En la mañana de este lunes tuvo lugar la presentación de los alegatos acusadores en la causa denominada Conscriptos, por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
La audiencia se desarrolló en modo remoto por videoconferencia. La querella de la Secretaría de Derechos Humanos y Género, de la provincia de Chaco, y su par de Nación, representadas por los abogados Duilio Ramírez y Manuel Brest respectivamente, iniciaron la ronda de alegatos. Luego siguieron los fiscales federales Diego Vigay, Walter Romero y Carlos Amad.
Ambas partes peticionaron penas que van de ocho, quince y dieciocho años de prisión según la acusación específica a cada uno de los diez imputados sobre la base de una acusación por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima.
La causa pasó a cuarto intermedio hasta el viernes 27 a las 9 h cuando el defensor oficial Juan Manuel Costilla presentará su alegato, en representación de siete imputados. Se espera que luego continúen los defensores particulares Ricardo Osuna y Rocío Ramírez.
El tribunal que lleva el juicio oral es integrado por la presidenta jueza Noemí Berros, la jueza Liliana Graciela Carnero y el juez Roberto López Aranjo, conectados por sistema de videoconferencia desde sus jurisdicciones originales de Paraná, Entre Ríos.
La presidenta Noemí Berros informó que, en principio, la sentencia será informada el jueves 23 de junio. El abogado Duilio Ramírez planteó el pedido por parte de familiares de víctimas de que el dictamen sea realizado en modo presencial en la sede del Tribunal Oral Federal de Resistencia, en función de la “importancia social” y carácter público de este proceso. La jueza Berros anunció que esa posibilidad será analizada pero que dependerá del cronograma de otros debates e instancias judiciales, con causas en el tribunal de Paraná, y también en Formosa, Misiones e incluso Resistencia.
En este juicio oral se juzgan crímenes cometidos contra Ricardo Uferer y Eduardo Luque, militantes políticos que realizaban la conscripción en el Regimiento La Liguria de Resistencia a mediados de 1976 y fueron secuestrados y llevados al centro clandestino de detención que funcionara en la ex Brigada de Investigaciones, actual Casa por la Memoria. Además, se suman las denuncias de torturas cometidas por el comisario general Domingo Mora.
Las penas solicitadas para los imputados
A continuación, el listado de los pedidos de pena de las partes acusadoras;
Gabino Manader: 15 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en dos hechos.
José Francisco Rodríguez Valiente; 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad en dos hechos.
José Marín: 8 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en un hecho.
Juan de la Cruz López: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados en dos hechos.
Roberto Domingo Mora: 18 años de prisión por el delito de tormentos agravados en perjuicio de Saturnino Ferreyra, Norma Medawer , Santiago Almada y de privación ilegítima en un hecho.
Miguel Ángel Vittorello: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad en dos hechos.
Ernesto Simoni: 10 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados en un hecho.
Ricardo Reyes: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad en 2 hechos
Aldo Martínez Segón: 15 años de prisión por considerarlo penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de detenido político de la víctima en dos hechos.
Luis Alberto Patetta: 12 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del delito de tormentos agravados y privación ilegítima de la libertad en dos hechos.
En todos los casos la pena solicitada tuvo en cuenta que al momento de la comisión de los hechos el máximo de pena temporal para la pena privativa de libertad en el concurso de delitos era de 25 años (aplic. Ley más benigna).
Alegato querellante
El abogado Duilio Ramírez, en representación de la Secretaría de DDHH, desarrolló la materialidad de los hechos y de la prueba. Con tono didáctico, indicó; “Esta es la décima causa de lesa humanidad, con un hilo conductor: el golpe de Estado de 1976 y la supresión de la constitución y de las garantías, con una escalada represiva que ya venía de antes, con la utilización de la doctrina de seguridad nacional para trazar un objetivo de exterminio sistemático del “enemigo interno”. Además, afirmó que “Los imputados se plegaron de modo voluntario y entusiasta a este plan. Esto fue probado de un modo íntegro, en este y en los juicios anteriores. Pedir al testigo una prueba puntual de contacto visual para probar estos crímenes no es un requisito esencial” sostuvo.
Manuel Brest, de la Secretaría de DDHH de Nación completó el alegato querellante con el pedido de pena y la indicación de los tipos penales, y solicitó la pena de condena por delitos de lesa humanidad en el marco de la última dictadura. Explicó que la ley que regía era la ley 14616, por aplicación de la ley más benigna vamos a solicitar la pena que establecía esa ley, de 3 a 15 años de prisión. Incluso menor a la que se estableció en 1984 que elevó los montos de 8 a 25 años.
Alegato fiscal
El alegato acusador del Ministerio Público se repartió primero con la intervención del fiscal Diego Vigay y Walter Romero, que realizaron el análisis y valoración de prueba y su par Carlos Amad quien realizó el pedido y cuantificación de penas.
Vigay alegó que “la represión fue una articulación entre Ejército y Policía” siguiendo una modalidad de “hostigamiento y tortura sistemática en la Alcaidía a los detenidos políticos para intentar quebrarlos moral y físicamente” con “interrogatorios bajo tortura para la obtención de confesiones o declaraciones apócrifas”.
Sobre las culpabilidades fue categórico; “Se puede reconstruir de modo concreto la responsabilidad de militares y policías, y los testimonios ubican a Uferer y Luque en la Brigada”.En ese sentido, Romero destacó la presencia de Marín en la Brigada y la comisión de “violencia y actos lascivos” hacia detenidas por parte del imputado, del mismo modo que los demás acusados.
Sobre Vittorello señaló que “es mencionado por Uferer, presente en una golpiza al momento de su ingreso”, y que “integraba una guardia que atormentaba por cualquier motivo”.En la finalización del alegato, durante el pedido de penas el fiscal Amad, hizo la aclaración de que se pedirá la unificación de sentencias de varios de los imputados que ya cuentan con condenas en juicios por crímenes de lesa humanidad en la región.
