La CGT asimiló el golpe del fallo de Cámara que restituyó la totalidad de la Reforma Laboral. Aseguró que se trata de una historia en desarrollo, que “continuará su lucha en defensa de los derechos laborales de los trabajadores» y aseguró que se trata de una sentencia “en contra del trabajador”. ”Rechazamos la decisión adoptada por la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que suspende la medida cautelar que protege a las y los trabajadores frente a los artículos más regresivos de la Reforma Laboral”, abre un texto del Consejo Directivo de la CGT con el que cuestionó la determinación que volvió a habilitar la totalidad de la Reforma Laboral. Para los cegetistas, “este fallo habilita la vigencia inmediata de normas que afectan gravemente las condiciones laborales, exponen al desamparo a millones de trabajadoras y trabajadores argentinos y atentan, al mismo tiempo, contra la organización sindical”. “Resulta impropio de un Tribunal de Trabajo que decida mantener la vigencia de la ley y la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela. La propia Ley N° 27802 determina con referencia a los fallos de la CSJN que: “El apartamiento infundado de los magistrados respecto de dichos criterios configurará una causal de mal desempeño en sus funciones (sic art. 89)”, sostuvieron dejando entrever un camino judicial en sintonía. Para los dirigentes sindicales, “la Sala VIII ha optado claramente en contra del trabajador, desconociendo el carácter preventivo de la cautelar para consolidar los aspectos dañosos de la Ley 27802 y dejando de lado su obligación tutelar primordial”. “Los trabajadores somos sujetos de preferente atención constitucional. Nuestros derechos deben ser garantizados de manera efectiva, tal como lo establece el artículo 14 bis del Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional y supra legal”, señalaron. Y concluyeron: “La Confederación General del Trabajo continuará su lucha en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras con la Constitución en la mano y la Justicia Social como bandera”.
Autor: Redacción General
La norma, sancionada en la sesión del pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. Dicho instrumento lleva las firmas del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El Poder Ejecutivo promulgó este viernes la nueva Ley de Glaciares (27.804), a través del decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial junto al texto de la norma, que se sancionó durante la sesión del pasado 8 de abril en la Cámara de Diputados. El proyecto, que había sido parte del temario de las sesiones extraordinarias, fue impulsado con fuerza por los gobernadores de provincias cordilleranas, interesados en facilitar las inversiones mineras. A partir de la nueva ley -que modificó la 26.639 vigente desde 2010- se redefine el objeto de protección de los glaciares y el ambiente periglacial, al tiempo de otorgarles a las jurisdicciones (basándose en que constitucionalmente les corresponde el dominio originario de los recursos naturales) el poder de definir qué es un glaciar o periglacial dentro de sus territorios, pudiendo ordenarle al IANIGLA el retiro del Inventario Nacional de alguno de ellos si -mediante estudios técnicos-científicos- consideran que no cumplen con las funciones hídricas previstas. También incorpora una pauta interpretativa que subordina la aplicación de la ley al criterio constitucional de uso racional de los recursos naturales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Asimismo, prevé la incorporación del principio precautorio: todo glaciar o geoforma incluido en el Inventario Nacional de Glaciares se considerará protegido hasta que la autoridad ambiental competente verifique que carece de funciones hídricas. Esa verificación dependerá exclusivamente de cada provincia, cuya información deberá ser transmitida al IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) para actualizar el Inventario. También hay cambios en el régimen de prohibiciones que se aplicarán únicamente sobre los glaciares y geoformas identificados como portadores de funciones hídricas por la autoridad ambiental local. Entre las actividades no permitidas se mantienen la explotación minera e hidrocarburífera, la instalación industrial y el desarrollo de obras que alteren de manera relevante la condición natural del glaciar o su función hídrica. El texto faculta a las provincias a que determinen, mediante evaluación de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, si no puede autorizarse. Otras de las modificaciones es la exigencia de evaluación de impacto ambiental previa para toda actividad proyectada en glaciares o ambiente periglacial, y habilita evaluaciones estratégicas cuando la escala lo amerite. Se exceptúan únicamente actividades de rescate, científicas no invasivas y deportivas no motorizadas. Por último, redefine el rol del IANIGLA, que continuará a cargo del Inventario Nacional de Glaciares, pero sujeto a un flujo permanente de información desde las provincias. Parlamento
La Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa reunió a su comisión directiva en la Sociedad Rural de Pirané, en Formosa, donde dirigentes de ambas provincias coincidieron en que el escenario para la producción ganadera del norte atraviesa un momento delicado por una combinación de inseguridad rural, mayores costos impositivos y complicaciones operativas derivadas del clima. Uno de los planteos más firmes de CHAFOR en la jornada estuvo vinculado al avance del abigeato, un delito que desde hace tiempo preocupa a los productores de la región y que, según remarcaron, sigue sin una respuesta judicial acorde a la gravedad del problema. En ese marco, los ruralistas propusieron avanzar en la creación de fiscalías rurales específicas en Formosa y, al mismo tiempo, ampliar la estructura ya existente en Chaco con una nueva fiscalía especializada para acelerar las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a los