El polémico artículo sobre las licencias por enfermedad o accidentes que el gobierno de Javier Milei coló a último minuto en la reforma laboral está generando dudas en los aliados de Provincias Unidas que lo votaron en el Senado, pero ahora no quieren acompañar en Diputados. En medio del desorden de cambios que hizo La Libertad Avanza y en la confusión que generó que el texto no se conociera hasta último momento, pasó casi desapercibido el artículo 44 de la reforma que dispone un cambio clave para los trabajadores. Ese artículo modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que en caso de accidente o enfermedad que no estén ligadas a su trabajo, el empleado “tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración” durante tres meses o seis meses si tiene personas a cargo. “Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de la remuneración”, agrega. Actualmente, el período de las licencias es de hasta 12 meses y se cobra el 100% del salario. Nadie del Gobierno se adjudicó la paternidad de esta polémica modificación, pero sí salió a defenderla Federico Sturzenegger que sostuvo que “apunta a la reducción de las licencias eternas”. Uno de los ideólogos de la reforma y autor del texto inicial, el abogado laboralista Julián de Diego, se mostró sorprendido por el cambio. “No sé con quién hubo negociaciones por este tema porque salió como un fantasma”, dijo el abogado, que a pesar de trabajar para grandes empresas tomó distancia porque el artículo generará mucha litigiosidad. Si bien el tema se mencionó poco durante la sesión, las críticas empezaron a crecer fuerte en las redes sociales y ya escalaron hasta en los medios más cercanos al gobierno, donde admiten que se les fue la mano. Con ese panorama, el artículo 44 empezó a ser cuestionado por los aliados del gobierno y fuentes de Provincias Unidas adelantaron a LPO que no quieren votarlo en el debate en la Cámara de Diputados. Esto pese a que ya lo votaron en el Senado. El bloque de Provincias Unidas tiene 18 integrantes en Diputados y podría ser clave para complicar al oficialismo. Hay votos que ya están decididamente en contra como el del socialista santafesino Esteban Paulón, que rechaza todo el proyecto. Pero La Libertad Avanza podría tener problemas con otros integrantes del bloque PU o diputados allegados a los gobernadores del espacio que integran otros bloques. En el Senado, el Título I que incluye el artículo 44 fue votado por todos los senadores cercanos a los gobernadores de PU. Los integrantes del bloque que lleva ese nombre, el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, votaron a favor. Lo mismo hicieron los radicales correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, que responden a los hermanos Valdes. La única salvedad fue de parte la senadora chubutense Andrea Cristina, que integra el bloque del PRO pero responde a Nacho Torres. Cristina votó a favor del Título I, pero pidió que quede en la taquigráfica que rechaza el artículo 44. La otra senadora que responde al gobernador de Chubut, Edith Terenzi, votó a favor sin ninguna aclaración. La Política Online
Autor: Redacción General
El Gobierno del Chaco participó en la conformación del Consejo de Supervisión de la Vía Navegable Troncal que se centrará en temas estratégicos para la Hidrovía Paraguay–Paraná (HPP) . Por instrucciones del gobernador Leandro Zdero, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, participó de las reuniones llevadas a cabo en la sede Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), encabezadas por su titular Iñaki Miguel Arreseygor, donde se definió la conformación de dos consejos de control, uno para el sur de la HPP y otro para el norte de la misma. La prioridad es el dragado del riacho Barranqueras “Con la licitación del Gobierno Nacional del dragado y balizado de la Hidrovía Paraná Paraguay va a estar garantizada la navegación por los próximos 30 años”, adelantó el ministro Domígnuez y afirmó que es “prioritario” la incorporación del dragado y mantenimiento del riacho Barranqueras al dragado troncal de la Hidrovía Paraguay–Paraná. “Estas medidas resultan claves, no sólo para la provincia del Chaco, sino para todo el Norte Grande”. Habilitación definitiva para el Puerto Las Palmas Finalmente, Domínguez precisó que en las reuniones se avanzó en el análisis de la habilitación definitiva —no precaria— del Puerto Las Palmas, “un estatus que muy pocos puertos del país han logrado y que representa un paso estratégico para consolidar la infraestructura logística y portuaria de la provincia del Chaco y de toda la región”, dijo. Además de funcionarios de las provincias lindantes al río Paraná, estuvieron presentes directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de Actividades Portuarias y el Centro de Navegación, entre otras entidades.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), a través de sus áreas de Diplomaturas y Formación Continua, ofrece diversas propuestas académicas orientadas a la gestión y la salud. En este marco, se encuentran abiertas las inscripciones para la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Salud, que tendrá una duración de seis meses y una carga horaria total de 125 horas. La propuesta está destinada a profesionales y auxiliares de la salud que se desempeñen en instituciones sanitarias. El cupo es limitado. El objetivo general de la diplomatura es capacitar a los profesionales para abordar los desafíos del sistema sanitario con eficacia y eficiencia. Se brindarán herramientas prácticas para mejorar la gestión y la planificación estratégica, promoviendo la toma de decisiones fundamentadas que aseguren la viabilidad económica y fomenten la innovación en el cuidado de la salud. La modalidad de cursado será mediante clases asincrónicas, con un encuentro presencial por mes. La dirección académica estará a cargo del Magíster Médico José Miguel Bolaños, con la coordinación de la doctora Sandra Alina Bondar.Siendo los profesionales invitados para participar en foros de discusión Esp. Med. Hugo Ramos, Esp. Med. Santiago Romero y Esp. Med. Miguel H. Matta. El inicio del cursado está previsto para abril de 2026.Link de inscripción https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/728X9WEXDO
Este viernes, el gobernador Leandro Zdero constató también el avance de las obras de refacciones integrales en dos establecimientos escolares donde se ejecutan a través del programa provincial “Mejor Escuela”. Primeramente visitó la Escuela de Educación Primaria N°848 “Comandante Luis Piedra Buena” de Puerto Vilelas y, más tarde, lo hizo en la Escuela de Educación Secundaria N° 72 “Almirante Brown” de Barranqueras, Este viernes, en el marco del programa provincial “Mejor Escuela”, el gobernador Leandro Zdero supervisó el avance de las obras de refacción integral en la Escuela de Educación Primaria N°848 “Comandante Luis Piedra Buena” de Puerto Vilelas, que presentan un 80 por ciento de ejecución y ya estarían finalizadas antes del inicio del ciclo lectivo. Los trabajos incluyen la refacción integral de los módulos sanitarios, la reparación del sistema eléctrico y la intervención en techos afectados por filtraciones en distintos sectores del edificio. Las obras son ejecutadas a través del programa “Mejor Escuela”, que busca optimizar las condiciones edilicias de establecimientos educativos en todo el territorio provincial. “Estas obras forman parte de una planificación provincial que estamos llevando adelante a lo largo y ancho de la provincia para optimizar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos”, señaló el Gobernador. Zdero destacó además que la iniciativa se suma a otras obras de infraestructura escolar que se ejecutan en distintos puntos del Chaco, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas. De la recorrida también participaron la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti y el director de Obras por Administración del Ministerio de Infraestructura, Eduardo Loshner. En la EES Nº72 de Barranqueras Los trabajos contemplan la refacción integral de sanitarios, el sistema eléctrico, la iluminación y los equipos de ventilación, además del reacondicionamiento de la guardería destinada a estudiantes con hijos, con el objetivo de garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar las trayectorias educativas. “Estamos avanzando con la planificación de refacciones en edificios escolares para garantizar óptimas condiciones para el inicio del ciclo lectivo”, subrayó el mandatario provincial, quien destacó que la infraestructura es un componente clave para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante la jornada, el gobernador también había supervisado una escuela primaria en Puerto Vilelas y tiene previsto llegar a otros establecimientos, en el marco del plan de intervenciones que se desarrolla en distintas localidades. La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, señaló que “estas recorridas forman parte del seguimiento de las obras que se ejecutan en el área Metropolitana a través del programa “Mejor Escuela”, iniciativa que impulsa el Gobernador Leandro Zdero, con intervenciones integrales en edificios escolares”. Por su parte, el vicedirector de la institución, Daniel Izquierdo, valoró y agradeció la respuesta del Estado ante las necesidades edilicias del establecimiento. “Estamos muy contentos por la presencia de las autoridades, porque están cumpliendo con lo pactado y eso nos pone muy contentos”, expresó.
