Las Asociaciones Forestales, miembros de la Federación de Forestoindustriales del Chaco, remitieron un documento dirigido al ministro de Producción Oscar Pablo Dudik con el propósito de exponer la situación terminal del sector y solicitar su urgente intervención. ”Crisis estructural y judicial El sector forestoindustrial chaqueño viene sufriendo una agonía prolonga, que desde el año 2020, una sucesión de causas judiciales y medidas cautelares han mantenido a la actividad bajo una constante incertidumbre. Esta crisis ha llegado a un punto crítico en estos últimos 60 días debido a la medida cautelar del Superior Tribunal de Justicia del Chaco que suspendió el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Esta parálisis, originada en gran medida por la falta de actualización normativa que exige la ley, nos ha dejado sin marco operativo legal. Este cese forzado nos ha llevado a una total descapitalización. A pesar de la falta de producción, hemos mantenido los puestos de trabajo para evitar un colapso social, resultando en cheques rebotados, cierre de cuentas y deudas que han agotado nuestro capital de trabajo. Emergencia forestal y medidas urgentes Ante este escenario, solicitamos formalmente la declaración de emergencia forestal en la Provincia del Chaco y la implementación de los siguientes puntos: Aprobación de permisos Ad Referéndum: Que bajo el marco de emergencia se autoricen los permisos de Aprovechamiento Forestal necesarios para reactivar la cadena productiva. Simplificación Administrativa: Modificación del manual de procedimientos para eliminar trabas burocráticas que hoy asfixian al productor. Defensa del Productor ante Infracciones: Que todo procedimiento sancionatorio garantice el derecho a defensa y el debido proceso antes de la aplicación de multas o medidas punitivas. Solicitamos que no se impongan sanciones automáticas ni suspensiones de CUIT sin que el productor pueda ejercer su legítima defensa, asegurando un marco justo y equilibrado de control. Y prórroga inmediata por un año del pago de infracciones a los productores forestales, referidas a tránsito, pesaje, documentales. Rol de las Balanzas: Que las balanzas de la Dirección de Bosques funcionen como instrumentos técnicos de medición y control objetivo, accesibles y confiables para todos. Un pesaje correcto contribuye a la transparencia y fortalece la confianza en la actividad. Rechazamos su uso como herramienta de amenaza o castigo, y proponemos que se consoliden como un mecanismo transparente de apoyo a la producción. Tierras Fiscales: Establecer los instrumentos legales para la aprobación de permisos de Aprovechamiento Forestales en tierras fiscales de forma inmediata. Costos Operativos: Congelar el valor del CCG (Corresponsabilidad Gremial) para no añadir presión fiscal en este contexto de crisis. Constitución del Consejo Asesor (Ley OTBN): Solicitamos que se constituya de manera inmediata el Consejo Asesor previsto en la Ley de OTBN para evaluar anualmente la aplicación de la norma. Nuestra participación activa es vital para garantizar que el ordenamiento esté siempre actualizado técnicamente, evitando así que vacíos legales o falta de revisiones periódicas den lugar a nuevos amparos judiciales de terceros que paralicen el sector. Solicitud de audiencia En base la emergencia que vapulea al sector foresto industrial y para abordar los puntos planteados, solicitamos una audiencia en carácter de urgente. Sin otro particular, y confiando en que su gestión arbitrará los medios para salvaguardar el sustento de miles de familias que dependen de nuestra industria, saludamos a usted atentamente”, señalaron en el escrito. Agroperfiles
Autor: Redacción General
El presidente argentino Javier Milei lanzó el 14 de febrero de 2025 en su cuenta de X la criptomoneda $Libra. En cuatro horas el token se desplomó y generó pérdidas millonarias a más de 44/75 mil inversores. Están imputados en la causa judicial Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Apenas se armó revuelvo por el colapso de $LIBRA, el empresario Hayden Davis salió a hablar con entrevistadores del mundo cripto. Dijo que asesoraba a Javier Milei en esa temática y en cuestiones de blockchain y tecnologías. No se despegó del asunto. Solo comentó que estaba sorprendido porque el Presidente se hubiera desentendido. Y afirmó que tenía en su poder 100 millones de dólares de “los argentinos”, por lo que esperaba instrucciones (gubernamentales) para saber qué hacer. Joven, audaz, arriesgado, había logrado llegar hasta la Casa Rosada, donde estuvo por lo menos tres veces, más allá de otros contactos. Ahora se sabe que firmaron, ambos, un acuerdo confidencial. También fueron reveladas por especialistas las transferencias millonarias en fechas claves que el estadounidense envió a billeteras ligadas a dos traders amigos del mandatario que operaron como nexo y fueron su puerta de entrada a la Casa Rosada. Alguien cercano a Davis propone mirar esto último y salir de la exclusiva definición de “estafa”. Es cierto, perdieron unos 40.000 inversores, dirá. Los auditores cripto Arkham y Hanses estimaron 75 mil damnificados en el mundo mientras los “ganadores” embolsaron 286 millones de dólares. Pero a cambio de qué Milei publicó el link de un contrato que no era público hasta ese momento y con el que invitaba a comprar $LIBRA, de modo que la moneda quedara identificada con él, y eso generara confianza. Todavía ni siquiera se sabe cómo llegó esa información a sus manos. Quién se la envió. El 14 de febrero de 2025, Davis estaba con los criptobros amigos de Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que le presentaron al “colorado” Davis, como lo apodan, en un hotel de lujo en Dallas. Una publicación del periodista Mariano Vidal en Clarín relata que hablaban con Milei en el preciso instante de la publicación de su primer tuit, a las 19.01. Decía: “La Argentina liberal crece!!!. Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere inveritr en Argentina”. Así invitaba a comprar $LIBRA y copiaba el acceso al contrato y a la página de Viva la Libertad Proyect. Buena parte de todo esto que se sabe hasta ahora, está en un expediente judicial, que instruye el fiscal Eduardo Taiano, quien en algún escrito sostuvo que sospechaba de la existencia de “pagos indirectos a funcionarios públicos”. Pero hasta ahora no hubo llamados a indagatoria, no se conoce el contenido de celulares incautados y la discusión en el expediente gira en torno al monto de los embargos sobre bienes y activos financieros de los traders cercanos a Milei. Mucho ruido y… Más allá de la conocida actividad tuitera habitual del Presidente, lo que llamó la atención el 14 de febrero del año pasado fue que saliera publicitar una criptomoneda con impronta de negocio privado, poniendo a disposición su nombre, y con el anzuelo adicional de que serviría para fondear a pequeños emprendimientos argentinos. Esto último no sucedió, y –además—en pocas horas Milei borró el tuit, cuando el valor del token se desplomaba, y comenzaba a haber grandes pérdidas para ahorristas. Afirmó después que no estaba interiorizado sobre el proyecto. Su