El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, abordó en los estudios de Ciudad TV la problemática de la construcción de nuevas viviendas en nuestra provincia, enfocándose en los aspectos de la falta de acceso habitacional y las dificultades que enfrentan muchas familias para obtener una casa propia. Resaltando las desigualdades sociales y económicas que afectan especialmente a sectores vulnerables y ennfatizando en la necesidad de políticas públicas sostenidas.
En primer término, el funcionario valoró el acto realizado el sábado pasado con la entrega de viviendas en la localidad de Coronel Du Graty junto al Gobernador y el intendente local señalando que todos estos procedimientos se alcanzan con un recorrido administrativo. ”En aquellas localidades donde alcanzamos la posibilidad de realizar el sorteo, nosotros hacemos un periodo de actualización de información, de inscripción, de demanda nueva y a partir de ese padrón efectuamos el sorteo correspondiente. La intención es que todas las familias tengan igualdad de oportunidades a la hora de acceder a su vivienda”, afirmó.
Acceso al padrón de inscriptos
Berecoechea explicó que, ”permanente la actualización se hace 100% digital. Es la manera que tenemos desde el organismo de saber que esa necesidad de viviendas todavía existe; es un relevamiento normal y lleva dos minutos realizarlo”
”Simplemente la familia actualiza y nosotros tenemos cargada la información y ése es el padrón base sobre el cual nosotros trabajamos. De todos modos, igual se hace una semana de actualización de documentación para aquellos que no lo han podido realizar y, por supuesto, aquellos que van a inscribirse por primera vez tienen la posibilidad de hacerlo también y formar parte del padrón para el sorteo de las viviendas”, indico.
Recuperación de obras paralizadas
El titular del IPDUV admitió que, “con mucho esfuerzo hemos logrado financiar no solamente la terminación de estas viviendas que habían quedado paralizadas de programas federales de su construcción, sino también iniciar obras nuevas como las viviendas Ñachec, como estos edificios departamento allí en Presidencia Roqueza Espeña; además del edificio del InSSSeP aquí en Resistencia o el Piacentini aquí”.
Aclarando que, ”desde el 2004 hasta el 2023, durante 19 años fue el Estado nacional quien financió la construcción de las viviendas sociales en todo el país. Desde el 10 de diciembre 2023 en adelante fue la provincia del Chaco la encargada de las ejecuciones con recursos propios que provienen del FONAVI, un fondo coparticipable, pero también de los fondos que se obtienen por el pago de las cuotas de las viviendas de las familias. Con esos recursos nosotros afrontamos todas las obras que han quedado pendientes”.
Cumplimiento de pagos de adjudicatarios
“Sigue existiendo morosidad”, sostuvo Berecoechea. ”Nosotros todos los meses, afortunadamente vamos incrementando el padrón de contribuyentes y ya estamos entrando casi en una meseta, porque ahora se van sumando aquellas familias que logran acceder a su vivienda con nuestra gestión y forman parte del padrón”, subrayó.
Explicando que, ”durante 2 años hemos hecho múltiples líneas de acción tendientes a que – aquella familia que había recibido su vivienda -, haga el esfuerzo, se acerque hasta el organismo y acuerde la forma de estar al día con la deuda que tenía y, a partir de allí, regularizar su situación. En ese sector particular de contribuyentes ya hemos alcanzado prácticamente un techo, por lo que se va incrementando el padrón en la medida que nosotros vamos entregando más viviendas”.
Nuevas unidades
Consultado al respecto, el funcionario adelantó que este martes, “vamos a estar entregando junto al Gobernador nuevas viviendas aquí en Resistencia, en la Chacra 214. Esto forma parte de este paquete de viviendas, unas 67 en total – en esta primera etapa – que viene a a dar solución a gran parte de estas familias que habían habían sido sorteadas en el mes de octubre del año 2023. Comenzamos a resolver este tipo de cuestiones”.
El caso de General San Martín
Fernando Berecoechea se refirió a lo ocurrido recientemente, explicando que, ”ya habíamos tenido cuatro o cinco intentos de usurpación allí en esa obra, por lo tanto, podíamos presumir tranquilamente que se iba a producir un nuevo intento de usurpación. Me presenté al lugar y les expliqué – no solo a los diputados, sino también a los vecinos – que no se puede ingresar a una obra que está en plena ejecución. Afortunadamente hemos logrado evitar un conflicto que podría haber derivado en un enfrentamiento entre la gente y policías”.