Se trata del juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. En el expediente, se lo señala como responsable de lesiones y amenazas a seis trabajadores judiciales, en un contexto de violencia, maltrato laboral y de violencia de género en el caso de las cuatro mujeres damnificadas. El Área de Transición de la Unidad Fiscal de Santa Rosa, a cargo de los fiscales federales Iara Silvestre y Federico Iparraguirre, y el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Bahía Blanca, Horacio Azzolin, requirieron la elevación parcial a juicio de la causa en la que está acusado el juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. En el expediente, se lo señala como responsable de lesiones y amenazas a seis trabajadores judiciales, en un contexto de violencia, maltrato laboral y de violencia de género en el caso de las cuatro mujeres damnificadas. “Las conductas del imputado que alarmaron y amedrentaron a las víctimas y generaron un temor manifiesto en ellas fueron llevadas a cabo aprovechándose de su jerarquía y consistieron en una serie de actos de humillación, hostigamiento, anulación, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación”, describieron los representantes del MPF en el requerimiento presentado el miércoles pasado. Allí mencionaron que el magistrado asignaba tareas judiciales de forma confusa, se burlaba y hasta determinó una serie de “códigos de imposible comprensión impuestos en función de su jerarquía”. A ello le sumaron que ejercía violencia física sobre objetos, lo que operaba “a modo de amedrentamiento”. Entre las acciones, marcaron también la “sobrecarga selectiva de funciones, inducción en el grupo de trabajo de un constante estado de alerta ante cualquier palabra o situación que indique el posible desencadenamiento de una agresión, juzgamiento de manera ofensiva de la labor judicial, amenazas de llevar adelante sumarios administrativos, bloqueo de iniciativas y complejización de las herramientas para la realización de tareas, ‘hacer el vacío’ y exclusión de personas”. Los hechos ocurrieron en una franja temporal que inició en diciembre de 2012 —cuando el imputado asumió como juez del tribunal— y persistieron luego de formulada, en 2023, la denuncia penal que motivara estas actuaciones. En ese sentido, los fiscales recordaron que Díaz Lacava desobedeció la orden judicial dictada el 19 de abril del 2023 por el Juzgado Federal de Santa Rosa y confirmada parcialmente por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca aquel mismo año, de abstenerse de ingresar al tribunal y de acercarse a las víctimas que se desempeñaban en dicha dependencia, a una distancia mínima de 50 metros. Asimismo, indicaron que incurrió en retardo judicial malicioso en cuatro ocasiones al haber realizado acciones que perjudicaron el funcionamiento del tribunal. Entre ellas, mencionaron la utilización de audiencias orales y distintas misivas —por correo electrónico, oficios judiciales, etc.— “para amedrentar a las víctimas del presente expediente y entorpecer la investigación en su contra”. Por último, también remarcaron un hecho de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público ocurrido el 27 de marzo del 2023 cuando concurrió a una quema de efectos secuestrados en distintas causas penales e impartió ordenes contrarias a la ley al personal del horno pirolítico, intentando que se procediera a la incineración de elementos que no eran aptos ni seguros para ser incinerados en esa instalación. Violencia laboral La causa se inició el 19 de abril de 2023 ante la denuncia que realizaron los damnificados, donde describieron el carácter del imputado como “dominante e intempestivo” y refirieron haber presenciado distintos actos que calificaron como “inadecuados y violentos” de parte del magistrado. En esa línea, los jueces federales Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, integrantes del mismo tribunal que el magistrado acusado, acompañaron la denuncia formulada, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos. Según los distintos testimonios, los episodios ocurrieron desde la llegada de Díaz Lacava al Tribunal y fueron intensificándose con el correr de los años hasta que en julio de 2022 empeoraron los maltratos y actos de violencia. En la denuncia, señalaron que intentaron mantener sus funciones, su carrera y su sustento, y explicaron que nunca habían enfrentado al magistrado ya que, según detallaron, “se trata nada más y nada menos que de un juez de cámara”. A su vez, destacaron que fueron destinatarios directos e indirectos de la violencia del juez y que “sintieron que sin quererlo” se volvieron “cómplices” por permitir los maltratos y abusos de autoridad que éste ejercía respecto de otras personas. En el caso, se realizaron peritajes psicológicos practicados a todas las víctimas por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Nación y del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos e investigadores de la Defensoría General de la Nación; y entrevistas a las personas damnificadas por profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), los que dieron cuenta del daño en la salud de las víctimas. Los fiscales adjuntaron al requerimiento el registro audiovisual de las declaraciones de las personas damnificadas, con el objetivo de que se tome dimensión “del hondo pesar que embarga a todas las víctimas y a la inmensa mayoría de los/as testigos —empleados/as, funcionarios/as y magistrados— que han comparecido; de los sentimientos de miedo, angustia, dolor, sorpresa, desesperación, enojo, desconfianza, desilusión, tristeza e incertidumbre que los invaden y en ocasiones desbordan, atentando así contra su salud de manera integral”. Consideraron también que la actuación de Díaz Lacava atenta también contra el servicio de una buena administración de justicia, “que es un derecho que sin dudas atañe y en las condiciones actuales perjudica a toda la sociedad pampeana”. Calificaciones legales Los fiscales acusaron a Díaz Lacava como autor material penalmente responsable de los delitos de amenazas en perjuicio de las seis víctimas; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas, por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud en perjuicio de cinco víctimas; lesiones graves en la salud de un trabajadora por haberla inutilizado
En la sede del Tribunal Oral Federal de Corrientes se inició esta semana el juicio contra Jorge Eduardo Espinosa -alias “Chaquito”-, su madre y un transportista, acusados de formar parte de una banda dedicada al tráfico de droga desde Paraguay que ingresaba por la ciudad correntina de Itatí. El acusado operaba desde la Unidad Nº 7 de Resistencia. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes comenzó el lunes pasado a juzgar a un preso condenado por narcotráfico, su madre y un transportista, acusados de formar parte de una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes, principalmente desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí. Se trata de Jorge Eduardo Espinosa -alias “Chaquito”-, identificado como presunto líder de la organización y quien se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel federal de Resistencia por dos causas de narcotráfico en las que se le unificaron las penas; Juana Torres -madre de “Chaquito”-; y un chófer de aplicaciones identificado como Rubén Ángel María Tabares. Madre e hijo deberán responder como presuntos coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de más de tres personas. En tanto, al transportista se le imputa el delito de transporte de estupefacientes, en concurso real con el de uso de documento público falso, ambos en calidad de autor. En la causa, también fueron condenadas otras doce personas en el marco de juicios abreviados, a penas de entre 3 y 6 años de prisión. “Chaquito”, con dos condenas sobre sus espaldas En agosto de 2019, Espinosa había sido condenado por el TOF de Corrientes a 7 años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes. Luego, en agosto de 2021, el TOF N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo condenó a 8 años de prisión en el marco de la “causa Sapucay”, por lo que, por contar con una condena previa, se le dictó una pena única de 10 años y 6 meses de prisión. El debate se inició el lunes pasado ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, y continuó el martes con las declaraciones testimoniales de miembros de fuerzas seguridad que intervinieron en la investigación. El MPF se encuentra representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en el distrito de Corrientes, Nicolás Marquevich. La instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la PROCUNAR, Martín Uriona. El juicio se reanudará el próximo 20 de febrero. La organización Las 15 personas implicadas en la causa están acusadas de haber participado en maniobras de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes —principalmente marihuana— en sus diferentes etapas: la introducción al país, guarda, transporte y su distribución comercial. También se les atribuyen otras conductas delictivas vinculadas al sostenimiento de la estructura criminal y al manejo de los fondos obtenidos de la actividad ilícita. De acuerdo con la investigación, la organización operó, al menos, entre el 16 de mayo de 2021 y el 3 de marzo de 2023, oportunidad en la que se concretaron allanamientos y algunas detenciones. Durante esos procedimientos, se secuestraron 215,224 y 532,450 kilogramos de marihuana respectivamente. Conforme la prueba colectada, la droga era obtenida en la República del Paraguay e ingresada al país a través de la localidad correntina de Itatí, desde donde era trasladada hacia otras provincias para continuar la cadena de comercialización. Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, los investigadores individualizaron a “Chaquito” como líder de esta organización. Según la acusación fiscal, el hombre dirigía y coordinaba las maniobras delictivas desde la Unidad Penitenciaria Federal Nº 7 “Prisión Regional del Norte”, de la capital chaqueña, donde se encuentra detenido. En relación a ello, se constató que Espinosa utilizó con esos fines un teléfono móvil personal y una línea telefónica de la unidad penitenciaria para comunicarse con su hermano, alias “Viru”, —condenado en un juicio abreviado—, quien oficiaba como nexo con el exterior, organizaba viajes a la ciudad de Corrientes, retiraba dinero y articulaba con otros integrantes de la organización. Para la realización de estas maniobras ilícitas, “Chaquito’’ habría contado con la colaboración de su madre, Juana Torres, y su pareja, Fabiana Hermosilla —también condenada en un juicio abreviado—. Según la investigación, el hombre se contactaba con ellas para que reciban en sus respectivas cuentas bancarias o billeteras virtuales los pagos provenientes de la actividad ilícita que llevaba a cabo. Además, de acuerdo a la pesquisa del MPF, Torres realizaba transferencias de dinero, por pedido de su hijo, a cuentas de efectivos del Servicio Penitenciario Federal. La detención del transportista El tercer acusado en el juicio, Tabares, se encontraba prófugo de la justicia cuando fue detenido el 8 de enero de 2025. La aprehensión se produjo durante un control vehicular de la Prefectura Naval sobre la ruta nacional N°12, a la altura del kilómetro 1184 y su intersección con la ruta provincial N°113, en el acceso al paraje Tilita. Según el requerimiento de elevación a juicio, el imputado conducía un Volkswagen Polo Trend blanco en sentido Corrientes–Posadas y no acató la orden para detención su marcha. Tras una persecución controlada por la ruta nacional 118, realizó una maniobra en “U” y, según consta en el acta, intentó embestir al móvil policial. Finalmente, el vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 1150. Al descender del auto, Tabares intentó darse a la fuga haciendo movimientos como si fuera a sacar algo de la cintura, lo que motivó que uno de los efectivos le efectúe un disparo. Finalmente, fue detenido y recibió atención médica. Durante la inspección del vehículo, en el baúl se hallaron 601,575 kilogramos de marihuana distribuidos en 729 envoltorios rectangulares tipo “ladrillo” envueltos
“La gestión del gobernador Zdero es un claro ejemplo de improvisación e incapacidad para conducir el Estado. Un gobernador no solo es el jefe administrativo, sino también el conductor político del Estado. Cuando no se tiene la capacidad para hacerlo, se fracasa”, sostiene José Mongeló. “En el Chaco, vemos una gestión estatal ausente, dedicada a quitar derechos a los trabajadores y solo responde directivas nacionales de ajuste y achicamiento. Los despidos masivos de agentes públicos y la alta conflictividad con sectores gremiales, productivos y educativos son síntomas de una implosión del Estado por incapacidad absoluta de gestión”, señaló el licenciado en Gestión de Políticas Públicas y exdiputado nacional del Frente para la Victoria. Mongeló advirtió que “la crisis social extrema que vivimos se profundiza aún más frente a la falta de capacidad de los funcionarios provinciales, que mantienen gastos superfluos y exorbitantes mientras los trabajadores públicos sobreviven con sueldos de hambre. Esta desconexión con la realidad es inaceptable y resquebraja el tejido social. Sin obras públicas y con una obra social quebrada”. En ese contexto, el dirigente justicialista consideró que “frente a ésta cruda realidad, es hora de construir un nuevo liderazgo en la política y en el peronismo chaqueño. Necesitamos un hombre o mujer con probada capacidad para plasmar un nuevo modelo de gestión y conducir políticamente el Estado. Esto es responsabilidad de todos los partidos, como instrumentos fundamentales del sistema democrático”.
Lo resolvió la Cámara Federal de Resistencia al rechazar un recurso de los tres condenados en la provincia de Formosa por el asesinato de un yaguareté. Deberán pagar 5 millones de pesos cada uno para acceder a la libertad condicional. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia rechazó el recurso de queja presentado por la defensa de Viterman Ponce de León, Walter Hugo Ponce de León y Claudio Hugo Cisneros, los tres cazadores condenados en Formosa por la muerte de un yaguareté, especie emblemática en peligro crítico de extinción en la región. El tribunal confirmó así la decisión del Juzgado Federal N°1 de Formosa que, en diciembre pasado, denegó el recurso de apelación interpuesto por los defensores y mantuvo firme el requisito de acreditar el pago de una reparación económica de cinco millones de pesos por cada condenado, destinada a un programa de conservación de la especie, como paso previo para analizar su solicitud de libertad condicional. El caso se originó el 15 de agosto de 2025, cuando el juez federal de primera instancia dictó sentencia condenatoria contra los tres imputados, imponiéndoles la pena de dos años de prisión de cumplimiento efectivo por infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna. En un apartado novedoso de la resolución, el magistrado estableció dos obligaciones complementarias: en primer lugar, el pago individual de cinco millones de pesos en un plazo de 90 días, con destino específico al Programa de Conservación del Yaguareté dependiente del Ministerio de la Producción y Ambiente de Formosa. En segundo término, la exigencia de que los condenados culminaran una capacitación vinculada a la protección y convivencia con la especie Panthera Onca, así como con otras especies protegidas, en un establecimiento educativo cercano a sus domicilios. El 29 de octubre del mismo año, la defensa técnica de los nombrados, a cargo de los doctores Eduardo Cristaldo y Pablo Cardozo, solicitó la libertad condicional de sus pupilos al amparo del artículo 13 del Código Penal. Frente a este pedido, el juez de ejecución dictó una providencia simple en la que resolvió que, previo a dar tratamiento a la solicitud, los defensores debían acreditar en un plazo no mayor a cinco días el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia, bajo apercibimiento de revocar la condicionalidad de la condena. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación, argumentando que la resolución impugnada afectaba directamente la libertad ambulatoria de sus representados al supeditar el tratamiento del pedido al pago de una obligación económica, bajo amenaza de revocación. Los letrados sostuvieron que ello configuraba un gravamen actual e irreparable, ya que la privación de libertad no podría ser reparada ulteriormente, y que se vulneraban principios constitucionales como el debido proceso y la prohibición de prisión por deudas, además de tratados internacionales de derechos humanos. Calificaron la decisión del juez como arbitraria, irrazonable y contraria a la jurisprudencia de la Corte Suprema, al impedir la revisión por un tribunal superior. Sin embargo, el juez a quo no hizo lugar al recurso, fundamentando su negativa en el artículo 449 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece taxativamente los supuestos de procedencia del recurso de apelación, limitados a los autos interlocutorios, las resoluciones declaradas apelables o aquellas que causen gravamen irreparable. En el caso, el magistrado consideró que se trataba de una providencia simple, es decir, una medida de mero trámite, y dispuso además correr vista al Ministerio Público Fiscal y a los querellantes ante un posible incumplimiento de las condiciones del acuerdo oportunamente arribado entre las partes. Ante esta denegatoria, la defensa articuló un recurso de queja directa ante la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, insistendo en los argumentos esgrimidos previamente y solicitando la revocación del proveído atacado y la concesión de la apelación denegada. Al analizar la cuestión, el tribunal de alzada comenzó por recordar que el artículo 432 del CPPN establece como parámetro general que las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley, criterio de taxatividad que rige las impugnaciones. En ese marco, la Cámara coincidió con el juez de primera instancia en que la providencia cuestionada no se encuadraba en ninguno de los supuestos que habilitan la apelación según el artículo 449. Los camaristas fundamentaron su posición señalando que el proveído se limitaba a ordenar una medida de impulso y constatación previa, dirigida a integrar constancias que el juzgado consideró necesarias para encauzar el trámite del planteo de libertad condicional. En ningún momento resolvía el fondo del pedido ni disponía, por sí mismo, una modificación material ya ejecutada del régimen de cumplimiento de la condena. “No se configura en esta etapa un gravamen irreparable que habilite la apelación”, sostuvieron los jueces, añadiendo que ello no obstaba a la revisión que pudiera corresponder frente a una decisión posterior que efectivamente concretara un escenario posible de agravamiento. En consecuencia, el tribunal resolvió por mayoría no hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la defensa, confirmando la denegatoria de la apelación y manteniendo firme la exigencia del juez de primera instancia de que los condenados acrediten previamente el cumplimiento de las obligaciones ambientales impuestas en la sentencia para acceder al beneficio de la libertad condicional. El fallo adquiere especial relevancia en el contexto de la provincia de Formosa, donde la preservación del yaguareté se ha convertido en una prioridad ambiental ante la alarmante disminución de ejemplares en la región. La especie, considerada en peligro crítico de extinción en Argentina, encuentra en el Gran Chaco uno de sus últimos refugios, y la caza furtiva constituye una de las principales amenazas para su supervivencia. La decisión de la Cámara implica que los condenados, para acceder a cualquier beneficio que implique su libertad, deberán primero cumplir con la reparación económica destinada a la conservación de la especie que cazaron ilegalmente, así como con la capacitación ordenada. De lo contrario, permanecerán privados de su libertad, en los términos dispuestos en la sentencia condenatoria.
