Carlos Funes, presidente de COSSPRA, señaló que los medicamentos de alto costo absorben un 30% del presupuesto de las obras sociales provinciales, cuyos ingresos dependen de los salarios. Propuso negociar precios con el sector farmacéutico y avanzar en una cartera básica de prestaciones de salud. Los referentes de las obras sociales provinciales de todo el país nucleados en el Consejo de Obras Sociales de la República Argentina (Cosspra) se reunieron en Puerto Iguazú para debatir el rumbo del sistema de salud en un escenario atravesado por el desfasaje financiero y el impacto de los insumos médicos. El presidente, Carlos Funes, remarcó que el sector necesita superar la fase de debate para avanzar en soluciones concretas que garanticen la atención de las familias trabajadoras. En ese sentido, fue contundente respecto al momento que atraviesa la gestión sanitaria: “Estamos en un momento crítico, pero es un momento bisagra para que tomemos decisiones”. Para el titular del organismo, las 24 representaciones provinciales comparten problemas estructurales que van más allá de las particularidades de cada jurisdicción. “Hicimos mucho diagnóstico de la problemática, la tenemos bastante clara. Como en este auditorio están los actores más importantes del sistema, creo que somos capaces de salir de esa queja y empezar a proponer pequeñas medidas de solución”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el sector no busca llevar únicamente reclamos a las autoridades nacionales, sino elevar proyectos de aplicación inmediata. Por eso, el titular de Cosspra remarcó la postura de las instituciones: “Yo ya estoy cansado de reclamos. Yo quiero hacerle propuestas al ministro”. El peso de los medicamentos Entre los ejes que las obras sociales provinciales buscan impulsar a nivel federal, se destacan tres medidas concretas para unificar criterios de atención. El dirigente explicó: “Necesitamos que se genere en el país una historia clínica unificada”. A su vez, remarcó la importancia de fijar prioridades en las coberturas: “Hoy me parece que tenemos que trabajar sobre una cartera básica de prestaciones y ponerle un monto: cuánto sale en cada lugar y cómo sostenerlo financieramente”. La distorsión de precios en los insumos y en la medicina de alto costo es uno de los puntos que genera mayor presión sobre los presupuestos de las provincias, que dependen de manera directa del salario de los empleados. El titular de Cosspra fue muy claro al describir la brecha inflacionaria que enfrentó el sector: “En el año 23 y 24 llegamos a tener una inflación interanual en los medicamentos que estuvo rondando el 700 %, cuando nuestros ingresos atados a un sueldo nunca fueron eso”. A raíz de esta situación, llamó a revisar los márgenes con la industria farmacéutica para resguardar al afiliado. Funes remarcó que se necesita una mesa de negociación: “La única manera de darle batalla a eso es pedirle al que fabrica y vende que sus márgenes de ganancia empiece a repensarlos. Tenemos que atender a ese ser humano que está necesitando una atención de salud”. El impacto del desborde de la salud pública Dado que las obras sociales provinciales se financian con los aportes y contribuciones de la masa salarial local, la pérdida del poder adquisitivo repercute sin intermediarios en la capacidad de financiamiento. Para los administradores del sistema, la recaudación refleja la misma realidad que viven las familias en sus hogares. El presidente de la entidad trazó un paralelismo sobre la coyuntura del trabajador: “Las obras sociales tienen la realidad de la que tiene un ser humano en su casa. Si el sueldo no está llegando a fin de mes, a nosotros nos aportan una parte del sueldo, entonces esas variables también nos afectan”. Por último, el referente de la entidad alertó sobre las fallas del sistema nacional de obras sociales sindicales y prepagas, que terminan recargando la atención en los hospitales públicos de los Estados provinciales. Para el dirigente, la falta de cobertura efectiva de muchas entidades privadas provoca un desborde en el sector estatal. “Hay un desorden en el sistema. Esa persona aportaba a un sistema, nunca le dieron la prestación y terminó yendo al hospital público y lo absorbió el Estado”. Misiones Online
Autor: Redacción General
El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, junto a los vocales Daniel Monti y Alberto Mahave, estuvieron en las unidades habitacionales que transitan la etapa final de construcción. El objetivo es avanzar hacia la entrega de las casas a las familias que ya fueron adjudicadas mediante sorteo público. Las autoridades verificaron el estado de las unidades habitacionales y los trabajos pendientes para su finalización. Las viviendas ya fueron sorteadas públicamente y actualmente atraviesan los últimos detalles de obra, previos a su habilitación y posterior entrega a las familias beneficiarias, que esperan concretar el sueño de la casa propia. Durante la visita, las autoridades destacaron la importancia de dar continuidad a las obras habitacionales en la provincia y avanzar en la finalización de los proyectos en ejecución, para brindar respuestas concretas a la demanda de vivienda de los chaqueños. Desde el IPDUV ratificaron el compromiso del Gobierno provincial de sostener el desarrollo de obras en distintas localidades, priorizando la finalización de las unidades habitacionales y el cumplimiento de los procesos necesarios para su entrega. De esta manera, el organismo continúa trabajando para ampliar el acceso a la vivienda digna y generar mejores condiciones de vida para las familias chaqueñas.
El Gobernador firmó este miércoles un comodato por cinco años para que la institución desarrolle un proyecto deportivo, recreativo y social en una fracción de un inmueble ubicado en el área del Aeropuerto Internacional de Resistencia. La iniciativa prevé canchas de tenis y pádel, espacios recreativos y una escuela deportiva con propuestas inclusivas para niños y jóvenes. El acuerdo se formalizó mediante un comodato por cinco años, con la posibilidad de prórroga o de avanzar hacia una cesión definitiva, de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos y objetivos establecidos en el proyecto. La iniciativa se enmarca en la política provincial de acompañamiento a las instituciones deportivas y de recuperación y puesta en valor de espacios para el desarrollo comunitario. “Estamos cumpliendo un sueño que esta fundación, que reúne a amigos del tenis, viene buscando desde hace mucho tiempo. En el marco de ordenar la cuestión deportiva y acompañar a las instituciones de la provincia, les damos un lugar para que puedan construir y fortalecer este polo deportivo que se está desarrollando en el ingreso al aeropuerto”, expresó Zdero, acompañado del secretario general de la Gobernación, Julio Ferro. El mandatario destacó que la decisión forma parte de una política de Estado que busca acompañar a las instituciones deportivas en todo el territorio provincial, desde los clubes de barrio hasta las entidades que promueven distintas disciplinas. En ese sentido, mencionó el trabajo que se realiza a través del Instituto del Deporte y el programa Chaco Juega, junto con las acciones destinadas a recuperar inmuebles para ponerlos al servicio de la comunidad. “Estamos recuperando terrenos y bienes para darles un destino social, deportivo y de seguridad. Este espacio se suma al polo deportivo que estamos desarrollando en la zona del aeropuerto, donde también avanzan proyectos vinculados al fútbol, al rugby y a espacios recreativos para las familias”, sostuvo. Asimismo, remarcó la importancia de generar ámbitos que permitan la práctica deportiva, la recreación y el encuentro familiar, mediante la incorporación de canchas y senderos para actividades aeróbicas. Un proyecto deportivo con fin social e inclusivo Por su parte, el presidente de la Fundación Chaco Tennis, Juan Sebastián Ayala Pozzi, agradeció el acompañamiento del Gobernador Zdero y destacó la importancia de contar con un espacio para concretar el proyecto institucional. “Estamos totalmente agradecidos con el Gobernador por este apoyo y por creer en la fundación. Tenemos un cronograma de avance de obra que iremos cumpliendo gradualmente, de acuerdo con los objetivos previstos”, señaló. El proyecto contempla la construcción de canchas de tenis y pádel, espacios para la práctica de fútbol y sectores recreativos destinados a las familias. Además, prevé la creación de una escuela deportiva de tenis abierta a niños y jóvenes, independientemente de su condición socioeconómica, y actividades adaptadas para personas con discapacidad. Ayala Pozzi explicó que los trabajos comenzarán con la nivelación del terreno y continuarán por etapas, de acuerdo con la planificación establecida. También destacó el valor del acompañamiento estatal para sostener y ampliar la práctica del tenis, especialmente en un contexto económico en el que muchas familias enfrentan dificultades para afrontar los costos de las actividades deportivas. La Fundación Chaco Tennis promueve el tenis como una herramienta de formación integral, entendiendo que su práctica trasciende la actividad física y contribuye a desarrollar hábitos saludables, constancia, respeto, responsabilidad y valores fundamentales para la vida. Más espacios para el deporte chaqueño El presidente del Instituto del Deporte, Fabio Vázquez, valoró la firma del convenio y destacó la decisión del gobernador de seguir ampliando la infraestructura deportiva provincial. “Estamos muy felices de que nuevamente el gobernador aporte al deporte y a una nueva infraestructura. Hoy firmamos un convenio por cinco años para comenzar a trabajar articuladamente con la Fundación Chaco Tennis y sumar otra disciplina al polo deportivo de la zona del aeropuerto”, afirmó. Vázquez señaló que el Instituto acompañará el desarrollo de la iniciativa y remarcó la importancia de generar espacios para distintas disciplinas, con una mirada federal e inclusiva. En ese marco, también se refirió a la necesidad de contar con más infraestructura para que los clubes y las instituciones deportivas puedan continuar con su tarea de contención de niños y jóvenes. Además, destacó los avances en las obras del polideportivo Jaime Zapata, entre ellas la construcción de un albergue destinado a fortalecer las posibilidades de alojamiento y participación de deportistas.
