El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, destacó los cambios que propone el proyecto de financiamiento político a la normativa actual y alentó que el próximo miércoles pueda convertirse en ley en la Cámara de Diputados.
El funcionario explicó que la iniciativa busca “terminar con el aporte en negro” para otorgar “transparencia” a la actividad de los partidos políticos. En ese sentido, mencionó que en la actualidad las empresas aportan a la vida institucional de los partidos, “pero no pueden aportar a la campaña; y lo que ocurrió con eso es que las empresas igualmente aportaron a las campañas electorales y lo que creció fue el aporte no registrado, o aporte en negro”.
“Queremos terminar con el aporte no registrado, que es lo más complicado, ya que las campañas son financiadas con dinero que no se sabe quién puso”, señaló entrevistado por la agencia de noticias Télam.
Pérez recordó que el texto fue trabajado “mucho” en el Senado, donde recibió 48 votos a favor y dos en contra en la votación general, y que contiene “los puntos principales que buscábamos”. “La buena noticia es que salió con un consenso muy amplio”, remarcó, además de sostener que “aborda las principales falencias que tiene la ley” 26.215.
Para el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, “el punto más importante de la ley es la bancarización total de aportes y gastos”. Sobre esto, explicó que “el 50 por ciento de los aportes que reciben los partidos políticos son en efectivo, con lo cual hay una dificultad concreta con la ley actual de identificar quién ha sido fehacientemente el aportante”.
“Con la bancarización se termina eso y va a haber identificación fehaciente del aportante, trazabilidad del dinero, y es muy relevante ya que los aportes van a poder ser solamente mediante transferencia bancaria, tarjeta de crédito o débito, y eso permite un control exhaustivo y quién ha sido el aportante”, ponderó.
Y agregó que otro aspecto importante es que establece “un marco para que quien controla, que es la justicia, pueda usar también los datos que están en otros organismos del Estado. Es muy importante que la justicia pueda cruzar la información con la que tiene la UIF, AFIP, Procelac y el Anses, para detectar posibles irregularidades en el marco de una campaña-
