El máximo órgano judicial nacional confirmó su competencia en una causa iniciada por la Provincia de Corrientes contra Nación por el bajo valor de las “regalías en especie” que recibe por la energía de las represas de Yacyretá y Salto Grande. Citó a una audiencia para el 16 de marzo, y rechazó el pedido de una medida cautelar para que se abone a Corrientes el mismo valor que le paga a las provincias del Neuquén y Entre Ríos. Se trata de la demanda que la Provincia de Corrientes promovió contra el Estado Nacional con el objeto de que se le ordene a Nación dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 43 de la ley 15.336 y 33 del decreto 287/93 y demás normas concordantes que se refieren al valor de las “regalías en especie”, que -según sostiene- le corresponden percibir por la energía producida en las centrales hidroeléctricas de Yacyretá y Salto Grande. En tal sentido, solicita se ordene al Estado Nacional que le reconozca -por sí o a través de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA)- “un precio equivalente al precio medio monómico del Mercado Eléctrico Mayorista” por ese concepto. En subsidio, Corrientes pidió que se establezca a esas “regalías en especie” el mismo precio que se le reconoce a otras jurisdicciones, tales como las provincias del Neuquén o Entre Ríos. En su defecto, requiere que “se le asigne a las regalías en especie, un precio en pesos que surja del promedio de los precios de la energía que CAMMESA utiliza para la venta de energía eléctrica, a los distribuidores provinciales”. Asimismo, pretende que se le reintegre -con efecto retroactivo al 1° de abril de 2021- la diferencia entre el valor reconocido por intermedio de CAMMESA y el que surja de la decisión que se dicte en estas actuaciones, con más los intereses definidos en el artículo 33 del decreto 287/93, hasta su efectivo pago. En ese contexto, el Gobierno de Corrientes planteó la inconstitucionalidad del artículo 15 de la resolución 20/17 de la Secretaría de Energía Eléctrica y de los artículos 1° y 4°, de la resolución 17/19, de la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, en cuanto establecen un tope a las provincias -primero del 20% y, luego, del 30%- para compensar las regalías en especie con las facturas adeudadas por los agentes distribuidores de energía eléctrica bajo su jurisdicción, al considerar que tales disposiciones resultan ilegales, violan el derecho de propiedad, el principio de igualdad –en tanto las provincias de Entre Ríos y Neuquén reciben un precio mayor por ese mismo concepto- y lo establecido en el artículo 124 de la Constitución Nacional. Por ello, se pidió la citación como tercero de CAMMESA, por considerar que se trata de la empresa que cumple con las órdenes impartidas por la Secretaría de Energía de la Nación y paga las regalías en especie a la provincia. Asimismo, el Gobierno de Corrientes solicitó que se convoque a una audiencia en los términos del artículo 36 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y, por último, en carácter de medida cautelar, solicitó que se ordene al Estado Nacional que, a través de CAMMESA, le abone el mismo valor que le paga a las provincias del Neuquén y Entre Ríos en concepto de “regalías eléctricas”. Decisión de la Corte Ante la demanda del Gobierno de Corrientes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó en cuenta el dictamen de la Procuradora Fiscal respecto a que la causa se debe tramitar ante la instancia originaria de la Corte, por ser la única forma de conciliar las prerrogativas jurisdiccionales de las partes. Así, de conformidad con los argumentos y la conclusión expuestos en el dictamen de la Procuradora Fiscal citado, la corte consideró que el juicio es de competencia originaria del máximo tribunal. Con respecto a la medida cautelar solicitada, expuso que si bien su admisión no exige un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, pesa sobre quien la solicita la carga de acreditar prima facie la existencia de su verosimilitud y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que la justifiquen. Explicó que, en casos como el de autos, en el que por medio de una decisión cautelar se pretende modificar la situación existente, los recaudos de viabilidad de las medidas precautorias deben ser ponderados con especial prudencia, pues su concesión altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado y configura un anticipo de jurisdicción favorable respecto de la decisión final de la causa, justificándose por ello una mayor rigidez en la apreciación de los requisitos que hacen su admisión. Al respecto, debido al limitado marco de conocimiento que ofrece el examen de una medida como la requerida, la Corte Suprema consideró que no se encuentran reunidos los presupuestos que habilitarían la admisión de la pretensión cautelar; en particular dado que no se advierte que el mantenimiento o alteración de la situación de hecho pueda influir en el dictado de la sentencia o convierta su ejecución en ineficaz o imposible. Por ello, declaró que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, se decidió correr traslado de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días. Asimismo, se desestimó la medida cautelar solicitada y se citó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima a fin de que tome la intervención que le corresponda. Por último, se convocó a una audiencia en estas actuaciones, a realizarse en el ámbito de la Secretaría de Juicios Originarios en la sede de la Corte el 16 de marzo de 2026 a las 11 horas. Momarandu
Autor: Redacción General
Con la participación de especialistas provenientes de distintos puntos del país, comenzó en Resistencia las IX Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, un espacio académico de debate, actualización e intercambio sobre las principales problemáticas que atraviesan actualmente el derecho familiar. El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, destaca la importancia institucional de este encuentro al señalar que se trata de “un evento que nuclea a representantes de la rama del derecho de distintos lugares de la Argentina, con una visión integral y profundamente federal”. En ese sentido, remarca que las jornadas vienen creciendo año tras año y que su desarrollo bajo modalidad híbrida permite ampliar la participación y el acceso al conocimiento jurídico. Además, subraya que el encuentro constituye una oportunidad clave para compartir y analizar temas de actualidad con la presencia de juristas de reconocido prestigio. Por su parte, la coordinadora general de las jornadas, la doctora Sonia Seba, sostiene que se trata de “un evento federal de gran magnitud”, tanto por la convocatoria alcanzada como por la calidad académica de sus contenidos. En esta edición, doce profesores y especialistas provenientes de diferentes provincias del país brindan conferencias magistrales, consolidando un espacio de formación continua y jerarquización profesional. La apertura académica está a cargo de la Doctora Honoris Causa Aída Kemelmajer, una de las juristas más influyentes del derecho argentino contemporáneo. Durante su disertación, titulada “Las atribuciones de las y los jueces en los procesos de niñez y adolescencia”, la especialista analiza los desafíos actuales que enfrentan los magistrados en la toma de decisiones vinculadas a la protección integral de derechos, haciendo especial hincapié en la necesidad de adoptar miradas interdisciplinarias, enfoques con perspectiva de derechos humanos y criterios que prioricen el interés superior del niño. Su exposición genera un profundo interés entre los asistentes y promueve un enriquecedor intercambio académico. Esta nueva edición de las jornadas es posible gracias al compromiso y al trabajo articulado entre el Instituto de Derecho de Familias y Sucesiones del Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia, la Universidad Nacional del Chaco Austral, Fundación Formarte y Librería Editorial ConTexto. De esta manera, el encuentro se consolida como una respuesta concreta a los desafíos contemporáneos que enfrenta el derecho de las familias, constituyéndose al mismo tiempo en un ámbito de reflexión crítica, construcción colectiva de conocimientos y fortalecimiento de redes profesionales. Los organizadores logran así afianzar una visión integral que trasciende los límites disciplinarios y promueve un abordaje profundo y comprometido de las temáticas vinculadas a la niñez, la adolescencia y las dinámicas familiares.
