Autor: Redacción General

Un proyecto legislativo del oficialismo correntino pide prohibir el tránsito peatonal sobre el puente Manuel Belgrano. Es para evitar intentos de suicidios sobre el viaducto que conecta Corrientes con Chaco sobre el río Paraná. También requiere al Gobierno Nacional y a Vialidad Nacional, instalar teléfonos de emergencia y vallas sobre las barandas de la estructura. La propuesta exige al Poder Ejecutivo de Argentina y a Vialidad Nacional la ejecución de obras que restrinjan el acceso a medios letales, siguiendo lineamientos internacionales de prevención. La iniciativa se fundamenta en la Ley Nacional N° 27.130 de Prevención del Suicidio y en la guía LIVE LIFE de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sostiene que las barreras físicas son una de las intervenciones más efectivas para salvar vidas en puntos críticos de infraestructura. La Declaración insta a los organismos nacionales a arbitrar medidas urgentes bajo seis puntos estratégicos de acción: “La evidencia demuestra que hay medidas concretas que pueden adoptarse”, remarca el proyecto. Cita, además, casos exitosos en ciudades como Toronto, Bristol, San Diego y San Francisco, donde la instalación de barreras de seguridad logró reducciones sostenidas en la tasa de incidentes. Asimismo, los legisladores aclararon que el pedido de restricción peatonal transitoria cumple con los test de proporcionalidad exigidos por la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, siempre que estas limitaciones se den en el marco de la ejecución de las obras definitivas. “La iniciativa no pretende ofrecer una respuesta única a un fenómeno complejo, pero sí poner el tema en la agenda pública regional con la seriedad que merece”, remarcó una de las legisladoras autoras del proyecto, enfatizando la necesidad de fortalecer las políticas de salud mental en el territorio correntino y chaqueño. Corrientes Hoy

Este martes, en el Museo Malvinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se realizó el acto presentación de la Capacitación obligatoria de la Ley Malvinas -ley 27671-, organizada por el Centro de Formación Judicial (CFJ) de CABA y el Instituto Reflejar. El acto estuvo encabezado por la directora académica del CFJ, Marcela De Langhe, por el defensor General de la Nación, Julián Langevin; la presidenta de Reflejar María del Carmen Battaini; la presidenta de Jufejus, Emilia María Valle; y la vicepresidenta de del Tribunal de Justicia de CABA, Alicia Ruiz, y el jefe de Gobierno de CABA, Jorge Macri. También participaron magistrados/as, funcionarios/as e integrantes de distintas instituciones públicas.  Por su parte, en su carácter de presidenta de Jufejus, Valle afirmó que es un “un honor y una profunda emoción participar en este acto de lanzamiento de la capacitación obligatoria sobre islas Malvinas organizado por el CFJ, Reflejar y el Ministerio de la Defensa Pública de la Nación”.  A su vez señaló que “es muy emotivo que sea en este lugar tiene un profundo valor simbólico porque nos recuerda que la cuestión de las islas Malvinas no es un capítulo más de nuestra historia o un recuerdo estático de un calendario escolar sino una causa profundamente arraigada en la identidad nacional. Es quizás la causa que con mayor fuerza  une a las provincias argentinas, desde La Quiaca a Ushuaia”.  “Sabemos que nuestro país mantiene desde hace décadas un reclamo legítimo de soberanía sobre las islas (Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes) basado en sólidos e incontrastables fundamentos históricos, geográficos y jurídicos. Así lo establece la Primera Disposición transitoria de nuestra Constitución Nacional que reconoce este reclamo como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino que debe alcanzarse por los caminos del derecho internacional, el diálogo y el respeto al modo de vida de sus habitantes”, agregó. Por otra parte, Valle explicó que es un acto de “memoria. Y en ese sentido es una obligación ineludible rendir reconocimiento y homenaje a quienes dieron su vida en aquella guerra hace 44 años, y a los veteranos y veteranas que combatieron allí en defensa de nuestra bandera y de la soberanía nacional. Su entrega y su coraje constituyen un legado que atraviesa generaciones y que forma parte indeclinable de nuestra memoria colectiva. Preservar ese legado es también una forma de honrar su sacrificio y asumir la responsabilidad de transmitirlo a las nuevas generaciones para que comprendan la dimensión histórica, humana y nacional aquella gesta. La capacitación que hoy se presenta se inscribe en ese propósito”.  “La formación no consiste únicamente en transmitir información sino además promover reflexión, conciencia histórica y un compromiso con los valores que sostienen nuestra vida democrática. En ese sentido, el Poder Judicial en todos sus niveles y jurisdicciones tiene un papel decisivo en la construcción de este proceso. La formación permanente comprendida  ampliamente contribuye a fortalecer instituciones más conscientes de su contexto histórico, más comprometidas con aquellos valores y más cercanas a la ciudadanía a la que sirven. Por eso celebramos esta iniciativa. Porque la cuestión Malvinas sigue siendo parte viva de nuestra historia y continúa hoy interpelándonos desde el presente de nuestras instituciones. ¡Viva la patria!”, concluyó.  La presidenta de Reflejar María del Carmen Battaini expresó, por su parte, que es “un compromiso muy grande y una emoción más grande todavía. Como fueguina por adopción, vivo Malvinas como algo muy sentido. Y trato de transmitirlo, aunque sea un pequeño aporte. Malvinas es vida, es vivencia. Honor, patria, soberanía y respeto siempre. ¡Viva la patria!” De Langhe presentó el documental realizado en el contexto de la capacitación y moderó un panel de intercambio entre el director del Museo de Malvinas y ex combatiente Esteban Vilgré Lamadrid, el ex combatiente Esteban Tries y Juan Rattenbach.

