Autor: Redacción General

La coordinadora Carolina Meiriño recibió hoy al Comandante de la III Brigada de Monte del Ejército Argentino, Coronel Daniel Alejandro Guerra, para avanzar en criterios de trabajo conjunto y fortalecer la coordinación ante posibles situaciones de emergencia en la provincia. Durante el encuentro, Meiriño presentó el funcionamiento y la sede del Comité Provincial de Emergencia, que funciona en Casa de Gobierno, las tareas que se vienen desarrollando y los mecanismos de coordinación previstos para actuar de manera organizada ante posibles escenarios que requieran una respuesta conjunta. “Nos reunimos con el comandante de la III Brigada del Monte para aunar criterios para la contingencia y posibles emergencias, en un trabajo conjunto y mancomunado con las fuerzas, como nos pide el Gobernador Leandro Zdero”, explicó Meiriño, acompañada del ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el subadministrador de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini; y el subsecretario de Municipios, Marcelo Barrios.  En este sentido, destacó la importancia de avanzar con una planificación previa y con canales de coordinación entre los distintos organismos. “La prevención y la articulación son fundamentales. Estamos preparados para eventuales situaciones que se puedan dar y vamos a trabajar en conjunto”, señaló. La coordinadora remarcó además que el Comité busca consolidar una respuesta integral, sumando las capacidades de las distintas instituciones. “Le presentamos al comandante la sede del Comité, el trabajo que venimos haciendo y las herramientas con las que contamos, para fortalecer la coordinación y poder dar una respuesta rápida y organizada cuando sea necesario”, agregó. La reunión forma parte de las acciones de planificación y prevención que lleva adelante el Gobierno provincial para fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, promoviendo el trabajo articulado entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad y las instituciones que puedan intervenir ante una contingencia

La obra contempla más de 1.500 metros cuadrados, nuevos consultorios y un acceso independiente por la avenida 9 de Julio. La inversión supera los $290 millones y permitirá mejorar la atención ambulatoria y facilitar el acceso de pacientes de toda la provincia. El gobernador Leandro Zdero estuvo este miércoles en las obras de los nuevos consultorios externos del Hospital Julio C. Perrando, en Resistencia, una intervención que permitirá mejorar las condiciones de atención para pacientes y trabajadores del principal hospital de referencia de la provincia. La obra es el resultado de los recursos obtenidos a través de las subastas de bienes del Estado en desuso, que la actual gestión destina a obras consideradas prioritarias en áreas como salud y educación. “Son obras trascendentales en salud, que también se hicieron gracias a las subastas de bienes del Estado y que nos permitieron tener recursos para avanzar con los consultorios externos, que brindarán mejores servicios a quienes vienen al hospital”, señaló Zdero. En ese sentido, el gobernador remarcó: “Cuando se preguntaba de qué se iba a utilizar el dinero de las subastas, esta es una respuesta. Todos los recursos que vamos administrando y que vienen fundamentalmente de la subasta, lo que vamos garantizando es que se vuelquen a obras y temas prioritarios en la provincia”. Más de 1.500 metros cuadrados y nuevos consultorios El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, explicó que se trata de la tercera obra que se ejecuta con fondos provenientes de las subastas y destacó el proceso de recuperación y puesta en valor de distintos espacios del sistema sanitario. “Esta es la tercera obra que viene con dinero de la subasta. Ya terminamos el centro de salud de Villa Río Negro, estamos trabajando en el Centro Odontológico Santa Polonia y ahora iniciamos esta obra de los consultorios externos del Hospital Perrando”, detalló. La intervención comprende más de 1.500 metros cuadrados, con una inversión superior a los $290 millones, y contempla la construcción de consultorios destinados a distintas especialidades. Además, el nuevo sector tendrá acceso independiente por avenida 9 de Julio, lo que permitirá reducir los desplazamientos internos que actualmente deben realizar los pacientes para llegar a los servicios ambulatorios. Domínguez señaló además que actualmente se encuentran en ejecución 11 obras dentro del Hospital Perrando, entre ellas trabajos vinculados a instalaciones y sectores necesarios para poner en funcionamiento el angiógrafo. Acceso más directo e inclusivo El secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, destacó que la obra constituye una respuesta concreta al destino de los fondos obtenidos mediante las subastas de bienes en desuso. “Con los fondos obtenidos de la subasta de bienes en desuso, el Estado provincial invierte en obras de trascendencia para la ciudadanía, como estos nuevos consultorios para el Hospital Perrando”, afirmó. Ferro explicó que los nuevos espacios permitirán brindar atención en especialidades como endocrinología, otorrinolaringología, oftalmología y neurología, entre otras. “Actualmente, una persona que viene a una consulta debe trasladarse entre 300 y 400 metros dentro del hospital. Con esto vamos a dar inclusión real, porque los consultorios externos van a contar con un acceso independiente sobre avenida 9 de Julio”, indicó. También destacó la incorporación de un espacio de oftalmología pediátrica, que permitirá brindar atención específica a niños y niñas sin necesidad de compartir el mismo sector destinado a pacientes adultos. Una obra que mejora la atención y las condiciones de trabajo El ministro de Salud, Ricardo Mayol, destacó la importancia de continuar modernizando la infraestructura del Hospital Perrando, al que definió como uno de los establecimientos emblemáticos del sistema sanitario chaqueño. “Es un hospital emblema de la salud de la provincia y debe estar acorde, con el confort necesario para el paciente, para el personal que trabaja y para quienes esperan”, sostuvo. El funcionario también señaló que se avanza en la informatización de las historias clínicas y en mejoras vinculadas a servicios como neurología, endocrinología y el Laboratorio Central. Por su parte, la directora del Hospital Perrando, Andrea Mayol, explicó que los servicios de neurología y endocrinología actualmente funcionan en un sector posterior del establecimiento, lindero a calle Olazábal. “Mejorar el acceso a estos servicios es muy importante porque tienen aproximadamente 1.000 consultas mensuales de pacientes de toda la provincia”, explicó. La directora también informó que se encuentra en marcha el traslado y reorganización del archivo histórico del hospital, que contiene alrededor de 400.000 historias clínicas correspondientes a pacientes que estuvieron internados o fueron atendidos a lo largo de los años. De esta manera, la obra de los nuevos consultorios externos permitirá mejorar la accesibilidad, ordenar la circulación interna y fortalecer la atención ambulatoria en uno de los principales establecimientos de referencia sanitaria del Chaco.

El indicador sube hasta los 556 puntos básicos y acumula una fuerte suba desde el piso de 402 puntos alcanzado en julio. Los bonos Globales se hunden hasta 1,1% y acumulan pérdidas de hasta 3% en las últimas cinco ruedas. El riesgo país sube hasta los 556 puntos básicos este miércoles 23 de septiembre y vuelve a quedar bajo presión, en una jornada en la que los bonos argentinos profundizan las pérdidas y las acciones operan mayormente en baja. Es la octava rueda consecutiva en la que sube: el indicador había avanzado 4,1% el martes hasta los 555 puntos y ahora se ubica más de 150 puntos por encima del piso de 402 puntos registrado el 10 de julio. En este contexto, los bonos Globales se hunden hasta 1,1% en el mercado estadounidense, encabezados por el GD46, mientras que en las últimas cinco ruedas acumulan pérdidas de hasta 3%. Los Bonares, en tanto, también operan con mayoría de bajas y llegan a acumular un deterioro de hasta 3,4% en el mismo período. Cotizaciones a la baja en Wall Street A nivel local, el S&P Merval cae 0,4% a 2.986.201 puntos básicos. En ese marco, las acciones líderes bajan en su mayoría. La mayores caídas se dan en Banco Supervielle (-1,9%), BBVA (-1,8%), y Aluar (-1,4%). A nivel externo, la tendencia se mantiene, con la mayoría de ADRs cayendo. El mayor retroceso se da en BBVA, que cae -1,4%. En ese marco, los títulos soberanos Globales (emitidos bajo legislación neoyorkina) se hunden hasta 1,1% en el mercado estadounidense, encabezados por el GD46. Y en las últimas cincos ruedas acumulan pérdidas de hasta 3%. Los Bonares (de jurisdicción argentina), en tanto, cotizan con mayoría de bajas y en las últimas cinco jornadas acumulan un deterioro de hasta 3,4%. Ante este escenario, el riesgo país gana presión y sube 0,2% en el día para llegar hasta lo 556 puntos. El martes subió 4,1% y alcanzó los 555 puntos básicos. Así, se ubica más de 150 puntos por encima del piso de 402 puntos básicos alcanzado el 10 de julio. En septiembre acumula una suba del 8,6%. Cotización del tipo de cambio En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 23 de septiembre el dólar oficial minorista cotiza a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta en el Banco Nación, sin cambios respecto al cierre de este martes. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, cotiza a $1.516. Por su parte, el dólar blue se mantiene estable en la zona de los $1.540 para la compra y $1.560 para la venta. En los mercados financieros, el dólar MEP opera a $1.535, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.601. Perfil

