Tras más de dos años de conflicto, el Gobierno de Milei y las Universidades Nacionales firmaron un acuerdo por el financiamiento. Recomposición salarial y presupuestaria por la mitad de lo que fija la Ley de Financiamiento, las universidades no retiran la demanda ante la Corte, y negociación de la mitad restante “a futuro”, con los gremios. La propuesta acordada es un aumento salarial del 24,33% – 21,33% para junio y un 3% adicional en octubre – y refuerzos para becas, hospitales y gastos de funcionamiento. Ese primer incremento impactará en el aguinaldo, que se cobraría junto al sueldo de junio a comienzos del próximo mes. El resto de lo adeudado (otro 25%) se pagaría en paritaras con los gremios (no con los rectores) en los meses que siguen. El acuerdo se terminó de sellar este mediodía en el Palacio Sarmiento, en una reunión encabezada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, con rectores y representantes gremiales en donde todos firmaron el acta que formaliza los ajustes. El Gobierno negociará con los gremios la deuda restante “a futuro” Este aumento contiene lo perdido en 2025-2026 y el 7% de lo perdido en 2024. “Lo faltante del 2024 se tratará en Paritarias“, dicen fuentes de las universidades tras la reunión del vice del CIN, Anselmo Torres. En el acuerdo aparece fijado que inmediatamente después de firmada el Acta se reúne la Paritaria Nacional para refrendar el Acta. A partir del aumento de octubre se reunirá cada tres meses la Paritaria Nacional. Se modifica la Garantía Salarial Docente para que el aumento tenga mayor impacto en algunos escalafones. Hoy, con la autorización de una partida de $800.000 millones por parte del Ministerio de Economía y la promesa de paritarias cada tres meses en lo que resta del año, el sector universitario vislumbra la posibilidad de un alivio en su principal urgencia: los salarios. El acuerdo busca cerrar – al menos de forma parcial – uno de los conflictos más persistentes del primer tramo de la gestión libertaria, aunque el proceso judicial continúa abierto. Y representa, además, una mejora significativa respecto de la “ley alternativa” que la administración libertaria intentó impulsar sin éxito en el Congreso, que proponía apenas un 12,3% de actualización. Meses antes había intentado derogar la ley de financiamiento aprobada en la votación del presupuesto 2026. Los otros puntos claves Las cuestiones salariales las siguen negociando los Gremios, no el CIN como pretendía el Gobierno. Esta propuesta incluye, además, una actualización del 20% en los gastos de mantenimiento, donde se incluyen unos 50 mil millones de pesos extra para los Hospitales Universitarios – a los cuales se les adeudan 80 mil millones en lo que va del año -. También prevé un incremento del 50% para las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas” que está congelado en $81.685 hace más de 2 años. La Nación/Infogremiales
Autor: Redacción General
Se trata de una iniciativa en el Congreso para impedir que funcionarios públicos y sus familiares accedan al régimen de Inocencia Fiscal, tras la polémica por la situación de Betina Angeletti. El proyecto busca cerrar posibles vías de blanqueo de fondos de origen ilícito y establece la exclusión desde dos años antes de asumir cargos. El diputado nacional Esteban Paulón anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a restringir el acceso de funcionarios públicos al régimen de Inocencia Fiscal, en medio de la controversia generada por la situación fiscal de Betina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, de quien trascendió que se inscribió en el mecanismo de regularización tributaria, a fin de poner a resguardo a Manuel Adorni en el marco de la grave situación judicial planteada ante el incremento de su patrimonio dentro de la función pública. “Un límite a la avivada de los Adornis. El régimen de Inocencia Fiscal no puede ser una vía para lavar fondos. No más Betinas ni Manueles”, expresó el legislador en redes al dar a conocer la iniciativa. El proyecto apunta a impedir que quienes ejercen funciones en cualquiera de los poderes del Estado – así como sus familiares directos – puedan acogerse a ese mecanismo. Además, establece que la exclusión comience a regir desde dos años antes de la asunción en un cargo público, con el objetivo de evitar maniobras previas destinadas a regularizar fondos de origen ilícito. La propuesta surge a partir de las recientes informaciones sobre la situación fiscal de Angeletti, que reavivaron el debate sobre posibles vacíos legales en el régimen vigente. Según sostuvo Paulón, la normativa actual podría ser utilizada para blanquear activos provenientes de delitos contra la administración pública, lo que considera necesario corregir. En ese sentido, el texto busca introducir un criterio más estricto en línea con estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero, incorporando restricciones específicas para personas políticamente expuestas y su entorno cercano. Parlamentaria
Mariana Gómez y Milena Pérez, integrantes de Red Integral, presentaron un taller de educación emocional abierto a toda la comunidad. Explicaron que la propuesta apunta a brindar herramientas para la gestión de emociones, fortalecer vínculos y prevenir problemáticas sociales y de salud mental. La actividad será el 29 de junio, sin costo y con inscripción previa. Integrantes de Red Integral presentaron un taller de educación emocional destinado al público en general, con el objetivo de brindar herramientas para el reconocimiento y la gestión de emociones, fortalecer vínculos y trabajar en la prevención de distintas problemáticas sociales. La actividad se realizará el 29 de junio y será gratuita. En diálogo con CIUDAD TV, Mariana Gómez y Milena Pérez explicaron que la propuesta surge a partir del trabajo que vienen realizando en prevención de consumos problemáticos, violencia y acompañamiento psicosocial. “Venimos trabajando justamente en la prevención de problemáticas sociales, de consumos problemáticos, de violencia en todos los ámbitos, de prevención de auxilios psicológicos también, pero ahora nos fuimos un poco más allá del fondo de la cuestión, y por eso queremos trabajar en la educación emocional”, señalaron. Las referentes explicaron que el taller busca abordar aspectos que, según indicaron, no suelen estar presentes en los procesos formativos tradicionales. “Muchas veces hablamos de educación, de conocimiento, pero no hablamos tanto, no trabajamos lo que es la educación emocional, que es justamente tener herramientas para mejorar los vínculos, las formas de afrontamiento en todos los ámbitos del ser humano”, expresaron. En ese sentido, remarcaron que la propuesta está dirigida a personas de todas las edades y sectores, ya que consideran que estas problemáticas atraviesan distintos ámbitos sociales. “Es para todo público. Nadie nos enseñó a gestionar nuestras emociones o cómo actuar ante estos conflictos o ante estas situaciones”, afirmaron. Además, indicaron que el espacio está pensado tanto para familias como para docentes, profesionales y trabajadores de diferentes sectores. “Va a estar dirigido a los docentes y no docentes, porque es una problemática que está en auge en este momento”, explicaron, al tiempo que sostuvieron que la educación emocional puede contribuir a fortalecer los entornos familiares, educativos y laborales. Durante la entrevista, Gómez y Pérez señalaron que una de las metas centrales del taller es trabajar sobre la prevención, entendiendo que el reconocimiento de las emociones puede ayudar a evitar situaciones problemáticas. “No hay emociones que sean buenas ni malas, sino tener las herramientas para poder gestionarlas de forma correcta”, afirmaron. Según explicaron, detrás de dificultades vinculadas a consumos problemáticos o hechos de violencia suele haber factores emocionales no abordados. “Detrás de la falta de educación emocional es donde encontramos luego los problemas sociales, consumos problemáticos, violencia en todos los ámbitos”, indicaron. Las integrantes de Red Integral también remarcaron la importancia de pedir ayuda antes de llegar a situaciones de crisis. “Muchas veces esperamos hasta llegar a cierto punto de colapso. La idea es, a partir de esto, empezar a trabajar y gestionar a tiempo las emociones”, sostuvieron. Asimismo, plantearon que la salud mental debe abordarse desde una mirada preventiva e integral. “No solamente estamos hablando de prevención de problemáticas sociales, sino también de otros problemas de salud que se pueden generar por no darle la importancia que la salud mental se merece”, explicaron, en referencia a posibles consecuencias psicosomáticas derivadas del mal manejo emocional. Consultadas sobre el incremento de conversaciones vinculadas a salud mental, señalaron que existe una mayor apertura social hacia el tema. “Hoy en día se puede hablar más de la salud mental comunitaria, es algo muy importante”, manifestaron. En relación con los consumos problemáticos, indicaron que no existe una única causa, aunque señalaron que el manejo emocional tiene un rol relevante en los procesos de recuperación. “Una de las partes que cuenta el tratamiento bajo el consumo problemático es el poder gestionar las emociones. Hablamos de la culpa, hablamos del enojo”, detallaron. También destacaron el papel de las familias en los procesos de acompañamiento. “Siempre hablamos de red de contención, es necesario el acompañamiento familiar y justamente por eso también está este taller para la familia porque es un trabajo en conjunto de la persona y de la familia”, señalaron. Sobre la modalidad del encuentro, aclararon que no será únicamente una instancia expositiva. “Va a ser una experiencia justamente vivencial, que no es solamente comunicativa, que los queremos escuchar, que estamos para acompañarlos y que la idea es que podamos construir juntos redes de apoyo”, explicaron. La capacitación será gratuita y contará con inscripción previa a través de un formulario disponible en las redes sociales de Red Integral o mediante el teléfono 3625-539018. No obstante, las organizadoras informaron que quienes lo deseen también podrán registrarse directamente el día del evento.
