Un informe de la Auditoría General expone graves fallas en el contrato prorrogado en 2020 y deja al desnudo el apuro de la gestión actual de Javier Milei por sellar una prórroga hasta 2066 que beneficie al holding de Eduardo Eurnekian. Si se frena la maniobra, el control de las 35 terminales aéreas deberá volver a manos del Estado de forma obligatoria en febrero de 2028. El 30 de junio de 2025, la Auditoría General de la Nación(AGN) publicó un informe que discute la prórroga actual de la concesión en beneficio de Aeropuertos Argentina. Con críticas severas, la Auditoría señaló las falencias detectadas en la extensión del contrato de 2028 a 2038, rubricada durante el gobierno de Alberto Fernández con la excusa de la pandemia por Covid-19. Mientras la administración de Javier Milei busca extender la concesión actual a 2066, la anterior prórroga concretada hace apenas seis años, según la AGN, no cumplió con los estándares establecidos dentro del marco regulatorio para concesiones aeroportuarias. No se respetaron los pasos que impone la ley; no intervinieron los organismos idóneos ni se presentó toda la documentación. Por esto llama aún más la atención el apuro del Gobierno nacional ya que, en teoría, aún restan 12 años para que venza el contrato entre Nación y la empresa que controla Eduardo Eurnekian. En 2028, todas las terminales y sus activos deberían regresar al Estado. ¿Cómo evitar una nueva licitación que obligue al concesionario a mejorar su oferta por la explotación de los aeropuertos? Con una extensión por 40 años. Hay otro dato que es clave: la empresa argumentó que esos plazos son necesarios para comprometer u$s600 millones de inversión en obras. Pero el ORSNA es el organismo que define el plan de infraestructura, no Aeropuertos. EL ORSNA en la mira El informe de auditoría sobre el ORSNA comenzó a ser observado luego de que se conociera el acta secreta firmada en septiembre de 2025 entre el entonces presidente del organismo, Facundo Leal, y el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibahian. Ese documento cimentó el camino para anticipar la extensión de la prórroga que, desde 2020, concluye en 2038 y, de esa manera, llevarla hasta 2066. La detención de Leal en el marco de una causa por corrupción precipitó los acontecimientos y ahora, por motivos diversos, todo está entre signos de interrogación. La AGN constató que el servicio se vio afectado notablemente el primer año, pero que, sin embargo, en la segunda parte de 2021 ya mostraba claros signos de recuperación. No obstante, la extensión fue de 10 años. En esa ocasión, en medio de la pandemia, el ORSNA desplegó una serie de argumentos técnicos para sostener la extensión de la concesión, entre las cuales estaban inversiones, razonabilidad tarifaria y seguridad operacional. A lo largo de más de 60 páginas, el informe de la AGN marcó diversas “irregularidades” en el proceso de prórroga de 2020. Lo primero que detectó la Auditoría fue la falta de un procedimiento específico que determinase la oportunidad de intervención de los órganos competentes y garantice, así, un adecuado circuito administrativo. En otras palabras, el recorrido monitoreado por el ORSNA no fue prolijo. Entonces, la AGN cuestionó si efectivamente ameritaba extender la concesión sin más. De fondo, se encuentra la permanente crítica de especialistas que subrayan que el ORSNA está “colonizado” por Aeropuertos Argentina. Según la Auditoría, el ORSNA utilizó genéricamente la Ley de Procedimientos Administrativos, sin elaborar un circuito propio ni emitir un dictamen jurídico que analizara la prórroga en términos normativos. Por otro lado, también hallaron debilidades “vinculadas a la debida documentación de las intervenciones de las dependencias y a la falta de un adecuado orden de los expedientes administrativos tramitados”. La AGN, en este tramo, reforzó la idea de que el proceso no sólo no contó con un procedimiento específico, sino que ese seguimiento por parte de diferentes áreas a las que se debía someter el expediente de prórroga se desarrolló de manera incompleta. Esa desprolijidad tiene múltiples hipótesis, pero ninguna respuesta oficial hasta ahora. Luego, la AGN se refirió a uno de los puntos más sensibles: el plan de obras que, como consecuencia de obtener el plazo de 10 años más en la concesión, Aeropuertos Argentina quedaba obligado a realizar. En ese sentido, la AGN señaló falta de claridad y metas tangibles en la redacción de la Cláusula 2.1.2., que representa obras por u$s85 millones, y la 2.1.3, que significa una inversión de u$s124 millones. Sólo se le exigió a Aeropuertos “aportar sus mayores esfuerzos y aportes de idoneidad para alcanzar el máximo nivel de apalancamiento capaz de lograr un financiamiento antes del 31/12/21”. ¿Cómo se van a cumplir esos objetivos y qué criterios garantizarían su realización? El ORSNA respondió de forma críptica, indicando que “que dichos compromisos han sido determinados en forma adicional a los expresados en el resto de las cláusulas y ha sido tratado en expediente específico”. La respuesta no convenció a la AGN que mantuvo el señalamiento, incluso remarcando que esos “criterios objetivos” de los que habla servirían para “evaluar el desempeño del concesionario”. De esta forma, la AGN explicita que el ORSNA no tomó los recaudos necesarios para que quede en claro cómo va a exponer Aeropuertos Argentina que cumplió con su parte. Por último, destacaron que Aeropuertos Argentina “efectuó la renuncia a reclamos, recursos y demandas entabladas contra el Estado Nacional en la forma y plazos previstos. No obstante, existen documentos internos del ORSNA, relacionados con el trámite, que no fueron incorporados al expediente”. Si las objeciones de la AGN tumbaran la concesión extendida, Aeropuertos debería devolver todos los activos en febrero de 2028. Es por eso el apuro para que el Gobierno de Javier Milei le otorgue una nueva prórroga que pueda “subsanar” la cuestionada y asegurarse 40 años más de explotación de las 35 terminales aéreas, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 16.45%, inédita en el mercado del transporte. Las actas secretas Como ya contó Ámbito, las actas secretas firmadas por el directorio del ORSNA fueron
Autor: Redacción General
Los ataques de Irán contra objetivos estadounidenses en Medio Oriente dañaron “cientos de edificios y estructuras” de EE.UU. en la región, según un informe del inspector general del Pentágono, que además advierte de una “escasez estratégica” en las municiones de Washington para continuar la guerra. Una cadena de noticias difundió imágenes tomadas por las tropas yanquis que muestran un avión destruido y remolques destrozados por los ataques iraníes. A su vez, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) informó que la guerra con Irán le costó a Estados Unidos alrededor de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto. Los daños causados por Irán El informe oficial, enviado recientamente al Congreso y del que informan este miércoles varios medios estadounidenses, reveló que el objetivo completo de la misión del Pentágono en Irán permanece clasificado. Eso implica que la guerra contra Irán lanzada junto a Israel podría tener otras metas que EE.UU. todavía no hizo públicas, más allá de las que ya indicaron el Pentágono y que consisten en destruir el programa nuclear iraní, su producción e inventario de drones y misiles ofensivos y otras infraestructuras militares. El informe del inspector general, una figura que supervisa el funcionamiento interno del Departamento de Defensa, cubre los primeros cuatro meses de guerra contra Irán, desde su inicio el pasado 28 de febrero hasta el 30 de junio, y supone el primer balance oficial del Pentágono sobre el impacto de la guerra. En ese periodo, “los ataques iraníes dañaron y destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania”. Además, “decenas de aviones estadounidenses resultaron destruidos o dañados”, incluidos 30 drones Reaper y cuatro aeronaves de combate F-15, indica el informe, que cita datos proporcionados por el Mando Central de EE.UU. La destrucción del centro de logística principal de Estados Unidos en Baréin planteó “desafíos significativos” para sostener la guerra, puesto que el puerto que lo sustituye, el británico de Diego García en el Índico, implica que los buques de reabastecimiento tardan entre 14 y 18 días en llevar combustible y provisiones al golfo Pérsico, señala el documento. Además, los ataques de Irán provocaron daños de unos 184 millones de dólares en las embajadas y consulados estadounidenses en Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, asegura el informe. “La punta del iceberg” Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araqchi, aseguró que este documento es “solo la punta del iceberg”. “Lo revelaremos todo a su debido tiempo. Para aquellos que han vendido mentiras sobre Irán, no será bonito”, advirtió en la red social X. La cadena estadounidense CBS News difundió imágenes tomadas por las tropas de Estados Unidos que muestran un avión destruido y remolques destrozados por los ataques iraníes. Las imágenes sin fecha, tomadas en una base en Arabia Saudita y en dos instalaciones en Kuwait, fueron proporcionadas a CBS por personal estadounidense bajo condición de anonimato debido a las restricciones militares de Estados Unidos, señaló el medio. “Son daños graves a nuestras bases que no se han comunicado al público estadounidense”, dijo un miembro de las fuerzas armadas estadounidenses citado por la cadena. “Estamos ahí, de pie, con los ojos cerrados, recibiendo golpes en la cara”, agregó el militar. Al menos 18 combatientes estadounidenses murieron en esta guerra, y 417 resultaron heridos, según el informe y una base de datos del Pentágono, entre un total de alrededor de 50.000 militares desplegados en la región. Aunque el Pentágono y el presidente estadounidense, Donald Trump, siguen negando que Estados Unidos tenga problemas con las municiones para continuar la guerra, el informe del inspector general menciona “una escasez estratégica en el inventario” y problemas de reabastecimiento. 