En una entrevista de Urgente24, el investigador de opinión pública Gustavo Córdoba (Zuban Córdoba) analiza el ciclo político en 2026 de la democracia argentina que fue reiniciada en 1983, 43 años antes de Javier Milei, e irá a las urnas en 2027. Describió una administración en crisis profunda y las dificultades para recuperar adhesiones. Según él, la Argentina atraviesa un “post-consenso democrático” acelerado desde 2020 (por la pandemia de Covid-19), con un resultado tremendo: la política tradicional ha quedado obsoleta frente a los algoritmos y la comunicación digital. 10 claves extraídas de la entrevista a Gustavo Córdoba Post Mileísmo El consultor destacó que el “ajuste a la Casta” resultó ser una promesa incumplida que, sumada a escándalos de corrupción en el Banco Nación, ha herido la moralidad del relato oficial. El análisis de Córdoba proyecta un escenario de “postmileísmo”. No obstante, advierte que la reelección se plebiscita en el bolsillo: solo un aumento real del poder adquisitivo podría salvar al oficialismo. Respecto a la oposición, ve en Axel Kicillof un liderazgo con límites por su pertenencia al kirchnerismo y destaca a Myriam Bregman como una figura en ascenso. Finalmente, Córdoba alerta sobre las señales de incipiente violencia social y la falta de formación de una dirigencia (política, social, empresarial) que “no entiende el algoritmo”. urgente24

Este miércoles, tendrá lugar la interpelación al presidente del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (InSSSeP), Rafael Meneses, para que brinde información sobre recorte de convenios con prestadores de salud, suspensión de prestaciones, restricciones en derivaciones a centros de alta complejidad y priorización de determinados sanatorios privados, entre otros puntos. Una de las autoras de la iniciativa legislativa, la diputada del Frente Renovador, Katia Blanc, visitó los estudios de CIUDAD TV y se refirió a esta iniciativa sobre la que se manifestó “muy conforme de poder brindar a la sociedad una respuestas de los funcionarios que tienen la responsabilidad de contarles a los chaqueños qué pasa con una de las obras sociales más grandes que tenemos en la provincia, con la cantidad de afiliados de cada rincón de Chaco que en este momento no está dando respuestas a la sociedad”. “Todos tenemos un amigo, un vecino o un familiar cercano que tenía que tener prestaciones cubiertas y no las está teniendo en relación al InSSSeP y la cobertura de cada uno de sus afiliados”. Dijo que que las preguntas que estarán dirigidas al funcionario “son muy fáciles” y giran en torno a la partida presupuestaria mensual, el destino de los fondos, “qué pasa con las prestaciones que hoy no se están cumpliendo, con la falta de medicamentos en farmacias de la obra social y el corte de las derivaciones al Hospital Italiano. “Son preguntas que no se alejan de la agenda de la gente. Preguntar en un tono totalmente democrático, coherente y con debate”, sostuvo y afirmó: “Pretendo que la interpelación de mañana no sea ningún circo, sino que tengamos la responsabilidad y estemos a la altura de lo que el chaqueño necesita hoy”. Interpelación al administrador de Vialidad  Provincial y al ministro de Salud La diputada recordó que en mayo está prevista la interpelación al administrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Omar Canela, vinculada al estado de la infraestructura vial. Un proyecto de su autoría que busca explicaciones sobre el mantenimiento, abandono de rutas y el estado de la infraestructura vial, en un contexto de crisis. Y adelantó que también se pedirá la interpelación del Ministro de Salud debido al caso de una “falsa médica” que atendía en hospitales públicos, lo cual calificó como un delito grave derivado de la falta de fiscalización. Emergencias en territorio: la agenda legislativa de la oposición  En relación a la agenda legislativa, mencionó que se proponen cuatro emergencias fundamentales para asistir al territorio chaqueño.   Una de ellas es la emergencia hídrica, a fin de asistir a las zonas afectadas por inundaciones, especialmente en El Impenetrable. “Tenemos un Estado nacional y provincial que sigue siendo ausente con las necesidades fuertes de la población. uno charla con los intendentes y están tratando de abastecer y asistir con los pocos recursos municipales que tienen”.  Además, la emergencia salarial y tarifaria. En ese sentido, denunció aumentos del 60% en las tarifas de luz que afectan a pymes y familias. “Es uno de los temas más importantes y sorpresivos, hoy no la pueden pagar”, afirmó. También la declaración de emergencia por la situación docente, “porque es una situación muy crítica”. Por último, mencionó la emergencia alimentaria vinculada al “abastecimiento del estado provincial y nacional en el territorio del Chaco, no solo en escuelas y comedores escolares, merenderos y barrios. Con el programa que tiene hoy, lo único que muchas veces hacen es sacarle hasta la dignidad a la gente por una caja de mercadería. Les hacen hacer colas en la lluvia, en el rayo del sol, por muchas horas para buscar una bolsa de mercadería que es ínfima. No es un Estado presente, sino un Estado de parches. Y lo mismo en los comedores escolares donde el Estado provincial tiene un presupuesto de $1.000 por chico. Parece una burla, cuando no alcanza ni siquiera para comprar un kilo de pan”, subrayó la legisladora.

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, anunció un paquete de medidas destinado a fortalecer el poder adquisitivo del personal estatal provincial, que incluye el pago de sumas extraordinarias entre las que sobresale un bono de $600.000 por el Día del Trabajador, que se celebra este viernes 1° de mayo. El sucesor de Gerardo Zamora sigue la línea que marcó el jefe del Frente Cívico. Es la apuesta para dinamizar la economía local a través del bolsillo estatal. Durante el mensaje anual que los mandatarios santiagueños brindan todos los 27 de abril, fecha en la que se celebra la autonomía provincial dictada en 1820, el heredero de Gerardo Zamora dio detalles del salariazo en el Norte Grande y confirmó que quienes revistan en la administración pública percibirán un bono por el Día del Trabajador de $600.000, que estará disponible a partir de este jueves 30 de abril. El bono se suma al pago de haberes correspondientes al mes en curso, previsto para los días 28 y 29, respetando el cronograma habitual. Salariazo En su primer mensaje anual, tras asumir en el Ejecutivo el 10 de diciembre pasado, Suárez también anunció la implementación de un bono aguinaldo por un total de $1.200.000, que será abonado en dos tramos iguales de $600.000 durante los meses de junio y julio. Por otra parte, ratificó la continuidad del bono de fin de año, el cual se pagará en tres cuotas, aunque el monto será definido y anunciado más adelante. Al referirse al alcance de estas medidas, Suárez subrayó su impacto directo en la economía provincial, destacando que los recursos destinados a los trabajadores “se transforman en consumo, impulsando el comercio, fortaleciendo a las pymes y generando mayor actividad económica”. En esa línea, sostuvo que la política salarial no solo apunta a acompañar a la planta estatal, sino también a dinamizar el mercado interno y sostener el desarrollo productivo en todo el territorio provincial. “Cada peso que el Estado vuelca al bolsillo de nuestros trabajadores vuelve a circular en nuestra economía local”, afirmó. Letra P