El delegado no docente de la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN), Darío Hortt, confirmó un cronograma de paros de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en universidades nacionales. Señaló que no hubo convocatoria a paritarias y que el último mes no registró aumentos salariales. También cuestionó el nivel de financiamiento del sistema universitario y describió la situación laboral en la Facultad Regional Resistencia. El delegado no docente de la Asociación del Personal de la Universidad Tecnológica Nacional (APUTN), Darío Hortt, confirmó que los trabajadores no docentes de las universidades nacionales realizarán nuevas medidas de fuerza ante la falta de convocatoria a paritarias y la ausencia de aumentos salariales. En diálogo con CIUDAD TV, explicó que la situación se mantiene desde el año pasado. “Esto queda en concordancia con lo que ya se venía haciendo en años anteriores, sobre todo el año pasado por el tema de la no convocatoria de la Secretaría de Educación y del Ministerio de Capital Humano a paritarias”, señaló. Según indicó, los incrementos salariales se definieron de forma unilateral. “Continuamos con las medidas arbitrarias que ellos proponen de aumentos sin conciliación paritaria. Por ende, por ejemplo, para este mes tuvimos 0% de aumento”, afirmó. El dirigente gremial detalló que el mes anterior se abonó un bono extraordinario que no se incorporó al salario básico. “Se otorgó un bono retroactivo de 50 mil pesos y 25 mil pesos correspondiente al mes de diciembre. Cobramos ese bono no remunerativo, por única vez”, explicó. En ese sentido, advirtió que la ausencia de ese ingreso en marzo impactó en los salarios. “Este mes los compañeros y las compañeras lo que expresan es que cobraron menos por la falta de este bono”, dijo. Hortt indicó que el plan de lucha fue definido por la federación que agrupa a los trabajadores no docentes a nivel nacional. “Este es un paro programado por FATUN, al cual APUTN se adhiere”, explicó. Las medidas consistirán en paros de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo. El cronograma previsto incluye el lunes 16 de marzo, el 31 de marzo y los días 8, 17 y 23 de abril. “Las jornadas van a ser sin asistencia a los lugares de trabajo”, confirmó. Debate por el financiamiento universitario Durante la entrevista, el delegado también se refirió a la situación del financiamiento universitario y a la falta de aplicación de la ley aprobada por el Congreso. “Las universidades siguen siendo el único medio de ascendencia social público que tiene el pueblo”, sostuvo, y agregó que el sistema permite el acceso de estudiantes de distintos sectores sociales. Según planteó, el reclamo se mantuvo en distintas instancias institucionales. “Se pasó por Cámara Baja, Cámara Alta, se hicieron las marchas y siguen con la negativa de generar algún tipo de comunicación”, afirmó. También cuestionó la última propuesta salarial presentada por el Gobierno nacional. “La propuesta fue no tomar en cuenta 2023 ni 2024, solamente 2025, y se ofreció un 12,3% en todo concepto de aumento salarial, con la posibilidad de pagarlo en 12 cuotas”, explicó. “Estamos hablando de menos de un 1% mensual”, apuntó. Situación en la UTN y en la Regional Resistencia Hortt indicó que en la Universidad Tecnológica Nacional se desempeñan entre 2.300 y 2.400 trabajadores no docentes en todo el país. En la Facultad Regional Resistencia, en tanto, el plantel es de 62 personas. El dirigente explicó que, de acuerdo con los cálculos técnicos utilizados para estimar la dotación necesaria, la cantidad debería ser mayor. “Para los dos edificios de la facultad se necesitaría hoy una planta ideal de más de 140 personas. Somos 62”, afirmó. Según detalló, esos trabajadores cubren tareas de limpieza, mantenimiento y funcionamiento general de la institución. “Esas 62 personas están cubriendo el trabajo de lo que sería una planta ideal”, dijo. En cuanto a los salarios, señaló que la categoría inicial se ubica por debajo de la línea de indigencia. “El salario básico de una categoría inicial está por debajo del índice de indigencia: son 720 mil pesos”, indicó. Inicio de clases y funcionamiento de la universidad Respecto del inicio del ciclo lectivo, Hortt explicó que las medidas de fuerza coincidirán con los primeros días de actividad académica. “El no docente va a ser de 24 horas únicamente el lunes 16 y el docente va a ser del 16 hasta el viernes”, detalló. Aun así, aclaró que las instituciones permanecerán abiertas. “La universidad va a seguir abierta. El alumno puede ingresar y los docentes o no docentes que quieran trabajar tienen la posibilidad de hacerlo”, afirmó. “Lo que lamentamos es llegar a esta circunstancia el primer día de clases”, concluyó.
La Municipalidad de Resistencia recibió este jueves, en el hall del Domo del Centenario, a funcionarios del Ministerio de Capital Humano de la Nación para la presentación del programa Centros de Familia. La iniciativa, que en su primera etapa alcanzará a 16 instituciones deportivas y culturales, beneficiará a 890 personas que recibirán un voucher con 24 mil pesos mensuales para el pago de cuotas o consumos en los espacios adheridos, abonando con la tarjeta física. Tal iniciativa tendrá una duración inicial de tres meses, con el objetivo de evaluar su funcionamiento y proyectar su continuidad. El programa busca aliviar los costos de familias de bajos recursos —que aplicaron a partir de formar parte del padrón de la Prestación Alimentar— y, al mismo tiempo, brindar un apoyo económico a las instituciones que trabajan en la contención social de personas de barrios vulnerables. El próximo paso será la entrega de los vouchers a los beneficiarios, quienes desde este mes podrán utilizarlos en los centros adheridos. Para ello, se realizó la entrega de posnets a las instituciones participantes. Finalmente, vale señalar que la experiencia ya se encuentra en marcha en municipios como Concordia, (Entre Ríos) Tres de Febrero y General Pueyrredón (ambos de la provincia de Buenos Aires), y ahora se suma Resistencia, con la perspectiva de expandirse a otras provincias.
El dólar oficial mayorista subió este viernes y se ubicó a $1.400, pero acumuló una caída superior al 1% en una semana que volvió a estar marcada por la incertidumbre en el panorama internacional, y un sabor agridulce a partir del dato de inflación de febrero. En el segmento mayorista, el tipo de cambio se dio vuelta sobre el final de la rueda y avanzó $5 a los $1.400 para la venta. Así, la distancia con el techo de la banda, que este viernes se ubicó a $1.627,97, llegó al 16%. En el segmento contado se operaron más de u$s447,8 millones. En la semana, el tipo de cambio cayó $16 y anotó su primera baja semanal en marzo, desacoplado del panorama internacional, donde el índice dólar se fortaleció 1,3%. En tanto, los contratos de dólar futuro alternaron subas de hasta el 0,5% y bajas del 1%. El mercado “pricea” que el dólar mayorista se ubicará a $1.415 para fines de marzo. En la jornada, las operaciones totalizaron unos u$s1.055 millones. A nivel minorista, el dólar cerró a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.846. En tanto, en el relevamiento de entidades financieras que elabora el Banco Central (BCRA), este promedió $1.415,85. Por otro lado, los dólares paralelos operan dispares. El dólar MEP sube 0,3% a los $1.420,43, mientras que el contado con liquidación (CCL) lo hace 0,8% a $1.468,32. El dólar blue retrocede a $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. El BCRA continúa las compras en el MLC En paralelo, el BCRA continúa su intervención en el mercado cambiario. En la rueda del pasado jueves, la autoridad monetaria compró u$s47 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Desde el 5 de enero, la autoridad monetaria viene comprando divisas en todas las ruedas del mercado oficial. Con estas operaciones, el organismo ya acumula compras por u$s3.253 millones en lo que va de 2026, de las cuales solo en marzo fueron de u$s541 millones. Aunque inicialmente había anticipado que absorbería hasta un máximo del 5% del volumen operado para evitar generar volatilidad, las adquisiciones terminaron superando ampliamente ese porcentaje sin provocar presiones significativas sobre el tipo de cambio. Sin embargo, el contexto internacional mantiene su impacto sobre las reservas brutas. Este jueves cayeron u$s3 millones y se ubicaron en u$s45.768 millones.