La abogada María José Beliz Gómez cuestionó – en los estudios de Radio La Red – la decisión de extender la detención de Renzo Karban por un año más, asegurando que no existen peligros procesales. Además, advirtió que la causa no está lista para elevarse a juicio debido a pruebas pendientes. En un nuevo capítulo judicial por el asesinato de Romina Karban, la situación procesal de su hermano y único imputado, Renzo Karban, continúa generando controversia en la sociedad Sáenz Peña. Tras cumplirse el límite de dos años de prisión preventiva el pasado 28 de mayo, la justicia resolvió prorrogar su detención por un año adicional. Ante esta decisión, la defensa técnica, liderada por la Dra. María José Beliz Gómez, anunció que presentará un recurso de casación ante el Superior Tribunal. Según la letrada, la resolución que extiende la medida de coerción carece de fundamentos suficientes y se basa exclusivamente en la gravedad del delito y la complejidad de la investigación, sin acreditar de manera concreta la existencia de riesgos de fuga o de entorpecimiento del proceso. Denuncias de irregularidades y pruebas pendientes La defensa fue tajante al desmentir las afirmaciones del fiscal provisorio, el Dr. César Collado, quien recientemente sostuvo que la causa ya se encontraba en condiciones de ser elevada a juicio. “Le quiero avisar al doctor Collado que aún existen pruebas pendientes que fueron solicitadas por la defensa que no se han realizado”, afirmó Beliz Gómez. Dichas pruebas están vinculadas a la extracción de información del teléfono celular del imputado, un trámite que, según la abogada, lleva dos años de demora y cuya concreción se ha dilatado sistemáticamente por parte de la fiscalía. Beliz Gómez advirtió que, en caso de que el fiscal intente elevar la causa omitiendo estas diligencias, solicitará la nulidad de la requisitoria. “Él no está cumpliendo con los términos procesales que se requieren para pedir la elevación”, señaló la abogada, subrayando que estas irregularidades terminan perjudicando directamente a su defendido, quien permanece privado de su libertad. Un proceso marcado por los “traspiés” “A lo largo de estos dos años, la causa ha sufrido diversas dilaciones, incluyendo nulidades, readecuación de hechos y errores en la circunscripción judicial que obligaron a que el expediente regresara a la fiscalía en instancias previas” remarcó la abogada. Para la defensa, estas situaciones han extendido el proceso “más de lo normal”, retrasando la posibilidad de llegar a la instancia de juicio donde pretenden demostrar la inocencia de Karban. Actualmente, Renzo Karban se encuentra imputado por homicidio agravado por alevosía, por codicia y por el uso de arma de fuego. Mientras la agenda del Superior Tribunal de Justicia define los tiempos para resolver el recurso de casación, el único detenido por el crimen que conmovió a la ciudadanía seguirá bajo prisión preventiva. La Red Noticias
La disputa entre los bloques mayoritarios se dio en torno al tratamiento de las emergencias por las que viene pujando la oposición que encabeza el Frente Chaqueño, por un lado, y la suspensión de las PASO por las que brega el oficialismo con el interbloque Chaco Puede. En medio de este escenario quedó trunco el tratamiento de la regulación del uso de dispositivos por parte de los estudiantes en las escuelas chaqueñas, tema que encabezaría el temario de lograrse un mínimo acuerdo. Luego de los ingresos y las cuestiones previas, un cuarto intermedio para determinar la alteración del orden del día fue el preludio de otra sesión trunca en el Parlamento y el final de otra sesión que volvió a quedar sin quórum y sin leyes sancionadas. Carlos Salom: “Lamentablemente, no pudimos sacar ni una ley” “Me siento un poco frustrado”, aseguró luego de la sesión el diputado radical Carlos Salom, en diálogo con los estudios de CIUDAD TV. Reconoció que el martes, ya en la reunión de labor parlamentaria, se vivieron horas muy intensas con “situaciones irreductibles” en las que no pudieron llegar a un acuerdo aunque reconoció que “albergaba la esperanza de que hoy, así como en la sesión anterior, a último momento logremos sacar leyes importantes para la sociedad”. “Se abrió el juego, se aprobó el acta de la sesión anterior, comenzamos el ingreso de todos los proyectos y su destino a comisiones”, sostuvo y destacó uno de ellos de su autoría vinculado a la verificación técnica vehicular (VTV) para que todos los talleres que adecuen a esas condiciones tengan la posibilidad de trabajar en este sentido “y sean alternativa para el parque automotor”. “Llegó un momento en el que se empezó a tensar la cuerda y era muy insostenible la situación, por lo tanto, se pidió un cuarto intermedio para calmar porque teníamos un compromiso las dos bancadas de aprobar hoy, por lo menos, algo que reclama toda la sociedad que es la aprobación de una ley que cuide a nuestros pequeños, sobre la regulación del uso de pantallas o dispositivos dentro del área escolar. Ese era el compromiso que teníamos”, sostuvo. “Lamentablemente, nos sentamos en la banca y nos encontramos con que después del cuarto intermedio la oposición usó una de las herramientas que entiendo, pero no la acepto en este caso, y no volvió al recinto. No tuvimos el quórum y no pudimos sacar ni una ley que pueda beneficiar a los chaqueños”, aseguró. Reconoció que la tensión se dio en torno al pedido de la oposición para tratar la emergencia energética, entre otras del mismo tenor. “Es política y se entienden estas cuestiones. Y nuestra pretensión era suspender las PASO. Ahí, la tensión de las cuerdas fue muy fuerte. Pero siempre ocurre esto. Lo que no podemos perder es el objetivo de que hay otras leyes que no tiene el tenor político para discutir y tendríamos que sacarlas”, cuestionó y acusó a diputados de la oposición de “usar a la Cámara de Diputados como un escenario político y no un lugar Parlamentario para sacar leyes”. Rubén Guillón: “No hay consenso a los empujones” Por su parte, desde el interbloque Frente Chaqueño, el diputado Rubén Guillón insistió que la agenda de la oposición tiene que ver con las tarifas de SECHEEP y de SAMEEP y la suspensión de 180 días, al igual que la cláusula gatillo. “Evidentemente, ellos solamente quieren tratar sus proyectos y esto requiere consensos”. Aclaró que se intentó en el cuarto intermedio incorporar esta agenda de temas “que también son candentes y que están en Comisiones hace varios meses con la negativa de ellos de no avanzar: dos no pueden si uno no quiere. Ellos no pueden imponer sus temas, sus proyectos. Esto requiere de diálogo. El tema de las tarifas es delicadísimo, la gente la está pasando re mal”. “No hay consenso a los empujones”, arremetió el legislador. “Nosotros hacemos un llamamiento a la reflexión, al Gobierno especialmente. Porque en esta paridad legislativa tiene la mayor responsabilidad. Ellos necesitan ser generosos para sentarnos en la mesa, escucharnos, sabiendo que también nuestro proyecto es la representación genuina de temas que son candentes”, aseguró y reparó en lo urgente de tratar y sancionar una emergencia, por ejemplo, por las tarifas de SECHEEP: “No podemos seguir tarifas tras tarifazo; no son proyectos alocados ni es poner palos en la rueda”. “El diálogo es de a dos y a los empujones no hay ninguna posibilidad de que haya consenso”, concluyó.