Durante la jornada del martes, el personal de Servicios Públicos continuó con los trabajos de mejoramiento vial en distintos sectores de Juan José Castelli. En esta oportunidad, las tareas se desarrollaron en las calles Victoria Ocampo y José Hernández, en el barrio Matadero, donde se realizó la reparación de baches mediante la incorporación de ripio y la correspondiente compactación del suelo, mejorando las condiciones de circulación. Las intervenciones alcanzaron el sector frente al jardín de infantes y la Escuela N.º 1003, con el objetivo de facilitar el acceso a las instituciones educativas y brindar mayor comodidad a las familias, docentes y vecinos que transitan diariamente por el lugar. Desde la Comuna destacaron que se “continúa trabajando en los barrios para acondicionar las calles, mejorar los accesos y favorecer la transitabilidad en distintos puntos de la ciudad”.
El Parlamento chaqueño sumó una nueva página en blanco este miércoles. Por un lado, la sesión ordinaria que transcurrió durante varias horas, se diluyó a la hora de abordar el temario. Y también fracasó la sesión especial que había sido convocada para interpelar a la administradora General de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Bibiana Massiel Kuncheff. Si bien la funcionaria se presentó en el edificio legislativo para responder a esta citación, el cuerpo no reunió el quórum necesario para concretarlo. Respecto al temario de la sesión ordinaria había sido cuestionado durante las cuestiones previas, no por su relevancia sino por excluir proyectos “urgentes” para problemas que aquejan hoy a la ciudadanía chaqueña. Y aunque había un acuerdo previo para legislar sobre esos proyectos, se diluyó su tratamiento luego del cuarto intermedio en el que oficialismo y oposición tomaron postura para dar quórum o no ya con el horario de la interpelación encima. Cinco puntos integraban ese temario acordado entre los bloques mayoritarios: la creación del régimen provincial de mecenazgo para el bienestar y la protección animal; la imposición del nombre “Luis Landriscina” al corredor vial de la ruta provincial 13, en el tramo entre las rutas 11 y 95; el marco normativo para la creación, implementación, gestión y monitoreo de corredores biológicos destinados a la conservación del yaguareté; la creación del registro provincial de hogares de guarda transitoria y potenciales adoptantes de animales, y la distinción anual “Francisco por la paz”. Fracasó otra interpelación en el Parlamento La interpelación de la administradora General de la Administración Tributaria Provincial (ATP), Bibiana Massiel Kuncheff estaba prevista para una sesión especial fijada para este miércoles a las 13 y, al igual que otras convocatorias de este tenor, también fracasó por falta de quórum. El proyecto 2325/26 impulsado con la firma de 14 legisladores de la oposición establece un cúmulo de consignas a las que deberá responder la funcionaria, sobre los antecedentes, actos administrativos y actuaciones mediante los cuales la ATP decidió contratar entre 2025 y 2026 servicios externos de consultoría, asesoramiento, relevamiento, diagnóstico, modernización tecnológica, análisis de procesos tributarios, sistemas informáticos, inteligencia fiscal y/o cualquier otra prestación relacionada con las competencias de dicho organismo. La interpelación pone en la mira una contratación que le habría significado al Estado chaqueño unos $1800 en un diagnóstico previo y montos que oscilarían “en $687 millones mensuales por 48 meses, los que son equivalentes a $32.976 millones”. Requiere además que la funcionaria convocada acompañe, con una antelación suficiente a la sesión en que comparezca, copia íntegra en soporte papel o digital de todas las actuaciones, contratos, convenios, informes, diagnósticos, facturas, órdenes de pago, órdenes de compra, dictámenes, actos administrativos y documentación mencionados en el pliego precedente, a efectos de posibilitar su examen por parte de los legisladores.
La reunión de la Comisión de Presupuesto prevista para este miércoles fue suspendida ante la falta de acuerdo entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. El Pro, la UCR y representantes provinciales mantienen reclamos sobre coparticipación, rutas, universidades, impuestos y partidas sociales, por lo que el Gobierno apuesta ahora a cerrar un entendimiento durante noviembre. El oficialismo debió postergar este miércoles la firma del dictamen del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, luego de que fracasaran las negociaciones que mantenía con los bloques aliados y dialoguistas para garantizar una mayoría suficiente que permita llevar el proyecto al recinto. La reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce Bertie Benegas Lynch estaba prevista para avanzar a partir de las 14 con el despacho de mayoría, pero finalmente fue suspendida ante la persistencia de diferencias con el Pro, la UCR y los legisladores de bloques provinciales. Se incumplió así por primera vez el cronograma anunciado en el inicio del debate por Benegas Lynch, que incluía la emisión del dictamen para este miércoles 28 de octubre, para llevarlo al recinto el 18 de noviembre próximo. En la Casa Rosada y en la conducción de la Cámara baja reconocen que todavía quedan varios puntos por resolver antes de alcanzar un acuerdo político que asegure el respaldo necesario para la denominada “ley de leyes”. Entre los principales reclamos aparece la situación de los fondos de coparticipación que la Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, una exigencia impulsada por el Pro y respaldada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. También continúa abierta la discusión sobre las transferencias a las cajas jubilatorias provinciales y la autorización de operaciones de financiamiento para distintos distritos. A esos planteos se suman demandas vinculadas a la infraestructura vial. Gobernadores y diputados provinciales reclaman precisiones sobre el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles, el mantenimiento de las rutas nacionales y el esquema de concesiones que impulsa el Ejecutivo. El Pro también promueve una reducción del IVA para la producción de huevos y derivados, mientras que diversos bloques exigen reforzar las partidas destinadas a las universidades nacionales. El Consejo Interuniversitario Nacional y legisladores dialoguistas consideran insuficientes los recursos previstos en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Otro de los puntos que generó resistencia fue el capítulo referido a discapacidad. Tras los cuestionamientos de la oposición, el oficialismo ya había aceptado dejar sin efecto varios artículos incluidos en la iniciativa original. El nuevo cronograma La falta de consensos obligó al Gobierno a replantear el cronograma parlamentario. Ya se menciona la posibilidad de que el dictamen recién pueda emitirse entre el 11 y el 17 de noviembre, con lo que podría cumplirse con la fecha del 18 para el debate en el recinto. Aunque no se descarta el 25 de noviembre como fecha alternativa. Obviamente el debate en el Senado quedaría para extraordinarias. Mientras tanto, el oficialismo continuará las conversaciones encabezadas por Martín Menem con los distintos bloques aliados, en busca de incorporar modificaciones que permitan destrabar la negociación sin alterar el esquema fiscal diseñado por el Gobierno para 2027. Parlamentario