El vocal del organismo, Germán Landriel, alertó por una serie de intentos de estafa dirigidos a afiliados mediante llamadas telefónicas y publicaciones falsas en redes sociales. Recomendó no brindar información, cortar la comunicación y conservar todas las pruebas para realizar la denuncia. El INSSSEP activó una campaña de prevención ante una serie de denuncias de afiliados que recibieron llamados y contactos falsos en los que delincuentes se hicieron pasar por representantes del organismo. Según explicó el vocal Germán Landriel, los estafadores utilizan el logo y temas habituales del Instituto para generar confianza y obtener datos que luego pueden ser utilizados para acceder a cuentas, solicitar préstamos o incluso vaciar fondos. En declaraciones a CIUDAD TV, Landriel señaló que ya se registraron denuncias tanto en las oficinas del organismo como a través del programa “INSSSEP en territorio”. Según relató, los afiliados se presentan con capturas, números telefónicos y otros elementos que permiten advertir distintas modalidades de engaño. “Estos delincuentes tienen preparado todo un texto, una oralidad, como si fueran médicos incluso”, explicó. El objetivo, según describió, es llevar progresivamente a la persona a revelar información personal o financiera. El funcionario remarcó la magnitud del universo potencialmente afectado: el INSSSEP cuenta con cerca de 150.000 afiliados titulares y, sumando afiliados indirectos y voluntarios, brinda cobertura a unas 270.000 personas en toda la provincia. El INSSSEP no llama por teléfono a sus afiliados Uno de los principales puntos de la campaña de prevención es aclarar cómo se comunica oficialmente el organismo con sus afiliados. “El INSSSEP como organismo, históricamente no va a llamar al afiliado por teléfono, mucho menos llamada de WhatsApp. No lo hace, no lo va a hacer”, enfatizó Landriel. El funcionario explicó que el mecanismo habitual de comunicación es el correo electrónico que cada afiliado incorpora a su expediente cuando realiza un trámite. Por ese medio el organismo puede establecer contacto, pero no solicita datos personales mediante llamadas telefónicas. “Cuando estamos ante una situación de esta, es un intento de un hecho delictivo, hay que cortar la llamada inmediatamente”, recomendó. Landriel insistió en que los afiliados ya proporcionan sus datos al organismo cuando realizan trámites, por lo que no existe motivo para que vuelvan a entregarlos durante una llamada inesperada. Usan redes sociales y logos del organismo Una de las modalidades detectadas consiste en publicaciones falsas en Facebook que utilizan la imagen institucional del INSSSEP para captar la atención de los afiliados. Landriel relató el caso de una vecina de Resistencia que observó una publicación vinculada a un supuesto beneficio o seguro. Al hacer clic sobre el contenido, fue derivada directamente a una llamada telefónica en la que una persona atendió del otro lado. El vocal remarcó que incluso el horario puede ser una señal de alerta: “Domingo a la siesta, ahí uno dice: INSSSEP no trabaja, no son horarios”. También se detectaron llamadas en las que los delincuentes mencionan trámites reales que habitualmente realizan los afiliados. Por ejemplo, pueden preguntar por gestiones relacionadas con un familiar o con algún beneficio, aprovechando que se trata de situaciones que forman parte de la actividad cotidiana del organismo. De esa manera, buscan generar credibilidad y obtener información que posteriormente podría utilizarse para acceder a cuentas bancarias o gestionar créditos y préstamos. Investigan cómo obtienen los datos de los afiliados Uno de los aspectos que permanece bajo investigación es cómo los autores de estas maniobras logran identificar a personas que efectivamente son afiliadas al INSSSEP. Landriel confirmó que se trata de una de las cuestiones que está siendo analizada y que genera preocupación dentro del organismo. “Llama mucho la atención esto, y es materia de investigación”, señaló, al referirse a la facilidad con la que los estafadores logran establecer contacto con personas que forman parte del padrón de afiliados. El vocal explicó que existe una comisión interna de trabajo denominada “Antiplus, Antistafas”, que viene recopilando las denuncias y trabajando de manera articulada con las fuerzas de seguridad especializadas en delitos informáticos. “No quiero dar más detalles finos hasta que esta investigación esté avanzando”, aclaró Landriel. La campaña comenzó a generar una baja en los intentos de estafa Según el funcionario, las primeras denuncias comenzaron a registrarse entre enero y febrero, coincidiendo con el inicio de la actual gestión, momento en el que se activó la comisión de trabajo dentro del organismo. Desde entonces, se fueron elevando las denuncias y se realizaron distintas acciones para avanzar en la investigación. Landriel destacó que en los últimos cuatro o cinco días, a partir de una campaña masiva de prevención, se habría registrado una reducción significativa de los intentos de estafa denunciados por los afiliados. “Se redujo notoriamente el número de llamados o de gente que fue un intento de estafa o estafa”, afirmó, y consideró que esto demuestra que la difusión de información preventiva está teniendo un efecto positivo. Qué hacer ante una llamada sospechosa Desde el organismo recomendaron no brindar ningún dato personal, bancario, clave o información vinculada con cuentas ante llamados de personas que dicen representar al INSSSEP. En caso de recibir una comunicación de este tipo, Landriel pidió conservar todas las pruebas disponibles: el número desde el cual se realizó la llamada, capturas de pantalla, mensajes, publicaciones, comprobantes y cualquier otro elemento que pueda servir para la investigación. Las personas afectadas pueden acercarse a la delegación del INSSSEP más cercana y realizar allí el registro de la situación. “Me están llamando de este número de teléfono, me están pidiendo información”, ejemplificó Landriel como la forma de comunicar el hecho ante los empleados de planta. Desde la delegación, la información será elevada a la sede central para su correspondiente tratamiento. El mensaje central del organismo es sencillo: el INSSSEP no realiza llamadas telefónicas ni contactos por WhatsApp para solicitar datos personales a sus afiliados. Ante una comunicación de ese tipo, la recomendación es cortar inmediatamente, no proporcionar información y realizar la denuncia.

