En declaraciones a CIUDAD TV, el secretario general de la CGT del Chaco, Adrián Bellomi, cuestionó los supuestos “logros” del gobierno nacional en la baja de la inflación y del gasto público. Además, anunció detalles de la movilización de la central obrera de este jueves en Resistencia. El dirigente sindical apuntó contra las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien presentó índices de inflación a la baja. “Si sacás la comida, sacás el combustible, lógicamente la inflación te va a dar para abajo”, disparó Belloni, señalando que la reducción del gasto público se tradujo, en los hechos, en el congelamiento salarial de los trabajadores estatales. En una provincia como el Chaco, donde la administración pública constituye uno de los principales motores de la economía, ese ajuste tuvo consecuencias directas: la suspensión de la cláusula gatillo para los docentes, salarios pisados en las fuerzas de seguridad y condiciones laborales deterioradas en el sector de salud. Sobre la reforma laboral aprobada por el Congreso Nacional, Belloni describió una situación judicial vertiginosa. La CGT acudió a la justicia laboral, que suspendió 83 artículos de la norma por considerarlos inconstitucionales. Sin embargo, tres magistrados dejaron sin efecto esa cautelar, lo que motivó que la central obrera recusara a esos jueces, en un hecho que el propio dirigente calificó de histórico. “Al otro día mismo a uno de los jueces le extienden el contrato por cinco años más”, señaló Belloni, cuestionando la independencia de esos tribunales. Ayer, precisó, un nuevo fallo volvió a poner en debate la competencia de la justicia administrativa, abriendo la posibilidad de que los 83 artículos sean nuevamente suspendidos en las próximas horas. Ante ese escenario de incertidumbre jurídica, Belloni lanzó una advertencia directa al empresariado: “No le echen mano a la ley porque se van a estar comprando un problema”. El dirigente recomendó continuar operando bajo el régimen anterior hasta que la justicia defina el fondo de la cuestión constitucional, y desmontó el argumento oficial de que la reforma garantizaría seguridad jurídica. Como ejemplo, mencionó el régimen de banco de horas —uno de los artículos suspendidos— que permitía extender la jornada laboral a doce horas bajo acuerdos que, según Belloni, favorecían exclusivamente al empleador. La movilización de este jueves 30 La movilización de este jueves, aclaró el secretario general, no constituye un paro sino una marcha que recorrerá la plaza central para culminar con una misa en la Catedral de Resistencia a las 20 horas, celebrada a pedido formal de la CGT al Arzobispado local, que ya confirmó su realización. La convocatoria apunta a trabajadores, organizaciones sindicales independientes, el arco docente y ciudadanos en general. El acto tiene una doble conmemoración: el Día del Trabajador y el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, a quien Belloni definió como “el argentino más importante del mundo” y un faro de justicia social que, dijo, los dirigentes políticos deberían tomar como referencia. Además, el dirigente invitó a una ofrenda floral el propio 1° de mayo a las 10 de la mañana en el monumento a Juan Domingo Perón y Avenida Alberdi, independientemente de las lluvias previstas, en reconocimiento al legado de conquistas laborales que, subrayó, le costó vidas a la clase trabajadora a lo largo de la historia.
Autor: Redacción General
Ambos se presentaron este miércoles en la sede de la Fiscalía Nº2 de Resistencia. Escalante está acusado de ser el autor material del homicidio ocurrido el pasado 12 de abril, en inmediaciones de avenida Chaco al 3200. Según la investigación, el ataque se produjo alrededor de las 6 de la mañana, en el contexto del festejo de su cumpleaños. Por su parte, Pauluk es señalada como participe del hecho. Además, fuentes judiciales indicaron que entre el jueves y el viernes quedarían en libertad C.M.P y M.E., quienes fueron detenidos en un primer momento por colaborar con la fuga de Escalante tras el crimen. Por otra parte, M.S.S. recuperó la libertad en las últimas horas, bajo el régimen de prisión domiciliaria. La familia de Romero marchó en pedido de justicia La convocatoria se realizó este miércoles en la mañana en medio de un clima de profundo dolor y con fuertes cuestionamientos hacia algunas decisiones judiciales recientes. Durante la movilización, los manifestantes no solo señalaron al presunto autor material del crimen, Damián Escalante, sino también a otras personas que, según denuncian, habrían tenido participación directa o indirecta. Entre ellos, mencionaron a la madre del principal acusado y a otros presuntos cómplices, como quienes habrían facilitado la fuga tras el hecho. También hicieron referencia a Cristian Pared, a quien señalan como uno de los partícipes. “Sabemos que es un relato armado para zafar de lo que hicieron”, afirmó Luis Romero, hermano de la víctima, en relación a la versión de que el hecho habría ocurrido en defensa propia, hipótesis que la familia rechaza de plano. Lejos de tratarse de una protesta aislada, los familiares adelantaron que las movilizaciones continuarán. “Vamos a tratar de estar vigentes hasta el último día del juicio”, aseguró el hermano de la víctima, dejando en claro que el reclamo se mantendrá activo hasta que haya una condena firme para todos los involucrados. Libertad Digital
El Presidente Javier Milei montó un show en el Congreso nacional para acompañar a su denunciado Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que arribó al Congreso nacional para dar su primer informe de gestión. Ya en la Cámara de Diputados protagonizó su primer acto al atacar a la prensa acreditada. Pasadas las 10 de la mañana, el mandatario arribó al palacio legislativo acompañado por todo su gabinete. Antes de ingresar al recinto junto a su hermana, en tanto, intercambió unas palabras con la prensa. Ante la pregunta de por qué sostenía al Jefe de Gabinete en su cargo y ante la consulta sobre si era un corrupto dijo: “los corruptos son ustedes”. El gabinete se reunió cerca de las nueve de la mañana en la Casa Rosada y cerca de las diez se dirigieron en combis al Congreso de la Nación. Adorni, en tanto, fue por separado minutos antes. Una vez en el despacho de Martín Menem, se sacaron todos una foto y también filmaron un video en el que levantan los pulgares y sonrien que, luego, fue editado para que de fondo suene la canción de la película de Rocky “Eye of the tiger”. Ubicados en los palcos del Congreso escuchan a Adorni Mario Lugones, Ministro de Salud; Santiago Bausilli, Presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA); Alejandra Monteoliva, Ministra de Seguridad Nacional; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y armador nacional de La Libertad Avanza; Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado; María Ibarzábal, Secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación; Diego Santilli, Ministro del Interior; Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano; Luis Caputo, Ministro de Economía; Javier Milei, Presidente de la Nación; Juan Bautista Mahiques, Ministro de Justicia; Karina Milei, Secretaria General de la Presidencia; Manuel Adorni, Jefe de Gabinete de Ministros; Patricia Bullrich, Senadora Nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza; Martín Menem, Presidente de la Cámara de Diputados; Carlos Presti, Ministro de Defensa; Santiago Caputo, Asesor Presidencial. Página/12