Un proyecto de resolución que pide interpelar al canciller Pablo Quirno por el ingreso a la Argentina y posterior salida en un avión privado del senador brasileño Flávio Bolsonaro fue presentado hoy en la Cámara baja por el diputado nacional Pablo Juliano. La iniciativa pide explicaciones al titular del Palacio San Martín sobre el paso de Bolsonaro por Puerto Iguazú para desde allí dirigirse a los Estados Unidos, pese a una presunta prohibición judicial de abandonar Brasil, y para determinar si funcionarios del Gobierno de Javier Milei facilitaron su traslado. La iniciativa solicita que Quirno comparezca personalmente ante la Cámara de Diputados para explicar si las autoridades argentinas conocían la restricción que habría dispuesto el Supremo Tribunal Federal de Brasil y si existieron comunicaciones diplomáticas o pedidos de cooperación judicial relacionados con el desplazamiento del legislador brasileño. Uno de los principales interrogantes apunta al asesor presidencial Santiago Caputo, cuya presunta presencia en Puerto Iguazú durante el traslado de Bolsonaro es mencionada en el proyecto. Juliano exige determinar si el funcionario mantuvo contactos con el senador o intervino en la organización del vuelo privado. El pedido también busca esclarecer la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el traslado desde la frontera hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú y establecer si se utilizaron vehículos, personal o recursos públicos para facilitar la salida del dirigente brasileño. Otro punto involucra a la empresa Baires Fly S.A., señalada como operadora del avión utilizado por Bolsonaro, y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, mencionado en investigaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El legislador reclama identificar quién contrató y financió el vuelo. Juliano, de extracción radical pero distanciado de la conducción partidaria, también exige explicaciones sobre las consecuencias diplomáticas del episodio y sobre la decisión del Gobierno argentino de no felicitar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección, en medio de las diferencias políticas entre ambos mandatarios. El proyecto, que contiene 91 preguntas dirigidas al canciller, reclama la entrega de registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y documentación oficial para establecer si el tránsito de Bolsonaro por la Argentina se realizó mediante procedimientos regulares o si existió alguna intervención excepcional de funcionarios nacionales. Agencia NA
En declaraciones a CIUDAD TV, el director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó en profundidad el escenario político y económico tras las recientes elecciones en Brasil, el comportamiento inicial de los mercados, el estado de la relación bilateral y los riesgos de la tensión diplomática actual. Además, dejó definiciones sobre el primer foro de debate de economía, finanzas y mercados de la región. El director de la consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, se refirió a la fuerte reacción de los mercados tras el triunfo de Lula en Brasil y señaló que existe un paralelismo con lo ocurrido en la Argentina post-PASO de 2019. Al respecto, advirtió que “a veces el mercado sobreacciona a este tipo de cuestiones, lo cual no significa que no sea un problema, pero hay como una actitud algo sobredimensionada”. En este sentido, explicó que dicha reacción responde a que el derrotado Flávio Bolsonaro contaba con un perfil de mercado fuertemente afín al libre mercado —emparentado con posturas como la de Javier Milei— en contraste con la afinidad peronista-kirchnerista del mandatario brasileño, aunque estimó que los números tenderán a acomodarse con el tiempo de acuerdo a las señales fiscales que emita el gobierno vecino. Consultado sobre el complejo escenario diplomático bilateral —atravesado por tensiones discursivas, cruces políticos y hechos de repercusión internacional—, Pegoraro distinguió claramente entre dos frentes. Si bien reconoció que el plano político se encuentra tensionado y probablemente continúe de ese modo por las posturas ideológicas de los presidentes, subrayó que hacia abajo el sector privado y las misiones comerciales operan con una articulación muy aceitada al margen de la disputa partidaria. En esa línea, el director de Politikon Chaco llevó tranquilidad sobre el intercambio exterior al señalar que el marco institucional del Mercosur actúa como una barrera supranacional de contención frente a posibles medidas unilaterales. “Sería una ridiculez realmente que estos cruces ahora escalen a un nivel mucho más conflictivo. Argentina y Brasil están emparentados desde su nacimiento y no podemos pensar una Sudamérica sin ambos países trabajando de manera articulada e integrada”, enfatizó. En otro orden de cosas, al hacer un repaso del primer foro de economía, finanzas y mercados de la región, Capital Norte, Pegoraro destacó la excelente convocatoria a pesar de haberse realizado en una jornada laboral, celebrando que “tuvimos en un momento dado al mediodía el auditorio colmado”. El especialista valoró la diversidad de disertantes y de espacios políticos que se dieron cita, señalando que las diferencias ideológicas no impidieron el diálogo y que la experiencia constituyó el puntapié inicial para que la región tenga su propia voz y debata un modelo de desarrollo propio, destacando asimismo el aporte de la mirada nacional brindada por el economista Carlos Melconian.
El presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Braillard Poccard, anunció que una empresa vinculada a la minería visitará en dos semanas los puertos de Barranqueras y Las Palmas para evaluar alternativas logísticas para el procesamiento, acopio y exportación de litio. También destacó el interés de la multinacional Curaleaf en la firma chaqueña Canafis, con una posible inversión de cientos de millones de dólares. Chaco busca posicionarse como un punto estratégico para las inversiones vinculadas a la minería, la producción agroindustrial y el cannabis medicinal. Con ese objetivo, el gobierno de Leandro Zdero despliega una agenda de contactos con empresas y agencias internacionales para ofrecer infraestructura logística, beneficios fiscales y garantías de seguridad jurídica. Así lo afirmó el presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Braillard Poccard, en declaraciones a CIUDAD TV, en las que adelantó nuevas gestiones con empresarios interesados en operar desde la provincia. Uno de los principales frentes es el minero. Según explicó el funcionario, una empresa asesora de ese sector visitará Chaco en aproximadamente dos semanas para recorrer los puertos de Barranqueras y Las Palmas y mantener reuniones con representantes del ferrocarril Belgrano Cargas. El objetivo será evaluar las posibilidades de utilizar la infraestructura chaqueña para procesar, almacenar y exportar litio proveniente de las provincias del noroeste argentino. Braillard Poccard relató que el primer contacto surgió durante una reunión con representantes de la firma, a quienes les expusieron las conexiones ferroviarias con Salta, Jujuy y Catamarca, la disponibilidad de los puertos y el proceso de habilitación de una zona franca. Según su versión, la presentación generó sorpresa entre los interlocutores, que desconocían las posibilidades logísticas de la provincia. “Si nosotros no salimos al mundo y ponemos las potencialidades de Chaco sobre la mesa, nadie va a venir a golpearnos la puerta”, sostuvo. Litio: la apuesta por agregar valor y generar empleo El planteo oficial apunta a que Chaco no se limite a funcionar como un corredor de tránsito para las exportaciones mineras, sino que pueda captar parte de la actividad económica que generan esas inversiones. En ese sentido, el titular de la Agencia de Inversiones mencionó la posibilidad de instalar empresas dedicadas al procesamiento y acopio de litio, además de centros de distribución vinculados con la actividad. “Si Chaco ofrece procesar el litio, estoquear el litio en la provincia y que salga por nuestros puertos, va a demandar, por supuesto, mano de obra”, afirmó. El funcionario vinculó esa estrategia con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque reconoció que Chaco todavía no cuenta con proyectos incorporados a ese esquema. Su argumento es que la provincia puede ofrecer servicios logísticos y productivos para captar parte de los beneficios económicos de las inversiones mineras radicadas en otras jurisdicciones. También comparó la situación chaqueña con la de Corrientes, donde, según recordó, el gobernador había anunciado que las próximas exportaciones de litio de Salta y Jujuy saldrían por el puerto correntino. “Qué lástima el tiempo perdido de que en años anteriores no se haya generado el interés necesario para tener vías, para tener trenes, para tener todas las herramientas operativas para que la suerte nos encuentre preparados”, cuestionó. En contrapartida, destacó la habilitación del puerto de Las Palmas y las gestiones para mejorar la posición de Chaco en la cadena logística regional. Seguridad jurídica y búsqueda de capitales europeos Braillard Poccard también defendió la estrategia de promoción de inversiones desplegada durante la reciente gira por Europa. Según señaló, uno de los argumentos centrales ante los potenciales inversores fue la normativa provincial que, de acuerdo con su explicación, establece condiciones de estabilidad jurídica y tributaria por 30 años. “Si invertís en Chaco tenés 30 años de seguridad jurídica”, resumió el funcionario al describir el