Autor: Redacción General

El economista Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial, según publicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Noticia en desarrollo…

La organización estaba integrada por tres hombres detenidos en la cárcel bonaerense de Magdalena y cuatro mujeres que colaboraban desde el exterior. Según la acusación, operaba mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas y exigía dinero a sus víctimas bajo amenazas de denuncias penales. Una de ellas fue el soldado Rodrigo Gómez, quien se quitó la vida en diciembre pasado en la residencia presidencial. El fiscal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, Federico Iuspa, solicitó la elevación a juicio parcial de la investigación seguida contra siete personas acusadas de liderar o integrar una asociación ilícita dedicada a extorsionar a hombres contactados a través de aplicaciones de citas. Además, requirió que los dos presuntos líderes de la organización también sean juzgados por la instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, ocurrido en diciembre pasado en la Quinta Presidencial de Olivos. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio presentado ante la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, la organización habría operado entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año. En esta etapa de la investigación se le atribuyen tres hechos de extorsión, sin perjuicio de otros episodios que continúan bajo investigación. Según la acusación, T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, lideraban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). La estructura criminal también estaba integrada por K.M.S.P., de 28 años —quien posteriormente fue trasladado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos— y por sus respectivas parejas I.A.C., de 23 años, K.Y.C., de 25 y E.Y.T., de 36; junto a C.A.M., de 24 años. Para la fiscalía, estas cuatro mujeres cumplían funciones logísticas esenciales para el funcionamiento de la organización, al facilitar cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero obtenido mediante las extorsiones y aportar chips telefónicos utilizados por los internos para realizar llamados desde los establecimientos penitenciarios. La investigación La causa se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una de las garitas de la residencia presidencial de Olivos, donde prestaba funciones de custodia. El integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión. A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía, el juzgado y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, se logró reconstruir la modalidad de actuación de la organización e identificar a sus presuntos integrantes. La pesquisa permitió establecer que el grupo creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para entablar contacto con potenciales víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp. Posteriormente, las víctimas recibían un mensaje de audio de una persona que se presentaba como la madre de la supuesta joven y que afirmaba que se trataba de una menor de edad. Bajo esa excusa, advertía sobre la posibilidad de formular una denuncia penal. Luego intervenía otra persona que se hacía pasar por integrante de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, usurpando la identidad de un efectivo real. Mediante llamadas telefónicas exigía transferencias de dinero bajo el pretexto de evitar la supuesta denuncia y “ayudar con la situación”. En base a las pruebas recabadas se estableció que la organización participó de tres hechos concretos. El primero tuvo como víctima al soldado Gómez, quien el 15 de diciembre pasado transfirió 1.413.000 pesos a dos cuentas de Mercado Pago. El segundo episodio ocurrió el 26 de diciembre, cuando otro hombre fue obligado a transferir 15.000 pesos a una cuenta de la misma billetera virtual vinculada con otra de las imputadas. Finalmente, entre el 22 y el 28 de diciembre, una tercera víctima depositó un total de 116.000 pesos en cuentas pertenecientes a dos de las acusadas. Detenciones Por disposición de la jueza Arroyo Salgado, el 9 de febrero pasado se realizaron siete allanamientos. Tres de ellos tuvieron lugar en unidades penitenciarias y los restantes en distintos domicilios del conurbano bonaerense, donde fueron detenidas las cuatro mujeres investigadas. Con posterioridad, la defensa de tres de las imputadas solicitó sus excarcelaciones, planteo al que el fiscal Iuspa se opuso. Entre otros argumentos, sostuvo que la gravedad de los hechos investigados, la existencia de múltiples damnificados, el desenlace fatal de una de las víctimas y la posible afectación de intereses federales permitían presumir riesgos procesales. La jueza rechazó el pedido y mantuvo las medidas de coerción. A juicio En base a las pruebas recolectadas, el fiscal solicitó que T.M.F. y M.J.D.A. sean juzgados por los delitos de asociación ilícita agravada, en carácter de jefes, y como coautores de tres hechos de extorsión. Además, requirió que respondan por la instigación a cometer el suicidio de Gómez, delito contemplado en el artículo 83 del Código Penal que prevé una pena 1 a 4 años de prisión. Respecto de K.M.S.P., I.A.C., K.Y.C., E.Y.T. y C.A.M., requirió que sean llevados a juicio como miembros de una asociación ilícita agravada y coautores de los tres hechos de extorsión atribuidos a la organización. “Las conductas desplegadas por la banda de F., evaluadas objetivamente, demuestran claramente el conocimiento sobre la finalidad ilícita de la organización y su pluralidad de integrantes”, destacó Iuspa en el requerimiento. Asimismo, señaló que T.M.F., M.J.D.A. y K.M.S.P. eran “compañeros de encierro, que, a su vez, se servían de la ayuda de sus respectivas parejas y de C.M. para recibir y reconducir el dinero de las extorsiones que obtenían con su accionar ilegal”. “Estos elementos ponen de manifiesto que los encausados mantenían una relación estable y organizada con fines delictivos, y que actuaban bajo un plan común y previamente diseñado (explicado con lujo de detalles por F.), en el cual alternaban roles pero mantenían inalterable la metodología extorsiva”, señaló el representante del Ministerio Público Fiscal. Concluyó que “la circunstancia de que parte de la operatoria se hubiera

El secretario general de la UTA Chaco, Raúl Abraham, alertó sobre la delicada situación que atraviesa el transporte público en el área metropolitana. Señaló que las empresas enfrentan problemas financieros desde hace años, cuestionó la falta de regulación de aplicaciones como Uber y Didi y pidió una mesa de diálogo para evitar más despidos y el deterioro del servicio. La crisis del transporte público en el Gran Resistencia continúa profundizándose y genera preocupación tanto entre los trabajadores como entre los usuarios. Así lo expresó el secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) del Chaco, Raúl Abraham, quien advirtió que el sistema atraviesa una situación crítica y reclamó medidas urgentes para evitar que se agraven los problemas laborales y operativos. En declaraciones a CIUDAD TV, el dirigente sindical sostuvo que las dificultades actuales son el resultado de un proceso que viene desarrollándose desde hace varios años, marcado por la reducción de subsidios nacionales, los cambios en las políticas de financiamiento y la caída de la rentabilidad de las empresas prestatarias. Abraham recordó que ya a fines de 2025 compañías como ERSA y TCM habían presentado procedimientos preventivos de crisis para evitar despidos y suspensiones. En ese contexto, señaló que los trabajadores aceptaron una reducción salarial para preservar las fuentes laborales y garantizar la continuidad del servicio. Sin embargo, aseguró que la situación se agravó durante los primeros meses de este año. Según explicó, la menor cantidad de pasajeros transportados durante el receso escolar y las dificultades económicas de las empresas derivaron en nuevas suspensiones y en un escenario de creciente incertidumbre. El dirigente también mencionó que la empresa San Fernando, encargada de operar la Línea 5, presentó un procedimiento similar, lo que evidencia que los problemas alcanzan a distintas prestatarias del sistema. Reclamo al Gobierno Abraham afirmó que la UTA había advertido con anticipación sobre la gravedad de la situación. Recordó que el sindicato envió una nota al gobernador Leandro Zdero el pasado 25 de abril, luego de que ERSA comunicara su intención de dejar de prestar servicios. Según relató, el planteo fue derivado a la Secretaría de Transporte y al Ministerio de Infraestructura, aunque hasta el momento no se alcanzaron soluciones concretas. En ese marco, valoró una reciente reunión con funcionarios provinciales, entre ellos el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, pero insistió en la necesidad de conformar una mesa de diálogo integrada por empresarios, representantes gubernamentales y trabajadores para abordar de manera integral la crisis. “Hay que terminar con esta incertidumbre y encontrar una solución que contemple a todos: trabajadores, usuarios, empresarios y Estado”, sostuvo. Críticas a Uber y Didi Uno de los puntos más duros de las declaraciones estuvo dirigido a las plataformas de transporte de pasajeros como Uber y Didi, cuya expansión, según Abraham, agravó aún más la situación económica del sistema formal. El dirigente cuestionó la falta de regulación sobre estas aplicaciones y sostuvo que, a diferencia del transporte público, taxis y remises, no existe un control claro sobre su funcionamiento. “Todo el transporte está regulado por el Estado o por los municipios, pero con estas aplicaciones nadie sabe quiénes son los responsables ni cómo funcionan”, señaló. A su entender, la competencia generada por estas plataformas profundizó las dificultades financieras de las empresas de colectivos y aceleró el deterioro del sistema. Temor por más despidos Actualmente, entre 30 y 40 trabajadores se encuentran afectados por suspensiones vinculadas a la reducción de servicios y la falta de unidades en circulación. Sin embargo, Abraham advirtió que el verdadero temor es que más empresas decidan retirarse de la actividad por considerarla económicamente inviable. Como ejemplo, mencionó experiencias ocurridas en otras provincias donde compañías abandonaron el servicio dejando a cientos de trabajadores sin empleo. “En Paraná quedaron más de 200 trabajadores en la calle y en Formosa más de cien. Eso es lo que queremos evitar”, afirmó. Finalmente, destacó el esfuerzo realizado por los choferes para sostener el funcionamiento del sistema pese a la reducción salarial y las dificultades operativas. También pidió que tanto el Gobierno como los empresarios reconozcan ese compromiso y avancen en una solución que permita garantizar la continuidad del servicio y preservar los puestos de trabajo. “La situación requiere una respuesta rápida. No se trata solamente de los trabajadores, sino de todo el sistema de transporte y de miles de usuarios que dependen de él todos los días”, concluyó.

