El fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Federico Carniel, pidió este viernes que se condene a la exintendenta de Aída Máxima Ayala a una pena única de diez años de prisión e inhabilitación perpetua por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública y por lavado de activos agravado, como miembro de una banda, formada para la comisión continuada de hechos. Además, solicitó una multa de dos veces el monto de la operación de lavado.
Por los mismos delitos, también se pidió la misma pena para el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Amaro Sampayo.
En tanto, para los empresarios Carlos Huidobro, Alejandro Fischer y Pedro Alberto Martínez se solicitaron penas de ocho años de prisión por los delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.
Para la contadora Patricia Vázquez, el Ministerio Público Fiscal pidió una condena de siete años de prisión como partícipe necesaria de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado.
En cuanto a Rolando Acuña, exdirector de la empresa Pimp, se solicitó una pena de siete años de prisión como partícipe necesario de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado.
Para Eulalio Bouza, la solicitud fue de cuatro años de prisión como partícipe necesario por el delito de defraudación contra la administración pública y lavado de activos agravado.
El fiscal Carniel pidió, además, una condena de tres años de prisión para Fátima Rigassio como partícipe necesaria de los delitos de defraudación a la administración pública y lavado de activos agravado. La misma pena le podría corresponder para Luis Escobar y Diego Martínez Guarino como partícipes secundarios de los delitos de defraudación de la administración pública y lavado de activos agravado.
Para Cristian Zapata, Víctor Hugo Quiróz, Mónica Centurión, Enrique Baumwollspinner y Elsa Martínez se solicitó una pena de tres años de prisión como partícipes secundarios en el delito de lavado de activos agravado.
Para todos ellos, se pidió la ejecución condicional de la pena.
Por último, se pidió la absolución de Natalia Martínez Guarino por beneficio de la duda.
