Autor: Redacción General

Desde la CGT Delegación Regional Chaco, através de un parte de prensa, manifiestan que, “celebramos que la Justicia Nacional del Trabajo haya puesto un límite constitucional a la Reforma Laboral”. Agregando que, de aplicarse la Ley, “hubiera generado un caos de incertidumbre y un daño irreparable sobre millones de contratos de trabajo vigentes”. El documento ”En el día de hoy, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº63 resolvió hacer lugar a la medida cautelar innovativa presentada por nuestra central y ordenó suspender la vigencia de los artículos impugnados de la Ley 27.802. El dictado de esta medida cautelar permite analizar el derecho de fondo mientras se preserva la paz social. La Justicia advirtió que aplicar estos recortes de manera inmediata hubiera generado un caos de incertidumbre y un daño irreparable sobre millones de contratos de trabajo vigentes. Además, este fallo nos da la razón al reconocer a la CGT como la legítima representante de toda la clase obrera en su conjunto: trabajadores actuales y futuros, activos y pasivos, formales e informales. Al ser inscripta en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, esta suspensión protege a los trabajadores de todo el país. Como organización sindical, reafirmamos que los trabajadores y trabajadoras deben gozar de la protección de las leyes. La Constitución Nacional no es un conjunto de sabios consejos que el Gobierno puede vaciar bajo la excusa hipotética de atraer inversiones. La progresividad de los derechos sociales y laborales es la razón última del desarrollo económico de las naciones.Fuerza, compañeros”. CGT-Delegación Regional Chaco

En el marco de una nueva paralización en las obras en la autovía de la ciudad de Corrientes, el presidente de la Cámara de la Construcción de Corrientes, Gustavo Rosello dijo que, “hay deudas del Gobierno nacional, se reperfiló el dinero” En diálogo con Radio Sudamericana el presidente de la Cámara de la Construcción de Corrientes, Gustavo Rosello, confirmó que las obras en la autovía están paralizadas. “Sí, lamentablemente las informaciones que recabamos de nuestras empresas socias que son parte de las que están trabajando en la autovía, se bajó mucho el ritmo”, indicó. Asimismo detalló “esto se debe a cambios estratégicos seguramente en la nación han hecho que se haya reperfilado el crédito del BID que financiaba esta obra y ahora lo tiene que hacer la nación. Hay cuestiones que la empresa estará tratando pero en definitiva, aparentemente está bastante complicado con el fondeo de la obra”. Al ser consultado sobre el monto que el Gobierno nacional le debe a la empresa a cargo de la construcción Gustavo Rosello, explicó “depende de los contratos, pero hay contratos en general que son 60 días de finalizado el contrato para la fecha de obligación de pago, y las empresas generalmente, tienen dos certificados adeudados y tienen derecho a parar las tareas” En este sentido añadió “acá hubo algo que seguramente ha afectado mucho, que es que la nación en enero o en febrero anunció que pagaría los certificados de obra de 2023 a 2025 inclusive en diciembre de 2025, estamos hablando de hace tres meses, con bonos”. “A las empresas, no sé específicamente a las que está haciendo la autovía, pero en general a las empresas los bonos no les cierran, con eso no pueden pagar las obligaciones que tienen y mucho peor si no dan los bonos o no tienen certeza”, agregó. El empresario de la construcción dijo “no sé en el caso específico de la autovía, pero escuché en reuniones de la cámara que estaban muy preocupados porque tal vez para las deudas viejas que no tienen esperanza de cobro, puede ser una alternativa, pero para las que están en ejecución no es una alternativa viable para nada”. “Nosotros tenemos todavía deudas de Nación, de créditos que nos pasó lo mismo, inclusive con unas obras del INVICO, en dos barrios capitalinos que tenían crédito internacional, que se reperfiló el crédito, habiendo certificado que tenían créditos otorgados para pagar y que le ingresó a la Nación el dinero, no se pagó y las obras se deben desde el 2023, por ejemplo, con números importantes para nosotros, fue hacia otro lado el dinero y no se pagaron las obras que se hicieron”. El empresario aclaró que la intención de Nación de pagar con bonos a las constructoras es para las obras de todo el país. “No es algo puntual contra Corrientes, para nada, es evidentemente temas macroeconómicos que se están acomodando, pero que la verdad es que ya las empresas no lo pueden sostener”, afirmó. Radio Sudamericana

Corrientes registra un paro total de colectivos que afecta a todas las líneas urbanas, mientras que en Resistencia se aplica una restricción del servicio entre las 22 y las 6 de la mañana. Ambas medidas responden a dificultades económicas de las empresas concesionarias, con impacto directo en la movilidad urbana y regional. El sistema de transporte público urbano en las ciudades de Corrientes y Resistencia atraviesa una nueva fase de crisis, marcada por la implementación de medidas diferenciadas que afectan de manera directa la movilidad cotidiana y la dinámica regional. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impactos concretos en miles de usuarios que dependen del transporte público para sus actividades diarias. En la ciudad de Corrientes, el servicio de colectivos se encuentra completamente interrumpido durante la jornada, configurando un paro total que alcanza a la totalidad de las líneas urbanas. La paralización absoluta del sistema implica la suspensión de todos los recorridos, dejando sin alternativas de transporte público a una amplia porción de la población y generando complicaciones en el funcionamiento general de la ciudad. La medida adoptada en Corrientes responde a un conflicto de carácter estructural vinculado a la sostenibilidad económica del sistema. Las empresas prestatarias sostienen que enfrentan serias dificultades financieras que impiden garantizar la operatividad normal del servicio, situación que deriva en la imposibilidad de mantener en circulación las unidades en el conjunto del ejido urbano. Restricciones y diferencias en Resistencia En contraste, la situación en la ciudad de Resistencia presenta características distintas, ya que no se registra una paralización total del servicio. En este caso, las empresas implementaron una restricción en la prestación durante el horario nocturno, con interrupción de los recorridos entre las 22 y las 6, lo que limita significativamente la movilidad en una franja horaria clave para trabajadores y usuarios. El recorte nocturno dispuesto en Resistencia responde a una estrategia empresarial orientada a la reducción de costos operativos, particularmente en lo vinculado al consumo de combustible. Esta decisión se inscribe en el mismo contexto de crisis económica que afecta al sistema de transporte, evidenciando un intento de las prestatarias por sostener el servicio en condiciones de alta presión financiera. La coexistencia de un paro total en Corrientes y una restricción horaria en Resistencia pone de manifiesto la fragmentación del sistema de transporte en el área metropolitana, a pesar de la fuerte interdependencia funcional entre ambas ciudades. Este escenario, condicionado más por variables económicas que por conflictos gremiales, mantiene abiertas las tensiones y deja en suspenso una resolución inmediata, mientras crecen las expectativas en torno a posibles instancias de negociación que permitan restablecer la normalidad del servicio en el corto plazo. Momarandu