Por decisión del gobernador Leandro Zdero y del intendente de Resistencia, Roy Nikisch, se puso en marcha la reconstrucción completa de la avenida Soberanía Nacional, una intervención integral sobre 118 cuadras y una inversión superior a los 9.250 millones de pesos. El gobernador destacó la importancia estratégica del proyecto: “Se trata de una obra fundamental para mejorar la movilidad y la conectividad de la zona sur del área metropolitana. Durante años fue una intervención prometida y hoy junto al municipio la estamos haciendo realidad con un fuerte esfuerzo conjunto”. El mandatario remarcó que la avenida presentaba un avanzado deterioro, con grietas, baches y deformaciones que generaban complicaciones en la circulación y frecuentes siniestros viales. “Esta es una arteria clave de comunicación que, con el paso del tiempo, fue perdiendo condiciones. Hoy iniciamos su recuperación integral, con trabajos que incluyen bacheo profundo, nueva carpeta asfáltica, iluminación, señalización y reacondicionamiento del cantero central”, explicó. “Hoy existe desorden en la circulación, con cruces permanentes entre manos. Esta intervención permitirá mayor seguridad vial y mejor fluidez”, señaló el gobernador. Asimismo, subrayó que en una primera etapa se avanzará con el bacheo integral en todo el corredor para garantizar condiciones seguras de transitabilidad mientras se ejecuta la obra definitiva. Desde el Ejecutivo provincial destacaron que se trata de una inversión histórica, financiada de manera conjunta entre Vialidad Provincial y la Municipalidad de Resistencia. “Es un esfuerzo compartido que busca recuperar una avenida clave para la ciudad y toda el área metropolitana”, agregaron. Sergio Almirón: “Es un trabajo articulado entre Provincia y Municipio” En tanto, el secretario de Coordinación Ejecutiva del municipio, Sergio Almirón, remarcó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio, y aseguró que la obra “permitirá ordenar el tránsito, optimizar la conectividad y brindar mayor seguridad a quienes circulan diariamente por esta avenida clave”. La intervención beneficiará de manera directa a miles de vecinos y a todo el sistema de transporte público que utiliza este corredor como uno de los principales accesos a la ciudad, consolidándose como una obra estratégica para el desarrollo urbano del Gran Resistencia. La obra está dividida en cuatro tramos: desde la Ruta Nacional 11 hasta calle Giachino; de Giachino a avenida Alberdi; de Alberdi a Lisandro de la Torre; y desde allí hasta avenida Urquiza. En cada segmento trabajan distintas empresas para acelerar los plazos de ejecución. Uno de los aspectos centrales del proyecto es la reconfiguración de la traza, que pasará de doble mano a un esquema de circulación de sentido único en cada calzada, con el objetivo de ordenar el tránsito y reducir los riesgos de accidentes. Por su parte, el administrador de Vialidad Provincial, Omar Canela, acompañado del subadministrador Gustavo De Martini, valoró el impacto de la obra en la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos, mientras que la secretaria coordinadora de gabinete, Carolina Meiriño, destacó que “se trata de una intervención histórica que transformará una arteria fundamental, beneficiando a miles de familias y mejorando el acceso a la ciudad”.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se declaró competente para tramitar la apelación de la CGT contra la reforma Laboral. La Sala IV con los votos de los jueces Rogelio Vicenti y Marcelo Duffy definió que ese fuero seguirá con la causa originada por la central de trabajadores y le pide a la Justicia del Trabajo que cese su accionar. En la víspera, la CGT solicitó la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que restableció la vigencia de la nueva ley y pidió apartar a los camaristas del fuero laboral que suspendieron la medida cautelar que frenó gran parte de los artículos de la reforma laboral. La central obrera recusó a los jueces de la Sala VIII del tribunal, María Dora González y Víctor Arturo Pesino, en el expediente originado en la presentación de la CGT contra el Estado Nacional. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió la semana pasada modificar el efecto concedido al recurso de apelación presentado por el Estado nacional en la causa en la que la CGT pidió la inconstitucionalidad de la reforma. Así el tribunal de apelaciones restableció la vigencia de 83 artículos que habían sido frenados por el juez Raúl Ojeda. El Estado había apelado la decisión del juez Ojeda que suspendió la aplicación de 83 artículos de la reforma. El recurso fue concedido el 7 de abril “en relación y con efecto devolutivo”, lo que implicaba que la cautelar seguía vigente durante la tramitación de la apelación. Frente a ello, el Estado interpuso la queja para que se modificara el efecto del recurso y se le otorgara carácter suspensivo, a lo que accedió la Cámara. La Sala VIII hizo lugar a ese planteo y fundó su decisión en el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado. Esa norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales. Los jueces sostuvieron que, prima facie, en el caso no se encontraban configuradas esas excepciones. El planteo de la CGT Al plantear la recusación, la CGT advirtió sobre el beneficio que recibió uno de los jueces de la Cámara. “Asociación de beneficios mutuos” entre un magistrado y el Poder Ejecutivo, manifestó la central obrera en un duro escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusó a integrantes de la Sala VIII, pidió la nulidad de una resolución clave y, en subsidio, solicitó su revocatoria. El planteo apunta directamente contra la decisión que otorgó efecto suspensivo a la apelación del Estado nacional contra una medida cautelar que había frenado aspectos de la reforma laboral. En el escrito, la central obrera sostiene que el pronunciamiento cuestionado “ha sido dictado por jueces comprendidos en causas legales de recusación, con clara ausencia de competencia y sobre la base de manifiestos yerros”, lo que -según advierte – genera un “gravamen irreparable” para los trabajadores. Nulidad por falta de competencia Otro de los puntos centrales es el pedido de nulidad absoluta de la resolución dictada el 23 de abril. Según la CGT, la Sala VIII carecía de competencia para intervenir, ya que la causa debía tramitar ante otra sala por aplicación del principio de prevención. “El acto es nulo de nulidad absoluta”, sostiene el escrito, al tiempo que remarca que la decisión fue adoptada “sin correr traslado” a la parte actora, lo que vulneró el derecho de defensa. En esa línea, la organización sindical denuncia una “manifiesta parcialidad hacia el Estado Nacional” y cuestiona la “premura” con la que se dictó la resolución. Críticas al contenido del fallo La CGT también apunta contra los fundamentos de la decisión judicial. En particular, rechaza que se haya otorgado efecto suspensivo a la apelación del Estado, lo que dejó sin efecto práctico la medida cautelar que protegía derechos laborales. “Nos cuesta imaginar por qué razón estos jueces consideran que los trabajadores no son socialmente vulnerables”, señala el escrito, en referencia a la interpretación de la ley de medidas cautelares contra el Estado. Además, advierte que el criterio adoptado “haría desaparecer la justicia cautelar”, al permitir que una apelación paralice automáticamente cualquier medida de protección urgente. Ámbito