Cecilia Pando, que fue una de las invitadas estelares, celebró que ahora el Congreso les permita contar su historia, a diferencia de lo que pasaba durante el kirchnerismo. Se trató de la presentación de un libro en el que escribe, entre otros, el represor Horacio Losito, condenado en Chaco y Corrientes por delitos de lesa humanidad. La Libertad Avanza (LLA) sigue avanzando en el blanqueo de los represores. En la Cámara de Diputados presentaron un libro en el que escriben dos condenados por crímenes de lesa humanidad. Cecilia Pando fue una de las invitadas al evento. “La presentación de este libro en el Congreso de la Nación tiene un significado muy importante. Es un espacio donde hoy podemos hablar y dar a conocer una parte de nuestra historia que durante los gobiernos kirchneristas no hubiera tenido lugar”, celebró la activista pro-impunidad. Durante la tarde del martes, empezaron a desfilar distintos exponentes de la familia militar por el Anexo A de la Cámara de Diputados. Todos se habían dado cita para participar de la presentación del libro Larrabure: voces para el reencuentro, que compiló el general José Luis Figueroa, expresidente del Foro de Generales Retirados y quien suele visitar a sus camaradas presos. Desde redes sociales, Figueroa suele reclamar que “dejen de perseguir a los jóvenes oficiales y suboficiales de los ‘70”. El libro reúne 48 textos. Varios son de la familia del coronel Argentino del Valle Larrabure. El 11 de agosto de 1974, el ERP tomó la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de la ciudad de Villa María, Córdoba. En esa acción, Larrabure fue tomado prisionero. Estuvo en esa condición durante más de un año. En agosto de 1975, su cuerpo apareció en un camino de las afueras de Rosario. La organización explicó que se había ahorcado; la familia insiste en que fue asesinado y busca reabrir una causa para sentar en el banquillo a los militantes de los ‘70. La Corte rechazó la maniobra meses atrás. Entre los elegidos para escribir están Horacio Losito y Eduardo Cardozo. Losito viene siendo objeto de veneración por parte de algunos sectores de LLA, que lo destacan como héroe de Malvinas –de esa forma justificó un homenaje en el Regimiento de Apóstoles y otro en el Senado. En 2009, Losito recibió su primera condena –a 25 años de prisión– por los delitos cometidos en Corrientes. En ese momento, Cecilia Pando amenazó con degollar al entonces secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Dos años después, fue sentenciado a prisión perpetua por la masacre de Margarita Belén. En 2023, recibió su tercera condena –a 25 años de prisión–. Cardozo actuó en el Regimiento de Infantería de Montaña 22 (RIM 22) de San Juan. Por esa actuación recibió la condena a prisión perpetua. Página/12 reveló que había estado vinculado al secuestro de la modelo Marie-Anne Erize. Según fuentes judiciales consultadas, Cardozo está preso en la Unidad 34 de Campo de Mayo. Desde allí debe haber hecho su contribución para el libro. En la publicación también escriben el carapintada Aldo Rico y Eduardo Riggi, excamarista de Casación Penal. Riggi estuvo días atrás en Comodoro Py porque su yerno, Ramiro Velasco, juró como juez. Riggi participaba en los chats con abogados y amigos de los represores, que salieron a la luz gracias a una presentación judicial de la diputada Lourdes Arrieta tras la visita de un grupo de legisladores libertarios al penal de Ezeiza. La organización del evento corrió por cuenta del diputado tucumano Federico Agustín Pelli, que reivindicó su paso por el Colegio Militar de la Nación. Estuvo también el obispo castrense Santiago Olivera, que suele ser un detractor de los juicios por crímenes contra la humanidad. Arturo Larrabure, hijo de Argentino, fungió como una suerte de anfitrión. Estaba acompañado por Silvia Ibarzábal, con quien se desempeñan como asesores en materia de derechos humanos del Ministerio de Defensa. Ambos apoyaron públicamente la visita de los diputados a los represores y abogaron por la prisión domiciliaria de los pocos que aún están en las cárceles. En 2006, Arturo Larrabure fue parte de un grupo que abogó por una amnistía general cuando se estaban reabriendo los procesos por crímenes cometidos durante la dictadura. El hijo del coronel también tiene incidencia en el espacio de memoria donde funcionó el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Frecuenta el Museo Malvinas y es fuente de consulta del director del Museo Sitio ESMA, Fernando Vedoya. Allí también trabaja su hijo Manuel Larrabure, que se presenta como asesor de Vedoya. Arturo Larrabure posó para las fotos junto con Pando e Ibarzábal. Pando estuvo días atrás en el Ministerio de Justicia con un pliego de condiciones a favor de los condenados por crímenes contra la humanidad, tal como reveló este diario. Desde X, la diputada Myriam Bregman protestó porque le armaron otra “fiestita” a Losito en Diputados. “Parece que no es exclusividad de (Victoria) Villaruel la defensa de los represores de la dictadura ni el uso de las Malvinas para lavarle la cara a los genocidas”, escribió. Página/12

El presidente Javier Milei este miércoles durante su discurso ante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la criticó llamandaola “inútil” y señaló que la organización “se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros” pero “decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y espacios marítimos circundantes”. “Los supuestos defensores de los Derechos Humanos apañaron a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle. Votaron sistemáticamente en contra de Israel, mientras hacían silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África”, denunció el mandatario. Asimismo, reiteró el planteo por la soberanía por las Islas Malvinas, la que calificó como “causa nacional” y solicitó a Reino Unido la necesidad de retomar el diálogo para “reanudar las negociaciones” con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía. “Como si fuera poco, una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, precisó en torno a la ONU. Para Milei, la causa de Malvinas es una prueba “de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”. “No faltan palabras ni resoluciones, lo que falta es que tengan consecuencias porque una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos, pierde lo más importante: pierde su autoridad. Bajo esta realidad, quienes siguen las reglas no tienen recompensa alguna por hacerlo, mientras que los que incumplen no reciben la menor represalia”, aseveró el libertario. El Presidente también cuestionó a Reino Unido por realizar una interpretación “selectiva” del principio de libre determinación de las islas y pidió una explicación sobre la conciliación del criterio con los debates sobre autodeterminación existentes dentro de su propio territorio. En otro pasaje del breve, pero duro discurso, Milei planteó: “Nosotros elegimos una defensa pacífica, práctica y efectiva. La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto”. Agencia NA

El hecho ocurrió durante la madrugada en el barrio Mitre. La alarma de seguridad alertó sobre el intento de ingreso y permitió la rápida intervención policial. Durante la madrugada de este miércoles, efectivos de la Comisaría Sexta intervinieron ante un aviso por un supuesto robo en proceso en el barrio Mitre, en el marco del operativo de prevención denominado “Lince”. Cerca de las 2, el personal policial fue comisionado por el servicio de emergencias 911 hasta calle 31, entre 18 y 20, a partir del alerta emitido por una empresa de seguridad. Al llegar, observaron a un móvil de Prevención Ciudadana que realizaba el seguimiento de un joven que intentaba escapar del lugar. La persecución continuó hasta una vivienda ubicada en inmediaciones de calle 20 y 33, donde el joven ingresó al inmueble y finalmente fue alcanzado y reducido por los efectivos. Se trataba de un hombre de 19 años, quien quedó detenido y fue trasladado primero a Sanidad Policial y posteriormente a la dependencia policial para continuar con las actuaciones correspondientes. De acuerdo con lo informado por el propietario del inmueble, el joven habría provocado daños en el medidor de energía eléctrica para desactivar el sistema de seguridad que protegía la propiedad y luego habría saltado un muro perimetral de aproximadamente tres metros. Sin embargo, la activación de la alarma impidió que lograra sustraer elementos del domicilio. Los propietarios y moradores fueron invitados a radicar las denuncias correspondientes. El detenido quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, informó la policía del Chaco.

