En el marco de una rueda de prensa, los diputados del Interbloque UCR pidieron el martes al Fiscal de Estado la intervención urgente sobre todos los bienes muebles o inmuebles que se hayan otorgado desde el estado provincial a la Fundación Saúl Acuña, a la Cooperativa de Trabajo Saúl Andrés Acuña, a Emerenciano Sena, Marcela Acuña, César Sena y/o cualquier otra persona vinculada a los nombrados quienes se encuentran imputados por la desaparición y presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski.
“Este pedido, de intervención que le hacemos al Fiscal de Estado es por lo que ya es público y notorio, la gran cantidad de bienes, tractores, camiones, retroexcavadoras, camionetas, la disposición y posesión de bienes inmuebles que se habrían otorgados por el Estado Provincial a las personas mencionadas anteriormente”, manifestaron.
En respuesta, la Fiscalía de Estado aclaró que no puede disponer de bienes de terceros sin antes contar con el dictamen de organismos de control estatal que confirmen la existencia de un daño a bienes o al patrimonio del Estado.
En un comunicado, la Fiscalía respondió mediante cinco puntos al pedido realizado por el radicalismo. En primer lugar, desde el organismo se recordó que el mismo tiene su competencia y funciones delimitadas por la Constitución Provincial y la Ley 1940-A.
Además, indicó que el Estado cuenta con organismos de control interno y externo (Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Inspección General de Personas Jurídicas, entre otros) quienes en el marco de su competencia y funciones están encargados de la tarea de análisis e investigación respecto a si existen daños a bienes o al patrimonio del Estado.
“Que en caso de corroborar la existencia de daños a bienes o al patrimonio del Estado, los organismos deberán remitir los antecedentes y requerir a esta Fiscalía de Estado el inicio de las acciones legales que correspondan”, remarcó el organismo.
“Que la actuación de la Fiscalía de Estado en esta instancia sin disponer de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los organismos de control, resulta prematura y sin respaldo, solvencia y/o argumentos que puedan dar fundamento sostenible a una acción judicial”.
“Que no obstante, atendiendo a la trascendencia de la cuestión, en la fecha se remitió nota al Dr. Eduardo Colombo, Inspector General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, con el objeto de que informe si se detectó la afectación de bienes o intereses patrimoniales del Estado, a fin de analizar si corresponde el inicio de acciones judiciales desde esta Fiscalía de Estado”.
“Conforme lo expuesto, el Fiscal de Estado de la Provincia del Chaco, Dr. Roberto Alejandro Herlein, considera prudente y oportuno transmitir un mensaje claro a la sociedad respecto al rol que le compete desempeñar a cada organismo del Estado dentro del marco legal de sus respectivas funciones”, cerró el organismo.