Las entidades asociadas aprobaron por unanimidad la actualización integral de la normativa que regirá a la Asociación, fortaleciendo su perfil federal y su rol estratégico en el desarrollo financiero del país. La Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) celebró el pasado martes su 67º Congreso Extraordinario, en el que las entidades asociadas aprobaron por unanimidad la reforma integral de su Estatuto, una actualización institucional de gran relevancia cuya última adecuación general se remontaba a noviembre de 2006. Del encuentro participó el presidente de Nuevo Banco del Chaco, Dr. Livio Gutiérrez, junto a representantes de bancos públicos y privados de todo el país que aprobaron en un consenso ejemplar la reforma impulsada por la conducción de ABAPPRA. El objetivo principal es actualizar el marco normativo de la entidad en función de los desafíos actuales del sistema financiero, preservando al mismo tiempo los principios fundacionales de la Asociación. Fundada en 1959 con la misión de promover la banca provincial y el desarrollo económico regional, ABAPPRA llevó adelante un amplio proceso de diálogo, escucha y construcción de consensos entre sus miembros. Este trabajo permitió armonizar las distintas miradas, trayectorias e intereses de las instituciones asociadas, consolidando una propuesta común que fortalece el carácter federal de la entidad y amplía sus perspectivas de crecimiento. La nueva normativa incorpora herramientas que permitirán modernizar el funcionamiento institucional, renovar objetivos estratégicos, facilitar la incorporación de nuevos asociados y consolidar una representación más amplia y participativa de la banca argentina. El consenso alcanzado refleja la madurez institucional de ABAPPRA y el compromiso compartido de sus integrantes con el desarrollo regional, la inclusión financiera y el fortalecimiento de las economías locales en cada rincón del país. Con esta aprobación unánime, la Asociación consolida su liderazgo dentro del sistema financiero y sienta las bases de una ABAPPRA más ágil, participativa y representativa, preparada para responder con eficacia a los desafíos estratégicos del sistema financiero del presente y del futuro.

Jacek Piechocki deberá presentarse ante el juez Ernesto Kreplak por su presunta participación en el secuestro y homicidio del militante de la UES. La fiscalía sostiene que integraba la organización paraestatal que sembró el terror en La Plata antes del golpe de Estado. Cuando Jacek Piechocki pensaba que se había salido con la suya, le llegó la hora de presentarse en los tribunales para dar explicaciones sobre su paso por la Concentración Nacional Universitaria (CNU). El juez federal Ernesto Kreplak llamó a indagatoria a Piechocki por su supuesta vinculación con secuestro y asesinato de Ricardo “Patulo” Rave, un militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) a quien la banda de ultraderecha –con apoyo del Ejército y la policía bonaerense– torturó y colgó de un puente en La Plata. Piechocki (80) deberá presentarse el próximo 23 de junio a las once de la mañana en el juzgado federal de Kreplak. El juez decidió su convocatoria como imputado tras un pedido de la unidad fiscal que integran Gonzalo Miranda, Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira. “Patulo” era parte de una familia con militancia en La Plata. Eran nueve hermanos. Como estudiante secundario, conocía a algunos de los matones de la CNU, como Carlos “Indio” Castillo, el represor que el año pasado eligió la Corte Suprema para mandar un mensaje contra los juicios –y, en particular, la extensión de las prisiones preventivas–. El 23 de diciembre de 1975, “Patulo” decidió pasar a saludar por la casa en la que vivían sus padres con sus cuatro hermanos menores. Llegó cerca de las 23. Él ya no vivía allí. Estaba de novio y tenía intención de casarse pronto. Tenía previsto ir al día siguiente a Villa Gesell para pasar unos días en la playa. Entre las dos y las tres de la madrugada, una patota irrumpió en la vivienda de los Rave. Entraron a la pieza en la que “Patulo” dormía con dos de sus hermanos varones menores. Los sacaron a los empujones y patadas mientras los apuntaban con armas de fuego. En el ínterin, la banda saqueaba todo lo que era de su interés en la casa. Uno de los hombres que tenía voz de mando dijo: “Éste es uno de los anda jodiendo con el boleto”. La referencia era al reclamo por el boleto estudiantil. “Patulo”, como cientos de estudiantes secundarios, había participado en movilizaciones durante 1975 –entre las que se incluía el reclamo por el transporte para poder ir a clase–. En un determinado momento, la patota –en la que había integrantes que vestían uniforme de fajina y borceguíes– se llevó al muchacho después de decirle que se vistiera y agarrara el documento. Él se fue pidiéndoles a los padres que se quedaran tranquilos y que llamaran al tío “Willy”, que era militar de carrera. Horas después, llegó el aviso de que debían presentarse en la jefatura de policía. El padre fue y allí se enteró de cómo habían destrozado a su hijo, a quien golpearon y colgaron del puente denominado Camino Arana entre 30 y 90, La Plata. La familia también contó que había sido acribillado. Para la fiscalía, hay indicios más que suficientes que marcan que Piechocki estuvo en la casa de los Rave cuando secuestraron a “Patulo”. El Ministerio Público Fiscal (MPF) calificó a la CNU como una organización armada paraestatal que llevó adelante de manera sistemática, organizada y con connivencia estatal crímenes durante mediados de los años ‘70. La CNU solía cometer crímenes que tenían como sello característico el acribillamiento. El ensañamiento con los cuerpos de sus víctimas perseguía tres objetivos: instalar el terror, demostrar la identidad de los autores y hacer gala de su capacidad operativa. En el primer juicio por los crímenes de la CNU que se hizo en La Plata se mencionó a Piechocki. De hecho, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos había pedido que se lo investigara, tal como surge de los fundamentos de la sentencia. La información más detallada sobre Piechocki proviene de la investigación que hicieron Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal para Miradas al Sur y que después se publicó en el libro La CNU: El terrorismo de Estado antes del golpe. Allí se contaba que los Piechocki eran dos hermanos: Jacek –el mayor– y Cristóbal –el menor–. Ambos estaban ligados a la CNU. Jacek se presentaba como “Pablo” y las agrupaciones de izquierda solían llamarlo “pan de leche” por su tez blanca y su cabello rubio. Había quienes se referían a él como “Alemán” o “Polaco”. Era frecuente verlo vistiendo un traje azul. Lo describían como un provocador que solía gritar que los “bolches” debían volver a Moscú. Según esas fuentes, era uno de los matones que ingresaron armados a una asamblea de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Fuentes judiciales le dijeron a este diario que se encontró un legajo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA), en manos de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en el que se hablaba de Piechocki como un activo elemento de la CNU. Jacek Piechocki se dedicó a la abogacía con el tiempo. Otro que lo mencionó como integrante de la CNU fue Alfredo Ricardo Lozano, un policía al que se conocía con el apodo de “Boxer” y también era parte de esa organización de extrema derecha. Lozano dejó una declaración ante escribano público en la que se refería a Piechocki como “Polaco” y lo asociaba al “Indio” Castillo. En la actualidad, el caso de “Patulo” está siendo examinado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata que lleva adelante el segundo juicio por crímenes de la CNU. En el proceso, se considera que la familia –que actúa como querellante con la representación del abogado Pablo Llonto– sufrió otros hechos de violencia previos, como el secuestro de un hermanito de nueve años. En el proceso están siendo juzgados Castillo, Juan José “Pipi” Pomares y Antonio “Tony” Jesús. Fue en este juicio que el

