dentro del complejo industrial que la empresa posee en el puerto de Bahía Blanca, integrando la infraestructura existente de almacenamiento y logística con el puerto. La futura planta contará con una capacidad de molienda de hasta 4 mil toneladas diarias de semillas de girasol, lo que la convertirá en la mayor planta a nivel mundial. La misma incorporará equipamiento de última generación para el procesamiento eficiente de oleaginosas y dispondrá de infraestructura energética térmica basada en biomasa renovable proveniente de cáscaras de girasol, contribuyendo a optimizar el uso de energía y reducir las emisiones de carbono. Está previsto que las obras comiencen este mismo año. Página/12

Fue interceptada junto a dos compañeras cuando ingresaba a su domicilio. Desde AMMAR aseguran que el arresto se dio “inmediatamente después de que las trabajadoras realizaran una intervención ante la muerte dudosa de una de sus compañeras”. Georgina Orellano, referente del Sindicato de trabajadoras Sexuales (AMMAR), fue detenida en la noche de este miércoles junto a sus compañeras Estrella Santana y Victoria Arriondo mientras ingresaba a su domicilio. Activistas y sindicatos se concentraron frente al Ministerio Público Fiscal (Suipacha 150) para exigir su inmediata liberación. Según informaron las organizaciones, la detención se produjo en el marco de un “operativo desproporcionado” que involucró a seis patrulleros de la Comisaría 1C, “inmediatamente después de que las trabajadoras realizaran una intervención ante la muerte dudosa de una de sus compañeras”. Las tres mujeres fueron llevadas primero a la Comisaria 1C, en San Juan 1745, y luego fueron trasladadas a la sede del Ministerio Público Fiscal. Se les acusa por “daño agravado e incendio”, aunque hasta el momento no se ha notificado qué fiscalía interviene en la causa. La audiencia está programada para el mediodía de este jueves. Según denunciaron las organizaciones que reclaman por la libertad de Orellano y sus compañeras, este hecho se inscribe en un contexto de hostigamiento sistemático, con operativos policiales diarios en Constitución. Estas acciones incluyen el robo de dinero, requisas violentas y situaciones de extrema vulnerabilidad, “como el caso de Estrella, quien fue detenida a pocas cuadras de la casa de Georgina y obligada a desnudarse en plena vía pública”, denunciaron las organizaciones. Página/12

La secretaria general de AMMAR pasó la reciente noche detenida junto a otras dos compañeras luego de incendiar un tacho de basura durante el reclamo por la muerte de una trabajadora sexual. La referente sindical denunció un desmedido operativo policial: “Les importa más un tacho que la vida de nuestras compañeras”. Fue interceptada junto a dos compañeras cuando ingresaba a su domicilio. Desde AMMAR aseguran que el arresto se dio “inmediatamente después de que las trabajadoras realizaran una intervención ante la muerte dudosa de una de sus compañeras”. Georgina Orellano, referente del Sindicato de trabajadoras Sexuales (AMMAR), fue detenida en la noche de este miércoles junto a sus compañeras Estrella Santana y Victoria Arriondo mientras ingresaba a su domicilio. Activistas y sindicatos se concentraron frente al Ministerio Público Fiscal (Suipacha 150) para exigir su inmediata liberación. Según informaron las organizaciones, la detención se produjo en el marco de un “operativo desproporcionado” que involucró a seis patrulleros de la Comisaría 1C, “inmediatamente después de que las trabajadoras realizaran una intervención ante la muerte dudosa de una de sus compañeras”. Las tres mujeres fueron llevadas primero a la repartición en San Juan 1745, y luego fueron trasladadas a la sede del Ministerio Público Fiscal. Se les acusa por “daño agravado e incendio”, aunque hasta ese momento no se ha notificado qué fiscalía interviene en la causa. La audiencia está programada para el mediodía de este jueves. En libertad Orellano fue liberada en la tarde de este jueves, junto a sus compañeras Estrella Santana y Victoria Arredondo, tras pasar la noche detenidas en la sede del Ministerio Público Fiscal por tan solo incendiar un tacho de basura durante el reclamo por la muerte de otra trabajadora sexual. La titular de AMMAR explicó que habían acudido a la puerta del hotel porque, a las 4 de la mañana, recibieron la noticia de que “en el pasillo del primer piso, el SAME había constatado la muerte de nuestra compañera Rachel”. “Nos convocamos en la puerta del hotel con velas, porque es un ritual que hacemos con todas nuestras compañeras. así las despedimos”, explicó. Orellano señaló que luego de intentar a hablar con el encargado del hotel y los vecinos y vecinas que alquilan sus habitaciones allí, vieron cómo se colgaba un cartel que decía: “Habitación disponible”. “Ante esa provocación encendimos un tacho. Nuestra vida no vale nada”, se quejó. La titular de AMMAR contó que la muerte de su compañera se debió a que tres chicos en situación de calle pusieron “algo en su bebida” para sedarla y robarle, pero “se les fue la mano”. “No queremos cárcel para los pibes, pero sí Justicia para Rachel. Es una situación difícil”, lamentó. Página/12

El organismo provincial ratificó los trabajos preventivos que se ejecutan junto a municipios y organismos provinciales para garantizar el escurrimiento natural del agua. La Administración Provincial del Agua (APA) advirtió que avanzará contra quienes mantengan taponamientos clandestinos en canales rurales, en el marco de las acciones preventivas que impulsa el Gobierno Provincial ante un posible escenario asociado al fenómeno climático de El Niño. El presidente del organismo, Jorge Pilar, remarcó la importancia de preservar el funcionamiento de la red hídrica provincial para minimizar riesgos y proteger tanto a las comunidades como al sistema productivo chaqueño. “Los canales son las venas y arterias del sistema productivo chaqueño. Deben permanecer libres para garantizar el escurrimiento natural del agua y evitar perjuicios a terceros”, sostuvo el funcionario. En ese sentido, recordó que la provincia cuenta con más de 2.600 kilómetros de canales rurales y destacó que la APA trabaja de manera articulada con la Dirección de Vialidad Provincial en un plan de recuperación, limpieza y mantenimiento de esta infraestructura estratégica para el manejo de los recursos hídricos. Pilar valoró además el compromiso de numerosos productores que implementan prácticas responsables de gestión del agua dentro de sus establecimientos, aunque aclaró que ninguna intervención particular puede afectar el funcionamiento de los canales públicos. “Vamos a acompañar a quienes trabajan y cuidan el recurso hídrico, pero los taponamientos clandestinos constituyen una infracción grave. Quienes los hayan realizado deben retirarlos porque avanzaremos con las denuncias correspondientes”, afirmó. Por último, el titular de la APA subrayó que la prevención, la planificación y el cumplimiento de las normativas vigentes son herramientas fundamentales para reducir el impacto de eventos climáticos extremos y fortalecer la capacidad de respuesta de la provincia ante posibles contingencias hídricas.