38.000 millones de dólares Por otra parte, el informe publicado por la CBO detalló que los primeros cinco meses de guerra le costaron al Departamento de Defensa unos 38.000 millones de dólares, y podría añadir entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al mes a esa factura mientras continúe el conflicto. El cálculo incluye principalmente el costo de reponer municiones utilizadas durante las operaciones, sustituir equipos perdidos o dañados, así como gastos adicionales de combustible, horas de vuelo y otras operaciones militares. El análisis fue elaborado por el organismo no partidista a pedido de varios legisladores demócratas y no contempló algunos costos que ya están incluidos en el presupuesto habitual del Pentágono. La Oficina de Presupuesto calcula que el costo mensual sería de unos 2.000 millones de dólares si las operaciones mantienen una intensidad similar a la registrada durante mayo y junio, cuando hubo un periodo de menor actividad, y podría acercarse a 3.000 millones si el conflicto mantiene un ritmo como el de julio. El conflicto también redujo las reservas estadounidenses de determinadas municiones, especialmente de interceptores utilizados para defenderse de misiles. El mayor agujero en esa factura está en la munición, el análisis calcula que Estados Unidos necesitará 21.700 millones de dólares para reponer armamento utilizado en la guerra, de los que 13.100 millones corresponden a interceptores de defensa antimisiles y otros 7.300 millones a misiles de crucero. La cifra muestra que una parte importante del costo no procede solo de lanzar ataques, sino también de responder al fuego iraní y mantener las defensas estadounidenses. El ritmo de consumo dejó además algunas reservas bajo presión y la Oficina de Presupuesto calcula que desde junio de 2025 Estados Unidos utilizó entre la mitad y dos tercios de las existencias de determinados interceptores, mientras que recuperar algunos de esos arsenales podría llevar al menos cinco años, incluso si los fabricantes aumentan su producción. Incertidumbre por las conversaciones A pesar del costo de la operación militar, Trump defendió el despliegue estadounidense en Medio Oriente como necesario para impedir que Irán desarrolle armas nucleares, mientras las perspectivas de un acuerdo con Teherán siguen abiertas, aunque sin avances claros que permitan anticipar un desenlace. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohsen Rezaei, rechazó este martes cualquier diálogo con
Además, el banco central norteamericano incluyo una actualización de sus proyecciones macroeconómicas. El mercado busca saber si será un solo incremento o el inicio de un nuevo ciclo de subas. Tal como había anticipado el mercado, la Reserva Federal (Fed) decidió subir las tasas de interés unos 25 puntos básicos, hasta el 4%. Se trata de la primera vez desde 2023 en que el banco central norteamericano da marcha atrás en la flexibilización de su política monetaria. Una inflación que no logra acercarse a la meta del 2% anual y la volatilidad en los precios de la energía que causó la guerra en Medio Oriente fueron los factores determinantes. En el comunicado que acompañó la decisión, se conoció que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) — el organismo dentro de la Fed encargado de decidir el movimiento de la tasa — tomó la decisión de manera unánime. Eso signicia que los 12 miembros — incluido su presidente, Kevin Warsh — votaron a favor del incremento, un triunfo de los tres “halcones” que en julio pasado votaron a favor de incrementar la tasa. Durante su conferencia de prensa luego de la decisión, Warsh afirmó que desde la última decisión sobre las tasas en julio los datos demostraron que la economía norteamericana se fortaleció. Sin embargo, señaló la persistencia de los datos de inflación y los cambios geopolíticos, en referencia al conflicto en Medio Oriente. “He visto muy poca información que me hiciera cambiar de opinión. Así que me he mantenido firme en mi decisión (de subir las tasas)”. Por otro lado, el comunicado sostuvo que “mientras la incertidumbre permanece elevada, en parte a los desarrollos geopolíticos, el gasto domestico se mantiene resiliente”. Desde Balanz argumentaron que ese comentario respecto a la resiliencia del gasto “es algo nuevo que no estuvo en el comunicado de julio, lo que resalta la fortaleza de la economía americana”. Mientras tanto, Roberto Silva, analista de la Oficina de Inversiones de Cohen, afirmó que la Fed “fue categórica al afirmar que logrará la estabilidad de precios, y dejó abierta la puerta a nuevas subas de tasas si la inflación no cede”. Tasas más altas por más tiempo Además de la decisión sobre los tipos de interés, también se incluyeron las proyecciones macroeconómicas que el organismo publica de manera trimestral. El dato más saliente es que la ruta de tasas se revisó decididamente al alza. La mediana de la tasa de fondos federales para 2026 subió de 3,8% a 4,1%, y para 2027 el salto es aún mayor, de 3,6% a 4,1%. Algo similar se observó en 2028: la proyección pasó de 3,4% a 3,9%. Eso sugiere que el FOMC pasó de anticipar recortes progresivos a proyectar una política más restrictiva durante más tiempo, lo que en la jerga financiera se conoce como “higher for longer”: tasas más altas por más tiempo. De todas maneras, el nivel de largo plazo apenas se mueve: pasó de 3,1% a 3,2%, lo que indica que el ajuste es percibido por los miembros del Comité como cíclico, no estructural. Una inflación más alta, pero un desempleo más bajo La inflación se revisó levemente al alza. Tanto la inflación PCE general como la subyacente mostraron revisiones de +0,1 punto porcentuales en 2026 y 2028, mientras que para 2027 se mantiene sin cambios. De esa manera, la inflación general sería de 3,7% anual este año, 2,3% el siguiente y 2,1% en 2028. Si bien subir tasas para combatir la inflación implicaría anticipar cierto enfriamiento del mercado laboral, el desempleo se revisó a la baja. En los tres años comparables (2026-2028), la mediana de la tasa de desempleo cayó entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales, por lo que para 2028 se llegaría a un nivel de desocupación de 4,1%. De manera similar, el crecimiento del PBI se revisó levemente al alza, con una mejora de 0,1 puntos en 2026 (+2,3%) y 2027 (+2,4%), sin cambios en 2028 (+2,2%). El impacto en Argentina Los analistas de Puente afirmaron que si las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo, “sumado a la dinámica fiscal de los Estados Unidos, probablemente tendrá impacto sobre las tasas de largo plazo” de los bonos del Tesoro de EEUU. Y agregaron que “si bien no necesariamente afectaría el riesgo país, sí podría aumentar el costo de financiamiento en una colocación internacional”. Por su parte, Silva explicó que esta decisión de la Fed implica para Argentina “un incremento en la tasa de interés que el país debe pagar por los repos y otros compromisos multilaterales a tasa variable”. Además, señaló que “encarece el costo de fondeo de nuevas emisiones de deuda en dólares, al elevarse la tasa base que debe pagar el gobierno”. Mientras tanto, desde Criteria comentaron que para la curva de bonos argentinos, “esto genera una diferencia relevante entre el movimiento de la tasa libre de riesgo y el del spread soberano”. Y detallaron: “Si la Fed sube 25 puntos básicos pero deja entrever que el ajuste podría ser acotado y dependiente de los datos, el impacto negativo sobre los bonos argentinos sería relativamente limitado”. Sin embargo, si hay una señal claramente “hawkish”, en cambio, “podría generar mayor presión sobre el tramo largo, elevando el costo de oportunidad de mantener deuda emergente y tendiendo a ampliar las primas exigidas a los soberanos de mayor riesgo”. Ámbito
La iniciativa amplía las sanciones por la explotación de recursos naturales sin autorización argentina y contempla penas de hasta 20 años de prisión. El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que establece nuevas sanciones contra personas y empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La iniciativa ingresó a la Cámara de Diputados y contempla un régimen que alcanza actividades relacionadas con recursos renovables y no renovables en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.Uno de los principales cambios consiste en reemplazar el esquema vigente desde 2011, concentrado en las actividades hidrocarburíferas, por un régimen con alcance sobre distintas formas de aprovechamiento de recursos naturales. Las personas o compañías que realicen actividades prohibidas podrían recibir multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de afrontar la suspensión o cancelación de permisos. El texto también establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años y prevé un endurecimiento de las penas cuando las actividades involucren la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. En esos casos, las condenas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las penas serían de entre 15 y 20 años. Además, las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo y las sanciones también podrían involucrar a proveedores que entreguen bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino. Penas de hasta 20 años por la explotación de recursos en Malvinas Para los proveedores que participen de esas actividades, la iniciativa establece penas de entre cinco y siete años de prisión. Las sociedades involucradas también podrían afrontar restricciones para operar o contratar con el Estado. Entre las medidas contempladas aparecen la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años y, en determinados casos, la disolución o liquidación de las