robos de hacienda. La situación sanitaria también ocupó un lugar central en la reunión. Las lluvias persistentes y las dificultades de acceso en distintos puntos de Formosa y algunas zonas chaqueñas comenzaron a complicar la marcha de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa. Frente a ese panorama, los representantes rurales reclamaron una prórroga de entre 15 y 30 días para completar el operativo sin poner en riesgo el cumplimiento del cronograma ni el resguardo sanitario de los rodeos. En paralelo, hubo fuertes cuestionamientos a la situación impositiva en Formosa. Los dirigentes advirtieron que en esa provincia se profundizó una pérdida de competitividad frente a otras jurisdicciones del norte debido al aumento de los costos vinculados al movimiento de hacienda y a la carga burocrática que enfrentan los productores para trasladar animales. Por ese motivo, uno de los pedidos concretos que surgieron del encuentro fue la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT), una herramienta que el sector considera clave para simplificar trámites, reducir tiempos administrativos y bajar costos logísticos en una región donde cada sobrecarga termina impactando de lleno sobre la rentabilidad. A pesar del tono crítico de la reunión, los dirigentes rurales también ratificaron su respaldo al trabajo sanitario. Desde CHAFOR remarcaron la importancia del rol que cumple el SENASA en la preservación del estatus sanitario argentino y confirmaron su apoyo a la continuidad del sistema de vacunación contra la aftosa a través de los entes sanitarios regionales. El encuentro fue encabezado por el presidente de CHAFOR, Daniel Fontana, junto al titular de la Sociedad Rural de Pirané, Carlos García, y el presidente de la Sociedad Rural de Formosa, Alfredo Maglietti. También participaron representantes de rurales de distintas localidades del Chaco y Formosa, además de Guillermo Martínez Balbi en representación de Confederaciones Rurales Argentinas. Bichos de Campo
El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la vicepresidenta pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue “funcional a la oposición”, “apostando al fracaso del Gobierno”. El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 desestimó ayer la denuncia de Victoria Villarruel contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por una serie de declaraciones televisivas contra la vicepresidenta que para ella se encuadraban en el delito de calumnias e injurias, y atentado contra el orden constitucional. El 2 de marzo pasado, el funcionario de Javier Milei había afirmado que la titular del Senado pretendía quedarse con la presidencia de la Nación, y que por eso fue “funcional a la oposición”, “apostando al fracaso del Gobierno”. “Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como alternativa y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas tratando de quebrar el plan económico”, consideró Petri en aquella entrevista televisiva. “Hay que decir las cosas por su nombre… no ha apoyado al gobierno, al contrario, ha apostado a su fracaso y apostar a su fracaso estando segunda en línea de sucesión, ¿en qué te transforma?”, se preguntó. En su denuncia, Villarruel aseguró que las declaraciones de Petri “lejos de ser un análisis político y/o de opinión, constituye un sinnúmero de agravios, mentiras, inventos e información absolutamente falsa, calumniante y lesiva”. “No solo me genera aflicciones personales, sino que socava la institución que presido y el cargo que ocupo”, agregaba en la vicepresidenta en su presentación judicial. No obstante, el tribunal concluyó que los hechos señalados por Villarruel no constituyen ilícito alguno, descartando la configuración de delitos de acción pública. La justicia dictaminó que tales dichos no reúnen los elementos de idoneidad necesarios para afectar el sistema democrático. En su dictamen, el Dr. Ramiro González subrayó que las manifestaciones de Petri se inscriben en el marco del derecho a la opinión y la crítica política. Según el representante fiscal, avanzar con una acción penal por estos conceptos implicaría un ejercicio desmedido del poder punitivo del Estado sobre valoraciones de carácter público. La resolución reafirma la vigencia del principio de ultima ratio en el derecho penal, priorizando la libertad de expresión en el debate político frente a tipos penales de máxima gravedad.
Una mujer de 32 años fue aprehendida luego de intentar sustraer elementos de un kiosco en la ciudad de Resistencia. El hecho ocurrió durante la noche en un comercio ubicado sobre calle Brown, donde la sospechosa habría introducido la mano por la ventanilla con intenciones de llevarse objetos. Sin embargo, fue advertida por el propietario, quien logró interceptarla a pocos metros. Tras el aviso, personal policial acudió al lugar y procedió a la conducción de la mujer, quien posteriormente fue examinada por el médico policial. Por disposición de la Fiscalía interviniente, se notificó su aprehensión en la causa por supuesta tentativa de hurto, continuándose con las diligencias de rigor.
En el marco de tareas preventivas, personal policial logró el secuestro de un arma de fuego tras una persecución iniciada en la vía pública de Resistencia. El procedimiento comenzó en inmediaciones de avenida Rodríguez Peña y calle 16, cuando efectivos observaron a dos sujetos a bordo de una motocicleta en actitud sospechosa. Al intentar identificarlos, los mismos emprendieron la fuga, iniciándose un seguimiento controlado. La persecución finalizó en avenida Arribálzaga y Fortín Loma Negra, donde los ocupantes fueron interceptados. En ese momento, el acompañante intentó descartarse de una caja que contenía una pistola calibre .380 marca Bersa, un cargador y municiones. Como resultado del operativo, se procedió al secuestro del arma de fuego y la demora del portador, quedando a disposición de la Justicia en el marco de una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal.