La escalada del conflicto en esa región clave de producción petrolífera, comenzó a reflejarse en la estructura de costos del agro argentino. La dependencia externa del sector y las tensiones en el comercio global abren interrogantes sobre el precio futuro de productos como harina y aceite. El aumento en los precios internacionales de insumos clave, particularmente los fertilizantes, se suma a un escenario de alta dependencia de importaciones y genera presión sobre los márgenes de los productores de cara a la próxima campaña. De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, “la suba internacional de los fertilizantes, en especial de la urea, comienza a impactar en los valores de referencia locales”. En un contexto donde la volatilidad externa condiciona las decisiones productivas, los movimientos de precios podrían – de extenderse el conflicto bélico en Irán – impactar en insumos básicos de los alimentos que se consumen en la Argentina. El documento advierte que “de persistir las tensiones geopolíticas, el traslado a costos podría profundizarse en los próximos meses”. Argentina llega a este escenario con una fuerte exposición externa. En 2025, el país importó 4,1 millones de toneladas de fertilizantes, uno de los niveles más altos registrados, impulsado tanto por la expansión del área sembrada como por la menor producción doméstica. Este volumen no sólo refleja la recuperación de la actividad agrícola, sino también una estructura productiva cada vez más dependiente del abastecimiento internacional. El detalle por tipo de producto muestra que los fertilizantes nitrogenados, con la urea como principal componente, concentraron más de la mitad de las compras externas. A esto se sumó un incremento significativo en los fosfatados, mientras que los potásicos mantuvieron una participación marginal. En términos interanuales, las importaciones crecieron con fuerza, en línea con la mayor demanda derivada de campañas agrícolas más extensas. El informe de la Bolsa rosarina señala que “la dependencia de mercados externos amplifica el impacto de disrupciones en regiones clave proveedoras”. En particular, el vínculo con Medio Oriente adquiere relevancia: cerca del 39% de los fertilizantes nitrogenados importados por Argentina provienen de esa región, lo que expone al país a los efectos directos del conflicto. Un margen estrecho La interrupción del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula una parte significativa del comercio global de fertilizantes, generó demoras logísticas y tensiones en la cadena de suministros. A nivel internacional, la reacción incluyó cierres de plantas en algunos países por falta de insumos y la liberación de reservas en otros para sostener la oferta interna. En este contexto, los precios registraron un salto abrupto. El valor FOB de la urea en Medio Oriente aumentó hasta un 42% en pocos días, alcanzando niveles que no se observaban desde 2022. Según la Bolsa porteña, “este incremento ya comenzó a trasladarse a los precios de importación en Sudamérica”, lo que impacta de manera directa en los costos locales. La situación se ve agravada por factores internos. La menor producción doméstica de fertilizantes, en parte por paradas técnicas en la planta de Profertil en Bahía Blanca, redujo la oferta local y obligó a reforzar las importaciones. Aunque la empresa cubre una porción relevante del consumo, el grueso del abastecimiento sigue dependiendo del exterior. En promedio, alrededor del 67% del consumo de fertilizantes en Argentina se cubre con importaciones. Este dato dimensiona la sensibilidad del sistema productivo frente a shocks externos. “El riesgo es un incremento en los costos de producción que podría trasladarse a lo largo de la cadena”, advierte el informe. De prolongarse el conflicto y sostenerse los precios elevados de los insumos, el impacto podría alcanzar a los subproductos agrícolas. Harina y aceite, insumos básicos tanto para el consumo interno como para la exportación, quedarían expuestos a una dinámica de mayores costos. El Destape

En la mañana de este lunes, alrededor de las 7.50, personal de la División Patrulla Preventiva intervino en un establecimiento educativo ubicado sobre avenida Alberdi al 2100 aproximadamente, tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa. Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con la directora de la institución, quien relató que momentos antes, el portero del establecimiento detectó a un hombre tomando fotografías y grabando videos a los alumnos. Según su testimonio, el ciudadano realizaba un comportamiento inusual, ya que besaba su teléfono celular luego de registrar las imágenes, lo que despertó preocupación entre el personal. Además, señaló que no era la primera vez que lo veían merodeando la escuela en días anteriores. El portero del establecimiento logró demorar al individuo hasta la llegada de la policía. El hombre de 30 años fue identificado y se encontraba dentro de la dirección al momento de la llegada del personal policial. Durante una requisa, los agentes secuestraron un teléfono celular con batería y chip. Asimismo, hallaron en una de sus zapatillas una tarjeta de memoria dañada de 64 GB y en su mochila, encontraron un pendrive de 128 GB y un DVD. Ante esa situación, se procedió al secuestro formal de todos los elementos y al traslado del demorado a la División Medicina Legal. Posteriormente, fue alojado en la guardia de prevención de la Comisaría Sexta Metropolitana, junto con los objetos secuestrados Por su parte, se invitó a la directora del establecimiento a realizar la correspondiente denuncia escrita para avanzar con las actuaciones judiciales.