mensaje que llevaron a los empresarios europeos. La intención, explicó, es brindar previsibilidad a proyectos que requieren plazos prolongados para recuperar el capital invertido. En esa línea, afirmó que la provincia busca diferenciarse mediante garantías sobre las condiciones fiscales, además de promover sus recursos productivos, su conexión con la hidrovía Paraná-Paraguay y la disponibilidad de energía. El funcionario aseguró que Chaco cuenta con más de un millón de hectáreas destinadas a la agricultura y capacidad para ampliar la superficie productiva hasta superar los 2,5 millones de hectáreas. También anticipó que enviarán muestras de miel, harina de algarroba y otros alimentos chaqueños a potenciales compradores del exterior, luego de contactos realizados durante la gira. Las gestiones, aclaró, requieren evaluaciones técnicas y comerciales antes de traducirse en operaciones concretas. El objetivo es vincular a productores locales con mercados internacionales y abrir oportunidades para las empresas de la provincia. Como ejemplo del impacto que pueden tener estas iniciativas, mencionó al frigorífico caprino de Pampa del Infierno. Según sostuvo, la actividad vinculada con ese establecimiento genera ingresos para unas 500 familias chaqueñas que comercializan su producción, con exportaciones a destinos como Dubái, Arabia Saudita y Omán. Cannabis medicinal: una posible inversión de cientos de millones de dólares Otro de los ejes destacados por el funcionario fue el interés de Curaleaf, multinacional dedicada al cannabis medicinal, en la empresa chaqueña Canafis. Braillard Poccard la describió como una de las compañías de mayor facturación del sector a nivel mundial y afirmó que las conversaciones abren la posibilidad de una inversión de varios cientos de millones de dólares. De acuerdo con su relato, el proyecto contempla la posibilidad de posicionar a Chaco como un centro de distribución para Latinoamérica. El funcionario señaló que, durante la gira europea, representantes de la multinacional expresaron directamente al gobernador su interés en avanzar con esa iniciativa. Braillard Poccard destacó que Canafis no se dedica solamente al cultivo de cannabis, sino que funciona como un laboratorio habilitado para desarrollar productos medicinales con estándares farmacológicos. Esa condición, explicó, implica años de trabajo técnico y regulatorio y constituye una ventaja para atraer socios internacionales. “Canafis no es una empresa que se dedica al cultivo de marihuana medicinal, sino que Canafis es un laboratorio”, remarcó. El titular de la Agencia de Inversiones sostuvo que el trabajo previo
Una investigación de El Destape reveló que el gobierno de Catamarca ordenó pagos a clínicas y entidades vinculadas por servicios de salud. El circuito de fondos provinciales, las prestaciones médicas financiadas por el Estado y los antecedentes de denuncias por presuntos negocios cruzados entre el poder político y el clan familiar. Entre enero y el 23 de octubre de 2026, el Ministerio de Salud de Catamarca firmó 435 resoluciones que ordenan pagar 1.773,7 millones de pesos a tres empresas y una fundación vinculadas a la familia del gobernador Raúl Jalil. El dato surge de un relevamiento propio sobre los 85 boletines oficiales y sus anexos publicados este año, donde consta cada pago con número de resolución, fecha y monto a favor de Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A. y la Fundación Dr. José Guido Jalil. La mayor parte de esos pagos se destinó a presuntos pacientes sin cobertura de salud, por 1.350,2 millones de pesos, en tanto que una porción -396,4 millones de pesos- cubrió con fondos provinciales un plan nacional, y en otros seis casos, por 27,1 millones de pesos, se decretó el pago sin precisar la cobertura de los presuntos pacientes beneficiados. Un imperio heredado El Sanatorio Pasteur nació en 1959, cuando el médico José Guido Jalil, conocido como “Tío Guido”, lo fundó junto a otros catorce socios. Tenía veinte camas. Jalil padre fue intendente de San Fernando del Valle de Catamarca entre 1987 y 1991 y murió en diciembre de 2010, a los 83 años. La dirección del sanatorio pasó a su hijo Raúl, quien amplió el negocio familiar: sumó la Clínica San Javier y creó la Fundación Dr. José Guido Jalil, que lleva el nombre del fundador. En 1988, la neuróloga Silvia Jalil, hermana de Raúl, completó la estructura empresarial que agrupa hoy al conjunto de instituciones. En sus prospectos promocionales, el propio sanatorio se define como la red de salud privada “más grande” de la provincia y uno de sus mayores empleadores. La descripción más precisa de esa estructura la realizó el propio gobernador, obligado por ley a declarar su patrimonio. En la declaración jurada correspondiente al ejercicio 2019, cuando accedió a la gobernación, Jalil reconoció una participación del 12,5% en cinco firmas del sector salud: Sanatorio Pasteur S.A., Sanatorio Junín S.A., Instituto Médico Privado S.A., Red Colón S.A. -una cadena de farmacias- y Droguería Mitre. Instituciones que se repiten en los decretos donde constan los pagos ordenados por el gobernador. Sanatorio Pasteur S.A. concentra el grueso de los pagos: 311 resoluciones por 1.238,8 millones de pesos. Le sigue la Fundación Dr. José Guido Jalil, con 81 resoluciones por 456,4 millones. Sanatorio Junín S.A. suma 37 resoluciones por 76,2 millones, e Instituto Médico Privado S.A. registra un pago de 2,29 millones. Los montos individuales más altos rondan los 20 y los 30 millones de pesos por resolución, casi siempre bajo la fórmula “reconocer la deuda contraída” por prestaciones de alta complejidad: radioterapia, artroscopias, centellogramas óseos, cirugías cardiovasculares. El mecanismo administrativo se repite: una resolución ministerial reconoce una deuda o aprueba un subsidio “Ad Referéndum del Poder Ejecutivo Provincial” y ordena a la Tesorería pagar de modo directo al prestador, con cargo al Tesoro provincial. Agosto concentra el pico del año, con 688,4 millones de pesos, seguido por abril, con 282 millones, y septiembre, con 257 millones, en los tres casos por tandas de reconocimiento de deudas acumuladas durante 2025. Cobertura nacional, factura provincial Los documentos permiten seguir la ruta del dinero, que en ocasiones tienen recorrido nacional. Ochenta y una de las 435 resoluciones, por 396,4 millones de pesos, identifican de modo textual a los pacientes atendidos como “beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud”, el esquema nacional que cubre a jubilados sin aportes y a personas con determinadas pensiones no contributivas. En varios casos el propio texto precisa el mecanismo: las resoluciones ordenan pagar “con cargo a la Fuente de Financiamiento F.F. 1.1 Fondos Provinciales” servicios que en teoría corresponden a la fuente nacional, o que autorizan sin rodeos “el cambio de Fuente de Financiamiento de origen Nacional 1.4” hacia fondos de la provincia. Dicho de otro modo: prestaciones pensadas para financiarse con presupuesto federal terminan pagadas con el Tesoro de Catamarca, y ese dinero llega a empresas que administra la familia del gobernador que firma la reasignación. No todos los pagos responden al mismo sistema. Trescientos cuarenta y cinco resoluciones, por 1.350,2 millones de pesos, consignan de modo expreso que el paciente atendido carece de cobertura social: es la situación inversa a la anterior y la que concentra la mayor parte del gasto individual del año. Un grupo menor, seis resoluciones por 27,1 millones de pesos, nombra a un paciente puntual sin consignar su situación de cobertura, o corresponde a contratos publicitarios ajenos a una prestación médica. Tres resoluciones, sin impacto monetario, no corresponden a una prestación puntual: una ratificación administrativa interna, un aval a un programa de residencia médica y la aprobación de un convenio marco de diálisis con prestadores adheridos a Incluir Salud. El antecedente de OSEP El circuito del Boletín Oficial no es el único punto donde se cruzan la salud pública catamarqueña y el negocio privado de los Jalil. En junio de 2025, el diputado radical Tiago Puente presentó una denuncia penal por irregularidades en OSEP, la obra social de los empleados públicos provinciales. El caso que activó el escándalo fue el de una paciente de 17 años que necesitaba una cirugía ortognática: OSEP rechazó la derivación a un centro de Tucumán que cotizaba 13 millones de pesos y, según la denuncia, terminó derivando a la familia al Sanatorio Pasteur, donde la misma cirugía costó más del doble: 30 millones de pesos. Entre los denunciados figuran el entonces director de OSEP, Leopoldo Marchetti; la representante del Sanatorio Pasteur ante la obra social, Silvia Jalil; y el entonces gerente general de OSEP, Horacio Campazzo, que contaba paso previo por el propio sanatorio. Para la misma época el sitio ADN había publicado que el 80% de las