Funcionarios de la Casa Blanca han retrasado durante meses la publicación de un informe del gobierno estadounidense que describe lo que califica como vulnerabilidades significativas en las máquinas de votación del país antes de las elecciones de mitad de período de noviembre, según tres fuentes familiarizadas con el asunto. El informe, elaborado por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, concluye que las máquinas de votación podrían reforzarse, por ejemplo, actualizando su software, según las fuentes. No afirma que las vulnerabilidades hayan provocado cambios en los resultados electorales, pero analiza las deficiencias de seguridad en el uso de estas máquinas durante las elecciones estadounidenses. Algunos funcionarios de la Casa Blanca han argumentado que el informe podría minar la confianza de los votantes, especialmente entre los republicanos. Otros han afirmado que no creen que el informe respalde suficientemente las falsas afirmaciones del presidente Donald Trump de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas, según las tres fuentes. Algunos demócratas expresaron en privado su preocupación de que la investigación de Gabbard sobre las máquinas de votación fuera utilizada por la administración para presionar a los estados a usar boletas de papel. Varios casos judiciales presentados por los abogados de Trump no lograron demostrar fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020. Se concedió el anonimato a las fuentes para que pudieran hablar sobre las deliberaciones internas de la administración. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien inició una investigación sobre las máquinas de votación y buscó pruebas para respaldar las falsas acusaciones de fraude electoral de Trump, renuncia el viernes. El regulador federal de vivienda, Bill Pulte, asumirá el cargo de director interino. Trump ha manifestado su deseo de que Pulte investigue las “elecciones fraudulentas” durante su gestión en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI). No está claro qué piensa hacer Pulte con el informe. Según dos de las fuentes, ha sido informado sobre los esfuerzos de la agencia para investigar fallos en las máquinas de votación, incluido el informe aún no publicado. Los demócratas y algunos analistas advierten sobre una posible interferencia de la administración Trump en las elecciones de mitad de mandato, en las que los analistas prevén pérdidas para los republicanos.Funcionarios de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) y expertos que asesoraron a la agencia abogaron en reuniones con funcionarios de la Casa Blanca para que la administración comenzara a corregir las deficiencias a finales del año pasado, a tiempo para completar el proceso, que requiere una amplia coordinación con los estados, antes de las elecciones de mitad de mandato. Al ser consultado sobre la demora en la publicación del informe, el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, declaró que la administración “continúa ofreciendo asistencia a los funcionarios electorales estatales y locales, incluso a través del FBI y la CISA, para garantizar la seguridad e integridad de todas las máquinas utilizadas en las elecciones estadounidenses”. La CISA es la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad. La portavoz de la ODNI, Olivia Coleman, dijo que Gabbard ha tomado “medidas dentro de sus atribuciones” para “apoyar la directiva del Presidente de garantizar la seguridad de nuestras elecciones, lo que incluye identificar vulnerabilidades en nuestra infraestructura crítica”. Pulte no respondió a la solicitud de comentarios. Informe sobre la parte de la gestión electoral de la administración Algunas de las vulnerabilidades detalladas en el informe de la ODNI eran conocidas desde hace tiempo por administraciones anteriores, según un ex alto funcionario de la administración Biden y otras dos fuentes. Entre estas vulnerabilidades se incluyen máquinas que ejecutan software obsoleto y que tienen la capacidad de conectarse a internet, lo que los piratas informáticos podrían aprovechar. Todas las fuentes afirmaron desconocer cualquier evidencia de manipulación de votos en las elecciones estadounidenses. El informe forma parte del esfuerzo más amplio de la administración para investigar el posible fraude en las elecciones estadounidenses tras la firma por parte de Trump de una orden ejecutiva en febrero de 2025 que tiene como objetivo otorgar al gobierno federal un mayor control sobre las elecciones en Estados Unidos.Según la Constitución de los Estados Unidos, los estados tienen autoridad sobre cómo se llevan a cabo las elecciones. Altos funcionarios del FBI y del Departamento de Justicia han hablado públicamente sobre sus investigaciones de posible fraude electoral en todo el país. El informe, que se basa en datos de inteligencia clasificados y de fuentes abiertas, sería el primero en detallar el trabajo de la administración sobre las máquinas de votación. Se trata de uno de los dos informes que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) encargó sobre fallos en las máquinas de votación. El otro informe, que tampoco se ha publicado, fue redactado el año pasado por una empresa contratista del gobierno, Mojave Research, que estudió las máquinas de votación incautadas en Puerto Rico. Ambos informes han sido mencionados en reuniones de la Casa Blanca en las que los funcionarios debatieron si existían pruebas suficientes para demostrar la afirmación de Trump de que le robaron las elecciones de 2020. El informe de Mojave no encontró pruebas de que las máquinas hubieran sido pirateadas, según otras dos fuentes. No hay autorización de la Casa Blanca para publicar el informe La Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) ha informado a la Casa Blanca sobre sus hallazgos durante los últimos seis meses, pero nunca recibió autorización para publicarlos, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Según el informe, muchos estados están utilizando sistemas obsoletos, según indicaron tres fuentes familiarizadas con el asunto. La agencia de inteligencia utilizó información de informes publicados anteriormente por CISA, el organismo gubernamental de control de los sistemas cibernéticos, que hacían referencia a conferencias sobre piratería informática en las que la agencia descubrió que algunas máquinas de votación podían ser atacadas a través de hardware inseguro. La CISA ha declarado que no encontró pruebas de que un adversario extranjero interfiriera en las elecciones de 2020, y la agencia se unió a otros funcionarios federales, estatales y locales para

El gobernador recibió en La Plata a autoridades de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. Críticas a Javier Milei por la reforma laboral. El dirigente camionero llamó a la unidad del peronismo. El gobernador Axel Kicillof recibió este jueves en la Casa de Gobierno a las autoridades regionales de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF), cuyo vicepresidente para América Latina es el camionero Pablo Moyano. El encuentro, en el que se habló del impacto de la reforma laboral en el sector y las políticas de desregulación impulsadas por la Casa Rosada, también dejó una señal política para el bonaerense: el respaldo explícito al mandatario y un llamado a la unidad del peronismo. Kicillof recibió a la cúpula de la ITF acompañado por sus ministros de Trabajo, Walter Correa, y de Transporte, Martín Marinucci, además del diputado nacional Hugo Moyano (h). También participó la plana mayor regional de la ITF: Stephen Cotton, secretario general; Natalie Swan, directora de Mujeres Trabajadoras del Transporte e Igualdad de Género, además de Moyano. La delegación se completó con dirigentes sindicales del transporte de Argentina, Brasil y Panamá. En este marco, Kicillof profundizó sus críticas al plan económico y a la reforma laboral del gobierno nacional y buscó diferenciar el rumbo de la provincia. “Es muy importante para nosotros poder recibir a organizaciones internacionales de trabajadores aquí en La Plata: si el Gobierno nacional les da la espalda, cuentan con el apoyo y el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires”, afirmó. El gobernador reiteró su rechazo al paquete de reformas promovido por Milei. “Promovemos políticas que están en las antípodas de las que lleva adelante la Nación: hasta donde nos alcancen nuestros instrumentos, la reforma laboral de flexibilización no entra en nuestro territorio”, dijo. Kicillof además inscribió el avance libertario en una disputa de escala global. “Las políticas de Milei no se tratan solo de una ideología irracional, sino que expresan a nivel local a una ultraderecha global que busca que las corporaciones estén por encima de los gobiernos nacionales”, sostuvo. Y consideró que el objetivo es que «gobiernen las grandes corporaciones multinacionales», que avanzarán sobre los derechos de los trabajadores. En ese marco, el mandatario bonaerense llamó a fortalecer la organización frente al escenario actual. “Necesitamos construir una respuesta estratégica y organizada por los propios trabajadores. Nuestro compromiso es seguir afianzando los vínculos y las redes de solidaridad para lograr una integración real de la provincia de Buenos Aires con las organizaciones internacionales del movimiento obrero”, expresó. El ministro Correa, en tanto, también reforzó el rechazo provincial a la reforma laboral al recordar el documento técnico elaborado por su cartera contra el proyecto de “modernización laboral”, mientras que Marinucci advirtió que las políticas de ajuste nacionales ya impactan de lleno en el transporte y en la conectividad del país. Llamado a la unidad del peronismo Pero el dato político más fuerte llegó al término de la reunión. Ante los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Pablo Moyano respaldó la postura de Kicillof frente a Milei y aprovechó para enviar un mensaje directo hacia el interior del peronismo. “El peronismo se tiene que dejar de joder y llegar a la unidad”, disparó el dirigente camionero, en un momento especialmente sensible para Fuerza Patria, atravesada por peleas internas sin fin y a dos días del “banderazo” por la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Moyano vinculó la necesidad de que el peronismo esté unido para dar pelea contra el modelo económico libertario. “Si no, no estamos viendo lo que está pasando en la calle, ¿no? La angustia que hay con los jubilados, con los chicos con incapacidad, despidos todos los días”, advirtió. Y agregó: “Si no hacemos un esfuerzo todos, somos simples relatores de la realidad. Tenemos que hacer un esfuerzo en todos los sectores”, planteó. En la misma línea que Kicillof viene planteando desde su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, Moyano llamó a construir una alternativa competitiva: “Creo que es el momento de dejar de lado las diferencias, los egos, los personalismos, en todos lados, y llevar adelante una nueva propuesta para que la gente vuelva a creer en el peronismo, para desterrar de una vez por todas esta política nacional nefasta que está llevando adelante este desquiciado que hoy nos gobierna”. Tiempo Argentino