Con la participación de 160 inscriptos provenientes de distintas provincias, se llevó a cabo este lunes la 6ta. Subasta de Bienes en desuso del Estado provincial, en las instalaciones del CEF N° 1 de Resistencia. En esta oportunidad, se subastaron 36 vehículos oficiales en desuso, en el marco de una política impulsada por el gobernador Leandro Zdero orientada al ordenamiento del Estado y la optimización de los recursos públicos. Durante la apertura de la jornada, la secretaria General de la Gobernación, Carolina Meiriño, acompañada por el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam, destacó el carácter abierto y transparente del proceso: “Se trata de dinero de la gente que vuelve a la gente, mejorando la salud, la educación y la seguridad de todos”. Asimismo, remarcó que, a diferencia de gestiones anteriores, estas subastas son públicas y cuentan con amplia difusión, lo que permite la participación de oferentes de distintas jurisdicciones. En esta edición, se registraron inscriptos de Formosa, Misiones, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y Chaco. La funcionaria subrayó que los fondos obtenidos en subastas previas fueron destinados a acciones concretas en beneficio de la comunidad, como la adquisición de ambulancias, el fortalecimiento del programa Ñachec, la refacción integral del Centro de Salud de Villa Río Negro y la próxima intervención en el Centro Odontológico para Personas con Discapacidad “Santa Apolonia”, único en su tipo en la región. Cabe destacar que, previo a la subasta, se realizó una exhibición abierta al público durante tres jornadas consecutivas en el Galpón “La Mística” de Resistencia, permitiendo a los interesados conocer en detalle los bienes ofrecidos.

Son las gestiones iniciadas hace tiempo. Como forma de compensación por deudas que mantiene el Estado nacional, con la provincia. El gobernador correntino Juan Pablo Valdés, lo confirmó en la mañana de este lunes. Predios castrenses del exRegimiento de Infantería 9 y el puerto de la capital correntina, serían cedidos por el Estado nacional al provincial. Es un acuerdo al que están arribando ambas administraciones. “Tierras de nación a la provincia, el Regimiento y el puerto era lo que estaba conversado en principio y a partir de ahí seguiremos”, explicó este lunes por la mañana el gobernador de la provincia. Ese acuerdo lo firmaría la semana que viene y de esa forma se concretaría, una gestión anhelada por la administración correntina. Poder seguir expandiendo el desarrollo de la capital provincial, sobre los lotes mencionados que están próximos a la ribera del Río Paraná. Corrientes Hoy

Así lo aseguró el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel González, al ser consultado sobre los recientes operativos de Gendarmería Nacional en Clorinda, donde se desarmaron las pasarelas sobre el río Pilcomayo, . “Actuar sin planificación es un acto de desesperación que solo se hace para la foto y no discutir la cuestión de fondo, que es que, sin coordinación con las provincias, Gendarmería es ineficaz y la frontera queda expuesta”, agregó el funcionario. Además, afirmó que este tipo de decisiones unilaterales “no ayudan a nadie” y menos al personal de Gendarmería Nacional que “necesita objetivos claros y la eliminación de la incertidumbre en la que los embarcó esta gestión nacional, porque no son cuidados”, expresó el funcionario provincial, quien resaltó que esto se nota en “la gravísima situación de la obra social que angustia a quienes visten el uniforme de la fuerza federal y a sus familias porque quedaron sin ninguna cobertura de salud”. En relación al cargamento de ketamina líquida que fue descubierto este sábado en un camión en el barrio porteño de Caballito, que ingresó al país desde Paraguay, el ministro Gonzalez mencionó que se trata de un caso concreto que muestra que “la seguridad de fronteras no es una cuestión política, sino una responsabilidad del Estado Federal”. “Es importante enfatizar que el cuidado y control de las fronteras nacionales es responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado Nacional”, subrayó. “Advertimos fundamentalmente, en este caso, cómo un senador del oficialismo nacional que a esta altura ya tiene rasgos psicóticos y quiere hacer responsable a la provincia de Formosa de la situación, cuando con sus trasnochadas afirmaciones lo que hace es criticar la eficacia de la conducción de la seguridad nacional”, profundizó el ministro González. Para finalizar, el funcionario provincial lamentó que “la falta de articulación en materia de seguridad la termine pagando la gente”. Agenfor

El Anatoly Kolodkin, con unos 730.000 barriles de petróleo, pudo pasar a pesar del bloqueo estadounidense. Una embarcación rusa de carga con un envío humanitario de petróleo llegó a Cuba, informó este lunes el Ministerio de Transporte de Rusia. El petrolero Anatoly Kolodkin entregó unas 100.000 toneladas de crudo a Cuba, según un comunicado recogido por la agencia de noticias TASS. El buque esperaba para descargar ahora mismo en el puerto de Matanzas, añadió el informe, que difundió además Xinhua, a cuyo servicio está abonada la Agencia Noticias Argentinas. Antes, el diario New York Times informó que la Guardia Costera de Estados Unidos había permitido al tanquero ruso de crudo llegar a Cuba tras meses de bloqueo petrolero contra el país caribeño. El embargo puso a Cuba en aprietos El embargo interrumpió la mayoría de los envíos de combustible hacia La Habana, según se señaló desde el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. La CNN había anunciado la semana pasada que el Anatoly Kolodkin estaba en camino a Cuba con cerca de 730.000 barriles de petróleo. Se estima que en caso de llegar a las refinerías cubanas, este crudo ruso podría producir unos 250.000 barriles de diésel, suficientes para cubrir aproximadamente 12,5 días de demanda interna. Cuba dejó de recibir petróleo de Venezuela, su principal proveedor, tras la captura por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro, y posteriormente también se cortó el suministro de otros países, como México, después de que el Gobierno de Trump amagó con imponer aranceles adicionales a los países que le dieran crudo directa o indirectamente. La escasez de combustible aumentó los apagones, que son cada vez más prolongados, frente a una infraestructura deteriorada por la falta de mantenimiento e inversiones. IP Tan solo en el último mes, la isla sufrió dos apagones totales que dejaron a oscuras a La Habana y otras ciudades.