La colisión involucró a dos trenes que cubrían el trayecto entre Madrid y Sevilla. Los equipos de emergencia trabajan en la zona mientras se investigan las causas del accidente. Dos trenes de alta velocidad chocaron este miércoles por la mañana en la provincia española de Toledo y provocaron una tragedia que dejó al menos 60 muertos y decenas de heridos. El impacto hizo que dos vagones cayeran por un terraplén y obligó a interrumpir los servicios ferroviarios entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Las primeras hipótesis apuntan a un posible error humano. El accidente ocurrió a las 8:54, en el kilómetro 118 de las vías, entre las localidades de Urda y Orgaz, cerca de la estación de Urda. Según los primeros testimonios, un tren de Renfe embistió desde atrás a una formación de Iryo que se encontraría detenida. Ambos convoyes circulaban en dirección a Sevilla y transportaban, en conjunto, a 544 pasajeros. Dónde fue el accidente de los dos trenes de alta velocidad que dejó 60 muertos en España El incidente ferroviario se produjo en la estación de Urda, situada en el municipio de Los Yébenes. A raíz del choque, la circulación entre Madrid y Andalucía se interrumpió debido al despliegue de equipos de rescate. El medio La Nación constató que la tragedia ocurrió cuando dos vagones de la formación Iryo descarrilaron entre Mora y Urda, en la línea de AV Madrid-Sevilla. La portavoz de la región de Castilla-La Mancha, detalló en declaraciones a TVE que en el tren AVE de Renfe 2080 iban 397 pasajeros y en el Iryo 6076, 147 viajeros y un bebé. Cómo fue el choque de trenes en ToledoLa formación de Renfe, identificada como AVE 2080, había partido de Madrid a las 8:04 y trasladaba a 397 personas. Por su parte, el tren de Iryo llevaba 147 pasajeros, entre ellos un bebé. Tras la colisión, los dos últimos vagones de esta última formación cayeron por un terraplén, mientras otros coches descarrilaron. La magnitud del siniestro movilizó a los servicios de emergencia, que desplegaron equipos de rescate y personal sanitario para asistir a los pasajeros. Las autoridades confirmaron al menos 30 víctimas fatales y decenas de heridos, aunque la situación continuaba en desarrollo y las cifras podían modificarse a medida que avanzaran las tareas de asistencia. El alcalde de Los Yébenes, Jesús Pérez, describió las características de la zona donde ocurrió el choque: “Es la zona de los montes de Toledo, una zona de bosque mediterráneo”, explicó sobre el área cercana a Urda. El accidente se produjo nueve meses después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Andalucía, donde murieron 46 personas. La sucesión de ambos episodios volvió a poner bajo atención la seguridad del sistema ferroviario español. Investigan una posible falla humana Las primeras hipótesis sobre las causas del choque apuntan a un posible error del operador de la formación de Renfe, que habría recibido o ejecutado una indicación equivocada debido a un desperfecto en el sistema principal de señalización. Por el momento, esa posibilidad forma parte de las líneas iniciales de investigación y no constituye una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. Las condiciones meteorológicas, en tanto, no serían un factor determinante. Según la plataforma digital Meteored, no se registraban condiciones climáticas adversas en la zona al momento del accidente: “No hay niebla, ni ha llovido recientemente, ni hace viento… Está totalmente descartada la meteorología”, señaló el medio especializado. Las autoridades deberán determinar qué ocurrió con la señalización ferroviaria y establecer las responsabilidades correspondientes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, informó a través de la red social X que se está intentando reunir “toda la información posible” sobre el siniestro. Pedro Sánchez suspendió su agenda tras la tragedia El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, suspendió su agenda para seguir la evolución del accidente y expresó su preocupación por las víctimas y sus familiares: “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Además, señaló que los equipos de emergencia trabajaban en el lugar para asistir a los afectados y garantizar su seguridad, en coordinación con las distintas administraciones involucradas. “Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, agregó Sánchez. En paralelo, Renfe informó que la circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía permanecía interrumpida. La suspensión afectó a los servicios que conectan la capital española con distintos destinos del sur del país, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y las primeras actuaciones para esclarecer las causas de la tragedia. La Casa Real: “Estamos conmovidos y preocupados por el accidente” La Casa Real española manifestó su conmoción por el choque de trenes ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo, que dejó al menos 30 muertos y decenas de heridos. A través de un mensaje publicado en la red social X, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales y envió su apoyo a quienes resultaron heridos. “Estamos conmovidos y preocupados por el accidente ferroviario en Urda (Toledo). Acompañamos en su tristeza a las familias y seres queridos de los fallecidos y enviamos nuestro cariño a los heridos y personas afectadas. Nuestro apoyo también a los equipos de emergencia y a todos los que están trabajando en la zona para ayudar en lo posible en estas circunstancias”, señaló el comunicado. Ámbito
En diálogo con CIUDAD TV, la subsecretaria de Fortalecimiento Comunitario y Programas Focalizados se refirió al trabajo territorial que se lleva adelante junto al Comité de Emergencia. Detalló que ya son más de 2.200 las personas afectadas entre evacuadas y autoevacuadas, destacó la solidaridad de la comunidad y advirtió sobre las principales necesidades en las zonas afectadas. Ante la compleja situación hídrica que atraviesa la provincia, la subsecretaria de Fortalecimiento Comunitario y Programas Focalizados del Chaco, Carla Cantero, remarcó la importancia de la presencia institucional en el territorio, destacando que el gobernador “quiere funcionarios de territorio y no de escritorio”. En diálogo periodístico, la funcionaria detalló que actualmente el número de personas afectadas asciende a 2.221, lo que representa 583 hogares, contemplando tanto a quienes se encuentran en centros de contención como a los autoevacuados. En este sentido, explicó que gran parte de los vecinos opta por permanecer en las zonas afectadas: “La mayoría realmente no quiere dejar sus casas por miedo a que se las roben o perderlas, y también es un poco cuidar lo suyo”. Cantero destacó la coordinación permanente con el Comité de Emergencia y detalló que los equipos oficiales se abocan especialmente a la asistencia de las familias autoevacuadas, mientras que en los centros de contención oficiales se brinda un abordaje integral que incluye apoyo escolar y contención psicológica. Al respecto, valoró el trabajo interministerial y la solidaridad de distintos sectores de la sociedad, señalando que “nos hemos cruzado con iglesias, con grupos de amigos, con grupos de gauchos, que es realmente donde se ve la solidaridad”. Si bien la funcionaria indicó que la asistencia alimentaria está cubierta, especificó cuáles son los insumos que hoy en día resultan prioritarios para los damnificados, tales como artículos de limpieza, pañales, repelente y alimento para mascotas. Por otro lado, la subsecretaria pidió cautela a quienes transitan por las zonas vulnerables debido a que los lugareños advierten que los curiosos entorpecen las labores cotidianas, y llamó a la responsabilidad ciudadana a la hora de viralizar información en redes sociales. Finalmente, Cantero llevó tranquilidad a los vecinos al recordar que los incrementos en el nivel del agua se dan de forma paulatina y descartar picos repentinos alarmantes, aunque advirtió que un eventual pronóstico de lluvias para el fin de semana complicaría aún más el escenario en zonas críticas como Antequera, la zona del Náutico y Puerto Vilelas.
El senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia hídrica, ambiental, social y económica en las zonas afectadas por las lluvias intensas y las crecidas de los ríos. La iniciativa contempla asistencia directa a las familias damnificadas, créditos a tasa cero, alivio fiscal y fondos nacionales para reconstruir la infraestructura dañada. La iniciativa impulsada por Capitanich declara por 180 días, prorrogables por igual período, la emergencia hídrica, ambiental, social y económica y como zonas de desastre a las áreas de la provincia afectadas por inundaciones, precipitaciones extraordinarias y crecidas de los ríos Paraná y Paraguay. Comprende especialmente a Barranqueras, Puerto Vilelas, Colonia Benítez e Isla del Cerrito, además de los sectores afectados de Resistencia, General Vedia, La Leonesa, Las Palmas y Puerto Bermejo. También podrán incorporarse otras localidades y áreas rurales donde se acrediten daños en viviendas, infraestructura, servicios públicos o actividades productivas. El proyecto prevé la creación de un fondo especial de asistencia y reconstrucción, que deberá constituirse dentro de los 30 días de entrada en vigor de la ley y financiarse con recursos del Tesoro Nacional. Los recursos estarán destinados a brindar ayuda económica directa a las familias damnificadas, otorgar créditos a tasa cero para reparar viviendas y recuperar actividades económicas, y ejecutar obras de reparación de caminos, puentes, desagües, defensas hídricas y sistemas de provisión de agua potable. En los fundamentos, Capitanich advierte que las consecuencias de una inundación no terminan cuando el agua ingresa a una vivienda o interrumpe un camino. Sus efectos se prolongan durante la evacuación, el regreso a los hogares, la recuperación de los bienes perdidos y la reanudación de las actividades laborales y productivas. Por eso, sostiene que la respuesta del Estado debe combinar la atención inmediata de las necesidades esenciales con herramientas que permitan recuperar la actividad económica y las condiciones de vida de las familias afectadas. En esta línea también prevé prórrogas y facilidades de pago de obligaciones tributarias y previsionales para los sectores afectados. Las medidas podrán incluir además asistencia financiera, créditos preferenciales, capital de trabajo y mecanismos de recuperación de la capacidad productiva, para productores agropecuarios, comerciantes, cooperativas, trabajadores independientes y pequeñas y medianas empresas. La propuesta dispone que la Nación coordine con la provincia y los municipios el relevamiento de daños, la asistencia humanitaria y sanitaria y la ejecución de las obras prioritarias. Además, establece la obligación de presentar informes mensuales al Congreso sobre los recursos asignados, los beneficiarios y el avance de las tareas de reconstrucción. Capitanich subraya en los fundamentos que “la cooperación federal debe permitir que la asistencia llegue a quienes la necesitan y que las obras indispensables no queden supeditadas exclusivamente a los recursos disponibles en cada jurisdicción”. Emergencia, reconstrucción y prevención: tres proyectos para abordar la crisis hídrica La iniciativa se suma a otros dos proyectos de ley ya presentados por Capitanich en el Senado, destinados a fortalecer la prevención de inundaciones y garantizar el financiamiento de la infraestructura hídrica.El expediente S-1528/2026 propone asegurar que los recursos del Fondo Hídrico de Infraestructura se utilicen exclusivamente para los fines establecidos por ley. El proyecto protege la afectación específica del 4,3% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono e impide que esos fondos sean utilizados para financiar gastos generales o necesidades de caja del Tesoro Nacional, en perjuicio de las obras hídricas pendientes. Asimismo, establece prioridades para la ejecución y reactivación de obras, crea un registro público de recursos y proyectos y dispone mecanismos de control parlamentario sobre la administración del Fondo. Por otra parte, el proyecto de ley S-1529/2026 busca declarar por 365 días la emergencia hídrica preventiva en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, ante el riesgo de precipitaciones extraordinarias, crecidas y desbordes asociados al fenómeno de El Niño en la Cuenca del Plata. Esta iniciativa contempla la elaboración de un Plan Federal de Emergencia Hídrica Preventiva, la revisión y reparación de defensas, estaciones de bombeo y sistemas de drenaje, la reactivación de obras paralizadas y el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo y alerta temprana. De esta manera, los tres proyectos abordan distintos aspectos de la problemática hídrica: la asistencia y reconstrucción de las zonas actualmente afectadas en Chaco, la prevención de nuevos desastres en la Cuenca del Plata y la aplicación efectiva de los recursos destinados a obras de infraestructura hídrica.