”Cuando nosotros realizamos un sorteo, esas familias que resultan sorteadas se transforman en postulantes a las viviendas. A partir de la postulación, comenzamos una investigación dentro del organismo, en donde lo que buscamos es verificar que se cumpla con el perfil familiar que está reglamentado para ser adjudicatario una vivienda”, observó.
Subrayando que, “necesitamos saber si esa familia ya recibió una vivienda por parte del Estado con anterioridad, o si es propietaria de otra en el stock de propiedades del mercado privado, o si es dueño de terrenos; y, por supuesto, si tiene los ingresos suficientes para afrontar el valor de la cuota de esa vivienda. Por lo tanto, aquel que resulta sorteado es postulante”.
”Una vez que se verifica que efectivamente cumple con el perfil de de adjudicatario reglamentado, se transforma en preadjudicatario”, afirmó.
Destacando además que el Gobernador, el día que entrega la vivienda le da al adjudicatario una carpeta con el acta de ocupación en donde queda constancia de que ha cumplido con todos los requisitos. ”Posterior a la entrega a la vivienda – estimo que entre 30 y 45 días -, por resolución del directorio del Instituto de Vivienda, toda la nómina de preadjudicatarios se transforman en adjudicatarios de la misma”.
En ese sentido y respecto a lo ocurrido en General San Martín, aceptó que “nosotros tenemos una doble situación. Por un lado, son 238 viviendas allí, donde 100 familias se habían sorteado siguiendo todo lo que está establecido en el reglamento del Instituto para determinar un preadjudicatario. Pero 138 familias aparecieron en un listado firmado por el intendente de la localidad el que, en su momento en la gestión pasada, se le dio ingreso”.
”Aquí hago un paréntesis. Son más de 1.000 familias en General San Martín las que están inscriptas en el padrón histórico del Instituto de Viviendas. Si nosotros hiciéramos un corte por ingreso de grupo familiar de $900.000 pesos para poder garantizarnos que la cuota de la vivienda se va a poder pagar, esa inscripción se reduce a un padrón de poco más de 200 familias”, recalcó.
”Cuando uno define con absoluta discrecionalidad con el poder de la lapicera quién va a ser beneficiado, hay familias que resultan perjudicadas. Entonces, el Gobernador fue muy claro al respecto: se van a sortear todas las viviendas, las 138 que han quedado todavía sin familias postulantes. Vamos a investigar a los mismos y, por supuesto, posteriormente vamos a adjudicar”, remarcó.
Indicando que la intención es que todas las familias de General San Martín, las que están inscriptas en el Instituto de Vivienda y las que se van a inscribir en este proceso de actualización y de inscripción – que en las próximas semanas se pondrá en marcha, tienen que tener la misma posibilidad de acceder a su vivienda.
”Esa es una manera. La segunda manera es por Resolución de directorio ante un caso excepcional o ante un caso de gravedad extrema. El directorio del Instituto, el presidente y los dos vocales, tenemos la potestad de poder adjudicar una vivienda. Por ejemplo, cuando hay una vivienda recuperada el directorio adjudica directamente esa casa una familia y para ello trabajamos con aquellas que tienen expedientes del Iprodich, del Ministerio de Salud o alguna situación de gravedad, como violencia de género, trata de blanca, etcétera, que son mucha”, reveló.
Sosteniendo que a esa casa recuperada, “no la ponemos a sortear porque en Resistencia tenemos miles de familias que están anotadas y no tiene sentido hacer un sorteo por una vivienda teniendo situaciones de emergencia. Esa es la segunda forma de determinar un preadjudicatario”.
Insistiendo que la tercera posibilidad, “tiene que ver con una lista de consenso. Lista de consenso significa que un vecino, un intendente o un concejal presentan al Concejo municipal local la nómina de familias postulantes. Se discute, se debate, y esto deriva en una Ordenanza comunal que se aprueba y esa norma – con la lista de postulantes adjuntas – se eleva al Instituto de Vivienda. Ahora, vuelvo a insistir, aunque fuere lista de consenso, es el organismo quien adjudica una vivienda; no es un Concejo municipal, no es un diputado o un intendente.
Como se recupera una vivienda en el IPDUV
Al respecto, Berecoechea refirió que las características de una vivienda depende de la antigüedad que tenga la casa o del uso que le dio la familia. “Hemos recuperado viviendas del programa articulado AIPO y otras entregadas hace dos años. Obviamente el estado edilicio va a ser muy distinto entre un caso y otro, pero son viviendas que el adjudicatario primario no estaba o vendió las llaves”.