La Justicia Nacional del Trabajo resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la aplicación de decenas de artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral, al considerar que existen elementos suficientes para analizar su posible inconstitucionalidad y el riesgo de daños de difícil reparación. La CGT logró suspender casi 70 artículo de la Reforma Laboral. El fallo consideró acreditado el peligro en la demora y la posible afectación de derechos laborales fundamentales, por lo que dispuso frenar provisoriamente la aplicación de los artículos cuestionados hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad. La Justicia Nacional del Trabajo resolvió hacer lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y suspendió la aplicación de decenas de artículos de la denominada Ley de Modernización Laboral, al considerar que existen elementos suficientes para analizar su posible inconstitucionalidad y el riesgo de daños de difícil reparación. La presentación sindical, firmada por los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, forma parte de una estrategia judicial más amplia que ya había tenido un primer capítulo en el fuero Contencioso Administrativo, donde la central obrera también cuestionó otros aspectos de la normativa. Infogremiales

Ocurrió en la mañana de este lunes, en la zona de Colonias Unidas. El accidente se produjo entre una motocicleta en la que viajaba la joven como acompañante y un vehículo tipo furgoneta. Este lunes, cerca de las 07:10, el personal de la Comisaría de Colonias Unidas fue alertado sobre un siniestro vial ocurrido en un camino vecinal, en inmediaciones de la ex Ruta N° 9. Ante esta situación, los efectivos se dirigieron al lugar junto a una ambulancia de la localidad. Al arribar, constataron la participación de un vehículo marca Fiat, modelo Fiorino, tipo furgoneta, conducido por un hombre de 27 años, quien iba acompañado por un hombre de 68 años. Por su parte, la víctima se trasladaba en una motocicleta marca Honda, modelo Wave, de 110 cc, conducida por una joven de 23 años, quien llevaba como acompañante a Eliana Ayelén Trevisan, de 18 años. Tras ser examinadas por el médico, la conductora de la motocicleta presentaba “lesión cortante en pierna derecha de 12 cm y en pierna izquierda de 3 cm, con signos de haber ingerido alcohol”. En tanto, la acompañante presentaba “traumatismo de cráneo, inconsciente y en grave estado general”, por lo que fue derivada a un centro de mayor complejidad. Los ocupantes del automóvil no presentaban lesiones. La Fiscalía en turno dispuso la intervención del personal del Gabinete Científico. Posteriormente, cerca de las 08:35, desde el hospital “Julio C. Perrando” informaron que la joven Eliana Ayelén Trevisan ingresó sin signos vitales.

Se acordó además la entrega de becas estudiantiles y la construcción de un consultorio médico abierto a la comunidad. Este lunes, el Gobernador Leandro Zdero junto al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), entregaron la Resolución, en Casa de Gobierno, mediante el cual se formalizó la venta de un terreno al Colegio José Manuel Estrada, poniendo fin a un proceso que se extendió por más de 14 años. “Hoy es el cierre de un proceso muy largo en esta institución, en una negociación con el Estado provincial que se inició hace más de una década y que, pese a contar con una ley sancionada en 2022 que habilitaba su resolución, no había podido concretarse”, explicó Fernando Berecoechea, presidente del IPDUV. El funcionario destacó que, desde el inicio de la actual gestión, se trabajó junto a la cooperativa del establecimiento educativo para destrabar la situación, en línea con la decisión del gobernador de resolver conflictos históricos vinculados a la tierra y el desarrollo institucional. “El acuerdo establece el precio que la institución abonará al IPDUV por el terreno, pero además incorpora un fuerte compromiso social: la entrega de 10 becas para estudiantes que serán articuladas con el Ministerio de Educación, y la construcción de un consultorio médico que estará a disposición de toda la comunidad de Resistencia”, precisó. Asimismo, remarcó que esta operación permitirá al colegio avanzar con un proyecto integral para unificar todos sus niveles educativos en un mismo predio, dejando atrás la dispersión actual.Por su parte, la presidente de la Cooperativa José Manuel Estrada, Marcela Maidana, expresó su satisfacción por la concreción del acuerdo: “Después de mucho tiempo, logramos lo que tanto esperábamos. Esto nos abre una enorme posibilidad de crecimiento, de seguir construyendo y proyectando nuevas aulas para toda la institución”. En ese sentido, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial y la voluntad de diálogo que permitió alcanzar el consenso: “Fue un proceso largo, pero finalmente encontramos una apertura que benefició a toda la comunidad educativa”. A su turno, la directora del nivel secundario, María Laura Gay, manifestó la alegría de toda la comunidad educativa: “Estamos muy contentos. Fue un trabajo arduo que hoy se ve reflejado en esta firma. Poder acceder al terreno nos permitirá ampliar, crecer y brindar mejores condiciones a nuestros estudiantes”.Finalmente, subrayó que la iniciativa permitirá fortalecer el proyecto pedagógico del colegio: “Necesitamos ampliar nuestras aulas y contar con un espacio común para todos los niveles. Este paso es fundamental para el futuro de la institución”.Acompañaron esta entrega de Resolución, el secretario coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez; el vocal del IPDUV, Daniel Monti; el diputado provincial Samuel Vargas y la subsecretaria de Desentralización Educativa, Marta Fassano.

En contacto con Radio Uno, Formosa, desde la firma Teko destacaron el crecimiento de la actividad, el cambio en el consumo y un modelo innovador de cría sin antibióticos. Uno de los aspectos más destacados del sistema es su esquema productivo, basado en la cría de pacú en antiguos campos arroceros. La producción de pacú en cautiverio en la región sigue consolidándose y sumando mercados. Marcos Meichtry, integrante del área de piscicultura de la firma en Puerto Las Palmas, brindó detalles sobre el crecimiento del sector y las proyecciones para este año. El referente recordó que la empresa concretó su primera exportación a Estados Unidos en abril de 2024 y una segunda en junio de 2025, y adelantó que para este 2026 prevén al menos dos nuevos envíos. “La gente que lo prueba, le gusta y le resulta interesante también el método de producción”, sostuvo. Uno de los aspectos más destacados del sistema es su esquema productivo, basado en la cría de pacú en antiguos campos arroceros. A diferencia de los modelos intensivos, donde hay alta concentración de peces, en este caso trabajan con baja densidad: un pez cada cinco metros cuadrados. “Eso permite que el animal no se estrese, no se enferme y no necesite antibióticos ni sistemas de oxigenación artificial”, explicó Meichtry, quien además subrayó que se trata de una especie nativa. El sistema combina la producción de arroz con la piscicultura, lo que permite aprovechar restos de cosecha como alimento natural, complementado con proteínas vegetales como soja o maní, reduciendo costos y haciendo más sustentable la actividad. Actualmente, la firma cuenta con unas 720 hectáreas destinadas a este esquema, con aproximadamente 580 en producción activa y cerca de un millón de peces en distintas etapas de engorde. En el mercado, el producto más demandado es el filet de pacú sin espinas, aunque también crecen las opciones elaboradas como hamburguesas y medallones, elaboradas a partir del aprovechamiento integral del pescado. De cara a Semana Santa, uno de los momentos de mayor consumo, desde la empresa señalaron que las ventas acompañan la demanda. Además, destacaron un avance clave: la certificación de arroz orgánico dentro del mismo sistema productivo, lo que abre nuevas oportunidades comerciales. Así, el pacú producido en la región se posiciona no solo como alternativa en el consumo local, sino también como un producto con proyección internacional. El Comercial

