El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 desestimó el pedido de la central sindical para suspender artículos de la norma aprobada en el Congreso. El planteo apuntaba al traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La decisión desestimó el pedido de la central obrera para suspender de manera inmediata los artículos 90 y 91 de la norma, vinculados al traspaso de la justicia laboral nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La CGT había promovido el 6 de marzo una acción de amparo contra el Estado nacional en la que solicitó la declaración de nulidad e invalidez constitucional de esos artículos de la ley de modernización laboral, sancionada durante las sesiones extraordinarias del Congreso y publicada en el Boletín Oficial ese mismo día. Reforma laboral: qué dice el fallo de la Justicia En su presentación, la central sindical reclamó además una medida cautelar “innovativa” para suspender la aplicación de esos puntos hasta que se resolviera el fondo del asunto. Según argumentó, el traslado de competencias a la justicia porteña implicaría en la práctica la eliminación de la Justicia Nacional del Trabajo y podría generar dificultades para revertir la situación en el futuro si finalmente la ley fuera declarada inconstitucional. El reclamo sindical forma parte de una estrategia judicial más amplia para cuestionar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La CGT sostiene que el traspaso del fuero laboral podría provocar un colapso en el sistema judicial y afectar tanto a miles de causas en trámite como a los empleados judiciales que hoy trabajan en ese ámbito. El magistrado, sin embargo, consideró que no correspondía dictar la cautelar solicitada en esta etapa del proceso. De esta manera, la normativa seguirá vigente mientras continúa el trámite de la causa y hasta que exista una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de los artículos cuestionados. La resolución representa el primer revés judicial para el sindicalismo en su ofensiva contra la reforma laboral. En paralelo, la central obrera analiza nuevas presentaciones judiciales y otras acciones políticas para intentar frenar o modificar algunos de los puntos centrales de la ley. El conflicto abre así un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical por los cambios en el sistema laboral, uno de los ejes centrales del programa de reformas impulsado por la administración libertaria. Reforma laboral: qué dice la reglamentación y cuáles son los principales cambios Jornada laboral La normativa habilita que la jornada diaria pueda extenderse hasta 12 horas, siempre que exista un acuerdo escrito entre empleador y trabajador. A su vez, se crea un banco de horas, que permitirá compensar horas extra con días de descanso. El esquema deberá respetar los límites legales vigentes y tendrá que haber un mínimo de 12 horas de descanso entre turnos. El pago de salarios continuará realizándose únicamente a través de bancos o entidades oficiales de ahorro, por lo que quedan excluidas las billeteras virtuales como medio de acreditación salarial. La reforma incorpora la figura del “salario dinámico”, que podrá establecerse en convenios colectivos y vincular la remuneración con el desempeño o mérito individual del trabajador. También se establece la digitalización obligatoria de los libros laborales, que tendrán plena validez legal y deberán conservarse durante diez años. El registro de la relación laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será suficiente para acreditar el vínculo sin requerir gestiones adicionales ante otros organismos. Aportes patronales y sindicales Los aportes empresariales a cámaras o asociaciones empresarias no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones y pasarán a ser voluntarios a partir de enero de 2028. En el caso de los sindicatos, los aportes de los trabajadores —afiliados o no— no podrán exceder el 2% del salario. Se mantiene el aporte obligatorio del 6% destinado a las obras sociales. La normativa además elimina la facultad de los empleadores de actuar como agentes de retención de cuotas sindicales sin consentimiento expreso del trabajador. La ley crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), orientado a estimular la incorporación de tecnología y la expansión de empresas, en línea con un esquema de reducción de cargas sociales. Indemnizaciones y vacaciones Para calcular la indemnización por despido sin causa se considerará únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como el aguinaldo o las vacaciones. La normativa fija que la indemnización será la única reparación económica frente al despido y establece un nuevo mecanismo de actualización de créditos laborales, que se ajustarán por IPC más un 3% anual. Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación. Este fondo se financiará con aportes mensuales de los empleadores: 1% de las remuneraciones para grandes empresas y 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas. El Poder Ejecutivo podrá elevar esos porcentajes hasta 1,5% y 3%, respectivamente, con aval de la Comisión Bicameral. Los convenios colectivos podrán incorporar fondos de cese laboral con capitalización individual. En materia de vacaciones, el período estival se mantiene entre el 1° de octubre y el 30 de abril, aunque ahora empleadores y trabajadores podrán acordar su disfrute fuera de ese intervalo, siempre en tramos de al menos siete días consecutivos. Eliminación de multas La reforma elimina las multas previstas en la Ley 24.013 para casos de empleo no registrado o registración deficiente. En su lugar, se refuerza un sistema de incentivos para regularizar personal sin sanciones, aunque los empleadores deberán abonar las diferencias salariales y previsionales correspondientes al período no declarado. A través del Programa de Promoción del Empleo Registrado, se habilita un esquema de blanqueo laboral que contempla la condonación de hasta el 70% de las deudas por aportes y sanciones para quienes regularicen trabajadores. El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral fija contribuciones patronales del 8% anual y prevé una reducción adicional para empresas que incorporen empleados previamente no registrados antes del 10 de diciembre de 2025, así como ex monotributistas o ex trabajadores públicos. Juicios El nuevo marco introduce modificaciones en la forma de cancelar sentencias judiciales laborales. Las grandes empresas podrán pagar condenas firmes en hasta seis cuotas mensuales consecutivas, mientras que las MiPyMEs y empleadores individuales tendrán un plazo de hasta doce cuotas. La reforma también modifica aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (20.744),