La acusación lleva la firma de 15 funcionarios del oficialismo. Fue presentada ante el fuero Criminal y Correccional Federal. Un grupo de legisladores nacionales del bloque La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra la diputada Marcela Pagano, en la que la acusan por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta, entre otros cargos vinculados a la administración pública. La presentación fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, considerado competente para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones. Entre los firmantes figuran María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros diputados nacionales. Los delitos por los que acusan a Marcela Pagano En el documento judicial, los legisladores señalaron que la denuncia apunta a hechos que podrían configurar delitos contra la Administración Pública Nacional, presuntamente cometidos por Marcela Pagano desde que asumió su banca el 10 de diciembre de 2023. La acusación incluyó posibles irregularidades vinculadas a su situación patrimonial, con foco en la presentación de declaraciones juradas y en la evolución de sus bienes durante su desempeño como funcionaria. Además del enriquecimiento ilícito, los denunciantes incorporaron figuras como la omisión maliciosa y la administración fraudulenta, lo que amplía el alcance de la investigación hacia eventuales maniobras que podrían haber afectado recursos públicos. Detalles de la presentación judicial La denuncia fue formalizada con patrocinio letrado del abogado Hernán Emilio Seivane, quien intervino en representación de los legisladores. En el escrito, los diputados fijaron domicilio procesal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solicitaron que se investiguen los hechos bajo la órbita federal. Según consta en el documento, la acción judicial busca que se determinen las responsabilidades correspondientes y se esclarezca si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública. El caso se suma a un contexto de creciente judicialización de la política, donde las denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales adquieren protagonismo en el debate público. La situación de Marcela Pagano quedó ahora bajo análisis de la Justicia, que deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal sobre los hechos denunciados. Ámbito
La vicepresidenta del Instituto Provincial de Discapacidad del Chaco (IPRODICH), Mónica Morales, se refirió al nuevo proyecto de discapacidad impulsado por el Gobierno nacional y aseguró que, mientras tanto, el organismo continúa trabajando bajo la normativa vigente, en particular la ley de emergencia en discapacidad ya aprobada. En declaraciones a CIUDAD TV, Morales sostuvo que la presentación del nuevo proyecto “fue sorpresiva” y remarcó que actualmente “la ley vigente es la que abrió un abanico de derechos y sobre la que estamos trabajando”. En ese sentido, indicó que mantienen reuniones a nivel regional junto a otras provincias del NEA para analizar el escenario y las posibles implicancias de la iniciativa nacional. Inclusión laboral y capacitaciones La funcionaria destacó además las políticas que viene desarrollando el IPRODICH para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entre ellas, mencionó la entrega de herramientas para capacitaciones en jardinería y el trabajo articulado con distintas instituciones. Uno de los ejemplos es la granja “La Josefina”, donde jóvenes participan de programas de entrenamiento laboral. Allí no solo adquieren conocimientos técnicos, sino también hábitos vinculados al mundo del trabajo, como el cumplimiento de horarios y normas. “Buscamos que las personas con discapacidad tengan autodeterminación y puedan proyectar una vida independiente, ya sea a través de un emprendimiento propio o insertándose en el mercado laboral”, explicó Morales. Ley de sponsorización: una herramienta clave Otro de los ejes señalados fue la implementación de la ley de sponsorización, vigente desde 2020, que permite a empresas destinar hasta un 12% de lo que abonarían en impuestos a financiar proyectos de personas con discapacidad. Según detalló, quienes deseen acceder deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y presentar un proyecto a través de la plataforma de gobierno digital. Este puede ir desde la compra de una computadora para estudiar hasta el financiamiento de un emprendimiento. El programa contempla un sistema de evaluación y seguimiento para garantizar que los fondos sean utilizados exclusivamente para el objetivo presentado. “La idea es generar oportunidades reales para que puedan desarrollar sus propios recursos”, afirmó. Enfermedades poco frecuentes y concientización Durante la entrevista, Morales también hizo referencia a actividades de concientización sobre enfermedades poco frecuentes, destacando la importancia de visibilizar estas patologías, que afectan a una de cada 2.000 personas. En ese marco, valoró el acompañamiento de la comunidad y resaltó la necesidad de fortalecer los espacios de contención y rehabilitación para quienes atraviesan estas condiciones, que muchas veces son poco conocidas. Expectativa por definiciones nacionales Finalmente, la vicepresidenta del IPRODICH insistió en la necesidad de esperar definiciones sobre el proyecto nacional, aunque dejó en claro que la prioridad actual es garantizar la continuidad de los derechos ya reconocidos. “Hoy trabajamos con la ley vigente. El nuevo proyecto está en discusión y veremos cómo avanza”, concluyó.
En una presentación formal ante la Legislatura provincial, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECh) ratificó su categórico rechazo al Proyecto de Ley N° 303/2026 enviado por el Poder Ejecutivo. La entidad gremial respondió así a un requerimiento de la Comisión de Legislación del Trabajo, subrayando que su postura se mantiene en línea con lo planteado el pasado 7 de marzo junto a otras organizaciones sindicales del sector estatal. Desde la conducción de ATECh expresaron una profunda preocupación por lo que consideran una “tergiversación extraordinaria” de la normativa vigente por parte de legisladores oficialistas, asegurando que los derechos sindicales están siendo directamente atacados por esta iniciativa. Para el sindicato docente, este proyecto no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de parámetros políticos que buscan promover en la sociedad la “supremacía de la especulación y el individualismo por sobre los principios de la solidaridad y del humanismo”. En sus fundamentos, ATECh recordó que la Constitución Provincial y las leyes vigentes reconocen las licencias por representación gremial con goce de haberes, una situación que el nuevo marco legal pretende desconocer con lo que califican como un “accionar retrógrado”. La organización advierte que el fin último de la medida es lograr el “debilitamiento de las asociaciones sindicales”, las cuales constituyen el último vallado de defensa para los derechos laborales y salariales de los empleados públicos. La entidad gremial denunció además que esta política tiende al desfinanciamiento de los sindicatos y busca producir una diferenciación injustificada entre los representantes y sus afiliados. Según el comunicado, la pérdida de aportes jubilatorios y de cobertura de la obra social para quienes ejercen cargos gremiales vulnera el principio de igualdad y constituye, en la práctica, una “privatización encubierta de un sector de los empleados del Estado”. ATECh vinculó esta intención de asfixia financiera con experiencias recientes de retenciones indebidas de aportes sindicales por parte del Estado, lo cual consideran una violación directa al artículo 32 de la Constitución de la Provincia. Finalmente, el gremio desestimó los argumentos del Ejecutivo que califican a los salarios como un costo, afirmando de manera tajante que “los salarios son inversiones, por lo tanto no deben considerarse gastos”. Los representantes de los educadores instaron a los legisladores actuales a repasar la historia y los debates de principios de los noventa que dieron lugar al Estatuto del Docente, donde se garantizó que las licencias gremiales pagas por el Estado no fueran consideradas una “subvención de la patronal”, sino una forma de fortalecer la democracia misma. El sindicato concluyó su exposición reafirmando que, de aprobarse el proyecto, se vulneraría la previsibilidad jurídica y el desamparo salarial de la representación sindical sería inminente.