El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, participará del 1° Consejo de Seguridad Interior 2026, que se realizará los días 15 y 16 de marzo. Se trata del principal ámbito de coordinación entre el Gobierno nacional y los ministros de Seguridad de todas las provincias del país. En ese marco, el titular de la cartera de Seguridad del Chaco expondrá ante sus pares y autoridades nacionales un balance de los resultados alcanzados por la provincia en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas y los delitos conexos. En su presentación, en la ciudad de Córdoba, destacará el trabajo conjunto entre las fuerzas provinciales, federales y el Poder Judicial, en línea con las políticas de seguridad impulsadas por el gobernador Leandro Zdero. Durante el encuentro, Matkovich también planteará la necesidad de avanzar en financiamiento nacional destinado a la refacción y adecuación de institutos o centros especializados para el cumplimiento de medidas socioeducativas, en el marco de la Ley de Pena Juvenil (Ley 27.801), así como para la implementación de los programas y tratamientos previstos por esta normativa.Otro de los puntos que el ministro llevará al Consejo será la propuesta de que los bienes decomisados provenientes del delito regresen a la sociedad a través de obras, servicios y asistencia a comedores y establecimientos educativos, fortaleciendo así el impacto social de las políticas de seguridad. Asimismo, se abordarán estrategias para fortalecer la lucha contra la trata de personas, incluyendo la posibilidad de adherir a un protocolo nacional para investigar desapariciones vinculadas a este delito y mejorar la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad del país. En el encuentro también se impulsará la creación de un Consejo Federal para coordinar entre Nación y provincias la investigación de delitos económicos vinculados al crimen organizado. El objetivo es detectar y prevenir maniobras como lavado de dinero, fraude financiero, evasión vinculada al crimen organizado, financiamiento del narcotráfico, tráfico de bienes ilegales y otros delitos económicos complejos. Desde el Ministerio de Seguridad del Chaco remarcaron que estas iniciativas buscan fortalecer las herramientas de investigación y cooperación entre las distintas jurisdicciones del país, apuntando a afectar las estructuras económicas y financieras que sostienen al crimen organizado.
En el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, el gobernador Leandro Zdero, junto al presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, y al presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud, recibieron al titular de la Confederación Argentina de Handball, Carlos Ferrea.Durante el encuentro, del que también participó Pablo Mujica, representante de la Asociación local, se expuso la propuesta de llevar adelante en el Chaco una competencia nacional de categoría cadetes, que reuniría a equipos de distintas provincias del país. La iniciativa contempla la participación de más de 47 equipos, lo que representaría la llegada de aproximadamente 1.300 deportistas a la provincia. En ese sentido, el presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez destacó “el impacto positivo que este tipo de eventos deportivos puede generar en la actividad turística y económica de la provincia, dinamizando sectores como la hotelería, la gastronomía y distintos servicios vinculados al turismo”. Durante la reunión, también los representantes de la Confederación Argentina de Handball compartieron detalles del trabajo que la entidad viene realizando a nivel nacional para fortalecer y promover la disciplina. Finalmente, Vázquez señaló “la propuesta es muy interesante y se continuará trabajando de manera articulada para evaluar los aspectos organizativos y logísticos necesarios para la posible realización de dicho torneo en Chaco”.
La fortuna del Quini 6 volvió a caer en el Chaco, más precisamente en Villa Ángela, ya que un vecino de esta ciudad se alzó con una suma multimillonaria durante el sorteo del miércoles pasado, en la modalidad “Tradicional La Segunda”. El ganador es un jubilado que efectuó su jugada en la Sub-Agencia 302/20 de Sergio Fernando Barboza, quien cumpliría un rol clave en esta historia. Los números de la suerte para el jubilado de 65 años fueron el 07, 14, 15, 21, 23 y 31, gracias a los cuales resultó ser el único ganador de “La Segunda” del Quini 6 durante el sorteo 3355 del pasado miércoles 11 de marzo. El permisionario fue fundamental en esta historia, ya que el jubilado había olvidado su ticket en el local ubicado en el cruce de avenida Bittel y Obligado de Villa Ángela. “Me quedé tomando unos mates con el subagenciero y entre charla y charla, me olvidé el ticket sobre el mostrador”, reveló. “A la noche fui a comer un asado con amigos y luego del sorteo del Quini me puse a controlar el extracto y vi que eran mis números”, prosiguió el hombre, quien en ese momento se vio invadido en partes iguales por la emoción y la desesperación. En ese contexto, el jubilado no dudó en intentar comunicarse con al subagente pese a las altas horas. “Lo llamé tarde, ya pasada la medianoche. La primera vez no me atendió y me desesperé. Pero después sí me atendió y como pude le conté que había sacado el Quini 6. De inmediato, fuimos hasta la Sub-Agencia para buscar el ticket”, prosiguió el ganador, destacando la humildad y honestidad del permisionario. Por fortuna, el subagenciero había tomado el recaudo de guardar el ticket olvidado, que finalmente terminó siendo el ganador de la modalidad “Tradicional La Segunda” y le permitió a este jubilado villangelense alzarse con un espectacular premio bruto de 780 millones de pesos.
El Fiscal Federal de Resistencia, Patricio Sabadini, formalizó el requerimiento de elevación a juicio en la causa que investiga una organización delictiva dedicada a la transferencia irregular de vehículos oficiales del Estado Provincial hacia particulares y empresas. La investigación, centrada en hechos ocurridos entre 2016 y 2021, señala la existencia de una estructura organizada para el desvío de patrimonio público mediante la falsificación de documentos. La fiscalía solicitó al juez de Garantías 2, Ricardo Mianovich, que envíe a juicio a cinco personas, acusadas de integrar una asociación ilícita y cometer delitos de falsedad ideológica y uso de documentos adulterados. Entre estos, se encuentran Lidia del Carmen Costas, exdirectora General de Gestión de Bienes de la provincia, a quien se la acusa de certificar los anexos falsificados de los decretos de subasta en carácter de funcionaria pública. También está Santiago Daniel Dellacasa, comerciante y titular de la empresa “Solint SAS”, señalado como uno de los principales beneficiarios de las transferencias ilegales. Mario Orlando Bistman, empleado público y mandatario, quien tenía la facultad de decidir qué bienes iban a subasta y se encargaba de los trámites ante el Registro Automotor y Daniel Alejandro Rojas y Marcos Teófilo Vargas, ambos sargentos de la Policía de Formosa y verificadores. A estos últimos se les imputa haber certificado formularios de verificación policial (Formularios 12) sin tener los vehículos a la vista, facilitando el trámite legal de los rodados sustraídos. Héctor Dellacasa, hermano de Santiago, también estaba imputado, pero falleció en diciembre pasado. El “modus operandi” de la organización Según pudo saber CHACO DIA POR DIA, la maniobra delictiva consistía en la adulteración de decretos provinciales originales que autorizaban subastas legítimas de vehículos oficiales. Los implicados insertaban datos falsos en los anexos de estos decretos, modificando los nombres de los compradores por los de “prestanombres” o de la empresa Solint SAS, además de alterar números de motor, chasis y dominios para que coincidieran con los vehículos que deseaban transferir ilegalmente. La organización utilizaba documentación pública falsificada, incluyendo actas de subasta y formularios registrales, para lograr que el Registro Nacional de la Propiedad Automotor (DNRPA) transfiriera la titularidad de los autos y motovehículos del Estado Provincial a manos privadas. La causa se inició en junio de 2021 tras una denuncia de Adrián Veleff, encargado de un Registro Automotor en Resistencia. Veleff, quien actualmente se desempeña como presidente de Ecom Chaco, detectó de manera casual diferencias en la tipografía y colores de un decreto presentado para una transferencia y, al cotejarlo con el sitio web oficial de la provincia, confirmó que los datos del vehículo y del adquirente no coincidían con el documento original. A esta denuncia se sumaron luego otras presentaciones de distintos titulares de registros que detectaron maniobras similares con motovehículos y otros rodados pertenecientes a la Jefatura de Policía del Chaco.