Se trata de Ariel De Vincentis, al que le endilgan haber estorbado la actuación judicial. El juicio deberá probar si su comportamiento estuvo relacionado con la huida de Jonathan Kovalivker tras la llegada de la Policía. La Justicia federal elevó a juicio uno de los desprendimientos de la llamada causa Andis. Se trata de la investigación por encubrimiento y otros delitos que se abrió para investigar el comportamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis. Según consta en el expediente, habría realizado movimientos que le permitieron a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, eludir una orden judicial. La causa en cuestión se abrió a partir de una extracción de testimonios que hizo el juez federal Sebastián Casanello en los inicios del expediente que tiene procesado al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Ese movimiento implicó, en los hechos, una denuncia al encargado de seguridad del mencionado desarrollo inmobiliario luego de advertir que había muestras de que intentó frenar una orden de presentación en la vivienda de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la empresa mencionada en los audios atribuidos al ex titular del organismo que dieron origen al caso. Esa orden tenía como objeto recabar información para el caso. Según pudo saber Tiempo de fuentes judiciales, la investigación contra De Vicentis fue elevada a juicio y es por eso que el encargado de seguridad de Nordelta deberá encarar próximamente un proceso oral. El hombre había sido procesado en 2025 por Casanello, que le achacó la comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, estorbo del acto funcional y encubrimiento. Ahora, según supo este medio, la Justicia logró probar con la certeza requerida para la elevación a juicio que el imputado tuvo comportamientos orientados a un entorpecimiento del trabajo judicial. La elevación a juicio fue decidida por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, que interviene en la causa desde que Casanello se declaró incompetente por razones de jurisdicción. Así, el caso quedó bajo la órbita de la Cámara Federal de San Martín, que en febrero ratificó el procesamiento de De Vincentis tras la apelación de la defensa a cargo del abogado Guillermo Soares Gache. El hecho El hecho en cuestión ocurrió el 21 de agosto de 2025, cuando Casanello dispuso una orden de presentación en el barrio La Isla de Nordelta en el marco de la incipiente investigación por sobreprecios y retornos millonarios en el marco de la Andis. La medida tenía como fin recabar información sobre los Kovakivker. Al llegar, en horas de la noche, un efectivo policial se presentó en una de las garitas y manifestó los motivos de la presencia en el lugar, lo que desató que uno de los empleados de seguridad comenzara a recibir “insistentes llamados” a su teléfono celular. ¿Quién era? Su jefe De Vincentis. El comisario a cargo del procedimiento atendió y le comunicó a De Vincentis la orden que tenían que cumplir en términos generales, pero este intentó obtener más información, frente a lo cual el efectivo cortó la comunicación. Los llamados del jefe de Seguridad de Nordelta siguieron llegando a otro empleado de la garita que atendió pese a la orden policial de no hacerlo. Tuvieron que quitarle el teléfono y cortar la comunicación. Cuando Casanello obtuvo los detalles de lo que había ocurrido esa noche, extrajo de la causa los detalles que aportó el efectivo a cargo de la diligencia en el barrio La Isla y pidió una serie de medidas para que la situación se investigue en un expediente paralelo al central, que tenía el foco puesto en la aparente irregularidad de las contrataciones de medicamentos e insumos para personas con discapacidad. De esas medidas obtuvo, por ejemplo, una serie de mensajes de WhatsApp atribuidos a De Vincentis, en los que se dirigió a sus empleados con órdenes expresas de no permitir el trabajo policial ordenado por la Justicia. “Sea la fuerza de seguridad que fuere, ningún personal que no corresponda al área legal está autorizado a facilitar información sobre la identidad, ingresos y egresos de vecinos”, escribió. “Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno”, agregó. “Si tienen que realizar un allanamiento con la orden respectiva que lo hagan y con sus propios técnicos (…) Nosotros no tenemos que facilitarle el camino a ninguno. Si la Fiscalía o la policía no sabe trabajar o no nos contacta previamente para coordinarnos (…) y creen estar en Fuerte Apache, se confunden”, expresó en otro de los textos recuperados de su teléfono marca Samsung. Otro de los episodios que se incorporó a la investigación ahora elevada a juicio es un llamado al 911 que se realizó desde una línea registrada a nombre de “Asociación Vecinal Nordelta”. Alerta que provocó la presencia de efectivos de la Policía bonaerense que llegaron hasta la garita de seguridad del barrio y dijeron haber sido advertidos de la presencia de supuestos “falsos policías”. Al constatar la legalidad del procedimiento, estos se retiraron del lugar. Esa maniobra también fue ligada a De Vincentis. Kovalivker se fue El punto central de esta trama es que mientras todo eso ocurría, Jonathan Kovalivker logró tiempo para retirarse del barrio privado a bordo de su Audi S3. De esa manera, logró evitar el procedimiento policial ordenado por la Justicia. En la instrucción de la causa, la defensa de De Vincentis expresó que el imputado se limitó a cumplir con su deber y que su actuación no generó demoras al procedimiento. También rechazaron la existencia de elementos de prueba que den cuenta de que avisó a Kovalivker de la presencia policial y de que haya realizado actos tendientes a demorar el procedimiento de aquella noche de agosto de 2025. Otra de las explicaciones que dieron fue para controvertir las sospechas que puso Casanello al principio de la causa, relacionadas a que la intervención de De Vincentis se dio en un momento en el que estaba de licencia. Al respecto, plantearon que no era la primera

El gobernador Leandro Zdero firmó el decreto 1420/2026, mediante el cual se estableció una actualización del concepto denominado “Ajuste por Revisión”, previsto en la Ley 3424-A, para cargos del Poder Judicial de la provincia del Chaco y otros organismos del sistema institucional. La medida rige desde el 1 de junio de 2026 y tiene como objetivo que las remuneraciones netas del cargo de Juez de Cámara del Poder Judicial chaqueño no queden por debajo del promedio de los jueces de segunda instancia de Corrientes, Formosa y Misiones. Según el acta de la Comisión Técnica incorporada como anexo, el relevamiento arrojó un incremento neto necesario del 3,57% respecto del promedio de la media del NEA. Qué cambia con el decreto El decreto establece que el “Ajuste por Revisión” tendrá como base de cálculo el sueldo básico y la compensación jerárquica del agente. En el anexo, la Comisión Técnica fijó el porcentaje del ajuste en 1305,69% sobre esos conceptos para el período correspondiente a junio de 2026. Ese coeficiente no debe leerse como un aumento directo de bolsillo de ese porcentaje, sino como la fórmula técnica aplicada sobre la base salarial definida por la ley. De acuerdo con la planilla incorporada al expediente, con la nueva aplicación del ajuste el haber neto de referencia para un Juez de Cámara queda en torno a los $6.631.396, prácticamente en línea con el promedio informado para el NEA, que fue calculado en $6.631.413. Los sueldos tomados como referencia Para definir la actualización, se tomó como parámetro el promedio de los haberes judiciales de segunda instancia de tres provincias del NEA. Según la documentación oficial, los valores considerados fueron: Corrientes: $6.454.124. Formosa: $7.584.772. Misiones: $5.855.342. Con esos datos, la Comisión Técnica calculó un promedio regional de $6.631.413, que funciona como referencia para el mecanismo de equiparación previsto en la normativa chaqueña. A qué organismos alcanza La actualización no solo alcanza al Poder Judicial, sino también a distintas jurisdicciones vinculadas al esquema institucional provincial. El decreto incluye a: Poder Judicial, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Tribunal Electoral, Fondo de Retiros, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado y Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Revisión trimestral y ratificación legislativa El mecanismo de revisión originalmente estaba previsto de manera semestral, pero luego fue modificado para realizarse en períodos trimestrales. Por eso, las revisiones deben hacerse en febrero, mayo, agosto y noviembre, con impacto posterior en marzo, junio, septiembre y diciembre, según corresponda. El decreto fue firmado ad referéndum de la Cámara de Diputados, por lo que ahora deberá ser enviado a la Legislatura provincial para su ratificación legislativa. libertaddigital