Murió en Pujato a los 74 años tras transitar un largo y delicado problema de salud durante los últimos cinco años. Según se conoció Scaloni está en Buenos Aires y estaría viajando para acompañar a su familia durante el velorio, que se realizaría de manera íntima. Eulalia Marzetti, madre del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, murió este martes en la localidad santafesina de Pujato. La mujer vivía allí junto a su marido y había desarrollado parte de su vida vinculada a la comunidad. Marzetti tenía 74 años y estaba enferma tras transitar un largo y delicado problema de salud durante los últimos cinco años.Vivía en Pujato junto a su esposo, Ángel Scaloni. Era madre de Lionel, Mauro y Corina. En Pujato se desempeñó como jueza de paz de la Municipalidad. En octubre de 2021, Scaloni le había dedicado públicamente la Copa América tras atravesar un momento muy delicado de salud de su madre Según se conoció Scaloni está en Buenos Aires y estaría viajando para acompañar a su familia durante el velorio, que se realizaría de manera íntima. El Ciudadano Web
Pese a su baja incidencia en el monto total de deuda corporativa, las firmas más pequeñas enfrentan una situación crediticia preocupante. En la construcción roza el 28%. La mayoría de las empresas que refinanciaron sus compromisos no logra una mejora sostenida. Las microempresas y las pymes enfrentan una presión financiera muy superior a la de las grandes compañías, lo cual configura un escenario que pone en riesgo la cadena de pagos y el sostenimiento del empleo. La morosidad por monto de las microempresas alcanza el 17,73%, casi cinco veces el registro de las firmas de mayor tamaño, según el módulo para empresas del Mapa de la Deuda de APYME. La tasa de mora general de las empresas se ubica en el 4,13% del monto adeudado. Sin embargo, ese promedio asciende al 17,73% en microempresas, al 9,86% en las pequeñas y al 7,34% en las medianas. En las grandes compañías, en cambio, se reduce al 3,74%. Vale aclarar que las grandes empresas concentran el 90,3% del total del crédito del país ($74,01 billones), por lo cual el bajo nivel relativo de mora en este segmento “tira para abajo” el promedio general de atrasos en los pagos de las empresas. En cantidad de firmas, las pequeñas son también las que atraviesan mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones. Entre las microempresas endeudadas, el 13,83% se encuentra en situación irregular, mientras que en las pequeñas empresas la proporción llega al 12,07%. El problema también alcanza a los trabajadores independientes. Entre monotributistas y autónomos, la mora representa el 11,67% de los montos adeudados y afecta al 15,16% de los deudores (más de 645.000 personas). Construcción, industria y comercio, entre los sectores más comprometidos El deterioro del crédito presenta diferencias según la actividad económica. La construcción registra los indicadores más altos entre las microempresas, con una tasa de mora del 27,85% por monto y del 19,86% si se considera la cantidad de firmas. El nivel de atraso expone las dificultades financieras de un sector intensivo en mano de obra, afectado por la contracción de la actividad y el freno de la obra pública. En la industria orientada a bienes de consumo, la morosidad de las microempresas llega al 20,50%, en un escenario marcado por la debilidad del mercado interno y presión sobre los costos operativos, que condicionan la capacidad de las empresas para afrontar sus compromisos. El comercio también muestra niveles elevados de incumplimiento. En los negocios vinculados con bienes esenciales, la tasa de mora alcanza el 19,75%, mientras que en el segmento de bienes de lujo se ubica en el 17%. Además, se observan problemas para recuperar la normalidad crediticia después de una refinanciación. Durante 2026, el 42,3% de las pymes que reestructuraron sus compromisos volvió a caer en mora, frente a un 16,3% que logró mejorar su situación. Entre las grandes empresas, el panorama tampoco es favorable: el 49% de las firmas que refinanciaron sus deudas empeoró su situación crediticia y apenas el 10,9% consiguió mejorarla. En ese contexto, la proporción de pymes en situación de mora se triplicó en las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) durante los últimos dos años, y se duplicó en los Fondos de Garantías Públicos (FGCP) durante el primer semestre de 2026. Asimismo, durante el último trimestre de 2025 se triplicó la cantidad de empresas y personas que emitieron cheques sin fondos, otra señal de las dificultades para sostener los compromisos de pago. El mapa territorial del endeudamiento muestra un marcado deterioro allí donde la actividad depende casi exclusivamente de micro y pequeños emprendimientos. Santiago del Estero registra una tasa de mora corporativa del 13,32%, seguido por Chaco, con el 12,28% y La Rioja, con el 11,74%. En cuarto lugar quedó Chubut con una morosidad de 11,41%. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires presenta una tasa del 2,4% y Tierra del Fuego, del 1,52%. El relevamiento atribuye parte de estas diferencias a la composición del entramado empresarial y a la concentración de sedes centrales de grandes compañías en determinados distritos. “El promedio general del 4% da una falsa sensación de normalidad porque las grandes empresas concentran nueve de cada diez pesos y tienen menores montos en mora”, señalaron. Y agregaron que, cuando una pyme no puede sostener sus deudas y cierra, “se destruyen fuentes de trabajo reales en todo el territorio nacional”. Ámbito
Durante una nueva audiencia del juicio por los hechos ocurridos en el barrio Banderas Argentinas, una psicóloga relató las consecuencias físicas y emocionales que presentaban dos víctimas menores de edad tras el accionar policial. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene como querellante en la causa. El 27 de octubre se desarrolló una nueva jornada del debate oral y público que investiga los hechos de violencia institucional cometidos en 2020 en el barrio Banderas Argentinas, de Fontana, contra integrantes de dos familias de la comunidad Qom. En la causa se encuentran imputados diez efectivos policiales y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene como querellante. Durante la jornada, desarrollada ante la Cámara Segunda en lo Criminal, estaban previstas las declaraciones de Ana Clara Gómez Fogar, Hugo Alberto Acosta, Marcelo Eduardo Blanco y Cristian Borda, quien no se presentó. La audiencia pasó a cuarto intermedio y finalmente declararon Gómez Fogar y Acosta. La jueza Dolly Fernández autorizó el retiro de los imputados que se encontraban en la sala, luego de un pedido de la defensa, que argumentó que escuchar los relatos provocaba angustia a sus defendidos. El testimonio de Gómez Fogar sobre las consecuencias de la violenciaLa audiencia tuvo como eje central la declaración de Ana Clara Gómez Fogar, licenciada en Psicología. Al momento de los hechos, se desempeñaba como operadora de guardia y trabajaba en atención primaria en violencia de género del Ministerio de Desarrollo Social, mientras completaba su formación como licenciada en Psicología. Desde ese rol, su tarea consistía en acompañar a mujeres durante el proceso psicojurídico. Su relato ante el tribunal describió las secuelas inmediatas que presentaban las víctimas. En relación con Daiana Fernández, la testigo sostuvo que “estaba al borde del desmayo, con muchos dolores de estómago, movilidad reducida y contracciones de dolor en la zona del abdomen; muy pálida y descompuesta”. Además, recordó que Daiana “tenía el pelo largo y le dolía el cuero cabelludo porque la habían tironeado de los pelos”. Sobre su estado cognitivo y emocional, detalló: “Empezaba a hablar y se angustiaba. Podía contestar pocas preguntas. Tenía poca movilidad, la tuvimos que ayudar a subir a la camioneta. Sufría mini episodios de desmayo y la intentaban reavivar para animarla”. En la misma línea, al referirse al estado de Rebeca Garay, la psicóloga declaró que “estaba lastimada, intentaba gesticular y le sangraban las heridas; se notaba que le dolía el rostro”. Gómez Fogar señaló además que tanto Rebeca como Daiana habían sido amenazadas con ser prendidas fuego y que sufrieron agresiones de carácter sexual, que incluyeron contactos físicos no consentidos por parte de efectivos policiales. Durante el interrogatorio, la defensa realizó distintas preguntas vinculadas con el rol que Gómez Fogar desempeñaba en 2020 y con las herramientas utilizadas para acompañar a las víctimas. Ante un cuestionamiento acerca de la posibilidad de establecer un diálogo con una persona que no se expresaba verbalmente, la profesional respondió: “El mutismo no es una forma de no comunicarse, es un padecimiento subjetivo, es algo a ser leído y de ser acompañado”. Asimismo, el abogado defensor Pablo Vianello solicitó que se investigara a la psicóloga por una presunta “usurpación de título”. Frente a distintas intervenciones de la defensa, la presidenta del tribunal pidió que se formularan preguntas y no alegatos, mientras que la querella solicitó en reiteradas oportunidades que no se hostigara a la testigo y que los interrogantes fueran formulados de manera clara. La jornada concluyó con el testimonio de Hugo Alberto Acosta, quien había intervenido como firmante de actuaciones vinculadas al procedimiento policial investigado. Durante su declaración se registraron distintas inconsistencias respecto de algunos aspectos de los hechos bajo análisis. Los hechos investigados y la continuidad del juicioLa causa se remonta a la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron, presuntamente sin orden judicial, a una vivienda del barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, durante el procedimiento y posteriormente en la dependencia policial, integrantes de la comunidad Qom sufrieron agresiones físicas, amenazas, vejaciones y otros hechos de violencia institucional. El expediente fue elevado a juicio en abril de 2022, pero el inicio del debate se demoró por sucesivas suspensiones y reprogramaciones. Finalmente, las audiencias comenzaron el 5 de octubre de 2026, con diez efectivos policiales imputados por distintos delitos. El juicio continuará con nuevas audiencias fijadas para los días 3, 12, 17 y 30 de noviembre, y 1 y 3 de diciembre, ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco participa como querellante en la causa, en la que se investigan los hechos de violencia institucional cometidos contra integrantes de la comunidad Qom en mayo de 2020.