Esperaban para ser debatidos los pliegos de cancillería, jueces y el proyecto de Propiedad Privada, impulsado por el oficialismo. El Senado no sesionará este jueves por falta de quórum. Se iba a tratar un pedido de interpelación para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dictamen de comisión y que el oficialismo, representando allí por la jefa de bloque, Patricia Bullrich, iba a buscar frenar. El próximo martes 1 de julio LLA abrirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para darle curso natural a los proyectos para interpelar a Adorni. Hay uno del bloque peronista y otro del PRO, que presentó ayer el jefe de la bancada, Martín Goerling. De esta manera, el oficialismo no logra asomar la cabeza en la Cámara alta con su agenda. Tenía los votos para avanzar en Propiedad Privada y, como hace semanas atrás, ése tema deberá esperar hasta que se despeje el camino del funcionario nacional en esa arena política.

El ex ministro de Educación y ex diputado nacional Esteban Bullrich presentó este jueves su “renuncia irrevocable” al PRO, fundamentándola en “la protección brindada a Manuel Adorni” por ese partido, cuyos legisladores no dieron quórum para tratar una moción de censura contra el funcionario. A través de una carta dirigida a Mauricio Macri, presidente y fundador del PRO, Bullrich, quien se mantiene alejado de la actividad pública debido a una grave enfermedad, sostuvo que “desde hace ya un tiempo me cuesta reconocer en muchas decisiones del partido el espíritu que nos dio origen” como fuerza política. El ex funcionario del Gobierno de Macri señaló que hoy existe “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”. “Mi enfermedad me obligó a mirar la vida desde otro lugar. Me enseñó que el tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”, señaló el ex funcionario de Macri quien se mantiene alejado de la actividad pública debido a una larga y grave dolencia. Dirigiéndose a Macri, manifestó que “el verdadero liderazgo no nace del poder ni del éxito electoral”, sino “de la coherencia entre los valores que proclamamos y las acciones que elegimos cuando esos valores son puestos a prueba”. Agregó que “permanecer en el partido implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”, y subrayó que “la protección brindada a Manuel Adorni fue, para mí, el hecho que terminó de hacer evidente esa distancia”. Aludió, de ese modo, a la actitud tomada por el bloque del PRO en Diputados, que junto a otros aliados del oficialismo impidió avanzar en una posible moción de censura contra Adorni. “Cuando la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética, el liderazgo pierde su sentido más profundo”, aseveró y dijo que “la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”. Bullrich tuvo su pico máximo de relevancia política en 2017, cuado encabezó la lista del PRO en la provincia de Buenos Aires, que derrotó en los comicios de medio término a la de Unidad Ciudadana que lideraba la ex Presidenta Cristina Kirchner. En su carta de renuncia, el ex funcionario macrista le expresó a Macri “un sincero reconocimiento por haber impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino”. Agencia NA

El fiscal general Alberto Gentili solicitó este martes penas de entre 3 años y 9 meses y hasta 24 años de prisión para 27 personas acusadas de integrar una organización internacional que, bajo la figura de la congregación religiosa denominada “Templo Filadelfia” y durante casi cinco décadas, captó y sometió a personas en situación de vulnerabilidad para explotarlas laboralmente y mantenerlas en condiciones de servidumbre. Durante su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de San Martín, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que el caso reúne manifestaciones de “criminalidad organizada, violencia contra la mujer y formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes”, y remarcó la necesidad de valorar la prueba teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad de las víctimas y las asimetrías de poder existentes. Según la acusación, la estructura funcionó al menos entre 1972 y el 1° de diciembre de 2020, con sede central en la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, y anexos en distintos puntos del país, además de Paraguay y Brasil, y afectó al menos a 25 víctimas en situación de vulnerabilidad. Gentili acusó a todos los imputados por asociación ilícita. Asimismo, atribuyó a 25 de ellos los delitos de reducción a la servidumbre y trata de personas con fines de explotación laboral agravada en concurso real, en 18 casos en calidad de coautores, y en siete como partícipes necesarios. La principal acusada, Eva Petrona Pereyra (82) —para quien requirió la pena más alta, de 24 años de prisión—, también deberá responder por abusos sexuales contra cuatro víctimas, dos de ellas menores de edad al momento de los hechos. El fiscal solicitó además el decomiso de 48 inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Córdoba y Río Negro, y de 16 vehículos que, según sostuvo, “se usaron para la comisión de los delitos o que son producto” de ellos. Finalmente, pidió que el monto de la reparación para las víctimas de este caso sea fijado por el TOF, en base al dictamen elaborado por la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), junto a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Esos organismos de la Procuración General de la Nación colaboraron con la instrucción de la causa, que estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 de Morón, Sebastián Basso, y que también contó con la participación de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC). El juicio comenzó el 23 de octubre de 2024 ante el tribunal integrado por los jueces Fernando Machado Pelloni y Walter Venditti y la jueza Claudia Morgese. A lo largo de las audiencias declararon más de 200 testigos. El debate se reanudará el próximo lunes con el alegato de una de las defensas. “Un control absoluto sobre los cuerpos y las mentes” Al desarrollar los fundamentos de la acusación, Gentili afirmó que las víctimas describieron no hechos aislados sino “un proceso, un encadenamiento de una serie de eventos extendidos a lo largo de varios años y verificados en múltiples locaciones geográficas”. “Estos procesos han abarcado una porción significativa del total de la vida de las víctimas y este factor le da una particularidad que sale de la media”, aseguró el representante del MPF. En ese sentido, destacó que los testimonios resultaron “coherentes, cohesionados y consistentes” y permitieron reconstruir mecanismos de “aislamiento, disciplinamiento y alienación”. “En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres, no voy a poder dejar de mencionar la forma particular y groseramente intensa de control absoluto al que fueron sometidos, no solamente sobre sus cuerpos, sino sobre sus deseos y planes de vida”, sostuvo. El fiscal señaló que la organización se valía de mecanismos de persuasión, engaño y coerción que se apoyaban en las condiciones de vulnerabilidad de las personas captadas. También describió una estructura fuertemente jerarquizada que ejercía control mediante vigilancia, castigos, humillaciones y traslados compulsivos entre distintas sedes. “Estos mecanismos de control y coerción de los traslados son una de las múltiples demostraciones de la intensa conciencia de antijuridicidad con que obraba la jerarquía de la organización”, afirmó. Control de la sexualidad, abusos y matrimonios digitados Gentili sostuvo que, dentro de ese esquema de alienación, disciplina y sumisión, las víctimas relataron diversas formas de control sobre su sexualidad y sus vínculos afectivos. Por un lado, el fiscal hizo referencia a los relatos vinculados con agresiones sexuales sufridas por distintas víctimas. En ese sentido, mencionó la existencia de tocamientos, frotamientos y otros avances sobre el cuerpo que, según sostuvo, eran justificados por los integrantes de la organización mediante “supuestos rituales, como las denominadas ‘fiestas del señor’”. El representante del MPF también se refirió a los matrimonios digitados por parte de los cargos jerárquicos de la organización, los mecanismos de humillación o segregación con los hombres o mujeres que tenían preferencias homosexuales. “Las víctimas no solo no podían elegir, sino que les era impuesto en modo heterónomo el quién, el cómo y cuándo. Si se apartaban de tal orden, eran castigadas, humilladas y/o segregadas”, explicó al referirse a la conformación de parejas decidida por la líder de la organización. Explotación laboral El fiscal remarcó que los testimonios coincidieron en describir condiciones de hacinamiento, escasa alimentación, falta de higiene, ausencia de controles médicos y exclusión del sistema educativo formal. Según sostuvo, el objetivo final de la organización era la explotación laboral de las víctimas en tres actividades: tareas domésticas, elaboración y venta de productos panificados y trabajos de albañilería y construcción. “La finalidad última era la explotación laboral, que la estructura jerárquica pudiera aprovechar su fuerza de trabajo sin contraprestación salarial, sin sujeción a ningún régimen de trabajo, sin descanso, sin limitaciones vinculadas a la edad o a la condición física y en circunstancias de absoluta clandestinidad”, afirmó. “En todos los casos, incluidos los niños, niñas y adolescentes, mujeres y hombres,