Efectivos de la Patrulla Preventiva intervinieron en un siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este viernes, en Resistencia. No hubo lesionados. El hecho se registró sobre avenida Sarmiento al 3200, donde una camioneta Volkswagen Amarok protagonizó un despiste. Al arribar al lugar, el personal policial constató que el conductor habría perdido el control del vehículo debido a la calzada mojada, finalizando su recorrido en la banquina. El rodado era conducido por un joven de 24 años, quien manifestó no haber sufrido lesiones y rechazó asistencia médica, indicando además que ya había dado aviso a su aseguradora y aguardaba la grúa. La intervención policial permitió verificar la situación y garantizar la seguridad en el lugar, sin registrarse personas heridas.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) celebra que la estudiante Lara Gómez, cursante de la Licenciatura en Estudios Internacionales, haya sido recientemente aceptada en el Aspire Leaders Program, una iniciativa internacional destinada a la formación de jóvenes líderes con proyección académica y profesional. El programa, impulsado por el Aspire Institute, reúne a estudiantes de distintos países con el objetivo de fortalecer habilidades de liderazgo, pensamiento crítico y compromiso con el desarrollo de sus comunidades. A lo largo de la cursada, los participantes acceden a instancias de formación virtual, actividades colaborativas y contenidos académicos orientados a potenciar el impacto social y profesional de las nuevas generaciones. La participación de Lara Gómez en este espacio representa una valiosa oportunidad de formación internacional y de vinculación con estudiantes de diversos contextos, consolidando su trayectoria académica en la UNCAus y su interés en los desafíos globales y el desarrollo del liderazgo joven. La formación que tendrá una duración de catorce semanas, se divide en tres módulos: Personal & Professional Development, Immersive Learning y Aspire Horizons. El primer módulo está enfocado en que el estudiante reconozca sus fortalezas y debilidades a partir de tests como el Big Five; el segundo, en sesiones con profesores destacados de Harvard, así como actividades; la tercera, en conocer los proyectos de impacto social que han preparado los estudiantes.
Un hombre de 29 años fue demorado tras ser acusado de cometer una estafa en una agencia de quiniela ubicada sobre avenida Marconi al 1500, en Resistencia. El hecho fue denunciado por el propietario del local, quien manifestó que el implicado realizaba jugadas exhibiendo comprobantes de transferencias falsos, para luego cobrar el dinero obtenido y retirarse del lugar. La maniobra habría sido reiterada durante varios días, generando un perjuicio económico cercano a los $50.000. Ante la intervención policial, se procedió a la conducción del sospechoso, quien fue puesto a disposición de la Justicia. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el individuo fue notificado de la causa por supuesta estafa, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.
El pasado martes se llevó a cabo la charla titulada Derechos de los Pueblos Indígenas: Desafíos Actuales e Interculturalidad, en la sede del Consejo de la Abogacía de Resistencia. La actividad fue organizada de manera conjunta por el Instituto de Derechos Humanos, la Cátedra Libre de Derecho Indígena Ricardo Altabe, la Secretaría de Extensión Universitaria y la Facultad de Derecho de la UNNE, con el objetivo de generar un espacio de reflexión y análisis sobre los principales desafíos que atraviesan los pueblos indígenas en la actualidad, así como promover una mirada intercultural en el ámbito jurídico e institucional. El encuentro contó con la participación de Iride Isabel María Grillo, jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco; Elizabet González, de la Coordinación Integral de las Actividades Judiciales con los Pueblos Indígenas; Martha Helia Altabe, jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes; Julio César García, integrante del Instituto de Derechos Humanos del Consejo; y Mario Villegas, decano de la Facultad de Derecho de la UNNE. La moderación estuvo a cargo de Clara Cantero. También asistió el procurador general Jorge Canteros; la defensora general Alicia Alcalá y la adjunta Gisela Gauna Wirz; la subsecretaria de Justicia Elina Nicoloff; el presidente del Consejo Profesional de la Abogacía Miguel Vigier y la vicepresidenta Ethel Gómez. Así como Ricardo Urturi por el Consejo de la Magistratura y Daniel Escalante por la Coordinación Integral de Actividades Judiciales con los Pueblos Indígenas del Poder Judicial; profesionales del derecho, estudiantes y miembros de la comunidad. Durante la jornada se abordaron ejes vinculados al acceso a la justicia, el reconocimiento de derechos, la participación de los pueblos indígenas en los procesos institucionales y la necesidad de fortalecer enfoques interculturales en las políticas públicas y en el sistema judicial. En ese marco, el presidente del Consejo Profesional hizo entrega de una distinción institucional al decano en reconocimiento a su trayectoria y aporte al ámbito académico y jurídico.