La exposición, que abrirá sus puertas este viernes en el Centro Cultural Nordeste, propone una reflexión sobre la relación entre la naturaleza, la cultura y los territorios compartidos del Gran Chaco. La entrada será libre y gratuita. El reconocido artista visual paraguayo Marcos Benítez inaugurará este viernes, a las 20.30, la muestra “La fiera entre las fieras” en la Sala Iván Sagarduy del Centro Cultural Nordeste, ubicada en Arturo Illia 355 de la ciudad de Resistencia. La exposición, curada por Gustavo Insaurralde, reúne parte de la producción más reciente del artista y aborda temáticas vinculadas con el ambiente, la preservación de la biodiversidad, las culturas indígenas y las complejas relaciones entre lo doméstico y lo salvaje en la región chaqueña. Durante una entrevista brindada a CIUDAD TV, Insaurralde destacó la importancia de la llegada de Benítez a Resistencia y lo definió como una figura de referencia dentro del arte contemporáneo paraguayo. Además, valoró el papel del Centro Cultural Nordeste como uno de los principales espacios para las artes visuales de la región. “Es un artista que desarrolla una reflexión urgente y necesaria sobre nuestra relación con la naturaleza y lo hace con un gran compromiso”, señaló el curador. Por su parte, Benítez explicó que su obra evolucionó desde una búsqueda más intuitiva hacia una producción con fuerte contenido conceptual, atravesada por cuestiones ambientales, sociales y territoriales. A lo largo de su trayectoria trabajó junto a comunidades indígenas, recicladores urbanos y habitantes de distintas regiones del Chaco paraguayo. La muestra combina dos proyectos artísticos desarrollados por el autor: “La encrucijada” y “Feral”. El primero explora la idea del territorio como construcción cultural compartida entre Paraguay, Argentina y Bolivia; mientras que el segundo toma como eje la figura del yaguareté y su significado simbólico dentro de distintas comunidades indígenas del Gran Chaco. “El territorio no es solamente una cuestión geopolítica. Compartimos gastronomía, idioma, tradiciones y formas de entender el mundo. Pero también compartimos problemáticas vinculadas al acceso a la tierra, la preservación ambiental y la conservación de especies emblemáticas como el yaguareté”, explicó el artista. Benítez señaló que su trabajo no busca ofrecer respuestas cerradas, sino generar preguntas y abrir espacios de reflexión sobre los desafíos ambientales y culturales que atraviesan la región. En ese sentido, destacó la importancia de preservar especies como el yaguareté y recursos naturales como el chaguar o caraguatá, fundamentales para la producción cultural de numerosas comunidades indígenas. El artista paraguayo cuenta con una destacada trayectoria internacional. Participó en importantes eventos de arte contemporáneo, entre ellos la Bienal de Curitiba, y una de sus obras pasó a integrar en 2023 la colección permanente del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), uno de los espacios culturales más prestigiosos de América Latina. La exposición permanecerá abierta hasta fines de julio y podrá visitarse con entrada libre y gratuita. Desde la organización invitaron a la comunidad a acercarse para conocer una propuesta artística que combina estética, identidad regional y conciencia ambiental. “Es una oportunidad para encontrarnos con una obra que interpela y propone reflexionar sobre nuestro vínculo con el territorio y con las culturas que lo habitan”, concluyó Insaurralde.

En base a una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal, el Tribunal Oral Federal de Paraná deberá reanalizar el pedido de detención domiciliaria del ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, quien es juzgado por liderar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en el litoral argentino. El Tribunal Oral Federal de Paraná deberá reanalizar el pedido de detención domiciliaria del ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, acusado de liderar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en el litoral argentino. La medida se da en respuesta a la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa del imputado tras el rechazo de ese beneficio por parte del tribunal que lo juzga. El fallo de Casación revoca parcialmente la resolución del tribunal de juicio, que el 9 de febrero pasado había denegado la solicitud de prisión domiciliaria presentada por los defensores Mariana Barbitta y Lucas Melo el 25 de febrero de 2026. El tribunal de origen, integrado por las juezas Noemí Berros, Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello, deberá ahora sustanciar nuevamente el pedido, aunque el fallo de Casación no implica un anticipo de decisión sobre la procedencia del beneficio. Un entramado narco con epicentro en el litoral Airaldi, conocido en los medios como el “Gaucho narco”, es señalado por la Fiscalía Federal de Paraná como el organizador y financista de una red de tráfico de estupefacientes que operó entre 2019 y el 8 de marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, provincia de Entre Ríos. La investigación también lo vincula con el secuestro de 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de Puerto Gaboto, Santa Fe, ocurrido en agosto de 2022. Según el requerimiento de elevación a juicio del fiscal federal interino Leandro Ardoy, “cada uno de los integrantes ha representado y desempeñado un rol específico en su estructura, liderada por Leonardo Roberto Airaldi, encargado de la coordinación general, gestión financiera y la obtención de información de importancia y proveniente de funcionarios policiales, que era utilizada para sortear operativos de control y/o seguridad”. La causa se inició casi por casualidad: el 10 de agosto de 2022, personal policial allanó una vivienda en calle Solís al 600 de Puerto Gaboto tras una denuncia por amenazas contra el puestero Diego Torres, empleado de Airaldi. Allí encontraron debajo de una cama 28 paquetes de cocaína de alta pureza con etiquetas de “Qatar” y “Emirates”, lo que hizo sospechar a los investigadores que el cargamento tendría como destino el exterior. Torres permanece prófugo desde entonces y tiene pedido de captura. Un testigo de identidad reservada declaró que el puestero le había contado que Airaldi tenía una pista clandestina en una isla para que aterrizaran avionetas con droga. La investigación también reveló que ambos utilizaban un lenguaje en clave para referirse a la cocaína: “maple”, “carne”, “lomo” o “novillo”, que fueron detectados en los peritajes de los teléfonos celulares secuestrados a Airaldi. El perfil del acusado Airaldi, de 43 años, se desempeñó como presidente de la Sociedad Rural de Diamante. Su vinculación con el narcotráfico empezó a gestarse en julio de 2022, cuando Gendarmería Nacional lo detuvo en Rosario mientras circulaba en una camioneta VW Amarok con armas, municiones, dinero en efectivo y estupefacientes. En esa oportunidad, Airaldi intentó justificarse afirmando que era “personal inorgánico de Inteligencia de la Policía de Entre Ríos”, versión que fue desmentida. Posteriormente, se confirmó que esa camioneta había sido secuestrada en 2023 en otra investigación vinculada al clan del narco bonaerense Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. El entramado criminal que lideraba Airaldi utilizaba una compleja logística que combinaba transporte terrestre y fluvial a través de las islas del río Paraná. Desde su establecimiento rural “El Pillo”, ubicado en la zona de islas de Diamante, se coordinaban las operaciones de acopio y distribución de estupefacientes, aprovechando la cercanía con la vía navegable troncal. El proceso judicial y la conexión de causas La causa contra Airaldi incluye a otros 13 implicados, cuatro de los cuales ya alcanzaron acuerdos de juicio abreviado que serán tratados en la sentencia . El empresario ruralista fue procesado por almacenamiento y tráfico de estupefacientes, delito previsto en la ley 23.737, con penas que van de 4 a 15 años de prisión. En diciembre de 2024, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento de Airaldi por el cargamento de Puerto Gaboto y rechazó su pedido de excarcelación, allanando el camino para la elevación a juicio . El fiscal federal Walter Rodríguez formalizó entonces el requerimiento de elevación a juicio ante el Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe. Posteriormente, el Tribunal Oral Federal de Santa Fe resolvió remitir la causa a Paraná, unificando ambas investigaciones (la de Puerto Gaboto y la de la organización narco en Entre Ríos) debido a la “conexidad subjetiva” entre los expedientes. El fiscal general Martín Suárez Faisal había planteado que los hechos formaban parte de un mismo entramado criminal, ya que la droga hallada en Santa Fe habría ingresado desde propiedades de Entre Ríos vinculadas a Airaldi mediante transporte fluvial. Ahora, el Tribunal Oral Federal de Paraná deberá evaluar en un solo juicio tanto el acopio de los 29 kilos de cocaína en Puerto Gaboto como la hipótesis de una organización narco con logística regional, en la que Airaldi sería el “cerebro”. El futuro procesal de Airaldi El fallo de la Cámara de Casación Penal que obliga a reabrir el debate sobre la prisión domiciliaria no modifica el estado de detención preventiva de Airaldi, quien permanece alojado en una unidad penal federal . La resolución implica que el tribunal oral deberá fundamentar nuevamente su decisión, considerando los planteos de la defensa, sin que ello implique una definición anticipada sobre el fondo del pedido. Mientras tanto, el proceso principal avanza hacia el juicio oral, donde Airaldi enfrentará cargos por liderar una organización dedicada al tráfico de estupefacientes en la región

El gobernador Leandro Zdero puso en funciones este viernes al doctor Ricardo Mayol como nuevo ministro de Salud de la Provincia del Chaco. El flamante funcionario, puso en valor la estructura sanitaria del Chaco y aseguró que trabajará para seguir fortaleciéndola y aprovechar plenamente su capacidad de atención en cada localidad. Al asumir sus funciones, en el Salón de Acuerdos, Mayol expresó que enfrenta esta nueva responsabilidad con el compromiso de trabajar bajo las instrucciones del Gobernador Zdero “de no defraudar a nadie” y de trabajar para garantizar una salud de calidad para todos los chaqueños. “Vamos a trabajar con todo aquello que siempre proyectamos para la salud. Ya me tocó ser ministro entre 2003 y 2007 y ahora asumimos nuevamente este desafío con la misma vocación de servicio”, señaló. El flamante ministro, puso en valor la estructura sanitaria del Chaco y aseguró que trabajará para seguir fortaleciéndola y aprovechar plenamente su capacidad de atención en cada localidad. Mayol también reafirmó su profundo vínculo con la provincia y su decisión de continuar trabajando por el bienestar de los chaqueños. “Hace más de 40 años que recorro toda la provincia. Este es mi lugar, aquí viven mis hijos y aquí construí mi vida. Quiero aportar toda mi experiencia para que el sistema de salud siga mejorando y sea cada vez más eficiente para todos”, concluyó. Acompañaron esta asunción, los ministros y secretarios del Gabinete provincial; el Dr. Sergio Rodríguez, ministro saliente; subsecretarios y directores del Ministerio de Salud.