compañías responsables. Una empresa inhabilitada tampoco podría desarrollar actividades económicas en el país durante el período de la sanción y perdería permisos y determinados beneficios impositivos o previsionales. El proyecto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión dentro de la Argentina. Otro de los capítulos crea un Sistema de Seguridad Nacional que articulará áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, cibernéticas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras consideradas críticas. El órgano rector será el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado, entre otros funcionarios, por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía. La iniciativa también establece procedimientos para responder ante aeronaves consideradas hostiles y contempla distintas medidas de intervención en los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre. En el caso de los buques, el texto contempla desde advertencias y maniobras de interposición hasta disparos de advertencia e inutilización, una vez agotadas alternativas menos lesivas. El hundimiento quedaría reservado como una medida militar excepcional frente a un buque hostil y requeriría autorización presidencial, mientras que el proyecto prohíbe utilizar esa acción contra embarcaciones civiles como sanción o mecanismo policial. Con el texto ya enviado a Diputados, comenzará ahora la etapa de negociación parlamentaria para avanzar con su tratamiento y definir el cronograma de las comisiones que intervendrán en el debate. Agencia NA
“Para algunos será una ruta más, será una obra más, pero para nosotros significa mucho más que eso. Significa poder salir y regresar de nuestras casas, sin estar mirando el pronóstico del tiempo”, expresó la intendente Gladys Piccilli. El gobernador Leandro Zdero acompañó a la comunidad, a su intendente Gladys Piccilli y destacó el esfuerzo de sus vecinos para construir un Chaco con más oportunidades. La pavimentación de la Ruta Provincial 48, el fortalecimiento de la salud, la infraestructura social, el apoyo a productores y emprendedores y nuevas oportunidades para los jóvenes fueron parte de los ejes de la jornada. Previo al acto, el mandatario provincial habilitó este miércoles las remodelaciones del Registro Civil, acompañado por el ministro de Gobierno, Carim Peche y el anterior funcionario en el cargo y actual diputado provincial, Jorge Gómez. Durante la celebración, también se realizaron reconocimientos a familiares de los primeros habitantes de Pampa Almirón, además de entregas correspondientes a la Fundación Soy Chaco y al Programa Ñandé, como parte de las acciones que acompañan el desarrollo de la comunidad. En su mensaje, el gobernador Zdero destacó la historia de la localidad y, especialmente, el compromiso de sus habitantes. “Compartir estos 81 años de vida, de historia, de dificultades, pero también de logros, es para nosotros un honor”, expresó. En ese marco, valoró el rol de la intendente Gladys Piccilli y de toda la comunidad para impulsar las transformaciones que hoy atraviesa Pampa Almirón. “Cuando tiene un objetivo, golpea puertas y está presente. Lo pueden ver en Pampa Almirón. Felicito a la comunidad por estar cada día más libre”, sostuvo. Zdero hizo especial referencia a la pavimentación de la Ruta Provincial 48, una obra largamente esperada por los vecinos de Pampa Almirón y que permitirá mejorar la conectividad, el acceso a servicios esenciales y la salida de la producción. Agregando que los caminos “no son casualidad”, sino parte de una estrategia para que las localidades puedan producir, crecer y desarrollarse. “Lo que queremos es ir recuperando lo que seguramente soñaron sus abuelos y sus padres: un Chaco grande, pero fundamentalmente una familia que progrese”, afirmó. Al cerrar su mensaje, Zdero agradeció el acompañamiento de los vecinos y destacó el vínculo construido con la comunidad. “Me siento a gusto cada vez que vengo a Pampa Almirón, no solamente por las transformaciones que vamos logrando, sino también porque quiero agradecerles profundamente el cariño, el afecto y fundamentalmente esa palmada de aliento”, expresó. “Una obra que significa libertad, educación, salud y producción” La intendente Gladys Piccilli agradeció especialmente al gobernador por haber destinado recursos provinciales para concretar la pavimentación de la Ruta 48. La jefa comunal destacó que la obra permitirá garantizar el traslado de estudiantes, facilitar el acceso de docentes, mejorar la llegada de alimentos y medicamentos, facilitar la atención sanitaria y permitir que los productores puedan sacar su producción durante todo el año. “Significa inclusión, significa oportunidades y significa que un pueblo pequeño también puede ser escuchado”, remarcó Piccilli. La intendente también destacó la incorporación de una ambulancia 4×4 para la localidad, destinada a garantizar la atención y el traslado de pacientes aun en condiciones adversas de los caminos, y valoró la incorporación de un médico permanente para Pampa Almirón.
El procedimiento se realizó durante el martes 15 y miércoles 16 de septiembre, con participación de la Policía del Chaco y la Dirección Nacional de Migraciones. Detectaron irregularidades en la situación migratoria y laboral de ciudadanos extranjeros. En el marco de un trabajo articulado entre organismos provinciales y nacionales, durante las jornadas del martes 15 y miércoles 16 de septiembre se desarrolló un operativo especial de identificación y control de permanencia de ciudadanos extranjeros en distintas localidades del sudoeste chaqueño. El despliegue contó con la participación de la División Información de Personas Extranjeras, dependiente de la Dirección General de Inteligencia Criminal, la División Investigaciones Complejas Interior, con sedes en Villa Ángela y Charata, y personal de la Dirección Nacional de Migraciones de las delegaciones de Corrientes y Tucumán, organismo encargado de llevar adelante las fiscalizaciones. Las tareas comenzaron en Villa Ángela y continuaron de manera sucesiva en Santa Sylvina, Coronel Du Graty, Hermoso Campo, Gancedo y General Pinedo, donde los equipos realizaron controles de documentación y verificaron la situación de permanencia de ciudadanos extranjeros. Durante las fiscalizaciones se detectaron personas de nacionalidad colombiana y china con irregularidades migratorias y que desarrollaban actividades laborales no autorizadas. Ante estas situaciones, se confeccionaron las actas correspondientes y los involucrados fueron citados a presentarse ante las delegaciones de Migraciones para regularizar su situación. Este tipo de operativos permite fortalecer el trabajo conjunto entre la Policía del Chaco y los organismos nacionales, mediante controles orientados a verificar la documentación y situación legal de permanencia de ciudadanos extranjeros y reforzar las tareas de prevención en distintos puntos de la provincia.
El procedimiento se realizó en un camino vecinal del paraje Fortín Cardozo, en Colonia Popular. Un hombre fue aprehendido por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, mientras que otro involucrado quedó supeditado a la causa. Una intervención de la División Rural Colonia Popular permitió esclarecer un supuesto hurto de ganado mayor y recuperar tres equinos que eran trasladados por dos jinetes en un camino vecinal del paraje Fortín Cardozo. El procedimiento comenzó alrededor de las 11:45 de este miércoles, cuando personal policial recibió un llamado que alertaba sobre dos personas que estarían trasladando un animal equino “a la cincha” por un camino vecinal que une Puerto Tirol con el paraje Fortín Cardozo. Al llegar al lugar indicado, los agentes se entrevistaron con el propietario del animal, quien manifestó que momentos antes había observado a dos jinetes que llevaban un equino y reconoció al animal como de su propiedad. Ante esta situación, los efectivos implementaron un operativo cerrojo y lograron localizar a los dos jinetes. Uno de ellos, de 21 años, se desplazaba sobre un equino macho de pelaje tostado, mientras que el segundo, de 19 años, montaba una hembra de pelaje zaino y llevaba a la cincha una tercera hembra de pelaje tostado. Este último animal fue reconocido por el damnificado como de su propiedad, conforme a la marca líquida que presentaba. La procedencia de los animales Durante la intervención, uno de los jinetes manifestó que los tres equinos habían sido adquiridos horas antes por su padre a un hombre de Fontana, quien posteriormente los trasladó hasta inmediaciones del Cementerio Municipal de Puerto Tirol. Los agentes localizaron al presunto comprador, un hombre de 68 años, quien confirmó haber adquirido los tres animales por la suma de $1.050.000. Además, presentó un recibo de compra como comprobante de la operación. Con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo de la doctora Noelia Beatriz Miño, se dispuso la recepción de la denuncia penal, el secuestro de los tres equinos y del comprobante de pago, además de declaraciones testimoniales e informes técnicos realizados por un veterinario policial. Luego de avanzar con las diligencias y consultar nuevamente las medidas a adoptar, la fiscal dispuso la aprehensión de un hombre de 35 años, señalado como quien habría vendido los animales. El personal policial se dirigió hasta su domicilio, donde logró localizarlo y notificarlo de su aprehensión por la causa de supuesto hurto de ganado mayor. Posteriormente, fue trasladado y alojado en la Comisaría de Makallé, quedando a disposición de la Justicia. En tanto, una mujer de 25 años fue individualizada en el marco de la investigación y, por disposición fiscal, deberá presentarse en la dependencia policial para prestar declaración. Los tres equinos quedaron secuestrados a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias en que fueron sustraídos y posteriormente comercializados.