Se señala que la investigación por usurpación de títulos y honores ya cuenta con pruebas clave como libros de guardia y derivaciones firmadas por la sospechosa. El fiscal de Investigación Penal N°3 de Sáenz Peña, Marcelo Soto, busca determinar cuántas vidas corrieron riesgo bajo la atención de una persona que operaba sin título habilitante en el sistema público. El Ministerio de Salud Pública de la provincia detectó que una mujer cumplía funciones como médica de guardia en establecimientos estatales utilizando una matrícula profesional que no le correspondía. La situación fue denunciada formalmente este miércoles al mediodía ante la Comisaría de Machagai por el director de la Región Sanitaria 2, dando inicio a una causa penal que busca determinar el alcance de las prestaciones realizadas por la sospechosa. La irregularidad salió a la luz tras una verificación interna ante las autoridades sanitarias provinciales, donde se constató que el número de matrícula exhibido por la supuesta profesional pertenece en realidad a un médico varón. Según los registros oficiales, la mujer prestaba servicios en los hospitales de las localidades de Presidencia de la Plaza y Quitilipi, donde participaba activamente en el esquema de guardias médicas y atención de pacientes. Como parte del material probatorio entregado a la justicia, se incluyeron fotocopias certificadas de los registros electrónicos del sistema de salud, libros de guardia foliados y órdenes de derivación médica dirigidas al Hospital 4 de Junio. Estos documentos contaban con la firma y el sello de la sospechosa, lo que permitió a los investigadores confirmar la identidad que utilizaba para validar sus intervenciones en los centros asistenciales. El proceso legal y las medidas dispuestas por la Fiscalía interviniente La causa quedó radicada en la Fiscalía de Investigación Penal N°3, bajo la dirección del fiscal Marcelo Soto. El funcionario judicial ordenó la elevación inmediata de todas las actuaciones administrativas y policiales para profundizar en la recolección de pruebas y avanzar con las medidas legales correspondientes por la presunta comisión del delito de usurpación de títulos y honores. En las próximas etapas de la investigación, la fiscalía buscará precisar el periodo exacto durante el cual la mujer se desempeñó en los hospitales públicos y si contó con algún tipo de facilitación para el ingreso al sistema sanitario. Por el momento, las autoridades se encuentran abocadas a auditar todas las historias clínicas y derivaciones que lleven la firma de la imputada para garantizar la trazabilidad de la atención médica brindada en dichas instituciones. El Territorio
La ministra de Educación, Ana Miño, confirmó que hay cuatro responsables en Capital y dos en el interior. Si bien rigen los acuerdos de convivencia, advierten que habrá sanciones graves y no descartan adaptar las normativas ante “un escenario que sorprende”. La ola de pintadas que afectó a diversos establecimientos educativos de la ciudad de Corrientes y el interior de la provincia, que se manifestó como un reto viral en todo el país la semana pasada, comenzó a arrojar sus primeras certezas, aunque también abrió un profundo debate sobre los límites de la disciplina escolar en la era de la pospandemia. En una recorrida por las instituciones que se vieron involucradas, la ministra de Educación de la Provincia, Ana Miño, confirmó que ya son seis los alumnos identificados como autores materiales de las pintadas que dañaron el patrimonio público escolar y pusieron en alerta a padres, personal policial y la Justicia, estos últimos realizando un trabajo en conjunto minucioso. El abordaje oficial busca equilibrar dos frentes: la contención pedagógica de los menores involucrados y la aplicación de sanciones que dejen un mensaje claro a la sociedad. “Esto no es una broma, esto tiene consecuencias”, sentenció la titular de la cartera educativa durante su visita al colegio nacional General San Martín. Un mapa de responsabilidades De los seis estudiantes señalados, cuatro pertenecen a instituciones de la capital provincial, mientras que los dos restantes corresponden a escuelas del interior. La identificación fue posible gracias a un trabajo conjunto entre los directivos y el seguimiento de las actuaciones pertinentes, en un clima de tensión que ha movilizado a toda la comunidad educativa. Respecto de las medidas punitivas, Miño fue tajante al afirmar que las sanciones “van a estar”, aunque reconoció que el sistema atraviesa una zona gris normativa. Actualmente, la figura de la expulsión directa fue desplazada por los Acuerdos Escolares de Convivencia, marcos regulatorios que priorizan el diálogo y la reinserción. Sin embargo, la ministra dejó la puerta abierta a cambios: “Hoy estamos en un escenario diferente, con situaciones que nos atraviesan y nos sorprenden. Tenemos que adaptar todas esas situaciones”. El debate por el uso del celular Uno de los puntos más destacados de la agenda ministerial es la revisión del uso de la tecnología en el aula. Tras una reunión virtual que convocó a 482 rectores de toda la provincia, surgió un consenso preliminar: limitar el uso del celular estrictamente a fines pedagógicos. “Queremos que nadie sienta que esto es una imposición. Por eso abrimos un espacio para que todos puedan opinar: rectores, docentes, estudiantes y familias”, explicó Miño. Esta medida surge como respuesta a la creciente preocupación sobre cómo las redes sociales y la comunicación instantánea pueden potenciar o coordinar actos de indisciplina o vandalismo. El Ministerio de Educación, en sintonía con las advertencias lanzadas desde la cartera de Seguridad y el Poder Judicial, recordó que el daño al patrimonio público no solamente acarrea consecuencias para los alumnos, sino también responsabilidades civiles y penales para sus tutores legales. “Hay comunicados permanentes a través de cuadernos, grupos de WhatsApp y redes. El mensaje es claro: las consecuencias son serias”, subrayó la ministra. La estrategia actual no contempla una medida generalizada para todas las escuelas, sino que respeta la autonomía de cada institución para decidir en función de su propia realidad, siempre bajo el paraguas de apoyo del Ministerio. Un fenómeno global Hacia el final de sus declaraciones, Miño intentó poner en contexto la situación, señalando que Corrientes no es un caso aislado. “Esta discusión se está dando a nivel nacional e inclusive en otros países. Es un debate que tenemos que empezar a dar sobre cuáles tienen que ser las sanciones que se van a aplicar”, concluyó. Mientras las escuelas afectadas continúan con diferentes protocolos de acceso a la instituciones, la mirada queda puesta en los próximos días, cuando los consejos de convivencia de cada colegio determinen el futuro escolar de los seis jóvenes identificados, en lo que esperemos sea un caso testigo y ejemplar para la educación correntina. Diario Época