Autor: Redacción General
En un comunicado de prensa difundido este miércoles, la Unión Industrial Argentina expresó su “profundo malestar y preocupación” por las declaraciones del presidente Javier Milei, en las que calificó a “aquellos que defienden la industria nacional” -es decir, también los industriales argentinos- “con expresiones que creemos injustas e infundadas porque distorsionan el rol que ha tenido y tiene la industria en la historia económica y social del país”. “A lo largo y ancho de la Argentina existen miles de empresas industriales -grandes, medianas y pequeñas- que todos los días abren sus puertas y hoy están atravesando un momento muy difícil por la caída de las ventas y la actividad. Detrás de cada una de ellas hay empresarios, trabajadores y familias que sostienen el entramado productivo nacional en contextos muchas veces complejos, y están haciendo un esfuerzo inmenso para adaptarse al nuevo escenario que propone el gobierno nacional”, manifiesta el rechazo de la UIA. Remarcó que, “por eso, cuando desde la máxima investidura institucional se utilizan expresiones que descalifican a quienes producen e invierten, se genera un agravio injusto hacia ese esfuerzo cotidiano y se debilita el clima de respeto que la Argentina necesita reconstruir`”. “La Argentina está trabajando para volver a ser un país que atraiga inversiones externas e internas. En ese proceso, los inversores observan no solo las oportunidades económicas, sino también la calidad de la convivencia democrática, el respeto institucional y el clima de negocios que ofrece un país. Las descalificaciones públicas hacia quienes producen y generan empleo no contribuyen a consolidar ese camino”, sostiene la misiva. “Más aún cuando no existe ninguna denuncia ni delito que involucre a las personas o sectores que han sido objeto de estos agravios, tratándose simplemente de una opinión que, al provenir de la máxima autoridad del país, adquiere una relevancia institucional inevitable”, remarca. Ratifica que “desde la Unión Industrial Argentina reafirmamos nuestra vocación de seguir trabajando por una Argentina que crezca con más inversión, más producción y más empleo, siendo cada día más competitivos, convencidos de que ese objetivo requiere diálogo, respeto y cooperación entre el sector público y el sector privado”.
El Instituto de Cultura del Chaco y el Municipio de Resistencia ultiman detalles para el gran cierre de la Ruta de Carnavales con la realización de la “Cruzada de Campeonas 2026”, un evento que reunirá a las comparsas ganadoras de distintas localidades de la provincia para competir por el primer puesto a nivel provincial. La jornada se realizará este sábado 14, desde las 20.30 en el Parque Intercultural 2 de Febrero, con entrada libre y gratuita. Además de la competencia entre comparsas, el encuentro contará con espectáculos artísticos y una amplia propuesta gastronómica para el público. Para coordinar los preparativos del evento se reunieron el presidente del Instituto de Cultura, Mario Zorrilla; la vicepresidente del organismo, Daniela Valdez; y la secretaria de Cultura y Turismo del municipio capitalino, Bárbara Losch. “Estamos ultimando detalles con un importante escenario para mostrar la industria cultural más relevante de la provincia durante el verano y una oportunidad para que las comparsas puedan verse entre sí”, destacó Zorrilla. Comparsas en competencia Tras el cierre de inscripciones y del período de impugnación del jurado propuesto por el Instituto de Cultura, se confirmaron las agrupaciones que participarán de la competencia. En categoría A competirán: Ará Sunú (Villa Ángela), Ará Zoró (Las Palmas), Hualok Alá (Juan José Castelli), Marabú (Quitilipi), Ya Lo Verá (General Pinedo) y Yasi Porá (General San Martín). En categoría B participarán: Disco Samba (Barranqueras), Intrusos de la Noche (Puerto Tirol) y Mburucuyá (Colonias Unidas). El jurado estará integrado por especialistas en distintas áreas artísticas. En Coreografía evaluarán Gabriela Ceballos y Pablo Ferro; en Puesta en Escena, Érica Ferrazzano y Javier Lúquez Toledo; en Vestuario, Rosa Cáceres y Javier Vargas; en Batería, Carlos Fritz y Soledad Urbano; y en Música, Manuel Toñánez y Sabrina Taborda. El evento será transmitido en vivo desde las 20.30 por el canal Somos Uno. Espectáculos y propuestas para toda la familia La vicepresidente del Instituto de Cultura, Daniela Valdez, destacó la importancia del encuentro e invitó a todas las familias a participar del cierre de la Ruta de Carnavales. La apertura contará con la presentación del ballet de pasistas del International Sambawings de Gabriela Ceballos, junto a los embajadores actuales del carnaval chaqueño, Abril Valdez y Samuel Ibáñez, además de la participación de la comparsa campeona de Corrientes, Araberá. El cierre musical estará a cargo del cantante Cristian Acosta. Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo de Resistencia, Bárbara Losch, adelantó que el predio del parque abrirá desde las 17 horas con emprendedores, food trucks y emprendedores con cerveza artesanal. “La idea es que las familias puedan acercarse desde temprano a disfrutar del evento que reunirá a las mejores comparsas de la provincia y que puedan venir con sus mates, silletas y conservadoras”, señaló. La “Cruzada de Campeonas 2026” marcará así el cierre de la temporada de carnavales en el Chaco, con una propuesta cultural, turística y recreativa pensada para toda la comunidad.