Los operativos se realizaron en distintos sectores de la ciudad de Resistencia. En uno de los casos, un hombre tenía un pedido de aprehensión vigente, mientras que en el otro fue identificado un presunto involucrado en un hurto con inhibidor de $4 millones. Los efectivos de la División Delitos Contra la Propiedad realizaron el miércoles dos procedimientos en distintos puntos de Resistencia, en el marco de intervenciones vinculadas a hechos contra la propiedad. La primera intervención se dio alrededor de las 20:30, en inmediaciones de calle Rellardo al 980 aproximadamente. Los agentes fueron alertados por comerciantes de la zona de avenida Sarmiento y Catamarca, quienes habían advertido y fotografiado a un hombre que presuntamente intentaba abrir vehículos mediante el uso de un inhibidor. Con las características aportadas, los efectivos localizaron e identificaron a un hombre de 36 años. Al consultar sus datos mediante el sistema Si.Ge.Bi.-Móvil, surgió una alerta en rojo. Ante esta situación, los agentes solicitaron información al Departamento Antecedentes Personales establecieron que registraba un pedido de aprehensión vigente, emitido el 13 de julio de 2026 por el Juzgado Correccional N° 1 de Resistencia, en el marco de una causa por supuesto hurto en grado de tentativa. La novedad fue comunicada al equipo fiscal en turno, que dispuso las diligencias correspondientes y la intervención de la magistratura solicitante. Inhibidores Por otra parte, alrededor de las 21:50, los efectivos demoraron a un hombre de 53 años en la intersección de Fray Rossi y Libertador, en Villa del Oeste. La intervención se relaciona con un hecho ocurrido hace dos días atrás, cerca de las 12:30, en el playón de estacionamiento de un supermercado, ubicado en avenida Ávalos y La Valle. En esa oportunidad, desconocidos habrían sustraído $4.000.000 del interior de una camioneta Toyota Hilux. A partir de la denuncia, los integrantes de la División Delitos Contra la Propiedad llevaron adelante distintas diligencias que permitieron establecer la identidad de un presunto involucrado, quien es conocido bajo la modalidad “Hurto con Inhibidor” Finalmente, durante la noche de este miércoles, los agentes localizaron al hombre en inmediaciones de Villa del Oeste y procedieron a su demora, quedando a disposición de las autoridades judiciales intervinientes para continuar con las diligencias correspondientes, informó la policía del Chaco.
La Policía intervino en el Jardín de Infantes 198 de Charata luego de que la directora encontrara un envoltorio con una sustancia blanca en el escritorio de una sala de 5 años. Tras el análisis realizado por personal especializado, la sustancia arrojó resultado positivo para cocaína y tenía un peso de 3,9 gramos. El hallazgo se produjo el martes, alrededor de las 17.40, en el establecimiento ubicado sobre calle Juramento al 260, luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que solicitó la presencia policial. Fuentes policiales informaron a CHACO DIA POR DIA que la directora del jardín manifestó que había encontrado un envoltorio de polietileno sobre el escritorio de la sala de 5 años. El descubrimiento ocurrió una vez que los alumnos ya se habían retirado del establecimiento. Al abrir el envoltorio, la mujer observó en su interior una sustancia de color blanco, por lo que se dio intervención a efectivos de la División Operaciones Drogas Interior Charata. El personal especializado realizó las tareas de campo correspondientes y determinó que la sustancia había dado resultado positivo para cocaína, con un pesaje de 3,9 gramos. La intervención quedó registrada como una actuación por una novedad y se dio continuidad a las diligencias correspondientes para establecer el origen de la sustancia y las circunstancias en las que llegó hasta el interior del establecimiento educativo. Hasta el momento, no se informó oficialmente que exista una persona identificada o detenida en relación con el hallazgo.
El proyecto que presentó el gobierno de Javier Milei destina $7,3 billones, mientras el sector reclama $11 billones; advierten que, sin cambios, algunas casas de estudio podrían no abrir sus puertas. Los rectores fueron al Congreso una vez más, en la tarde de este miércoles, donde buscaron apoyo a su pedido entre los legisladores. El presupuesto 2027 presentado por el Gobierno estima destinar alrededor de $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades nacionales el año que viene. Los rectores, en cambio, habían adelantado que los fondos necesarios para el próximo año ascendían a $11 billones, es decir, casi un 50% más de lo que contempla el proyecto oficial. “Si no logramos modificaciones razonables al proyecto de presupuesto presentado por el gobierno nacional, va a ser realmente muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año que viene, ni más ni menos que eso”, dijo para inaugurar la reunión Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). “Ni siquiera alcanzaría para los salarios”, sumó Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro. Lo hicieron en una reunión convocada por Unión Por la Patria en el auditorio del anexo A del Parlamento. Entre otros diputados estaban Germán Martínez, Florencia Carignano, Juan Marino, Kellu Olmos, Julia Strada y Hugo Yasky. También estaba Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, y Esteban Paulón, de Provincias Unidas. Mónica Biasone y Carlos Greco, titulares de la Comisión de Asuntos Económicos del CIN, fueron los encargados de explicar sus cálculos. Según explicaron, partiendo de la base del crédito previsto para el sistema universitario para 2026, sumaron la recomposición necesaria para la aplicación plena de la ley de financiamiento universitario, aprobada y sostenida por el Congreso en octubre de 2025. Los gastos para el personal, por ejemplo, estimados en $8368 billones ya superan al presupuesto total para las universidades contemplado por el Gobierno para 2027. “Si yo hiciera el ejercicio de tomar, por ejemplo, lo que paga mi universidad hoy de salario y hacerlo por trece, llevando eso al año que viene, casi no queda nada para funcionamiento”, graficó Bartolacci. Sumando los fondos y programas específicos que integran el financiamiento universitario contemplado en el artículo 12, la propuesta del CIN alcanza los $10 billones. A eso le agregan partidas para recomponer los gastos de funcionamiento, el programa Fundar (Fondo Universitario para el Desarrollo Nacional y Regional) y las becas Manuel Belgrano. Plantearon el monto de $11,005 billones como el punto de partida para el sistema, que debería actualizarse el año que viene dado que no incorpora la inflación proyectada. “Los cálculos que hicimos son los que dan cuenta del cumplimiento de la ley”, planteó Greco. “El Gobierno anualiza el presupuesto vigente con apenas un 20% de aumento para los gastos de funcionamiento, que no cubre siquiera la inflación de 2025. No hay ningún incremento”, planteó. En lo que va de este año, la inflación acumulada alcanzó un 21,3%. El proyecto del Gobierno sigue incumpliendo la ley de financiamiento. Contempla un crédito de $7.349.082.049.312 para el conjunto de las universidades nacionales. Ese monto se divide en $6.326.177.949.919 en gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes. Y $1.022.904.099.393 en partidas “debajo de la línea”, que incluyen ciencia y técnica, hospitales universitarios, fortalecimiento de recursos humanos y colegios preuniversitarios, entre otros ítems. “Para cumplir la ley hoy hay que incrementar el salario en 33,5%. La deuda acumulada desde octubre 2025 alcanza a 3,2 salarios de agosto 2026 y nada de esto, más lo que se acumule en adelante, está previsto en el proyecto 2027″, explicó a LA NACION Javier Curcio, profesor e investigador del IIEP de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Este jueves, el Gobierno se reunirá con los universitarios. Está convocada nuevamente la reunión paritaria con los gremios y representantes de los rectores, a las 11 la docente y a las 15 la del personal no docente. En la última, el 1° de septiembre pasado, no hubo acuerdo y los gremios convocaron a un paro nacional al día siguiente. Rechazaron el 3% de aumento ofrecido en el encuentro que encabezó el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. “No hubo ninguna instancia previa en la que nos contacten. Antes, el presupuesto era una aproximación del Gobierno que dialogaba con el CIN. Ese espacio no existió. Buscamos a alguien que nos escuche y buscamos a alguien para dialogar sobre esta política que debería ser de Estado. Es un problema para resolver, nosotros lo entendemos. Pero lo que queremos es que el Gobierno entienda que no somos un problema, somos la solución. El conocimiento es el factor de desarrollo del país”, dijo Greco. La Nación