El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (CIJ) coordinó un operativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes que concluyó con 84 detenidos en 17 provincias de Argentina, más Capital Federal, y a otros 15 países. A través del operativo “Aliados por la Infancia VI”, se realizaron 270 allanamientos, de los cuales 68 ocurrieron en el país, en Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán. Mientras que el resto de los procedimientos se distribuyó: 159 en Brasil, siete en Panamá y en República Dominicana; cinco en Guatemala, en Uruguay y en Paraguay; cuatro en Costa Rica y en España; tres en Perú; y uno en Puerto Rico, en Honduras y en Francia. En esos objetivos fueron detenidos 84 sospechosos por tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas. En Argentina hubo 26 arrestos y 58 en el resto del mundo. Al igual que las ediciones anteriores, Aliados por la Infancia VI surge de las investigaciones dispuestas por la fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien encomendó al CIJ el uso de las herramientas digitales ICACCOPS/CPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System/Child Protection System) para identificar usuarios de redes P2P que distribuyen material de abuso sexual contra N,NyA, así como el análisis de los reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC). Como resultado, la Unidad de Cibercrimen del CIJ identificó en Ciudad de Buenos Aires 15 domicilios, 11 en Santa Cruz, ocho en la provincia de Buenos Aires, cuatro en Córdoba, en Jujuy y en Misiones, tres en Entre Ríos, en Santa Fe, en Mendoza y en Chubut, dos en Catamarca y en Salta, y uno en Chaco, en Formosa, en Neuquén, en Tucumán, en San Luis, en Santiago del Estero y en Santa Cruz. Esa información fue remitida a las jurisdicciones correspondientes, que profundizaron las investigaciones y realizaron tareas de verificación de domicilios. El Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal de CABA, Martín López Zavaleta, valoró: “Estamos muy conformes con los resultados que obtuvimos y donde participaron varios países coordinados desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de actividades son muy importantes porque nos constituimos como coordinadores generales”. “No nos olvidemos que hacer allanamientos en varios países en simultáneo es una tarea que requiere mucho trabajo y mucho esfuerzo, y todo eso se hizo desde el Cuerpo de Investigaciones Judiciales. Estamos desarticulando redes que trafican este tipo de imágenes de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, yendo hacia el fondo: yéndolos a buscar, llevándolos detenidos, secuestrándoles todo el equipo donde tienen guardadas estas imágenes, investigando también si no son —además de tenedores de este tipo de material— autores de delitos de abuso sexual para niños, niñas y adolescentes”, expuso. Por su parte, la fiscal Daniela Dupuy, de la Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas del MPF CABA, explicó: “Lo que sigue ahora, después de este trabajo en equipo excelente y con esta nueva gestión del doctor Martín López Zavaleta; es el análisis de los dispositivos de almacenamiento informático por parte del CIJ. Y allí se determinará si realmente vamos a juicio o si rápidamente llevamos a cabo —obviamente conversándolo con los defensores— alguna vía alternativa, como son los juicios abreviados. Pero estos casos requieren eficacia, rapidez y resultados; y eso, creo que, entre todos, estamos trabajando para llevarlo a cabo lo más pronto posible”. Mientras que la secretaria general a cargo de CIJ, Bárbara Moramarco, agregó: “La intervención del Ministerio Público Fiscal, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, no hace más que evidenciar que la cooperación internacional constituye un presupuesto ineludible y un instrumento esencial para el abordaje eficaz de estas modalidades delictivas de carácter transnacional”. “Aliados por la Infancia” es una operación internacional coordinada desde la República Argentina que tiene por objetivo combatir la explotación sexual de N,NyA en entornos digitales. Fue diseñada para investigar y perseguir delitos vinculados con la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual contra N,NyA, con acciones simultáneas en múltiples países.IP Origen y colaboración internacional La operación surgió a partir del trabajo conjunto entre la Embajada de los Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ). Gracias a esta cooperación, la Argentina firmó un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center (Fox Valley Technical College), obteniendo acceso al sistema ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child Online Protection System). Esta herramienta permite detectar usuarios que distribuyen contenido de abuso sexual infantil en redes P2P. En paralelo, se incorporó la plataforma CPS (Child Protection System), desarrollada por la ONG Child Rescue Coalition, que también identifica en tiempo real a usuarios involucrados en estas actividades delictivas.
Al cierre de abril, mes de concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 5 de Corrientes renovó la convocatoria pública de adopción para “Star”, un niño de 10 años que espera una familia. El Juzgado de Familia Nº 5 renovó el llamado para garantizar su derecho a vivir en familia. El niño —cuyo nombre es ficticio para resguardar su identidad— vive desde hace más de dos años en un dispositivo de cuidado alternativo. Su situación impulsó no solo la búsqueda de un hogar, sino también un proceso de reflexión dentro del Poder Judicial sobre cómo acompañar de manera adecuada a niños con autismo. El juez a cargo, Edgardo Enrique Frutos, señaló que uno de los principales desafíos fue incorporar herramientas específicas para comprender el TEA, entendiendo que implica una forma distinta de percibir y vincularse con el entorno. Actualmente, Star es un niño curioso, activo y con ganas de aprender. Con acompañamiento adecuado y pautas claras, logra incorporar hábitos, enfrentar nuevos desafíos y avanzar en su desarrollo. Disfruta del juego, se vincula con adultos y otros niños, y en contextos de contención puede sostener la atención y participar en distintas actividades. Asiste a espacios de apoyo escolar, psicopedagogía y estimulación, donde trabaja el lenguaje, la regulación emocional y las habilidades sociales. También participa en actividades recreativas como natación y gimnasia, que favorecen su bienestar. Desde el Juzgado destacaron que necesita una familia que le brinde afecto, estabilidad y acompañamiento cotidiano, respetando sus tiempos y potenciando sus capacidades, para que pueda crecer en un entorno de cuidado. La convocatoria sigue abierta con un objetivo central: garantizar su derecho a vivir en familia. En paralelo, se recordó que quienes no puedan asumir un proyecto adoptivo pueden sumarse al programa de Familias Recreativas, una propuesta que permite generar vínculos significativos con niños que viven en dispositivos de cuidado, sin fines adoptivos. ¿Cómo postularse? Las personas interesadas deberán completar el Formulario de Convocatorias Públicas disponible en: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf Y enviarlo a: Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 5 de la Provincia de Corrientes: Correo electrónico: jfamilianya5-capital@juscorrientes.gov.ar Dirección: Pellegrini 917, 1.º piso (lunes a viernes de 7:00 a 13:00) Teléfono: (379) 4104286 Celular: 379 5150983 Instagram: @juzgadofamilia5 También pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes): registroadopcion@juscorrientes.gov.ar 03794-4104298📍 Carlos Pellegrini Nº 917 – Entrepiso.