En la era de Javier Milei, cerraron 26.448 empresas empleadoras, de las cuales el 98% son pymes. Industriales y economistas advierten por el impacto de la apertura importadora, los altos costos y la pérdida de empleo formal. En el gobierno de Javier Milei, se destruyeron 26.448 empresas empleadoras en forma neta hasta marzo de 2026, según datos del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT). En el primer trimestre del año, se perdieron 3.840 compañías, de las cuales más de la mitad cerraron durante marzo (2.011). Del total de empresas dadas de baja desde noviembre de 2023, el 98% son pymes y el 2% restante corresponde a firmas con más de 25 empleados. ¿Qué pasa con el entramado productivo argentino? De las casi 26.500 empresas empleadoras que se dieron de baja, 17.630 tenían un empleado (67%) y otras 3.391, dos trabajadores (13%), según datos desagregados por el economista Fernando Marull. Unas 2.813 tenían entre tres y cinco empleados (11%) y 2.124 entre seis y 25 (8%). Entre las de mayor tamaño, se perdieron 173 empresas con entre 26 y 100 empleados (1%) y 317 con más de 100 trabajadores (1%). Un punto importante en este sentido es que las empresas de uno a cinco empleados concentran el 70% del empleo, según precisaron desde CEPA en respuesta al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien hace tres meses afirmó que estos datos estaban siendo instalados por la oposición y evitó considerar a las empresas más pequeñas. Para tener un parámetro de la situación, solo en el primer cuatrimestre del año se abrieron 92 procesos concursales, es decir, entre enero y abril, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El año pasado se alcanzó un récord de 190 concursos preventivos, un 130% más que en 2023. “Cuando una empresa se presenta a un concurso preventivo es porque está mal, es la antesala de la quiebra”, aseguró a Ámbito Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA). Pymes, en caída libre “El 98% de las empresas que cerraron fueron pymes”, enfatizó Rosato. La situación no muestra perspectivas de mejora. Si bien el ministro de Economía, Luis Caputo, auguró que “estos próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, en la industria la percepción es muy distinta y las pymes lo sufren día a día. Las empresas sostienen que la situación empeora especialmente en el sector pyme e industrial, mientras afirman que la minería aún no despega lo suficiente ni genera el derrame que señala Sturzenegger. Caputo, en su afán de encontrar señales positivas entre números negativos, afirmó días atrás que el “shock externo favorece a la gente y a todas las industrias”, algo que desde el sector aseguran no observar. “Tenemos una gran parte de la industria que no logra recuperarse respecto de 2022, sobre todo construcción, textil, calzado, metalmecánica y autopartista. Muchos sectores todavía están entre 25 y 30 puntos por debajo de 2022. La industria, a nivel general, tiene una caída de 1,7% y, respecto de 2022, del 10%. Me parece bien que la Argentina crezca a nivel general, pero planteamos que hay que mirar todos los sectores”, señaló Martín Rappallini, titular de la UIA, durante una entrevista en un streaming. Rosato estimó que 2026 podría terminar con 600.000 empleos menos, según datos de la SRT. “La situación está empeorando en el sector pyme, seguimos con pérdida de empresas y de empleo”, apuntó. La apertura de importaciones impulsada por el Ejecutivo generó un fuerte impacto sobre el tejido productivo. Muchas empresas se están reconvirtiendo en importadoras o prestadoras de servicios de mantenimiento de maquinaria. Rosato explicó que él mismo hoy brinda servicios al sector minero cuando antes producía, pero advirtió que en ese proceso de reconversión mucha gente queda en el camino. “La gente cobra la indemnización y busca ponerse algo propio, pero esto ya lo vivimos: no todos pueden reconvertirse”, subrayó. En esa línea, el economista Guido Zack, de Fundar, añadió al análisis: “Las empresas están enfrentando una situación muy hostil y es una situación generada por la política pública: un tipo de cambio bajo y, por lo tanto, costos en dólares elevados; altos costos tributarios -porque no hubo una reforma tributaria-; costos burocráticos altos -por más que Sturzenegger tenga muy buena prensa, la verdad es que no cambió sustancialmente la situación-; y costos de financiamiento elevados, que sí bajaron junto con el riesgo país, pero siguen siendo superiores a los de sus competidores. A la par, los costos logísticos son muy altos y crecieron ante la ausencia de políticas públicas. Si a esto se le suma la apertura, es un cóctel muy difícil de soportar para cualquier empresa”. Las empresas no están en contra de la apertura de importaciones, ya que necesitan importar insumos para producir. Sin embargo, sostienen que el principal problema es la competencia desleal. Más allá de los altos costos locales, aparece un actor clave: China, que subsidia parte de su producción. En ese sentido, “la cancha está inclinada a favor de las importaciones porque el productor extranjero no paga Ingresos Brutos, no paga el impuesto al cheque, tiene costos logísticos más bajos y acceso a financiamiento a tasas mucho más competitivas”, señaló Zack. Petróleo y minería brillan, pero el derrame no llega El PBI creció 2,3% en el primer trimestre de 2026, según informó el INDEC. Entre los sectores que impulsaron la expansión económica se destacó Minas y canteras, que incluye la actividad minera y Vaca Muerta, con un crecimiento de 12,3% interanual. Si bien las provincias vinculadas a estas actividades muestran mejores indicadores durante la gestión de Milei, Rosato aseguró que “no se está dando el derrame” que proyectaba Sturzenegger. “En Añelo hay gente desocupada”, afirmó. En esa localidad se encuentra el parque industrial que abastece a las empresas de Vaca Muerta. “Acá no sobra el trabajo, está muy tranquilo. Cuando YPF cerró los yacimientos del sur, mucha gente se fue a