En medio de la conmoción por la muerte de Fernanda Almada, una adolescente que asistía a la Escuela de Educación Técnica (EET) N° 16 “1° de Mayo” y que se quitó la vida el pasado 15 de marzo, presuntamente tras sufrir acoso escolar, especialistas volvieron a poner el foco en la urgencia de abordar de manera integral la prevención del suicidio en jóvenes. En declaraciones a CIUDAD TV, Milena Pérez, directora de la Asociación Civil Red Integral, remarcó la necesidad de “hablar de estos temas, concientizar y prevenir”, al tiempo que advirtió que el suicidio “no es solo una problemática de salud mental, sino también un fenómeno social atravesado por múltiples factores”. Desde la organización vienen impulsando el programa “CAIROS”, orientado a la prevención de adicciones, violencias y suicidios, con un enfoque integral. “Como vimos en este caso, los hechos de violencia, como el bullying, pueden inducir a estas decisiones extremas”, señaló. Capacitación abierta y gratuita En este contexto, la entidad anunció una capacitación abierta a la comunidad que se realizará el próximo martes 7 de abril a las 18:30, en avenida Belgrano 829, con acceso libre y gratuito. La actividad estará a cargo de psicólogos sociales y abogados, y está dirigida tanto al público en general como a profesionales. “El objetivo es que toda la sociedad pueda adquirir herramientas para prevenir, identificar señales de riesgo y acompañar. No es solo tarea de los especialistas”, explicó Pérez. La iniciativa surge, además, por la creciente demanda de docentes, instituciones y organizaciones comunitarias que buscan herramientas para intervenir ante estas situaciones. Señales de alerta y factores de riesgo Durante la entrevista, la especialista detalló algunas de las principales señales de alerta: aislamiento, llanto frecuente, abandono de actividades que antes generaban interés, ausencias reiteradas en la escuela o el trabajo, y expresiones verbales de desesperanza. Entre los factores de riesgo mencionó la violencia en sus distintas formas (física, psicológica o digital), el bullying, trastornos no tratados, y el impacto del uso problemático de redes sociales, incluso en niños cada vez más pequeños. “Hoy vemos casos en edades muy tempranas, incluso desde los 10 años. Por eso es clave trabajar con las familias y controlar el uso de la tecnología”, advirtió. El rol de la comunidad Pérez insistió en la importancia de construir redes de apoyo que incluyan a la familia, la escuela y la comunidad en general. “No es lo mismo una persona acompañada que una que no lo está. Todos podemos intervenir desde la empatía, sin juzgar”, sostuvo. También llamó a desterrar mitos, como la idea de que quien expresa deseos de morir “no lo va a hacer”. “Eso no es cierto. Las personas suelen dar señales, ya sea en palabras, actitudes o incluso en redes sociales”, explicó. Una deuda en prevención y acompañamiento La referente social consideró que existe “una deuda como sociedad” tanto en la prevención como en la “postvención”, es decir, el acompañamiento a familiares y allegados de quienes atraviesan estas tragedias. Según indicó, estos procesos deben ser abordados por equipos profesionales a través de la psicoeducación y el acompañamiento sostenido. Romper el silencio Finalmente, Pérez cuestionó los tabúes históricos en torno al suicidio, incluso en los medios de comunicación. “Antes se creía que hablar del tema lo incentivaba. Hoy sabemos que es al revés: hablar salva vidas”, afirmó. En ese sentido, subrayó que la concientización es una herramienta clave para la prevención, en un contexto donde los casos han aumentado significativamente en el país. “Negar o silenciar el problema no lo hace desaparecer. Es momento de empezar a hablar y actuar”, concluyó.

Un juez francés desestimó la demanda del Cardiff City por más de 100 millones de libras esterlinas en concepto de indemnización tras la muerte del futbolista Emiliano Sala. Sala, de 28 años, y el piloto David Ibbotson murieron cuando el avión Piper Malibu en el que viajaban se estrelló en el Canal de la Mancha la noche del 21 de enero de 2019. El delantero argentino estaba a punto de fichar por el Cardiff City, que por aquel entonces militaba en la Premier League, procedente del FC Nantes por un traspaso de 15 millones de libras. En el último capítulo de una larga disputa, un tribunal francés encargado de decidir si el club galés tenía derecho a una indemnización por parte del Nantes por la pérdida de Sala ha desestimado su demanda. El Cardiff City reclamaba más de 120 millones de euros (104 millones de libras esterlinas) por lucro cesante y otros daños, basándose en la creencia de que Sala podría haber mantenido al club en la Premier League. Sin embargo, el lunes, un tribunal de Nantes desestimó sus demandas y también ordenó al club pagar alrededor de 400.000 libras esterlinas en concepto de costas judiciales y daños morales sufridos por el FC Nantes. BBC