El hombre de 32 años fue demorado por efectivos de la Comisaría Quinta Metropolitana. Esta madrugada, efectivos policiales detuvieron a un hombre de 32 años conocido como “La Garza”, quien era intensamente buscado por la Justicia en el marco de una causa por “Supuesto Robo a Mano Armada”. El procedimiento se realizó cerca de las 2 cuando efectivos que realizaban tareas investigativas lograron reconocer, demorar y trasladar al sospechoso hasta la unidad policial. Además el detenido también estaría involucrado en la sustracción de una motocicleta Gilera Smash 110 cilindradas, denunciada por un vecino de 68 años. El rodado había sido robado días atrás en el barrio Mariano Moreno. Al verificar sus antecedentes mediante el Si.Ge.BI (Sistema de Gestion Biometrica), se confirmó que sobre el aprehendido pesaba un pedido activo de detención solicitado el 28 de abril por la Fiscalía interviniente. Finalmente, se traslado al demorado a la Comisaria Quinta, donde fue notificado de las causas en cuestión, para así quedar a disposición de la Justicia, informó la dirección de prensa de la Policía del Chaco.
Desde la Cámara de Comercio de Resistencia señalaron un fuerte enfriamiento del consumo en 2026 y reclamaron medidas para aliviar la carga fiscal y sostener la actividad. En medio de un contexto económico de crisis, el tesorero de la Cámara de Comercio de Resistencia, Martín Giménez, advirtió sobre la compleja situación que atraviesa el sector, marcada por la caída de ventas, el aumento de costos y la necesidad de reconversión de muchas empresas. En declaraciones a CIUDAD TV, el dirigente sostuvo que desde comienzos de 2026 se percibe “un parate bastante importante en el consumo”, lo que impacta de lleno en la actividad comercial. “La gran mayoría de los rubros están con caídas significativas en las ventas, lo cual es una situación preocupante”, afirmó. Mayor presencia nacional En paralelo a este escenario, Giménez destacó un hecho institucional relevante: por primera vez en sus 103 años de historia, la Cámara de Comercio de Resistencia pasó a integrar el Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio. “Es un paso muy importante para la dirigencia local, porque nos permite tener mayor participación y llegada en las decisiones a nivel nacional”, explicó. La entidad ya tenía representación en otras organizaciones como CAME y UDECA, pero no en este espacio. Según remarcó, esta presencia fortalece el federalismo y permite visibilizar la realidad del interior del país en ámbitos donde se definen políticas económicas. Cambios económicos y consumo en baja El dirigente analizó también el impacto de las políticas del gobierno de Javier Milei, al señalar que hubo un “cambio drástico en las reglas de juego”, con foco en la estabilización macroeconómica y la apertura de importaciones. Si bien reconoció que algunos indicadores muestran crecimiento, advirtió que ese repunte no llega al comercio: “Los sectores que están creciendo, como minería, hidrocarburos o el agro, tienen poca mano de obra y no derraman en la actividad comercial”. En ese sentido, alertó que el proceso de ajuste tiene costos: “Va a llevar tiempo y lamentablemente implica cierre de empresas. Si bien algunas abren, la situación general es compleja”. Reclamo por la presión impositiva Uno de los principales planteos del sector apunta a la carga tributaria. Giménez sostuvo que los comerciantes locales enfrentan impuestos “muy superiores” a los de países con los que compiten. “Nos piden ser más eficientes y competitivos, pero necesitamos que el Estado acompañe bajando la presión impositiva”, remarcó, y anticipó que en mayo impulsarán gestiones vinculadas a anticipos fiscales. También advirtió que la apertura de importaciones —la más fuerte desde la década del 90— obliga a competir con productos del exterior en condiciones desiguales. Reconversión y nuevas formas de venta Frente a este panorama, muchas empresas se vieron obligadas a reinventarse. El crecimiento del comercio electrónico y de plataformas internacionales modificó las reglas del mercado. “Hoy los marketplace importan directamente desde el exterior, lo que nos obliga a bajar márgenes y cambiar la forma de comercializar”, explicó. A pesar de ello, subrayó que el objetivo es sostener el empleo: “El personal es uno de los activos más importantes de las pymes, pero en algunos casos hay que hacer ajustes para mantener la empresa”. Habilitaciones y trabas locales En el plano local, Giménez se refirió a las dificultades para habilitar comercios en la ciudad. Si bien destacó avances para locales de baja complejidad —de hasta 100 metros cuadrados—, indicó que persisten trabas en emprendimientos más grandes. “Hay requisitos que son difíciles de cumplir, sobre todo en inmuebles antiguos del microcentro”, señaló, y recomendó a los comerciantes asesorarse previamente para evitar inconvenientes. Actividades para impulsar el sector Por último, adelantó que la Cámara trabaja en distintas iniciativas para dinamizar la actividad, entre ellas un programa de capacitaciones, nuevas ediciones de la “Noche de las Peatonales” y el tradicional Black Friday. En un contexto adverso, el sector comercial busca adaptarse y sostenerse, mientras insiste en la necesidad de políticas que acompañen la transición y reactiven el consumo.
El Tribunal Oral Federal 5 de San Martín los encontró culpables de secuestros, tormentos y delitos sexuales contra más de un centenar de personas en la zona oeste del conurbano bonaerense durante la última dictadura. Tras más de un año y medio de audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti, dió a conocer este martes el veredicto en el juicio conocido como Mansión Seré IV/RIBA II que abarcó delitos cometidos por integrantes de la Fuerza Aérea contra más de 110 personas. En una audiencia presencial -algo cada vez menos común en juicios de lesa humanidad- y con los acusados en la sala, la jueza Morgese Martín, presidenta del tribunal, leyó la parte resolutiva de la sentencia, que condenó a Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch y Julio César Leston a 25 años de prisión, pena que habían solicitado tanto la fiscalía como las querellas. Herrera, exteniente 1° de la I° Brigada Aérea de El Palomar, fue encontrado culpable como coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos contra 71 personas así como de abuso deshonesto agravado y abuso sexual. Zyska, quien era cabo primero en la I° Brigada Aérea, fue responsabilizado como coautor del secuestro y los tormentos sufridos por 30 personas que pasaron por el circuito represivo montado por la Fuerza Aérea en la zona oeste del conurbano. Lynch, excapitán de la VIII° Brigada Aérea de Moreno de la Fuerza Aérea, fue condenado como coautor de secuestros y tormentos contra una veintena de personas así como de delitos sexuales (abuso deshonesto y abuso sexual). Leston, excabo 1° de la Regional de Inteligencia Buenos