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y con el acompañamiento de UNICEF, puso en marcha un ciclo de formación destinado a fortalecer las capacidades institucionales y el trabajo de quienes se desempeñan en el cuidado de la primera infancia. La propuesta, que tendrá una duración de siete meses, está orientada a equipos técnicos y personal de distintos dispositivos territoriales, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y promover la corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las comunidades en la protección de los derechos de niños y niñas. La apertura de esta instancia formativa estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez; la subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, Gabriela Madzrevich; y la consultora de Salud y Primera Infancia de UNICEF, Claudia Castro, quien además es responsable de las capacitaciones. “Queremos garantizar lo mínimo, que son las condiciones de salud e higiene, para luego ir hacia lo máximo: que los niños puedan interactuar con el arte, el deporte y la cultura para desarrollarse en plenitud”, expresó Gutiérrez, al tiempo que remarcó que “el fortalecimiento del capital humano es clave para transformar las instituciones de cuidado”. En esta primera etapa participan representantes de seis localidades: Pampa del Infierno, Basail, Presidencia Roque Sáenz Peña, Laguna Blanca, Fontana y Barranqueras. Los participantes se formarán como formadores, con la misión de replicar los contenidos en sus territorios, especialmente en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Centros Integrales de Fortalecimiento Familiar (CIFF). El trayecto formativo está estructurado en cuatro ejes principales: Desarrollo Infantil, Habilidades Pedagógicas, Derechos, y Salud y Nutrición. A través de estos contenidos, se busca profesionalizar las prácticas de cuidado y consolidar equipos con herramientas actualizadas para el abordaje integral de la primera infancia. Durante este primer encuentro, se combinaron instancias teóricas con dinámicas grupales y trabajo en comisiones técnicas, donde se analizaron los módulos de enseñanza y se definieron los cronogramas de implementación en cada territorio. La iniciativa se enmarca en una agenda conjunta entre el Gobierno provincial y UNICEF, que continuará ampliándose con la incorporación de nuevas localidades y actores, fortaleciendo así una red de cuidado integral para las primeras infancias en todo el Chaco.

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura informó este martes el fallecimiento de la Dra. Clotilde Noemí Sogari, generando conmoción en el ámbito académico de la Universidad Nacional del Nordeste. La comunidad académica despidió con profundo dolor a la reconocida profesional. A través de un comunicado oficial, la institución expresó su profundo pesar por la pérdida y destacó el acompañamiento a sus seres queridos en este difícil momento. Dolor en la comunidad académica Desde la casa de estudios señalaron que docentes, estudiantes y colegas lamentan la partida de Sogari, quien dejó una huella en el ámbito universitario. En ese sentido, remarcaron que la comunidad académica acompaña a su familia y amigos, recordándola con respeto y afecto. El fallecimiento de la Dra. Sogari generó múltiples expresiones de pesar, reflejando el impacto de su trayectoria y compromiso con la educación y la formación profesional en la provincia. El Litoral