La Municipalidad de Resistencia invita a la comunidad a asistir a la inauguración del Parque Urbano 2 de Febrero, el principal espacio verde de la ciudad y que presentará importantes obras para el disfrute de la gente. Las actividades comenzarán a las 15 horas en la restaurada pista de skate, con una demostración del Grupo de Patinadores Murciélagos y skate. A las 16 horas se presentará la Banda Municipal de Música “Luis Omobono Gusberti” y, para las 17 horas, se desarrollará el acto oficial, con corte de cintas, descubrimiento de placas y la escultura de la artista Mimo Eidman, “Sueños compartidos”. Un show de danzas y música llevará adelante la Escuela Municipal de Artes y, a posteriori, se realizará una clase del programa “Resistencia Baila”. Para las 18 horas se prevé la presentación de la banda “Onda reposera”. Más actividades Durante la jornada habrá otras actividades, como ser para niños, efectuada por la Escuela Municipal de Artes y de la Biblioteca Municipal. También se efectuará una recorrida guiada por el sector, iniciando en el Museum para finalizar en el Parque 2 de Febrero. Se prestarán bicicletas para recorrido por el predio y habrá una pista especial de educación vial para niños. Se prevé la presencia de postas de vacunación antirránica y desparasitación de mascotas. Como parte de la agenda, estarán los emprendedores de la Feria Municipal y Foodtrucks. Por streaming Las alternativas de este acontecimiento se podrán seguir a través del canal institucional de la Municipalidad de Resistencia, https://www.youtube.com/@municipalidad.resistencia y por Instagram @muniresistencia.

El Gobierno designó este jueves a 35 jueces, 26 de los cuales son para juzgados de la Capital Federal y 5 para la Provincia de Buenos Aires, mientras que además nombró a 4 conjueces y 10 vocales. Según diferentes decretos firmados por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, publicados en el Boletín Oficial a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas los siguientes son los magistrados designados: -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 25 de la Capital Federal: Santos Enrique Cifuentes -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal: Juan Pedro Giudici -Jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 de la Capital Federal: Laura Fabiana Kvitko -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 44 de la Capital Federal: Julián Herrera. -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Capital Federal: Nicolás Antonio Pacilio -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 de la Capital Federal: Hugo Fabián Decaria -Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47 de la Capital Federal: Pablo Federico Moya -Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20 de la Capital Federal: Ivana Sandra Quinteros -Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 31 de la Capital Federal: Diego Javier Souto -Juez de Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal: Ricardo Santiago Lombardo -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 80 de la Capital Federal: Ezequiel Javier Sobrino Reig -Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal: Mariano Francisco Amaduri -Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal: Santiago José Jaimes Munilla -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal: Nicolás Ramón Ceballos -Juez del Juzgado Nacional de Menores Nº 2 de la Capital Federal: Ignacio Labadens -Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 4 de la Capital Federal: María Florencia Massa -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 64 de la Capital Federal: Germán Augusto Degano -Juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal: Santiago Alberto Poncio -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 de la Capital Federal: Federico Novello -Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 3 de la Capital Federal: María Laura Ameri -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 95 de la Capital Federal: Juan Martín Balcazar -Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 94 de la Capital Federal: Gabriela Mariel Palopoli -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 5 de la Capital Federal: Javier Alberto Santiso -Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 22 de la Capital Federal: María Agustina Boyajian Rivas -Jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 77 de la Capital Federal: Paula Diana Marinkovic -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Capital Federal: Marcelo Alejandro Peluzzi -Jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata: Jésica Yael Sircovich -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín: Mario Alberto Ferrario -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín: Javier Matías Arzubi Calvo -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín: Juan Manuel Gaset Maisonave -Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de San Martín: Pablo Javier Flores -Juez del Tribunal Federal de Juicio de Formosa: Gerardo Daniel Cacace -Juez del Tribunal Federal de Juicio de Neuquén: Pablo Antonio Matkovic -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 2 de Salta: Diego Anzorreguy -Juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche: Leandro Agustín Gómez Constenla En tanto, fueron nombrados conjueces de los juzgados nacionales de primera instancia en lo civil con competencia exclusiva en asuntos de familia y capacidad de las personas de la jurisdicción de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal a los doctores Ramiro Santo Fare, Raúl Augusto Montesano, Adrián Jorge Hagopian y a la doctora Claudia Inés D´Acunto. También designaron a diez vocales En diferentes decretos se informó además la designación de los siguientes diez vocales: -Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 20: Santiago Quian Zavalía. -Vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala II: Walter Fabián Carnota. -Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 14: Yamile Susana Bernan. -Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III: Emilio Santiago Faggi. -Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital federal, Sala F: Osvaldo Felipe Pitrau. -Vocal de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Vocalía N° 10: Nicolás Grappasono -Vocal de la Cámara Nacional Federal de la Seguridad Social, Sala III: Fernando Strasser -Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital federal, Sala E: Samanta Claudia Biscardi -Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, Sala A: Sebastián Guillermo Soneira -Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala F: Paula Andrea Castro Agencia NA

La reciente reforma al sistema de selección de jueces propuesta por el presidente Javier Milei ha generado un amplio debate en la sociedad argentina. Críticos señalan que esta modificación podría representar un retroceso para la democracia, al flexibilizar los mecanismos de elección y potencialmente concentrar el poder en el Ejecutivo. Organizaciones defensoras de la independencia judicial y expertos en derecho constitucional han expresado su preocupación por la falta de transparencia y participación en el proceso de selección. Argumentan que la reforma podría debilitar los controles y equilibrios necesarios para garantizar un poder judicial autónomo y libre de influencias políticas. Por otro lado, el gobierno defiende la iniciativa, argumentando que busca agilizar y modernizar el sistema judicial, reduciendo la burocracia y mejorando la eficiencia en la administración de justicia. Aseguran que la reforma no comprometerá la independencia judicial y que se implementarán mecanismos de supervisión adecuados. Sin embargo, la controversia persiste, y diversos sectores de la sociedad continúan cuestionando los posibles impactos de la reforma en la calidad democrática del país. La discusión sobre este tema sigue siendo un tema central en los medios de comunicación y en los espacios de debate público. En este contexto, es fundamental que se mantenga un diálogo abierto y constructivo entre las autoridades gubernamentales, las instituciones judiciales y la sociedad civil. Solo a través de un consenso amplio se podrá garantizar que las reformas propuestas fortalezcan el sistema judicial sin comprometer los principios democráticos fundamentales. La situación actual subraya la importancia de la vigilancia y participación ciudadana en los procesos de reforma institucional, asegurando que las decisiones tomadas reflejen el interés general y no favorezcan a intereses particulares. Publicado en Noticias Urbanas

El hecho ocurrió durante la madrugada en la zona sur de Resistencia. Los agentes secuestraron al animal y se iniciaron actuaciones por presunta infracción al Código de Faltas. Personal de la Comisaría Novena de Resistencia intervino durante la madrugada de este miércoles tras un llamado al servicio de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de una persona sospechosa en un domicilio de la ciudad. El procedimiento tuvo lugar cerca de las 5 de la mañana en una vivienda ubicada sobre avenida Ameghino al 3000 aproximadamente. Al arribar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del inmueble, una mujer de 63 años, quien manifestó que momentos antes un hombre había ingresado a su terreno con aparentes intenciones ilícitas. Tras la activación de la alarma de seguridad provocó que el sospechoso escapara a pie sin concretar ningún delito. En su huida dejó abandonado un caballo que habría utilizado como medio de traslado. Ante esa situación, los uniformados secuestraron equino y dieron intervención al Departamento de Seguridad Rural y Ambiental quienes se encargaron del traslado y resguardo del animal. Por el hecho se iniciaron actuaciones por presunta infracción al Código de Faltas, con intervención de la fiscal contravencional de turno, a cargo de Marcela Cortés, informó la policía del Chaco.