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) lanzó una moratoria destinada a familias que mantienen deudas con el organismo y buscan regularizar su situación para acceder al título de propiedad de sus viviendas. El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, aseguró que la iniciativa está teniendo “muy buena respuesta” y reconoció que la morosidad todavía ronda el 50%. En declaraciones a CIUDAD TV, Berecoechea explicó que el objetivo de la moratoria no es solamente incrementar la recaudación del Instituto, sino también avanzar en la regularización administrativa de viviendas que, en algunos casos, llevan décadas sin tener resuelta su situación dominial. “Nosotros necesitamos que esa cuota se pague porque, en definitiva, es el recurso con el cual seguimos trabajando”, señaló. Al mismo tiempo, destacó que el proceso de regularización adquiere especial importancia para las familias que buscan obtener el título de propiedad. Según explicó, el IPDUV viene vinculando ambos procesos: la regularización de las deudas y la entrega de títulos. “Para poder acceder al título de propiedad, por supuesto que tienen que estar al día con el organismo”, sostuvo. El funcionario indicó que el organismo analiza cada situación familiar y que, en función de la capacidad económica de los adjudicatarios, se buscan alternativas de refinanciación, condonación o subsidio de las deudas. “Discutimos y conversamos respecto a su situación económica familiar y encontramos siempre una salida”, afirmó. Casi la mitad de los adjudicatarios mantiene deudas Berecoechea reconoció que el nivel de morosidad continúa siendo elevado y que actualmente se ubica “rondando casi el 50%”. A esa situación se suman barrios construidos hace más de dos décadas que todavía presentan problemas administrativos. Según explicó, el IPDUV comenzó procesos de regularización que incluyen trabajos de mensura y análisis de la situación económica de las familias. En esos casos, el organismo también está aplicando mecanismos de condonación o subsidio de deudas. “La intención, repito, no es solamente recaudatoria, sino también regularizar y poner blanco sobre negro sobre muchas situaciones que no se habían resuelto en la provincia”, sostuvo. El acceso al título de propiedad es, para el titular del IPDUV, uno de los principales objetivos de ese proceso. En ese sentido, destacó que ya se entregaron cerca de 7.000 títulos durante la actual gestión y que la meta fue elevada a casi 10.000 para los cuatro años. “Para poder heredar esa vivienda a los hijos es indefectible, es absolutamente necesario tener el título de propiedad”, remarcó. Chaco tiene un déficit de unas 67.500 viviendas Durante la entrevista, Berecoechea también aportó datos sobre la situación habitacional de la provincia y diferenció entre el déficit habitacional general y la cantidad de viviendas que efectivamente deberían construirse. Según explicó, alrededor del 59% del stock habitacional del Chaco presenta algún tipo de déficit. Esto no significa que falte ese porcentaje de viviendas, sino que se trata de un indicador multidimensional que contempla viviendas que requieren ampliaciones, refacciones, acceso a servicios básicos u otras intervenciones. En términos de viviendas faltantes, estimó que en la provincia se necesitan alrededor de 67.500 unidades para atender a familias que no tienen acceso a una vivienda adecuada o que habitan construcciones consideradas irrecuperables. A nivel nacional, señaló que el déficit habitacional alcanza aproximadamente al 40,3% de las viviendas y que existen cerca de seis millones de unidades con algún tipo de déficit. En el caso chaqueño, además, una parte importante del déficit podría resolverse mediante intervenciones sobre viviendas existentes. Según el funcionario, poco más del 41% de las viviendas comprendidas dentro del indicador provincial podrían ser recuperadas mediante ampliaciones, refacciones o la incorporación de servicios básicos. Casi 900 viviendas están en ejecución En cuanto a la obra pública habitacional, el presidente del IPDUV aseguró que actualmente existen trabajos en ejecución en casi 25 localidades chaqueñas. Según detalló, se trata de distintas operatorias que incluyen la recuperación de obras paralizadas, la construcción mediante empresas y proyectos articulados con municipios, donde la Provincia aporta materiales y los gobiernos locales la mano de obra. “Realmente casi 900 viviendas” están actualmente en ejecución en toda la provincia, afirmó. Berecoechea señaló que una de las prioridades de la gestión fue recuperar proyectos que habían quedado paralizados. En Resistencia, mencionó trabajos realizados en la Chacra 137, en la zona de avenida Hernández al fondo, donde había cerca de 250 viviendas terminadas que no contaban con servicios básicos como agua, energía eléctrica o apertura de calles. También mencionó viviendas recuperadas y entregadas en el sector de Carpincho Macho y las obras de la Chacra 214, donde ya se entregaron casi 70 viviendas y se encuentran en ejecución otras 22. A eso se suman otras 25 viviendas en la Chacra 138. El funcionario sostuvo que una vez finalizada esta etapa de recuperación de obras paralizadas, el organismo podrá concentrarse con mayor intensidad en nuevos proyectos habitacionales. Control sobre viviendas que no son ocupadas Otro de los mecanismos que explicó Berecoechea es el control posterior a la entrega de las viviendas. Según detalló, en los barrios adjudicados durante la actual gestión se realizan controles a los 60 días para verificar que las familias hayan ocupado efectivamente las unidades. Cuando se detecta una vivienda abandonada, se inicia un protocolo de recupero que, de acuerdo con el funcionario, tiene una duración administrativa aproximada de 90 días. También pueden iniciarse actuaciones a partir de denuncias de vecinos por presuntos alquileres, ventas o cesiones de viviendas sociales. Berecoechea recordó que las viviendas del Instituto no pueden ser prestadas, vendidas, alquiladas o cedidas mientras no hayan sido canceladas y escrituradas. Ante una denuncia, el organismo primero verifica la situación dominial y financiera del inmueble. Si la vivienda no fue cancelada ni escriturada, se inicia el procedimiento de recupero y se garantiza al adjudicatario original la posibilidad de realizar su descargo. Luego interviene la Gerencia Legal antes de determinar si corresponde avanzar con la recuperación. El funcionario señaló, no obstante, que algunas de esas decisiones terminan judicializadas mediante acciones de amparo, lo que puede extender los tiempos del proceso. El padrón del IPDUV tiene unas 170.000 familias

Una nueva encuesta nacional midió a 26 dirigentes políticos y todos registraron un saldo negativo, en un sondeo cuyo podio quedó encabezado por la senadora Patricia Bullrich, seguida de cerca por el presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. La trotskista Miriam Bregman es la que menor rechazo genera: 48%. El relevamiento corresponde a la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés (UdeSA), realizada sobre 1.004 casos a nivel nacional durante la primera semana de septiembre. Bullrich obtuvo un 34% de imagen positiva frente a un 56% negativa, lo que arrojó un diferencial de 22 puntos en contra. Milei se ubicó segundo, con 33% de valoración positiva y 61% negativa, mientras que Kicillof completó los tres primeros lugares con 30% favorable y 61% desfavorable. Cristina Kirchner registró 29% de imagen positiva y 64% negativa, mientras que Myriam Bregman alcanzó también 29% favorable, pero con 48% de rechazo. Más atrás se ubicaron Victoria Villarruel y Jorge Macri, ambos con 28% de valoración positiva; Mauricio Macri, con 26%; Juan Grabois y Sergio Massa, con 23% cada uno, y Martín Menem, con 20%. Los diferenciales más adversos fueron para el diputado Máximo Kirchner, con 17% de imagen positiva y 71% negativa, un saldo de 54 puntos en contra, y la diputada Lilia Lemoine, con 10% favorable y 62% desfavorable, que terminó con un diferencial negativo de 52 puntos. En materia económica, el 55% consideró que la situación del país empeoró respecto del año anterior, mientras que el 43% estimó que empeorará en el futuro. Agencia NA

En diálogo con CIUDAD TV, el geólogo y exvocal de la Administración Provincial del (Agua) consideró que la sequía y la inundación son “estados clásicos” del Chaco y que las tareas a realizar deben ser más estructurales y no solamente para afrontar provisoriamente un fenómeno como el de “El Niño”. Además, alertó por el “aluvión” de noticias falsas que generan miedo. Nota en desarrollo…