vinculación con Davis quedó a la vista de entrada con sus dichos. Había intervenido en los meses previos en los lanzamientos de criptomonedas vinculadas al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a su esposa, Melania, tokens que llevaban sus respectivos nombres, tenían carácter de “memecoin”, y ellos mismos las reconocían como una suerte de juego. No fue lo que pasó con Milei, que se despegó y argumentó que “promocionó” el token a título personal, no como mandatario, como si en algún momento dejara de serlo. Y aun así procuró que el Ministerio de Justicia trabajara para blindarlo, a través de la Oficina Anticorrupción de una Unidad de Tareas de Investigación que el ministro Mariano Cúneo Libarona dejó a cargo de su jefa de gabinete. La OA produjo un informe para defender al Presidente y la UTI era la encargada de enviar la información que pedía Taino. En paralelo, es curioso que ni el Gobierno denunció a Davis, ni éste a Milei a pesar de que lo responsabilizó del desplome de $LIBRA por haber borrado el posteo y no cumplir con otras acciones para publicitar el token, como la publicación de un video. En todo este tiempo, la mayor parte de los datos más reveladores surgieron de investigaciones periodísticas, de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados y de especialistas, como el ingeniero Fernando Molina. Lo que surge además de una posible estafa es la hipótesis que habrían existido pagos destinados a funcionaros públicos de distinto nivel –empezando por Milei y su hermana Karina– por un negocio privado para el que habrían utilizado sus cargos y su estructura. El fiscal sobrevuela esta teoría, pero toma medidas a paso lento. La jueza María Servini había decidido inhibir bienes y cuentas de Novelli, Terrones Godoy, el exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Morales –quien habría participado de los acuerdos– y Davis, pero después la Cámara Federal ordenó trasformar la medida en embargo, y pese a que los criptobros habían movido medio millón de dólares justo cuando se venía esa medida de no innovar. En el medio, la causa pasó de golpe al juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien tramitaba una denuncia contra Karina Milei por la posible gestión de pagos ilegales para su hermano (según relatos de empresarios del mundo cripto). Esto último quedó diluido en la pesquisa, cuyo rumbo no está claro. El magistrado puso un monto de 36 millones de pesos para el embargo, algo más de 24.000 dólares. Los camaristas luego dijeron que lo
La provincia mantiene pacientes en cinco departamentos. Desde el Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario remarcaron que se trata de una patología de muy difícil contagio y con tratamiento efectivo. La lepra no está erradicada. En Salta hay 11 casos activos y dos de ellos fueron confirmados en las últimas semanas en el departamento Orán. La información fue difundida por autoridades sanitarias de esa provincia. La Jefa del Programa de Enfermedades Dermatológicas de Interés Sanitario, Emilce Tapia, explicó: “Tenemos casos, no es una enfermedad desaparecida”. Los pacientes registrados el año pasado y los actuales se distribuyen en los departamentos de Anta, Rivadavia, Capital, Orán y San Martín. Los dos últimos diagnósticos corresponden a Orán y fueron detectados recientemente. Tapia detalló que la lepra es una enfermedad infectocontagiosa, aunque con una tasa de transmisión baja. Según indicó, el 95% de la población es naturalmente inmune. El contagio suele producirse tras un contacto estrecho y prolongado con una persona infectada que no está bajo tratamiento o que lo abandonó. Sobre los síntomas, señaló que la manifestación más característica son manchas en la piel con pérdida de sensibilidad en la zona afectada. Esa señal permite orientar la consulta médica y facilitar el diagnóstico precoz. En cuanto al tratamiento, precisó que puede extenderse entre uno y dos años, de acuerdo con la evolución del paciente. También subrayó que, una vez que la persona inicia la medicación correspondiente, deja de contagiar. “La enfermedad existe, pero también existe el tratamiento”, insistió Tapia. Desde el programa sanitario remarcaron la importancia de la detección temprana y el seguimiento médico para interrumpir la transmisión y asegurar la recuperación de los pacientes. El Esquiú/Periodismo365
Una presentación judicial cuestiona operaciones financieras que terminaron en pérdidas y fueron realizadas con fondos municipales. El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente y su equipo económico por presuntas pérdidas millonarias vinculadas a operaciones bursátiles de alto riesgo. La Justicia deberá determinar si hubo malversación de fondos públicos. El diputado provincial Santiago Pérez Pons presentó una denuncia penal contra el intendente de la localidad chaqueña Presidencia Roque Sáenz Peña Bruno Cipolini, la secretaria de Economía Alejandra María Quintana y el secretario de Gobierno Diego Landriscina, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a inversiones financieras. La presentación judicial sostiene que el Ejecutivo municipal habría colocado recursos estatales en instrumentos bursátiles de alto riesgo dentro del Mercado Argentino de Valores (MAV), a través de la Bolsa de Comercio del Chaco, sin respaldo presupuestario específico ni autorización formal del Concejo Municipal. La denuncia solicita que se investiguen posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Fuentes cercanas al Ejecutivo municipal consultadas por PERFIL señalaron que la administración considera haber actuado dentro del marco legal vigente y, según reconstruyó este medio, se encontrarían preparando una respuesta institucional a la denuncia. Inversiones municipales bajo sospecha El planteo penal describe una presunta operatoria financiera en la que el Municipio habría adquirido cheques de pago diferido en segmentos no garantizados del mercado bursátil, lo que implicaba asumir el riesgo crediticio directo de empresas privadas emisoras. Según surge del escrito judicial, varias de esas operaciones habrían derivado en rechazos de pago al vencimiento, lo que podría haber comprometido recursos del erario público. En la denuncia se mencionan estimaciones periodísticas que ubican el posible perjuicio económico municipal en torno a los $2.500 millones, dentro de una operatoria general del mercado que habría generado pérdidas cercanas a los $12.000 millones. El documento sostiene que parte de los fondos invertidos podrían haber tenido afectación específica, es decir, recursos destinados por normativa a servicios esenciales, programas sociales u obras públicas. Bajo esa hipótesis, el desvío hacia inversiones bursátiles podría configurar una aplicación distinta a la prevista legalmente. Sin embargo, la comuna sostiene que también resultó afectada por la operatoria financiera investigada y que analiza avanzar con acciones legales orientadas al recupero de los fondos comprometidos, al igual que otros actores del mercado que habrían resultado perjudicados. El presupuesto municipal Uno de los aspectos más sensibles de la denuncia se