La abogada especializada en Derecho Animal, Sonia Sosa, celebró la reciente aprobación de la ley que crea un Régimen Provincial de Protección Animal, pero advirtió que el principal desafío será garantizar su aplicación efectiva y dotar al sistema de herramientas para asistir a los animales rescatados. La reciente sanción del nuevo Régimen Provincial de Protección Animal en Chaco fue recibida con entusiasmo por organizaciones proteccionistas y especialistas que desde hace años impulsan cambios legislativos para fortalecer la protección de los animales. Sin embargo, para la abogada especializada en Derecho Animal, Sonia Sosa, el avance normativo deberá estar acompañado por recursos y políticas públicas concretas para que no quede solo en una declaración de buenas intenciones. “Lo que falta son recursos, permanencia y estructura”, resumió la letrada al analizar el escenario que se abre tras la aprobación de la ley que endurece las sanciones por maltrato y crueldad animal, incorpora la inhabilitación para la tenencia de animales y crea un Registro Provincial de Infractores y un Fondo Provincial de Protección y Bienestar Animal. En diálogo con CIUDAD TV, Sosa destacó que la reforma representa un reconocimiento institucional a conceptos que hasta hace pocos años eran marginales en el debate público. “Para mí es un logro importante que la Cámara de Diputados empiece a manejar términos como animales convivientes y seres sintientes”, señaló. Según explicó, existe una creciente toma de conciencia sobre la necesidad de brindar protección a los animales como sujetos vulnerables, una perspectiva que se viene consolidando dentro del derecho animal. Más herramientas para actuar La especialista valoró especialmente la incorporación al Código de Faltas de conductas ya previstas en la Ley 2242-R, una norma que, según sostuvo, presentaba dificultades para su aplicación efectiva. “Ahora los jueces van a tener herramientas más claras para actuar de manera rápida y eficaz”, afirmó. Entre las modificaciones aprobadas figuran multas más elevadas y sanciones diferenciadas para los casos de maltrato y crueldad animal. La normativa también busca fortalecer la intervención temprana ante situaciones de violencia y facilitar la actuación de jueces y fuerzas de seguridad. No obstante, Sosa remarcó que la aprobación legislativa es apenas el primer paso. “El compromiso ahora es la implementación. Ya teníamos una ley importante, pero muchas veces quedaba a mitad de camino porque faltaban reglamentación y mecanismos concretos para hacerla cumplir”, advirtió. Una señal de alerta frente a otras violencias Durante la entrevista, la especialista insistió en la necesidad de comprender el maltrato animal como un indicador que puede revelar otras situaciones de violencia dentro de los hogares. “Cuando hay crueldad o maltrato animal muchas veces aparecen otros hechos violentos vinculados con niños, adultos mayores o mujeres”, explicó. Por ese motivo, consideró fundamental mejorar los mecanismos de articulación entre organismos judiciales, fuerzas de seguridad y áreas de protección de derechos para detectar contextos de vulnerabilidad y actuar de manera preventiva. El problema de los refugios Más allá de las sanciones, Sosa señaló que uno de los principales desafíos continúa siendo el destino de los animales rescatados. Actualmente, gran parte de esa tarea recae sobre proteccionistas independientes y refugios que funcionan con recursos limitados. “Todos queremos que se intervenga cuando hay maltrato, pero también tenemos que preguntarnos dónde van esos animales después del rescate”, planteó. En ese sentido, mencionó el trabajo que realizan refugios y hogares de tránsito de distintas localidades de la provincia, muchas veces sostenidos exclusivamente por el esfuerzo de particulares. La abogada también llamó a la comunidad a involucrarse de manera activa en el cuidado y protección de los animales. “No se trata de colaborar una sola vez. Es un compromiso a largo plazo y una filosofía de vida”, sostuvo. Capacitación y prevención Sosa destacó además los avances logrados en la capacitación de policías, fiscales y actores vinculados a la protección animal, lo que permitió respuestas más rápidas ante denuncias de maltrato registradas en distintas localidades chaqueñas. En paralelo, adelantó que el próximo 28 de agosto se realizará un curso superior en Derecho Animal destinado a profundizar la formación sobre la temática desde una perspectiva transversal. Mientras celebra la aprobación de una legislación que considera histórica para la provincia, la especialista insiste en que el verdadero desafío recién comienza: transformar las normas en acciones concretas que garanticen una protección efectiva para los animales y contribuyan a prevenir otras formas de violencia dentro de la sociedad.