El intendente de Juan José Castelli, Pio Sander, brindó en diálogo telefónico con CIUDAD TV un extenso informe sobre las tareas de prevención ante el fenómeno climático de El Niño. Tras las históricas lluvias de abril, el municipio avanza a contrarreloj con la ampliación de desagües y la creación de reservorios para evitar nuevas inundaciones. Luego del verdadero “sacudón” que significaron los 250 milímetros caídos el pasado 19 de abril, la ciudad de Juan José Castelli se encuentra en plena etapa de reorganización y fortalecimiento de su infraestructura hídrica. Así lo confirmó el intendente Pio Sander al hacer un balance detallado de las obras en curso y el nivel de preparación ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. “Después de aquella lluvia grande, logramos cosas importantes. Hoy estamos trabajando en la continuidad de la limpieza del Canal 1, desde el Malá hasta la Ruta 95”, explicó Sander, destacando que la principal obra consiste en ampliar los desagües dentro del ejido urbano. La meta es pasar de los 4 metros de ancho originales a 12 metros de ancho y una profundidad de 2,5 metros. Hasta hace poco, solo se habían intervenido 10 de los 18 kilómetros totales del Canal 1. Hoy, con el apoyo articulado entre Vialidad Provincial y el APA, se lograron terminar los 8 kilómetros restantes. “Anteriormente, en la lluvia grande, inundamos varias colonias y a productores porque no teníamos un cauce para derivar el agua. Hoy podemos hacer llegar el agua desde el casco céntrico y los barrios hasta el Canal 1 con escurrimiento seguro”, afirmó Sander. El intendente remarcó además que las tareas dentro de la ciudad se realizan con recursos propios del municipio, sin asistencia de otros organismos nacionales o provinciales, a excepción de la colaboración estratégica con Vialidad en la zona rural. La obra no solo apunta a sacar el agua rápido, sino también a almacenarla. “Estamos construyendo reservorios dentro de la ciudad que sirvan como pulmones de agua. Además, colocamos alcantarillas de gran porte en los barrios y pedimos colaboración a los vecinos para mantener las suyas en condiciones”, detalló. Sander explicó que esos reservorios contarán con compuertas para ser cargados en épocas de lluvia y liberar el agua de manera controlada, pero también para guardarla ante la eventual sequía. “En tiempos de falta de agua, siempre tuvimos complicaciones. Hay que guardarla también”, reflexionó. El municipio no solo trabaja en obra pública. También cuenta con un sistema de monitoreo constante. “Tenemos una estación meteorológica instalada con el INTA y recibimos información diaria de Defensa Civil de la provincia”, reveló el intendente. La región del Impenetrable sigue siendo un desafío. Los caminos de tierra en las colonias, el aislamiento de algunos productores y la falta de pasto para el ganado fueron algunos de los problemas más urgentes tras las lluvias. “Estamos asistiendo con alimentos para animales, especialmente en la zona de Rodríguez Peña. Cuando bajó el agua, el pasto ya no estaba. Pero, por otro lado, esta humedad récord nos permitió tener pasturas invernales como melilotus, alfalfa y avena que no veíamos hace años”, sostuvo. Consultado sobre si hoy Castelli está preparado para recibir la misma cantidad de agua que cayó en abril, Sander fue contundente: “Creo que hemos mejorado en un 80 o 90%. Ahora el agua tiene por dónde escurrirse. Eso no significa que estemos exentos de problemas, pero estamos mucho mejor que antes”. Con el invierno a la vuelta de la esquina y el pronóstico de El Niño aún latente, el intendente cerró con un mensaje de trabajo y prevención: “Hay que ocuparse, hay que seguir trabajando. La gente necesita ver que estamos en la calle, con las máquinas, asistiendo y planificando”.

En el marco de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026, se realizará la Ronda de Negocios de Industrias Creativas, una iniciativa organizada por la Comisión de Cultura de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME Cultura) y la Federación Económica del Chaco (FECHACO), destinada a promover vínculos comerciales, institucionales y de cooperación entre empresas, emprendedores, productores culturales, compradores e instituciones de todo el país. La actividad, con el apoyo del Instituto de Cultura del Chaco, se desarrollará el viernes 24 de julio de 2026, a partir de las 8:30 horas, en el predio de la Bienal, ubicado en Avenida de los Inmigrantes 1001 de la ciudad de Resistencia. La propuesta forma parte de las acciones conmemorativas por el 75° aniversario de FECHACO y busca consolidar un espacio estratégico para impulsar oportunidades de negocios, fortalecer redes de trabajo y fomentar la articulación federal entre los distintos actores de las industrias creativas. Presentación oficial La presentación oficial de la ronda se realizó este jueves 18 de junio con la participación del presidente de Fundación Urunday, José Sebastián Eidman; la vicepresidenta de Instituto de Cultura, Daniela Valedez; el presidente de FECHACO, Alfredo González; el titular y la secretaria de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Guillermo Basabe y Julia Sáez; y el presidente de Chaco Bureau – quien también es referente de CAME Cultura por Chaco -, Gonzalo Suárez. Durante el encuentro, los organizadores destacaron que la iniciativa apunta a fortalecer el ecosistema de las industrias creativas argentinas, promoviendo nuevas oportunidades comerciales, el desarrollo de mercados y la generación de alianzas estratégicas entre emprendedores, empresas e instituciones. La convocatoria está dirigida a representantes de los sectores Audiovisual, Software y Videojuegos, Editorial, Música y Producción de Espectáculos, Gastronomía Autóctona, Moda y Diseño, y Artesanías. La ronda reunirá a participantes de distintas provincias argentinas, consolidando a la Bienal del Chaco como uno de los principales espacios de encuentro entre cultura, creatividad y desarrollo económico, donde el talento, la innovación y la identidad regional se transforman en oportunidades concretas de crecimiento. Informes e inscripción La inscripción permanecerá abierta hasta el 17 de julio de 2026 y tendrá un costo de $20.000 por participante. Los interesados podrán solicitar más información e inscribirse escribiendo al correo electrónico: gerencia@fechaco.org. Acompañan esta iniciativa la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Confederación Económica de Misiones (CEM) y el Instituto de Cultura del Chaco. La Ronda de Negocios de Industrias Creativas se presenta como una oportunidad única para generar alianzas estratégicas, ampliar redes de comercialización y potenciar el crecimiento de las industrias culturales y creativas de la región y del país.