Con la presencia del gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, la localidad de Itatí conmemoró este 23 de abril el 108° aniversario de la proclamación de la Virgen de Itatí como Patrona y Protectora de la provincia de Corrientes, en una celebración que reunió a miles de fieles y contó con un fuerte respaldo institucional. Este viernes regresan los Peregrinos de los Tres Pueblos hacia Paso de la Patria, Santa Ana y San Cosme La jornada central estuvo encabezada por el Gobernador de Corrientes, junto al Jefe de la Policía el comisario general Miguel Ángel Leguizamón, otros directores generales de la plana mayor y el director de la Unidad Regional I, comisario mayor Alberto Cano, quienes acompañaron a la feligresía en los actos religiosos desarrollados en la histórica Basílica. Las actividades comenzaron a las 10 con una multitudinaria procesión alrededor de la Plaza Bolaños, donde la imagen peregrina de María de Itatí lideró el recorrido escoltada por imágenes de comunidades vecinas. El encuentro de fe estuvo presidido por autoridades eclesiásticas de la región, entre ellos el rector del Santuario, padre Claudio Muñoz, y párrocos de localidades como Paso de la Patria, Santa Ana y Dos de Mayo. El clima de devoción se trasladó luego al interior del templo, donde se celebró la Santa Misa ante una feligresía que colmó las instalaciones para renovar su compromiso espiritual con la “Tierna Madre”. Además del mandatario provincial y la cúpula policial, la ceremonia contó con la presencia de destacados referentes comunales, incluyendo al intendente anfitrión de Itatí, Francisco Romero, y a los jefes comunales de San Cosme, Santa Ana y Paso de la Patria. Al cierre de la Eucaristía, la intendente de Santa Ana realizó una entrega simbólica de un cuadro del templo histórico local al rector de la Basílica, sellando un evento que reafirmó la identidad y el amparo espiritual que une al pueblo correntino bajo el manto de su protectora. Tras las celebraciones en la Basílica, el operativo retorno de los peregrinos de los Tres Pueblos, está previsto para este viernes 24 de abril a partir de las 6. El Litoral
Desde la FATAP advierten que por el aumento del combustible y deudas nacionales provocan una reducción de hasta el 40% en los servicios y ponen en riesgo el sistema. Indicaron que los pagos correspondientes a enero, febrero y marzo aún no fueron saldados. La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) declaró que el sistema de transporte público del interior del país atraviesa una “emergencia terminal”, con menos colectivos en circulación y una calidad de servicio en deterioro. La entidad lanzó un comunicado este jueves y explicó que la situación responde a un fuerte desfinanciamiento que impide sostener la operatividad normal de las unidades. ¿A qué se debe? Según el comunicado, uno de los factores centrales es el aumento del combustible, que se vende a precio de mercado y representa el 18% de la estructura de costos del servicio. En ese sentido, señalaron que una suba del 25% en el gasoil impacta directamente en la necesidad de incrementar el boleto al menos un 4%, algo que no ha sido acompañado por actualizaciones en las tarifas ni subsidios suficientes. A esto se suma la deuda del Estado nacional por los llamados “Atributos Sociales”, es decir, los descuentos aplicados a través de la tarjeta SUBE para jubilados, pensionados y beneficiarios de programas sociales. Desde Fatap indicaron que los pagos correspondientes a enero, febrero y marzo aún no fueron saldados, lo que obliga a las empresas a financiar con recursos propios esos beneficios. Otro punto crítico es la desigualdad en la distribución de subsidios. Mientras el Área Metropolitana de Buenos Aires mantiene tarifas subsidiadas con boletos que rondan entre $700 y $800, en el interior el costo real del pasaje superaría los $2.300 para cubrir los gastos operativos. Este escenario ya tiene consecuencias concretas para los usuarios. Las empresas aplicaron una reducción de frecuencias de hasta el 40% fuera de los horarios pico, además de suspender servicios nocturnos por la imposibilidad de afrontar los costos de combustible. También advirtieron sobre el riesgo en el pago de salarios, lo que podría derivar en medidas de fuerza gremiales. Ante este panorama, la entidad solicitó al Gobierno nacional la liberación inmediata de los fondos adeudados y la apertura de una mesa de diálogo para garantizar un reparto más equitativo de los recursos. “Sin los fondos que legalmente corresponden, el servicio corre riesgo de desaparecer”, concluyeron. El comunicado lleva la firma de Gustavo Larrea, secretario de la entidad, y José Cano, presidente de la federación. El Litoral
Desde el año 2023 las lesiones por mordeduras de perros son de notificación obligatoria en Argentina, y desde ese año se notificaron 135.715 casos en el país. El Nordeste es la región con menor número de notificaciones y tuvo 1.139 casos notificados en el año 2024 y 1.847 casos en el año 2025. Los datos corresponden al informe “Lesiones por mordedura de perro” publicado en el Boletín Epidemiológico Nacional, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación. Según se resalta en el informe, las lesiones por mordedura de perro constituyen un evento de relevancia para la salud pública por el daño físico, psicológico y social que pueden generar, además del riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas como la rabia. Estas agresiones representan la forma más frecuente de ataque de un animal al ser humano, con variabilidad en su gravedad, desde excoriaciones leves hasta politraumatismos que requieren internación y atención especializada. Las lesiones graves y las lesiones leves y moderadas por mordedura de perro son un evento de notificación obligatoria en la República Argentina, conforme a lo establecido por la Ley Nº15.465 y la Resolución N.