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a 14 integrantes de una organización narco conocida como el “clan de los Escalante”, que operaba en distintos puntos de la capital chaqueña con una estructura familiar, violencia, intimidaciones y armas de fuego. El Tribunal Oral Federal de Resistencia dictó una contundente sentencia contra el denominado “clan de los Escalante”, una organización familiar dedicada al tráfico de estupefacientes que durante más de un año sembró el temor en distintos barrios de la capital chaqueña. El fallo, firmado este miércoles 10 de junio por el juez Enrique Bosch, condenó a 14 integrantes de la banda con penas que van desde los 3 hasta los 6 años de prisión, tras un acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía, las defensas y los imputados. El caso La investigación, que se inició el 14 de junio de 2023 y se extendió hasta octubre de 2024, permitió acreditar que la organización liderada por Inocencia Alejandra Escalante y su pareja Christian Exequiel Sánchez obtenía grandes cantidades de cocaína y marihuana, las almacenaba en sus domicilios y las distribuía en varias “bocas de expendio”. Según el requerimiento fiscal, los hermanos de Inocencia —Eduardo Fabián Escalante y Micaela Ailén Escalante— cumplían roles clave en la comercialización, mientras que Lucía Belén Ayala, principal colaboradora, reemplazaba a la líder en su ausencia, controlaba las utilidades y coordinaba los turnos de venta. “Devolvé esa plata si no queré quedate en silla… en muleta… ya porque me voy y te meto un tiro”, advirtió Inocencia Escalante en una de las escuchas telefónicas incorporadas a la causa, donde también se la escucha ordenar cerrar el puesto ante la presencia policial: “… apagale toda la luz como cosa que no hay nadie”. El operativo de allanamiento realizado el 2 de octubre de 2024 fue demoledor para la organización. Las fuerzas de seguridad secuestraron 4271 dosis de cocaína con un peso total de 3414 gramos y 895 dosis de marihuana con un peso total de 2352 gramos, además de cuatro pistolas, municiones, dinero en efectivo en pesos y dólares, balanzas de precisión, tijeras, recortes de bolsas de nylon, equipos de informática y anotaciones contables. La sentencia destacó que “no se trató de un concierto de simples consumidores o espontáneos vendedores ambulantes, sino que se dispuso de una cierta planificación operativa”. Y agregó: “Lo que realmente transformó un delito de simple tenencia o comercio aislado en una organización criminal fue el material complementario secuestrado”. El tribunal aplicó las agravantes previstas en la Ley de Estupefacientes por el uso de violencia e intimidaciones y por la intervención de más de tres personas. Además, los condenados fueron hallados responsables del delito de tenencia ilegítima de armas de fuego de guerra, en concurso real con el narcotráfico. En este punto, el juez Bosch fue enfático: “La violencia o la intimidación deben estar conectadas de manera funcional a la actividad del tráfico”. El fallo también destacó que “el secuestro de armas de fuego de puño en los domicilios allanados” y las escuchas telefónicas que hacían referencia a un arsenal —incluyendo “la del policía”— acreditaron el plus punitivo. Las penas quedaron distribuidas de la siguiente manera: Inocencia Alejandra Escalante, Christian Exequiel Sánchez, Lucía Belén Ayala, Micaela Ailén Escalante y Eduardo Fabián Escalante fueron condenados a 6 años de prisión efectiva como coautores. Fabiana Agostina Guillén recibió 5 años por su rol como partícipe secundaria y autora de hechos de comercialización ocurridos en enero y febrero de 2025. Eduardo Escalante (“Zurdo”), Silvia Alejandra Galbastro y María Karen Anriquez fueron sentenciados a 4 años como partícipes secundarios. Por su parte, Laura Celestina Ayala, María De Lurdes Gómez y Alejandro Emanuel Moreyra obtuvieron 3 años de prisión en suspenso con reglas de conducta, mientras que Ricardo Javier Cortez fue condenado a 3 años de ejecución condicional por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con la obligación de retomar y finalizar sus estudios secundarios. En el caso de Aníbal Florencio Núñez, el tribunal unificó una condena anterior del fuero provincial con la presente y lo sentenció a 3 años de prisión efectiva. La sentencia también ordenó el decomiso de varios vehículos secuestrados —una camioneta Volkswagen Amarok, una Honda Wave, un Gol Trend, un Chevrolet Onix y un Ford Focus— así como de los teléfonos celulares y el dinero incautado. El juez Bosch, al fundamentar la decisión, recordó que la prevención especial y la gravedad de los hechos justificaban las penas acordadas: “Las pautas compromisorias resultan adecuadas desde un punto de vista de prevención especial, y aptas para el propósito: evitar la incursión en nuevas conductas delictivas”. El fallo quedó firme este 10 de junio de 2026 y las causas de ejecución pasarán ahora al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente.
El exdiputado provincial Juan Carlos Ayala cuestionó a la actual conducción del PJ, pidió una fuerte autocrítica tras las últimas derrotas electorales y propuso una serie de cambios para reconstruir el espacio. Entre ellos, reclamó ficha limpia, rinoscopía obligatoria para funcionarios, internas abiertas y una mayor participación de sectores hoy alejados del partido. En una entrevista con CIUDAD TV, el dirigente peronista Juan Carlos Ayala aseguró que el peronismo chaqueño atraviesa un momento que exige una “autocrítica profunda” y un proceso de renovación política para recuperar competitividad electoral de cara a 2027. “Pareciera que ya somos adictos a las decepciones electorales”, afirmó, al referirse a las sucesivas derrotas sufridas por el justicialismo en los últimos años. En ese sentido, sostuvo que la reconstrucción debe comenzar “de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro”, incorporando nuevas generaciones, técnicos y profesionales que conozcan la realidad provincial. Ayala cuestionó además la falta de apertura de la estructura partidaria y consideró que muchos dirigentes valiosos fueron desplazados. “Hoy tenemos más sectores afuera del peronismo organizado que adentro. La dirigencia que es valiosa, que no estuvo de acuerdo y no se arrodilló, anda por afuera”, sostuvo. Críticas a la conducción El exlegislador recordó que el PJ perdió la Gobernación, la mayoría legislativa y una banca en el Senado nacional, y planteó que históricamente las conducciones que sufrían derrotas daban un paso al costado. “Conducción que perdía, conducción que renunciaba. Teníamos mucho más ética política y dejaba que se organizara algo nuevo”, señaló. También cuestionó la estrategia electoral de los últimos años y advirtió que insistir con los mismos dirigentes podría volver a conducir al fracaso. “Tenemos que convocar a los mejores hombres y mujeres, darle espacio a nuevas generaciones. Siempre aplauso y beso entre los mismos grupitos de siempre”, expresó. Ficha limpia, PASO y narcotest Entre las propuestas que impulsa para la reorganización partidaria, Ayala se manifestó a favor de la implementación de la ficha limpia y rechazó que el peronismo se vea obligado a defender dirigentes cuestionados. “No podemos andar, en vez de hacer propuestas para que la gente sepa cómo va a llenar el carrito nuevamente en el supermercado, defendiendo gente que no fue muy transparente”, afirmó. Además, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y, en caso de que sean suspendidas, reclamó internas abiertas para definir las candidaturas. “Si vuelve el dedo, vuelven las derrotas. Eso olvidate, te lo firmo ya”, sentenció. Ayala también propuso la realización de controles toxicológicos para funcionarios y candidatos. “Basta ya de funcionarios adictos que pueden llevarnos a cualquier problema electoral y con la gente. Nosotros creemos que el narcotest tiene que ser fundamental”, expresó. Producción, industria y empleo Durante la entrevista, el dirigente sostuvo que una futura propuesta electoral del peronismo debe centrarse en la recuperación de la producción y el trabajo. “Producción, industria, trabajo”, resumió al definir los ejes que, a su entender, deberían ordenar el programa político del espacio. En ese marco, cuestionó el estado de distintos sectores productivos de la provincia, desde la industria maderera hasta la producción apícola y frutihortícola, y consideró que faltan políticas activas para impulsar su crecimiento. “La gente tiene que saber con antelación quiénes son nuestros hombres y mujeres que van a encabezar la propuesta y qué es lo que vamos a hacer en cada tema”, remarcó. Distancia con el coquismo Consultado sobre la interna peronista y su relación con el sector referenciado en Jorge Capitanich, Ayala volvió a marcar diferencias con la actual conducción partidaria y recordó desacuerdos que, según afirmó, ya venía planteando desde la derrota electoral de 2023. Si bien evitó mencionar nombres al referirse a dirigentes cuestionados, sostuvo que algunos sectores deberían acompañar desde otro lugar y permitir la aparición de nuevos liderazgos. “No quieran estar en la cartelera cuando saben que han cometido errores, que han fracasado, que hemos perdido. Insistir de vuelta, ¿cuántas veces?”, planteó. Aspiraciones para 2027 Ayala confirmó que trabaja en la construcción de una alternativa dentro del peronismo chaqueño y reiteró que aspira a competir por la Gobernación. Sin embargo, aclaró que la prioridad es consolidar un espacio amplio y transparente que permita recuperar la confianza de la ciudadanía. “Ahora tenemos que ser mejores para llegar. Antes era al revés. La gente tiene que saber quiénes somos y qué vamos a hacer”, concluyó.