Les atribuyeron integrar una asociación ilícita que cometió al menos 12 hechos, entre enero y mayo de 2025, en el peaje ubicado a la altura de General Lagos, con un total de 1.144 kilogramos de hojas de coca. También se los acusa de haber recibido coimas y de encubrir hechos de contrabando, agravados por su condición de funcionarios públicos. El Área Investigación y Litigio Casos Complejos-Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario formalizó la imputación contra once gendarmes del Escuadrón 46 Sección Seguridad Vial “Arroyo Seco” por integrar una asociación ilícita, entre otros delitos, para apropiarse de cargamentos de contrabando de hojas de coca a granel, que incautaban de forma ilegal en procedimientos realizados en el peaje General Lagos de la autopista Rosario-Buenos Aires, que luego comercializaban en el mercado minorista. La formalización se dio en el marco de una extensa audiencia oral y pública ante el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodríguez Da Cruz, que se desdobló entre el viernes 10 de abril y el pasado viernes 24, donde la fiscalía expuso la teoría del caso y las evidencias que sustentaron la imputación, además de solicitar las medidas cautelares y de coerción patrimonial y personal para todos los involucrados. Los fiscales coadyuvantes Franco Benetti y Matías Mené imputaron a los gendarmes los delitos de asociación ilícita en carácter de coautores, en concurso real con cohecho pasivo, y encubrimiento de contrabando por no haber denunciado los hechos estando obligados a ello, agravado por su carácter de funcionario público, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los acusados integran el Escuadrón 46 Seguridad Vial de Arroyo Seco, provincia de Santa Fe, y fueron individualizados como Humberto R., Jorge B.; Andrés G.; Esteban B.M., Fabián P., Francisco V., Juan S., David B., Norberto C., Marcos Antonio B. y Enzo Gastón N.V, este último con un rol preponderante y quien estaba en situación de disponibilidad por realizar operativos falsos. A todos les atribuyeron haber formado parte de una organización criminal destinada a cometer ilícitos, entre el 19 de enero de 2025 y el 5 de mayo de 2025, con el fin de apropiarse de cargamentos de contrabando de hojas de coca en estado natural a granel, a fin de venderlos y obtener un rédito económico. A pedido de la fiscalía, el juez dispuso para todos los imputados las obligaciones de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación, de presentarse periódicamente ante la Oficina Judicial o autoridad de sus lugares de residencia, y la prohibición de salir del país sin autorización previa. Además, ordenó el embargo preventivo de vehículos y la inhibición general para cada uno, con montos de entre 8 millones y 293 millones de pesos, con la finalidad de asegurar el decomiso de bienes. En caso de resultar condenados por el delito de encubrimiento de contrabando podrían afrontar multas de entre 4 y 20 veces el valor de la mercadería objeto del delito. Comunidad delictiva Al exponer la complejidad del caso, el fiscal Mené dividió la imputación respecto de la figura de asociación Ilícita de los hechos concretos de cohecho y encubrimiento de contrabando que se atribuyó a todos los gendarmes, y por otro lado a una mujer oriunda de Rosario, también imputada, por comprar parte del cargamento. La imputación se centró en una “comunidad delictiva” que implicó división de roles. De acuerdo con el MPF, nueve gendarmes se encargaban de obtener los cargamentos de hoja de coca de contrabando durante controles vehiculares y los entregaban a Enzo Gastón N.V., quien resultó detenido el 5 de mayo de 2025 mientras transportaba 180 kilos de hojas de coca. Este hecho marcó el inicio de la investigación. Según expuso el fiscal, el gendarme detenido en esa oportunidad acordaba previamente el precio de los cargamentos, coordinaba la entrega con miembros del escuadrón y lo vendía a personas que lo comercializaban. En ese eslabón se ubicó a la mujer imputada como autora de siete hechos de encubrimiento de contrabando por adquisición de mercadería extranjera proveniente de ese delito. En la pesquisa se corroboró que la mujer recibía y pagaba por los cargamentos que le vendía el gendarme N.V. El 28 de mayo de 2025 se incautaron ocho bolsones, cada uno con 22 kilos de hoja de coca, durante un allanamiento en su domicilio. Maniobras sistemáticas En relación a los gendarmes, los fiscales describieron doce hechos bajo la misma modalidad. Explicaron que el primero de ellos ocurrió el 19 de enero de 2025 cuando Francisco Javier V. incautó un cargamento de 80 kilogramos de hojas de coca introducidas al país en infracción al régimen aduanero y omitió denunciar esa circunstancia a la autoridad competente. Luego recibió $375.000 por parte de Enzo Gastón N.V para entregar el cargamento. Según la teoría del caso expuesta por la fiscalía, la relación comercial entre esos dos gendarmes comenzó cuando Marcos Antonio B. los presentó y puso en contacto. Ese funcionario fue el encargado de buscar el cargamento de hojas de coca en Arroyo Seco y se lo entregó a N.V. El 30 de enero de 2025 se desplegó una acción calcada en la que participaron Jorge Luis B., Juan Héctor S. y Fabián P., cuando en un operativo vehicular obtuvieron 131 kilogramos de hojas de coca. Ese día, Enzo Gastón N.V. pagó $3.596.000 a sus colegas mediante diversas transferencias bancarias y en efectivo. El 3 de febrero del año pasado repitieron la maniobra. Jorge B. obtuvo un cargamento de 67 kilogramos de hojas y Enzo Gastón N.V. le pagó $1.957.500 mediante transferencias y en efectivo. Dos semanas después, el 17 de febrero, el mismo gendarme se apropió de un cargamento de 22 kilogramos de hojas de coca, y recibió $607.500 que le transfirió Enzo Gastón N.V a cambio de la mercadería. El 30 de marzo, en tanto, se reiteró la operatoria con 132 kilogramos de hojas de coca, a cambio de los cuales N.V pagó $4.300.000 en efectivo, y el 5 de abril de 2025 obtuvo un nuevo cargamento de 20 kilogramos por

En la madrugada de este martes, se registró un grave incidente en la Comisaría de Colonias Unidas que involucró a personal policial de turno y derivó en la inmediata intervención de órganos de control y la justicia. Según informó jefatura de Policía, alrededor de las 4.30, se tomó conocimiento de que un Oficial, por causas que son objeto de investigación, efectuó varios disparos dentro del sector de la guardia de prevención de la unidad. Como consecuencia del hecho, un Agente resultó con una herida de arma de fuego en su brazo izquierdo. El efectivo lesionado fue asistido en primera instancia en el nosocomio local y luego derivado al Hospital Félix A. Pertile de General San Martín. Según el parte médico, presenta una fractura multifragmentaria de la diáfisis humeral, por lo cual se dispuso su traslado al Hospital Perrando de Resistencia para una atención de mayor complejidad. Bajo la supervisión de la Ayudante Fiscal N° 2 de General San Martín, Dra. Valeria Verón, y el Gabinete Científico, se realizaron las pericias en el lugar, procediéndose al secuestro del arma reglamentaria Bersa 9mm, vainas servidas, cartuchos y el equipo de telefonía del oficial involucrado. Además, el Oficial fue detenido y trasladado para los exámenes toxicológicos y forenses ordenados por la fiscalía interviniente. Por disposición del Ministro de Seguridad, el Órgano de Control Institucional (OCI) tomó intervención directa y se le inició un  sumario administrativo al efectivo policial, también fue separado del servicio con retenciones de haberes.