º 2827/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, y desde mayo de 2023 se implementa formalmente la notificación obligatoria al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud (SNVS 2.0). Durante el período 2023-2025 se notificaron 135.715 casos de lesiones por mordeduras de perros en el país. Del total, el 17% (22.933) correspondió a 2023, año de inicio de la implementación de la vigilancia del evento; el 39% (52.506) a 2024; y el 44% (60.277) a 2025. A partir de la segunda mitad de 2023 se observó un incremento marcado en el número mensual de notificaciones, en concordancia con el proceso de incorporación progresiva del evento a la vigilancia regular. Durante 2024, la serie se mantuvo en valores elevados, con oscilaciones mensuales, mientras que en 2025 se registró un nuevo aumento, con varios meses por encima de los observados en el año previo. El valor mensual más alto del período se observó en septiembre de 2025, con 5.822 casos notificados. En toda la serie, las notificaciones estuvieron constituidas predominantemente por lesiones leves y moderadas, mientras que las lesiones graves representaron una proporción reducida y relativamente estable. Del total de casos notificados entre 2023 y 2025, el 1,5% (2.065) correspondió a lesiones graves por mordedura de perro. En conjunto, la evolución observada muestra una tendencia ascendente en las notificaciones a lo largo del período analizado, compatible con un proceso de consolidación de la vigilancia y de fortalecimiento de la capacidad de registro por parte de los efectores de salud. Región NEA En el Nordeste (NEA), se notificaron 1.139 casos en el año 2024 y 1.847 casos en el año 2025. Así, el NEA registró las menores tasas a nivel país tanto en 2024 como 2025, con 26,2 casos cada cien mil habitantes en el año 2024 y 42,2/100 mil en 2025. El NEA contó con 87 establecimientos notificadores, y una tasa de 17,3 casos cada 100 mil habitantes en el año 2024 y 21,2/100mil en el año 2025. Distribución geográfica A nivel nacional, las notificaciones aumentaron entre los años 2024 y 2025, con una tasa que pasó de 111,4 por 100.000 habitantes en 2024 a 128,3 en 2025, lo que representa un incremento del 15%. Este aumento se produjo junto con una mayor participación de establecimientos notificantes, que pasaron de 1.343 en 2024 a 1.440 en 2025 (7%). A su vez, la razón de casos por establecimiento también aumentó de 38,7 a 41,9 (7,6%), lo que sugiere que el incremento observado no respondió únicamente a una ampliación de la red notificadora, sino también a una mayor carga de notificación por efector. En 2024, las tasas más elevadas se observaron en la región Sur (242,8 por 100.000 habitantes) y en el NOA (237,2), ambas por encima de la tasa nacional. En 2025, estas dos regiones continuaron presentando las tasas más altas del país, aunque se modificó su orden relativo: el NOA pasó al primer lugar, con una tasa de 284,2 por 100.000 habitantes, lo que representó un aumento del 20% respecto del año anterior, mientras que la región Sur observó una tasa de 234,4, con un descenso del 3%. Distribución por edad En el país, se observa que, en todos los grupos etarios, las tasas correspondientes a 2025 fueron superiores a las registradas en 2024. No obstante, la distribución por edad mantuvo un patrón similar en ambos años, con tasas más elevadas en los grupos de edad pediátrica y un descenso progresivo a medida que aumenta la edad. Las tasas más altas se concentraron en la población menor de 15 años. En ambos años, el grupo de 5 a 9 años presentó la mayor tasa por 100.000 habitantes, con 169,5 en 2024 y 176,1 en 2025, lo que representa un aumento del 4%. Le siguió el grupo de 10 a 14 años, con tasas de 146,8 y 165,6, respectivamente, que muestran un incremento del 13%. En tercer lugar, se ubicó el grupo de 0 a 4 años, con tasas de 131,6 en 2024 y 142,8 en 2025, lo que implicó un aumento del 9%. Mejora en notificaciones Según se especifica en el informe respecto a las notificaciones, en mayo de 2023, 14 jurisdicciones realizaron notificaciones. Desde entonces, se observó un aumento en la incorporación de jurisdicciones notificantes, que alcanzó 21 en noviembre de 2023 y un máximo de 23 en abril de 2025. Durante 2024 y 2025, la cantidad de jurisdicciones notificantes se mantuvo relativamente estable, con leves oscilaciones mensuales. Considerando el total anual de jurisdicciones con al menos una notificación, se observaron 22 tanto en 2023 como en 2024. En relación con los establecimientos notificadores, desde la implementación de la vigilancia se observó una tendencia general ascendente, aunque con fluctuaciones mensuales. El mayor número de establecimientos se registró en enero de 2025, con 657 efectores notificantes. Durante 2025, el promedio mensual fue de 599 establecimientos, lo que representa un incremento del 19% respecto del promedio registrado
El organismo fijó la fecha del 5 de mayo, a las 16 horas, para la jura de los nuevos consejeros. Como titulares, Enrique Varela representará al Superior Tribunal de Justicia y Lorena Padovan a los jueces de tribunales inferiores. Los suplentes serán Emilia Valle y María Celeste Romero, respectivamente. En una sesión extraordinaria realizada este jueves 23 de abril, el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco llevó adelante 15 entrevistas para postulantes al fuero de Narcomenudeo de Resistencia y fijó la fecha para la toma de juramento de los nuevos consejeros representantes del estamento de los jueces y magistrados. Los consejeros dispusieron convocar para que presten juramento de ley a los nuevos Miembros que representarán al Superior Tribunal de Justicia y los tribunales inferiores; siendo aquellos: Néstor Varela en calidad de titular, y María Emilia Valle como suplente. Asimismo, los tribunales inferiores estarán representados por Lorena Padovan en carácter de miembro titular y María Celeste Romero como suplente, respectivamente. La ceremonia de juramento tendrá lugar el día martes 5 de mayo a las 16 horas en el edificio central del organismo, sito en calle América 117 de Resistencia. El martes 21 de abril último, juraron los nuevos consejeros en representación del Poder Ejecutivo: Carolina Meiriño y Carim Peche, como titular y suplente, respectivamente. Concursos por el fuero de Narcomenudeo Los consejeros avanzaron con las entrevistas de valoración personal a 15 postulantes interesados para cubrir el cargo de Fiscal Provisorio de Investigación con funciones en la Fiscalía Antidrogas N° 2 de la ciudad de Resistencia. También se llevó adelante la segunda ronda de propuestas en los concursos de: Juez Suplente de Primera Instancia del Juzgado del Trabajo N° 1, y Juez Suplente de Primera Instancia del Juzgado Civil y Comercial N° 6, ambos de la Ciudad de Resistencia, donde no surgieron consensos. Participaron del acuerdo el presidente Víctor Emilio del Río y los consejeros y consejeras: Sergio Andrés Bosch, María Cecilia Arroyo (vía Zoom), Rubén Omar Guillón (Vía Zoom), María Cecilia Morante y Magda Ciles Ayala; asistidos por el Secretario General Eduardo Germán Pértile.