El diputado provincial y presidente del bloque Justicialista, Nicolás Slimel, se presentó en Ciudad TV para aclarar los alcances de la denuncia que impulsó contra el presidente del Instituto del Deporte del Chaco, separándola del debate sobre la ley de sponsorización y reclamando una investigación penal por la transferencia de 109 millones de pesos a cuentas personales de funcionarios. La entrevista comenzó con una valoración de la ley de sponsorización deportiva, que Slimel definió como “una ley extraordinaria”. El legislador destacó que desde su bloque han trabajado para perfeccionarla, incluyendo mejoras para deportistas con discapacidad a fin de que perciban un porcentaje mayor de los fondos. Equiparó el mecanismo con la ley de mecenazgo cultural: se trata de permitir que las empresas deriven parte de lo que tributan a la Administración Tributaria Provincial (ATP) para destinarlo al fomento del deporte. Desde esa convicción, el diputado remarcó el valor social del deporte como política pública. “Entendemos el deporte como una herramienta también para la transformación social, para tratar de sacar a los chicos de la calle, para tratar de salir de las adicciones”, sostuvo. En ese marco, afirmó que su bloque apoya sin reservas todo mecanismo que promueva la actividad deportiva en la provincia. La denuncia que originó la polémica Sin embargo, Slimel fue enfático en separar el debate sobre la ley de sponsorización de la denuncia que él mismo impulsó. El legislador explicó que su acusación apunta directamente al presidente del Instituto del Deporte, a quien denunció por haber realizado “una transferencia de fondos públicos a la cuenta personal de dos secretarios, de 109 millones de pesos”. La denuncia fue presentada en la Justicia Penal, ante el Tribunal de Cuentas y ante la Fiscalía de Investigación Administrativa. Desde el oficialismo se argumentó que esos fondos estaban destinados al evento Chaco Juegas, realizado en el Impenetrable, y que la transferencia directa fue un mecanismo para eludir los tiempos de las leyes de contratación. Slimel rechazó esa justificación de plano: “Eso es una irregularidad. Uno tiene que tener la previsión necesaria para entender que cuando va a hacer un evento semejante como el Chaco Juegas, tiene que cubrir todos los frentes con los recaudos necesarios”. Y añadió la pregunta que considera central: “No estoy de acuerdo que se le transfiera plata a dos secretarios y que hasta el día de hoy no tengamos los números de que se rindió”. El Tribunal de Cuentas y la recuperación parcial de fondos El diputado destacó que la resolución del Tribunal de Cuentas, conocida el mismo día de la entrevista, representa un primer resultado concreto de las denuncias impulsadas por su bloque. Gracias a esa intervención, el Estado provincial podría recuperar inicialmente alrededor de 12 millones de pesos a través de un juicio de cuentas a clubes que no habían rendido fondos. Sin embargo, Slimel advirtió que ese monto es apenas una parte del problema: “Si reconocieron que se otorgaron mal esos 109 millones, ¿dónde está el proceso de recuperación? Porque no lo vimos todavía”. Ante la consulta de si su postura puede incomodar al entorno oficialista, Slimel no dio margen a ambigüedades: “No sé si a alguno le molesta, pero lo voy a seguir diciendo”. El legislador también planteó que la polémica de los últimos días, alimentada por un flyer que circuló en redes sociales con montos que recibirían distintos clubes, fue utilizada deliberadamente para desviar la atención del verdadero foco de la denuncia. “Creo que todo esto sale para desviar el foco de atención a lo que hoy fue esta resolución del Tribunal de Cuentas”, señaló. El flyer, los clubes y la información pública Durante el programa se compartió el comunicado oficial del Club Regatas Resistencia, que salió a aclarar que los fondos recibidos corresponden a la ley de sponsorización —un mecanismo con controles formales de acreditación y rendición— y que la información difundida en redes no refleja correctamente su situación. Slimel coincidió con la aclaración del club: “Lo que dice el club es correcto. Esto es una ley provincial extraordinaria que lo que busca es fomentar el deporte y que una parte de los tributos que se recaudan vaya destinado a ese desarrollo”. El diputado fue claro en que los montos que recibe cada club a través de la ley de sponsorización son información pública y que nadie debería tener reparos en difundirla. “Si quieren, desde el gobierno pueden sacar directamente lo que recibe cada uno, y listo. No hay problema. Eso es información pública y tampoco nadie se tiene que asustar”, afirmó. Al mismo tiempo, reiteró que ese debate es completamente ajeno a la denuncia que su bloque impulsó: “No tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros denunciamos”. La crisis de los clubes y la ausencia de política deportiva Más allá de la disputa judicial y política, Slimel también puso sobre la mesa una preocupación de fondo: la situación crítica que atraviesan los clubes de la provincia. En su diagnóstico, señaló que el gobierno provincial carece de una política sistemática para sostener y fomentar la actividad deportiva. Esa ausencia, dijo, se refleja tanto en los clubes de barrio como en los de mayor trayectoria e incluso en deportistas individuales, quienes dependen de decisiones discrecionales del conductor del Instituto del Deporte para acceder a una ayuda económica que les permita viajar o cumplir sus objetivos. El legislador cerró su participación reafirmando el compromiso del bloque Justicialista con el deporte chaqueño y con la transparencia en el uso de los fondos públicos. “Todo lo que nosotros desde el Estado podamos fomentar y acompañar a esta cuestión de recreación y de fomento del deporte en la provincia del Chaco, lo vamos a seguir haciendo”, prometió. Y volvió a subrayar la línea que, según su visión, no debe cruzarse: “Lo que se le apunta es la supervisión de lo que hace el Instituto del Deporte”. La investigación, dijo, recién empieza.