A 79 años de la Ley 13.010, la historia de una demanda de décadas que encontró Estado, organización y nombre propio Por Emmanuel Bonforti* El 23 de septiembre de 1947 hubo un acto en Plaza de Mayo. Juan Perón le entregó a Eva Duarte de Perón el ejemplar de una ley recién promulgada, en un gesto pensado para la fotografía y para la historia: la Ley 13.010 de Derechos Políticos de la Mujer. El festejo oficial fue organizado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que convocó a una multitudinaria marcha en honor a “La Dama de la Esperanza”. Evita habló esa tarde de manos que temblaban al recibir el laurel de una victoria, y la frase, repetida durante décadas en actos y homenajes, condensó algo real: no era una entrega, era una restitución tardía de algo que se había reclamado durante medio siglo. Esa escena, la ley como objeto físico que pasa de mano en mano frente a una multitud, es también un buen punto de partida para entender qué fue realmente esa conquista. Porque la Ley 13.010 no apareció de la nada en 1947, y tampoco puede explicarse solo por la voluntad de una persona, por decisiva que haya sido. Fue el desenlace de una demanda que venía golpeando las puertas del Congreso desde principios de siglo, y que necesitó de un Estado dispuesto a incorporarla para volverse derecho efectivo. 2- Medio siglo de una demanda postergada La lucha por el sufragio femenino en Argentina tiene antecedentes que se remontan a los primeros años del siglo XX. Militantes socialistas, librepensadoras y sufragistas como Alicia Moreau, Julieta Lanteri, Cecilia Grierson y Elvira Rawson de Dellepiane organizaron durante décadas comités y campañas para instalar el reclamo. Lanteri, incluso, logró votar en 1911 mediante un amparo judicial, un episodio aislado que no alteró la regla general. La Ley Sáenz Peña de 1912, que instituyó el voto secreto y obligatorio, dejó afuera a las mujeres: la ciudadanía política siguió siendo, durante otras tres décadas y media, un privilegio masculino. Hubo intentos legislativos que no prosperaron. En 1932 la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de sufragio femenino que murió en el Senado. San Juan, por su parte, incorporó el voto femenino provincial en 1928, un antecedente local que probó que la fórmula era viable pero que no alcanzó para destrabar la discusión a nivel nacional. Para 1946, cuando el Senado finalmente aprobó su media sanción, la demanda ya tenía casi cuarenta años de historia acumulada y de resistencias parlamentarias vencidas a medias. 3- Los siete artículos que cambiaron el padrón La Ley 13.010 es breve: siete artículos. El primero establece que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y las mismas obligaciones que las leyes les fijan a los varones. El segundo extiende ese principio a las mujeres extranjeras residentes, en la misma proporción en que sus connacionales varones gozaran de derechos políticos. El tercero ordena que rija para las mujeres la misma ley electoral que para los hombres, con entrega de libreta cívica como documento de identidad para todo acto civil y electoral. El resto son artículos de instrumentación: plazos para confeccionar el padrón femenino, exención del servicio militar, sanciones por incumplimiento del empadronamiento. No hay en el texto una declaración de principios ni una prosa grandilocuente. Es una ley de mecánica electoral. Y esa sobriedad es, en sí misma, un dato: lo que la norma hizo fue equiparar automáticamente a las mujeres con los varones en toda la arquitectura de derechos y obligaciones cívicas ya existente, sin crear una ciudadanía de segunda categoría ni un régimen paralelo. Sancionada en Diputados el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 del mismo mes, fijó esa fecha como el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer. 4- Evita y el peronismo: la demanda que encontró Estado Acá aparece el papel de Eva Perón, que conviene explicar sin hagiografía y sin minimizarlo. Durante 1947 dio una serie de discursos radiales dirigidos a mujeres, en los que presentó el sufragio como una herramienta más de la justicia social, no como una reivindicación aislada del feminismo liberal previo. Trabajó activamente en la Cámara de Diputados, junto al diputado Alcides Montiel, para destrabar el tratamiento del proyecto. Lo que hizo el peronismo, en rigor, fue algo más específico que «conceder» un derecho: tomó una demanda que circulaba hacía cuarenta años entre minorías políticas y profesionales, y la conectó con su propia base de sustentación social y electoral. Ahí está la clave para entender por qué esa ley, y no las anteriores, prosperó: no porque el reclamo fuera nuevo, sino porque encontró una fuerza política con capacidad de Estado dispuesta a convertirlo en norma y, sobre todo, en organización de masas después de la norma. 5- Del derecho formal a la organización real Este es el punto que suele quedar en segundo plano y que, para una columna de Mundo Gremial, es central: la ley por sí sola no incorpora a nadie a la vida política. Lo hace la organización. En julio de 1949, casi dos años después de la promulgación, Eva Perón fundó el Partido Peronista Femenino. No fue un gesto simbólico: implicó designar delegadas censistas en todo el país, hacer un censo de mujeres peronistas y abrir unidades básicas femeninas en cada provincia y territorio nacional, muchas veces desde cero, casa por casa. Ese trabajo territorial, miles de unidades básicas en pocos años, fue lo que transformó un padrón nuevo en participación política real, con mujeres que después ocuparían bancas como diputadas nacionales en 1952. La Ley 13.010 había igualado formalmente los derechos políticos: las mujeres podían votar y también ser elegidas. Pero convertir ese derecho en participación política efectiva requería algo más que una norma. Para las elecciones de 1951, el Partido Peronista Femenino había construido una estructura nacional de organización y movilización de mujeres que le permitió incorporarlas a las listas y convertirlas en protagonistas de la nueva ciudadanía política. La diferencia con buena

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que conduce Gerardo Martínez, cerró un incremento salarial acumulativo del 5,51% entre septiembre y noviembre, aplicado sobre los salarios básicos de los trabajadores bajo Convenio Colectivo de Trabajo 76/75. Acordó con las Cámaras empresarias un nuevo tramo de la paritaria 2026-2027, con aumentos acumulativos del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre y 1,7% en noviembre. El acuerdo fue rubricado con autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), en el marco del tercer tramo de la paritaria anual correspondiente al período abril 2026-marzo 2027. Paritarias UOCRA: cómo serán los aumentos El primer aumento es del 1,9% en septiembre, calculado sobre los salarios básicos vigentes al 31 de agosto. En octubre se suma otro 1,8%, aplicado sobre los valores de septiembre, mientras que en noviembre se incorpora un 1,7% adicional, calculado sobre los básicos de octubre. Las partes acordaron que el nuevo esquema tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 y volverán a reunirse el 20 de octubre para analizar las variables económicas y definir los ajustes que correspondan a partir de diciembre. Cuánto cobran los trabajadores de la construcción Con la actualización de septiembre, el jornal básico de un Oficial Especializado quedó establecido en $7.561 en la Zona A, mientras que el de un Oficial se ubicó en $6.468; el de un Medio Oficial, en $5.977; y el de un Ayudante, en $5.502. En la Zona B, los salarios básicos mantienen esos mismos valores y se adiciona el plus correspondiente a zona desfavorable. De esta manera, el jornal total de septiembre llega a $8.393 para un Oficial Especializado, $7.183 para un Oficial, $6.626 para un Medio Oficial y $6.135 para un Ayudante. Para la Zona C, el total asciende a $11.608 para un Oficial Especializado, $10.883 para un Oficial, $10.502 para un Medio Oficial y $10.197 para un Ayudante. En la Zona C Austral, los jornales totales de septiembre alcanzan $15.123 para un Oficial Especializado, $12.936 para un Oficial, $11.955 para un Medio Oficial y $11.003 para un Ayudante. Los valores volverán a incrementarse en octubre y noviembre de acuerdo con las subas pactadas. En el caso de los Serenos, el acuerdo establece valores mensuales. En Zona A, el básico pasa de $999.495 en septiembre a $1.017.485 en octubre y $1.034.783 en noviembre. Paritarias UOCRA: también alcanza al CCT 577/10 El acuerdo establece que la totalidad de lo pactado para el CCT 76/75 será aplicada también al Convenio Colectivo 577/10, con las escalas específicas correspondientes a las ramas de Canalización, Líneas e Instalación y Empalme. En septiembre, por ejemplo, el jornal básico de un Oficial Especializado de Canalización en Zona A quedó en $8.291, mientras que para Líneas e Instalación se fijó en $8.510 y para Empalme en $8.749. Estos valores también tendrán las actualizaciones del 1,8% en octubre y del 1,7% en noviembre. Las partes solicitaron finalmente al Ministerio de Trabajo la homologación del acuerdo para su aplicación y vigencia. Mundo Gremial

La medida se dio a conocer a través de la Disposición 5866/2026 publicada en el Boletín Oficial. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dio de baja 14 firmas de medicamentos por irregularidades en sus registros al tener la autorización vencida y no poseer el trámite de renovación. La medida se dio a conocer este miércoles a través de la Disposición 5866/2026 publicada en el Boletín Oficial donde Luis Eduardo Fontana, director de la ANMAT, comunicó que se resolvió dar de baja 14 firmas de medicamentos inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales (REM), debido a que se encontraban vencidos. De acuerdo a la explicación, la autorización para elaborar y comercializar una especialidad medicinal tiene una vigencia de cinco años a contar desde la fecha del certificado autorizante de acuerdo con lo establecido por el artículo 7° de la Ley de Medicamentos N° 16.463. Según supo la agencia Noticias Argentinas, los titulares y/o representantes de los medicamentos inscriptos en el REM deben solicitar la reinscripción dentro de los treinta días anteriores a su vencimiento, algo que no ocurrió en estos casos. Ahora, mientras regularizan los trámites, se notificó que las empresas no podrán producir ni comercializar los productos afectados. Empresas notificadas -CSL Behring S.A. -Lafedar S.A. – Microsules Argentina S.A. -Aspen Argentina S.A. -Lavimar S.A. -Laboratorio Internacional Argentino S.A. – Savant Pharm S.A. Laboratorios Monserrat y Eclair S.A. -Takeda S.A. -Megalabs Argentina S.A.U. -Eurofar S.R.L. -Monte Verde S.A. -Tecnonuclear S.A. -Terumo BCT Latin America S.A. -Laboratorio Elea Phoenix S.A. Agencia NA