En medio de la alerta sanitaria por la detección de un caso de tuberculosis en la Escuela Normal Sarmiento de Resistencia, la reconocida médica neumonóloga Alicia Michelini brindó una entrevista en CIUDAD TV en la que despejó mitos, advirtió sobre el estigma social que aún persigue a la enfermedad y llamó a fortalecer la prevención en la provincia. El episodio en la institución educativa, confirmado esta semana, involucra a un estudiante de tercer año y motivó la activación de protocolos sanitarios. Según informaron fuentes oficiales, 34 alumnos considerados “contactos estrechos” deberán realizarse controles médicos, incluyendo radiografías de tórax y la prueba PPD, que detecta si hubo contacto con el bacilo de la tuberculosis. El joven diagnosticado permanecerá fuera de las aulas hasta después del receso invernal . Una enfermedad silenciosa y de evolución lenta Michelini explicó que, a diferencia de otras patologías respiratorias agudas, la tuberculosis tiene una evolución particularmente lenta, lo que muchas veces dificulta el diagnóstico. “Un adulto que tiene contacto con el bacilo puede llegar a tener síntomas recién después de dos años”, señaló la especialista. “Por eso cuando uno sospecha que un niño o un adulto tiene tuberculosis, pregunta por el contacto epidemiológico, y a veces la persona no lo sabe decir porque ni siquiera se acuerda con quién convivió hace seis meses”. La médica subrayó que los síntomas –tos persistente de más de 20 días, decaimiento, sudoración profusa, fiebre vespertina y pérdida de peso– son inespecíficos, lo que convierte a la sospecha clínica en una herramienta fundamental. “Aquél paciente que consulta persistentemente, que no es solamente un cuadro viral de tres o cinco días, sino que tiene 20 días de tos, más decaimiento, más inapetencia o picos de fiebre, eso ya llama la atención”, advirtió. La doctora, quien se desempeñó como directora del Hospital Pediátrico Avelino Castelán de Resistencia, afirmó que el Chaco es una provincia donde la sospecha de tuberculosis debe ser muy alta. “El médico lo tiene que pensar. Sobre todo en pediatría, ante un cuadro respiratorio persistente, es lo primero que se piensa”, sostuvo. Sin embargo, el diagnóstico en niños presenta desafíos particulares. A diferencia de los adultos, en quienes el bacilo puede identificarse en muestras de esputo, en los más pequeños “generalmente no eliminan los bichitos”, por lo que se necesita recurrir a pruebas indirectas como la radiografía de tórax y la prueba PPD. Michelini advirtió que, dependiendo del estado nutricional del niño, esta última puede dar falsos negativos. El estigma, un obstáculo para el tratamiento Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la reflexión sobre el estigma social que aún envuelve a la tuberculosis. “Siempre se piensa que la tuberculosis la va a tener el aborigen, el pobre, y hoy en día la puede tener cualquier persona”, afirmó Michelini. “Hemos atendido hijos de policías, hijos de guardiacárceles que se contagian con los presos. No es solamente de la gente humilde”. Esa discriminación, advirtió, lleva a que muchas personas abandonen el tratamiento, que se extiende por seis meses. “En el adulto es más frecuente el abandono. Socialmente hay vergüenza de hablar de la tuberculosis”, lamentó. La especialista también se refirió a la vacuna BCG, que se aplica al recién nacido para prevenir las formas graves de la enfermedad. Si bien destacó que en los hospitales regionales de la provincia la cobertura es buena, advirtió que a nivel nacional la vacunación cayó al 80% durante la pandemia, muy por debajo de la meta del 95% recomendada. Uno de los principales problemas que enfrenta la provincia es el acceso a los estudios en zonas alejadas del interior. “La PPD no es algo accesible que se haga en todos los pueblos, ni la placa. A veces llegar a un hospital regional es difícil. Eso exige que el médico generalista o el pediatra tome decisiones sin contar con todas las herramientas”, explicó. La doctora confirmó que hasta diciembre de 2025, los casos de tuberculosis en el Chaco habían aumentado un 18% con respecto al año anterior. Este dato se alinea con las estadísticas nacionales que indican un incremento del 3,9% en 2025 respecto a 2024 y un alarmante 79,7% desde 2020 . Las provincias con mayor carga son Jujuy, Salta, Buenos Aires y el Chaco . Los grupos más vulnerables Michelini remarcó que los niños menores de cinco años y los adolescentes son grupos de especial riesgo. “En el adolescente, todo su organismo está pensando en su desarrollo y crecimiento, y las defensas bajan un poco. Por eso aparece la tuberculosis”, explicó. A nivel nacional, el grupo de 15 a 44 años concentra el 60,7% de los casos, y los menores de 20 años representan el 16,6% . Ante la pregunta sobre si la tuberculosis resurgió, la médica fue contundente: “La enfermedad nunca desapareció. Lo que pasa es que si hablamos de registro, bajó muchísimo porque no había tantas consultas. Pero también tenemos un problema importante de accesibilidad”. La entrevista se da en un contexto de creciente preocupación por la situación sanitaria en el norte chaqueño, donde comunidades wichí denunciaron en los últimos días muertes evitables por tuberculosis y desnutrición, y mantienen un acampe masivo en el acceso a Nueva Pompeya reclamando ambulancias, insumos y médicos . La provincia, que concentra algunos de los peores indicadores socioeconómicos del país, registra desde hace años una alta incidencia de tuberculosis asociada a condiciones de hacinamiento y vulnerabilidad. A pesar del panorama, Michelini llevó un mensaje de esperanza: “Una vez que se inicia el tratamiento, a los 30 o 60 días la persona puede tener una vida totalmente normal. El problema es que se discrimina, que no se entiende que si cumple el tratamiento, no contagia”. La médica insistió en que la sociedad debe comprender que la tuberculosis tiene cura y que el tratamiento, provisto por el Programa Nacional de Tuberculosis, está disponible en todo el país. “Por eso es importante este tipo de charlas: para que la sociedad sepa que cumpliendo el tratamiento se mejora, se protege al grupo familiar y se puede

El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha de un programa que redobla el control contra extranjeros al estilo del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) estadounidense y con el cual le dará carta blanca a todas las fuerzas de seguridad federales para que participen de acciones de inteligencia, persecución, detención y deportación de cualquier inmigrante o turista sospechado de no tener los papeles en orden. La iniciativa del Ministerio de Seguridad formaliza y le da cuerpo a lo que hasta ahora era sólo un lineamiento de trabajo para vigilar y castigar a los extranjeros, surgida bajo la inspiración de las cacerías antimitratorias de Donald Trump. De hecho, por esos días la ministra Alejandra Monteoliva había manifestado públicamente su intención de enlistarse a esas políticas y publicitó en redes sociales la expulsión de extranjeros que acusados de delitos o que permanecían en el país sin haber tramitado la documentación correspondiente. El Programa de Seguridad Migratoria El nuevo Programa de Seguridad Migratoria oficializado en la Resolución 551/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial comenzará con la creación de Unidades de Seguridad Migratoria en la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Esas unidades trabajarán con la Dirección Nacional de Migraciones y se convertirán en su policía auxiliar. Realizarán tareas de “prevención en áreas de control migratorio; mantenimiento de seguridad y orden público en áreas migratorias; detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios; y tareas subsidiarias de control migratorio”. Se les enseñará a “prevenir y detectar en forma más efectiva ilícitos migratorios”, junto con inspectores, analistas y jefes de áreas ubicadas en pasos fronterizos y desplegadas en cualquier dependencia del país, dice la resolución. Oídos sordos a las críticas La decisión de institucionalizar la persecución contra extranjeros, particularmente de los países fronterizos, es una afrenta del Gobierno a todos los sectores que pusieron en tela de juicio su alineamiento con el ICE de Trump (que dicho sea de paso también es duramente cuestionado en los Estados Unidos y le trae dolores de cabeza a los organizadores del Mundial de fútbol que se juega allí). Uno de los sectores que cuestionó públicamente a esas políticas fue la Iglesia Católica argentina, que durante el Tedeum del 25 de Mayo y tras un encuentro nacional de obispos sostuvo que los supuestos operativos de control “parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos”. Además, indicaron que la actual política migratoria “no responde a la acción de un Estado garante de derechos” y sostuvieron que “la incertidumbre en los procesos de regularización y el cambio de categorías generan un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno”. Desoyendo los cuestionamientos, el gobierno de Javier Milei flameó en su resolución ministerial los clásicos argumentos con los que los sectores de la derecha responsabilizan a los extranjeros de los problemas nacionales. Por ejemplo, entre las exageraciones incluidas en los considerandos, la nueva normativa aduce la existencia de “movimientos migratorios” que “tienen un carácter irregular o ilícito, y pueden estar acompañados por actividades de organizaciones criminales” que se “infiltran” en el país y que por ello “constituyen una amenaza para la seguridad nacional”. Página/12