La disposición “prohíbe los servicios de IA para la generación de imágenes sexuales e íntimas no consentidas”. La medida también alcanza a la pornografía infantil y el Parlamento Europeo trabaja en una enmienda similar, que podría aprobarse próximamente. Los países de la Unión Europea (UE) prohibirán los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) que generan ‘deepfakes’ de carácter sexual, tras el escándalo provocado por las imágenes de este tipo producidas por Grok, el modelo propiedad del magnate Elon Musk. El proyecto hace foco en el consentimiento de las personas usadas en el contenido y en prevenir la pornografía infantil. Los representantes de los 27 países del bloque en Bruselas aprobaron una enmienda a un proyecto de ley sobre inteligencia artificial, cuyo objetivo es prohibir estos servicios en toda la UE. La disposición aprobada “prohíbe los servicios de IA para la generación de imágenes sexuales e íntimas no consentidas o pornografía infantil”, según un comunicado del Consejo Europeo, el órgano de la UE que reúne a los Estados miembros. El Parlamento Europeo trabaja en una enmienda similar, que podría ser aprobada en comisión la próxima semana. El objetivo es prohibir los servicios de IA y otras aplicaciones que permiten a los usuarios “desnudar” a adultos o menores, o crear imágenes sexualmente explícitas de ellos sin su consentimiento, utilizando fotos o vídeos reales. Hace unos meses Grok introdujo una función que permite a los usuarios crear imágenes de personas simulando desnudez a partir de fotos reales, lo que provocó indignación en muchos países y dio lugar a una investigación de la UE. X, la plataforma donde está disponible Grok, declaró en enero su política de “tolerancia cero” ante los deepfakes sexualizados de niños y mujeres y afirmó haber tomado medidas para detener la creación de estas imágenes. “No se trata de tomar medidas contra escándalos individuales como el de Grok, sino de limitar el poder que otorgamos a la IA”, subrayó el eurodiputado alemán Sergey Lagodinsky, una de las figuras clave de esta iniciativa. Ámbito
El exministro de Hacienda del Chaco advirtió que la Argentina se encuentra “en la puerta de un proceso estanflacionario” y reclamó al gobierno nacional un giro urgente hacia políticas de crecimiento económico. El economista y exministro de Hacienda de la provincia del Chaco, Cristian Ocampo, fue entrevistado en Ciudad TV y ofreció un diagnóstico contundente sobre el estado de la economía argentina tras conocerse el dato de inflación de febrero, que se ubicó en el 2,9 por ciento mensual. Lejos de convalidar las proyecciones oficiales, Ocampo advirtió que los números confirman el fracaso del modelo económico del gobierno nacional. “El gobierno ya nos tiene acostumbrado a promesas irrisorias”, señaló el economista, recordando que el presupuesto oficial fijaba una inflación de apenas el 10 por ciento para todo el año, una cifra que, según sus palabras, “todos sabíamos que era inviable”. La realidad mostró otro panorama: la inflación interanual de febrero de 2025 a febrero de 2026 alcanzó el 33 por ciento. “Para que vos tengas una idea, Estados Unidos informó su inflación interanual en 2,4 por ciento”, comparó Ocampo, subrayando la magnitud del problema local. Un modelo que ya se agotó El exministro fue categórico al evaluar el rumbo de la política económica: “Con el esfuerzo que está haciendo el pueblo argentino, esta inflación es muy alta. Esto está demostrando que el modelo no está funcionando, que este modelo económico antiinflacionario, recesivo, no está funcionando”. En ese sentido, señaló que la estrategia de subir tarifas “a cualquier precio” llevó el poder adquisitivo —tanto público como privado— a niveles que hoy se sienten en la actividad económica. Según Ocampo, el gobierno enfrenta hoy un dilema sin salida fácil: para reactivar la economía necesita aplicar políticas expansivas, pero eso generaría presión inflacionaria. “Si el gobierno las aplica, va a tener también un efecto expansivo inflacionario, porque va a generar una aceleración de precios. Y si se genera un proceso inflacionario, está detonando el capital político del gobierno, que era justamente bajar la inflación”, explicó. La guerra como factor agravante El economista también puso el foco en el impacto del conflicto bélico internacional sobre la economía local, al que definió como un golpe directo al corazón del modelo. “La guerra viene a agravar y, te diría, da en el centro del modelo político y económico del gobierno”. Ocampo advirtió que el dato de febrero no contempla aún ese efecto: “Esto es febrero y la guerra comenzó en marzo. Vamos a tener el efecto de la guerra en todo lo que va de marzo a abril y mayo”. Al no vislumbrarse una resolución rápida del conflicto, consideró que la presión sobre los precios y la actividad irá en aumento. Estanflación, pymes y trabajadores Con un cuadro de estancamiento económico combinado con inflación en ascenso, Ocampo afirmó que el país está “en la puerta de un proceso estanflacionario, que es muy complejo, porque eso te deja gente fuera del mercado”. Las consecuencias, sostuvo, ya son visibles: despidos, cierres de empresas y una situación social que definió como “tensa”. Las pequeñas y medianas empresas son las que más sufren esta coyuntura, según el economista. “Hoy estamos viendo con seria dificultad a las pymes poder mantener las puertas abiertas, porque están trabajando a pérdida”. A ese escenario se suman nuevos incrementos de tarifas y el aumento del combustible, que encarecerá la logística y el transporte. “Esto se está poniendo complicado”, resumió. En materia laboral, Ocampo reclamó una recomposición urgente del poder adquisitivo de los trabajadores. “Hoy se necesita recomponer poder adquisitivo urgente para que esto derrame en consumo y se puedan sostener las pymes, que son las que más están ligadas al consumo”. Descartó que la espiral salario-inflación sea un riesgo actual: “Esto ya no está ocurriendo, no hay ningún tipo de posibilidad de que la espiralización del salario sea contra inflación”. El peso del Estado en la región NEA-NOA Ocampo también alertó sobre el impacto particular que la caída de la recaudación tiene en las provincias del norte del país. “El sector público dentro de lo que es la región NEA-NOA es preponderante, es determinante en el desenvolvimiento económico. Acá cuando el Estado está bien, derrama en servicios, en comercio, en profesionales, en salud, y eso se nota”. Con una recaudación que en términos reales se ubica por debajo de la inflación, ese derrame está comprometido. “Hay que dar vuelta la página” Ante este panorama, el exministro reclamó un cambio profundo de orientación. “El modelo antiinflacionario ya no va por el lado del ajuste fiscal, no va por el lado del apretón monetario, no va por el lado del estrangulamiento de la actividad económica con altas tasas. Tiene que ir por el lado del crecimiento económico. Hay que dar vuelta la página y empezar a mirar a todos aquellos sectores —ya sea pyme, mediano o gran empresa— que pueden generar valor”, sostuvo. Ocampo también cuestionó las contradicciones del discurso oficial: “Te vas a pedir financiamiento al mundo y decís que los empresarios en Argentina son chorros. Esto es lo que no se entiende”. Y concluyó con una advertencia que sintetiza su visión: “La inflación es un termómetro y te marcó un número muy alto. Quiere decir que el modelo no está funcionando. Esta política ya se agotó”.