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) enfrenta lo que sectores productivos y especialistas definen como el capítulo más crítico de su historia reciente. Desde el sector yerbatero advirtieron sobre el proyecto del presidente Milei para dar de baja las normativas históricas. El abogado Federico Padolsky alertó sobre el proyecto oficial del gobierno de Javier Milei que busca derogar más de 20 resoluciones históricas, concentrar facultades en la presidencia del instituto y trasladar el manejo de datos clave al Poder Ejecutivo Nacional. El debate llega al directorio bajo la amenaza de una nueva judicialización. En una saga de reformas que comenzó con la promulgación del DNU 70/2023, la estructura regulatoria de la actividad yerbatera vuelve a quedar en riesgo tras la presentación de una propuesta oficial que busca transferir la soberanía del control de datos e inspecciones a un órgano externo, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Ante tal escenario, las organizaciones de productores cuestionan el Proyecto de Reordenamiento Normativo del Instituto y advierten por la pérdida de cadena de autonomía sobre la información de la yerbatera y la concentración de facultades en la Presidencia. Las principales organizaciones de productores y entidades de la cadena yerbatera difundieron un documento en el que cuestionan el proyecto, actualmente sometido a consideración de su Directorio del Inym. El documento lleva la firma de Hugo Sand, titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Jorge Skripczuk, presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; Antonio Franza, de la Asociación de los Yerbateros del Alto Uruguay; Julio Alfredo Petterson, presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; y Salvador María Torres, presidente de la Cooperativa Río Paraná Limitada. Las entidades sostienen que el proyecto no constituye una simple tarea de ordenamiento, digitalización o simplificación administrativa, sino una nueva transformación de la capacidad institucional del Inym: por un lado, elimina registros, sistemas de control y herramientas técnicas construidas durante años; por otro, desplazarse hacia organismos nacionales parte de la información necesaria para conocer la realidad de la actividad y, simultáneamente, concentrarse en la Presidencia facultades para definir posteriormente aspectos sustanciales del nuevo sistema. Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la cantidad de normas y herramientas propias del Instituto que el proyecto propone dejar sin efecto. El documento menciona, entre otras, regulaciones vinculadas con el Registro de Yerbales, registros de plantas y depósitos, viveros, cosecha mecanizada, documentación y control de movimientos, calidad de hoja verde y yerba canchada, procedimientos de inspección, muestras y herramientas técnicas del Laboratorio Oficial. La advertencia es concreta, planean, el Inym puede conservar formalmente sus funciones y, al mismo tiempo, perder los instrumentos materiales necesarios para ejercerlas. Detalles legales Según detalló el abogado Federico Padolsky, el avance gubernamental no representa un hecho aislado, sino la continuidad directa de un proceso de desmantelamiento institucional. Tras la caída de la medida cautelar interpuesta por los productores que frenaba el capítulo yerbatero del DNU, el Poder Ejecutivo oficializó la designación del nuevo presidente del cuerpo. La primera medida de peso del directorio bajo la nueva conducción, recordada, fue el despido sin causa de 21 trabajadores de carrera, seguido por la desregulación de mecanismos históricos de equilibrio, entre ellos la limitación de los cupos de implantación de nuevos yerbales. Cesión de datos y debate El punto central de la nueva iniciativa radica en despojar al Inym de la producción y administración de sus propios datos sectoriales para entregárselos al Senasa. Esta medida marginal de la toma de decisiones a la mesa multisectorial que compone la gobernanza del instituto, integrada por productores, tareferos, cooperativas, secaderos, la industria y gobiernos provinciales. “Vamos a tener que pasar a confiar todos en los datos que aporta un tercero”, advirtió Padolsky, señalando que la delegación de facultades diluye la representatividad federal y participativa. La preocupación se extiende también a la retirada progresiva del Inym de la fiscalización sobre la calidad y el embalaje del producto final. En este marco, el letrado cuestionó las recientes declaraciones del presidente del organismo, quien llegó a calificar la calidad de la yerba mate como una “cuestión subjetiva”, relegando estándares de excelencia edificados durante dos décadas de trabajo institucional. La propuesta contempla la derogación de más de 21 resoluciones dictadas por el directorio en los últimos 20 años. Paralelamente, el texto prevé el otorgamiento de facultades extraordinarias al presidente del Inym para que sea él quien determine de forma unilateral cuáles atribuciones vinculadas a la producción y recolección de datos serán delegadas. Un organismo “herido de muerte” Pese a la celeridad de la iniciativa, el proyecto aún requiere el voto de la mayoría de los directores para ser aprobado. Para Padolsky, la aprobación resultaría perjudicial para los propios eslabones de la cadena, que perderían el control directo sobre la información estratégica de su actividad. El trasfondo de esta reforma amenaza la supervivencia operativa del instituto. Sin facultades de fiscalización, sin administración de datos y ante el riesgo de eliminación de herramientas clave como la estampilla de control, el Inym corre el peligro de transformarse en una cáscara vacía. El Territorio

El intendente de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García, aseguró que “el Gobierno provincial parece más preocupado por construir un relato sobre la emergencia climática que por prepararse para enfrentarla. Y hay razones concretas para decirlo”. Compartimos el comunicado difundido por el jefe comunal de Machagai: En un spot difundido en redes sociales aparece el gobernador Leandro Zdero junto a funcionarios revisando mapas del Chaco, hablando de limpieza de cunetas y de futuras obras. Si el contexto no fuera tan serio, la escena resultaría casi una actuación. El problema es que la crisis que se viene no admite puestas en escena. Desde hace meses, organismos nacionales e internacionales advierten sobre la posibilidad de eventos hídricos extremos asociados al fenómeno de El Niño. Frente a esas alertas, un gobierno que además dejó paralizadas decenas de obras de infraestructura ahora intenta transmitir una imagen de gestión con videos, cuando lo que hace falta es planificación. La semana pasada convocaron, finalmente, a una reunión con intendentes. Fue a puertas cerradas. Si la situación es tan importante como dicen, ¿por qué impedir el acceso de la prensa? La próxima reunión será en Sáenz Peña y ahí habrá que decir algunas verdades incómodas: la Constitución provincial y el Código de Aguas establecen con claridad la responsabilidad del Estado Provincial ante los efectos nocivos de las aguas. Pero el problema va más allá de una reunión. ¿Cómo se administra una emergencia hídrica si ni siquiera existe información confiable sobre las precipitaciones en buena parte de la provincia? Hoy esos registros no los toma la autoridad de aplicación, la Administración Provincial del Agua, sino comisarías y destacamentos policiales. Hubo casos en los que se informaron cero milímetros después de lluvias de 150, simplemente porque el pluviómetro estaba roto y nadie lo había reemplazado. En Machagai decidimos comprar uno para contar con mediciones propias. Con una inversión cercana a los treinta millones de pesos podrían instalarse alrededor de cien equipos digitales en toda la provincia. El diagnóstico es preocupante: faltan datos sobre las lluvias, sobre las cotas de los ríos y sobre el comportamiento de las cuencas cuando el agua atraviesa los campos. Y la APA, que debería liderar esa tarea, hoy carece de recursos, infraestructura y maquinaria suficientes para prevenir y responder como corresponde. Las soluciones de fondo: Hay mucho por hacer para prepararnos tanto para las inundaciones como para las futuras sequías. El primer paso es fortalecer de verdad la Administración Provincial del Agua. También deberíamos impulsar consorcios canaleros, como ocurre en Córdoba, para gestionar el agua, mantener los canales rurales y reducir el riesgo de inundaciones. Pero la prioridad inmediata es otra: sentar en una misma mesa a todos los ministerios, la APA, Defensa Civil y los municipios para elaborar un plan de contingencia serio, con escenarios incluso extremos. Eso implica identificar las zonas más vulnerables, preparar establecimientos para evacuaciones, organizar dispositivos sanitarios para prevenir enfermedades como el dengue y el cólera, garantizar el tratamiento del agua, trabajar campañas de prevención en las escuelas con mapas de evacuación y protocolos claros, asegurar la distribución de suministros de emergencia y coordinar operativos de seguridad para proteger las viviendas que deban quedar desocupadas. Cuando se acerca una emergencia climática, la diferencia entre la previsión y la improvisación puede medirse en vidas, patrimonio y tiempo de recuperación. Por eso hace falta menos puesta en escena y más trabajo antes de que llegue el agua.

