A través del Decreto 315/2026, la administración de Javier Milei puso en funciones el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Hasta ahora fracasaron todos los blanqueos entre otras cuestiones porque desarmaron las inspecciones laborales.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la reglamentación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una herramienta que busca reducir la presión fiscal sobre las empresas para estimular la creación de puestos de trabajo.
Mediante el Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei y sus principales ministros, se estableció una reducción de las contribuciones patronales por un plazo de cuatro años para quienes contraten personal no registrado.
La puesta en marcha de este capítulo laboral ocurre tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que levantó la medida cautelar que mantenía suspendida la reforma. De esta manera, el Ejecutivo avanza con la implementación de beneficios para las relaciones laborales que se inicien y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El régimen está diseñado para alcanzar a cuatro grupos específicos de trabajadores: personas que carecían de un empleo formal al 10 de diciembre de 2025, ciudadanos que hayan permanecido en situación de desempleo durante el semestre previo a su contratación, ex monotributistas que no hayan trabajado en relación de dependencia en el ámbito privado en los últimos seis meses, y trabajadores cuyo último empleo registrado haya sido en cualquier nivel del sector público (nacional, provincial o municipal).
La normativa aclara que las nuevas incorporaciones bajo este sistema no podrán exceder el 80% de la plantilla total del empleador. Asimismo, se advierte que el incumplimiento de las condiciones obligará a la empresa a abonar las contribuciones adeudadas junto con las sanciones e intereses pertinentes, bajo la supervisión y control sistémico de ARCA.
Hasta ahora fracasaron todas las iniciativas de estas características promovidas por la gestión libertaria entre otras cuestiones por la destrucción de las inspecciones laborales, tanto de la propia ARCA como de la Secretaría de Trabajo bajo la órbita de Sandra Pettovello. La carencia de presencia del Estado hace poco atractiva la registración porque no suele haber sanciones.
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