El Consejo Agroindustrial Argentino y la COPAL le mandaron una carta a la Cámara Alta en rechazo a la iniciativa porque “constituirá una herramienta de coacción judicial susceptible de paralizar sectores estratégicos de la economía nacional”. La propuesta podría llevar a penas de hasta 25 años de prisión. Mientras vive récord de exportaciones, baja de retenciones, leyes como la de Inocencia Fiscal y la libre disponibilidad de dólares a su antojo, el sector agroindustrial va por más. Ahora se opone a un proyecto en el Senado que busca incorporar la figura de «ecocidio» al Código Penal. La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), los mismos que promueven el quite de los octógonos negros y el etiquetado frontal en las góndolas, le enviaron una carta a los senadores, para expresar la “profunda preocupación del sector productivo, agroindustrial y alimenticio” frente al avance parlamentario del dictamen de mayoría de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable. El proyecto, impulsado por la senadora chubutense Edith Terenzi, de Despierta Chubut, que obtuvo dictamen favorable en esas comisiones, plantea crear un nuevo capítulo dentro del Código Penal bajo el título “Delitos contra el ambiente” y tipificar conductas vinculadas con daños ambientales especialmente graves, extensos, duraderos o irreversibles. También contempla la responsabilidad penal de empresas y agravantes para funcionarios públicos que intervengan en hechos de esta naturaleza. Según el texto, el ecocidio se configura cuando se provoca un daño irreversible o especialmente grave al ambiente en violación de normas de protección ambiental. Para esos casos, la iniciativa prevé penas de prisión de tres a diez años, además de multas económicas. Cuando el daño sea irreversible, las penas podrían elevarse de cinco a quince años. El proyecto establece que, si como consecuencia del hecho fallece una persona, la pena será de cinco a veinticinco años de prisión. Si las víctimas fatales fueran dos o más, el mínimo previsto ascendería a diez años. La iniciativa también incorpora agravantes cuando participe un funcionario público. En esos supuestos, las penas se incrementarían en un tercio en su mínimo y máximo, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Otro eje de debate es la incorporación de la modalidad culposa: el proyecto no se limita a conductas intencionales, sino que también contempla supuestos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes, aunque con penas reducidas. Ecocidio: una figura penal que hoy no existe El proyecto cita antecedentes internacionales de países como Francia, Bélgica, Colombia, Chile y Bolivia, además de iniciativas debatidas en el ámbito de la Unión Europea. En los fundamentos, Terenzi sostiene que la legislación argentina presenta un vacío en esta materia, ya que el Código Penal no regula los delitos ambientales como una categoría autónoma. La senadora argumenta que la creciente degradación de los ecosistemas exige una respuesta penal más clara y eficaz. Durante su exposición en la aprobación del dictamen, la senadora afirmó: «Hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo con esta ley, que le llamamos ‘de ecocidio’, pero en realidad es una tipificación de los delitos ambientales. Hemos logrado, a través de reuniones de asesores, enriquecerlo, abrir a las sugerencias que hicieron varios senadores. Las definiciones de ‘daño ambiental irreversible’ y ‘daño ambiental especialmente grave’ y definir taxativamente el término ‘ambiente’ y la extensión espacial del daño ambiental, son características que necesitábamos que quedaran claramente definidas en el texto del artículo 77 del Código Penal». Además remarcó «la posibilidad de sancionar con multas –multas muy altas, muy gravosas en términos de salario mínimo, vital y móvil–, y en el caso de personas jurídicas, además de la multa, la suspensión de actividades, de la participación en concursos estatales y de beneficios estatales, y finalmente la publicación de la condena en algunos medios de comunicación». El rechazo de ruralistas Desde la Sociedad Rural cuestionaron la amplitud de conceptos como “daño ambiental especialmente grave” o “daño irreversible”, por considerar que podrían habilitar interpretaciones demasiado abiertas. También señalaron que el texto podría afectar inversiones y criminalizar actividades productivas bajo definiciones poco precisas. “Es sorprendente este proyecto de ley. Entendemos que esto viene por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que se puso muy nervioso por los incendios y, en vez de legislar en su provincia, impulsa una ley nacional”, afirmó a LN Andrés Costamagna, director de la entidad. «Se contradice con lo que el presidente dice. Toma de base Naciones Unidas y el cambio climático –agregó–. Nace de una persona del PRO [la senadora autora era de JxC] pero parece redactado por alguien de izquierda, no entendemos nada. No discrimina absolutamente nada y deja conceptos tan difusos que cualquier cosa va a poder ser interpretada como daño ambiental. Según este proyecto, todo puede ser daño ambiental. Meter presos a quienes causan daño ambiental suma votos, pero después también hace que los inversores no vengan nunca más”. Las críticas también llegaron desde la Federación de Acopiadores de Granos. Su presidente, Fernando Rivara, advirtió que el proyecto no define con claridad quién determinará la existencia de un daño ambiental irreversible o especialmente grave, ni bajo qué criterios técnicos o judiciales se evaluará cada caso. «Una herramienta de coacción judicial» “Hemos tomado conocimiento que el día 23 de junio el Bloque de LLA ha retirado su apoyo al dictamen. Si bien compartimos el imperativo de preservar los recursos naturales en el marco del artículo 41 de la Constitución Nacional, el texto consolidado en el Dictamen de la Orden del Día Nº 122/2026 adolece de graves defectos de técnica legislativa que vulneran el principio de legalidad penal y comprometen la seguridad jurídica indispensable para el desarrollo de las actividades agrícolas, forestales, ganaderas, mineras e industriales del país”, indica la carta de la agroindustria alimenticia. Y agrega: “De aprobarse en sus términos actuales, la normativa constituirá una herramienta de coacción judicial susceptible de paralizar sectores estratégicos de la economía nacional”. El CAA y la COPAL también plantean que, en la reforma propuesta para el Artículo 77 del Código Penal,

El gobernador Axel Kicillof giró en las últimas horas tres proyectos de ley a la Legislatura bonaerense que había anunciado en la apertura de sesiones del año del 2 de marzo. Por un lado, envió el proyecto para regular el trabajo en las plataformas digitales y, por otro, ingresó dos proyectos relacionados con la salud: uno para fabricar medicamentos y otro para integrar el sistema de salud público y privado en territorio bonaerense. Las iniciativas fueron ingresadas horas antes de que se realizara la primera sesión ordinaria del año del Senado provincial. De esta manera, los expedientes tomaron estado parlamentario en el encuentro que presidió la vicegobernadora Verónica Magario y que tuvo reiterados cruces con el presidente del bloque de Fuerza Patria, Sergio Berni, dejando expuesta una vez más la interna que enfrenta a axelistas y cristinistas. El primer proyecto busca regular de manera integral la actividad de delivery de plataformas digitales en la provincia de Buenos Aires, en un contexto que el Ejecutivo considera marcado por la informalidad laboral y la falta de derechos garantizados. La iniciativa propone crear un registro oficial de trabajadores del sector, establecer seguros obligatorios y desarrollar una aplicación estatal con herramientas de seguridad y asistencia. «Hablamos de miles de bonaerenses que reparten, conducen o trabajan a través de aplicaciones y que hoy quedan fuera de toda protección», señaló Kicillof el día de la asamblea legislativa, cuando anticipó que su gobierno trabajaba en este proyecto de ley. Y agregó: «Mientras a nivel nacional se los excluye del marco general de derechos, nosotros proponemos lo contrario: inclusión, reconocimiento y reglas claras». ¿Qué propone la ley para trabajadores de plataformas? El proyecto crea un «Plan Integral y Registro de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales», bajo la órbita del Ministerio de Trabajo bonaerense, que será la autoridad de aplicación y coordinará acciones junto a las áreas de Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno. Entre los principales puntos, se destaca el desarrollo de una aplicación oficial integrada con MiPBA y compatible con herramientas como Cuenta DNI, que permitirá registrar trabajadores, acceder a servicios y generar estadísticas sobre la actividad. Esta app incluirá un botón de pánico conectado con fuerzas de seguridad y otro botón de emergencia sanitaria para casos de accidentes en la vía pública. Además, el texto establece que las empresas de plataformas deberán contratar seguros obligatorios que cubran muerte accidental, invalidez y asistencia médica durante la jornada laboral y también en los trayectos. El objetivo es fijar «un piso mínimo de protección» frente a los riesgos propios de la actividad, especialmente los vinculados a la siniestralidad vial. La iniciativa también obliga a las plataformas a informar cantidad de trabajadores activos, situación laboral, promedio de horas trabajadas e ingresos medios, con el objetivo de mejorar la fiscalización y transparentar el funcionamiento del sector. Otro de los ejes apunta al control de las denominadas «tiendas invisibles» o centros de distribución utilizados por las apps. El proyecto prevé inspecciones y georreferenciación de estos espacios para garantizar condiciones laborales adecuadas tanto para trabajadores internos como repartidores. Medicamentos y sistema de salud En materia de Salud, Kicillof reenvió al Senado el proyecto de ley que crea un laboratorio público de medicamentos, una iniciativa impulsada por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que si bien tuvo media sanción en la Cámara de Diputados durante 2024, se cayó a fines de 2025 por falta de tratamiento en el Senado. La iniciativa crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense –con la figura legal de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria– que podrá desarrollar, producir, comprar y vender vacunas, insumos, productos médicos, equipamiento y otros insumos para la salud. La propuesta confronta abiertamente con las políticas de Javier Milei al crear un laboratorio público de medicamentos con el objetivo de incidir en la regulación de los precios de esa industria y abastecer parte del mercado bonaerense. «No hace falta ser comunista ni soviético para tener en claro que cualquier persona debería poder acceder a los medicamentos que necesita, independientemente de su condición económica», señaló el gobernador en marzo cuando adelantó que volvería a enviar el proyecto al Parlamento. Y acotó: «La salud no puede depender exclusivamente del mercado. En realidad, depende de la decisión política de cuidar de nuestro pueblo. Hoy en la Argentina se está aplicando un modelo económico que enferma». El tercer proyecto girado a la cámara alta propone la creación del Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), destinado a articular el funcionamiento de los subsectores público, privado y de la seguridad social bajo la rectoría del Estado provincial. Según el texto enviado por el Ejecutivo, la iniciativa busca establecer un marco jurídico integral para la organización, coordinación y fortalecimiento del sistema de salud bonaerense, con el objetivo de garantizar el acceso universal a servicios sanitarios en todo el territorio provincial. El proyecto parte del diagnóstico de que actualmente existe una fuerte fragmentación en el sistema de salud, con superposición de prestaciones, diferencias territoriales y dificultades en la continuidad de los cuidados. Entre los principales lineamientos del SIPBA se destacan «la regionalización sanitaria, el fortalecimiento de la atención primaria y la consolidación de una red de atención y cuidados articulada por niveles de complejidad». Según explicaron desde la cartera de Salud a Tiempo se trata de «una serie de políticas y herramientas que se vienen implementando y acordando en el uso en todo el sistema de salud» y lo que se busca es «institucionalizarlo por ley» para «robustecerlas». En lo que hace a la digitalización, por ejemplo, desde la pandemia se puso en marcha el sistema de gestión de camas, los turnos web para los centros de salud y la Historia de Salud Integrada (HIS) de cada paciente, entre otras medidas. Los proyectos iniciarán ahora su camino por las comisiones correspondientes del Senado en busca de sortear el filtro de los bloques políticos y llegar al recinto. Tiempo Argentino