Representantes de ocho bloques elevaron un petitorio para rechazar el cierre de la Sala de Periodistas. Piden reunión de la Comisión de Libertad de Expresión. Una nueva medida contra la prensa argentina sorprendió en la jornada del jueves, cuando Casa Rosada decidió impedir el ingreso de todos los periodistas acreditados y cerró la sala en donde ejercen sus funciones, en lo que representa una medida inédita desde 1983. Ese fue el impulso para que un grupo de 13 diputados se presenten en Balcarce 50, para solicitar que se revierta la decisión dado que implica un “retroceso sin precedentes en la tradición republicana de nuestro país”. En un documento con destinatario al jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibáñez, y al secretario de Medios, Javier Lanari, los legisladores de ocho bloques solicitaron “de manera formal y con carácter urgente, una audiencia conjunta a fin de abordar la crítica situación derivada de la reciente decisión de clausurar la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada y retirar todas las acreditaciones de prensa”. En ese sentido, entendieron que “no solo afecta las condiciones laborales de los trabajadores de prensa acreditados, sino que constituye un menoscabo institucional a la libertad de expresión y de prensa y al derecho de acceso a la información pública”, agregaron y apuntaron que la decisión dificulta el trabajo de quienes tienen “la responsabilidad de informar sobre el día a día de la gestión gubernamental desde la sede del Gobierno Nacional”. Quienes firmaron el petitorio representan a ocho bloques distintos, entre los que se encuentran diputados que han acompañado los proyectos del Gobierno este mismo año. Son: Juan Marino, Sabrina Selva (Unión por la Patria), Mónica Frade, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Esteban Paulón, Mariela Coletta, Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), Oscar Zago, Eduardo Falcone (MID), Nicolás Massot (Encuentro Federal), Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Marcela Pagano (Coherencia). La intención tuvo un inesperado respaldo de la oficialista Silvana Giudici, quien en sus redes sociales publicó: “La sala de periodistas de la Casa Rosada no debe cerrarse, ni se cerrará”. El Gobierno, a través de Javier Lanari, justificó la medida Casa Rosada que “se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal”. Diputados: piden reunión de la Comisión de Libertad de Expresión A través de otro petitorio, rubricado por 15 diputados de cuatro bloques distintos, se insistió en la demanda de una convocatoria para la próxima semana de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, que se encuentra presidido por el libertario Guillermo Montenegro. El documento está rubricado por el vicepresidente 1°, Nicolás Trotta, y la vicepresidenta 2°, Lourdes Arrieta, de la comisión. Además de mencionar una serie de proyectos a tratar, el petitorio considera que la decisión del Gobierno “es un antecedente muy grave de disciplinamiento a futuro por parte del Ejecutivo”, al mismo tiempo que apuntan a “casos de agresiones, intimidaciones y ataques al periodismo en Argentina”. Los firmantes anticipan que convocarán a los periodistas inhibidos de ingresar a Casa Rosada y adelantan que se reunirán de todas formas aunque no exista una convocatoria formal por parte de Montenegro. Ámbito
El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Salud, concretó la entrega de insumos y nuevos equipamientos al Hospital “Sargento Cabral” de Colonia Elisa, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria y mejorar la calidad de los servicios. El ministro de Salud, Dr. Sergio Rodríguez, junto al director de Regiones Sanitarias, Lic. David Pagano, y al concejal local, Fidel Ibarra, encabezaron dicha entrega a la directora del nosocomio, Lic. Amelia Medina, quien recibió los nuevos elementos destinados a optimizar el funcionamiento del Hospital local. La inversión forma parte de una política provincial orientada a dar respuesta a demandas históricas del sistema sanitario, incorporando equipamiento clave para la atención diaria. Entre los insumos entregados se destacan una cama de base para UTI – Shock Room, cunas maternales, camillas, sillones con base y ruedas, sillas de ruedas y biombos de dos cuerpos, entre otros elementos. Durante la actividad, el ministro Rodríguez remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la red sanitaria en toda la provincia. “Estamos cumpliendo con el compromiso de equipar nuestros hospitales y garantizar mejores condiciones de atención para cada chaqueño”, expresó. Asimismo, señaló que “estas acciones forman parte de una planificación que apunta a ordenar y reforzar el sistema de salud pública, priorizando aquellos establecimientos que más lo necesitan. Sabemos que había necesidades postergadas durante mucho tiempo, y hoy estamos dando respuestas concretas con inversión y presencia en el territorio”, agregó el funcionario. Por su parte, la directora del hospital, Lic. Amelia Medina, valoró la entrega y destacó el acompañamiento del Gobernador Zdero con la comunidad. “Estamos muy agradecidos por este acontecimiento; y sabemos que es voluntad del gobernador Leandro Zdero fortalecer la atención en el sistema de salud, por eso, muchas gracias”- concluyó.