apoya en el análisis técnico de las Ordenanzas Presupuestarias 9263 y 9406, correspondientes a los ejercicios 2025 y 2026. De acuerdo con la documentación incorporada, el Presupuesto 2025 fijó un cálculo general de recursos superior a los 57.459 millones de pesos, incluyendo un esquema de financiamiento por más de 14.235 millones, mientras que para 2026 ese financiamiento proyectado se elevaría a cifras cercanas a los 27.170 millones, lo que representaría un crecimiento cercano al 91%. El planteo judicial destaca que los propios cuadros presupuestarios reflejarían un escenario de déficit estructural, con proyecciones de desequilibrio financiero que alcanzarían aproximadamente los $9.222 millones en 2025 y superarían los $19.000 millones en 2026. Dentro de ese contexto, la denuncia plantea una pregunta: cómo un municipio que proyecta déficit y prevé cubrir gastos mediante endeudamiento podría disponer de excedentes para realizar inversiones bursátiles especulativas de alto riesgo. El escrito sostiene además que en la estructura presupuestaria no existiría una partida específica que habilite inversiones financieras no bancarias ni resoluciones administrativas que documenten individualmente cada colocación de fondos, su monto, su destino ni la evaluación técnica del riesgo económico. Según información recabada por PERFIL, se pudo confirmar que la relación operativa con la Bolsa de Comercio del Chaco no es reciente, el Municipio realiza operaciones financieras a través de ese ámbito desde al menos el año 2018, bajo mecanismos que, según sostienen, contaron históricamente con controles administrativos y validaciones de los organismos de control correspondientes. El alcance de las facultades del Ejecutivo municipal Otro de los ejes del conflicto judicial gira en torno a los límites legales de las atribuciones del intendente para modificar partidas presupuestarias. Si bien la normativa municipal autoriza al Ejecutivo a realizar compensaciones internas para garantizar el funcionamiento administrativo, la denuncia sostiene que esas facultades no habilitarían la realización de operaciones financieras fuera del sistema tradicional de administración pública, ni la colocación de fondos en instrumentos bursátiles sin respaldo normativo expreso. El planteo remarca que la Resolución 14/96 del Tribunal de Cuentas establece que los administradores públicos deben mantener un perfil de inversión conservador, orientado a la preservación del patrimonio estatal. Fuentes del Ejecutivo remarcaron que las decisiones financieras del Municipio se encuadraron en instrumentos tradicionalmente utilizados para la administración de excedentes temporales de liquidez, con el objetivo de generar respaldo financiero frente a compromisos estacionales como el pago de aguinaldos y obligaciones salariales. La explicación de la Bolsa del Chaco y el debate sobre el riesgo financiero En medio de la polémica, el gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, brindó explicaciones públicas sobre la operatoria. En declaraciones al medio Diario Chaco, el directivo sostuvo que “los inversores sabían que eran instrumentos negociados en tramos no garantizados”. Según explicó Barrios Cima, las operaciones se habrían realizado dentro del segmento conocido como NOGA (No Garantizado), que ofrece mayores tasas de retorno justamente porque el inversor asume el riesgo directo del librador de los cheques. También señaló que este tipo de operatorias suele estar destinado a inversores calificados, es decir, actores con conocimiento técnico suficiente para evaluar los riesgos de la inversión. La denuncia judicial sostiene, sin embargo, que la existencia de un mercado regulado por la Comisión Nacional de Valores no exime a los funcionarios públicos de cumplir con las normas específicas que rigen la administración de fondos estatales. Los delitos que podría analizar la Justicia El escrito presentado ante el Ministerio Público Fiscal solicita investigar si la conducta de los funcionarios encuadra dentro del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, que sanciona
Más de un centenar de familias iniciaron el camino hacia la regularización de sus terrenos, tras participar de un encuentro con la Municipalidad de Resistencia. Fue en la Plazoleta del barrio 400 Viviendas, donde se llevó a cabo una reunión con el asentamiento de Villa Marin. Al respecto, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial comunal informaron que en este predio viven aproximadamente 120 familias que habitan desde hace muchos años y no tienen los correspondientes planos de mensura ni títulos de propiedad. “Vinimos a explicarles que vamos a iniciar las tareas de mensura con un trabajo de campo y que posteriormente se va a tratar de acelerar para que se confeccione el plano de mensura aprobado y que puedan tener el título”, señalaron. “La verdad es que nos encontramos con gente, como en muchos barrios como este, con un desconcierto, nuestra tarea es explicarles el procedimiento y que estamos tratando de regularizar”, agregaron. Indicaron que es un trabajo que se debería haber ejecutado hace años. En Resistencia hay 245 asentamientos que no tienen ni planos ni títulos de propiedad. “A partir del miércoles estaremos en este sector con agrimensores, asistentes sociales, con nuestros equipos que se adquirieron, con el dron, con GPS y todo el personal y los operarios van a estar debidamente identificados, trabajando en cada una de las casas”, puntualizaron. “Le explicamos, primero que nada, que la tarea es relevar lo existente, que se va a dibujar el plano de acuerdo a lo que cada uno ocupa. El patio que cada uno tiene, la casa de cada uno. No venimos a mover nada, sino a regularizar, a ordenar, a hacer el inicio de lo que va a terminar siendo un título”, aclararon. Miles de beneficiarios Son 46 planos de mensura en los que se está trabajando en este asentamiento, el año pasado se realizaron intervenciones de esta índole en 45 barrios, beneficiando a más de 3.200 familias.
Alrededor de las 02:15 de la madrugada de este sábado, bomberos y efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, acudieron a la calle 21 bis entre 34 y 36 del barrio Yapeyú tras el aviso de vecinos al 911, donde constataron que un automóvil Fiat Uno rojo se encontraba volcado sobre la calzada con las ruedas hacia arriba. El conductor, un hombre de 72 años, había sido trasladado previamente en ambulancia al Hospital 4 de Junio. De acuerdo a las averiguaciones y registros de monitoreo urbano, el vehículo perdió la estabilidad e impactó contra un poste de alumbrado público antes de quedar volcado. En el sitio, el personal de la División Bomberos y Escuadrón Bomberos Voluntarios realizaron tareas preventivas, efectuaron el corte de batería para evitar incendios y aguardaron el trabajo de la División Criminalística. Posteriormente el rodado fue estabilizado y retirado, quedando a resguardo de un familiar a la espera de la grúa del seguro. El conductor permanece internado, estable y bajo observación médica, mientras la Fiscalía interviniente continúa con las actuaciones por supuesto accidente de tránsito.