Un hombre murió y otro resultó gravemente herido este miércoles por la mañana como consecuencia de un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 20, en jurisdicción de Fontana. De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 6:50 de este miércoles, cuando una motocicleta Motomel Skua 250 cc, en la que circulaban dos hombres, colisionó con un ómnibus Mercedes Benz perteneciente a una empresa de transporte de pasajeros. Como consecuencia del impacto, uno de los ocupantes de la motocicleta murió en el lugar. El otro sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta el Hospital Julio C. Perrando de Resistencia. Según el parte médico, el hombre ingresó al centro asistencial alrededor de las 7:30 y fue examinado por profesionales médicos, quienes diagnosticaron politraumatismos y escoriaciones, además de un traumatismo de tórax. Debido a la gravedad de su estado, quedó internado en el sector de Shock Room. En el lugar del siniestro intervino personal de la Comisaría Décima Metropolitana, que realizó las tareas correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión. La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes, que deberán establecer la mecánica del accidente y las eventuales responsabilidades.

El fiscal Andrés Esteban Madrea, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14, solicitó que 26 personas sean llamadas a indagatoria acusadas de cometer, al menos, 17 estafas, realizar maniobras de intermediación financiera no autorizada y lavar activos provenientes de la actividad ilícita. El pedido fue presentado ante el juez Darío Bonanno, a cargo del Juzgado N°33 del fuero. La investigación se inició por una denuncia en esta Ciudad —a la que luego se agregaron otras 16 hasta la fecha, en otras fiscalías de esta Ciudad y también ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI)—, que daba cuenta de la existencia de una supuesta compañía llamada EquiQuant Capital que, a través de perfiles de redes sociales como Instagram o servicios de mensajería como WhatsApp, captaba personas interesadas en asesoramiento financiero y posibles inversores, con promesas de alta rentabilidad, terminología bursátil y una apariencia de legitimidad. Su extensión y la captación de víctimas se extendió a distintos puntos del país y que, durante la segunda mitad de 2025, dijeron ser damnificadas de la supuesta academia de inversiones. Según la investigación, la operatoria consistiría en engañar a las víctimas para que creyeran que invertían su dinero en acciones, bonos y otros títulos valores. De esa forma, veían reflejadas en la plataforma “EQCapital” (EquiQuant Capital) las supuestas inversiones del dinero que habían transferido a distintas cuentas digitales por consejo de los “asesores” virtuales y telefónicos de la nombrada “academia de negocios”. Cuando intentaban retirar las supuestas ganancias obtenidas y los fondos invertidos, los asesores les decían que debían “integrar pagos” para que les liberaran los activos o les solicitaban nuevas transferencias para cubrir el costo de presuntos impuestos establecidos por ARCA o el abono de honorarios para los intermediarios financieros, entre otras excusas. En ese momento, según relataron las víctimas, descubrían que los habían estafado. Según la estimación de la fiscalía, el perjuicio económico ocasionado superaría los 1.500 millones de pesos. De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Madrea, el éxito de la maniobra “se apoyaba también en el aceitado y complejo trabajo de una organización criminal compuesta por un significativo número de personas, dedicadas a la captación de interesados, a la gestión de las cuentas recaudadoras de los fondos y a su posterior tratamiento y reinserción en el circuito formal de circulación de capitales”. Investigación paralela  En el comienzo de la investigación, el representante del MPF solicitó la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y de la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina, pero además se conoció de una causa más avanzada que tramitaba ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola. Para el mes de mayo, a propuesta del fiscal Rivarola y ante la cantidad de casos que iban encontrándose respecto a varias decenas de víctimas, también en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, que intervenían en casos similares, se estableció entre los fiscales intervinientes un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir la evidencia obtenida, aunar criterios probatorios y promover una tutela judicial efectiva y eficaz para víctimas de territorios lejanos entre sí, particularmente respecto al análisis integral de las rutas del dinero y las medidas cautelares para lograr el rápido congelamiento de cuentas. El equipo esta conformado por Rivarola -que interviene en la “asociación ilícita”-, el fiscal Madrea -a cargo de las estafas con víctimas en Ciudad de Buenos Aires-, el fiscal coordinador de la Oficina Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital (OECED) de la Provincia de Córdoba, Franco Daniel De Jesús Pilnik Erramouspe; el fiscal jefe de la Unidad Especial de Cibercrimen del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe —sede Rosario—, Matías Ocariz; y la agente fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, Andrea Andoniades. En su pesquisa, el fiscal chubutense determinó la existencia de una asociación ilícita dedicada a la realización de estas estafas reiteradas que se diseminan por todo el país a raíz de su conexión virtual. La organización captaba a potenciales inversores a través de redes sociales, los incluía en grupos de mensajería manejados por supuesto “personal” de la academia, donde le “adjudicaban” la compra de acciones. Luego las víctimas debían crear una cuenta en la aplicación web “EquiQuant Capital” –que funcionaba igual que otras aplicaciones de finanzas– y, guiados por los asesores, ingresaban dinero para comenzar a invertir, para lo cual debían transferir el dinero a distintas cuentas de billeteras virtuales que les indicaban. Cuando las víctimas pretendían recuperar la inversión y las ganancias, les hacían efectuar nuevos pagos bajo múltiples excusas. También estableció que, con el dinero obtenido por las estafas, la organización adquiría criptoactivos o derivaba los fondos a otras personas no involucradas en la maniobra, a través de un circuito ilegal de cambio de divisas, en el que los imputados obtenían dólares de las personas que habían recibido las transferencias de las víctimas, o las beneficiaban cancelando sus deudas con el dinero proveniente de las estafas. De esa causa en Chubut -luego verificado en otras- también surgió que las víctimas transferían su dinero a determinadas empresas -entre otras- Global TT S.A., Instrumental Norte S.A., Grupo Financiero Big Ben S.R.L. y Smile Tecnología S.R.L. y a billeteras virtuales de algunas personas físicas. “La ‘academia de inversiones’ en cuestión surge, así, como una confabulación de diversas personas dedicada a la comisión de estafas masivas y a la puesta en recirculación de los fondos ilícitos obtenidos de parte de las víctimas, empleando para ello personas jurídicas que no se encuentran autorizadas para intermediar financieramente”, se sostuvo en ese expediente. Pedido de indagatorias Madrea pidió que cuatro hombres y una mujer sean indagados como principales coautores de los delitos de estafa –reiterada en 17 oportunidades–, lavado de activos e intermediación financiera no autorizadas. En su escrito, consideró que ejercieron