El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) formularon la acusación a fin de promover la apertura del juicio oral de un productor rural de 25 años, a quien se le atribuye la comisión, en carácter de autor, del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y la consumación de la finalidad. Asimismo, se estimó en 8 años de prisión la pena que la fiscalía requerirá que se imponga en el marco del debate oral. La imputación está vinculada a la detección, en octubre del año pasado, de 20 personas sometidas a condiciones de vida y trabajo inhumanas en un campo de cultivo de frutillas ubicado en la localidad santafesina de Arroyo Leyes, sobre la ruta provincial N°1, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. La acusación fue formulada por los fiscales federales Walter Rodríguez, cotitular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Santa Fe; la fiscal coadyuvante Milagros Traverso; y el fiscal general Marcelo Colombo, cotitular de la PROTEX. La presentación de la acusación por escrito —tal como lo dispone el artículo 274 del Código Procesal Penal Federal (CPPF)— constituye el paso previo a la realización de la audiencia de control de la acusación en la que se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral, y las condiciones en las que se realizará, en este caso, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De acuerdo con la requisitoria, el imputado —cuyas iniciales son F.A.P.— implementó un sistema de captación, traslado y acogimiento de personas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad estructural de las víctimas. En su presentación, el Ministerio Público Fiscal también impulsó medidas de reparación para las víctimas, solicitó el decomiso de los bienes secuestrados y requirió la imposición de las costas del proceso al acusado. “Debe valorarse la naturaleza y gravedad del hecho, ya que el caso se inscribe dentro de una modalidad delictiva particularmente lesiva, como lo es la trata de personas con fines de reducción a servidumbre, fenómeno criminal que constituye una de las manifestaciones contemporáneas más severas de vulneración de los derechos fundamentales, en la medida que implica la cosificación de la persona y la supresión fáctica de su libertad y dignidad mediante mecanismos de sometimiento económico, social y material”, sostuvieron los fiscales. La presentación de la acusación por escrito —tal como lo dispone el artículo 274 del Código Procesal Penal Federal (CPPF)— constituye el paso previo a la realización de la audiencia de control de la acusación en la que se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral, y las condiciones en las que se realizará, en este caso, ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. Captación, traslado y endeudamiento La investigación preparatoria se inició el 17 de septiembre de 2025, a partir de la denuncia, en una comisaría local, de tres víctimas, una de las cuales refirió que habían logrado escapar del predio. A instancia de la Unidad Fiscal Santa Fe —a cargo del caso junto a la PROTEX—, el 1° de octubre se realizó el allanamiento al campo de frutillas ubicado en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1, donde se identificó a 42 trabajadores, que se sumaron a los tres denunciantes iniciales. Según la pesquisa, la mayoría de las personas provenía de la provincia de Chaco —principalmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde— y había sido trasladada al campo bajo promesas laborales que no se cumplieron. La acusación sostiene que el imputado financiaba los pasajes y luego descontaba esos montos de los salarios, generando así un sistema de endeudamiento inducido. Si bien al formalizar la investigación en octubre de 2025 se contabilizaron 45 personas como las presuntas víctimas, la acusación, en función de los testimonios recabados, finalmente se enfocó en 20 de ellas. Condiciones de vida y trabajo La acusación describe condiciones de extrema precariedad: los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera utilizados como camas. El lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable. La fiscalía señala que las personas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos. Según los testimonios, las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos, con remuneraciones por debajo de los mínimos legales. En ese marco, el MPF consideró que las condiciones configuraban una situación de reducción a la servidumbre, basada en el aprovechamiento de la necesidad económica y la falta de instrucción de las víctimas. Uno de los testimonios volcados en la pieza acusatoria describe esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana, salíamos a las 11. De las 11, comíamos algo un ratito, ya teníamos que entrar otra vez a las 7 de la tarde. Hasta que baje el sol, ¿viste? Y resulta otra vez a la madrugada. Teníamos que hacer todos los días así, así, así. Y el cuerpo no da más, viste que vos estás cansado y dormís una hora, dos nomás, y no das más. Me dolía todo el pie así, ¿viste? Cuando tenía que ir otra vez”. Evidencia y pedido de decomiso Los fiscales Rodríguez y Colombo también fundamentaron la acusación y el pedido de juicio en la evidencia recolectada durante el allanamiento, en el que se secuestraron más de 10 millones de pesos en efectivo, 4.205 dólares, 12 armas de fuego de distintos calibres y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos, como linternas para las tareas que realizaban en horas nocturnas. También se incautó una camioneta Volkswagen Amarok, cuya titularidad corresponde al imputado. Según la

Sólo el 7,9% de las personas pobres en edad de trabajar están desempleadas. Se empiezan a visualizar los límites del cuentapropismo. Un fenómeno hasta ahora silencioso comienza a hacer ruido. La crisis del mercado laboral cruje por diferentes costados: sube el desempleo, los pobres trabajan más horas sin alcanzar la canasta básica y los cuentapropistas sueñan con un lugar en el sistema formal que no aparece. Los salarios volvieron a perder contra la inflación en enero y no hay señales de que la tendencia se vaya a revertir en el corto plazo. El desplome de los ingresos de los hogares se transformó en un problema no sólo para las familias, sino también para el conjunto de la economía. Ni son vagos, ni les cuesta conseguir trabajo por la falta de educación. El 59% de las personas pobres en edad de trabajar en Argentina ya tienen trabajo, en construcción, en comercio y en industria, e igual son pobres. Sólo el 7,9% de las personas pobres en edad de trabajar están desempleadas. Los datos surgen de un informe de Futuros Mejores, que busca desafiar los lugares comunes. El estudio revela que las personas pobres trabajan más horas: 41,8 semanales contra las 40,2 horas que trabajan las personas cuyos ingresos superan la Canasta Básica. En ambos casos, el tipo de relación laboral que prevalece es la salarial: “La diferencia la hace la formalidad: en los trabajadores pobres la formalización es sólo del 41% y en los no pobres del 82%”, explica el texto que analiza alternativas para la política social en Argentina. Tal vez por eso choca tanto la distancia entre el relato oficial, que niega la destrucción de empresas y puestos de trabajo en el sector formal, y la realidad de un efecto en cascada que empeora la calidad de vida de las familias trabajadoras en los distintos segmentos del mercado laboral. Las apps como salvoconducto La crisis del empleo, hasta ahora silenciosa, se viene acelerando y cada vez más especialistas le ponen el ojo. El Centro de Estudios Renacer Argentina y de la Universidad de San Martín pusieron el foco en los trabajadores de aplicaciones y realizaron trabajo de campo. En encuestas presenciales, el 40,2% de los repartidores dijo que lo eligió porque había perdido el trabajo y no encontraba otro, el 50% trabaja más de ocho horas diarias y al 42,3% los ingresos no le alcanzan para llegar a fin de mes. “Quienes trabajan con aplicaciones de delivery consideran que este trabajo les da cierta libertad, pero los datos muestran lo contrario. Es una opción laboral ante la crisis de empleo, un salvoconducto que no llega a cubrir necesidades económicas básicas ni expectativas de desarrollo profesional y personal”, explicó el economista Axel Arias, que se encargó de coordinar el trabajo. La cuestión es interesante. Entre quienes trabajan por su cuenta, la abrumadora mayoría dice hacerlo por la libertad de manejar los horarios que otorgan las aplicaciones, pero son los propios repartidores quienes reconocen que, en la práctica, los ingresos dependen de horarios pico, condiciones climáticas o decisiones opacas de la plataforma. No hay salario garantizado, no hay previsibilidad. Hay conexión permanente y expectativa. Según la encuesta, casi dos tercios de los repartidores aceptarían un trabajo formal si pudieran y el 70% de los trabajadores de este tipo de aplicaciones no se imagina desempeñando la misma tarea en los próximos cinco años. Se agota el refugio, crece el desempleo Hasta ahora, la economía de plataformas funcionó como “estrategia de refugio” y amortiguó la caída del empleo formal. Ese fenómeno pareciera encontrar un límite: el desempleo trepó al 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, según el INDEC, y marcó una suba de 1,1 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior. Para más, el deterioro salarial siguió su curso en enero. Los salarios formales subieron apenas 2% en el primer mes del año, frente a una inflación que se movió a un ritmo del 2,8%. Este segmento de los ingresos ya acumula una caída del 7,9% desde que asumió Javier Milei. Lejos de ser un problema exclusivo de las familias, la caída de los ingresos ya golpea a la economía en su conjunto: a los bancos, con una suba de morosidad récord que además eleva el costo del financiamiento, pero sobre todo a la industria, la construcción y el comercio, por la baja demanda. Los empresarios coinciden en que, hoy por hoy, es su principal problema. Ámbito