El oficialismo consideraba que tenía elementos y conceptos “superadores” para desactivar el intento opositor de emitir un dictamen que extienda la vigencia de la ley 27.793 o, como se la conoce, la emergencia en discapacidad. Sin embargo, todo cambió cuando la oposición advirtió sobre la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas, la vuelta al modelo de pensiones por invalidez laboral y la derogación de varios artículos de la ley que estaban debatiendo en el proyecto de Presupuesto 2027. La novedad echaba por tierra la “versión superadora” que prometía el bloque de La Libertad Avanza, porque varios de los aliados comenzaban a dudar de seguir respaldando el nuevo texto. El gobierno de Milei no perdona a las personas con discapacidad Varios de los oradores coincidieron en este mensaje: “No tiene sentido que la ley de Presupuesto borre con el codo el trabajo de estas comisiones” de buscar la continuidad de la 27.793. El diputado de Unión por la Patria, Juan Marino, autor de la prórroga, fue el que advirtió que el capítulo referido a la discapacidad en el Presupuesto, cambiaba toda la discusión porque “se propone destruir la Ley de Emergencia en Discapacidad, y de conjunto desmantelar el sistema de derechos para personas con discapacidad”. Luego señaló que “nosotros veníamos a discutir esto, se hablaba incluso de alcanzar un dictamen con unanimidad; incluso algunos diputados del oficialismo venían planteando que iban a proponer un dictamen superador… y nos encontramos con este Presupuesto 2027 que explícitamente deroga numerosos artículos de la ley”, enfatizó. Las libertarias Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado intentaron evitar el desmadre. Incluso plantearon que el Presupuesto 2027 es un proyecto que puede ser modificado en el debate en las comisiones y corregir este “error”. No convencieron a los opositores. Mucho menos a los expositores que de a uno fueron relatando la malaria que sufren y aun así prestan el servicio a las personas con discapacidad. Entre lágrimas, Gilda Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad, alertó que “cincuenta centros en todo el país se cerraron” y reclamó por valores dignos para las prestaciones y el pago a término. “No llegamos al 10 de cada mes”, sintetizó. Es más, cuestionó la modificación del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral porque elimina del nomenclador la fijación de “valores universales” y, destacó, “viola el espíritu de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad”. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) se dirigió a la bancada violeta al manifestar: “Coordínense más”. “¿Van a desmantelar, o vamos por algo superador a la emergencia?”, los chicaneó. Otro cuestionamiento llegó por parte de Agustín Rossi (UxP) que resaltó que no se puede meter en el medio del presupuesto la derogación de leyes de fondo. “Meten en el presupuesto cuestiones de fondo, contradiciendo una buena práctica parlamentaria”, al señalar la intención del oficialismo de hacer cambios en la ley 24.901, cuando eso debiera tratarse por fuera de la ley de leyes. “¿Quién odia tanto a las personas con discapacidad en el gobierno? ¿Por qué tanta saña?”, se preguntó al cerrar su exposición. Página 12
El juez federal Daniel Rafecas incluyó entre los imputados a Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del exlíder iraní Alí Jamenei. El juez federal Daniel Rafecas decidió incluir a Alí Asghar Hejazi, quien fue mano derecha del ex líder de Irán Alí Jamenei, entre los acusados por el atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, establece que el ex funcionario iraní pueda ser enjuiciado debido a su “actitud obstructiva” y “la ausencia de cooperación efectiva”. Según la investigación del fiscal Sebastián Basso de la UFI-AMIA, Hejazi habría estado implicado en el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 a la mutual judía, que dejó un total de 85 muertos. Sostuvo que la planificación, decisión y ejecución del atentado estuvo a cargo de los integrantes del régimen iraní estrechamente ligados al fallecido líder supremo iraní, y que dicha decisión se habría tomado en un comité especial liderado por Jamenei cuya dirección se encontraba a cargo de su mano derecha. Basso apuntó que Hejazi había realizado un viaje a la Ciudad de Buenos Aires en 1993, luego del atentado a la Embajada de Israel, para “asegurarse la viabilidad de la operación proyectada y la fiabilidad de los agentes que habrían de intervenir en ella”, y que un comité liderado por él “habría asumido los preparativos del atentado” y determinar “la fecha adecuada para su realización”. En ese sentido, Rafecas remarcó que las conductas adoptadas por el acusado pueden ser consideradas “como constitutivas de los crímenes de Genocidio y Lesa Humanidad”. Por otro lado, declaró a Hezaji “en rebeldía” ya que “no existe forma alguna que no haya tomado conocimiento de las imputaciones que pesan en su contra y de la existencia del proceso penal que los tiene como protagonistas”. “El imputado adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”, agregó. Ahora, queda esperar que la Cámara Federal de Casación Penal de Comodoro Py resuelva si se habilitará el juicio en ausencia contra los ciudadanos iraníes y libaneses acusados por el atentado. De permitirse este mecanismo, será el primero en la historia argentina. NA
Se adelantó que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a recibir desde este miércoles a siete mandatarios provinciales aliados y dialoguistas en una ronda de encuentros en el que el Gobierno busca avanzar con los proyectos clave en el Congreso. Santilli inició las conversaciones con el objetivo de avanzar en las negociaciones por dos proyectos centrales para el Gobierno nacional: el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO y en momentos en que el oficialismo busca reunir apoyos legislativos para impulsar su agenda parlamentaria. Este miércoles por la tarde, Santilli recibó a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). En tanto, este jueves por la mañana mantendrá un encuentro con el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir, reunión en la que también participará el ministro de Economía, Luis Caputo.Más tarde, pasado el mediodía, será el turno de Leandro Zdero (Chaco) y posteriormente de Gustavo Melella (Tierra del Fuego). El Presupuesto 2027, otro eje de la negociación Las conversaciones también están enfocadas en el proyecto de Presupuesto 2027, que el Gobierno envió a la Cámara de Diputados y que comenzará a debatirse en octubre.La iniciativa contempla una proyección de crecimiento económico del 4%, una inflación del 18% anual y un tipo de cambio de $1.847 para diciembre de 2027. Desde el oficialismo buscan avanzar con el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde la defensa del proyecto estará a cargo de los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Federico Furiase. La negociación por la reforma electoral Además del Presupuesto, el Gobierno intenta destrabar la discusión por la reforma electoral, que incluye la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y permanece frenada en el Senado. La Casa Rosada necesita construir acuerdos con distintos bloques y gobernadores para conseguir los respaldos necesarios en el Congreso.En las reuniones también estarán sobre la mesa temas vinculados a las provincias, como obras públicas, deudas previsionales, subsidios energéticos y partidas presupuestarias. El oficialismo busca acuerdos legislativos Luego de establecer su hoja de ruta parlamentaria, el Gobierno comenzó una etapa de negociaciones con sus aliados y sectores dialoguistas para intentar aprobar las iniciativas consideradas prioritarias. Los gobernadores que participan de los encuentros son, en su mayoría, mandatarios con los que la administración nacional mantiene acuerdos parciales, aunque también existen diferencias vinculadas a cuestiones electorales y presupuestarias. Con estas reuniones, el Ejecutivo busca consolidar apoyos antes de un período de fuerte actividad legislativa, marcado por el debate del Presupuesto y las reformas que impulsa para el próximo año. Perfil
La becaria Camila Balbis indaga qué cambios provocó la pandemia de Covid-19 en la forma en que las personas usan su casa, su barrio y la ciudad, y cuáles de esos cambios aún se mantienen vigentes. Camila Balbis, becaria de la Facultad de Arquitectura de la UNNE, diseñó y llevó a campo una encuesta para conocer cómo la pandemia modificó la forma de usar la vivienda, el barrio y la ciudad en el Gran Resistencia y el Gran Corrientes. Los primeros datos muestran que, aunque la mayoría de las personas volvió a sus hábitos anteriores, hubo cambios significativos. Durante los primeros meses de la pandemia, muchos hogares atravesaron dificultades para sostener su vida diaria dentro de la vivienda, sobre todo en los sectores con menos recursos. Las respuestas del Estado ante esa situación se fueron armando sobre la marcha, a medida que se conocía más sobre la enfermedad y sus formas de contagio. Una investigación financiada con una Beca de la Secretaría General de Ciencia y Técnica en la Facultad de Arquitectura de la UNNE, avanza sobre un interrogante que quedó abierto desde 2020: qué cambios provocó la pandemia de covid-19 en la forma en que las personas usan su casa, su barrio y la ciudad, y cuáles de esos cambios aún se mantienen vigentes. El trabajo lo lleva adelante Camila Eugenia Balbis, becaria de investigación de pregrado, bajo la dirección de la mgter María Andrea Benítez y la codirección de la doctora Venettia Romagnoli, ambas docentes e investigadoras en el Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (FAU) y el Instituto de Investigación para el Desarrollo Territorial y del Hábitat Humano (UNNE/CONICET). Cómo parte del plan de trabajo, Balbis se propuso revisar qué efectos dejó esa experiencia en las viviendas, los barrios y las ciudades de Corrientes y Resistencia, teniendo en cuenta que las desigualdades ya existían antes de la pandemia y que el proceso atravesado tuvo consecuencias sociales, sanitarias y culturales que todavía se están terminando de entender. La hipótesis que intentó demostrar es que, así como las condiciones económicas y habitacionales no son iguales para todos los hogares, tampoco lo fueron los cambios que cada uno pudo hacer en su forma de habitar durante y después de la pandemia. Es decir, buscaba demostrar que esos cambios hayan afectado de manera distinta a los hogares de sectores populares. Con ese marco, indagó cómo la pandemia modificó las condiciones de vivienda en el Gran Resistencia y el Gran Corrientes. Dos áreas urbanas que, con sus diferencias, comparten centros con alta concentración de población y crecimiento hacia zonas alejadas, donde conviven barrios cerrados, conjuntos de viviendas construidos por planes públicos, asentamientos sin urbanizar en los bordes de la