El piloto chaqueño salió al cruce de versiones sobre supuestos pagos irregulares y aseguró que todas las rendiciones están en regla. “Es imposible cobrar sin presentar facturas y comprobantes”, afirmó. El piloto de motociclismo Ramiro Gandola se refirió a la investigación que lleva adelante el Tribunal de Cuentas sobre el destino de 109 millones de pesos en el Instituto del Deporte Chaqueño, luego de que su nombre apareciera en planillas difundidas en redes sociales vinculadas a la ley de sponsorización deportiva. En declaraciones a CIUDAD TV, el deportista se mostró visiblemente afectado por la situación y defendió el funcionamiento del sistema de patrocinio, al tiempo que aseguró que todas las rendiciones vinculadas a su proyecto deportivo se encuentran en regla. “Me llegaron muchísimos mensajes cuando se difundió ese listado. Se usó políticamente información sobre montos que no son reales. A veces son pagos mensuales de un sponsor y otras veces hay meses sin pagos. Se prestó a confusión”, explicó. Gandola remarcó que la ley de sponsorización —creada en 2009 durante la primera gestión del entonces gobernador Jorge Capitanich— es una herramienta clave para el desarrollo del deporte en la provincia y que cuenta con un largo circuito de controles administrativos. Según detalló, los deportistas deben presentar cada año un proyecto deportivo que es evaluado por el Instituto del Deporte y luego por la Administración Tributaria Provincial (ATP). Una vez aprobado, los atletas deben conseguir patrocinadores privados, quienes realizan los aportes que posteriormente son rendidos ante el Estado. “No es que el Estado nos da la plata directamente. Nosotros tenemos que buscar las empresas que quieran apoyar el proyecto. Después de eso hay un proceso administrativo que puede demorar casi dos meses para que el sponsor pueda empezar a pagar”, explicó. El piloto también subrayó que cada gasto debe justificarse con documentación. “Tenemos que presentar facturas y rendiciones que después van al Tribunal de Cuentas. Si algo no coincide, te lo rechazan y tenés que corregirlo. Es un sistema con muchos controles”, sostuvo. “Duele que ensucien” Gandola, que lleva más de tres décadas compitiendo, expresó su malestar por la difusión de los datos y aseguró que se trata de una situación injusta para quienes viven del deporte. “Duele mucho que ensucien el nombre de los deportistas y de los clubes que representan a la provincia a nivel nacional e internacional. Nosotros entrenamos, trabajamos y buscamos presupuesto para competir”, afirmó. En ese sentido, recordó el esfuerzo que implicó sostener su carrera deportiva. “Mi papá llegó a fundir cuatro negocios acompañando mi proyecto y el de mi hermano. El deporte es muy caro y muchas veces el apoyo no alcanza”, relató. También aclaró que los fondos obtenidos a través de la ley de sponsorización representan solo una parte del presupuesto necesario para competir. “Lo que se consigue con la ley a veces es un 20 o 30 por ciento del presupuesto total para competir a nivel internacional. Pero es una ayuda muy importante para poder proyectar el año deportivo”, explicó. Agenda internacional Más allá de la polémica, el piloto confirmó que continúa enfocado en su carrera deportiva. Tras consagrarse tres veces campeón brasileño de Superbikes, Gandola anunció que este año competirá nuevamente en Brasil con un nuevo equipo. Además, adelantó que participará en el campeonato de Supermotard de Brasil y en el Supermotard mundial, con fechas previstas en Francia y España hacia fines de 2026. “Tenemos una agenda muy intensa. A mí me gustaría salir en los medios por ganar carreras y no por estas discusiones”, concluyó.
El caso se remontaba a una contratación realizada durante la gestión de Ayala como Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Según la hipótesis acusatoria, habría utilizado su cargo para direccionar la compra de herramientas y maquinarias por parte del municipio de Quitilipi hacia un proveedor en particular. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió ayer rechazar el recurso del Ministerio Público Fiscal y confirmar las absoluciones de Aída Ayala, Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, quienes habían sido juzgados por una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio del municipio chaqueño de Quitilipi ocurrida en 2016. El fallo, firmado por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, se adoptó por mayoría, con el voto en disidencia de Borinsky. El caso El caso se remontaba a una contratación realizada durante la gestión de Ayala como Secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación. Según la hipótesis acusatoria, Ayala habría utilizado su cargo para direccionar la compra de herramientas y maquinarias por parte del municipio de Quitilipi hacia el proveedor Claudio Alejandro Tolosa, dueño de la firma Service Hogar, por la suma de $998.537, a precios supuestamente superiores a los de mercado. La Fiscalía sostuvo que Balmaceda Paiva y Vilte, quienes trabajaban en la municipalidad y tenían vínculos previos con Ayala a través de la Fundación Construir, habrían operado como engranajes de esa maniobra. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia había absuelto a los tres imputados en julio de 2025, al concluir que la acusación no logró probar el direccionamiento fraudulento de los fondos. Los jueces de primera instancia atribuyeron las irregularidades detectadas al entonces intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, quien fue sobreseído en la misma sentencia por prescripción de la acción penal. Ese pronunciamiento fue el que el Ministerio Público Fiscal llevó a casación, argumentando que el tribunal había realizado una valoración parcial y sesgada de la prueba. El voto mayoritario de los jueces Carbajo y Hornos consideró que la sentencia absolutoria contaba con fundamentos suficientes y razonables. En su extenso análisis, Carbajo señaló que la tramitación del convenio que derivó en el subsidio de $998.537 había sido iniciada por el propio Casalboni, quien acompañó personalmente el presupuesto de Tolosa, y que el expediente había transitado por diversas oficinas del Ministerio del Interior sin que ninguna formulara objeciones jurídicas. Destacó además que, al momento en que Casalboni presentó la rendición de cuentas, la normativa aplicable ya había sido modificada y la SAM no estaba obligada a controlar el cumplimiento de la normativa local de compras. Sobre el alegado sobreprecio del 40%, la mayoría sostuvo que la Fiscalía no había aportado ninguna pericia técnica que lo acreditara de manera fehaciente, y que los informes de locales comerciales presentados como prueba solo podían considerarse de manera referencial. En cuanto al vínculo entre los imputados, los jueces entendieron que la relación política y funcional preexistente entre Ayala, Balmaceda Paiva y Vilte no era suficiente para acreditar una connivencia ilícita orientada a defraudar al Estado, en tanto no se demostró de qué modo esa vinculación tuvo incidencia concreta en los hechos investigados. El voto en disidencia El juez Borinsky, en cambio, votó en disidencia a favor de hacer lugar al recurso fiscal y anular la absolución para que el caso fuera juzgado nuevamente. En su voto, criticó que el tribunal oral había analizado los indicios de manera fragmentada e individual, en lugar de ponderarlos en su conjunto. Señaló que la relación preexistente entre los imputados, las irregularidades en el pago a Tolosa, la ausencia de inventario de los bienes y la violación de la normativa de contrataciones debían ser evaluadas articuladamente, y que hacerlo podría haber conducido a un resultado distinto. Con la decisión adoptada por mayoría, las absoluciones quedaron confirmadas y la causa fue archivada. El fallo cierra así una investigación que se extendió por casi una década y que involucró a una figura relevante de la política chaqueña, en el marco de una contratación que el propio Tribunal de Cuentas de la provincia había observado en 2017 por carecer de documentación respaldatoria adecuada.
El ingreso mínimo para no caer en la pobreza de una familia tipo subió 38% en dólares desde que asumió el gobierno de Javier Milei y alcanzó los US$1000. Según los datos oficiales en diciembre de 2023 un grupo de dos mayores y dos menores necesitaba $495.798 para no ser pobre, lo que a un tipo de cambio de $800 representaban unos US$619. El INDEC informó que la Canasta Básica Total (CBT) -con la que se determina la línea de pobreza- alcanzó en febrero a $ 1.397.617, que equivalen a US$1.000. En consecuencia, de la comparación de ambas cifras surge que los ingresos mínimos para satisfacer las necesidades básicas de un matrimonio y dos hijos en edad escolar aumentó 38% en dólares. Por su parte, la Canasta Alimentaria Total (CBA) con la que se mide la indigencia se ubicó en $ 644.088 para el mismo grupo familiar, que representa unos US$460. En diciembre de 2023 era de $ 240.678, equivalente a $ 300. Por lo tanto, la suba en dólares en este caso fue de 34%, según comprobó Agencia Noticias Argentinas. La diferencia radica en la composición de las canastas. La CBT contempla servicios básicos que no están incluidos en la CBA y el ajuste de las tarifas pegó de lleno.