En su Investor Day de abril de 2025, el fondo usó declaraciones de Milei y datos macroeconómicos del Gobierno para convencer a sus accionistas de que Argentina pagaría los US$16.000 millones del juicio por YPF. El 3 de abril de 2025, en Nueva York, los ejecutivos de Burford Capital convocaron a sus accionistas a uno de sus eventos más importantes del año: el Investor Day. En el salón donde se discutía el futuro del fondo de litigios más grande del mundo, apareció en pantalla una filmina con un título que era casi una confesión: “El proceso de YPF será ruidoso, pero vemos algunas tendencias positivas”. Las “tendencias positivas” no eran datos del mercado financiero global. Eran frases del presidente Javier Milei. El 3 de abril de 2025, en Nueva York, los ejecutivos de Burford Capital convocaron a sus accionistas a uno de sus eventos más importantes del año: el Investor Day. En el salón donde se discutía el futuro del fondo de litigios más grande del mundo, apareció en pantalla una filmina con un título que era casi una confesión: “El proceso de YPF será ruidoso, pero vemos algunas tendencias positivas”. Las “tendencias positivas” no eran datos del mercado financiero global. Eran frases del presidente Javier Milei. Un negocio construido sobre un solo juicio Para entender la magnitud de lo que estaba en juego, alcanza con recorrer las otras filminas de esa misma presentación. En la filmina 8, dedicada al resumen del negocio, Burford organizó su propuesta de valor en tres columnas. Las dos primeras describían su trayectoria y sus proyecciones de crecimiento. La tercera decía, escuetamente: “YPF es una fuente adicional potencial de flujos de caja robustos y retornos”. Era el único activo mencionado por nombre en toda la arquitectura del negocio. En la filmina 19, donde proyectaban el crecimiento del portafolio hasta 2030, el gráfico llevaba una aclaración que lo decía todo: los US$5.500 millones proyectados estaban calculados “excluyendo activos relacionados con YPF”. YPF era tan grande que distorsionaba cualquier proyección y había que sacarlo para que los números del negocio ordinario tuvieran sentido. La filmina 27 ponía los números sobre la mesa: Burford había desplegado apenas US$77 millones en el caso hasta diciembre de 2024. A cambio, tenía derecho a aproximadamente el 35% de la recuperación del caso Petersen, cuya sentencia ascendía a US$14.400 millones más intereses acumulando al 5,42% anual. Para marzo de 2025, esos intereses ya sumaban US$1.200 millones adicionales. La filmina 44 completaba el cuadro con una frase que resumía la apuesta: “Creemos que los activos relacionados con YPF entregarán en última instancia una recuperación de diez cifras para Burford, pero el riesgo litigioso persiste”. Diez cifras: es decir, más de US$1.000 millones para el fondo. Y luego la confirmación: “El fallo final es una victoria completa contra Argentina de USD 16.000 millones, en el extremo alto del rango posible de daños.” Pero la filmina 100 mostraba la otra cara de esa concentración. Entre los factores que amenazaban su retorno sobre el capital, Burford listaba: “YPF es una gran porción de nuestra base de activos. Con aproximadamente el 40% del valor razonable, puede deprimir el ROE en períodos en que no tenemos impacto de hitos”. El fondo más grande de litigios del mundo dependía, en un 40% de su valor, de ganarle un juicio a la Argentina. La filmina 104, en el cierre de la presentación, lo reconocía con inusual franqueza: “El asunto YPF es un ejemplo fundamental de nuestro modelo de negocio… pero la escala lo convierte en un desafío de valuación”. Y luego: “Reconocemos que evaluar los activos relacionados con YPF es un desafío para los inversores que construyen una tesis de inversión.” La filmina 106 listaba las tres prioridades estratégicas de la empresa para los próximos años. La segunda, en el medio de las tres, era: “Monetizar los activos relacionados con YPF”. No era un activo entre muchos. Era uno de los tres objetivos centrales de toda la compañía. Comprar un pleito para hacer negocios Burford Capital no es un fondo de inversión tradicional. Es una firma especializada en comprar litigios y llevarlos hasta las últimas consecuencias. Su modelo es simple y brutal: adquiere los derechos de un juicio a bajo precio, financia los costos legales y cobra una parte sustancial si gana. En el caso YPF, según detalla la filmina 26, la historia empezó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner re-nacionalizó YPF y, según alegaron los demandantes, incumplió el contrato con los accionistas al no hacer una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre las acciones que cotizaban en la Bolsa de Nueva York. En 2015, Burford ganó un proceso competitivo para financiar la demanda del Grupo Petersen –de la familia Eskenazi, vinculada a los Kirchner– cuya empresa española había entrado en quiebra. Las acciones de YPF eran el único activo de esa compañía y no había dinero para costear el litigio. Burford puso el dinero a cambio de una porción de lo que se obtuviera. Invirtió, en total, US$77 millones a lo largo de años de litigación. A cambio, tenía derecho al 35% de una sentencia que la jueza Loretta Preska fijó en US$16.000 millones. El hombre de Wall Street y el lobby en Buenos Aires Con el fallo de primera instancia en la mano y la apelación pendiente, Burford no se quedó esperando en los tribunales. Montó una operación política paralela. Para eso contrató a Gerry Mato. Mato es un argentino radicado en Wall Street desde hace décadas, con un extenso paso por el banco HSBC, que oficia de puente entre la comunidad financiera neoyorquina y la política argentina. Su nombre no es conocido masivamente, pero su rol en los últimos años fue decisivo en momentos clave. Fue él quien organizó, después de las PASO de 2023, la visita de Milei y su equipo económico a Nueva York para “presentarlo en sociedad” ante inversores y ejecutivos. En su casa de Greenwich Village se tejieron los primeros contactos entre el entonces candidato libertario y el