Aires, más conocida como RIBA, de la Fuerza Aérea, fue responsabilizado como coautor del secuestro y los tormentos que tuvieron como víctimas 24 personas y también por coacción. A pesar de los numerosos testimonios sobre delitos cometidos contra las infancias en muchos de los hechos que se juzgaron, el Tribunal decidió no hacer lugar a la ampliación pedida por la fiscalía para incluir esos crímenes de manera autónoma. Sin embargo, durante la lectura, se ordenó extraer testimonios respecto de esos nuevos hechos para que sean investigados en otro proceso. “No me van a violar más. Para mí y para todas las compañeras que sufren violencia de género: fijense cuándo he tardado en condenar a este hijo de puta, atrévanse a denunciar, no es imposible”, dijo a La Retaguardia Zoraida Martín, sobreviviente del terrorismo de Estado cuyo testimonio fue clave para la condena por delitos sexuales. Esta es la primera condena para los cuatro exmilitares, quienes fueron juzgados por primera vez por crímenes de lesa humanidad. El quinto acusado, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, un ex miembro de la RIBA que ya tenía una condena previa por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, murió el año pasado y no llegó a finalizar el juicio. Por ese motivo, las acusaciones habían solicitado que se realizara un juicio por la verdad relativo a los hechos que tuvieron como víctimas a Patricia Julia Roisinblit, José Manuel Pérez Rojo, su hija Mariana Eva Pérez y Gustavo Gabriel Pontnau. En su resolución, el TOF tuvo presente el pedido pero tomó una decisión sobre el proceso. Los hechos juzgados Los hechos que se juzgaron ocurrieron durante la última dictadura en la denominada la Subzona 16, que abarcó los partidos bonaerenses de Morón, Moreno y Merlo. El control operacional de esa zona fue cedido por el Primer Cuerpo del Ejército a la Fuerza Aérea, que armó su propio circuito represivo que abarcó los centros clandestinos de detención “Mansión Seré”, las Brigadas Aéreas de Palomar, Morón y Moreno, la Comisaría 3ra. de Castelar, la Comisaría 1ra. de Moreno, entre otras. La Regional de Inteligencia “Buenos Aires” (RIBA), centralizaba las tareas de Inteligencia en esa zona, subordinada directamente a la Jefatura II de Inteligencia de la Fuerza Aérea, y tenía su propio Grupo de Tareas y un centro clandestino de detención en su sede de Morón. Este fue el segundo juicio sobre los crímenes de la RIBA. Durante el primero fueron condenados tres represores, entre ellos Omar Graffigna, ex jefe de la Fuerza Aérea y ex miembro de la segunda Junta Militar de la dictadura. En cuanto a Mansión Seré, es el cuarto debate que analiza los crímenes cometidos en ese centro clandestino de detención con 11 represores condenados por esos hechos. Fue la primera vez que se abordaron delitos perpetrados en la VIII Brigada Aérea de Moreno, en la comisaría de Moreno, la subcomisaría de Francisco Álvarez y el Destacamento de Paso del Rey. Tiempo Argentino
En el marco de una fuerte inversión en el sistema sanitario provincial, el gobernador Leandro Zdero, junto al ministro de Salud, Sergio Rodríguez y al ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, recorrieron en el Hospital Perrando, donde supervisaron obras estratégicas y concretaron la entrega de equipamientos de última generación destinado a fortalecer la capacidad de atención. La incorporación de estos equipamientos se realiza a través del financiamiento del Convenio FonPlata por más de 346 millones de pesos y permitirá ampliar la cobertura asistencial, optimizar los diagnósticos, mejorar los controles de calidad y avanzar en tratamientos especializados, con impacto directo en la atención integral de la población. Las autoridades estuvieron en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes, donde se ejecuta una remodelación integral, y verificaron los avances en la ampliación del Centro de Adicciones para Adolescentes del Servicio de Salud Mental, una intervención clave para mejorar la respuesta ante situaciones de consumo problemático. Zdero destacó la magnitud de la inversión y el impacto en la salud pública “Estamos incorporando equipamiento de alta tecnología en áreas como gastroenterología y urología, lo que permitirá mejorar la calidad de las intervenciones y reducir significativamente los tiempos de espera”, afirmó. El mandatario subrayó, además, la importancia de acompañar la incorporación tecnológica con infraestructura adecuada. “El equipamiento es fundamental, pero debe ir de la mano de obras que permitan su correcto funcionamiento. Esto implica readecuaciones, nuevas estructuras y mejores condiciones tanto para los profesionales como para los pacientes”, sostuvo. En materia de salud mental, remarcó el avance en la creación de espacios específicos para la atención de pacientes en situación de intoxicación aguda: “Esto permitirá brindar un tratamiento adecuado, en un entorno más seguro y especializado, y luego avanzar en su incorporación a programas de recuperación”, explicó. Asimismo, el gobernador valoró el trabajo articulado entre las distintas áreas del Gobierno y el compromiso del personal sanitario: “Quiero destacar la labor de la dirección del hospital y de todos los profesionales, que diariamente sostienen el sistema y trabajan para mejorar la calidad de atención”, expresó. Por su parte, el ministro de Salud señaló que esta política forma parte de un plan estratégico para fortalecer el sistema sanitario en toda la provincia: “Estamos avanzando con una inversión significativa en equipamiento e infraestructura, con el objetivo de mejorar la calidad de atención y reducir los tiempos de internación”, indicó. En ese sentido, precisó que la distribución de los equipos no se limitará al Hospital Perrando, sino que alcanzará a más de una decena de establecimientos sanitarios en distintas localidades, como Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela, Castelli, General San Martín, Las Breñas, Colonia Elisa y El Espinillo, entre otras.“El Perrando es nuestro hospital de referencia por su nivel de complejidad, pero también estamos fortaleciendo otros hospitales con equipamiento acorde a sus necesidades, garantizando una red de atención más equitativa”, agregó. Mejoras en la atención y condiciones de trabajo A su turno, la directora del Hospital Perrando, Andrea Mayol, celebró la incorporación de los nuevos equipamientos y el avance de las obras. “Cada incorporación representa una mejora concreta para nuestro trabajo diario. Nos permite brindar respuestas más rápidas, con menor tiempo de internación y mayor calidad en la atención”, destacó. En relación al área de Salud Mental, explicó que la ampliación del Centro de Adicciones permitirá contar con espacios diferenciados “Esto posibilitará una atención más adecuada, en un entorno más contenido y acorde a cada situación, facilitando luego los procesos de rehabilitación”, concluyó.