La Bancaria activó una nueva actualización salarial en base a la inflación anunciada por el Indec. Fijó un incremento salarial del 2,9%, tal como marcó el índice de precios al consumidor, y llevó el inicial del sector a los 2.125.068 pesos. La Asociación Bancaria anunció una nueva actualización salarial correspondiente a enero de 2026, con un incremento del 2,9% sobre los haberes de diciembre, en concordancia con el nuevo índice de inflación anunciado hace pocos días. Con esta suba, el salario inicial de la actividad pasó a ubicarse en $2.125.068. El sindicato que comanda el también diputado nacional, Sergio Palazzo, informó que la mejora se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas. Así, la actualización forma parte del mecanismo acordado previamente entre el gremio y las cámaras empresarias para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. Según detalla el comunicado, las partes retomarán la negociación paritaria integral en la segunda quincena de marzo de 2026, instancia en la que se revisará nuevamente la evolución de los salarios en función del contexto económico. El salario bancario suele ubicarse entre los más altos del mercado laboral formal argentino, debido a la fuerte sindicalización de la actividad y a su capacidad de negociación. Además del incremento mensual, se definió el monto mínimo para el Día del Bancario, que quedó fijado en $ 1.894.425,01. Esa cifra podrá ser actualizada si se registran nuevas variaciones inflacionarias en los próximos meses. El adicional por el Día del Bancario es uno de los conceptos históricos del convenio colectivo del sector y suele actualizarse en sintonía con los acuerdos salariales. Infogremiales
El Instituto de Cardiología de Corrientes concretó el primer implante de válvula aórtica “sutureless” Perceval, una tecnología utilizada para el tratamiento de la estenosis aórtica. La intervención permite tratar la dolencia con menor tiempo quirúrgico y recuperación más rápida. La paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta. Este tipo de prótesis se caracteriza por no requerir suturas convencionales para su fijación, lo que agiliza el procedimiento quirúrgico. Según se informó desde la institución, la técnica permite optimizar los tiempos en quirófano y reducir la duración total de la cirugía. La estenosis aórtica es una patología que afecta la válvula del corazón y dificulta el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. En determinados pacientes, el reemplazo valvular resulta necesario para mejorar la función cardíaca y la calidad de vida. Desde el Instituto señalaron que la incorporación de esta tecnología amplía el abanico de opciones terapéuticas disponibles. El centro cuenta con más de diez años de experiencia en procedimientos TAVI -implante valvular aórtico transcatéter-, técnica menos invasiva que se utiliza en casos seleccionados. En esta oportunidad, la paciente intervenida evolucionó de manera favorable y recibió el alta médica tras la cirugía. Con este procedimiento, la institución suma una nueva alternativa en el abordaje quirúrgico de la enfermedad valvular aórtica, dentro de su esquema de atención cardiovascular en la provincia. Radiosudamericana
Así lo manifestó el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich en una rueda de prensa llevada a cabo este viernes en Casa de Gobierno. “Estamos analizando todas las posibilidades para que la Policía del Chaco tenga el reconocimiento económico que se merecen”, dijo. El anuncio del ministro se efectuó durante una acto oficial para reconocer y agradecer públicamente el trabajo de efectivos de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial que participaron en la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski, proceso que culminó con la condena a prisión perpetua para los integrantes del denominado “Clan Sena”, cuyas sentencias fueron leídas el pasado martes 10 de febrero. En este sentido, mediante una rueda de prensa llevada a cabo este viernes por la mañana en Casa de Gobierno en Resistencia, el funcionario se refirió a la situación salarial de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, en medio de los conflictos registrados en otras provincias como Santa Fe y la posibilidad de reclamos en Corrientes. El funcionario sostuvo que la provincia “ha tenido pautas muy claras” en materia salarial y recordó que el año pasado Chaco realizó “un gran esfuerzo”, ubicándose, según indicó, como la provincia con los salarios más altos a nivel regional para el personal de seguridad. No obstante, reconoció que el contexto económico es complejo y que el Gobierno chaqueño analiza alternativas. “Estamos estudiando todas las posibilidades para que tanto el servicio como la policía tengan un reconocimiento económico que se merecen, siempre dentro de las posibilidades financieras que tiene nuestra provincia, que son complejas”, afirmó. Estos anuncios se dan después de los hechos vividos en Rosario, Santa Fe en los últimos días, donde la policía de provincia reclamó por tres días seguidos, mejoras salariales y óptimas condiciones laborales que fueron concedidas por el gobernador de ese distrito tras los reclamos.
En un frente común que representa diversidad y federalismo de la Argentina, las máximas autoridades laborales de diversas provincias presentaron una nota formal ante el Secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. El documento exige la urgente convocatoria a una sesión presencial del Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar de forma exclusiva el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”, que acaba de conseguir media sanción. La solicitud cuenta con el respaldo de ministros y secretarios de carteras laborales clave, subrayando la relevancia política y social del pedido. Entre los firmantes se encuentran el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Walter Correa, junto a autoridades de las provincias de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego. Los firmantes sostienen que las provincias son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, ya que son quienes enfrentan cotidianamente la conflictividad laboral en el territorio. Además, recuerdan que, según el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212), es obligatorio sesionar al menos cada tres meses, un plazo que debe respetarse especialmente ante debates que comprometen intereses no solo laborales, sino también fiscales y de inspección de las jurisdicciones. Las provincias se unen para reclamarle a Cordero que convoque al Consejo Federal del Trabajo para debatir la Reforma Laboral“Esto no pasó nunca. El Consejo tiene más de 30 años de vida y nunca dejó de funcionar 3 o 4 veces al año, como lo marca la Ley 25.212 , señalaron”. Y agregan: “La última fue la nada misma. Nos citaron en Alem 650, piso 18, nos dieron un poco de agua a cada uno y, más allá de las denuncias que hicimos las provincias respecto del desastre y que el CFT no puede no funcionar en un momento donde ya cerraron 20.000 empresas y se perdieron 300.000 puestos de trabajo, no hubo respuesta”. “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostiene el documento presentado ante la cartera laboral nacional. Ante la magnitud de la reforma que el Senado otorgó media sanción, las autoridades provinciales consideran absolutamente necesario activar este organismo para garantizar que la realidad de cada región sea escuchada. Infogremiales
Este viernes, el gobernador Leandro Zdero, junto a la presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), Ana Mitoire, acompañó la jornada recreativa destinada a personas con discapacidad en la sede del Instituto de Atención y Desarrollo (IAD), en Resistencia. La actividad se desarrolló hoy en el marco de la “Fiesta de Carnaval”, una propuesta organizada por el IAD junto a la red de instituciones Crecer con Todos, con el objetivo de promover la inclusión también en el ámbito recreativo. Durante el encuentro, el mandatario provincial dialogó con autoridades del Instituto de Atención y Desarrollo para avanzar en acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. “Visitamos el IAD para acompañar esta fiesta de carnaval, bajo el lema de la inclusión que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, también con la recreación”, expresó Mitoire. En ese sentido, remarcó que “la inclusión debe ser real y esto se logra estando en territorio y acompañando a las personas y a las instituciones, sin intermediarios, tal como lo pide el gobernador”. Por otra parte, la titular del IPRODICH anticipó que 2026 será un año de fuerte presencia territorial, en contacto con los prestadores de servicios. Además, anunció que una de las primeras acciones previstas será la realización de capacitaciones destinadas a fortalecer el trabajo de las instituciones. Asimismo, señaló que se continuará profundizando la inclusión laboral mediante programas vigentes como “Impulsar Chaco” y la Sponsorización para personas con discapacidad. “Invitamos a todos a sumarse a estas iniciativas para avanzar juntos en este camino de inclusión”, sostuvo. En tanto, la coordinadora del IAD, Verónica Perrone, agradeció la presencia del Gobernador y destacó el espacio de diálogo generado para abordar los temas vinculados a las instituciones. “Permanentemente nos acompañan y auditan; juntos vamos avanzando hacia una sociedad inclusiva”, afirmó. El IAD integra la red de instituciones de “Crecer con Todos” y brinda atención a personas con discapacidad en la provincia, articulando acciones con el Estado provincial a través del IPRODICH.