La Municipalidad de Resistencia el plano colectivo aprobado de la mensura realizada a vecinos ubicados en un sector de Villa San Martín. Se delimitaron formalmente 49 parcelas, cuyas familias ocupantes, desde hace generaciones, esperaban sin obtener respuestas para este importante avance que les permita obtener el título de propiedad de sus hogares. Graciela Susana Paz es nieta de uno de los ocupantes desde el año 1962. “Y desde ese año esperando avanzar, así que gracias a Dios, por lo menos tenemos ya lo nuestro”, dijo. “Nos tienen que tomar datos para empezar a pagar después las mensuras y todo pero, en este caso, lo que lograron fue delimitar legalmente los terrenos totalmente, así que estoy recontenta por mis abuelos del cielo y ahora hay que continuar hasta el título”, agregó. El artista Humberto Gómez Lollo, en calidad de vecino, consideró que, “me parece excelente porque la mayoría de las personas que están aquí, por lo menos como mínimo hace 30 años que están ocupando estos terrenos”. Aclaró que “a mí me otorgó el Municipio un comodato para la construcción del museo en López y Planes y Laprida y los vecinos, a partir de ahora, pueden hacer los trámites para tener sua títuloa de propiedad y me parece extraordinario”. Otra vecina, Eva Benítez, dijo que reside en una vivienda por calle Sargento Cabral desde hace 35 años. “Mis padres nunca tuvieron la posibilidad de ver su terreno delimitado pero ahora tenemos esta carpeta que nos está dando una esperanza, después de tanta lucha”, relató. “Hoy en día, la Municipalidad nos está brindando esta oportunidad y todos los vecinos estamos muy agradecidos”, cerró.

La jueza federal Zunilda Niremperger convocó a cuatro imputados por secuestros, torturas y desapariciones forzadas. Los casos incluyen a tres víctimas y el cautiverio de la familia de una de ellas. La jueza federal N° 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, citó a declaración indagatoria a cuatro ex integrantes del Ejército y de la Policía del Chaco en el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. La audiencia fue fijada para el próximo 23 de abril y se realizará de manera virtual a partir de las 9. Los imputados son los ex oficiales del Ejército Aldo Héctor Martínez Segon y Luis Alberto Patetta, y los ex policías provinciales José Francisco Rodríguez Valiente y Gabino Manader. De acuerdo a la imputación, están acusados por la privación ilegítima de la libertad, tormentos y desaparición forzada de Raúl María Caire, Hegilberto Ricardo Nadalich y Raúl Antonio Méndez. También se les atribuyen delitos contra Luisa Rodríguez de Caire y sus dos hijos, quienes al momento de los hechos tenían apenas 2 años y 10 meses. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal dará lectura a los cargos y a las pruebas que sostienen la acusación. Los casos Raúl María Caire fue secuestrado el 2 de noviembre de 1976 en su domicilio de Resistencia junto a su familia, en un operativo realizado por fuerzas conjuntas del Ejército y la Policía. Posteriormente, fue trasladado a un centro clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía. Su última aparición con vida fue el 12 de diciembre de 1976, cuando testigos lo vieron dentro de la Alcaidía Policial en estado crítico, con signos evidentes de tortura. Su esposa, Luisa Rodríguez, y sus dos hijos permanecieron secuestrados durante un mes y 23 días en la Brigada de Investigaciones, en condiciones infrahumanas. La mujer fue sometida a tormentos, mientras que los niños sufrieron graves consecuencias en su salud debido a las condiciones de cautiverio. Recién en enero de 1977 los menores fueron restituidos a su familia. Por su parte, Raúl Antonio Méndez fue detenido el 6 de noviembre de 1976 en la ciudad de Corrientes y trasladado a Resistencia. Permaneció en la Brigada de Investigaciones, donde fue torturado. Fue visto por última vez el 9 de noviembre en muy mal estado de salud. En tanto, Hegilberto Ricardo Nadalich fue capturado el 7 de noviembre de 1976 en cercanías de la Capilla San Pablo, también en Corrientes, durante un operativo de fuerzas conjuntas. Tras su traslado a Resistencia, fue alojado en el sótano de la Brigada de Investigaciones, donde sufrió torturas. Desde entonces permanece desaparecido. Quiénes eran las víctimas Raúl María Caire era oriundo de Entre Ríos, había estudiado en el Seminario de Paraná y luego se radicó en Concordia, donde cursó Filosofía. Fue trabajador bancario, dirigente de la Asociación Bancaria y militante de la Juventud Peronista. En 1975 debió abandonar la ciudad tras recibir amenazas de la Triple A. Raúl Antonio Méndez, nacido en Santa Lucía (Corrientes), estuvo vinculado desde joven a las ligas agrarias. Se desempeñó como docente rural y posteriormente se trasladó a la capital provincial para estudiar Medicina en la Universidad Nacional del Nordeste. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Hegilberto Ricardo Nadalich, oriundo de la zona rural de Reconquista, fue un destacado dirigente del Movimiento Rural Católico. Desarrolló tareas en distintas regiones del país y también en el exterior, promoviendo la organización campesina y participando en espacios internacionales vinculados al sector agrario.