El intendente de Barranqueras, Roberto Benítez, participó de un encuentro de intendentes de distintas localidades del país y, en diálogo con CIUDAD TV, advirtió que los principales problemas que enfrenta el municipio —residuos, tránsito e infraestructura hídrica— no pueden resolverse de forma aislada, sino que requieren una planificación conjunta liderada por el gobierno provincial. “Si vos no lo hacés en conjunto y no tenés un organizador de ese conjunto, que en este caso entiendo que es el gobierno provincial, por ahí se hace difícil”, señaló Benítez en declaraciones a CIUDAD TV. El intendente destacó que las diferencias entre los municipios que componen el Gran Resistencia no son solo de recursos sino también de capacidad de prestación de servicios, lo que vuelve imprescindible una mirada regional coordinada. El problema de la basura Benítez puso especial énfasis en el tratamiento de residuos como uno de los núcleos críticos de la gestión municipal. Indicó que Barranqueras y Resistencia, como los dos municipios que mayor volumen de basura generan en el área metropolitana, han mantenido conversaciones para sistematizar un trabajo conjunto, aunque sin resultados concretos hasta el momento. El municipio de Barranqueras mantiene actualmente una recolección diaria con horarios establecidos, un sistema de puntos verdes con recolección diferenciada tres veces por semana, y comunicación permanente con los vecinos sobre los recorridos del servicio. Sin embargo, el intendente reconoció que los contenedores no han dado resultado: “La gente te tira al lado del contenedor, no adentro del contenedor”, explicó. Benítez también alertó sobre el problema de la poda irregular de árboles, que obliga al municipio a recolectar ramas a diario, y anticipó la implementación de un programa juvenil orientado a generar conciencia ambiental desde la infancia: “Así como vos criás una mascota, la idea es que los jóvenes adopten la posibilidad de mantener un árbol”. La cuestión hídrica: pedidos sin respuesta Uno de los reclamos más contundentes del intendente apuntó directamente a la provincia. Benítez afirmó que Barranqueras atravesó una situación de emergencia hídrica a finales del año pasado, con inundaciones que afectaron a vecinos de varios barrios, y que los pedidos de asistencia enviados a la administración provincial no obtuvieron respuesta hasta la fecha. “Pedimos asistencias que hasta el día de hoy ni siquiera nos han contestado”, denunció. En ese marco, subrayó la necesidad de planificar inversiones en sistemas de desagüe acordes al crecimiento que viene registrando el Gran Resistencia en los últimos años: “Hay que darle orden, hay que planificar y hay que hacer inversiones”. Situación financiera y obras En materia económica, Benítez reconoció que el municipio atraviesa las mismas dificultades que la mayoría de las comunas del país. “Estamos como está el país”, resumió, y aseguró que la prioridad de la gestión es sostener el pago de salarios y garantizar los servicios básicos con una administración austera. En ese contexto, el intendente valoró positivamente un acuerdo alcanzado con Vialidad Provincial para la ejecución de obras de ripio en las calles Edison y Lapacho, gestionado a través de una concejal. Aprovechó la ocasión para pedir mayor colaboración entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal: “Más allá de la cuestión política, nosotros trabajamos para la gente, vivimos en una ciudad donde todos queremos que sea más linda, más limpia, más ordenada”.
Un informe de la Jefatura de Gabinete presentado este miércoles ante la Cámara de Diputados detalla 13 desplazamientos del presidente al exterior entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. Nueva York lidera el ranking de gasto con más de $115 millones en tres días. El Gobierno de Javier Milei gastó al menos $437.756.995,51 en viajes oficiales al exterior entre septiembre de 2025 y marzo de 2026, según surge del informe de gestión escrito que la Jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, presentó este miércoles por la mañana ante la Cámara de Diputados en el marco de su primera exposición ante el cuerpo legislativo. El documento ya está cargado en la web oficial de la Cámara baja. El detalle de los viajes oficiales de Milei aparece como respuesta a la Pregunta N° 1762 del Informe N° 140. Detalla trece traslados presidenciales al exterior clasificados como visitas de Estado u Oficiales. La pregunta también pedía información sobre viajes del propio Adorni, pero el informe aclara que “el Estado Nacional no guarda registro respecto del destino, fechas exactas, duración, y carácter del viaje de vuelos personales llevados a cabo por sus funcionarios”. En otra respuesta respecto al viaje a Nueva York de marzo pasado –el que destapó el escándalo Adorni porque llevó a su esposa–, el informe de la Jefatura de Gabinete reconoce que Bettina Angeletti viajó “en carácter de invitada”, según palabras textuales. No hay más información al respecto. Días atrás, la Justicia archivó una causa abierta contra Adorni por ese viaje en particular, ya que según la Ley de Ética Pública los funcionarios no pueden hacer uso personal de los recursos del Estado. El juez Daniel Rafecas consideró que sumar a Angeletti al avión presidencial no generó costos adicionales al Estado porque había asientos disponibles. Las preguntas de los diputados fueron realizadas al Gobierno apenas días después de que se conociera el viaje de la esposa de Angeletti pero antes de que crecieran las dudas sobre su patrimonio, lo que motivó la investigación que está llevando adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Sin embargo en la pregunta N° 1780 se le pidió al Gobierno detalle de la evolución patrimonial de Adorni y su cónyuge, y la respuesta que presentó la Jefatura de Gabinete es que la declaración jurada del funcionario ya es pública y que los bienes de la cónyuge están en el Anexo Reservado del Formulario 1246, de carácter confidencial. Adorni omitió en sus DDJJ del año pasado el departamento en Caballito donde vive ahora y la casa en el country Indio Cuá que está a nombre de Angeletti. El viaje más caro: tres días en Nueva York, $115 millones El desplazamiento de mayor costo fue el que llevó a Milei a Nueva York entre el 23 y el 25 de septiembre de 2025 para participar de la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas. El gasto total ascendió a $115.704.550, alojándose la comitiva en el Hotel The Langham. Acompañaron al presidente el entonces ministro de Defensa Luis Petri, el ministro de Economía Luis Andrés Caputo, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, el entonces secretario de Comunicación Manuel Adorni —hoy jefe de Gabinete— y el secretario de Política Económica José Luis Daza. En esa visita, Milei se reunió con Donald Trump, Benjamin Netanyahu, la directora del FMI Kristalina Georgieva y el economista Nouriel Roubini, entre otros, y recibió el Premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council. Davos, Miami y Santiago: los otros grandes gastos El segundo gasto más elevado corresponde a la participación de Milei en el Foro Económico Mundial de Davos, del 20 al 23 de enero de 2026, donde se alojó en el Steigenberger Grandhotel Belvédère. Junto al presidente viajaron Caputo, el canciller Pablo Quirno, el ministro Federico Sturzenegger y Karina Milei. El costo fue de $73.179.186,07. En tercer lugar aparece el viaje más extenso del período: entre el 6 y el 10 de marzo de 2026, Milei recorrió Miami, Nueva York y Santiago de Chile —para la transmisión de mando presidencial chilena—, con una escala previa en Bolivia el 8 de noviembre de 2025. El monto total del tramo SAF 301 para ese período fue de $85.667.704,47. En Miami se alojó en el Hotel Trump National Doral; en Nueva York, nuevamente en el The Langham; y en Santiago, en el Hotel Sheraton, cortesía del gobierno chileno. Fue ese el viaje donde estalló el escándalo de Adorni y su esposa, con el funcionario argumentando que estaba “deslomándose” en Nueva York por el Argentina Week. El tramo de Miami y Bolivia del 6 al 8 de noviembre de 2025 —que incluyó el “America Business Forum”, una gala de CPAC en Palm Beach, reuniones con empresarios en Nueva York y la transmisión de mando en La Paz— demandó $72.897.813,30. El Waldorf Astoria El primer viaje oficial registrado en este informe es el de Los Ángeles el 4 y 5 de septiembre de 2025, donde Milei —acompañado únicamente por el ministro Caputo— se reunió con referentes empresariales y de inversiones. Se alojó en el Hotel Waldorf Astoria, con un costo de $12.383.791,38. Días después, entre el 16 y el 17 de septiembre, viajó a Asunción para una visita de Estado que incluyó una reunión bilateral con el presidente Santiago Peña, una sesión de honor del Congreso paraguayo y la apertura de la CPAC en esa ciudad. Fue acompañado por Karina Milei. Se alojó en el Hotel Palmaroga, cortesía del Estado paraguayo, pero el viaje en sí costó $3.205.931,63. Washington, Oslo y el Mercosur El 14 de octubre de 2025, Milei fue a Washington para un almuerzo bilateral con Trump y una ceremonia de homenaje a Charlie Kirk en la Casa Blanca. Lo acompañaron Gerardo Wertein, Caputo, Patricia Bullrich, Karina Milei y Santiago Bausili. Se alojó en la Blair House, residencia oficial de huéspedes del gobierno estadounidense, pero no se evitó un gasto de $17.652.800. En diciembre, Milei viajó a Oslo —9 y 10 de diciembre de 2025— para asistir a la