El pago de los empleadores a un fondo para despidos sería compensado con una rebaja en los aportes a la seguridad social; cómo se financian las prestaciones previsionales y qué se modificaría si se aprueba la iniciativa. Las prestaciones de la seguridad social se financian con un mix de recursos que provienen de diferentes fuentes. El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que será tratado en Diputados busca disponer que, como contrapartida del ingreso de dinero a un fondo para eventuales pagos por desvinculaciones de personal, los empleadores tengan una rebaja en la contribución destinada a financiar las prestaciones de la seguridad social a cargo de la Anses. De acuerdo con el texto finalmente votado en la Cámara Alta, el pago de los empleadores con destino a un Fondo de Asistencia laboral (FAL) será de 1% de las remuneraciones del personal en el caso de las grandes empresas, y de 2,5% si se trata de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo ingresado se descontaría de las contribuciones para la seguridad social, que así se verían reducidas. En principio, el mecanismo se pondría en marcha el 1° de junio próximo, aunque el Poder Ejecutivo podría postergar la entrada en vigencia hasta un máximo de seis meses, según el texto votado. Y podría establecer más adelante que las alícuotas suban hasta 1,5% y 3%, según sean grande o micro, pequeñas y medianas empresas. Ambas decisiones dependerán de la situación fiscal, porque la medida le quita recursos al Estado para el pago de las prestaciones. Y lo cierto es que la reducción de las cargas no provocaría una caída en los ingresos jubilatorios ni de otro tipo que cobra mensualmente parte de la población (como las asignaciones por hijo). No están previstas, de hecho, modificaciones ni al cálculo de los haberes iniciales de quienes se jubilan, ni a la movilidad posterior de esos ingresos. Lo que ocurrirá, entonces, es que los recursos que no le lleguen a la Anses por efecto del recorte de las contribuciones, le deberán llegar desde otras fuentes, que hoy ya son utilizadas para los pagos de la seguridad social. De todas maneras, es cierto que el gasto previsional podría achicarse este año, o crecer de manera más moderada que en otros períodos, por una razón diferente a la de un cambio en el cálculo de los haberes o en la movilidad. El motivo sería una menor cantidad de nuevos jubilados, considerando que ya no rige la principal moratoria por la cual en los últimos años se otorgó la mayoría de las prestaciones. El sistema previsto por la ley 27.705 para quienes estaban en edad jubilatoria y no habían reunido como mínimo 30 años de aportes, perdió vigencia el 23 de marzo de 2025, y en todo ese año los nuevos jubilados fueron 338.553, un 20% menos que en 2024 (de todas maneras, siguen rigiendo alternativas para cubrir faltantes de aportes). Las contribuciones actuales La iniciativa del Gobierno prevé una reducción “en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social” de igual porcentaje de las remuneraciones que el aporte al FAL. La ley 27.541 fija una alícuota de 20,4% de las remuneraciones para las grandes empresas privadas de servicios o de comercio, y de 18% para el resto de los empleadores (otras actividades y todas las pymes, además de entidades y organismos del sector público). Los recursos de esas contribuciones van a diferentes destinos de la seguridad social, apunta el abogado previsionalista Daniel Pérez. Alrededor de 60 de cada 100 pesos van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 26 de cada 100, a asignaciones familiares; algo más 5 de cada 100, al Fondo Nacional del Empleo, y unos 8 pesos de cada 100, al PAMI. Si se pusiera en marcha el FAL, el Estado debería enviar a la Anses más fondos provenientes de impuestos. Eso tendría un efecto fiscal, que el proyecto del Gobierno no indica cómo compensará. Cómo se financian las jubilaciones Las prestaciones pagadas por la Anses tienen tres fuentes de financiamiento: los aportes y contribuciones de empleados y empleadores y de monotributistas y autónomos; una parte de la recaudación de tributos con asignación específica (como todo el impuesto al cheque y algo más de 10% del IVA), y las asignaciones del Tesoro para cubrir el déficit del sistema. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2025 el 79,4% de los recursos del sistema fueron “propios”, entendiendo como tales a los aportes y contribuciones y a los impuestos con asignación específica), y el 20,6% fue cubierto con giros del Tesoro (dinero de la recaudación general). En 2024, los recursos propios habían cubierto el 87% de los pagos, luego de que a partir de 2021 ese porcentaje subió año a año (en 2020 se tocó un piso de 55%). Si se aprueba la rebaja de las contribuciones, tendería a ampliarse la participación del Tesoro en el financiamiento. “Están considerando una mayor afluencia de impuestos” para el pago de prestaciones, sostiene Pérez, quien enfatiza que no se afectarán los montos de las jubilaciones, porque eso está definido por la ley de Presupuesto. En rigor, el discurso del Gobierno apunta al optimismo respecto de que, como efecto de la ley, crecería la ocupación laboral registrada y, en consecuencia, la recaudación por contribuciones. Pero, ¿en qué medida realmente podría ocurrir eso? “Imposible responder”, analiza el economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, quien sostiene que, más allá de eso, existen varias razones para una reforma previsional. “La Argentina tiene un gasto previsional relativamente elevado (más alto que el de países con demografía parecida), se gasta mal (hay muchas inequidades, malos incentivos e ineficiencias) y aumenta la expectativa de vida a la vez que baja la natalidad”, describe. Para este año, la ley de gastos del Estado nacional no contempla cambios para el cálculo de las jubilaciones ni para la movilidad mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tampoco se
El espacio plenario por la conmemoración por los 50 años del golpe de estado en Corrientes, decidió convocar a un abrazo en defensa del Espacio de Memoria Regimiento 9 dónde funcionó un Centro Clandestino de Detención y Exterminio en 1976-1977. Será el próximo martes 17 de febrero a las 9 de la mañana. En los últimos días surgieron informaciónes referidas a negociaciones sobre el predio entre el gobierno nacional y provincial, que no manifestaron explícitamente el respeto irrestricto ante un sitio de memoria sobre el terrorismo de estado en argentina. El Tribunal Oral Federal de Corrientes en su sentencia en el Juicio Regimiento 9 del año 2008 – la que se encuentra firme – , reconstruyó: “Que en el Regimiento 9 funciono un Centro Clandestino de Detención y a cargo del grupo de tareas, es donde principalmente se desarrollaron los crímenes . Los imputados actuaron con una gran discrecionalidad, realizaron detenciones ilegales, interrogaron bajo tormentos a los detenidos y los sometieron a condiciones indignas de alojamientos, bajo condiciones inhumanas (malos tratos, vejámenes, torturas); en su mayoría jóvenes de ambos sexos, vinculados a procedimientos que el Ejército realizaba en el marco de la lucha contra la subversión; mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio, para luego decidir el destino final de cada víctima: el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial), la libertad o simplemente la desaparición física.