El diputado provincial radical, Dr. Carlos Salom, en su visita a los estudios de CIUDAD TV, se explayó sobre proyectos de su autoría que buscan proteger al personal de la guardias médicas en los nosocomios; como el de modificar la Ley 850-J para sancionar a los padres que incumplan el Calendario de Vacunación de niños y jóvenes. Apoya, además, las medidas nacionales como la modernización laboral y la reducción de la edad de responsabilidad penal El legislador lamentó los graves sucesos ocurridos días atrás en la guardia del Hospital Perrando donde hubo un violento enfrentamiento entre bandas que incluso amenazaron de muerte al personal, sosteniendo que, ”a todas estas cuestiones hay que tratar de ponerle un freno y para eso estamos los legisladores”. ”En otra circuntancia casi trágica y muy triste fuimos noticias nacional. Pero esto habla un poco de que la Legislatura por ahí no está a la altura y al ritmo que demanda la sociedad. Tenemos un proyecto ya tiene unos cuantos meses de ser elevado, porque uno como legislador tiene que ir un poco delante del problema, anticipándose y previniendo”, agregó. Indicando que esa iniciativa surge de su permanente contacto en sus visitas a los Centros de Salud, Hospitales y salas, ”donde tengo un intercambio por mi propia profesión y donde los reclamos o demandas que tiene el trabajador es algo que yo también lo padecía cuando estaba en la guardia”. ”Es una suerte de violencia o agresividad que llega no solo de los pacientes, sino del círculo que lo acompaña, y que muchas veces a veces está alcoholizado o con consumo sustancias tóxicas. Por eso desde el personal me pedían que saquemos algo para protegerlos, porque es una situación incomodísima donde se rompe esa relación médico-paciente y resulta muy difícil afrontarlo”, reveló. Adelantado que las reformas propuestas en el proyecto de Ley buscan proteger a los trabajadores de la salud con sanciones que incluyen arresto, multas severas y cumplimiento obligatorio de servicio comunitario para los agresores. Cumplir con el Calendario de Vacunaciones En ese sentido, el diputado Salom también propuso modificar la Ley 850-J para sancionar a los padres que incumplan el Calendario de Vacunación para nuestros jóvenes y niños. “A raíz de toda esta cuestión que tuvimos con esa guerra mundial que fue el COVID, que no debemos olvidarla y debemos incluso seguir con algunas prácticas de protección, una de las herramientas que tenemos es la vacunación. He sido siempre pro vacuna, porque han salvado al mundo de lo que era una de las pandemias contemporáneas más terribles que hemos tenido. Por eso sé y lo digo desde siempre, aprendiendo de nuestros maestros, que la mejor medicina y la más económica es la preventiva”, recordó. ”Y una de las herramientas fundamentales que tenemos en nuestro país es el Calendario de Vacunación, el más generoso del planeta y que son gratuitas por otra parte; pero que sus aplicaciones también son obligatorias, sobre todo para nuestros niños y adolescentes. Personas que no tienen la decisión, si no la tienen los padres, los tutores, quienes sean”, apuntó Aclarando que, ”por eso presentamos un proyecto de ley para aplicar sanciones muy fuertes, como arrestos, mulyas y tareas comunitarias, cambiando de alguna manera el Código de Faltas de nuestra provincia, la Ley 850 J, para que se sancionen a estos irresponsables”. El arranque legislativo 2026 Carlos Salom, en este punto de la entrevista, aseguró que sus aportes como diputado provincial desde el conocimiento directo de la realidad chaqueña y con la convicción de quien vive la política como un servicio con fecha de vencimiento. Apuntando que la complejidad que hoy tiene el funcionamiento estatal exige desde el plano político un equilibrio tan fino que cualquier “obstruccionismo” se siente como un freno de mano para la gestión de Leandro Zdero. ”En el principio de año lo veo de algún modo, pero también ocurrió a fin de año, que hay una oposición que permanentemente está obstruyendo el trabajo del gobernador Leandro Zdero. Observo también de que tienen una animosidad para ir oradando la difícil situación que pasa nuestra gestión. A veces es como una suerte de miseria política de los mismos que provocaron el desastre en nuestra provincia, el caos y el desequilibrio financiero y económico. Hoy parecería que quieren dar cátedra de cómo gobernar y sobre todo este criticando lo que ellos mismos fueron causales iniciales de todo esto”, criticó. ”A mí me preocupa esto. Por eso llamo a la madurez política, además porque este año no hay elecciones”, sintetizó Médico y legislador Consultado sobre su responsabilidad política y la profesión médica que ejerce como cirujano y gastroenterólogo, Salom aseguró que con las dietas que percibe en el primer caso, ”ningún diputado puede decir que está tirando manteca al techo. Lo hacemos con responsabilidad y no importa lo que se gane, porque en realidad el mayor compromiso y el mejor pago es obtener buenos resultados y estamos en ese camino”. En cuanto a su profesión, aseguró que, “es un poco el motivo que tengo para estar en política. No quiero despegarme de este otro compromiso que tengo con la sociedad de ser médico”. ”Todas las veces he tenido la decisión de que cuando terminaba mi mandato político, vuelvo a mi casa, a mi consultorio y a mi trabajo habitual. No me quedo pegado y enganchado de los cargos públicos y tampoco los repito”, recalcó. La realidad nacional ”Creo que la política nacional está sufriendo felizmente un sacudón muy fuerte, de aggiornarse, de actualizarse y de buscar caminos alternativos a lo que nos llevaron algunos errores sustanciales y secuenciales en el país. Esto de la reforma laboral o la modernización laboral, pónganla como quieran, está apuntando justamente a terminar un poco el lastre que tenemos en este sector”, comenzó respaldando. Mostrando además su acuerdo a la nueva ley penal juvenil, ”porque es un tema de una sensibilidad extrema que toca la fibra más delicada de la sociedad: la seguridad frente a la protección de la infancia”. Y admitió que hoy la
La justicia prorrogó este jueves la cautelar que impide el corte del servicio de agua y cloacas a usuarios residenciales, por falta de pago. Se trata de una ampliación temporal de la demanda colectiva presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores (UUyC) junto a Consumidores Libres. La justicia prorrogó este jueves la cautelar que impide el corte del servicio de agua y cloacas a usuarios residenciales, por falta de pago. Se trata de una ampliación temporal de la demanda colectiva presentada por la Unión de Usuarios y Consumidores (UUyC) junto a Consumidores Libre, luego de que a mediados de 2025, el Gobierno nacional publicara el decreto para avanzar con la privatización de la empresa prestadora AySa, que modificó las condiciones para habilitar la interrupción del suministro: desde el segundo vencimiento, en caso de una mora mínima de 60 días para los usuarios residenciales, y de 15 para los usuarios no residenciales. “La morosidad en el pago de los servicios públicos se incrementó de manera significativa en los últimos meses, especialmente en el conurbano bonaerense. En ese escenario, permitir el corte de agua y cloacas implicaba dejar a miles de familias sin acceso a un servicio esencial”, explicaron desde la organización civil en defensa de los usuarios. En la resolución adoptada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12, “no habiéndose modificado las causas que provocaron la cautelar por seis meses, se prorroga por tres meses más” la aplicación de los artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025 publicado el 22 de julio del año pasado, que autoriza la baja de la prestación ante la acumulación de facturas impagas. “Los argumentos de la jueza amparan a todos los usuarios del sistema de agua y cloacas, en un contexto donde las dificultades para cumplir con el pago de los servicios son cada vez más acuciantes”, aseguró a Página/12 Claudio Boada, titular de la UUyC. Puntos destacados La decisión judicial también dictó la protección para todos los inmuebles residenciales alcanzados; estableció una especial tutela para hogares donde viven niñas, niños o adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad; ordenó el restablecimiento inmediato del servicio en caso de haberse interrumpido, cuando se acrediten esas situaciones y determinó la vigencia de la medida por tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero. “La cautelar vencía el 13 de febrero. Los fundamentos de la prórroga -basada en que las circunstancias siguen en forma idéntica- permiten que la protección continúe mientras dure el proceso”, detalló Boada. El caso pasó del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Martina Forns, al Juzgado Federal N° 12, que encabeza Macarena Marra Giménez. Ambos magistrados consideraron la “nulidad absoluta e inconstitucionalidad” del Decreto 493/2025 en tanto sus disposiciones “imponen a los usuarios de los servicios de agua y desagües cloacales una regresión normativa que afecta al medio ambiente en general y en forma directa a la vida, salud y seguridad de los usuarios”. La privatización avanza Desde el Ejecutivo, intentan que AySa se convierta en la primera empresa privatizada de la gestión. La Ley Bases funciona como facilitadora de la maniobra, en el marco de la emergencia pública. El cambio en más de 100 regulaciones, sin necesidad de tratamiento legislativo dejaron a la compañía proveedora de los servicios de saneamiento a tiro del mejor postor. Sin embargo, los inversores piden más: achique de personal y disminución de los retrasos en los pagos de las facturas. Durante la primera privatización del servicio, en los años 90´, los cortes por boletas impagas estaban prohibidos. Milei acelera y en el camino restringe derechos. La operadora de agua y saneamiento del área metropolitana, en los dos años que van de la administración libertaria, recortó subsidios y aplicó aumentos de más del 300 por ciento en 2024, mientras que en 2025 fijó actualizaciones mensuales del 1 por ciento. Para este año, ya anunció incrementos del 4 por ciento entre enero y abril. Los principales interesados en quedarse con AySa son los consorcios brasileños Sabespy Río+Saneamento; el grupo local Roggio y firmas francesas. Lo esencial, invisible a Milei “El acceso al agua potable y al saneamiento no es un privilegio: es un derecho humano básico, reconocido por normas constitucionales y tratados internacionales. Autorizar cortes masivos en tiempos de crisis económica no sólo profundiza la desigualdad, sino que afecta directamente condiciones mínimas de salud, dignidad y vida”, advierte la UUyC. La cautelar se dictó en el marco de la demanda colectiva iniciada por las entidades contra el Estado Nacional, cuestionando la validez de los artículos del DNU que habilitaban el cese del servicio. “Esta ampliación de la medida representa una noticia positiva en un panorama complejo para los derechos de usuarios y consumidores”, agregó la organización UUyC.