Personal de la División C.O.M. demoró a dos hombres que habrían sido sorprendidos mientras sustraían caños de agua en inmediaciones de las vías del ferrocarril. El procedimiento se realizó este martes 27 de octubre, cerca de las 23:05, en el pasaje Franklin al 1550, luego de personal del COM fueran alertados por vía radial sobre la presencia de varias personas en el lugar. Al llegar, los agentes demoraron a dos hombres y secuestraron un caño de agua de 110 milímetros y tres metros de largo, un acople de la misma medida y una pala de punta. Finalmente, ambos fueron trasladados y entregados a la guardia de prevención de la Comisaría Séptima Metropolitana, donde se continuaron las actuaciones correspondientes.
La capacitación se realizó en la Casa de las Culturas y combinó herramientas para prevenir delitos informáticos y telefónicos con ejercicios de estimulación cognitiva, memoria y atención. La propuesta estuvo especialmente orientada a los adultos mayores, pero también fue abierta a toda la comunidad. El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) realizó ayer una jornada gratuita de Gimnasia Antifraude, una iniciativa innovadora que busca fortalecer la prevención de estafas y brindar herramientas prácticas para reconocer intentos de engaño, especialmente en el entorno digital. La actividad contó con la presencia del presidente de la entidad, Livio Gutiérrez, la directora Claudia Bernardis y fue coordinada por el gerente de Ciberfraudes del NBCH, Julio López. También participaron las licenciadas en Psicología Milagros Belén Eiden y Melina Araceli Arévalo, quienes coordinaron ejercicios de estimulación cognitiva, memoria y atención. Durante el encuentro, Gutiérrez destacó el trabajo conjunto del Banco y el Gobierno provincial para prevenir los delitos financieros y reforzar la concientización de la población. “Desde el Banco del Chaco y el Gobierno de la provincia trabajamos permanentemente para prevenir situaciones de fraude y estafas a través de redes sociales y llamadas fraudulentas. Uno de los principales objetivos de estos delincuentes son los adultos mayores, por eso es fundamental que puedan compartir lo aprendido con sus familias y amigos”, expresó. Asimismo, remarcó la importancia de acompañar a los usuarios frente a los desafíos de la digitalización de los servicios financieros. “Una cosa es actuar cuando la estafa ya se consumó y otra, mucho más importante, es trabajar para evitar que suceda”, sostuvo. Prevención con herramientas para la vida cotidiana La propuesta de Gimnasia Antifraude se desarrolló a partir de situaciones prácticas que permiten identificar maniobras de manipulación, reconocer señales de alerta y aprender a detenerse antes de tomar decisiones que puedan comprometer la seguridad personal y financiera. En ese sentido, Julio López explicó que el objetivo es acercar los conceptos de prevención a la vida cotidiana, para que los participantes puedan reconocer posibles engaños y responder de manera adecuada. “Lo que estamos haciendo es un gym antifraude, donde bajamos conceptos muy claros, muy puntuales, para que la gente pueda practicar, para que se enfrenten con ese momento y puedan reaccionar adecuadamente”, señaló. López destacó que la iniciativa está destinada a todos los usuarios financieros, independientemente de que sean clientes del NBCH o utilicen billeteras virtuales y otros servicios. Además, subrayó la responsabilidad de las entidades financieras en la educación y concientización de la comunidad. “Queremos que la gente esté lo más nutrida posible, con la mayor cantidad de herramientas en la mano, porque es parte de la obligación que tenemos en el sistema financiero”, enfatizó. Estimulación cognitiva para tomar decisiones más seguras La jornada también incorporó ejercicios destinados a fortalecer las capacidades cognitivas que intervienen en la toma de decisiones. A través de dinámicas de memoria, atención, lenguaje y funciones ejecutivas, se trabajó sobre la importancia de reflexionar, evaluar riesgos y evitar respuestas impulsivas ante situaciones sospechosas. Las licenciadas Milagros Belén Eiden y Melina Araceli Arévalo explicaron que la estimulación cognitiva contribuye al mantenimiento de las capacidades mentales en todas las etapas de la vida y puede convertirse en una herramienta complementaria para prevenir engaños. “La intención es poder estimular nuestra mente, conocer la importancia de crear hábitos durante toda la vida, no solamente del cuerpo, sino también de nuestra psiquis y, sobre todo, para poder llegar a una vejez plena”, señaló una de las profesionales. Además, destacó la importancia de fortalecer las funciones ejecutivas, que permiten frenar, reflexionar y analizar las consecuencias antes de actuar.Por su parte, Arévalo remarcó que la estimulación cognitiva no está limitada a una franja etaria. “Lo que venimos también a mostrar es que la estimulación cognitiva es para todas las edades, porque también funciona como prevención y mantenimiento”, concluyó. Con esta iniciativa, el Nuevo Banco del Chaco ratifica su compromiso con la educación financiera y la prevención de delitos, promoviendo una comunidad mejor preparada para identificar intentos de estafa y proteger sus datos, sus cuentas y su patrimonio.
La Secretaría de Obras Públicas continúa llevando adelante trabajos de mejoramiento de la iluminación en calles de alto tránsito que conectan el casco céntrico con distintos barrios de la ciudad. Estas intervenciones incluyen la instalación de nuevas columnas de alumbrado y luminarias LED, con el objetivo de mejorar la visibilidad, favorecer la transitabilidad y brindar mayor seguridad a los vecinos. En esta oportunidad, se culminaron los trabajos de iluminación sobre avenida Paraguay, desde avenida Libertadores en adelante. Además, el personal de Obras Públicas realizó la pintura de las columnas, dando los últimos detalles a esta intervención. En algunos sectores, las obras responden a pedidos de los vecinos y, en otros, forman parte de la planificación municipal para seguir mejorando los espacios de circulación. La instalación de columnas y luminarias es una prioridad para esta gestión, que continúa trabajando por una ciudad más iluminada, ordenada y segura para todos.
La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal habilita su intervención directa cuando el fiscal de la causa desiste de continuar la investigación, una facultad reconocida por la Corte Suprema en los precedentes Guillermo Moreno y Skanska. El CIPCE cuestionó la actuación del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, al considerar que el cierre de la causa se basó en una valoración arbitraria de la evidencia reunida y se produjo sin avanzar en líneas de investigación determinantes para el esclarecimiento de los hechos. En este contexto, la organización sostiene que la PIA debe ejercer las facultades que le otorga la legislación vigente para asumir directamente la acción penal, impugnar los sobreseimientos y garantizar la continuidad de la investigación. La intervención de la PIA resulta fundamental para evitar que el cierre prematuro de la causa derive en la impunidad de posibles hechos de corrupción de enorme trascendencia institucional, que comprometen intereses colectivos. La investigación provocó una fuerte conmoción pública debido a la presunta vinculación del presidente de la Nación y de su hermana, secretaria general de la Presidencia. En este contexto, el CIPCE advirtió que la falta de una investigación efectiva podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino por el incumplimiento de sus obligaciones de investigar y perseguir este tipo de delitos. El CIPCE también señalón graves deficiencias en el desarrollo de la investigación, entre ellas, la falta de transparencia sobre las actuaciones, la desatención de pedidos para profundizar medidas probatorias y la ausencia de respuestas a las solicitudes de citación a indagatoria del Presidente. Finalmente, subrayó la urgencia de que la PIA intervenga, dado que el plazo para apelar el sobreseimiento es de apenas tres días desde su notificación. Consideró que, frente a la gravedad de los hechos investigados y las irregularidades denunciadas, resulta indispensable garantizar la continuidad de la investigación y evitar que una decisión prematura impida el esclarecimiento de los hechos.