La delegación, proveniente de Zhejiang, duplicó el tamaño habitual de estas comitivas; llegaron fabricantes de ascensores, maquinaria minera, textiles y centros de datos, en un momento en que las exportaciones argentinas al país asiático batieron récords En el segundo subsuelo del Hotel Intercontinental porteño, con auriculares de traducción simultánea sobre cada asiento y banderas de China y la Argentina sobre las mesas, representantes de 22 empresas del país asiático se sentaron frente a frente con sus contrapartes locales para hablar de negocios. La escena, inusual por su escala, fue la postal central de la Argentina Trade and Investment Conference, organizada esta semana por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (Ccpit) de la provincia de Zhejiang. Comitivas como estas son habituales, pero esta fue la más grande que llegó al país. Habitualmente son de 10 empresas; esta fue más del doble, dijeron desde la organización a La Nación. Vinieron de Zhejiang – la cuarta provincia de China por PBI, sede de Alibaba y hogar del puerto de Ningbo-Zhoushan, el más activo del mundo por tonelaje de carga -, y eso no es un detalle menor: se trata de una de las regiones industriales y comerciales más dinámicas del segundo país más poblado del planeta. El contexto para el encuentro no podría ser más propicio. China es hoy el segundo socio comercial de la Argentina, detrás de Brasil, y el principal destino de sus exportaciones. En 2025, las ventas al gigante asiático alcanzaron un récord histórico de US$9700 millones, un salto del 61% en un solo año. La tendencia se profundizó en el primer trimestre de 2026: según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las exportaciones argentinas crecieron 16,9% interanual, y China aportó 9,7 de esos puntos porcentuales. Los productos que más empujaron fueron el trigo, el oro y las semillas y aceite de girasol. “En los últimos años consolidamos nuestra relación como socios estratégicos. China ha sido el segundo socio comercial y el más importante en exportación”, señaló An Guanghui, consejero económico y comercial de la Embajada china en la Argentina, quien subrayó que la mejora en el entorno de inversión local es precisamente lo que motiva a las empresas chinas a mirar al país con más atención. “Estamos aquí porque queremos buscar un desarrollo más profundo”, dijo. La relación bilateral con China comenzó en 1972 con vínculos modestos y triangulados a través de los puertos de Róterdam (Países Bajos) y Hamburgo (Alemania); 54 años después, la Argentina es el sexto socio comercial de América Latina para China. La historia reciente también habla de inversión: empresas chinas ya están presentes en 21 proyectos en el país, en sectores que van desde la metalúrgica hasta la acuicultura. La complementariedad es el argumento central de ambas partes. China busca en la Argentina lo que su industria y sus consumidores necesitan: alimentos, energía y minerales. “Vino, carne, mate, langostinos: todos los productos son bienvenidos”, dijo Chen Jianzhong, presidente del Ccpit Zhejiang, en un discurso traducido simultáneamente al español para la sala. Del otro lado, las empresas argentinas encuentran en China proveedores de tecnología, maquinaria y bienes de capital que difícilmente consiguen en otro mercado al mismo precio y escala. La ronda de negocios La parte más concreta del encuentro fue la ronda de negocios. En el Gran Salón Montserrat, mesas de cuatro sillas con banderines de ambos países marcaban los puestos donde empresarios chinos y argentinos disponían de 10 minutos para presentarse, intercambiar tarjetas y explorar proyectos en común. Los organizadores recomendaban a los locales arrancar pidiendo datos de contacto antes de entrar en materia. Los rubros de las 22 empresas chinas eran tan variados como ilustrativos del perfil industrial de Zhejiang: ascensores, autopartes, maquinarias para minería, herramientas eléctricas, textiles, logística transfronteriza, productos de energía renovable, sistemas para centros de datos y repuestos para maquinaria agrícola, entre otros. Cada firma presentó su propósito con precisión: “Esperamos llevar a cabo negociaciones comerciales con compradores y proveedores de servicios locales dedicados al negocio de importación de compresores de tornillo, para ampliar la presencia de ventas de nuestra empresa en este mercado”, explicó uno de los representantes. Del lado argentino, la presentación sobre el clima de negocios estuvo a cargo de Marcelo Diez, director de la Cámara del Asia. Su argumento fue que el país atravesó un cambio de ciclo: superávit fiscal primario de 1,4% del PBI en 2025, estabilización del tipo de cambio y baja de la inflación. Luciano Ojea Quintana, vicepresidente de la Cámara del Asia, subrayó que el vínculo excede lo comercial: “La relación con Asia no es solo comercial, es una relación de futuro. En los últimos años vimos cómo empresas chinas encontraron en nuestro país talento, innovación y recursos estratégicos.” El funcionario de la provincia de Zhejiang que expuso el perfil económico de ese lugar dio, al final de su presentación, la frase que más aplausos cosechó en la sala: “Esperemos que la selección argentina tenga un buen resultado en el mundial”. China, vale aclarar, no clasificó para el torneo. La Nación

En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en Personas Mayores, el Salón Obligado de Casa de Gobierno fue sede de un conversatorio interdisciplinario y de la firma de un convenio para fortalecer la capacitación de auxiliares en cuidados de personas mayores. Como parte de las actividades, el Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante un conversatorio interdisciplinario en Resistencia y firmó un convenio estratégico. La jornada, organizada por la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, reunió a autoridades provinciales y especialistas de los ámbitos médico, legal y previsional en Casa de Gobierno, con el objetivo de reflexionar sobre las distintas formas de violencia hacia las personas mayores y fortalecer los protocolos de intervención en todo el territorio provincial. La subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores, Gabriela Madzarevich, destacó que la iniciativa busca visibilizar las distintas expresiones de maltrato y abandono que afectan a este sector de la población, promoviendo la prevención y la concientización comunitaria. En ese sentido, explicó que desde el Estado se desarrollan abordajes integrales frente a las complejidades que atraviesan los vínculos familiares y sociales, articulando acciones con organizaciones de la sociedad civil para garantizar una mejor calidad de vida a las personas mayores. Durante el encuentro se analizaron las intervenciones que se realizan ante diferentes problemáticas, entre ellas la violencia física, económica y psicológica, así como situaciones de abandono, consideradas las más frecuentes según los registros del Sistema Integral Gerontológico. “Repasamos las intervenciones y cómo se efectúan ante diferentes problemáticas y tipos de violencia. Tenemos que generar estrategias y crear estos espacios de participación y reflexión para asegurar una calidad de vida digna para las personas mayores”, expresó Madzarevich. Asimismo, la funcionaria remarcó la importancia del trabajo articulado entre el Estado, las familias y la comunidad para abordar estas situaciones de vulnerabilidad. “Todos somos parte del sistema de protección. Existe una corresponsabilidad que involucra no solo al Estado y a la Justicia, sino también a cada ciudadano”, sostuvo. Capacitación para fortalecer el cuidado En el marco de la actividad también se firmó un acta acuerdo de cooperación institucional entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la Unidad Educativa Pública de Gestión Privada Nº 157 Foro Social del NEA. El convenio permitirá implementar y desarrollar acciones de formación profesional para auxiliares en cuidados gerontológicos, destinadas especialmente al personal de la Dirección del Sistema Integral Gerontológico. La iniciativa apunta a fortalecer la capacitación permanente y avanzar en la profesionalización técnica y científica de los cuidados que reciben las personas mayores, tanto en el ámbito doméstico como institucional.

Celia Cuccittini rompió el silencio en medio del escándalo por la desinformación en el streaming. El pícaro comentario de Jorge Messi al ver el revuelo internacional que se armó. El escándalo mediático generado en torno a la salud de Jorge Messi sumó una inesperada y descontracturada reacción desde la propia intimidad familiar, con una frase sorprendente del protagonista involuntario de esta historia: “Qué quilombo que armé”. Luego de las alarmantes declaraciones de Florencia Peña en Luzu TV que dieron por confirmada la falsa muerte de su suegro, la familia decidió romper el silencio de manera directa a través de un íntimo mensaje de WhatsApp enviado a la televisión argentina, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. Fue en el programa LAM (América TV), donde el conductor Ángel de Brito reveló que se encontraba en plena comunicación con Celia Cuccittini, madre del capitán de la Selección: “Estoy hablando con Celia Messi que nos está mirando. Le pregunté cómo habían vivido todo esto y me dice que fue horrible”, relató el periodista. La broma de Jorge Messi en plena internación Más allá del mal trago y de la indignación inicial por la liviandad con la que se manejó la información, De Brito llevó total tranquilidad a la audiencia al confirmar que Jorge se encuentra estable y siguiendo de cerca la cobertura televisiva desde su lugar de internación: “Nos están mirando en este momento en la clínica con Jorge”, contó el conductor de LAM. Y sorprendió al revelar la pícara frase del padre del astro futbolístico: “Jorge está mirando y dice: ‘Qué quilombo que armé’”. Entre risas, el panel del programa celebró la humorada del padre de Messi para desdramatizar un episodio que tuvo en vilo a todo el país. “Siempre mira LAM conmigo”, le confió Celia a De Brito mediante los mensajes, dejando en claro que el programa les sirve de compañía durante el proceso de recuperación en el centro de salud. Un cierre que quedará en la anécdota Con la confirmación en primera persona del estado de Jorge y su evolución favorable, la desinformación que escaló hasta generar sismos comerciales y renuncias en el streaming local empieza a quedar atrás para la familia. “Será una anécdota esto también. Una cagada, pero una anécdota”, reflexionó Ángel de Brito sobre el final del bloque, enviándoles un afectuoso abrazo público a ambos y agradeciendo el gesto de haber elegido su espacio para disipar con humor el tremendo revuelo internacional.

El hallazgo se produjo durante un control vehicular sobre Ruta Nacional Nº 16, en cercanías a Machagai. La droga fue detectada por un can antinarcóticos y estaba acondicionada en una caja simulando contener productos alimenticios. Personal de la División Microtráfico Interior secuestró 3,614 kilogramos de cogollos de marihuana durante un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del kilómetro 135, en jurisdicción de Machagai. El procedimiento se concretó cuando los agentes detuvieron la marcha de una camioneta utilitaria Renault Kangoo que transportaba encomiendas desde Resistencia hacia Machagai. Durante la inspección, el can policial “Duke”, marcó positivamente una caja de cartón cerrada y encintada, identificada con datos incompletos de remitente y destinatario. Por disposición de la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña y del Juzgado Federal interviniente, se procedió a la apertura de la encomienda, constatándose la existencia de cuatro paquetes que contenían cogollos de marihuana, con un peso total de 3,614 kilogramos. Finalmente, la medida preventiva fue levantada y la Fiscalía Federal dispuso continuar con las tareas investigativas tendientes a identificar a los involucrados en el transporte de estupefacientes.