Desde el organismo informaron que la inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de febrero, por lo que instaron a los vecinos a completar el trámite dentro del plazo establecido. El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) anunció la apertura de inscripción para participar de un próximo sorteo de viviendas en Coronel Du Graty, destinado a familias que buscan acceder a su casa propia. Para postularse, los interesados deberán acreditar ingresos mínimos familiares de $800.000. La inscripción se realiza de manera 100% online y digital, a través del sitio oficial ipduv.chaco.gob.ar o mediante la plataforma Tu Gobierno Digital. Asimismo, el IPDUV dispondrá de un equipo técnico que brindará asesoramiento presencial en el municipio el miércoles 18, con el objetivo de asistir a quienes necesiten ayuda para realizar la inscripción online o evacuar dudas vinculadas al proceso. Para más información, los interesados pueden consultar el sitio web oficial del organismo o acercarse al municipio en la fecha indicada.
La Subsecretaría de Industria, del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Sostenible, informó que continúa vigente el plazo para cumplimentar la documentación actualizada correspondiente a la Tarifa Eléctrica 02B23 destinada a pequeñas industrias. Los beneficiarios deberán presentar la documentación requerida para la renovación o el trámite inicial del beneficio hasta el 31 de marzo de 2026, mientras que el próximo vencimiento operará el 30 de septiembre de 2026. Desde el área recordaron que el cumplimiento en tiempo y forma es indispensable para mantener el beneficio otorgado por la empresa provincial de energía. Entre los requisitos solicitados se encuentran: -Última factura pagada de SECHEEP.-Nómina salarial actual (Formulario F° 931 -AFIP), certificada por autoridad competente. El subsecretario de Industria, Patricio Amarilla, remarcó la importancia de la actualización documental: “Es fundamental que las pequeñas industrias presenten la documentación en los plazos establecidos para no perder un beneficio que impacta directamente en sus costos productivos”. Asimismo, señaló: “La tarifa diferencial es una herramienta concreta para acompañar al sector industrial, sostener el empleo y fortalecer la actividad económica en la provincia”. Desde el área también recordaron que el incumplimiento total o parcial de la documentación requerida producirá el decaimiento automático del beneficio otorgado por SECHEEP. Para consultas o presentación de la documentación, los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Industria, ubicada en el 3° piso de Casa de Gobierno (Marcelo T. de Alvear N° 145), o comunicarse al 0362-4448026.
El informe de la Consultora Politikón revela fuertes disparidades en los desempeños provinciales de enero 2026. En cuanto a las metodologías aplicadas en las provincias, existe una marcada heterogeneidad. CABA, Córdoba y Neuquén construyen sus IPC con una estructura relativamente más reciente. En cambio, Chaco, Jujuy, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Tucumán continúan trabajando con patrones de consumo más atrasados. En el mes de enero de 2026, el IPC nacional marcó una suba del 2,9%, acelerando en 0,1 p.p respecto al 2,8% de diciembre pasado, ubicándose de ese modo muy por encima de las expectativas previas del sector privado (estimó entre 2,4% y 2,5%) y marcando así el octavo mes consecutivo de aceleración, en el marco de fuertes cuestionamientos por la decisión del Gobierno nacional de postergar la actualización de los ponderadores del índice y la salida del titular del INDEC. ¿Qué se observó entre las jurisdicciones subnacionales que realizan relevamientos propios del IPC local? En el primer mes del año, hubo muy alta disparidad en los resultados de los IPC que miden las provincias. En ese marco, cuatro distritos subnacionales registraron subas de sus IPC superior al registro nacional: Jujuy, CABA y Chaco con 3,1% en cada caso, y Mendoza con 3,0%; por su parte, otras seis provincias exhibieron incrementos inferiores al total país, con Río Negro mostrando la menor variación del mes (2,3%). En términos de la dinámica del IPC respecto del mes previo, se observa una considerable heterogeneidad de resultados: cuatro provincias aceleraron, cuatro desaceleraron y dos se mantuvieron estables. CABA fue el distrito con la mayor aceleración, con un incremento de 0,4 puntosporcentuales, seguida por Jujuy (+0,2 p.p.), Mendoza (+0,2 p.p.) y Chaco (+0,1 p.p.). Por su parte, Santa Fe y Neuquén registraron en enero la misma variación que en diciembre de 2025. En sentido contrario, Tucumán (-0,1 p.p.), Río Negro (-0,1 p.p.), San Luis (-0,5 p.p.) y Córdoba (-0,6 p.p.) desaceleraron respecto del mes previo, con mayor intensidad en los dos últimos casos. ¿Cuáles fueron las razones de estos desempeños? En CABA (+0,4 p.p.), la aceleración estuvo explicada principalmente por componentes vinculados a servicios (por ejemplo, Recreación y Cultura con +8,1 p.p.), aunque también incidió la mayor variación en Alimentos (+1,6 p.p.). En Jujuy (+0,2 p.p.), la aceleración respondió fundamentalmente a Vivienda y Servicios Públicos (+2,0 p.p.) y Alimentos (+0,9p.p.). En Mendoza (+0,2 p.p.), los principales motores fueron Educación (+3,4 p.p.), Vivienda y Servicios Públicos (+2,0 p.p.) y Alimentos (+0,4 p.p.). En Chaco (+0,1 p.p.), la suba adicional del mes se apoyó principalmente en Transporte y Comunicaciones (+3,3 p.p.), Atención de la salud (+1,5 p.p.) y Alimentos (+0,3 p.p.), este último con una variación superior al promedio provincial. En Santa Fe, el IPC mantuvo el mismo nivel de suba que en diciembre, pese a que divisiones como Salud y Alimentos mostraron aceleraciones. No obstante, estas fueron compensadas principalmente por la desaceleración en Vivienda y Servicios Públicos (-0,4 p.p.) y en Transporte y Comunicaciones (-1,0 p.p.). En Neuquén, si bien la mayoría de las divisiones aceleró en enero, el impacto fue neutralizado por una fuerte desaceleración en Transporte (-5,4 p.p.) y por la estabilidad en Vivienda y Servicios (0 p.p.). En Tucumán (-0,1 p.p.), si bien Comunicación registró una fuerte aceleración (+7,2 p.p.), Transporte desaceleró con mayor intensidad (-13 p.p.) tras el salto de diciembre. Además, Alimentos redujo levemente su ritmo de aumento (-0,3 p.p.). Esto permitió que el nivel general mostrara una leve desaceleración. En Río Negro (-0,1 p.p.), la desaceleración en Transporte (-2,5 p.p.) y Esparcimiento (-5,2 p.p.) más que compensó la aceleración en Alimentos (+1,4 p.p.), entre otros rubros. No obstante, cabe señalar que Río Negro no publica un IPC ponderado (ver apartado “¿Qué canasta miden las provincias?”). En San Luis (-0,5 p.p.), si bien se observaron aceleraciones en rubros como Vivienda y Servicios (+2,2 p.p.), las desaceleraciones en Alimentos (-1,2 p.p.) y en Transporte y Comunicaciones (-1,4 p.p.), entre otras, traccionaron el nivel general a un registro inferior al del mes previo. Finalmente, Córdoba (-0,6 p.p.) mostró desaceleración en once de las trece divisiones que componen su índice provincial, incluyendo Alimentos (-0,2 p.p.), Vivienda y Servicios (-0,8 p.p.) y Transporte (-1,3 p.p.), lo que permitió que enero cerrara con una variación considerablemente menor a la de diciembre. Variación interanual de los IPC provinciales A nivel país, enero 2026 mostró una suba interanual del IPC del 32,4%, levemente por encima del registro del mes anterior. Solo tres provincias muestran una variación interanual superior a ese nivel: Neuquén (37,2%), San Luis (33,6%) y Córdoba (33,2%); por el contrario, el resto de los distritos se ubicó por debajo del nivel general nacional, con Río Negro al fondo del ranking (22,8%). ¿Qué canasta miden las provincias? En el marco del actual conflicto con el INDEC por la postergación en la actualización de los ponderadores del IPC nacional, resulta pertinente preguntarse qué estructura de consumo están utilizando las provincias que elaboran sus propios índices. La discusión no es menor: los ponderadores determinan el peso relativo de cada división dentro del nivel general y, por lo tanto, condicionan el resultado final de la inflación medida. Según el relevamiento realizado sobre las metodologías aplicadas en las provincias, existe una marcada heterogeneidad. CABA, Córdoba y Neuquén construyen sus IPC con ponderadores derivados de la ENGHo 2017-2018, es decir, con una estructura relativamente más reciente, con ajustes provinciales correspondientes (Córdoba la implementó recientemente, en diciembre 2025). En cambio, Chaco, Jujuy, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Tucumán continúan utilizando ponderaciones basadas en la ENGHo 2004-2005 (también con ajustes provinciales) lo que implica trabajar con patrones de consumo más atrasados. Río Negro, por su parte, es un caso particular: es la única provincia donde su IPC no incluye ponderaciones, sino que se considera que cada producto o servicio tiene el mismo peso dentro del gasto; esto, naturalmente, que limita la comparabilidad metodológica con el resto. Para ver datos de índices y variaciones mensuales, acumuladas e interanuales de los IPC provincias, ingresar a https://politikonchaco.com/inflacion-en-las-provincias Politikón Chaco