El sindicato rechazó el régimen de retiros voluntarios oficializado por la Administración de Parques Nacionales y advirtió que las áreas de quienes adhieran serán suprimidas. Rodolfo Aguiar acusó al Gobierno de buscar el “desguace” y la privatización del organismo. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la aprobación del régimen de retiros voluntarios en la Administración de Parques Nacionales y denunció que se trata de un “intento de despidos masivos encubiertos”. Frente a esta situación, el sindicato convocó asambleas en todos los sectores de trabajo del organismo y anticipó que en las próximas horas definirá medidas de fuerza. “Desde ATE no vamos a aceptar este plan de retiros voluntarios que vulnera todos los derechos adquiridos por los trabajadores y que en la práctica se transforma en un intento de despidos masivos. Quieren iniciar la privatización de todos los parques nacionales y no los vamos a dejar. Son ellos los responsables de que crezca la conflictividad”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. ”Drástica reducción” de personal en Parques Nacionales El régimen fue oficializado a través de la Resolución 191/2026 de la Administración de Parques Nacionales. En su anexo se detalla que “las funciones correspondientes al personal que adhiera al presente sistema de retiro voluntario quedarán suprimidas a partir de la fecha de su baja, no pudiendo ser nuevamente cubiertas bajo ninguna modalidad de contratación o designación”. Para ATE, esa disposición confirma que la iniciativa no apunta solamente a reducir la planta de personal, sino que implica un proceso de desguace de áreas del organismo. “A través de los retiros voluntarios, el Gobierno no solo pretende lograr una drástica reducción del recurso humano sino que también pretende el desguace casi completo del organismo”, sostuvo Aguiar. “Quieren hacer desaparecer el organismo” El dirigente agregó que, a diferencia de otros programas similares, en este caso se establece expresamente la supresión de las áreas a las que pertenecen los trabajadores que eventualmente adhieran. “Quieren hacer desaparecer un organismo absolutamente necesario para el pueblo y que ha logrado un alto prestigio a lo largo de la historia”, concluyó. En la misma línea, el secretario de Organización de la Junta Interna de ATE Parques Nacionales, Leonardo de Gennaro, afirmó que el retiro voluntario es “una herramienta más de agresión” contra los trabajadores y trabajadoras del organismo. “El organismo en sí viene sufriendo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Somos un organismo de conservación. Somos guardianes del territorio y estas son políticas que van en contra de nuestra soberanía, de nuestra independencia y en contra del resguardo de nuestros recursos”, apuntó. Cómo funciona el programa de retiros voluntarios El esquema de retiro voluntario prevé el pago de una gratificación extraordinaria de egreso calculada según la antigüedad. Para quienes tengan hasta 60 años, el monto equivale al 90% de la remuneración bruta mensual por cada año de servicio reconocido. En el caso de los agentes de 61 años o más, el porcentaje se reduce al 85%. Además, se fijaron topes máximos de 24 haberes brutos para quienes tengan entre 61 y 63 años, y de 12 haberes brutos para quienes tengan 64 años o más. La compensación se abonará en tres desembolsos. El primero, equivalente al 35% del monto total, será liquidado en una sola cuota a los 15 días corridos del dictado del acto administrativo correspondiente. El 65% restante se pagará desde los 30 días posteriores al primer desembolso, dividido en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas, del 32,5% cada una. Desde el sindicato señalaron que la medida responde a una orden directa de la Jefatura de Gabinete y recordaron las expresiones públicas de Manuel Adorni, quien en febrero anunció un ajuste del 20% de los trabajadores sobre un total de 2.100 empleados de planta permanente y contratados. ATE también denunció que el recorte se profundiza mediante paritarias ubicadas sistemáticamente por debajo de la inflación. Según el gremio, esa política ya provocó una caída del 43% en el poder adquisitivo de los ingresos del sector. Mundo Gremial