ciudad y terrenos donde lo urbano y lo rural se mezclan. Encuesta como herramienta. Balbis con el asesoramiento de las arquitectas Benítez y Romagnoli diseñó y elaboró la primera prueba de un cuestionario pensado para identificar prácticas y usos de la vivienda que surgieron durante la pandemia y que continuaron después. Para relevar esas prácticas, Balbis eligió hacer una encuesta. El cuestionario indaga sobre tres escalas distintas: la vivienda en sí misma, el barrio y la ciudad. El formulario fue diseñado de tal forma que cada persona lo complete por su cuenta, combinando preguntas pensadas según el lugar donde vive cada encuestado con preguntas de tipo más general. Se buscó que fuera rápido de responder, de bajo costo para aplicar y que pudiera completarse tanto de forma presencial como a través de internet, para llegar a la mayor cantidad posible de personas. Para seleccionar a quiénes encuestar, se definieron criterios que apuntan a lograr un grupo de respuestas variado. El estudio se concentró en el área metropolitana del Gran Resistencia y el Gran Corrientes, puntualmente en zonas que ya habían sido señaladas en investigaciones anteriores como zonas con mayores dificultades habitacionales. Una vez recolectadas, las respuestas se procesaron mediante un análisis de los datos numéricos, con el objetivo de encontrar patrones repetidos. Para eso se previó armar cuadros resumen y mapas que muestren en qué lugares del territorio se concentran determinadas respuestas. Antes de aplicar la encuesta de manera más amplia, se hizo una primera prueba con un grupo reducido de personas, con el fin de comprobar si las preguntas se entendían y si el cuestionario funcionaba como se esperaba. Primeras respuestas. Balbis explicó que el proceso de aplicación del cuestionario está en su etapa inicial. La mayor cantidad de respuestas recibidas son de mujeres, el 84 %; mientras por edad las repuestas fueron más distribuidas, de 51 a 60 años reúne el 25,7 %; los de 41 a 50 años y de 61 a 70 años reúnen un 14,3 % cada uno; el grupo de 18 a 30 años alcanza el 11,4 %, y los de 31 a 40 años y de más de 71 años llegan al 2,9 % cada uno. El 76 % se identifica como jefe o jefa de hogar. Sobre la situación laboral, el 28,6 % trabaja en relación de dependencia formal, el 20 % es trabajador autónomo o independiente y el 14,3 % está jubilado o percibe una pensión. En cuanto a los estudios, el 52 % completó estudios universitarios. El 76 % vive en Resistencia, y el 68,6 % continúa viviendo en la misma casa en la que vivía durante la pandemia. Sobre el tipo de vivienda, el 29,2 % vive en casas de barrios construidos por el Estado, el 20,8 % en viviendas hechas por encargo con ayuda de un profesional y otro 20,8 % en viviendas que construyó la propia familia. El 12,5 % vive en departamentos de edificios privados y el resto se reparte en otras modalidades. En la cuestión dominial, 70,8 % es dueño de su vivienda; el resto alquila, es adjudicatario de un plan de viviendas o tiene un préstamo o un acuerdo de uso, en proporciones similares entre sí. Cambios puntuales. De los primeros resultados que analizó, Balbis señala que en contexto de pandemia se produjeron cambios en
Este año se realizará en forma virtual para atender la demanda del amplio público de Argentina y de otros países que participó en forma remota durante los años de la pandemia y ya no pudo acceder por no poder viajar a Resistencia. El dramaturgo argentino vivo más importante de este tiempo, el maestro Mauricio Kartun, autor de clásicos como “Sacco y Vanzetti”, Terrenal y las más recientes Baco Polaco y La vis cómica, entre tantas otras obras, será quien nos acompañe con la Conferencia de Apertura. Participarán de debates y talleres las destacadas escritoras María Fernanda Heredia (Ecuador), Raquel Patriarca (Portugal), la poeta Julia Santibañes (México), el autor y traductor Sebastián Vargas (Buenos Aires), el mediador y narrador Luis Bernardo Yepes (Colombia), entre muchos otros y otras que iremos develando en los próximos días. Quienes se inscriban podrán interactuar en vivo en todas las propuestas o verlas en diferido en otros días y horarios durante un mes. El 31 Foro cuenta con el apoyo de la Dirección de Literatura y Fomento del Libro y la Lectura de la Universidad Autónoma de México. La inscripción se tramita desde el siguiente link: https://31forodellibro.tiendup.com/
Martín Poccard, de la Agencia de Inversiones, explicó los alcances del Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) “Chaco Invierte”, proyecto que será abordado por la Legislatura provincial en la sesión ordinaria N°13, prevista para el lunes 28 de septiembre a las 16. La iniciativa busca promover la radicación, ampliación, modernización y puesta en marcha de nuevas inversiones en la provincia. En declaraciones a CIUDAD TV, Poccard señaló que la elaboración del proyecto surgió a partir del contacto del Gobierno provincial con representantes del sector privado y potenciales inversores. “Al principio de la gestión del gobernador Leandro Zdero nos pidió no ser funcionarios de escritorio, sino estar en contacto con las personas, con la gente que nos había dado el voto de confianza y que las políticas públicas surjan de ese contacto”, explicó. En ese marco, detalló que para elaborar el RINI se mantuvieron reuniones con la Federación Económica, cámaras de comercio de distintas localidades y empresarios interesados en invertir en Chaco. “A todos les hemos hecho estas preguntas: qué necesitan de parte de la provincia para que se animen a invertir, y todas esas respuestas las hemos volcado en este régimen de incentivo a nuevas inversiones”, sostuvo. Poccard remarcó que el proyecto pretende complementar los regímenes de promoción que ya existen en la provincia. Mencionó, entre otros, los beneficios vinculados con la promoción industrial, la industria textil y la economía del conocimiento, y señaló que el RINI busca alcanzar a sectores que hasta el momento no estaban contemplados. “Lo que quisimos es generar una ley que sea abarcativa de muchos otros sectores que estaban siendo dejados de lado”, afirmó, y puso como ejemplo al sector comercial. El funcionario explicó que el régimen contempla beneficios vinculados con impuestos provinciales, como Ingresos Brutos e Impuesto de Sellos. Según planteó, se trata de un acompañamiento estatal destinado a quienes decidan realizar nuevas inversiones en territorio chaqueño. Uno de los aspectos que destacó fue la seguridad jurídica prevista para los proyectos que sean aprobados dentro del régimen. “Esta ley va a brindar que a todo proyecto aprobado por el régimen de incentivo a nuevas inversiones va a gozar de 30 años de seguridad jurídica”, indicó. Según detalló, durante ese período las inversiones alcanzadas tendrán estabilidad respecto de las condiciones tributarias y de las normas que regulan la actividad, con las excepciones vinculadas a cuestiones de seguridad y salubridad. En ese sentido, Poccard sostuvo que el objetivo es brindar previsibilidad tanto a inversores locales como extranjeros. “30 años va a gozar con una estabilidad jurídica y sabe que después de vencido el tiempo de exención impositiva nadie le va a salir con un martes 13”, expresó. Consultado por la postura de sectores de la oposición que consideran que el proyecto representa “más de lo mismo”, Poccard respondió que desde el Gobierno cuentan con respaldo de representantes del sector privado. “Tenemos a los comerciantes que no lo piensan así, tenemos a varias cámaras que van a estar enviando una nota de apoyo a este régimen de incentivo a nuevas inversiones”, afirmó. El representante de la Agencia de Inversiones insistió que el proyecto responde a pedidos formulados por empresarios y comerciantes durante las reuniones mantenidas con el Gobierno. En ese contexto, reclamó a la oposición una actitud que permita debatir la iniciativa. “Hay que hacerle un pedido a la oposición de que sea una oposición responsable, porque esto no es un partido de fútbol, tenemos que juntarnos y poder tener criterios comunes que son los que pide la sociedad”, planteó. Exportaciones, inversión y empleo Durante la entrevista, Poccard también vinculó el régimen de incentivos con uno de los objetivos que el Gobierno provincial viene planteando en materia productiva: el crecimiento de las exportaciones. Explicó que cuando una empresa chaqueña comienza a exportar deja de tener como único mercado a la provincia y debe ampliar su producción para atender nuevos clientes. “Para exportar, una empresa chaqueña no solo produce para vender en Chaco, sino que hoy abre nuevos mercados y tiene que producir mucho más”, señaló. Para Poccard, ese proceso genera efectos sobre la producción, la incorporación de tecnología y la demanda de trabajadores. “Para producir más se necesitan más empleados, se necesita más mano de obra, se necesita más inversión”, afirmó. En esa línea, sostuvo que el crecimiento de las empresas exportadoras puede traducirse en mayor demanda de trabajadores chaqueños y en inversiones destinadas a ampliar y modernizar las plantas productivas. Como ejemplo, mencionó el proyecto de exportación de carne caprina con destino principalmente a Medio Oriente y aseguró que la provincia registra un crecimiento en ese sector. “Esto beneficia a más de 500 productores en El Impenetrable, que antes criaban chivos para hacer un trueque, antes criaban chivos para cambiarlo por una bolsa de alimento. Hoy todos esos productores caprinos, que fueron asistidos por la provincia, están exportando”, afirmó. Poccard planteó así que la discusión sobre exportaciones también debe contemplar su impacto sobre las economías regionales y las familias vinculadas a la producción. “Hablar de exportación también es hablar de desarrollo social”, sostuvo, al destacar el proceso de incorporación de productores chaqueños a nuevos mercados.