En diálogo con CIUDAD TV, el comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Roberto Sotelo, analizó la media sanción del proyecto que baja la imputabilidad a 14 años y advirtió sobre las graves falencias estructurales, la falta de debate y las consecuencias de legislar sin preparación: “No podemos resolver el tema de los adultos privados de libertad y queremos introducir un nuevo factor a esta situación”, reflexionó Sotelo, quién al mismo tiempo aseguró que la decisión de bajar de edad de punibilidad “es una respuesta de tribuna para ocultar o maquillar la realidad”. En un análisis profundo y crítico sobre la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados para bajar la edad de imputabilidad a 14 años, el comisionado del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Roberto Sotelo, expresó su preocupación por la celeridad del tratamiento y la ausencia de un debate serio que contemple las complejidades de la problemática. “Este proyecto obtuvo media sanción con una amplia mayoría, 149 votos afirmativos contra 100 negativos, pero la discusión en torno a la baja de imputabilidad no es un tema nuevo. Recordemos que durante el gobierno de Mauricio Macri también hubo un intento de bajarla a 15 años”, señaló Sotelo, quien destacó que si bien se logró modificar la edad de 13 a 14 años, persisten múltiples aspectos polémicos que no fueron abordados con la profundidad necesaria. El entrevistado identificó cuatro ejes centrales en discusión: los estándares convencionales y el derecho internacional, las condiciones estructurales de alojamiento, el personal a cargo y las penas máximas establecidas. “La Convención de los Derechos del Niño, si bien no establece una edad específica, estima que sea alrededor de los 14 años pero con diversas medidas que tienden a la reintegración y la reparación. El problema es que nuestro proyecto no contempla adecuadamente esas medidas”, explicó. Uno de los puntos más críticos que planteó Sotelo es la falta de infraestructura adecuada para recibir a los adolescentes que eventualmente serán privados de su libertad. “En Chaco tenemos un déficit estructural que ronda el 105%, 104,9% para ser específico. Ya tenemos un sistema penitenciario colapsado con adultos y ahora queremos incorporar adolescentes”, advirtió. El proyecto prevé que el personal penitenciario estará a cargo del cuidado de estos jóvenes, con una capacitación que debería realizarse en un plazo de seis meses a partir de la reglamentación. “Primero, hay una falta de personal en el ámbito penitenciario. Segundo, la capacitación en la temática de trabajar con niños y adolescentes requiere otra lógica, otra formación. Y tercero, las condiciones estructurales son absolutamente deficitarias”, enumeró. Sotelo fue contundente al referirse a las consecuencias de esta decisión: “No podemos resolver el tema de los adultos privados de libertad y queremos introducir un nuevo actor, un nuevo factor a esta situación. Es un error pensar que el encierro es la solución”. En este sentido, recordó que la mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley penal están atravesados por situaciones de consumo problemático y marginalidad. “Quiere decir que el Estado ya llegó tarde para cubrir las necesidades de esa persona. Entonces, desde ese punto de vista, la respuesta que estaríamos brindando hoy es encierro, es punitiva, cuando debería ser inclusiva y reparadora”, reflexionó. Consultado sobre el proceso de debate legislativo, el comisionado fue crítico: “La verdad que no hubo un análisis. Este tratamiento se está dando en el marco de sesiones extraordinarias, cuando la actividad ordinaria legislativa comienza el primero de marzo. Los proyectos deberían ir a comisiones, discutirse, involucrar a diferentes actores”. Mencionó que organismos como el Comité para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal de Mecanismos Locales, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes lanzaron un documento conjunto advirtiendo sobre los riesgos y consecuencias de esta modificación, pero sus advertencias no fueron escuchadas. En cuanto a la situación actual de los adolescentes que cometen delitos graves, Sotelo explicó que interviene la Justicia Penal Juvenil y que existen medidas de internación en centros como el Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas. “Allí se trata de contener a la persona, se atiende la demanda vinculada a educación, salud, formación en oficios. Se trata de dar herramientas para poder torcer ese rumbo”, describió, contrastando este enfoque con el meramente punitivista que propone la nueva ley. Sobre los ejemplos de países vecinos como Brasil y Uruguay, que tienen edades de imputabilidad más bajas, Sotelo advirtió que las realidades son muy distintas. “La cuestión demográfica, la cantidad de habitantes, incide en la tasa de criminalidad. Cada legislación responde a las necesidades de la sociedad y la realidad local. Pero lo que vemos es que esta es una respuesta de tribuna para poder ocultar o maquillar la realidad: la falta de asistencia en cuestiones de salud, económicas, laborales. Le damos seguridad pero le quitamos derechos”, afirmó. Finalmente, Sotelo se refirió a la imposibilidad de adecuar las instalaciones en el plazo previsto. “Las dos grandes unidades penales son las de Resistencia y Sáenz Peña. La más moderna es la de Sáenz Peña, pero la Alcaidía, que data de muchísimos años, está en una condición muy precaria y tiene riesgo de caerse encima de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario”. Mencionó que probablemente se quiera adecuar el Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas, pero allí surge otro inconveniente: la titularidad del predio, que pertenece al Poder Judicial y fue cedido al Estado chaqueño, y actualmente el Servicio Penitenciario solo puede custodiar el perímetro sin intervenir directamente con los adolescentes. “No es un lugar que esté preparado, hemos visto que muchos chicos se terminan escapando. No es una cárcel con seguridad máxima”, agregó. “La salida no es mayor punibilidad, sino mayor inclusión. Poder dar herramientas para torcer la comisión de delitos y sobre todo ir al fondo de la cuestión. Acá se está trabajando con sectores muy vulnerables, sectores empobrecidos, pertenecientes a barrios populares, con situaciones de consumo problemático. Si el Estado ingresa primeramente al barrio y
En diálogo con CIUDAD TV, diputado peronista Nicolás Slimel analizó la media sanción de la reforma laboral en el Senado y advirtió sobre sus consecuencias para los trabajadores: “Se precariza al 40% que está dentro del sistema formal, en lugar de incorporar al 60% que está en negro”. En un análisis contundente sobre la media sanción de la reforma laboral obtenida esta semana en el Senado, el diputado peronista Nicolás Slimel expresó su profunda preocupación por lo que considera un retroceso histórico en los derechos de los trabajadores argentinos. “Hemos pasado 70 u 80 años de historia de reformas laborales que realmente han sido conquistas para los trabajadores, y lo hemos reducido a un tratamiento de aproximadamente 10 u 11 días de manera exprés en la Cámara de Diputados, donde se han modificado cuestiones que ni siquiera han tenido un tratamiento serio ni coherente”, señaló el legislador. Slimel fue claro al diferenciar lo que debería ser una verdadera reforma laboral de lo que finalmente se está aprobando. “No hay que desconocer que la Argentina necesitaba una reforma laboral, y la provincia del Chaco ni hablar, tenemos un poco más del 60% de informalidad laboral. Me parecía lógico que nos pongamos a discutir con mucha seriedad una reforma laboral. Ahora, discutir una reforma laboral es ver cómo incorporamos a ese 60% dentro del mercado de la formalidad, no cómo precarizamos al 40% que está”, enfatizó. Entre los puntos más críticos de la iniciativa, el diputado mencionó la ampliación de la jornada laboral a 12 horas, la modificación en el cálculo de vacaciones y aguinaldo que reducirá los montos a percibir, y la implementación de un sistema de despidos con dos esquemas diferenciados: uno para trabajadores que ingresen al nuevo fondo laboral y otro para quienes mantengan la modalidad actual. “Imagínense un trabajador que estuvo 10 años en la empresa, esto va a generar mucha discusión jurídica para ver a partir de dónde se aplica”, advirtió. El legislador también cuestionó duramente el nuevo sistema de bancarización de horas extras. “Hay muchos trabajadores que hacen horas extra para llegar a fin de mes. ¿Y qué hacemos con esos trabajadores? Ahora ya no van a tener posibilidad de hacer horas extra, porque esto va a ir a un banco de horas. Supuestamente vas a poder discutir con tu patrón cuándo te lo vas a tomar, pero ¿con qué poder o con qué límite? Si nosotros sabemos