Los bonos argentinos en dólares profundizaron las pérdidas y el indicador de J.P. Morgan superó los 550 puntos básicos, su nivel más alto en cinco meses. Analistas consultados por Ámbito explicaron qué hay detrás del salto y qué señales seguirá de cerca el mercado. Los bonos argentinos en dólares profundizaron este martes su caída y el riesgo país saltó 4,1%, hasta tocar los 555 puntos básicos, su nivel más alto en cinco meses. Los Globales y Bonares cedieron hasta 1,6% en una rueda en la que la deuda emergente apenas bajó 0,1%. El contraste puso el foco en los factores propios de la Argentina detrás del retroceso. En primer lugar, el frente internacional, de todos modos, se volvió más exigente. Tras la suba de tasas de la Reserva Federal, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se mantiene cerca del 5%. Con una tasa libre de riesgo más alta, los inversores exigen mayores retornos para mantener deuda de países con riesgo crediticio elevado. “Las tasas largas de Estados Unidos siguen altas y eso hace menos atractivos a los activos emergentes, especialmente a los que tienen mayor riesgo crediticio”, explicó a Ámbito Leo Anzalone, de Cepec. Pero advirtió que también hay un componente local: el mercado empieza a exigir una prima mayor ante la incertidumbre política y los vencimientos de deuda de 2027. Reservas y actividad: las señales que mira el mercado Para el economista Martín Polo, la caída de los títulos refleja una combinación de economía estancada, desinflación lenta y menor acumulación de reservas. Según planteó, la actividad retrocedió en el segundo trimestre y podría volver a mostrar debilidad en el tercero, un escenario que la dejaría cerca de una recesión técnica. Al mismo tiempo, espera que la inflación de septiembre resulte similar a la de agosto, sin una mejora marcada que impulse las expectativas. Polo puso, además, especial atención en el mercado cambiario. Señaló que el Banco Central está comprando menos dólares pese a la buena liquidación del agro (este martes apenas adquirió u$s7 milllones y el promedio diario de septiembre es de solo u$s14 millones) y que las reservas no muestran una suba sostenida (vienen de registrar 10 bajas en 11 ruedas). A su entender, parte de las compras del primer semestre respondió a condiciones que no podían repetirse al mismo ritmo durante todo el año. Entre ellas mencionó a los importadores, que antes financiaban o postergaban pagos y ahora demandan más divisas para cancelar operaciones corrientes y obligaciones pendientes. También observó un menor ingreso de dólares provenientes de emisiones de deuda. “Todos esos comodines se fueron en un contexto en el cual la demanda sigue arriba”, resumió. Su lectura distingue el corto del largo plazo. No ve elevado el riesgo de incumplimiento de los próximos vencimientos, pero cree que los bonistas también evalúan qué ocurrirá con las reservas después. Incluso si el Gobierno cuenta con los dólares para pagar, una caída importante de las tenencias del BCRA podría deteriorar la percepción sobre la deuda restante. El debate por el financiamiento de 2027 Los vencimientos del año electoral aparecen también en el análisis de Christian Buteler. El economista y analista financiero sostuvo que los bonos argentinos llevan varias ruedas desacoplados del comportamiento internacional y que no encuentra un motivo único para explicar la baja. A los datos débiles de la economía real sumó las dudas sobre la estrategia para reunir los dólares necesarios en 2027. Según relató Buteler, en una reunión con inversores en Estados Unidos el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la Argentina no buscaría financiamiento en el mercado internacional a las tasas actuales. El analista consideró que esa postura “pudo no haber convencido al mercado”. A su juicio, sería prudente construir un colchón de fondos antes de que aumente la volatilidad electoral. Buteler también marcó una diferencia entre los dólares que compra el Banco Central y los que necesita el Tesoro para pagar su deuda. Para utilizar reservas, explicó, el Tesoro tendría que adquirir esas divisas, lo que plantea exigencias fiscales y puede afectar el balance de la autoridad monetaria. Por eso cree que “conseguir financiamiento con anticipación daría mayor certidumbre sobre los pagos futuros”. El analista mencionó además que “las tensiones con Inglaterra podrían haber afectado el ánimo” frente a los activos argentinos, aunque aclaró que no tiene elementos para corroborar que hayan sido una causa de la caída. Polo puso, además, especial atención en el mercado cambiario. Señaló que el Banco Central está comprando menos dólares pese a la buena liquidación del agro (este martes apenas adquirió u$s7 milllones y el promedio diario de septiembre es de solo u$s14 millones) y que las reservas no muestran una suba sostenida (vienen de registrar 10 bajas en 11 ruedas). A su entender, parte de las compras del primer semestre respondió a condiciones que no podían repetirse al mismo ritmo durante todo el año. Entre ellas mencionó a los importadores, que antes financiaban o postergaban pagos y ahora demandan más divisas para cancelar operaciones corrientes y obligaciones pendientes. También observó un menor ingreso de dólares provenientes de emisiones de deuda. “Todos esos comodines se fueron en un contexto en el cual la demanda sigue arriba”, resumió. Su lectura distingue el corto del largo plazo. No ve elevado el riesgo de incumplimiento de los próximos vencimientos, pero cree que los bonistas también evalúan qué ocurrirá con las reservas después. Incluso si el Gobierno cuenta con los dólares para pagar, una caída importante de las tenencias del BCRA podría deteriorar la percepción sobre la deuda restante. El debate por el financiamiento de 2027 Los vencimientos del año electoral aparecen también en el análisis de Christian Buteler. El economista y analista financiero sostuvo que los bonos argentinos llevan varias ruedas desacoplados del comportamiento internacional y que no encuentra un motivo único para explicar la baja. A los datos débiles de la economía real sumó las dudas sobre la estrategia para reunir los dólares necesarios en 2027. Según relató Buteler, en una reunión con inversores

El presidente de Tribunal Federal de Corrientes, Fermín Amado Ceroleni, uno de los jueces por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, renunció este martes al cargo ya que se jubilará en diciembre y hay hermetismo por si demora el juicio. Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el magistrado abandonará el puesto el 1 de diciembre y el proceso continuará con los magistrados Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, quienes contarán con el respaldo del subrogante Enrique Bosch como cuarto juez, que luego encabezará el proceso. La dimisión fue aceptada por el presidente Javier Milei, a través del Decreto 1066/2026, publicado en el Boletín Oficial. “El juicio va a seguir seguramente y asumirá el juez subrogante. Hay hasta un quinto y van a estar los otros dos magistrados. Lo que pasa es que faltan más de 100 testigos y no se sabe si se llega a diciembre, según explicó el fiscal”, señalaron ante la consulta de NA. Además, la periodista Paula Bernini prestó testimonio y recordó haber concurrido a la provincia de Corrientes el 18 de junio de 2024 al mediodía, cinco días después de la desaparición de Loan. La cronista se dirigió a la Ruta 123, donde la Policía realizaba un allanamiento y luego entrevistó a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y al capitán de la Armada Carlos Guido Pérez. Manifestó que, al llegar, no sabía que Walter Maciel era el comisario de 9 de Julio y Pérez le contó que había llevado los vehículos a la comisaría porque allí estaban más seguros y porque tenía miedo de que pudieran “plantarle algo”. Según le explicó, había conversado con el comisario y acordado que los vehículos quedaran allí. Bernini entrevistó en dos oportunidades a Macarena y también a Camila. Respecto a la hija de Laudelina, consignó que recibió un llamado para ir a una habitación ubicada a una cuadra de una plaza porque tenía “información importante” y le solicitaron que “fuera sola”. Macarena estaba con Nicolás “El Americano” Soria, uno de los acusados por el presunto entorpecimiento de la investigación, quien le envió un mensaje al celular de la periodista para pautar el encuentro. La joven describió que su madre inventó lo del “accidente” y Bernini la calificó de “temerosa” mientras hablaba y entendió que ello se vinculaba con la contradicción existente respecto de lo declarado por su madre. Luego, el miércoles 23 de septiembre se presentarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, Johanna Méndez, oficial de la Policía Federal; Dalma Yamila Benítez, cabo de la PFA; Carlos Fuentes, subinspector de la PFA; Horacio José Cespedes y Hugo Daniel Duarte. Los acusados La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez son los sindicados por el extravío del niño ocurrido el 13 de junio de 2024, tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal. Los otros diez imputados por el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. Agencia NA

Un importante cambio se observa en las costas y playas de la capital correntina con la creciente del Río Paraná. Según datos oficiales de la Prefectura Naval Argentina, este martes 22 de septiembre la marca es de 4,42 metros crece. Empiezan a notarse los cambios en la geografía ribereña de la ciudad de Corrientes, con la creciente del Río Paraná. Algo similar se vio en los últimos días en Itatí, su ribera también exhibe anegamientos por ahora sin reportarse evacuados. El informe oficial de Prefectura Naval Argentina para este martes 22 de septiembre, muestra a la ciudad de Corrientes en 4,42 crece. Lo mismo se registra en el puerto en el municipio correntino de Goya y también de Esquina. La estadística de la institución federal muestra que desde el pasado 15 de septiembre hasta hoy, el Paraná creció sin detenerse. Corrientes Hoy