En los últimos días, se produjeron novedades en la causa que investiga la muerte en custodia de Leandro Bravo, ocurrida el 26 de febrero pasado en la localidad de Charata, por la cual cuatro agentes de la Policía del Chaco se encuentran detenidos e imputados por el delito de tortura seguida de muerte desde el mes de abril. La más reciente está vinculada a que la jueza de Garantías de Charata, María Julieta Liva, hizo lugar a la solicitud de una cuarta prórroga de la investigación penal preparatoria que llevan adelante la fiscal en lo penal especial de Derechos Humanos Adjunta, Silvia Slusar, y el fiscal de la Cámara en lo Criminal de Sáenz Peña, Carlos Rescala. Será por el plazo de un mes.
Entre los fundamentos para esta nueva extensión del plazo de la investigación, el Ministerio Público Fiscal informó que aún restan las declaraciones testimoniales del comisario Barreto, a cargo de la Comisaría de Charata cuando se produjo la muerte de Bravo, y de otra persona que no compareció a declarar en las dos oportunidades en las que fue citado.
Además, se encuentra pendiente de producción una pericia informática que fue solicitada el 26 de abril y a la cual el Gabinete Científico Judicial recién asignó una perito el 3 de octubre pasado.
Otra preventiva confirmada
Por otro lado, también esta semana la Cámara en lo Criminal de Villa Angela decidió rechazar el planteo contra la prisión preventiva de los defensores del agente policial Enzo Gómez, uno de los cuatro imputados en esta causa. El tribunal dará a conocer los fundamentos de su resolución en los próximos días.
En ese contexto, la Cámara aún debe resolver sobre el planteo de recusación del defensor de otro de los imputados contra la jueza de Garantías de Charata, María Julieta Liva, luego de haber intentado apartar infructuosamente a la fiscal Slusar.
En otro orden de cosas, durante la semana también se hizo lugar al cambio de representación de la querella particular de los familiares de la víctima, que pasó a estar en manos de la abogada Micaela Soria.