El 25 y 26 de junio, un contingente de diputados provinciales participará de la 58º plenaria del Parlamento del Norte Grande que se desarrollará en Santiago del Estero, capital, con la impronta puesta en las pymes, el empleo y el turismo regional. Por esta agenda, el diputado Nicolás Slimel pidió este miércoles el reemplazo del diputado Atlanto Honcheruk por la diputada Katia Blanc, debido a cuestiones de salud, incorporación esta última que quedará plasmada en resolución de Presidencia. Además, la nueva convocatoria fue declarada de interés provincial y legislativo, a través de una resolución de la diputada Carmen Delgado -titular del Parlamento chaqueño-, a fin de resaltar la relevancia de este encuentro como un espacio de diálogo, coordinación y construcción de consensos políticos y legislativos, destinado a impulsar la integración regional, fortalecer el federalismo y promover el desarrollo económico y social del Norte Grande Argentino.
Con transmisión en directo por el canal de Instagram @bohemia.envivo, el Sindicato de Prensa del Chaco y la Asociación de Medios de Comunicación del Chaco (AMCCH) llevaron adelante este lunes 8 de junio el conversatorio “Hablemos Sin Censura”. La apertura institucional estuvo a cargo del secretario general del Sindicato de Prensa, Sebastián Acosta, y del presidente de la AMCCH, Juan Diego Turraca, quienes destacaron la importancia de generar espacios de debate para defender la libertad de expresión y las condiciones laborales del sector. La apertura del conversatorio la realizó de manera virtual la periodista Sandra Russo. A continuación, expuso la Dra. María Isabel Iride Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco (STJ), sobre el rol del Poder Judicial frente a la libertad de expresión. El panel continuó con la intervención del periodista Roberto Espinoza en la sala, y de Martín García, quien se sumó también en modalidad virtual. Completaron el debate los periodistas Santiago Garat, Fernando Ojeda, Sandro Fernández y Daniel Oscar García, quienes aportaron sus miradas desde la radio, la televisión, la gráfica y los medios digitales sobre la realidad del oficio en la provincia. La moderación estuvo a cargo de la periodista Gabriela Pellegrini, quien condujo el intercambio entre expositores y asistentes. Durante más de dos horas se abordaron temas como la precarización laboral, el acceso a la información pública, las presiones de los sectores de poder, el compromiso social del periodismo chaqueño, y la participación y el pedido de difusión de la situación de las comunidades originarias en toda la región. La actividad, de debate abierto, funcionó como contraparte a lo que el Gobierno provincial denominó “La fiesta del periodista”, un evento donde la reflexión sobre la labor estuvo tan ausente como los medios y periodistas críticos. El encuentro contó con la adhesión de la CGT Chaco, la UICH, el Frente Gremial Docente, la Multisectorial de las y los Trabajadores Chaco, el Frente de Lucha Indígena Chaco, el Comité de Prevención de la Tortura, la Multisectorial Federal de la RA, ACAPI y la Fundación THE ROCK. Tanto Acosta como Turraca coincidieron en que “Hablemos Sin Censura” se consolida como una política institucional conjunta del Sindicato de Prensa y la AMCCH para fortalecer la unidad del sector y garantizar la participación del pueblo en el debate por la expresión y la prensa en su más libre sentido.
En diálogo con CIUDAD TV, el rector de la UNCAus, Germán Oestmann, destacó el crecimiento de la matrícula a 52.000 estudiantes entre las modalidades presencial y a distancia. No obstante, advirtió sobre la deserción en el primer año vinculada a la reducción de becas y adelantó la apuesta institucional por la inteligencia artificial y un nuevo formato multimedia. El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), Germán Oestmann, dialogó este miércoles con CIUDAD TV y brindó un detallado balance del presente académico de la institución, que atraviesa un año 2026 con cifras récord en matrícula pero también con desafíos estructurales. “Año a año sube la matrícula estudiantil. Hoy tenemos 32.000 estudiantes en educación a distancia y 20.000 en educación presencial”, precisó Oestmann, quien además destacó que el 60 por ciento de los alumnos presenciales provienen de localidades del interior chaqueño. “Esto ha hecho crecer mucho a la comunidad”, agregó. Sin embargo, el rector también alertó sobre un fenómeno preocupante: el aumento de la deserción en el primer año. “Los indicadores de deserción en el primer año ha sido un poquito más elevado. Esto tiene que ver a que a veces es un esfuerzo también para las familias mantener un hijo afuera y al tener una disminución de las becas Progresar y Manuel Belgrano —que son becas nacionales— esto no les alcanza a los chicos”, explicó Oestmann, señalando que ese fue uno de los motores del abandono detectado tras un relevamiento interno. En cuanto a las carreras más elegidas, el rector mencionó a Medicina, con 550 ingresantes por año, y adelantó una cifra histórica: “Este año vamos a tener un récord de 70 egresados. Tener 70 profesionales que van a salir hoy a nuestra provincia en este año 2026 es un logro enorme que ha tenido la UNCAus”. También mencionó a Farmacia (200 ingresantes), Nutrición (100), Agronomía y Veterinaria (250 cada una) y Psicología (500 ingresantes). Frente a la clásica preocupación por la fuga de talentos, Oestmann fue claro: “Hay que crear las condiciones necesarias. Acá tiene que haber un caso de vinculación entre Estado, universidad y sector privado. Sin diálogo es imposible poder generar las condiciones”. Consultado sobre la adaptación de la currícula a las nuevas tecnologías, el rector sostuvo que la inteligencia artificial debe ser abordada como un eje transversal y no como una materia aislada. “No hay que resistirse, resistirse solamente lo que hace es postergar el tiempo de aplicación. Estamos en una revolución, en la quinta revolución industrial, que armoniza el uso de la maquinaria, la IA, con el humano”, reflexionó. En ese sentido, adelantó que ya están capacitando a todo el cuerpo docente y de gestión, y que aplican la herramienta tanto en la administración como en diversas asignaturas. Por último, Oestmann reveló novedades en el área de comunicación institucional. “Estamos haciendo una revolución en el multimedia. En pocos días lo vamos a anunciar: sacar un nuevo formato actualizado a las nuevas tecnologías. Una suerte de UNCAus Play, que va a contar con radio, televisión, y también trabajar con formato en vivo y streaming”, anticipó. Y concluyó: “No tenemos que quedarnos solo con la información y con la noticia, sino también utilizar estas nuevas herramientas para alcanzar a mayor parte de la población”.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Operaciones Drogas Interior de Taco Pozo en cercanías de la terminal de ómnibus de la localidad. La intervención tuvo lugar alrededor de las 00:20 sobre calle Belgrano, en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Taco Pozo. Allí, los agentes antinarcóticos identificaron a un pasajero que acababa de descender de un colectivo de larga distancia proveniente de la provincia de Salta. Durante la inspección de sus pertenencias, los efectivos hallaron un envoltorio de nylon y un frasco de vidrio que contenían cogollos de marihuana. Tras las pruebas de campo y el pesaje correspondiente, se determinó un total de 203 gramos de cannabis. Asimismo, encontraron un envoltorio transparente con una sustancia compacta de color amarillento que, sometida a reactivos químicos, arrojó resultado positivo para pasta base de cocaína, con un peso de 5,6 gramos. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña, se procedió al secuestro de las sustancias y a la aprehensión del involucrado por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.