Entre los temas que se abordarán se incluyen aspectos financieros, cuidados y contingencias en reservas; así como la elaboración de planes de gestión a corto y largo plazo. Además, se contará con la disertación del reconocido biólogo Claudio Bertonatti, uno de los referentes más importantes del país en materia de conservación de la naturaleza y patrimonio cultural. El gobierno provincial acompañó el lanzamiento oficial de la VI Edición del Encuentro Nacional de Reservas Naturales Privadas, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo en la Casa de las Culturas de Resistencia. El evento reunirá a referentes, especialistas y organizaciones vinculadas a la conservación ambiental de todo el país. El encuentro, que se realiza cada dos años, es organizado por la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas (RARNAP) y en esta edición prevé la participación de más de 100 asistentes provenientes de distintas provincias. De la conferencia de presentación participaron la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli; el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro; y el coordinador del Nodo Chaco de la RARNAP, Javier Cardeli. Durante las tres jornadas se desarrollarán talleres, presentaciones de reservas, charlas y conferencias con la participación de expertos nacionales e internacionales, autoridades, técnicos gubernamentales y profesionales vinculados a la conservación y al turismo de naturaleza. El coordinador del Nodo Chaco de la RARNAP, Javier Cardeli, explicó que desde julio de 2025 se viene trabajando para definir la provincia sede del encuentro 2026. “Es un orgullo para nuestra organización que Chaco sea la provincia anfitriona”, expresó, y destacó el trabajo conjunto con los institutos provinciales de Turismo y Cultura para la realización del evento. Asimismo, informó que las actividades del sábado 21 y domingo 22 serán abiertas al público, por lo que podrán participar ciudadanos interesados en conocer qué es una reserva natural privada y cómo pueden ser declaradas oficialmente y de manera legal. Por su parte, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli, destacó el trabajo de los organizadores y celebró que la provincia haya sido elegida como sede. “Es un gusto que hayan elegido a Chaco, una provincia que se caracteriza por sus pulmones verdes y por el compromiso con la protección de sus espacios naturales”, afirmó. En ese sentido, valoró la importancia del encuentro para promover la preservación y la sustentabilidad ambiental, y llamó a acompañar el trabajo de las organizaciones que protegen y cuidan las reservas naturales. En tanto, el subsecretario de Ambiente, Mariano Moro, felicitó al Nodo Chaco de la RARNAP por impulsar la realización del encuentro en la provincia y remarcó que la actual gestión trabaja en el fortalecimiento de las áreas privadas protegidas. “Se trata de una articulación entre el sector público y el privado que tiene como objetivo mostrar un Chaco más sostenible”, señaló el funcionario. Moro explicó además que existen distintos tipos de áreas protegidas, entre ellas los parques provinciales y las reservas naturales privadas, donde los propietarios deciden otorgar un estatus especial de protección a sus tierras. Esto permite desarrollar actividades productivas compatibles con el cuidado del ambiente y la conservación de la biodiversidad.
Ya cubiertos los cupos en la AGN, la entidad que conduce Bausili sigue haciendo caso omiso a los pedidos de los auditores. Según reveló Ámbito, los envíos no quedaron registrados en ningún contrato. Aunque ya pasaron casi dos años desde el primer envío del oro al exterior y a pesar de que la Justicia le ordenó al Banco Central (BCRA) que responda los pedidos de información, la entidad conducida por Santiago Bausili sigue impidiendo que se lleve a cabo el control por parte de la Auditoría General de la Nación (AGN). En la sesión del jueves por la mañana, ya con la nueva composición del cuerpo, los auditores manifestaron no haber recibido ninguna novedad al respecto, ni, como señalaron fuentes autorizadas, nada hace pensar que las habrá. “Siguen sin darnos precisiones de donde está el oro, ni mucho menos nos permiten desarrollar la tarea de la auditoría”, dijeron fuentes calificadas a Ámbito. En una serie de artículos, Ámbito reveló la desconcertante respuesta del BCRA a la AGN: el envío del oro no quedó registrado en ningún contrato, sostuvieron. O en palabras del Central en las notas internas enviadas: “Los contratos de colocación de lingotes de oro con el BIS y/o cualquier otro depositario del exterior … no existen a la fecha ni los había al 31/12/2024”. A fines de 2025, la conducción de la Auditoría, desempeñada por Juan Manuel Olmos, ante la no designación del cuerpo de auditores solo podía sugerir que la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso de la Nación tomase medidas legales, y es lo que hizo. Ahora, luego de los nombramientos, la AGN tiene nuevamente facultades plenas para impulsar medidas legales que exijan a la entidad que conduce Bausili que permita llevar adelante la mencionada y postergada auditoría. ¿Qué se sabe? Cuando, por primera vez, la AGN solicitó información y documentación para llevar a cabo la auditoría, ya habían tomado nota de cuatro transferencias (18/06/24, 02/07/24, 31/07/24 y 13/08/24). Según consta en la documentación oficial, en cada una de ellas, se enviaron 250 lingotes. En ese momento, el Central no se negó explícitamente, sino que entorpeció cualquier posibilidad de que se llevase a cabo. Por un lado, la entidad no entregó al equipo de auditores de la AGN el material necesario para avanzar con los trabajos de auditoría (actas, dictámenes y otras actuaciones). Por el otro, según pudo reconstruir Ámbito a partir del relato de fuentes calificadas, el Banco Central se escudó detrás del argumento de la confidencialidad para no permitir el acceso a la información a pesar de que hay ejemplos que demuestran que la AGN “está acostumbrada a trabajar con documentación confidencial y sensible como en el caso de las vacunas por el Covid”. Asimismo, indicaron que “la única propuesta que el Banco Central le hizo a la AGN fue ir a ver lo que se necesita desde sus computadoras sin la posibilidad de fotografiar, ni de hacer las copias necesarias ni de tomar nota. Solo se podía retener con la memoria Eso hace que técnicamente hacer la auditoría sea imposible en los hechos”. El enfrentamiento escaló En septiembre, en respuesta a la Nota N°1053, Bausili respondió insistiendo en que “la información solicitada posee carácter secreto (utilizando también la figura de la confidencialidad), encontrándose la misma en expedientes reservados”. A su vez, el titular de la entidad sostuvo que el BCRA siempre brinda respuesta a las solicitudes de AGN, y que los expedientes se encuentran “a su disposición para su lectura”, subrayando posteriormente que, también, es objeto del BCRA “asegurar el control sobre el acceso a la información sensible, su custodia y evitar su reproducción – por cualquier medio -, y posterior circulación en entornos no controlados por este BCRA”. Es a partir de analizar esta respuesta que el equipo de la AGN concluyó que “de la lectura armónica de ambas consideraciones, surge que la información solamente se encuentra disponible para su lectura, por lo que solamente podría ser de consideración la mera observación por parte de la AGN, no constituyendo ello un medio hábil y suficiente para respaldar técnicamente, y permitir su consideración como tal, de la evidencia”. En esa oportunidad, la AGN aceptó, de acuerdo con lo confirmado a este medio, parte de las condiciones que buscaba imponer el BCRA, sin embargo fue en ese momento en que apareció otra traba: según el Central no había nada que auditar ya que no había contrato alguno. “Los informes del servicio jurídico del BCRA, respecto de cada contrato, no se han tenido que elaborar ya que, como se informara anteriormente, no hay contratos”, afirmó el Central. Si de los primeros envíos al exterior pasaron casi dos años, del comienzo de ese intercambio de notas ya está por cumplirse un año. No obstante, el cuerpo de técnicos de la AGN sostiene que en anteriores auditorías no se opuso a “practicar in situ la verificación”. Sin embargo, y a pesar de esto, creen que dicha situación no refleja la realidad de hechos anteriores, ya que las únicas veces en que la verificación ha sido aplicada en esos términos fue en el caso de auditorías financieras y no de gestión. El último argumento de la AGN data de 2024 cuando se aprobó el informe titulado “Procedimientos empleados por el BCRA para la administración de reservas internacionales”. En él, se auditó la totalidad de las reservas del Central y no solamente del oro. En esa oportunidad, se brindó toda la información requerida. El 22 de diciembre del año pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al BCRA que responda los pedidos de acceso a la información pública referida al traslado de lingotes de oro al exterior. No cabe duda de que esta historia continuará. Ámbito