En el marco de la cumbre que tiene lugar en Tánger, Marruecos, donde más de 3.000 líderes políticos y expertos analizan los desafíos de las administraciones municipales, el jefe comunal de Machagai aseguró hay un “cambio de paradigma”, y que el Chaco “tiene todo para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”. “Este foro no sólo es útil para abordar temas estratégicos como la vivienda, las finanzas locales, la salud pública, los sistemas alimentarios y la prevención de conflictos: nos permite entender el giro de 180 grados que está viviendo el planeta; es discutir la organización del Estado de abajo hacia arriba haciendo foco en el ser humano”, subrayó García. Para el dirigente chaqueño, que viajó a Marruecos en representación de la Federación Argentina de Municipios, hay una visión colectiva de que los cambios geopolíticos actuales “están dejando a las personas al costado del camino en nombre de una hiper-productividad que tiene un puñado de ganadores y millones de perdedores”. “El Estado nacional necesita los dólares de la minería y Vaca Muerta, pero Machagai, Las Breñas, Miraflores, necesitan caminos para los productores, médicos para los hospitales, actividad para el comercio, y un gobierno provincial capaz de articular esas demandas”, abundó. “Es mentira que el mercado se regula solo; es el Estado el que debe decir ‘si en esta localidad se produce algodón, les dejo esta ruta como un billar para que lo puedan comercializar, les brindo herramientas para que sea más competitivos que los chinos’; ‘si estos pueblos fabrican muebles, solvento un polo industrial’, y así. El problema es que nos quieren correr el arco”, abundó. “Quienes tenemos la responsabilidad de resolver los problemas de la gente somos muy parecidos en todos los pueblos y ciudades del mundo. Somos vecinos, familiares, amigos, compartimos todo, y sabemos que primero está el plato de comida, el pavimento, el agua corriente, pero que si a la gente le das la oportunidad, el progreso está garantizado. Esa es la diferencia de nuestra mirada sobre la política: no la vemos como un tablero de ajedrez”, evaluó. “Cuando los colegas de otros países nos preguntan cómo es vivir en un régimen libertario y les hablamos de las rutas detonadas, de la salud en terapia intensiva, de comercios que cierran todos los días, del Estado en retirada, confirman sus sospechas sobre el tecno-capitalismo. La conclusión es la misma en todo el planeta: hay que volver a la fuente, la comunidad organizada”.

En el marco del 114° aniversario de Lapachito, el gobernador Leandro Zdero inauguró la primera Comisaría de la localidad, un hecho histórico para la comunidad que hasta ahora contaba únicamente con un destacamento dependiente de La Verde. La nueva dependencia policial representa una respuesta a un reclamo de larga data de los vecinos y forma parte del Plan Integral de Seguridad que impulsa el Gobierno provincial en todo el territorio chaqueño. “Después de mucho tiempo y por primera vez en la historia de Lapachito, la localidad tiene su propia Comisaría. Este fue un compromiso que asumimos junto al intendente el año pasado, justamente en un aniversario de la localidad, y hoy lo estamos cumpliendo”, expresó el gobernador, acompañado del intendente Roberto Domínguez. Zdero destacó ayer que la creación de la Comisaría no solo implica la inauguración de un edificio, sino también la designación de un comisario y personal policial permanente para brindar una mejor respuesta a los vecinos. “Esto colabora con la seguridad de la localidad y forma parte de un plan estratégico que hemos fijado claramente en materia de seguridad. Estamos fortaleciendo los recursos humanos, incorporando equipamiento y mejorando la infraestructura policial para atender cada una de las demandas de los chaqueños”, remarcó. Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la fuerza policial fue posible gracias a la reapertura de la Escuela de Policía, que permitió incrementar la cantidad de efectivos para distribuirlos en distintos puntos de la provincia. “La seguridad es una cuestión de Estado. Queremos que la gente viva tranquila, en paz, y por eso avanzamos tanto en las ciudades como en las zonas rurales con una visión integral”, sostuvo. Compromiso cumplido Por su parte, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, aseguró que la habilitación de la nueva dependencia constituye un compromiso asumido con la comunidad y una decisión política del gobernador. “Por primera vez Lapachito tiene autonomía policial. Hasta hoy dependía de La Verde y desde ahora contará con una comisaría propia para atender la demanda de seguridad de todos los habitantes del pueblo y de las colonias cercanas”, afirmó. El funcionario destacó además las mejoras realizadas en el área de atención a víctimas de violencia de género y anticipó que el Gobierno continuará fortaleciendo la seguridad rural mediante la instalación de nuevas cámaras de vigilancia estratégicamente ubicadas en distintos puntos del territorio provincial. “Ya tenemos cámaras rurales funcionando y próximamente incorporaremos nuevos dispositivos operados por la propia Policía del Chaco, optimizando recursos y garantizando respuestas más rápidas”, explicó. Hecho histórico para Lapachito El jefe de Policía del Chaco, Fernando Romero, celebró la concreción de la obra y recordó que durante décadas la localidad dependió de otras jurisdicciones para la atención de los hechos de seguridad. “Hace un año se inició esta gestión y hoy estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Esta nueva unidad de orden público viene a brindar una respuesta concreta a una demanda histórica de los vecinos”, indicó. Romero explicó que la dependencia contará con jefe, personal subordinado y recursos propios para desarrollar tareas de prevención y asistencia a la comunidad. Nueva etapa para la seguridad Durante el acto también fue presentado oficialmente el comisario Mauricio Rivero como primer jefe de la flamante dependencia policial. “Estoy muy contento y orgulloso de ser el primer jefe de esta comisaría. Vamos a trabajar para servir a la comunidad las 24 horas del día, brindando la mejor atención posible y demostrando nuestro compromiso con los vecinos”, expresó. La inauguración de la nueva comisaría marca un hito para Lapachito, que después de 114 años de historia cuenta por primera vez con una dependencia policial propia, fortaleciendo la presencia del Estado y mejorando las condiciones de seguridad para toda la comunidad.

La intervención de los agentes permitió asistir a la víctima, garantizar su protección y poner al presunto agresor a disposición de la Justicia. Efectivos de la Comisaría Séptima Metropolitana detuvieron este miércoles a un hombre de 31 años acusado de lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, tras la denuncia realizada por su pareja en la ciudad de Resistencia. La intervención tuvo lugar alrededor de las 17, cuando una mujer de 29 años se presentó en la unidad policial acompañada por sus hijos menores de edad. Los agentes constataron que presentaba lesiones visibles en el rostro y el cuello, manifestó que había sido agredida por su pareja el día anterior y que el hombre seguía con una conducta violenta en el domicilio familiar. Ante la situación, el personal policial brindó inmediata asistencia a la víctima, trasladándola a Medicina Legal para su examen y posteriormente al Departamento de Violencia Familiar y de Género, donde formalizó la denuncia y solicitó la intervención judicial. En forma paralela, los efectivos realizaron la conducción del presunto agresor hacia la dependencia policial, para resguardar la integridad de la denunciante y de los menores presentes. Posteriormente, y tras la recepción de las actuaciones remitidas por el Departamento de Violencia Familiar y de Género, la Fiscalía de turno dispuso la aprehensión e identificación del hombre en la causa por “Supuestas lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género”. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las diligencias para el esclarecimiento de los hechos.