El gobierno anunció, a través de una resolución de la Secretaría de Trabajo, que acatará la cautelar vigente y reinstalará el programa que beneficia a unas 900 mil personas. El gobierno dio marcha atrás con el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, de la ANSES, anunciado el mes pasado por el Ministerio de Capital Humano y que implica el pago de mensual de 78.000 pesos a más de 900 mil trabajadores informales. No lo hizo por voluntad propia sino como consecuencia de la medida cautelar del Juzgado Federal de Campana, que la semana pasada le ordenó mantener vigentes esas prestaciones hasta tanto se dice una sentencia definitiva. El cumplimiento de la decisión judicial se concretó por medio de una resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que aprobó la liquidación de los fondos para el pago correspondiente al mes de abril, por más de 72 mil millones de pesos. A pesar de que el Gobierno Nacional ratificó en los considerandos del documento que interpondrá los recursos judiciales necesarios para apelar esta decisión, la resolución de hoy admite que corresponde “efectuar las gestiones tendientes al cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente”. De este modo, se asegura la continuidad de los pagos sin que esto implique, según el texto oficial, una modificación del marco normativo que el Ejecutivo buscaba implementar. La resolución de este martes, que firma el secretario de Trabajo, Julio Gabriel Cordero, cita como fundamento de la marcha atrás el expediente tramitado en Campana que “promovió una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, cuestionando la finalización del Programa y la consecuente interrupción de las prestaciones económicas”. Ante la orden judicial para que “mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo (VAT) hasta tanto se dicte sentencia definitiva” y “sin perjuicio de la interposición de los recursos judiciales”, ya que Pettovello anuncio la apelación de esa decisión, Cordero resolvió vehiculizar mediante la resolución “el cumplimiento de la manda judicial conforme el ordenamiento jurídico vigente, disponiendo el pago de la prestación económica prevista”. Cuando la ministra Pettovello anunció el fin del programa dijo que se reemplazaría por el sistema de vouchers. Este esquema trasladaría el presupuesto a las empresas u organizaciones que den talleres, a los que trabajadores informales deberían asistir con la promesa de una “rápida inserción laboral”. Era solo una promesa a la que era difícil creerle en un contexto de mayor crisis, crecimiento del desempleo y, sobre todo, la crueldad con la que se mueve el gobierno libertario. El anuncio de la eliminación había derivado en protestas de organizaciones sociales, principalmente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) bajo la consigna “Trabajo sin salario es esclavitud”. Una de esas movilizaciones fue frente a la casa del jefe de gabinete y vocero muteado Manuel Adorni, donde se intentó visibilizar la contradicción entre el rápido enriquecimiento de funcionaros públicos y el ajuste en los programas sociales. Desde la UTEP afirmaron que el resultado de esta resolución es “gracias a la lucha en la calle de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y los movimientos populares en unidad en todo el país logramos la cautelar que obligó a Capital Humano a seguir pagando el programa Volver al Trabajo a los trabajadores más humildes de la Patria”. En ese sentido señalaron que el Ministerio de Capital Humano “firmó la resolución de pago del programa a los más 900.000 trabajadores. A no aflojar, a seguir luchando. Los derechos se conquistan y se defienden en la calle”, indicaron. La cautelar El juez federal Adrián González Charvay hizo lugar el martes pasado a una cautelar promovida por un grupo de beneficiarios contra el cese del programa dispuesto por la ministra Sandra Pettovello, quienes actuaron por derecho propio y en representación del colectivo de beneficiarios afectados. Argumentaron que la eliminación constituía “una medida regresiva en materia de derechos sociales” que incurría en “inconstitucionalidad por omisión”, y remarcaron que quienes lo reciben son personas que trabajan en la economía popular “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural, que carecen de inserción formal en el mercado de trabajo y que dependen de la prestación” como un ingreso clave. El juez, en los fundamentos de su decisión, explicó que la asignación monetaria “se manifiesta como una previsión con profundo contenido social, y los cambios abruptos en sus circunstancias pueden hacer que, en lo inmediato, la solución legal correcta en su comienzo se torne ahora, con su culminación, arbitraria e irrazonable”. González Charvay cuestionó que la única política del gobierno para compensar la eliminación sea un programa de bouchers educativos. “La referencia genérica de bouchers de capacitación no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que estos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían”, destacó. Ahora, mientras se vuelve a implementar el programa, resta esperar que el gobierno apele la decisión judicial. Página/12
Ocurrió en Sáenz Peña. Durante un operativo antidrogas realizado en la noche del martes, un hombre habría disparado contra los efectivos y luego fue localizado en el hospital. Personal de la División Operaciones Drogas Interior de Sáenz Peña secuestró más de 200 gramos de marihuana durante un procedimiento realizado en calle 42 y esquina 9 del barrio Ginés Benítez, en el marco de una causa por “Supuesta Infracción a la Ley 23.737”. Según informó la policía, el operativo se concretó entre anoche y esta madrugada, luego de tareas investigativas que indicaban presunta comercialización de estupefacientes en la zona. Al arribar al lugar, los agentes detectaron a tres personas con actitudes sospechosas. Asimismo, al momento de intentar demorar a uno de ellos, otro sujeto habría extraído un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y efectuado un disparo contra el personal policial. Ante la agresión, un efectivo utilizó su arma reglamentaria para repeler el ataque, mientras dos de los involucrados escaparon del lugar. En el procedimiento fue demorado un adolescente de 16 años, a quien se le secuestró un trozo compacto y un envoltorio con un peso total de más de 200 gramos de marihuana, sustancia que dio positivo en las pruebas de campo realizadas. Por disposición judicial, el menor fue entregado posteriormente a sus tutores, previo examen médico. Minutos más tarde, desde el hospital local informaron el ingreso de un hombre de 35 años con una herida de arma de fuego en una pierna. Por sus características físicas, vestimenta y domicilio, los investigadores establecieron que se trataría del sospechoso que habría efectuado el disparo durante el operativo. Finalmente, la Fiscalía Antidrogas dispuso la aprehensión del hombre de 35 en la causa por “Supuesta Infracción a la Ley 23.737”, para permanecer internado con custodia policial.
Se llevó a cabo en Sáenz Peña en el marco de un mega operativo internacional denominado “Aliados por la Infancia VI”. La operación internacional “Aliados por la Infancia VI” investiga los hechos de explotación sexual infantil con fines de distribución, con la información recabada se realizaron múltiples allanamientos en el país, y en nuestra provincia el Departamento Cibercrimen de la llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Sáenz Peña, como parte de una investigación vinculada a la distribución de material a través de plataformas digitales. El procedimiento se realizó el martes por la madrugada, con intervención judicial y coordinación simultánea en distintas jurisdicciones provinciales y nacionales. La comitiva policial trabajó junto a divisiones investigativas de Sáenz Peña y Villa Ángela, además de autoridades del Equipo Fiscal N°1 de la localidad. El mandamiento judicial se concretó en una vivienda ubicada por la calle Corrientes al 100 aproximadamente, donde se desplegaron tareas especializadas de análisis forense informático y preservación de evidencia digital. Durante el operativo se secuestró un teléfono celular y diversos elementos informáticos, entre ellos gabinetes de computadoras, una placa madre y un dispositivo de almacenamiento USB.