El gobernador Leandro Zdero mantuvo este miércoles una reunión con la representante adjunta de UNICEF Argentina, María Elena Úbeda Castillo, acompañada de Javier Quesada, Especialista Senior en Desarrollo Infantil Temprano y Salud para avanzar en una agenda de trabajo que incluye salud, educación, agua segura, saneamiento, protección de derechos y preparación ante emergencias climáticas. Del encuentro participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; y Karen Kaenel, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Durante la reunión se realizó un seguimiento de los acuerdos de cooperación vigentes y se definieron líneas de trabajo a futuro, con especial atención en las prioridades establecidas por la Provincia para garantizar derechos y mejorar las condiciones de vida de los niños. “Para nosotros es trascendental el trabajo con UNICEF, porque nuestros niños son una prioridad”, sostuvo Resico, quien destacó el acompañamiento técnico permanente del organismo en distintas áreas. En ese marco, señaló que se abordaron temas vinculados con salud, educación, desarrollo social, acceso al agua y preparación ante emergencias, además de nuevas acciones para el acompañamiento integral de los niños. Agua segura, salud y desarrollo infantil Uno de los ejes centrales de la agenda fue el acceso al agua segura, especialmente en las comunidades rurales y en aquellos sectores donde las familias no cuentan con un servicio continuo. Úbeda destacó la importancia de esta política para la prevención de enfermedades y la protección de la salud durante los primeros años de vida, y señaló que UNICEF continuará acompañando a la Provincia en acciones vinculadas con agua y saneamiento, nutrición e higiene familiar. La agenda conjunta también contempla fortalecer las políticas de atención de mujeres embarazadas, cuidados durante el parto y desarrollo infantil temprano, además de continuar acompañando las estrategias destinadas a mejorar los resultados de aprendizaje. Preparación ante emergencias y trabajo con los Municipios Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la preparación ante posibles emergencias climáticas. En este sentido, Provincia y UNICEF comenzaron a trabajar estrategias específicas para fortalecer la respuesta y garantizar la protección de los niños y adolescentes ante eventuales inundaciones u otros fenómenos. “Estamos teniendo algunas conversaciones para pensar juntos cómo podemos prepararnos para las posibles inundaciones que pueda haber por los fenómenos climáticos”, explicó Úbeda, quien remarcó la importancia de sostener un seguimiento permanente de los acuerdos de trabajo. La representante adjunta de UNICEF Argentina también valoró los avances registrados en Chaco y señaló que el organismo mantiene el compromiso de continuar trabajando de manera prioritaria con la provincia. UNICEF informó recientemente que Chaco registró el mayor avance entre las provincias en su índice de condiciones de vida de niños y adolescentes, aunque persisten desafíos en distintas dimensiones, especialmente en educación y salud. En este marco, se acordó continuar fortaleciendo la articulación con los gobiernos municipales para mejorar las políticas locales destinadas a la niñez y adolescencia. Esta línea se vincula con el trabajo que UNICEF desarrolla en Chaco junto a municipios para fortalecer sus capacidades de gestión y promover políticas públicas centradas en los derechos de niños y adolescentes. El Gobierno provincial y UNICEF ratificaron una agenda de cooperación que busca anticiparse a las necesidades, fortalecer las políticas públicas y garantizar mejores condiciones de salud, educación, protección, acceso al agua y desarrollo integral de los niños.
A diferencia de la inflación minorista, el IPIM del INDEC tuvo un recalentamiento, derivado fundamentalmente de los efectos de la guerra en Medio Oriente. La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto, la cifra más alta de los últimos tres meses. La mayor parte del alza fue explicada por un nuevo recalentamiento en los precios internacionales del petróleo, en el marco de la guerra en Medio Oriente. Así lo informó el INDEC este miércoles a través de su Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). El referencial exhibió que los productos nacionales treparon 2,1% en el octavo mes del año, en sintonía con el promedio general. Dentro de este segmento, los precios de los productos primarios avanzaron más que los de las manufacturas (4,6% vs. 1,3%). Asimismo, al interior del grupo primario, lo más destacado fue un salto del 8% en la división de petróleo crudo y gas. El precio global del petróleo creció casi 9% y arrastró a la inflación mayorista en Argentina“El dato energético estuvo en línea con lo ocurrido en los mercados internacionales. El Brent promedió u$s91,08 por barril en agosto, frente a u$s83,76 en julio, una suba mensual de aproximadamente 8,7%. La Agencia Internacional de Energía señaló que el aumento estuvo asociado principalmente a restricciones en las exportaciones de petróleo crudo de Medio Oriente”, marcó Facundo Beltramone, economista de Fundación Libertad. Vale recordar que el IPIM, a diferencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) tiene un mayor componente de bienes comercializables con el exterior (“transables”), por lo cual es mucho más sensible a movimientos en los precios internacionales y el tipo de cambio. En ese sentido, Beltramone señaló que “agosto combinó una suba moderada del dólar con un fuerte incremento del petróleo internacional, lo que ayuda a explicar por qué la presión mayorista se concentró especialmente en los componentes energéticos”. Otro aumento que tuvo relevancia en la variación de la inflación mayorista fue el de productos agropecuarios (+2,2%). Por su parte, pese a que el valor del dólar oficial no tuvo un incremento particularmente elevado, los artículos importados experimentaron un incremento del 2,9%. Con estos números, el IPIM acumuló un avance del 19,1% en los primeros ocho meses de 2026 y del 29,8% en términos interanuales. Para poner en comparativa, la inflación minorista fue del 21,3% entre enero y agosto, y del 33,5% en los últimos 12 meses. Ámbito
Un estudio interinstitucional, coordinado desde el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (“IIGHI”, CONICET-UNNE), avanza en nuevas exploraciones arqueológicas sobre la presencia hispano-indígena del periodo colonial de la actual provincia del Chaco. Como avance del trabajo, se identificaron nuevos posibles asentamientos, y se relevó información complementaria sobre sitios ya reportados. En la arqueología de Argentina existieron zonas del país con evidencias, restos culturales y sociedades del pasado que llamaron más la atención de investigadores y especialistas, quienes, en su momento, enfocaron sus estudios a esas regiones. Así, los estudios arqueológicos en la provincia del Chaco han sido escasos, siguiendo la tendencia del Gran Chaco argentino considerada una incógnita arqueológica y un vacío de información a nivel regional, situación que ha comenzado a revertirse en las últimas dos décadas. Cuando se habla de arqueología colonial en la provincia de Chaco, las primeras imágenes que surgen son de las Ruinas del Km 75, de Concepción del Bermejo, que fueron encontradas en la década de 1940 en cercanías de Castelli y Tres Isletas. Pero en el mismo lapso de tiempo en que se descubrieron estas ruinas, se identificaron también las ruinas de Pampa Tolosa, La Cangayé y de San Bernardo, y otros posibles asentamientos, que mostraron que hubo un panorama de ocupación mucho más amplio en este periodo, pero lamentablemente estos otros sitios no fueron estudiados en profundidad como sí ocurrió con el Km 75. En ese contexto, como un aporte para revertir el déficit del conocimiento arqueológico en general en la actual provincia del Chaco, y del periodo colonial en particular, un estudio puesto en marcha de manera reciente, busca generar nueva información sobre los asentamientos hispano-indígenas en el territorio chaqueño. El estudio está a cargo del arqueólogo Roy Arturo Casañas Rigoli, becario doctoral cofinanciado por CONICET y la Administración de Parques Nacionales, con sede de trabajo