- También se encuentra probado que el Grupo de inteligencia se componía por el entonces Oficial S2 del R I 9 Capitán (anteriormente Teniente 1°) Juan Carlos De Marchi, el Subteniente (mas tarde Teniente y también S2) Rafael Julio Manuel Barreiro, el Teniente Horacio Losito, y el Alférez Raúl Alfredo Reynoso, perteneciente a Gendarmería Nacional, Institución por entonces subordinada al Ejército en la lucha contra la subversión. El grupo de inteligencia del Regimiento 9, con la colaboración del área de inteligencia de la Sección Corrientes de Gendarmería Nacional, conformaban el grupo de tareas que encabezaba la lucha antisubversiva, tenía pleno poder para actuar de modo discrecional, y contaba con la participación de otros estamentos dentro del Regimiento y Gendarmería, como ser el jefe del R I 9 y el jefe de la Sección de Gendarmería. Se halla probado que a partir de allí el grupo de tareas se dedicó a llevar a cabo los hechos delictivos que componían su objeto, conformando una organización horizontal de mando, mas allá de los grados militares, que si bien eran respetados, todos tenían una parte de la ejecución y en las decisiones, lo que permitió mantener el centro de detención y efectivizar todos los hechos aquí imputados, y que a los efectos de responsabilidad los pone a todos en un pie de igualdad. Se encuentra acreditado que desde el año 1975 se dio comienzo a detenciones ilegales de personas, la realización de interrogatorios bajo tortura de las mismas, en el primer piso de la Jefatura de policía, y el encarcelamiento en la Alcaldía de policía sin informar de ello a familiares de las víctimas. Se encuentra probada la existencia de la cuadra de detenidos en el Regimiento 9, y que inició su funcionamiento aproximadamente en el mes de agosto de 1976. Se encuentra acreditado que los soldados que custodiaban la cuadra de detenidos eran oriundos de las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Chaco, que estaban cumpliendo el servicio militar en el Regimiento 9 de Infantería durante el año 1976. También está probado que la última vez que se los vio con vida a Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda, estuvieron en el Regimiento 9. Se hallan acreditadas las condiciones indignas que regían en la cuadra de detenidos, donde los allí alojados estaban con esposas o ataduras, vendados, y sometidos a tormentos, objetos de violencia física y mental, malos tratos, en fin, condiciones indignas de toda persona humana. Se ha probado que los imputados han practicado actos de tormentos de lo que dan cuenta las víctimas.Se ha probado que los hechos encuadran en delitos de lesa humanidad”. Corrientes Hoy
“Vamos a tener un trimestre sin plata”, le avisó Toto Caputo a las autoridades porteñas, con las que negocia el pago de la deuda que Nación arrastra con la Ciudad. El mismo mensaje desalentador recibió un gobernador aliado. Desde el Iaraf señalan que la recaudación nacional cayó 7,8% real interanual en enero y la que se distribuye a provincias y CABA retrocedió 6,6%. Sobran los ejemplos: la Patagonia nunca recibió los 100 mil millones que prometió Milei para combatir los incendios y Santa Fe tuvo que afrontar sola la mejora de los sueldos de la policía luego de la reciente rebelión, como dejó en claro el gobernador Pullaro. Lo mismo ocurrió con los pagos del Pami a las clínicas de la Patagonia, pisados por Caputo. De hecho, los últimos ATN que repartió fueron en diciembre, desde entonces cero. La economía argentina parece ingresar así a un laberinto conocido: falta plata, no porque el gasto haya explotado, sino porque los ingresos se enfrían y el financiamiento empieza a mostrar límites. El primer problema es fiscal. La recaudación lleva seis meses consecutivos de caída en términos reales y enero marcó el nivel más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación. Según publicó ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos, con una suba nominal del 22% respecto de enero de 2025, pero una caída real frente a la inflación. El dato refleja una economía que pierde dinamismo y complica el equilibrio fiscal. Las razones son conocidas. La suspensión de retenciones, la reducción de aranceles a las importaciones y la baja de impuestos internos impactaron sobre los recursos del Estado. El IVA aportó 6,2 billones, con una mejora nominal del 16,4%, pero el componente aduanero cayó 7,6%. Es una señal clásica de enfriamiento: menos comercio exterior y menor actividad. El impuesto a las Ganancias sumó 3,4 billones, con un aumento nominal del 32,4%, que en términos reales apenas empata con el año pasado. El impuesto al cheque siguió una trayectoria similar. En paralelo, los ingresos al sistema de Seguridad Social crecieron 27,7%, por debajo de la inflación anual, lo que confirma la pérdida de poder adquisitivo del empleo registrado. El resultado es directo: menos recursos disponibles y más presión sobre las cuentas públicas. El economista Nadin Argarañaz, presidente del Iaraf, estimó que la recaudación nacional que queda en manos de Nación cayó 7,8% real interanual en enero y la que se distribuye a provincias y CABA retrocedió 6,6%. La recaudación total, según ese análisis, habría descendido 7,4% real. El segundo factor es financiero. Durante 2025 y el inicio de 2026, la liquidez en dólares permitió sostener al mercado local. Las empresas emitieron Obligaciones Negociables (ON) para refinanciar deuda y traer divisas. Esa dinámica aumentó la oferta de dólares y le permitió al Banco Central comprar reservas sin presionar el tipo de cambio. Pero el mecanismo empezó a mostrar fatiga. En apenas un mes se emitieron más de USD 1.300 millones y luego el acceso al crédito externo volvió a limitarse. El movimiento fue intenso. Telecom colocó cerca de USD 500 millones a una tasa del 8,5%. Banco Galicia emitió USD 216,2 millones. Mirgor USD 26,5 millones destinados a capital de trabajo. Las tasas para empresas de primera línea se estabilizaron entre el 7% y el 9% anual en dólares. El problema es cuánto puede sostenerse. Ahí aparece el límite estructural. El mercado local absorbió cerca de USD 20.000 millones en ON durante 2025 y los analistas empiezan a hablar de saturación. Marina Dal Poggetto adviertió que el fondeo disponible es cautivo mientras no se normalice el acceso al crédito externo, que sigue complejo con el riesgo país por encima de los 500 puntos y Argentina calificada como mercado de frontera. La consultora 1816 agrega otro problema: se refinancia lo que vence, pero cuesta conseguir dinero nuevo para proyectos de largo plazo. Fondos y aseguradoras, además, están cerca de sus límites regulatorios de exposición. El tercer elemento que explica la escasez que advierte Caputo es el tiempo. Faltan tres meses para que ingrese el grueso de los dólares del agro. Entre abril y junio, el trimestre dorado, se concentra la liquidación más fuerte del año, principalmente por soja y maíz. Para la campaña se proyectan 146,4 millones de toneladas y exportaciones por unos 34.800 millones de dólares a lo largo del año. Pero el ingreso efectivo depende de variables que el Gobierno no controla del todo. El clima ya empezó a generar dudas sobre una cosecha récord y, al mismo tiempo, muchos productores esperan mejores condiciones de precio o tipo de cambio antes de vender. “Van a tener que bajar de nuevo las retenciones a cero”, advierte un diputado que conoce al sector. Mientras tanto, el ajuste vuelve a aparecer como la única herramienta disponible para sostener el equilibrio fiscal que defienden Milei y Caputo. La Política Online
Los diputados nacionales Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada presentaron este viernes una denuncia judicial contra el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo por violación de secreto y falsificación de documentos en el Indec, a raíz de la intervención del gobierno para que no se difunda el nuevo IPC que terminó con la renuncia de Marco Lavagna. La denuncia de los legisladores kirchneristas recayó en el juzgado en lo Criminal y Correccional Nº8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo magistrado que maneja con lentitud la causa de la estafa Libra y que ya recibió un llamado de atención de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en enero pasado. En el escrito que presentaron, Martínez, Penacca y Strada acusan a Caputo por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, “violación de secretos y deberes de confidencialidad” y “falsificación de documentos públicos”. La violación de deberes está contemplada en el artículo 248 del Código Penal y forma parte del capítulo sobre los delitos contra la admninistración pública. De probarse en sede judicial, podría caberle al ministro una pena que va de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial. Por otra parte, la vulneración de confidencialidad está