Por unanimidad, sancionaron la ley que crea la figura del Defensor Público de Víctimas

Por unanimidad, sancionaron la ley que garantiza derechos a víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos. La norma crea la figura del Defensor Público de Víctimas, una por cada circunscripción. Fue sancionada a partir de un despacho unánime de la Comisión de Legislación General que realizó un trabajo expeditivo a la par del Ministerio Público de la Defensa. Busca establecer medidas reparatorias en casos como los de Amanda Encaje y Néstor Vivo, crímenes aún impunes.

La ley sancionada por unanimidad promueve el reconocimiento y garantía de los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, y crea la figura del Defensor Público de Víctimas. “Este proyecto de ley hace que la víctima sea escuchada durante todo el desarrollo del proceso penal porque muchas veces se las relega y parecen hasta ausentes, como que no son escuchadas”, expresó la autora de la iniciativa, la diputada del bloque Igualar, Gladis Cristaldo.

Agradeció a todos los miembros del Ministerio Público de la Defensa por el trabajo sostenido para lograr una normativa “que pone la mirada en la víctima”.

Se refirió de manera puntual al asesinato de Amanda Encaje y Néstor Vivo, ocurrido el 8 de abril de 1992, “un hecho lamentable que hasta hoy día goza de impunidad y que llevó a la familia a recurrir la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a que le diera visibilidad a su reclamo y que obligue al Gobierno de Chaco y Nación, a establecer medidas reparatorias de ese cuadro de situación por el que tuvieron que atravesar tanto la familia de Amanda Encaje como de Néstor Vivos”. Ese proceso terminó en el decreto 940/21 que estableció una serie de medidas reparatorias a pedido de la familia y de sus abogados legales. Entre ellas, hay reformas legislativas “con el solo propósito de esos hechos no se vuelvan a repetir”. “Estas medidas buscan modificar procedimientos judiciales y criminalicios para que otras víctimas no tengan que padecer lo que padecieron sus familiares”. Uno de los puntos del acuerdo amistoso entre el Ejecutivo y los familiares establece la creación de la Defensoría Pública de las Víctimas, seis en total, dos por año.

Pidió la incorporación de un articulo 18, para que los gastos que demanden la creación de las Defensorías se imputen de las partidas del Poder Judicial.

El radical Silvio Corradi reconoció que fue a sugerencia suya la incorporación del articulado, para que no termine siendo “una mera expresión de deseo”. Al referir a la norma, habló de “un cambio de paradigma para las víctimas de delitos a nivel provincial”.

El legislador del NePAR, adelantó su acompañamiento y felicitó a la autora del proyecto porque plantea un abordaje diferenciado a la víctima en un proceso penal.  Nos parece muy importante. Significa un cambio cultural. Y lo más importante es que la calificación de víctima de delito se extiende al conyugue, hijo, padre. Nosotros no solo que adherimos, sino que vamos a avanzar muchísimo más. Lo importante es que la justicia tenga en relieve a las víctimas.

La justicialista Nadia García Amud, felicitó a los miembros del Ministerio Público de la Defensa, por la forma expeditiva de trabajo, y a la voluntad política del Ejecutivo para que la normativa avance. “Las palabras de mayor empuje y felicitaciones se las doy a la autora del proyecto, la diputada Cristaldo”, expresó.

Por la UCR, Carim Peche, jefe de bancada, expresó su alegría por la aprobación del proyecto. “Pareciera que derechos humanos únicamente tienen los delincuentes. Celebro estas modificaciones”, apuntó.

Mientras el jefe de bancada del Frente Chaqueño, Juan Manuel Pedrini, sostuvo que “es un proyecto muy potente, de cualidades que ameritan que nos enfoquemos en el mismo. Hasta ahora veníamos con un proceso penal donde había un gran ausente, las víctimas. Este proyecto viene de 2018 pero lo estamos apurando porque el Estado chaqueño cometió una denegación de justicia. No olvidemos el caso Grecco ni de LNP, una indígena violada en El Espinillo a quien no se le reconocieron sus derechos”, en ambos casos recurrieron a organismos internacionales en búsqueda de garantías de derechos. “Ahora, nos encontramos ante otro caso de denegación de justicia, los asesinatos de Amanda Encajes y el ingeniero Néstor Vivo. El crimen quedó impune hasta el día de hoy”, dijo y reconoció a sus familiares que renunciaron a toda retribución económica “y lo único que pidieron fue fortalecer las instituciones de la provincia del Chaco. Por eso esta ley que es de 2018 es importante y va a permitir que la Provincia del Chaco comience rápidamente a cumplir con esos compromisos que tiene”.

Compartir