en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI, CONICET-UNNE), bajo la dirección del Dr. Guillermo Nicolás Lamenza (CONICET-Universidad Nacional de La Plata) y la codirección de la Dra. María Laura Salinas (IIGHI, CONICET-UNNE). Además, colaboran integrantes del equipo de arqueología “Arqueochaco”, con sede en la Universidad Nacional de la Plata, un espacio de investigación interesado en el pasado y la historia del Gran Chaco Sudamericano, con especial énfasis en el Gran Chaco Argentino. “Como el actual territorio de la provincia de Chaco quedó fuera del dominio español en la época colonial, es común que se piense que no había asentamientos hispanos en ese periodo, pero sí los hubo, tanto el Km. 75 así como muchos otros sitios más, y por eso queremos salir a buscarlos”, resaltó el arqueólogo Casañas en diálogo con UNNE Medios. Detalles del Trabajo En el marco del estudio, la tarea arqueológica implica salida de campo, trabajos de excavaciones, visita a los sitios reportados como asentamientos históricos, limpieza de materiales, y también la consulta de fuentes documentales, cartográficas o escritas, para tratar de identificar sitios antiguos, históricos, o las configuraciones del paisaje con más potencial para el asentamiento humano. Como avance de la investigación, se lograron identificar nuevos posibles asentamientos hispanos e indígenas mencionados en los documentos del periodo y posteriores. Además, se realizaron trabajos de prospección y relevamientos de colecciones en diversos museos de la provincia, identificando los materiales correspondientes al periodo abordado. “Los primeros aportes del trabajo que estamos realizando es que se pudieron identificar nuevas referencias de relatos de viajeros que aportan información sobre menciones de ruinas o ciudades abandonadas, que no corresponderían a los sitios ya identificados como Concepción del Bermejo, La Cangayé, San Bernardo o San Fernando”, detalló el investigador. Comentó que esos nuevos registros ponen al equipo de investigación frente a una segunda línea de búsqueda, para comprobar a qué asentamientos o elementos de paisajes están reconociendo como ruinas históricas los documentos históricos, y que motivaron la tarea de ir a buscarlos en terreno. El arqueólogo Casañas sostuvo que “estamos en camino de demostrar que en Chaco no solo estaban los cuatro sitios reportados previamente como asentamientos coloniales, sino que existieron muchos más, y desde la arqueología podemos contribuir a resolver preguntas que en los documentos históricos están como información fragmentada”. “Ante ello, lo que tratamos de hacer es volver a esos sitios, ver qué información nos ofrece, y salir de la escala de sitio y entrar en una escala más amplia, como región, dejando de ver a cada sitio como unidad aislada y valorizar estos sitios del periodo colonial en su conjunto, para poder identificar cuáles fueron las lógicas de su fundación y ocupación”. Al respecto, señaló que desde el grupo de trabajo pretenden que estos primeros avances generen una línea de base robusta para el proseguimiento de una arqueología que, de manera integral, permita describir los complejos procesos humanos iniciados en el Chaco en el siglo XVI. El río Bermejo El arqueólogo Casañas comentó que el estudio de delimitación de la presencia hispano-indígena del periodo colonial de la actual provincia de Chaco, es parte del tema de su beca doctoral “Arqueología de la cuenca inferior del Río Bermejo (Parque Nacional El Impenetrable, Provincia del Chaco, Argentina). Una aproximación a la dinámica cultural prehispánica de la región Chaqueña». En ese sentido, mencionó el interés particular del equipo de trabajo por la zona del río Bermejo, como base para promover el desarrollo de nuevos estudios arqueológicos. Es que como existen pocos estudios en la región, hay escasez de lo que en arqueología se llama «sitios tempranos», es decir las áreas que podrían indicar en qué momento las primeras ocupaciones humanas llegan a un lugar, y el río Bermejo podría considerarse en esa categoría. Detalló que el río Bermejo es un corredor natural tanto para la fauna y flora, así como para el ser humano, y además no fue sólo una vía natural de comunicación, sino que el río se sostendrá a lo largo del tiempo como un lugar sobre el cual se moverán y establecerán las poblaciones. “Es una zona privilegiada para enfocar nuestros estudios para entender los procesos históricos de la provincia”, expuso. Investigar como chaqueño sobre
El gobernador estuvo este miércoles en la obra del nuevo edificio central del InSSSeP, que se ejecuta en el casco céntrico de Resistencia (terreno donde funcionaba el ex Pediátrico) y prevé concentrar en un mismo espacio las prestaciones y servicios del organismo. La finalización está prevista para abril de 2027. El mandatario destacó la importancia de la obra para mejorar el funcionamiento del organismo y, fundamentalmente, las condiciones de atención de sus afiliados. En este sentido, señaló que se trabaja junto al Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) con el objetivo de completar los trabajos y llegar a abril de 2027 con el edificio terminado. “Estamos recorriendo esta obra tan importante en el casco céntrico de Resistencia. Es el edificio central del InSSSeP y tiene un avance del 70%. Estamos trabajando fuertemente con el directorio y con el Instituto Provincial de la Vivienda para que, a principios del año que viene, podamos llegar con la obra terminada”, explicó Zdero. El gobernador remarcó que la nueva sede permitirá concentrar las prestaciones y servicios centrales del InSSSeP en un mismo edificio, lo que permitirá optimizar el funcionamiento del organismo. “Para nosotros lo esencial es la atención al afiliado”, afirmó. Meneses: “Nos pone muy cerca de poder tener nuestro nuevo edificio” El presidente del InSSSeP, Rafael Meneses, valoró el avance de los trabajos y destacó la decisión del Gobierno provincial de retomar una obra que había quedado paralizada. “Para nosotros es muy importante, primero por una decisión política del gobernador, que en un contexto de extrema dificultad decidió dar curso a una obra tan importante para nuestros afiliados”, sostuvo. Meneses también resaltó el trabajo conjunto con el IPDUV y la empresa constructora, haciendo hincapié en la administración eficiente de los recursos públicos. “Estamos hablando de un avance del 70%, lo que nos entusiasma y nos pone muy cerca, en algunos meses, de poder tener nuestro nuevo edificio. Esto significa cambiar la calidad de atención a nuestros afiliados y también mejorar la calidad del ambiente laboral para nuestros empleados”, expresó. El titular del InSSSeP consideró que la obra representa un paso trascendente para el organismo y destacó que, aun en un contexto complejo para la obra pública, la Provincia avanzó con la infraestructura priorizada. Berecoechea: “Si Dios quiere, en abril del año que viene vamos a estar inaugurando” Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, explicó que se trata de la tercera visita de obra que realiza junto al Gobernador y destacó la evolución que tuvo el proyecto desde su reactivación. “Cuando pusimos en marcha nuevamente este edificio nos habíamos encontrado con algunas columnas y una losa. Hoy ustedes pueden ver el avance que hemos tenido. Estamos muy felices por el trabajo que está haciendo la empresa”, señaló. Berecoechea confirmó que la obra presenta un 70% de avance y estimó que, si se mantienen los actuales ritmos de ejecución, la inauguración podría concretarse en abril de 2027. Además, explicó los antecedentes del predio donde se construye la nueva sede. El terreno había sido cedido años atrás al Instituto de Vivienda mediante un convenio que establecía como compromiso la construcción de la sede administrativa del InSSSeP. Esa obra había quedado paralizada y la actual gestión retomó los trabajos para cumplir con ese compromiso. “Nos hemos puesto a trabajar con el Gobernador, que dio la orden para que lo hagamos, y ya estamos con un 70% de avance”, concluyó. Acompañaron esta recorrida el vicepresidente de InSSSeP, Juan Ignacio Cáceres; el vocal del Instituto de Vivienda, Daniel Monti y los vocales de InSSSeP, Germán Landriel y Zulma Galeano.