El grupo liderado por los hermanos Neuss y Jorge Brito ofreció US$356 millones, si bien el dato se conoció una hora después que el del resto de los participantes; Central Puerto había propuesto US$301 millones y Edenor, US$230 millones. En un proceso de licitación que no tuvo la prolijidad que se esperaba, Edison Energía-Genneia hizo la mayor oferta para quedarse con Transener. La apertura de sobres por la participación estatal en Citelec —la sociedad controlante de la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país— estuvo marcada por una falla en la plataforma Contratar, el sistema oficial donde el Estado publica sus licitaciones, que retrasó una hora la publicación de la oferta ganadora y dejó al sector energético en vilo durante toda la mañana. A las 10, hora prevista para la publicación simultánea de los tres sobres, solo aparecieron dos: el de Central Puerto, por US$301 millones, y el de Edenor, por US$230 millones. Un salto estratégico Para Edison Energía, quedarse con Transener implica coronar dos años de expansión a un ritmo sin precedentes en el sector eléctrico argentino. El vehículo inversor integrado por los hermanos Neuss —cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo—, los socios del fondo Inverlat (Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai) y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli del Grupo Newsan, acumuló en ese período la distribuidora tucumana EDET, la Empresa Jujeña de Energía (Ejesa), la transportista Litsa, la central hidroeléctrica Potrerillos y las represas Alicurá y Cerros Colorados del Comahue, estas últimas por US$226 millones. Genneia, por su parte, es la principal generadora de energías renovables del país. Sumar Transener le da al grupo una presencia transversal en toda la cadena eléctrica: generación, transporte y distribución. En caso de concretarse la adjudicación, el paquete accionario seguirá siendo manejado por Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin —actual socio del Estado en Citelec—, tal como anticiparon las partes. “Son tres compañías con la misma visión estratégica sobre Transener, pero con independencia en las decisiones”, señalaron. Transener opera el 85% de la red de líneas de alta tensión del país y supervisa el 15% restante. Administra más de 15.000 kilómetros del sistema de extra alta tensión de 500 kV, que constituye la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La estructura accionaria que se disputó es indirecta: el Estado posee el 26,32% de Transener a través de Enarsa, que controla el 50% de Citelec junto a Pampa Energía. El resto de la participación se distribuye entre la Anses (19,57%) y el capital flotante que cotiza en la Bolsa porteña (27,79%). El activo que acaba de cambiar de manos carga con un diagnóstico técnico severo. Pablo Tarca, director general de Transener, lo expuso en una audiencia pública: la demanda de electricidad creció 117% entre 2002 y 2024, mientras que el sistema de transporte se expandió apenas un 54%. “Tenemos un sistema fuertemente saturado”, advirtió. En 20 de los últimos 33 años, el sector convivió con situaciones de emergencia económica, lo que derivó en restricción de inversiones y baja rentabilidad crónica. El congelamiento de tarifas y los mecanismos de ajuste discrecional aplicados durante décadas tienen una responsabilidad directa en ese resultado. La Nación

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Belgrano Cargas, al disponer que parte del material rodante de la empresa estatal podrá integrarse a las futuras concesiones ferroviarias de cargas. La medida alcanza a locomotoras, vagones y otros activos, que serán incorporados en las licitaciones de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 282/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro del esquema de desintegración vertical definido para la compañía, declarada sujeta a privatización por la Ley Bases. Ese modelo preveía separar las distintas unidades de negocio: por un lado la concesión de vías e infraestructura, y por otro la venta de activos ferroviarios. Sin embargo, con la nueva resolución, el Poder Ejecutivo estableció que parte del material rodante no será rematado por separado, sino que podrá incluirse directamente en los contratos de concesión de las vías. Según explicó el Gobierno, el objetivo es fortalecer la viabilidad económica de las futuras concesiones durante la transición hacia un sistema de acceso abierto a la red ferroviaria. De esta manera, las empresas adjudicatarias podrán contar con una fuente adicional de ingresos y herramientas operativas para encarar obras, mantenimiento y explotación de los corredores ferroviarios. Los fondos obtenidos por la venta de ese material rodante serán destinados a un fideicomiso estatal orientado al financiamiento de infraestructura vial y ferroviaria. Según el decreto, esos recursos deberán utilizarse para obras sobre las vías que formen parte de las concesiones. Además, el Ministerio de Economía fue instruido para fijar el precio de venta de los activos incluidos en las concesiones, tomando como referencia mínima la tasación que realiza el Tribunal de Tasaciones de la Nación. En paralelo, la Secretaría de Transporte deberá identificar en los pliegos licitatorios qué locomotoras, vagones u otros bienes serán incorporados en cada proceso correspondiente a las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza. Cómo es la privatización del Belgrano Cargas El Belgrano Cargas fue incluido en la lista de empresas “sujetas a privatización” según lo establecido en la Ley Bases. Luego, en febrero de 2025 y, mediante el Decreto 67/2025, Milei había “autorizado el procedimiento para la privatización total de BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA SOCIEDAD ANÓNIMA mediante la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio, bajo la modalidad de remate público para la venta del material rodante, y a través de la celebración de contratos de concesión de obra pública para las vías y sus inmuebles aledaños, y el uso de los talleres ferroviarios”. Posteriormente, a través de la Resolución 1049/2025 de julio de 2025, se instruyó a la Secretaría de Transporte a “elaborar y gestionar la documentación licitatoria, técnica y contractual, con la previa intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas”. En ese marco, la resolución de Transporte insta a “concretar el remate público del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo administración de Belgrano Cargas”, “concesionar las vías férreas e inmuebles aledaños de las Líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza” y “concesionar el uso de los talleres ferroviarios” de esas líneas de trenes. El Destape

En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente de la Unión Industrial del Chaco (UICh), Aldo Kaston, aseguró que la situación industrial en todo el país “es negativa” y que “se empeora día a día”. Desde las entidades del norte del país impulsan que se declare la emergencia industrial. Con indicadores de producción en caída libre y un consumo interno paralizado, las uniones industriales de la región han llevado un reclamo urgente al Congreso de la Nación: la declaración de una Ley de Emergencia Industrial. Kaston explicó que la industria opera actualmente bajo indicadores “alarmantes”. Si bien el promedio de capacidad instalada ronda el 54%, existen sectores como el textil que apenas alcanzan un 30%. Según el dirigente, no se ha llegado al “piso” de la crisis y la situación empeora día a día. La consecuencia más inmediata es la pérdida de mano de obra. Ante la falta de ventas y la imposibilidad de acumular stock por los altos costos operativos, las empresas se ven forzadas a reducir personal. “Nos sacamos de encima personal que ya no se va a recuperar, porque son empleados capacitados que, una vez que se van, no vuelven”, lamentó Kaston. El reclamo por una Ley de Emergencia Frente a este escenario, las 10 uniones industriales del norte (UNINOR) presentaron un documento ante la Cámara de Diputados y el Senado solicitando medidas extraordinarias. El pedido no busca subsidios, sino un “paréntesis” en la presión impositiva y el costo de los servicios. Kaston denunció que los impuestos locales, provinciales y nacionales, sumados al costo de la energía, hacen que la actividad sea insostenible. Aunque el reclamo fue recibido en el Congreso, el dirigente calificó la gestión hasta ahora como “un ladrido a la luna”, debido al poder de veto y la postura del Ejecutivo Nacional. Críticas a la política de importaciones y la competencia con China Uno de los puntos de mayor fricción es la apertura comercial. Kaston señaló que la industria local no compite con pares extranjeros, sino con Estados que subsidian su producción, como es el caso de China. “Cuesta 30 dólares la producción de un termo (inventado y patentado en Argentina) y se importa por 5 dólares de China. Eso es inviable”, ejemplificó para ilustrar la imposibilidad de competir sin protección estatal. Además, cuestionó que mientras otros países como Estados Unidos aplican políticas proteccionistas, Argentina facilita el ingreso de productos extranjeros que ni siquiera utilizan materia prima o mano de obra nacional, refiriéndose a las consecuencias del RIGI y las inversiones en zonas fronterizas. Sectores estratégicos en riesgo Finalmente, Kaston alertó sobre el cierre de industrias que considera “estratégicas” para la soberanía del país, mencionando la fabricación de cubiertas de camiones y el riesgo sobre el sistema energético y la infraestructura vial. “No pueden seguir gobernando solamente mirando el Excel de la deuda externa”, sentenció, haciendo un llamado a los ejecutivos provinciales y nacionales para que pongan a la producción nacional en su “brújula” antes de que el deterioro social sea irreversible.