que el trabajador no tiene capacidad de poder discutir realmente su situación laboral”, reflexionó. Slimel se refirió también a la modificación en el régimen de vacaciones. “Ahora se pueden fraccionar hasta una vez por semana, o pusieron este concepto de cada tres años una vez que sea verano. Realmente parece irónico, es tragicómico que pongamos esto en la ley”, sostuvo. La postura de la CGT Ante la consulta sobre la falta de medidas de fuerza por parte de la CGT, el diputado fue crítico con la conducción nacional del sindicalismo. “La CGT tiene un sector dialoguista y otro que quiere ir a una medida de fuerza. Si uno estaba preocupado porque esto se iba a tratar, por lo menos deberíamos haber hecho un plan de lucha, una cuestión de concientización social para que la gente entienda qué era lo que se estaba por discutir. Salimos los últimos días enloquecidos a querer convencer de que había que hacer una gran movilización, ¿para qué, si ya tenían los números en el Congreso?”, cuestionó. Slimel también apuntó contra la falta de federalismo en las decisiones sindicales. “Los dirigentes nacionales están muy cómodos en su status quo y quieren modificar muy pocas condiciones. Esto termina perjudicando al resto de los trabajadores del país, porque no hay una política federal del sindicalismo. Hay un bajo conocimiento de los dirigentes nacionales de lo que pasa realmente en el interior de las provincias, y esto quedó claramente reflejado”, aseguró. Sobre el respaldo social a la reforma, el diputado hizo una observación particular. “No escuché a una sola persona que cuando dice ‘estoy de acuerdo con la reforma’ entienda de qué se trata. Los trabajadores informales, que hoy no tienen aportes jubilatorios, obra social, seguro de vida ni ART, dicen que están a favor porque su situación ya es crítica. Pero esta reforma no los beneficia, ese es el problema. Van a seguir en esta misma situación o peor, porque por lo menos antes había un piso de dignidad. Hoy bajaron ese piso”, sentenció. Finalmente, de cara al inicio del período legislativo en la provincia del Chaco, Slimel adelantó que la discusión paritaria será el eje central. “Vamos a tratar de generar acompañamiento legislativo para los trabajadores de distintos sectores que hoy están atravesando situaciones extremadamente complejas, como los trabajadores de la Producción, cuyo salario se redujo casi un 70 u 80 por ciento. También tenemos la situación de los docentes y los trabajadores del Estado. Va a ser un año de mucha tensión y mucha discusión legislativa”, concluyó.
Los fuertes vientos provocaron la salida de servicio de más de 30 distribuidores y la afectación de un Centro de Distribución, lo que generó cortes de energía en distintos sectores del Gran Resistencia durante varias horas. Las localidades alcanzadas fueron Resistencia, Fontana, Barranqueras, Puerto Vilelas y zonas aledañas. Desde el primer momento, el Centro de Operaciones activó el protocolo de contingencia y reforzó las cuadrillas de operarios y personal técnico, que trabajaron de manera ininterrumpida durante la noche y la madrugada para reparar las instalaciones dañadas y normalizar el suministro eléctrico. Con la red de media tensión ya restablecida, las tareas continúan enfocadas en la atención de reclamos puntuales vinculados a líneas de baja tensión y situaciones específicas que puedan registrarse en algunos sectores. Desde la empresa solicitaron a los usuarios que, ante cualquier inconveniente, realicen el reclamo correspondiente a través de los canales oficiales. Asimismo, pidieron disculpas por las molestias ocasionadas y agradecieron la comprensión frente a un evento climático de gran magnitud. Vías de contacto: -Centro de Atención Telefónica: 0800-7777-589-WhatsApp: 3644 377 044-App: Secheep – Oficina Virtual Secheep
Clientes, inversores y empresas participaron de la charla organizada por Nuevo Chaco Bursátil, en la que se abordó el contexto económico y se compartieron claves para potenciar inversiones con asesoramiento profesional y respaldo institucional. En un encuentro con clientes, inversiones y empresas, Nuevo Chaco Bursátil junto a Nuevo Banco del Chaco organizaron una charla orientada a presentar distintas opciones de inversión y analizar el contexto financiero para una mejor toma de decisiones. Con el objetivo de fortalecer el vínculo con sus clientes y acercar herramientas del mercado de capitales a la comunidad, Nuevo Chaco Bursátil, encabezado por su gerente general, Alejo Sorrentino, realizó la charla “Potenciar inversiones con respaldo institucional”. Germán Dahlgren, presidente de Nuevo Banco del Chaco destacó que “Nuevo Chaco Bursátil viene mostrando una evolución muy positiva, con tasas competitivas, buenos rendimientos y con la garantía de Nuevo Banco del Chaco detrás de un equipo técnico profesional. Es una sociedad chaqueña que permite que los fondos de los inversores queden en el Chaco, fortaleciendo el desarrollo local”. Nuevo Chaco Bursátil es una empresa del Grupo NBCH, con trayectoria en instrumentos de inversión y financiamiento para empresas, pymes e inversores locales y de la región. Cuenta con el respaldo institucional de Nuevo Banco del Chaco y opera con todas sus transacciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, garantizadas y liquidadas por Byma y con custodia en la Caja de Valores. Por su parte, Marcelo Santalucía, presidente de Nuevo Chaco Bursátil remarcó que “contar con el respaldo de Nuevo Banco del Chaco es clave para brindar seguridad y trazabilidad a cada inversión. Desde Nuevo Chaco Bursátil venimos creciendo junto a las pymes y a los inversores chaqueños, y apostamos fuerte a la capacitación como herramienta para acercar el mercado de capitales a toda la comunidad”. Alejo Sorrentino, gerente general de Nuevo Chaco Bursátil señaló que “la idea fue charlar sobre el contexto actual, analizar posibles escenarios y generar un espacio abierto para que la gente se lleve información clara. Queremos estar cerca del inversor chaqueño y acompañarlo con herramientas concretas desde Nuevo Chaco Bursátil y Nuevo Chaco Fondos”. Además, el especialista en mercado de capitales repasó las opciones de inversión disponibles y explicó cómo definir el perfil inversor según objetivos personales o empresariales. Con Nuevo Chaco Bursátil se puede invertir en pesos y en dólares con todos los instrumentos del mercado: acciones, bonos, letras, cauciones, Fondos Comunes de Inversión, CEDEARs, Obligaciones Negociables, descuento de cheques, entre otros, tanto para perfiles conservadores como moderados o más arriesgados; a través de su plataforma online y con el asesoramiento de equipo profesional. Nuevo Chaco Bursátil cuenta con oficinas en Resistencia (Güemes 130) y en la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 303, Microcentro), además de atención en todas las sucursales del NBCH, en su sitio web oficial y a través de la línea telefónica 0800-555-6242. El Grupo NBCH integra a Nuevo Banco del Chaco, Nuevo Chaco Bursátil, Nuevo Chaco Fondos y Nuevo Chaco Broker de Seguros, brindando soluciones financieras integrales para personas, empresas y pymes. A través de sus distintas unidades, promueve el desarrollo económico regional y el acceso al mercado de capitales.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola reclamaron que el Tribunal Oral Federal 2 avance con una segunda tanda de decomisos de bienes de las personas condenadas en la causa Vialidad. El listado incluye 13 inmuebles pertenecientes a sociedades de la familiar Kirchner, incluido el departamento de San José 1111, en Buenos Aires, donde la ex presidenta Cristina Fernández cumple arresto domiciliario. La sentencia de Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso estableció en 84.835 millones de pesos la defraudación al Estado por parte de los imputados, montó que tras la intervención de peritos de la Corte Suprema se elevó a 684.990 millones. La defensa de CFK cuestionó la lista inicial de bienes presentada por el Ministerio Público argumentando que no fueron producto de ningún delito y la mayoría fueron adquiridos antes de que se iniciaran las obras cuestionadas. Los fiscales presentaron ahora un dictamen de 30 páginas con un segundo listado que comprende 141 inmuebles, entre otros bienes, de los cuales 128 están vinculados a sociedades del empresario Lázaro Báez. En el caso de la ex presidenta, la lista es de 13 inmuebles e incluye un chalet en Río Gallegos, el hotel Alto Calafate, el hotel La Aldea (en El Chaltén), otros inmuebles en Santa Cruz, dólares depositados en una caja de ahorro del Banco Galicia y en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner. “Venimos por el presente a identificar nuevos bienes de las personas condenadas para que se ordene su decomiso” sostiene el dictamen, que incluye un listado de 46 automotores. Argumentan que los condenados “todavía no han depositado ni un solo peso a pesar de que venció hace meses el plazo para hacerlo” y cuestionan que “han echado mano de todo tipo de artilugios procesales, declarados inadmisibles una y otra vez por el tribunal que tiene a su cargo la ejecución de la sentencia y por los tribunales superiores”. Página/12