La directora general de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de Corrientes, Angelina Bobadilla, destacó la reciente recertificación obtenida por la provincia como territorio libre de transmisión vectorial del Chagas, un reconocimiento otorgado en el marco de una reunión regional encabezada por autoridades sanitarias y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La funcionaria explicó que la certificación original fue alcanzada en 2018 tras un extenso trabajo territorial y que, posteriormente, se desarrolló un nuevo proceso de evaluación para verificar la continuidad de los resultados alcanzados. Según señaló, el certificado recibido reconoce la labor sostenida de vigilancia, control y prevención desarrollada durante varios años por los equipos sanitarios provinciales. Bobadilla recordó que la primera certificación demandó un intenso despliegue en las zonas históricamente afectadas por la enfermedad, donde se realizaron inspecciones domiciliarias, controles entomológicos y estudios epidemiológicos. “Corrientes certifica libre transmisión vectorial, o sea, de la Vinchuca a las personas”, afirmó. Asimismo, aclaró que la condición obtenida no implica la desaparición total de la enfermedad en el territorio provincial, sino la interrupción de la transmisión producida por el insecto vector. “No significa que no tengamos más chagas” y “lo que no tenemos más es chagas agudo”, precisó al diferenciar los casos históricos o crónicos de las infecciones recientes vinculadas a la vinchuca. La directora detalló que el proceso de recertificación incluyó una nueva evaluación realizada por especialistas internacionales de la OPS, técnicos del Ministerio de Salud de la Nación y representantes de otras provincias. Durante las inspecciones se visitaron viviendas, escuelas y comunidades de distintas localidades, especialmente en áreas que anteriormente habían sido consideradas endémicas. “Visitamos las casas, todo negativo”, indicó Bobadilla al describir los resultados obtenidos durante los relevamientos, los cuales permitieron elaborar el informe final que respaldó la nueva certificación otorgada a Corrientes. La nueva etapa: prevenir la transmisión de madre a hijo Al referirse al escenario epidemiológico actual, la funcionaria remarcó que la provincia continúa registrando diagnósticos de Chagas, aunque asociados a infecciones adquiridas en etapas previas a la eliminación de la transmisión vectorial. “No significa que no tengamos chagas, porque por ahí algunos dicen: ‘Yo tengo chagas y me diagnosticaron chagas’”, explicó. En este sentido, indicó que los casos detectados corresponden principalmente a formas crónicas de la enfermedad, que pueden persistir durante años y, en determinadas circunstancias, transmitirse durante el embarazo. Bobadilla señaló que el principal desafío sanitario actual consiste en interrumpir la transmisión vertical del parásito, es decir, el contagio de madre a hijo durante la gestación. “Esa es la otra etapa que estamos trabajando”, afirmó. La estrategia se orienta al diagnóstico oportuno de mujeres embarazadas, el seguimiento clínico y el fortalecimiento de las acciones preventivas destinadas a reducir progresivamente la circulación residual de la enfermedad en la población. La directora general de Epidemiología, además, advirtió que el riesgo de reintroducción del vector continúa siendo una posibilidad que obliga a sostener las tareas de monitoreo. “El riesgo de que se reintroduzca sigue siendo un riesgo en nuestra provincia”, sostuvo. En ese contexto, mencionó que jurisdicciones cercanas todavía trabajan para eliminar la transmisión vectorial y continúan registrando casos agudos de la enfermedad, situación que exige mantener activos los mecanismos de vigilancia sanitaria y control territorial. La funcionaria destacó que la experiencia acumulada por Corrientes durante los procesos de certificación y recertificación constituye un modelo de trabajo basado en la presencia constante de equipos técnicos en terreno, la participación comunitaria y la articulación entre organismos provinciales, nacionales e internacionales. El reconocimiento otorgado por la OPS, señaló, refleja no sólo los resultados alcanzados en materia epidemiológica, sino también la capacidad de sostener políticas públicas de largo plazo destinadas a proteger la salud de la población. Finalmente, Bobadilla remarcó que la eliminación de la transmisión vectorial representa un hito sanitario de gran relevancia para Corrientes, aunque insistió en que el trabajo no ha concluido. Momarandu
La Libertad Avanza dio un paso importante en negociaciones con los bloques dialoguistas para sesionar en el Senado el próximo jueves 18 y debatir el proyecto de propiedad privada, que tendrá nuevas cambios sobre la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales. LLA y los bloques dialoguistas mantuvieron esta noche una reunión para consensuar los cambios sobre la venta de tierras, donde existen las mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que vienen acompañando los proyectos del Gobierno, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas. Participaron del encuentro, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce. Una de las alternativas que estudian que algunos casos donde un estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras o se trate lugares en la frontera tenga que tener el respaldo del Congreso Nacional. De todos modos, en estos nueve días deben escribir los cambios del proyecto para que puedan ir a la sesión con todos los acuerdos cerrados. En el resto de los casos será el gobernador de una provincia quien deberá resolver si se aprueba o no la venta de tierras, pero para ello también deberá cada legislatura aprobar su propia ley de tierras. Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional. En la sesión del 18 de junio también podrán sumar los siete pliegos judiciales que hoy obtuvieron dictamen, entre los que figura el camarista Víctor Pesino, quien tuvo fuerte objeciones del peronismo por haber fallado a favor de la aplicación de la reforma laboral. También se evalúa que se vote un proyecto que hoy obtuvo despacho que impone hasta cárcel de 15 años por graves delitos ambientales y convenios internacionales. Además consensuaron comenzar la próxima semana con reuniones informativas sobre la ley de Etiquetado Frontal y la ley de reforma de sociedades, la cual busca desregular de la conformación de las mismas, reduce la participación estatal y permite que se puedan armar con inteligencia artificial.
La jueza Martha Altabe, integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), calificó en los estudios de Radio Dos de “regresivo” el proyecto de Falsas Denuncias impulsado en el Congreso de la Nación, manifestó que busca “barrer a las víctimas” y que de aprobarse, “el propio Estado estaría cuidando el honor de violadores, pederastas y violentos”. Martha Altabe, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral del Poder Judicial de la provincia de Corrientes e integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), analizó en Radio Dos los proyectos de agravar el delito de falsa denuncia cuando se dan en contexto de violencia de género. Altabe consideró que el proyecto de autoría de la senadora nacional Carolina Losada (UCR), que ya cuenta con dictamen favorable de Comisión “se basa en la irrealidad, en un falso argumento y está vacío de contenido”. En tanto, cuestionó que la tendencia es considerar como falsa denuncia cuando hay faltas de pruebas, pero el delito existió y aludió a las estadísticas. “La Falsa denuncia, cuando el delito no existió, tiene un índice muy bajo, de acuerdo a las estadísticas de organismos del Estado, como el Observatorio de Violencia de Género”, refirió la letrada en diálogo con Radio Dos. Sobre los guarismos, la Jueza mencionó que el relevamiento se realizó en 17 provincias mandaron, en las que se relevaron más a de 8 millones de casos, entre 2023/2025 “y de allí surge el porcentaje de falsas denuncias, en contexto de violencia de género, laborales, patrimoniales, que alcanzan solamente al 0,09%, falso testimonio el 0,025%” y remarcó que en cuanto a falsas denuncias, se trata de un caso cada mil causas y sobre falso testimonio, un caso cada 4 mil causas. “Muchas víctimas no se e van a animar a denunciar”, dijo a Altabe respecto de una de las consecuencias de aprobarse el proyecto legislativo y agregó que se consideran “estereotipos de género, tanto en el Poder e Judicial y en la Policía con una serie de agresiones peyorativas y con esto, menos testigos se van a animar a denunciar y menos peritos se van a animar a intervenir”. “El propio Estado está cuidando el honor del violadores, pederastas y violentos”, cuestionó la doctora Marta Altabe. Y finalmente, la magistrada correntina, integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) expresó respecto del proyecto legislativo sobre de falsa denuncia que es el “uso regresivo del Derecho Penal, para evitar que gente víctima de estos delitos, como abusos sexuales, no denuncie, y con esto estaríamos además, violando pactos internacionales”. Fuente: Radio Dos