El documento surge como réplica a una intimación oficial que exigía a las universidades informar, en un plazo de apenas 48 horas, las medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica frente a los paros docentes y no docentes. En un clima de creciente tensión entre el sistema educativo y el Poder Ejecutivo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una contundente respuesta dirigida al Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El documento surge como réplica a una intimación oficial que exigía a las universidades informar, en un plazo de apenas 48 horas, las medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica frente a los paros docentes y no docentes. Las autoridades académicas calificaron este requerimiento como una imposición irrazonable y carente de sustento normativo, advirtiendo que el tono de la solicitud excede las competencias ministeriales. En su descargo, el CIN aseguró con firmeza que las casas de altos estudios permanecen abiertas y plenamente operativas, cumpliendo con su misión institucional de enseñanza, investigación y extensión. No obstante, aclararon que este esfuerzo se realiza en el marco de severas limitaciones materiales y presupuestarias. Para los rectores, cualquier afectación a la normalidad del sistema no puede atribuirse unilateralmente a las instituciones, sino que es una consecuencia directa del incumplimiento de las obligaciones legales por parte del Estado Nacional, específicamente en relación con la Ley de Financiamiento Universitario. La nota profundiza en la gravedad institucional que representa ignorar una ley aprobada y ratificada por amplias mayorías parlamentarias. El Consejo advierte que este desfinanciamiento no es una mera controversia administrativa, sino una alteración del principio republicano de división de poderes que coloca a las universidades en una situación de precariedad extrema. Según el texto, el Poder Ejecutivo nacional ha vulnerado consensos democráticos fundamentales, impactando negativamente en las condiciones salariales y operativas necesarias para garantizar el derecho constitucional a enseñar y aprender. Asimismo, las autoridades universitarias reivindicaron los principios de autonomía y autarquía consagrados por la Constitución Nacional, señalando que son los órganos de cogobierno universitario los competentes para gestionar calendarios y modalidades pedagógicas. El comunicado concluye ratificando la disposición al diálogo institucional, pero subraya que la defensa de la educación pública es inseparable del cumplimiento efectivo de las partidas presupuestarias. La misiva, firmada por el presidente del CIN, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Anselmo Torres, cierra con un llamado a respetar el orden normativo vigente frente a lo que consideran un escenario de presión gubernamental infundada.
La Cámara Federal de Casación Penal decidió anular una resolución que rechazaba el pedido de apartamiento del juez Ricardo Mianovich en una causa donde se investiga al fiscal Patricio Sabadini por la denuncia del contador Walter Pasko, principal imputado en la causa por la usina de facturas truchas. El escenario judicial en Resistencia sumó un nuevo capítulo de tensión tras la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de anular el fallo que mantenía al juez Ricardo Mianovich al frente de una investigación contra el fiscal Patricio Sabadini. El fiscal, conocido por impulsar causas de alto perfil por corrupción y lavado de dinero en Chaco, se encuentra ahora en la posición de investigado luego de que Walter Pasko —un procesado en una causa que el propio Sabadini instruyó— lo denunciara por presunto encubrimiento y conflicto de interés. Según la denuncia, Sabadini habría ocultado pruebas y mantenido vínculos con otros implicados para beneficiarlos. El conflicto central radica en la falta de confianza del fiscal hacia el juez Mianovich. Sabadini sostiene que el magistrado no puede actuar con objetividad debido a una “enemistad manifiesta” y a una denuncia previa que el propio fiscal presentó contra el juez ante el Consejo de la Magistratura en enero de 2026. Previamente, la Cámara de Apelaciones de Resistencia había rechazado el apartamiento del juez, argumentando que no había pruebas suficientes del avance de esa denuncia institucional y que las diferencias entre ambos eran meras “discrepancias procesales” propias del trabajo judicial. Sin embargo, la Sala I de Casación, con los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, dio vuelta esa decisión al considerarla arbitraria. El tribunal superior criticó que se le exigieran al fiscal requisitos excesivos para validar su temor de parcialidad, como demostrar el estado actual del trámite en el Consejo de la Magistratura. Para los magistrados, la existencia de una denuncia concreta y previa contra el juez es un elemento de peso que no puede ser ignorado, ya que la garantía de imparcialidad es un pilar fundamental para asegurar un debido proceso y evitar sospechas sobre la transparencia de la justicia. Con esta resolución, el caso vuelve a la Cámara de Resistencia, que ahora deberá emitir un nuevo pronunciamiento siguiendo los lineamientos de Casación. Mientras tanto, el expediente que nació de la denuncia de Pasko —un contador investigado por una millonaria asociación ilícita fiscal— sigue bajo la lupa, en medio de una feroz interna judicial que ha puesto frente a frente a dos de las figuras más relevantes de los tribunales federales de la región.
En la plaza del barrio Independencia de Fontana, este martes se llevó adelante un nuevo Operativo Sanitario Móvil que acercó servicios esenciales de salud a vecinos de la localidad, con controles clínicos, inmunizaciones, atención odontológica y seguimiento nutricional. La actividad fue impulsada por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud, en articulación con la Fundación CONIN. El operativo contó con una importante convocatoria y permitió reforzar la presencia territorial del sistema sanitario, facilitando el acceso a prestaciones básicas en cercanía a las familias. Organizado por la Región Sanitaria VIII y la Subsecretaría de Redes de Salud Este, en conjunto con el Centro de Salud “Río Arazá”, bajo la coordinación de la enfermera Elda Palavesino, el dispositivo funcionó entre las 8 y las 12 en la intersección de avenida San Martín y Santiago del Estero. Allí se brindaron controles de niño sano y certificados de salud, evaluación nutricional para embarazadas y niños menores de cinco años, revisión y actualización del calendario de vacunación, además de atención odontológica con emisión de certificados bucodentales. La licenciada en Nutrición, Carina Martínez, destacó la participación de los vecinos y el trabajo articulado con el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio 444 Viviendas. “Se realizaron controles de peso y talla, atención odontológica, actualización de carnet de vacunas y evaluaciones médicas para certificados escolares, además de tareas de prevención e invitación a continuar tratamientos en el centro de salud”, explicó. En ese sentido, valoró el trabajo en equipo y remarcó la importancia de contar con atención nutricional en el territorio. “Atendimos a mucha gente y todos los sectores participaron. Nuestro centro es uno de los pocos que cuenta con nutricionista, junto con el hospital Fleitas, lo que nos permite brindar un abordaje integral”, concluyó. Este tipo de operativos refuerza la estrategia sanitaria provincial de acercar servicios de calidad a cada comunidad, promoviendo la prevención y el cuidado de la salud en todo el territorio.