La Cámara de Diputados dio media sanción al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que podría implicar un incremento en el intercambio comercial en torno a los u$s 60.000 millones. El proyecto fue aprobado con 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones. Resta su tratamiento en el Senado, que podría llegar el 26 de febrero. La iniciativa fue debatida en una sesión en el período extraordinario que comenzó con el tratamiento del nuevo Régimen Penal Juvenil y continuó con la discusión del acuerdo que no se limita al intercambio de bienes, sino que también establece un marco regulatorio integral que abarca servicios, propiedad intelectual, compras públicas, comercio sostenible, empresas estatales y mecanismos de solución de controversias. Lo llamativo fue la confluencia de respaldos entre oficialistas, aliados y opositores, que le permitió a la gestión libertaria alcanzar su mayor performance legislativa. En ese marco, la falta de acuerdo dentro de los diputados de Unión por la Patria marcó el tono del debate. Los contrapuntos internos fueron tales que el sanjuanino Cristian Andino calificó al acuerdo como “una luz de esperanza” mientras que el porteño Itaí Hagman planteó que “no hay un solo estudio que marque que este acuerdo es beneficioso”. Desde el sector peronista que respaldó el proyecto apuntan a que una mayor celeridad en la aprobación del Congreso nacional favorecería la posición argentina en la distribución de cupos de exportación en comparación a sus pares del Mercosur. Por su parte, los que la rechazaron alertaron por una descoordinación entre sector privado y público en su paulatina redacción a través de las gestiones, a la vez que apuntan a que afectaría tanto a intereses provinciales como a industrias regionales. En qué consiste el acuerdo Mercosur–Unión Europea El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea conforma uno de los tratados comerciales más relevantes a nivel global. Ambos bloques representan en conjunto más del 30% del PBI mundial y cerca del 35% del comercio global, lo que daría lugar a un mercado integrado de más de 700 millones de personas. En términos generales, el tratado prevé una fuerte reducción de aranceles y barreras comerciales. Según las estimaciones, las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur hacia Europa crecerían un 17%. En ese marco, la UE eliminaría el 92% de los aranceles aplicados a las exportaciones del Mercosur y otorgaría preferencias adicionales al 7,5% restante. En el sector agrícola, se liberalizaría el 99% del comercio, eliminando restricciones que afectan a productos clave como frutas, vegetales, aceites, pescados, vinos y alimentos procesados. Para Argentina, el acuerdo permitiría recuperar exportaciones en sectores como biodiésel, aceites, langostinos, cítricos y pesca, además de otorgar ventajas inmediatas en productos donde el país es particularmente competitivo. La eliminación o reducción acelerada de aranceles beneficiaría directamente a bienes como soja procesada, aceites, maní, frutas del Alto Valle, cítricos y pesca, además de impulsar a la agroindustria y a la cadena cárnica. A su vez, como Argentina importa desde Europa una parte significativa de su maquinaria, insumos y bienes de capital, la baja arancelaria podría traducirse en una reducción de costos de producción para distintos sectores de la economía. De esta manera, tras la media sanción en Diputados, el acuerdo deberá ser tratado ahora por el Senado. En paralelo, el tratado firmado el pasado 17 de enero también deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y por los congresos nacionales de cada uno de los países del Mercosur. Ámbito
La Federación de Acopiadores de Granos lanzó una fuerte advertencia pública frente a lo que considera una avanzada sin precedentes por parte de un grupo de empresas exportadoras multinacionales en el mercado de la soja. Según la entidad, estas compañías estarían imponiendo a acopios y cooperativas la obligación de entregar información “relevante y sensible” de todos sus productores clientes como condición ineludible para concretar operaciones comerciales. La organización calificó la situación como “insólita y grave”. Y denunció que las exigencias no solo vulnerarían la normativa vigente en materia de protección de datos personales y lealtad comercial. Sino que además configurarían un intento de concentración abusiva del mercado granario. Ante la consulta de Mundo Gremial, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) respondieron: “No tenemos nada que decir. Es un tema entre particulares”. De acuerdo con la Federación, las exportadoras estarían solicitando a los acopios y cooperativas datos detallados de cada productor que comercializa su soja a través de estos intermediarios. Entre la información requerida se incluirían las hectáreas de cada productor, el nombre de cada establecimiento, la localidad y provincia del campo. Así como el Renspa (Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios) del productor. En paralelo, también se estaría exigiendo a los productores que venden directamente que brinden información considerada confidencial. Y que según los acopiadores, “nada tiene que ver con sus operaciones específicas”. La Federación remarcó que se trata de un cambio sustancial en las reglas de juego que rigen históricamente la comercialización de granos en la Argentina. Un esquema que se basa en la competencia entre actores privados, la intermediación comercial y el resguardo del secreto profesional. Acusación de posición dominante Los acopiadores advirtieron que las empresas exportadoras involucradas ejercerían una posición “oligopólica y dominante” en el mercado. Lo que les permitiría avanzar con este tipo de requerimientos bajo presión comercial. “La exportación no tiene autoridad legal, moral ni comercial para erigirse en comisario de los productores argentinos. Estamos ante un intento evidente de apropiación de datos comerciales sensibles. Que apunta a eliminar en el tiempo a los acopios y cooperativas para ejercer un dominio total del mercado granario”. Para la entidad, el acceso a la cartera completa de clientes de los acopios implicaría otorgar a las exportadoras una ventaja estratégica. Que podría derivar, en el mediano plazo, en una desintermediación forzada. Es decir, en la posibilidad de operar directamente con los productores y desplazar a los acopios y cooperativas del circuito comercial. La Federación calificó la maniobra como inviable, ofensiva, innecesaria e ilegal, y desarrolló cada uno de estos conceptos. Finalmente, sostienen que la exigencia sería ilegal. Argumentan que violaría la Ley de Protección de Datos Personales 25.326 y disposiciones del Decreto 274/2019 de Lealtad Comercial. En particular, advierten que el comportamiento podría configurar una violación directa a los incisos d, e, j y k del artículo 10 de esa norma. Lo que habilitaría a los afectados a iniciar acciones judiciales para hacer cesar la práctica y reclamar daños y perjuicios. Normativa y sistemas oficiales Desde la Federación recuerdan que incluso los sistemas oficiales de registración, como SIO-Granos, preservan el secreto comercial de las operaciones. En consecuencia, sostienen que la pretensión exportadora excedería lo establecido por la normativa pública vigente. Y avanzaría así sobre un terreno que ni siquiera el Estado ocupa en términos de requerimientos de información. El planteo adquiere relevancia en un contexto en el que el comercio exterior agroindustrial representa miles de millones de dólares en ingresos para el país. Y donde la soja continúa siendo uno de los principales complejos exportadores. En ese marco, cualquier modificación en las reglas de comercialización impacta no solo en los actores privados sino también en la dinámica general del mercado. Frente a este escenario, la Federación de Acopiadores informó que está haciendo pública la advertencia ante las organizaciones representativas de productores y corredores de granos. Con el objetivo de coordinar un plan de acción conjunto que impida la implementación de estas exigencias. La entidad no descarta avanzar por la vía judicial en caso de que las prácticas denunciadas continúen o se formalicen contractualmente como condición para la compra de soja. La disputa abre un nuevo frente de tensión dentro de la cadena agroindustrial. En momentos en que el sector enfrenta además desafíos vinculados a la competitividad y las exigencias ambientales internacionales. Y la necesidad de mantener el flujo exportador en un mercado global cada vez más regulado. El desenlace de este conflicto podría sentar un precedente relevante sobre los límites de la trazabilidad privada. Así como el uso de datos comerciales y el equilibrio de poder entre exportadores e intermediarios en uno de los complejos productivos más estratégicos del país. Mundo Gremial