prevista en el artículo 157 del Código Penal y castiga al funcionario que revele hechos o información que deberían ser secretos. La sanción sería idéntica, salvo por la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. Y la falsificación de documentos es lo que reprime el artículo 293 con reclusión de 1 a seis años. Según Strada, “no haber permitido la divulgación del índice que se había anunciado y publicar otro puede considerarse una falsificación”. La denuncia de los diputados se funda en las declaraciones públicas del ministro de Economía ante la crisis que desató el portazo de Lavagna. Por caso, citan el tuit de Caputo en respuesta al periodista Eduardo Feinman, que se hacía eco de la inquietud sobre la intervención del gobierno para no publicar un índice que detone la imagen del gobierno con la inflación al alza. “Eso es falso, @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos”, posteó en X el funcionario de Javier Milei. Lavagna ya no está pero Lines ocupa ahora su lugar y, tal como informó LPO, Caputo anunció cuánto daría la medición antes que el organismo la publicara. “Es su cuenta de Twitter, no puede decir que no sabía o no fue él”, acotó Strada. En el texto de la denuncia, se plantea que “el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico” porque “impacta en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino”. Además, los legisladores advierten que los datos del IPC “se encuentran protegidos por la ley 17622” y que Caputo excedió “manifiestamente las atribuciones del cargo que detenta”. Por lo demás, repusieron la letra del artículo 17 de esa misma norma. “Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración o sufrirán las sanciones que correspondan conforme con lo previsto en el Código Penal”, dice ese fragmento. La Política Online
A más de diez días de su desaparición, la Policía del Chaco mantiene un megaoperativo en Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Berthet para dar con Bernabé Navarro, de 82 años, quien padece Alzheimer. Participan fuerzas provinciales y federales, con rastrillajes en zonas rurales y controles en localidades cercanas. La Policía del Chaco intensificó los rastrillajes en Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Berthet para localizar a Bernabé Navarro, el hombre de 82 años que se encuentra desaparecido desde el domingo 1 de febrero. A más de diez días de la denuncia, se mantiene un operativo de búsqueda interprovincial supervisado por el Ministerio de Seguridad, con despliegue simultáneo en ambas localidades tras reportes que indican su posible presencia en Villa Berthet. Del operativo participan efectivos de la Policía del Chaco, la Policía Federal con helicópteros y divisiones especiales como Canes, Investigaciones Complejas y equipos que operan drones con visión térmica. Los rastrillajes se realizan en zonas rurales bajo la modalidad “tranquera por tranquera”, abarcando sectores de Colonia La Matanza y Colonia Sarmiento, además de caminos que conectan Villa Berthet con Quitilipi y San Bernardo. Según los reportes oficiales, pese al despliegue de recursos y las recorridas preventivas con entrevistas a vecinos, hasta el momento los resultados han sido negativos. No se descarta ninguna hipótesis ni área de búsqueda, y la alerta se mantiene incluso en provincias vecinas como Santa Fe. Navarro vestía al momento de su desaparición una camisa a cuadrillé verde claro, jean celeste y alpargatas negras. Se moviliza en una bicicleta verde claro con canasto negro. Desde la fuerza recordaron que el hombre padece Alzheimer, por lo que podría encontrarse desorientado. Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información que pueda contribuir a la localización sea comunicada a los servicios de emergencia o a la dependencia policial más cercana.
Omar Canela, titular de Vialidad Provincial, se refirió a la firma del convenio con el Municipio para intervenir 5.600 metros de la avenida Soberanía Nacional–Islas Malvinas, desde Ruta 11 hasta Urquiza. La obra comenzará en marzo, tendrá un plazo estimado de 12 meses e incluirá bacheo, reconstrucción, repavimentación y un nuevo esquema de circulación para reducir siniestros. El titular de Vialidad Provincial, Omar Canela, celebró la firma de un convenio entre la Provincia y el Municipio para avanzar en la refuncionalización de la avenida Soberanía Nacional–Islas Malvinas, en el tramo comprendido entre la Ruta 11 y la avenida Urquiza. “Ayer se firmó un convenio entre el Municipio y la Provincia, donde cada uno hace un esfuerzo, un aporte, para la refuncionalización de la avenida Soberanía y Malvinas Argentinas, del tramo que va desde la Ruta 11 hasta la avenida Urquiza. Son más o menos 5.600 metros”, precisó en contacto con CIUDAD TV. Según indicó, los trabajos comenzarán en los primeros días de marzo con cuatro frentes de bacheo simultáneos a lo largo de la traza. “Los primeros días de marzo ya vamos a estar comenzando con lo que es el bacheo, se largan cuatro frentes de bacheo de manera simultánea a lo largo de la avenida y el plazo estimado de la obra son 12 meses”, detalló. La intervención contempla bacheo, reconstrucción en los sectores más deteriorados y posterior repavimentación con mezcla flexible. Además, incluirá señalización horizontal y vertical, parquización y tareas vinculadas a iluminación, estas últimas a cargo de la empresa SECHEEP. Canela explicó que la refuncionalización implica un nuevo esquema de circulación. “Se va a dividir en dos carriles, uno ascendente que es el carril que está sobre el centro y carril descendente que está sobre la colectora”, señaló. “La principal misión que tiene esta obra es ordenar el tránsito en todo ese sector, entendiendo que hace muchísimo tiempo es muy desordenado y se originan un número muy importante de siniestros y de accidentes”, afirmó. En ese sentido, indicó que se harán interrupciones para limitar los cambios de carril y que “solamente se va a poder hacer intercambios en las esquinas a través de los semáforos”. También se construirán “isletas donde se va a impedir este cambio de carril, va a ser forzado un poco el ordenamiento”, y sostuvo que “es la única manera quizás de empezar a ordenar todo ese sector”. “Es una de las arterias que tiene mayor volumen de tráfico. El último acceso del otro lado del canal Soberanía se ha desarrollado muchísimo y quizá la única arteria pavimentada que tienen conexión es la avenida Soberanía, de manera que la cantidad de tránsito que tiene es enorme”, indicó. Agregó que por allí circula tránsito pesado, incluidos ómnibus que se dirigen a la terminal y camiones habilitados. En cuanto al esquema de trabajo conjunto, señaló que este es el quinto convenio firmado con el Municipio y que se ejecutan tareas de ripio y bacheo en el Gran Resistencia. “Se van ejecutando ya alrededor de 3.000 cuadras de ripio, vamos por 4.000 cuadras de ripio en toda Resistencia”, afirmó. Precisó que las intervenciones incluyen cuneteo, desagües y alcantarillas. “Quedan muchos desafíos por delante para Resistencia, hay cuestiones de desagües, obras de canalizaciones, pavimentos urbanos, pero la demanda supera normalmente a la capacidad de respuesta, hay muchísimo atraso en la infraestructura”, sostuvo. Trabajos en toda la provincia Canela indicó que la modalidad de convenios se replica en otros municipios. Mencionó trabajos en Sáenz Peña, Du Graty, Gancedo, Charata, Las Breñas, Villa Río Bermejito, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno y Los Frentones, con intervenciones urbanas de ripio y mejoramientos. En materia de rutas provinciales, detalló que avanzan obras en la Ruta 13 mediante un crédito bancario; en la Ruta 30, que une Ciervo Petiso con Laguna Limpia, con recursos provinciales; y en la Ruta 48, acceso a Pampa Almirón. Además, anticipó el próximo inicio de la Ruta 9, entre Miraflores y Las Hacheras, y la reanudación de trabajos en la Ruta 6, en la zona de Las Breñas. “Vamos en el transcurso de este año cinco rutas en proceso en ejecución. Es muy buen volumen de trabajo un poco atendiendo las dificultades económicas que estamos atravesando”, concluyó.