“Son viviendas que tienen una irregularidad que se ha comprobado a través de la investigación sumaria que se realiza. Un vecino se acerca al Instituto y nos denuncia que puede existir una posible irregularidad en alguna vivienda en particular y nosotros ponemos en marcha el protocolo de actuación donde escribanos, abogados y asistentes sociales son los que participan”, rescató.
Describiendo que estos casoa tienen un proceso administrativo que lleva entre 60 y 90 días en poder resolverse y en donde la familia original adjudicataria tiene inclusive un período para hacer su descargo respecto al por qué esa irregularidad de comprobarse que ha existido. Pasado ese proceso se desadjudica a la familia original y se recupera la vivienda y el directorio del Instituto – en esta segunda instancia determinado el adjudicatario – la entrega a otra familia.
Déficit habitacional
El funcionario reconoció que existe un déficit muy grande de cuestiones habitacionales en la provincia y, por supuesto, en todo el país. “Es un problema endémico de la Argentina más que de la provincia del Chaco. Nosotros en el norte del país tenemos una situación particular, un norte muy postergado desde hace décadas”, subrayó el presidente del IPDUV.
Asegurando que, “en el Chaco tenemos alrededor de 170,000 familias inscriptas en el Instituto de Vivienda, pero seguramente deben ser muchos más los que todavía no han decidido inscribirse al padrón del Instituto. Seguramente hay familias que van resolviendo de alguna manera su situación habitacional, pero sí, por supuesto, es un problema en todo el país”.
“Lo hemos conversado en múltiples oportunidades en el Consejo Nacional de la Vivienda del que formo parte de la mesa directiva. Los problemas que tenemos las provincias respecto a la situación de la accesibilidad a la vivienda son comunes en todas, lo que varía es el contexto de cada una. No es lo mismo el déficit habitacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en el Chaco, no se resuelve de la misma forma. La posibilidad de acceder a lotes o a terrenos no es la misma en una y otra”, reseñó Berecoechea.
Más adelante dijo que el déficit habitacional atraviesa a distintos sectores sociales. “Es una frase que la repito desde el primer día de la gestión y, en definitiva el Estado tiene que acompañar a cada uno de esos esos sectores, y nosotros lo estamos haciendo con las Ñachec para las familias más vulnerables”, agregó.
Continuidad de obras paralizadas
En este sentido, Berecoechea apuntó que, en principio, hubo que hacer un relevamiento del stock de viviendas que habían quedado paralizadas en toda la provincia. Declarando que, “el Chaco, en su momento, ha tenido un aporte importante y esto nos ha dejado un stock muy grande de viviendas paralizadas. Y aquí viene esa famosa frase de la política: cuando la sábana es corta, me tapo la cabeza y y descubro los pies”.
“En el transcurso de mi maestría de vivienda social había analizado, con junto con un colega, cuál había sido la política habitacional en la Argentina desde el 2003 hasta el 2015. Y habíamos comparado con datos oficiales del Consejo Nacional de la Vivienda, de los propios Institutos de Vivienda, a cuatro provincias en particular. Dos con situaciones similares, Corrientes y Chaco, y dos con situaciones muy distintas, como Santa Cruz y Córdoba”, confesó.
Observando que, “la discrecionalidad fue tal que, por ejemplo, Córdoba y Santa Cruz recibían el mismo monto de fondos para atender la situación de viviendas; cuando poblacionalmente Córdoba debe ser seis o siete veces más grande que Santa Cruz. Y entre Corrientes y Chaco la diferencia era tremenda, la primera en ese periodo recibió el 10% de recursos que recibió Chaco en materia habitacional. Con lo cual, cuando se beneficia uno siempre se perjudica a otro”.
“Nosotros tuvimos como premisa del Gobernador, relevar el stock de viviendas que habían quedado paralizadas, recomponer la situación económica y financiera del organismo – porque debíamos afrontar con recursos de la provincia la terminación de esas unidades y, por supuesto, en la medida en que mejoremos los mismos comenzar la construcción de otras nuevas y lo hemos hecho. Por eso mostramos lo que está en marcha, con edificios de departamentos y donde ya hemos terminado casi 2.400 viviendas del inicio de la gestión”, finalizó.