La presidenta del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Iprodich), Ana María Mitoire, destacó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 19 de Charata, una institución que durante más de 38 años funcionó sin sede propia. Además, repasó las políticas de inclusión educativa, el trabajo articulado con el Tren de Desarrollo Humano y la entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad. En declaraciones a CIUDAD TV, Mitoire calificó como una “verdadera fiesta” la inauguración de la nueva sede escolar, que recibe a 80 niños y jóvenes, de los cuales 17 asisten al área de estimulación temprana. “Es una institución que trabaja mucho con la prevención y la atención de niños pequeños, lo que permite que muchos de ellos puedan incorporarse luego a procesos de inclusión escolar”, explicó. La funcionaria recordó que la escuela atravesó una larga historia de esfuerzos comunitarios para sostener su funcionamiento. Inicialmente operó en un inmueble comercial donado por una familia de la localidad y posteriormente consiguió el terreno donde finalmente se construyó el edificio propio. Según detalló, la obra formaba parte de un programa financiado por Fonplata que había quedado paralizado. “Fue decisión del gobernador Leandro Zdero darle continuidad a este proyecto y terminar una obra que estaba inconclusa”, señaló. El nuevo establecimiento cuenta con espacios especialmente diseñados para la atención de estudiantes con discapacidad e incorpora áreas de taller y pre-taller destinadas a los jóvenes de mayor edad. Inclusión educativa en toda la provincia Respecto del acceso a la educación de las personas con discapacidad, Mitoire remarcó que el ingreso al sistema educativo es irrestricto y que las familias pueden elegir libremente la institución a la que asistirán sus hijos. Explicó además que las escuelas de educación especial reciben niños desde los 45 días de vida cuando existen factores de riesgo o necesidades de estimulación temprana, incluso antes de que exista un diagnóstico de discapacidad. La titular del Iprodich indicó que el sistema educativo chaqueño cuenta con unas 55 escuelas de educación especial distribuidas en toda la provincia, lo que garantiza la cobertura de servicios en las distintas localidades. “Todos los servicios pueden encontrarse en el interior. La diferencia es que en Resistencia existen algunas instituciones de referencia especializadas para personas ciegas, sordas o hipoacúsicas, mientras que en otras localidades esas prestaciones se brindan dentro de una misma escuela”, precisó. Trabajo conjunto con el Tren de Desarrollo Humano Mitoire también destacó la participación del Iprodich en el Tren de Desarrollo Humano que recorre distintas localidades chaqueñas brindando servicios sanitarios y sociales. Según explicó, la presencia del organismo permite asesorar a personas que necesitan gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), solicitar elementos de rehabilitación o realizar trámites vinculados a ayudas técnicas. La semana pasada los equipos del instituto trabajaron en Hermoso Campo y desde esta semana lo hacen en General Pinedo. “Muchas veces las personas no pueden avanzar con trámites porque no cuentan con especialistas en sus localidades. Estos operativos permiten resolver cuestiones como audiometrías para gestionar audífonos o la entrega inmediata de anteojos a niños y jóvenes”, afirmó. La funcionaria valoró además la articulación con otros programas provinciales y nacionales para acercar servicios a las comunidades más alejadas de los grandes centros urbanos. Entrega permanente de ayudas técnicas Finalmente, Mitoire aseguró que el Iprodich mantiene una política permanente de entrega de ayudas técnicas para personas con discapacidad. Explicó que algunos elementos se encuentran disponibles en stock, mientras que otros requieren una fabricación o adaptación personalizada, lo que puede generar tiempos de espera más prolongados. “Las sillas posturales y algunos audífonos suelen demandar más tiempo porque se confeccionan a medida. Pero a medida que llegan, se realizan las entregas correspondientes”, indicó. La presidenta del organismo destacó además que, siempre que es posible, los equipos del Iprodich trasladan personalmente los elementos hasta las localidades para evitar que las familias deban afrontar costos y dificultades de traslado.
La FATPREN, el SiPreBA y sindicatos de todo el país ingresaron formalmente la propuesta legislativa que actualiza la Ley 12.908. El texto de reforma reduce la norma a menos de 30 artículos, regula por primera vez el impacto de la Inteligencia Artificial, introduce un salario mínimo referenciado en la canasta básica e incorpora licencias por salud mental y violencia de género. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y organizaciones de base de todas las provincias, formalizaron este martes en el Congreso de la Nación la presentación del proyecto de actualización del Estatuto del Periodista Profesional y del Personal Administrativo de Empresas Periodísticas. La propuesta surge como respuesta directa e institucional a la reforma laboral de la administración de Javier Milei, que intentó la derogación de la histórica norma de prensa. Actualmente rige una prórroga legal que resguarda la vigencia de la herramienta regulatoria hasta el 1 de enero de 2027, una ventana de tiempo que el sindicalismo utilizó para edificar de manera consensuada una estructura jurídica adaptada a las complejidades tecnológicas y sociales del siglo XXI. El nuevo Estatuto del Periodista La presentación se realizó en las dependencias de la Cámara Alta de forma conjunta con la senadora Carolina Moisés, presidenta de la Comisión Unicameral de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. El cónclave exhibió un fuerte carácter transversal al convocar en una misma mesa a senadores de disímiles banderías políticas, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti, Sandra Mendoza y Fernando Salino (Unión por la Patria); Eduardo Vischi (UCR); Pablo Cervi, Juan Cruz Godoy, Enzo Paolo Fulone y Vilma Bedia (La Libertad Avanza); Edith Terenzi (Despierta Chubut); Beatriz Luisa Ávila (Partido por la Justicia Social) y Guillermo Andrada (Convicción Federal). Simplificación, áreas flexibles y fin de la matrícula obligatoria El texto presentado modifica de raíz la Ley 12.908. De una norma extensa que superaba los 80 artículos en su concepción original, la propuesta unificada sintetiza el andamiaje en menos de 30 cláusulas esenciales, preservando los criterios protectorios de la estabilidad laboral, la jornada acotada y las indemnizaciones agravadas. Entre las principales reformas de fondo, el proyecto elimina definitivamente la matrícula obligatoria en desuso y la sustituye por un registro no obligatorio y voluntario de acreditación, el cual será administrado por las entidades sindicales de primer y segundo grado que posean personería gremial. Asimismo, para erradicar las rigideces contractuales que las empresas periodísticas suelen aducir ante los nuevos formatos digitales, el nuevo estatuto reemplaza las viejas categorías profesionales por seis “áreas de funciones más flexibles”. Bajo esta concepción, las tareas se clasifican independientemente del soporte técnico (prensa gráfica, portales web, televisión, radio o canales de stream) en las siguientes ramas: Salario mínimo atado al INDEC y cláusula de conciencia En materia de ingresos, el artículo 7° del borrador establece la fijación de un salario mínimo profesional mediante negociaciones paritarias. No obstante, impone un reaseguro legal de base: el piso remunerativo de la actividad de prensa no podrá ubicarse nunca por debajo del valor numérico de la canasta básica familiar que publica mensualmente el INDEC. Como variable de ajuste salarial, la ley autoriza a ponderar el incremento del costo de vida combinado con las variaciones reales del valor de la pauta publicitaria comercial medida en segundos de aire o centímetros de diarios. A su vez, se introduce la cláusula de conciencia. Esta herramienta faculta a los redactores y cronistas a resolver unilateralmente su vínculo laboral, percibiendo las indemnizaciones completas por despido injustificado (seis sueldos fijos más el preaviso), cuando el medio de comunicación ejecute un cambio notable, drástico u orientativo en su línea editorial que resulte incompatible con las convicciones morales del profesional. Estatuto del periodista: regulación de la Inteligencia Artificial y el teletrabajo El capítulo de los “nuevos derechos” se focaliza en las tecnologías automatizadas. El artículo 23 fija que el uso de la Inteligencia Artificial generativa sólo podrá ser considerado un asistente complementario del trabajo humano. Queda explícitamente prohibido que los algoritmos sustituyan o reemplacen de forma total la producción de noticias, o que las empresas utilicen la IA para suprimir puestos de mayor especialización o antigüedad en las redacciones. Además, el proyecto estipula que si las bases de datos de las compañías comerciales se alimentan del estilo, la voz, las imágenes o la impronta individual de sus periodistas, se considerará propiedad intelectual del empleado y se deberán abonar compensaciones salariales adicionales. Respecto al teletrabajo, la norma exige la firma por escrito de cláusulas de reversibilidad voluntaria a favor del dependiente, compensación de gastos conectivos y el pleno derecho a la desconexión. Salud mental, desconexión y protección ante la represión en exteriores En respuesta al preocupante cuadro de desgaste psicosocial en los medios de comunicación, el proyecto introduce pautas rigurosas para la preservación de la salud mental de los trabajadores de prensa. Queda taxativamente prohibido el envío de directivas o requerimientos laborales a través de WhatsApp, correos o plataformas digitales fuera del horario de la jornada legal de trabajo (fijada en un máximo de 36 horas semanales). El empleado tendrá el derecho inalienable a no responder sin que ello constituya falta disciplinaria. Para quienes realicen coberturas digitales de alta intensidad o monitoreo continuo de redes, se pautan descansos visuales obligatorios de 15 minutos cada dos horas. Asimismo, el personal asignado a coberturas de alto impacto o riesgo emocional tendrá derecho a pedir su reasignación a tareas livianas cada dos años de servicio, manteniendo la intangibilidad absoluta de sus sueldos y categorías. Por último, el artículo 18 recoge el reclamo gremial ante el incremento de la violencia institucional durante manifestaciones públicas. La ley dictamina que las fuerzas de seguridad apostadas en operativos de protesta tendrán expresamente prohibido entorpecer el registro de imágenes o testimonios, requisar materiales o agredir al personal de prensa antes, durante y después del acto. Obliga a los empresarios del sector a suministrar previamente los elementos de protección personal (chalecos, cascos, máscaras) necesarios para cuidar la vida de sus operarios en exteriores. La