En uno de ellos se investiga si utilizó su investidura para obtener información reservada de una causa en la que está imputado. En el otro se analiza un posible direccionamiento indebido de expedientes previsionales hacia determinados estudios jurídicos. El juez federal de garantías de Rosario, Román Lanzón, rechazó por “infundado e improcedente” el planteo de recusación presentado por la defensa de su colega el juez federal Gastón Salmain, quien es investigado por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El magistrado consideró que el planteo tuvo un carácter “dilatorio” y también desestimó otros pedidos formulados por la defensa, entre ellos la invalidación del allanamiento y la requisa realizados el 12 de noviembre de 2025 en el Juzgado Federal N°1 de Rosario, a cargo de Salmain. Además, rechazó la solicitud de no peritar y devolver los teléfonos y computadoras secuestrados durante esa medida. Por último, Lanzón desestimó un recurso de revisión del levantamiento de los secretos bancario, fiscal y bursátil en otra investigación penal en la que se analiza un posible direccionamiento indebido de expedientes previsionales hacia determinados estudios jurídicos. La audiencia Las resoluciones fueron adoptadas tras una audiencia oral y pública realizada el lunes pasado en los tribunales federales de Rosario. La defensa del juez Salmain —ejercida por el propio magistrado y por el abogado particular Ignacio Carbone— solicitó la recusación de Lanzón al sostener que existían dudas sobre su imparcialidad. El planteo se basó en que el juez de garantías había puesto en conocimiento del Consejo de la Magistratura el contenido de la audiencia de formalización de la investigación realizada el 16 de diciembre pasado. Asimismo, la defensa sostuvo que el magistrado no podía revisar sus propias decisiones luego de que se planteara la nulidad del allanamiento realizado en el Juzgado Federal N°1 de Rosario. Tomando como base la supuesta invalidez del allanamiento y del secuestro de los elementos, también pidió que se dispusiera una medida de no innovar para impedir el peritaje de los dispositivos electrónicos secuestrados y que se ordenara su devolución. A su vez, cuestionó la intervención del Ministerio Público Fiscal en el trámite de recusación. Por el MPF participaron el fiscal general Javier Arzubi Calvo, con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Rosario y titular del Área Investigación y Litigio Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario; el fiscal general Federico Reynares Solari, a cargo de la Oficina Litigio Oral Estratégico del Área Investigación y Litigio Casos Complejos; las fiscales coadyuvantes Soledad García y María Virginia Sosa y el fiscal coadyuvante Andrés Montefeltro —todos ellos de la misma unidad fiscal—; y el auxiliar fiscal Esteban Venditti, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La postura de la fiscalía El Ministerio Público Fiscal solicitó el rechazo de la recusación. Entre otros argumentos, sostuvo que el planteo era extemporáneo, dado que el plazo previsto por el Código Procesal Penal Federal (CPPF) para recusar al magistrado ya se encontraba vencido. Asimismo, indicó que la solicitud de apartamiento carecía de fundamentos suficientes y no cumplía con los requisitos de seriedad y razonabilidad previstos por la normativa procesal, por lo que evidenciaba una intención dilatoria. En relación con el pedido de no peritar los dispositivos electrónicos secuestrados, la fiscalía señaló que esas medidas ya se habían realizado con la debida notificación a la defensa. La decisión del juez Al resolver, Lanzón consideró que el planteo de recusación era “infundado e improcedente” y sostuvo que, conforme al sistema acusatorio vigente, la participación del Ministerio Público Fiscal en la audiencia resultaba necesaria. También rechazó el pedido de nulidad del allanamiento y la requisa realizados el 12 de noviembre de 2025. El magistrado señaló que en esta instancia “no se rebatieron los argumentos ni se presentaron pruebas” que demostraran que la medida hubiera sido desproporcionada, ni acreditó perjuicios concretos derivados de su realización, requisito fundamental para la invalidación de los actos. Del mismo modo, desestimó la solicitud de no innovar respecto del análisis pericial de los teléfonos y computadoras secuestrados. Investigación por expedientes previsionales Por otra parte, Lanzón rechazó un recurso de revisión presentado por la defensa en relación con la autorización judicial para levantar los secretos fiscal, bancario y bursátil del magistrado en una investigación sobre el desempeño de Salmain vinculada con la tramitación de expedientes previsionales. Cabe recordar que en otra audiencia realizada el 27 de febrero pasado, a pedido del área de Investigación y Litigio de Casos Complejos del MPF, el juez había autorizado la apertura de la investigación por el plazo de 90 días y habilitado el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero de Salmain desde el 1° de abril de 2023 hasta la actualidad. Ese legajo busca determinar la posible comisión de conductas que podrían encuadrarse en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ante la presunta existencia de un direccionamiento indebido de causas previsionales hacia determinados actores del sistema judicial. Fiscales
En medio de un conflicto que dejó a cientos de trabajadores con recortes salariales devastadores, el episodio protagonizado por el diputado provincial Iván Gyöker revela algo más profundo que un simple comentario desafortunado en redes sociales. Por Juan José Bergia Expone un fenómeno cada vez más frecuente en la política contemporánea: la banalización del sufrimiento social desde el poder. Mientras trabajadores del Ministerio de Producción denuncian reducciones de entre el 60% y el 80% de sus ingresos, una frase irónica publicada por el legislador en redes sociales – y posteriormente eliminada – desató una polémica que trasciende el episodio puntual. No porque una frase cambie la realidad económica de los trabajadores, sino porque muestra la forma en que parte de la dirigencia observa ese conflicto. El problema no es el comentario aislado, si no que es lo que simboliza. En contextos de crisis económica, las palabras de los dirigentes no son un detalle menor. Son una señal política. Cuando un representante público decide intervenir en un conflicto social con sarcasmo o ironía, lo que transmite no es fortaleza ni convicción ideológica: transmite distancia. Distancia con el problema.Distancia con los afectados.
El Consejo Federal de Delitos Económicos, un nuevo organismo destinado a fortalecer la prevención e investigación de la criminalidad económica en todo el territorio argentino fue oficializado este viernes por el Ministerio de Seguridad Nacional liderado por Alejandra Monteoliva. Se trata de la resolución 230/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas en la que se detalló: “Créase el Consejo Federal de Delitos Económicos, en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación criminal de la Secretaría de lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada con la misión de generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para la prevención e investigación de este tipo de delitos”. Además, se detalla que el consejo tendrá por objetivo “asistir en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos que se desarrollen dentro del territorio; recolectar y sistematizar información sobre los delitos económicos cometidos en el territorio nacional, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” También, “desarrollar indicadores y elaborar informes periódicos que sirvan de insumo para el trabajo de los integrantes del Consejo; elaborar un mapa de situación, tanto a nivel nacional, como regional y provincial, con la finalidad de proponer medidas tendientes a la prevención de los ilícitos económicos y coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en la materia, para la generación de indicadores de alerta temprana respecto de la comisión de delitos económicos”. Otro de los objetivos serán: “Conformar grupos de trabajo, en pos de poner en común información y realizar análisis de coyuntura o de situaciones específicas con miras a coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos económicos, como de otros delitos previstos y penados por el Código Penal de la Nación Argentina que concurran con el delito principal y analizar las investigaciones en materia de delitos económicos a fin de identificar oportunidades de mejora de los procedimientos seguidos por las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.