Hubo gritos y gestos de hostilidad contra el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; presentación de Fito Páez, planteos al Gobierno por la crisis en el sector y un diálogo celebrado con tres escritoras. La inauguración de la 50° Feria Internacional del Libro fue una caja de sorpresas tan agradables como preocupantes. Las más 1500 personas que asistieron a la carpa montada en la pista central del predio de La Rural disfrutaron de un recital de Fito Páez al piano (cantó siete canciones, entre las que no podía faltar el himno “Yo vengo a ofrecer mi corazón”) y del diálogo entre Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero, tres escritoras fundamentales de la literatura argentina. Pero las tensiones que suscita el gobierno libertario en un contexto económico tan complejo para la industria editorial y para los ciudadanos en general estallaron cuando habló el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli. Un grupo de hijas e hijos que iniciaron los escraches y que ahora integran el grupo #sonsincuenta levantaron carteles en los que se leía: “¿Hasta cuándo nuestros libros junto con Martínez de Hoz y la Sociedad Rural?”. Y le gritaban al funcionario libertario: “¡50 años de complicidad con la dictadura, que digan dónde están!”. Cifelli los increpó: “Saquen los carteles”. Luego, molesto, agregó, para ningunearlos: “Dejen de gritar que son cuatro gatos locos”. El auditorio devino un hervidero de gritos cruzados desde “chorro” hasta “¿por qué desfinancian las universidades públicas?”. El secretario de Cultura, un experto en provocar, como demostró en la apertura de la feria del año pasado, agradeció “a Javier Milei” y para quienes lo silbaban reiteró: “Por si no entendieron, se los repito de nuevo. Gracias a Javier Milei y Karina Milei”. Entonces, envalentonado, ponderó que Milei vino a “ordenar” el país y arremetió contra los manifestantes: “¿O arreglaron ustedes lo de YPF?”. De pronto, un puñado de varones, entre 20 y 30 años, más fáciles de encontrar en las populares de cualquier cancha de fútbol que en la apertura de una feria, empezaron a alentar a Cifelli al grito de “Argentina, Argentina, Argentina”. La perturbadora sensación era estar asistiendo a una suerte de recreación de la serie sobre Benito Mussolini y la Italia fascista en un ámbito inesperado. Esta cronista habló con uno de esos jóvenes libertarios, y dijo que fue invitado por “alguien de la facultad de Ciencias Económicas” y que era “contador matriculado”. No eran escritores, ni editores ni ilustradores ni traductores, libreros, o trabajadores vinculados al mundo del libro y de la edición. ¿Cómo entraron y quién los invitó? Un enigma que solo la Fundación El Libro, la entidad organizadora, podrá responder. “Frente a quienes buscan instalar que para nuestra gestión la inversión en cultura no es prioridad, les digo que se equivocan, que nosotros elegimos otro camino: el del orden, la responsabilidad y el trabajo sostenido -continuó un Cifelli agigantado por la hinchada propia-. Nosotros no vinimos a realizar marketing cultural: vinimos a ordenar y a hacer que la cultura funcione”, subrayó y anunció que este año destinarán 2300 millones de pesos para el programa Libro%, un aumento del 50% respecto del año pasado. El primero en tomar la palabra fue Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro (FEL), la entidad que organiza la feria, quien reconoció que el sector editorial lleva años estancado y recordó las cifras del último informe de la Cámara Argentina del Libro: en 2025 se publicaron más títulos que nunca —36.942, un 17% más que el año anterior— pero la tirada total cayó un 34%, de 52,6 millones de ejemplares a 34,6 millones, volviendo a niveles de 2019. Rainone destacó lo que hicieron en España, Brasil y México, y que en la Argentina no se hizo, que es construir ecosistemas sostenidos de políticas públicas para el libro. “Invirtieron en hábitos de lectura de manera consistente durante décadas. Protegieron su canal de distribución y apostaron fuerte a la internacionalización: presencia en ferias, promoción de sus autores en el mundo, todo eso como resultado de un trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado. Desarrollaron sistemas de medición precisamente para poder tomar decisiones basadas en evidencia, no en intuiciones. Hicieron lo que nosotros pedimos desde este escenario hace años sin que termine de ocurrir”, comparó el presidente de la FEL y pidió que para proteger y potenciar el canal de librerías es “fundamental” dar una solución efectiva al problema del recupero del IVA. “Las librerías son el eslabón donde el libro y el lector se encuentran fuera de la Feria el resto del año. Si ese eslabón se rompe, el ecosistema se rompe”. Página 12
Las intensas lluvias, con elevados milimetrajes, no solo afectaron a la ciudad de Juan José Castelli sino también al sector productivo rural, agravando la situación por el corte de caminos y la falta de energía eléctrica. Las precipitaciones ocasionaron además la interrupción de los principales accesos que conectan los parajes La Cangaye, El Asustado, El Salado, La Esperanza y la Jerónima entre otros, dificultando tanto el tránsito como la llegada de asistencia. En el marco del protocolo de emergencia, la Secretaría de Producción y Desarrollo Local , junto con docentes de la zona, lleva adelante tareas de asistencia con alimentos para distintas comunidades rurales, entre ellas El Salado y Pampa Argentina. “El compromiso y el trabajo coordinado continúan siendo fundamentales para acompañar a las familias afectadas en este difícil momento”, destacaron desde el Municipio.