El pedido ingresó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) esta mañana; su esposa también se adhirió al mismo esquema de regularización tributaria El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, solicitó hoy su incorporación al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias previsto en la “Ley de Inocencia Fiscal”, según consta en registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que cotejó LA NACION. La solicitud fue presentada esta mañana, apenas diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, también se adhiriera al mismo esquema de regularización tributaria. Ambos movimientos configuran una estrategia convergente dentro del mismo núcleo familiar en un contexto de creciente escrutinio público sobre su situación patrimonial. De acuerdo con la constancia de inscripción obtenida por este medio, Adorni requirió su inclusión en el régimen de “Ganancias Simplificada Ley 27.799” para el período fiscal 2025. El documento también indica que el funcionario ya se encontraba inscripto previamente en el Impuesto a las Ganancias desde enero de 2020, lo que plantea interrogantes sobre las razones que motivaron esta solicitud tardía de cambio de régimen. El régimen simplificado establece un esquema declarativo abreviado para contribuyentes que opten por regularizar su situación tributaria bajo determinadas condiciones. En términos generales, implica una reducción en el nivel de detalle exigido respecto de las declaraciones juradas tradicionales. Este tipo de mecanismos permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores, aunque no ampara de investigaciones en otros ámbitos, como las relativas a delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. En ese sentido, la adhesión al régimen no afecta investigaciones criminales que se sustenten en otros fundamentos legales. “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”, escribió Adorni en su cuenta de la red social X el 26 de diciembre de 2025, elogiando la iniciativa impulsada por la gestión libertaria. Los registros de ARCA muestran que Adorni desarrolla múltiples actividades económicas desde hace más de una década. Su actividad principal figura como servicios personales desde noviembre de 2013. A ello se suman, desde junio de 2020, servicios de asesoramiento y gestión empresarial, así como tareas de contabilidad y auditoría. Más recientemente, desde abril de 2023, incorporó actividades vinculadas a agencias de noticias y servicios de información. El desfase entre el registro inicial de actividades —que data de 2013— y la regularización tributaria completa que ahora busca representa un intervalo de aproximadamente trece años. Durante este período, el funcionario operó bajo múltiples categorías económicas sin acceder, hasta 2020, al régimen de Impuesto a las Ganancias. La solicitud presente de cambio hacia el régimen simplificado sugiere un ordenamiento de la situación fiscal previamente compleja, y que ya se encuentra bajo la lupa del fiscal federal Gerardo Pollicita, según confirmaron fuentes tribunalicias a LA NACION. El domicilio fiscal declarado por Adorni y Angeletti, en tanto, corresponde a Avenida Asamblea 1132, piso 2, departamento A, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el cierre de ejercicio comercial se establece en diciembre de cada año. La decisión de Adorni refleja un patrón similar al adoptado por su esposa, aunque con cronología diferenciada. Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017 en actividades profesionales, pero regularizó formalmente su situación frente al IVA y al Impuesto a las Ganancias recién en octubre de 2025 —tras casi ocho años de operación como monotributista—. Posteriormente, el 31 de mayo de 2026, se acogió al régimen de “inocencia fiscal”. Adorni presenta ahora una trayectoria similar: múltiples actividades registradas desde 2013, con formalización tributaria en Ganancias desde 2020, y solicitud actual del régimen simplificado en junio de 2026. La proximidad temporal de ambas solicitudes —diez días de diferencia— y el patrón de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales que observan los movimientos como parte de un proceso de ordenamiento fiscal integral del grupo, en momentos en que su evolución patrimonial se encuentra bajo análisis en tribunales federales. La secuencia será evaluada en contexto, indicaron las fuentes tribunalicias consultadas por LA NACION, particularmente considerando que ambos cónyuges integran la nómina oficial de Personas Políticamente Expuestas (PEP). En el plano político, la medida introduce una tensión evidente con el discurso público que el propio Adorni ha sostenido como uno de los principales voceros de la administración de Javier Milei. Desde su designación como jefe de Gabinete en diciembre de 2023, ha sido uno de los encargados de enfatizar los ejes de austeridad fiscal, control del gasto y transparencia en la administración pública. Sus conferencias de prensa han privilegiado la narrativa de probidad estatal y lucha contra la corrupción como marcas distintivas del gobierno actual. La solicitud de adhesión al régimen simplificado genera interrogantes sobre qué cambios en la situación de Adorni justificaron este movimiento. Una posibilidad es que la aceleración de investigaciones penales sobre su patrimonio —que se intensificaron en los últimos meses— haya generado presión para regularizar su posición fiscal preventivamente. Otra hipótesis, que fuentes judiciales no descartan, es que el cambio de régimen obedezca a una reorganización más amplia de su estructura patrimonial en respuesta al escrutinio creciente. Fuentes cercanas a las investigaciones indicaron que la adhesión será evaluada dentro del contexto más amplio de su situación patrimonial, con material solicitado a la ARCA y a la Oficina Anticorrupción, entre otros organismos públicos y privados. En ese marco, los investigadores prevén contrastar la información fiscal disponible con las declaraciones juradas patrimoniales presentadas, registros de movimientos financieros y adquisiciones de bienes realizadas durante el período de actividad económica no formalizada tributariamente. Cabe destacar que la utilización del régimen de “inocencia fiscal” ha ganado visibilidad en los últimos meses por su adopción por parte de distintos contribuyentes con perfiles de alta exposición pública, especialmente funcionarios y allegados al oficialismo. El caso de Adorni adquiere particular relevancia no solo por su posición institucional como jefe de Gabinete, sino por el impacto político de una decisión fiscal que tensiona su narrativa
La comunidad de Santa Sylvina incorporó un moderno equipo de Rayos X digital directo de última generación para el Hospital “Dr. Moreno Díaz Setuvi”, adquirido mediante el Convenio FonPlata con una inversión de $60.986.500. La entrega fue encabezada este martes por el gobernador Leandro Zdero, acompañado por autoridades provinciales, municipales y sanitarias. La incorporación de este equipamiento permitirá fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud local, ampliando la cobertura asistencial y mejorando el acceso a diagnósticos oportunos, controles de calidad y tratamientos especializados para los habitantes de Santa Sylvina y de toda la región. Durante el acto, el gobernador destacó la importancia de continuar dotando de tecnología a los hospitales de toda la provincia. “Estamos avanzando en cada rincón del Chaco con más equipamiento y más tecnología para nuestros hospitales. Este era un pedido muy importante de la comunidad porque el equipo anterior había quedado obsoleto. Hoy contamos con una herramienta de última generación que permitirá optimizar la atención y brindar respuestas más rápidas y eficientes a los pacientes”, señaló. Zdero remarcó además que la inversión forma parte de una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario provincial. “Estamos equipando hospitales con tecnología de calidad, mejorando la infraestructura y optimizando los recursos disponibles. En estos dos años de gestión hemos logrado ordenar las cuentas de la provincia, recuperar la confianza de los organismos de financiamiento y avanzar con inversiones que impactan directamente en la calidad de vida de los chaqueños”, afirmó. Asimismo, destacó los avances alcanzados en materia sanitaria. “Hoy tenemos una red de salud que funciona de manera articulada, con compras racionales, mejor control de stock y una administración eficiente de los recursos. Nuestro objetivo es seguir incorporando tecnología y avanzar hacia la digitalización de las prestaciones para brindar un mejor servicio a toda la comunidad”, agregó. Por su parte, la directora del Hospital ‘Dr. Moreno Díaz Setuvi’, Gisel de la Rosa, expresó su agradecimiento por la incorporación del nuevo equipamiento. “Era una necesidad muy importante para nuestra localidad y para toda la zona. No solamente atendemos pacientes de Santa Sylvina, sino también de áreas rurales y de localidades vecinas, incluso de provincias cercanas. Este equipo representa un gran avance por la calidad de las imágenes que ofrece, la rapidez en la atención y la posibilidad de realizar estudios con mayor comodidad para los pacientes”, indicó. La profesional explicó además que el nuevo sistema permitirá optimizar la atención en situaciones de emergencia. “En casos de accidentes o pacientes con movilidad reducida, los estudios podrán realizarse de manera más rápida y eficiente, sin necesidad de trasladar al paciente, lo que mejora significativamente la calidad de atención”, sostuvo. En el marco de la jornada, la Fundación Soy Chaco también realizó la entrega de pintura destinados al mantenimiento y mejoramiento de las instalaciones del hospital. Este aporte contribuirá a la puesta en valor de los espacios de atención y trabajo, generando ambientes más adecuados, seguros y confortables para pacientes, familiares y personal de salud. La entrega del nuevo equipo de Rayos X forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para consolidar y modernizar el sistema sanitario chaqueño, garantizando mayor equidad en el acceso a la salud y mejores prestaciones para toda la comunidad.