La Defensoría del Pueblo de Resistencia intensifica sus acciones de concientización frente al avance del bullying y el grooming entre niños, niñas y adolescentes. A través de charlas en escuelas, merenderos y espacios comunitarios, el organismo busca acercar información y herramientas tanto a estudiantes como a familias y docentes. En declaraciones a CIUDAD TV, la defensora adjunta Débora Ganeff explicó que estas jornadas forman parte de un trabajo sostenido que apunta a “bajar a territorio” la legislación vigente. “Tenemos normas muy completas, pero muchas veces la ciudadanía no las conoce. Por eso llevamos estos temas directamente a las instituciones”, señaló. Un problema que se agravó con las redes Ganeff advirtió que, si bien el acoso escolar no es un fenómeno nuevo, en la actualidad se ha potenciado con el uso de redes sociales. “Antes el bullying quedaba en la escuela; hoy se traslada a los hogares a través de lo digital, donde el hostigamiento continúa incluso fuera del horario escolar”, indicó. En ese sentido, remarcó los riesgos del anonimato en internet y la suplantación de identidad. “Muchos chicos creen que interactúan con pares, pero no saben quién está del otro lado. Ahí aparecen delitos como el grooming, donde un adulto busca ganarse la confianza de un menor con fines sexuales”, explicó. Preocupación por amenazas escolares Uno de los puntos que genera mayor alarma son las amenazas que circulan en ámbitos educativos. Según la funcionaria, muchos adolescentes no dimensionan la gravedad de estas acciones. “Lo toman como un juego, pero alteran la vida escolar, generan miedo en otros alumnos y preocupación en las familias”, sostuvo. Frente a esto, la Defensoría impulsa el mensaje de “tolerancia cero” ante cualquier hecho de violencia, con el objetivo de prevenir situaciones más graves. Rol clave de padres, docentes y Estado Ganeff insistió en la necesidad de un abordaje integral. “Esto no se soluciona con una sola parte. Padres, docentes y organismos del Estado tenemos que trabajar en conjunto”, afirmó. Entre las señales de alerta, mencionó el aislamiento, el bajo rendimiento escolar, la negativa a asistir a clases o cambios en el estado de ánimo. “Son indicadores que requieren atención inmediata y diálogo”, subrayó. Además, recordó que cualquier persona puede denunciar la vulneración de derechos de un menor, y que en esos casos debe intervenir la línea 102. También destacó que docentes y personal de salud tienen la obligación de actuar ante situaciones de este tipo. Más participación y apertura al diálogo Las jornadas ya se realizaron en instituciones como el Colegio Estrada, la Escuela de Comercio y el Colegio Nacional, entre otras. Según Ganeff, tras cada encuentro, muchos estudiantes se acercan a contar situaciones que antes callaban por miedo o vergüenza. “Se está perdiendo el temor a hablar, y eso es positivo. También vemos mayor compromiso de los docentes y una apertura creciente de los padres”, valoró. En paralelo, crece el debate sobre la responsabilidad de los adultos. Ganeff mencionó proyectos legislativos que plantean sanciones a padres de menores involucrados en hechos de violencia escolar, incluyendo multas o trabajo comunitario. “Puede ser una herramienta para generar mayor compromiso familiar y prevenir estas conductas”, consideró. Cómo acceder a las capacitaciones Desde la Defensoría informaron que las jornadas continúan abiertas a toda la comunidad. Las instituciones interesadas pueden solicitar capacitaciones a través de redes sociales o contacto directo con el organismo. “El objetivo es que la información llegue a todos. No alcanza con que la ley exista, hay que hacerla conocer para poder prevenir”, concluyó Ganeff.

Lo confirmó en las últimas horas el senador nacional Eduardo Vischi (UCR), a la vez, dijo que la mayoría de los pliegos enviados por el presidente Javier Milei a la Cámara alta del Congreso, “son de fiscales”. La Justicia Federal de Corrientes, como la de otras provincias, mantiene una importante cantidad de vacantes. En el caso del distrito correntino son 7, distribuidos en la ciudad capital y el interior. Desde jueces de cámaras hasta fiscales, de primera instancia, de cámara y de tribunales orales. A pesar de esa cantidad de cargos sin cubrir, por ahora el gobierno nacional no envió ningún pliego para cubrir esos lugares en la Justicia Federal de Corrientes.Se espera que en los próximos meses el Poder Ejecutivo envíe pliegos de candidatos a cubrir cargos judiciales federales, en Corrientes. Las declaraciones del Senador correntino realizó en el programa ‘Antes que se imprima’ que conduce el periodista Raúl Acevedo. Corrientes Hoy

Los 260 despedidos de la planta industrial en la segunda ciudad correntina, volvieron a protestar el pasado domingo por la noche frente al domicilio de los propietarios de la empresa que cerró a fines de enero pasado. Los trabajadores de la hilandería reclaman el pago de sus indemnizaciones. La 49° edición del Fiesta Nacional del Surubí que ya está en marcha en Goya, podría ser una vidriera donde se exhiba el drama de los ex trabajadores de la Textil Alal despedidos en enero pasado. Los operarios quieren cobrar sus indemnizaciones y denuncian un estado de abandono, durante los últimos días hicieron una pegatina en la zona de la ribera goyana donde se desarrolla el evento pesquero, para visibilizar la protesta. Hay que tener en cuenta que el gobernador Juan Pablo Valdés, precisamente se instalará desde este martes en Goya para participar de la fiesta. Esta tarde está prevista la inauguración de la costanera goyana. Corrientes