Un choque entre un camión de transporte de carga y un colectivo de pasajeros dejó al menos siete personas heridas este mediodía. El siniestro ocurrió en la intersección de Julio Tort y Obligado, cuando un camión de transporte logístico y un colectivo Mercedes-Benz colisionaron dejando varias personas con lesiones. Algunas fueron trasladadas al Hospital Perrando y otras asistidas en el lugar. El hecho se registró alrededor de las 12:30 y, por causas que se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron. A raíz del impacto, resultaron lesionados ocupantes del camión y pasajeros del transporte público. Según el parte policial, el conductor del camión, de 31 años, y su acompañante, de 48, fueron trasladados de urgencia al Hospital Perrando para recibir atención médica. En tanto, un pasajero del colectivo, de 53 años, fue derivado por el servicio de emergencias privado EME hacia un centro asistencial. Además, varias pasajeras que se retiraron inicialmente por sus propios medios acudieron minutos después a la guardia hospitalaria. De acuerdo a los informes médicos, una mujer de 50 años fue diagnosticada con traumatismos en el brazo y la rodilla izquierda, mientras que otra pasajera, de 38 años, presentó traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve y traumatismo cervical. En el lugar también fueron asistidos el resto de los pasajeros, entre ellos una menor de 5 años y otras tres mujeres, quienes fueron dadas de alta en el sitio al no presentar lesiones de consideración. Tras el siniestro, intervinieron ambulancias del servicio de emergencias, personal de la Comisaría Primera, efectivos de la División Patrulla Preventiva y peritos de la División Criminalística, que realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Durante el procedimiento, el tránsito permaneció restringido en la zona
Reforma laboral y no regresividad. La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. Por Andrés Gil Domínguez El principio de progresividad y no regresividad es un estándar central del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En el sistema jurídico argentino, tiene jerarquía constitucional y convencional. La progresividad significa que el Estado tiene la obligación de avanzar de manera constante y sostenida en la realización de los DESCA. La no regresividad es la otra cara del principio. Implica que el Estado no puede retroceder en el nivel de protección ya alcanzado, salvo que exista una justificación extremadamente fuerte. En términos sencillos: si un derecho ya fue reconocido y garantizado en cierto nivel, no puede reducirse arbitrariamente. ¿Cuándo puede operar la regresividad? Está plenamente justificada cuando es razonable y proporcional, no afecta el contenido esencial del derecho, se demuestra que no había otra alternativa menos lesiva y se adoptó tras un análisis serio de respecto de su impacto. La carga de la prueba recae en el Estado. En términos argumentales, no basta alegar ´fomento del empleo´, por el contrario, debe probarse que la reducción de la tutela genera un beneficio social superior y que no existían medidas menos lesivas para alcanzar el mismo fin. Es objetivamente regresiva La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. La media sanción del Senado no respetó los mínimos estándares exigibles en términos de deliberación democrática, liberando de esta manera a sus defensores de la carga de argumentar la regresividad votada. La progresividad es la idea de que una sociedad camina hacia más dignidad: la no regresividad es la garantía de que no se vuelve atrás sin una razón extraordinaria. Cuando se reducen derechos que costaron décadas de lucha y consenso social, no alcanza con invocar promesas abstractas de crecimiento o empleo. Si el retroceso no está sólidamente justificado, deja de ser una reforma y se convierte en una renuncia. En nuestro caso, avalado por una mayoría que, en gran parte, va a sufrir en su vida cotidiana los efectos regresivos de aquello que hoy – vaya uno a saber por qué – apoya. Publicada en Perfil
Marcela Cortés, del Juzgado de Faltas, informó que se notificó en febrero un fallo dictado a fines del año pasado que impone 40 días de prisión efectiva por acoso callejero. Señaló que es la tercera condena por esta temática y explicó cómo denunciar y qué medidas de prueba pueden aportar las víctimas. La jueza de faltas Marcela Cortés confirmó en diálogo con CIUDAD TV que se notificó a las partes un fallo que condena a 40 días de prisión efectiva a un hombre por acoso callejero. “Ese es un fallo que se dictó a finales del año pasado, recién durante este mes de febrero hemos podido notificar a ambas partes, a víctima y victimario”, explicó. Indicó además que “es la tercera condena en el tribunal por la misma temática, acoso callejero”. Sobre el hecho, detalló que la víctima, una joven que regresaba del gimnasio, fue interceptada en la vía pública. “Fue seguida por el señor haciendo referencia a la manera en la que ella estaba vestida y posteriormente hizo tocamientos indebidos en el cuerpo de ella, exhibiendo inclusive sus partes íntimas”, relató. La joven realizó la denuncia y declaró ante el tribunal cuando fue citada. “Con el aporte de cámaras de seguridad de las inmediaciones donde ocurrió el hecho se pudo determinar cómo ocurrió y las demás circunstancias”, precisó. Cortés recordó que este tipo de conductas están contempladas en la normativa vigente. A nivel nacional, la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres incorporó la violencia en el espacio público como modalidad de violencia contra la mujer. En la provincia, el acoso sexual en lugares públicos fue incorporado al Código de Faltas en el artículo 69. “Primero lo que se tiene que saber es que no es piropo, es acoso”, afirmó. Y agregó: “Es una conducta que está prohibida, que si bien fue tolerada durante mucho tiempo, actualmente está reprimida en el código contravencional de la provincia”. La funcionaria señaló que, aunque hubo tres denuncias y en las tres se dictó condena, no se registran más presentaciones. “No hay denuncias. Por eso se pide la difusión del fallo, para concientizar y porque a veces se descree de que no va a pasar nada”, sostuvo. En relación al impacto en las víctimas, indicó que en causas anteriores muchas continuaron con tratamiento psicológico y modificaron hábitos cotidianos. “Genera inseguridad en la víctima. Continúan con tratamiento psicológico, tienen inseguridad de andar en la vía pública, se cambian las formas en las que se visten, a veces piden que la pareja, un amigo o una amiga la acompañe”, describió. Y subrayó: “Las mujeres tenemos derecho a transitar y estar en la vía pública con total libertad y seguridad”. Sobre el procedimiento, explicó que la denuncia puede realizarse en cualquier comisaría o directamente en el Juzgado de Faltas, y también a través del 911. “Se puede hacer la denuncia en cualquier comisaría, en la más cercana de la zona o del barrio donde está la víctima, y luego la causa se remite al Juzgado de Faltas”, indicó. Añadió que terceros también pueden denunciar si presencian el hecho. Recomendó, además, que en el momento del hecho se intenten identificar testigos o cámaras de seguridad. “Lo que se recomienda es ver si hay transeúntes que pudieran haber visto para recabar los datos de estos testigos, si hay cámaras en la zona, como para poder determinar qué medidas de prueba pueden tener”, señaló. En cuanto a los antecedentes, explicó que uno de los condenados anteriores fue abordado junto al área de salud mental, mientras que el hombre condenado ahora ya se encuentra privado de libertad por otro delito contra la integridad sexual, con una pena de dos años y seis meses que cumple hasta mayo de 2027. “Estamos trabajando con el juez de ejecución penal para ver si cumplida esa pena va a cumplir los 40 días acá en la justicia de faltas o si se le hace una acumulación de penas”, detalló. Cortés insistió en la necesidad de visibilizar la problemática. “El gran porcentaje de víctimas son niñas, adolescentes, menores de edad y mujeres muy jóvenes”, afirmó. Y concluyó: “Era necesario que se contemple en el código contravencional y que se criminalice esa conducta”.