En diálogo con CIUDAD TV, el abogado Carlos Raca, defensor de uno de los imputados en la causa por la desaparición de Axel González, brindó detalles de la situación procesal de su cliente, liberado pero aún bajo sospecha de encubrimiento. También reveló amenazas, críticas a la policía local y expectativas en la apertura de los teléfonos celulares a cargo de Gendarmería. El abogado Carlos Raca, defensor de Agustín Pucheta, uno de los imputados en la investigación por la desaparición de Axel González, brindó una entrevista a CIUDAD TV en la que explicó la compleja situación de su cliente, quien fue liberado en los últimos días pero continúa supeditado a la justicia. “Él fue liberado el día lunes porque la Fiscalía entendió que no había elementos de convicción suficientes para dictarle una medida cautelar como es la prisión preventiva”, sostuvo el letrado. No obstante, aclaró que “sigue imputado en el proceso, sigue supeditado y a disposición de la justicia para cuando así lo requieran”. Raca detalló que su cliente conoce a Axel desde la escuela, lo que permite explicar cómo pudo reconocerlo en una noche oscura. “¿Cómo no lo va a conocer si él fue a la escuela con Axel? Yo no tengo por qué no creer lo que él manifestó en su declaración”, afirmó. Según el relato del imputado, aquella noche solo vio a Axel correr mientras era perseguido por dos personas, entre ellas el padre de un tal Gómez y otro sujeto que no pudo identificar porque usaba gorra. Luego, el hijo de Gómez habría amenazado al testigo para que no contara lo visto. El abogado también se refirió a la decisión de la Fiscalía de apartar a la División de Investigaciones de la Policía del Chaco y convocar a fuerzas federales. “Me parece una decisión muy atinada. Al estar investigado parte del personal policial de la Comisaría Segunda de Fontana, pierde todo tipo de objetividad”, expresó Raca, quien además valoró que hoy se realice la apertura de los teléfonos celulares por parte de Gendarmería. “Ojalá que queden indicios claros, seguramente habrá algún dato que pueda ayudar a la investigación”, agregó con expectativa. Sobre la situación actual de su defendido, Raca reveló que tanto él como su familia han recibido amenazas. “Él estaba temeroso, por eso había pedido medidas estrictas de seguridad. Ahora que ya declaró está un poco más tranquilo, pero el temor de que se cumpla esa amenaza sigue latente, sin lugar a dudas”, confesó. Y resumió la angustia de su cliente con una frase contundente: “Él me dice: ‘Yo vi una situación, la quise contar y de testigo pasé a ser imputado y estuve preso’”. El letrado explicó que se acusa a su cliente del delito de encubrimiento (artículo 277 del Código Penal), que prevé una pena de seis meses a tres años, y remarcó que no tiene ninguna vinculación directa con la desaparición del joven. “Él no tiene absolutamente nada que ver con la desaparición de este chico. Está imputado por un delito de encubrimiento nada más”, insistió. Además, defendió las acciones personales de su cliente ante las críticas: “Lo que él haga con su vida personal es una cuestión personal. A las 3 de la mañana puede estar comiendo una naranja, fumando un cigarrillo o jugando a las cartas fuera de la casa. Eso me parece que no tiene absolutamente nada”. Por último, Raca criticó el trato recibido durante la detención en dependencias policiales. “Cuando el abogado va a una dependencia policial, le tienen que dar intimidad con el cliente y eso nunca me lo dieron. Había cuatro o cinco efectivos queriendo escuchar lo que le decía a mi cliente. Eso no está bien”, denunció. No obstante, valoró la rápida corrección por parte del equipo fiscal y destacó su confianza en la nueva conducción de la causa. “Tengo grandes esperanzas en este equipo fiscal. Muy pronto, y ojalá así sea, se sepa la verdad”, concluyó.
La norma, dictada el pasado 3 de junio, dispone un “reempadronamiento” de los afiliados que cuentan con cobertura del Fondo de Alta Complejidad, una medida que el gremio calificó de manera contundente como “insólita, injustificable e inhumana”. En la mañana de este miércoles 10 de junio, la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chaco (ATECH) presentó un reclamo formal ante el presidente del InSSSeP, Rafael Meneses y el Directorio del organismo, exigiendo la derogación de la Resolución N° 2623/26. La norma, dictada el pasado 3 de junio, dispone un “reempadronamiento” de los afiliados que cuentan con cobertura del Fondo de Alta Complejidad, una medida que el gremio calificó de manera contundente como “insólita, injustificable e inhumana”. Desde ATECH expresaron su profunda preocupación porque el propio Instituto reconozca ahora que habría otorgado esa cobertura “sin los fundamentos legales, científicos y siguiendo procesos administrativos incorrectos”. El gremio cuestionó duramente que las consecuencias de esa “irresponsabilidad institucional” recaigan sobre los afiliados, quienes deberán acreditar nuevamente identidad, afiliación, ingresos y hasta su historia clínica en un plazo perentorio de apenas noventa días corridos. “Un inhumano y costoso esfuerzo, precisamente a quienes han sido golpeados por patologías y enfermedades de mayor gravedad”, remarcó el comunicado. El sindicato docente consideró que, en lugar de cargar a los afiliados con este trámite, la obra social debería ajustar su funcionamiento interno y reordenar las áreas que intervienen en el otorgamiento y control del servicio de Alta Complejidad. “Aplicando la moderna tecnología e información que disponen las áreas de Gobierno y las instituciones de profesionales médicos”, planteó ATECH como alternativa viable. El comunicado también puso el foco en un aspecto económico que agrava la situación: los afiliados vienen realizando desde hace meses un doble esfuerzo contributivo. “Aportamos religiosamente —como si fuera poco además— con el doble de aportes impuestos de meses a esta parte, nada más ni nada menos que para el Fondo de Alta Complejidad… éste mismo, que hoy intentan restringir y dificultar su uso por parte de los afiliados que lo necesitan”, denunció el gremio con indignación. Frente a este escenario, ATECH hizo un llamado a la unidad de todos los afiliados al InSSSeP. “A estrechar filas para defender los servicios que merecemos y que nos vienen arrebatando a diario”, instó el sindicato, que anticipó que seguirá de cerca el desarrollo de esta medida y las respuestas del organismo previsional. La exigencia de derogación ya fue formalizada esta mañana, y ahora resta esperar la reacción del Directorio del InSSSeP ante el reclamo gremial.