El gobernador Leandro Zdero, a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía y Servicios Públicos, puso en marcha “Luz Rural”, un programa integral de electrificación destinado a ampliar el acceso a la energía eléctrica en sectores rurales del Chaco. Se trata de una política pública ejecutada íntegramente por el Estado provincial, que contempla tanto la provisión de materiales como la ejecución de las obras, con el objetivo de brindar respuestas concretas a familias que históricamente no contaban con este servicio esencial. En una primera etapa, el programa proyecta beneficiar a más de 500 usuarios rurales mediante la construcción de aproximadamente 349 kilómetros de líneas de media tensión. La inversión supera los $4.500 millones en materiales y alcanza los $6.300 millones al incluir la mano de obra. La iniciativa se implementa de manera articulada, a partir de los requerimientos de los usuarios y del relevamiento territorial realizado por la Subsecretaría de Energía, priorizando las necesidades de cada comunidad y garantizando una planificación eficiente. “Luz Rural” tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias, fortalecer el desarrollo productivo y promover el arraigo rural, consolidando una política de gestión que posiciona a la infraestructura como motor del crecimiento en todo el territorio provincial.

En diálogo con CIUDAD TV, el jefe comunal de Juan José Castelli, Pio Sander, dio precisiones de las tareas que llevan adelante desde el Municipio en apoyo a los vecinos y a los productores rurales afectados por las copiosas lluvias que inundaron esa localidad durante la semana pasada. “Después de que nos acomodamos un poco en la ciudad, empezamos a salir a los campos para podernos acercar a productores, a familias que viven del otro lado de algún corte importante de los caminos terciarios, de las rutas, en donde no pueden atravesar para venir, por ejemplo, al médico, abastecerse de mercadería, o buscar algunos alimentos únicamente para sus animales. Así que es el trabajo que estamos llevando adelante”, precisó Sander. En ese contexto, destacó que “en la ciudad, gracias a Dios, el agua se retiró. Funcionaron muy bien nuestros desagües internos en la ciudad. Tuvimos algunas complicaciones por la gran cantidad de agua, por la gran masa de agua que tenía la ciudad. Poderla sacar de la ciudad sobre la ruta 95, pero la verdad que con bombas, con la colaboración del intendente José Carbajal de La Leonesa, con bombas que tenemos nosotros aquí en la ciudad, pudimos desagotar la ciudad y te diría que ha bajado muchísimo”. Sander explicó que “necesitamos tener todo desagotado por si llega a volver a llover el fin de semana, como está anunciado. Así que seguimos trabajando con asistencia, con acercarnos a los vecinos, escuchar los problemas y seguir trabajando para recuperar todo lo que se perdió”. El intendente explicó que la gente en la ciudad “perdió muchos muebles, los muebles que son con materiales más frágiles, como el aglomerado. Mucha gente ocurre que nunca se inundó, jamás le entró agua en la casa y bueno, dejan cosas en el piso, la mochila, los chicos, los útiles. Bueno, esas cuestiones como que hizo bastante daño”. “Después también algunas heladeras, algunos freezers y todo lo que sea la parte industrial nuestra, está ubicada en la zona sur del parque industrial, es en donde más agua se acumuló. Allí las carpinterías, algunas industrias chicas que tenemos en la ciudad estuvieron muy afectadas”, describió. “La fábrica de escobas, por ejemplo, ha perdido parte de la materia para hacer las escobas y bueno, todos los motores, las máquinas también quedaron al agua”, agregó.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo evitó declarar este martes durante la ampliación de su indagatoria en la causa que revisa un amplio abanico de irregularidades dentro de un sistema de compras del organismo. Allegados al exfuncionario indicaron que “no declarará hasta que no se realice la pericia” de los audios que dispararon el escándalo dentro de la agencia -y posteriormente la investigación-, en los que una voz que sería la de Spagnuolo hablaba de un sistema de coimas dentro de la agencia. La postura de Spagnuolo y de otros implicados que pidieron la nulidad de la causa es que la presunta falsedad de los audios podría comprometer a la causa por entero. Para el fiscal del caso, Franco Picardi, en cambio, esas grabaciones son accesorias y no constituyen una prueba angular de su acusación, que fue ampliada a comienzos de abril. Spagnuolo ya había sido indagado y procesado en febrero. La causa tiene bajo estudio maniobras que implicaron salidas de dinero de Andis por más de 75.000 millones de pesos. La convocatoria de este martes se dio a partir de nuevos hallazgos del fiscal Picardi y en el marco de una segunda tanda de citaciones, que incluye también a una treintena de personas acusadas de integrar una presunta red de compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, en complicidad con droguerías. Los nuevos elementos en los que el fiscal basó su acusación surgen del secuestro de teléfonos y del análisis de un sistema interno de compras, que habría sido manipulado por funcionarios y operadores externos, sin cargos oficiales en el organismo. A partir de esa información, Picardi detectó otras irregularidades, que no se limitarían al rubro de medicamentos, sino que se extenderían también a la compra de insumos. Spagnuolo, máximo responsable de la agencia en el periodo investigado, fue procesado por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público. La decisión corrió por cuenta del juez Sebastián Casanello, que hasta febrero de este año subrogaba el juzgado 11, donde tramita el caso. Vencida esa suplencia, el juzgado pasó a manos del juez Ariel Lijo, que aceptó el pedido de ampliación de Picardi, y convocó a Spagnuolo a una nueva indagatoria. Los otros supuestos jefes de la banda, también procesados, son Daniel Garbellini -exnúmero dos de la Agencia-, Miguel Ángel Calvete y el médico Pablo Atchabahian. En el centro de la acusación sigue estando el sistema especial de compras para insumos médicos de alto costo llamado Siipfis (Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones). Según el fiscal Picardi, fue manipulado por funcionarios y operadores externos en favor de un grupo selecto de empresas y en detrimento de las arcas públicas. Hubo simulación de competencia, sobreprecios, direccionamiento y retornos. La Nación