El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino lo hizo ante el juez Amarante, en Comodoro Py. Mañana será el turno de “Chiqui” Tapia. El tesorero de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), Pablo Toviggino, acusado por presunta evasión millonaria, presentó hoy un escrito ante el juez en lo Penal y Económico, Diego Amarante, y se negó a responder preguntas. A la salida, el abogado de la AFA Gregorio Dalbón dijo que la causa por presunta evasión en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es política y afirmó que se resolverá con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Además, Dalbón aseguró que la embestida contra Toviggino y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se enmarca en el deseo, según expresó el letrado, del asesor presidencial Santiago Caputo de “quedarse” con la entidad madre del fútbol. Minutos antes de presentante en los tribunales de Retiro, Toviggino publicó en sus redes sociales una cita del papa Francisco. “Vivir es intentar. Y quien intenta, inevitablemente tropieza. Caemos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, cuando confiamos en quien no debíamos o cuando nuestras propias decisiones no dan el fruto esperado. Pero la caída no define nuestra historia; lo que realmente la define es la decisión que tomamos después”, escribió Toviggino. El mensaje que eligió el hombre de confianza Tapia vinculó las palabras de Bergoglio con los valores que principales que promulgó durante su vida eclesiástica como fueron la verdad y la justicia: “Porque al final, no somos nuestras caídas. Somos la fuerza con la que decidimos levantarnos”. Toviggino enfrenta una acusación por presunta retención indebida de aportes jubilatorios e impuestos, luego de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la AFA por la falta de depósito por más de 19millones de pesos correspondientes a aportes jubilatorios de empleados de los clubes. Asimismo, fue señalado por evasión de Impuesto a las Ganancias, entre marzo y diciembre de 2024.
La mayor parte de ello se debe a una licuación de los sueldos. Otro tanto es por despidos, retiros voluntarios y cierre de organismos. La política de rebaja de impuestos tuvo a los empleados públicos como uno de los sectores más perjudicados. La baja de contratos y despidos, más el retraso de los salarios en relación con la inflación, desde que Javier Milei llegó al poder perdieron el equivalente a u$s10.700 millones. Así lo indica un estudio elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El 37% de ese monto se explica por reducción de personal, mientras que el resto corresponde a la licuación de salarios. “El gasto salarial es uno de los gastos nacionales que ha tenido una reducción real significativa en los últimos dos años, concretamente desde que asumió el actual Gobierno nacional”, afirma el reporte. Menos cantidad de empleados De acuerdo con el relevamiento, entre diciembre de 2023 y enero de 2026 “hubo una merma equivalente al 18% de la planta” al pasar de 341.473 a 278.705 cargos, lo que da una caída de 62.768 empleos. Del total de la caída, la administración centralizada representó un 24%, la descentralizada un 35% y las empresas y sociedades un 34%, entre las más relevantes. La administración centralizada es la que registra la mayor contracción, con 15.105 cargos. Le siguen el Correo oficial con 5.290 cargos, la Operadora Ferroviaria S.E. con 3.615, ARCA con 3.221 cargos, CONICET con 2.261, Banco de la Nación Argentina con 2.116, Aerolíneas Argentinas con 1.899, entre los más importantes. El cierre de institutos y direcciones Hay cuatro entes que desaparecieron. Son el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (SACPEM) y Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “A estas cuatro, le siguieron la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal con una reducción del 78%, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) con una merma de planta del 56% y la Casa de la Moneda con una del 49%”, señala el estudio. Caída de salarios y reducción de la masa salarial El reporte señala que “los empleados públicos nacionales tuvieron una pérdida real de su salario del 9,7% entre los años 2024 y 2025”. “Si la comparación se hace con noviembre de 2023, mes previo a la asunción del actual gobierno nacional, los salarios reales están un 35% abajo. Si es contra diciembre de 2023, la caída real se reduce al 27%”, detalla el IARAF. El informe indica que entre diciembre de 2023 y enero de 2026 hay una caída del gasto en salarios real del 22%. “En plata de febrero de este año, se pasó de un gasto mensual de $2,2 billones en diciembre de 2023 a uno de $1,7 billones en enero de 2026, según puede apreciarse en el gráfico 1. En efecto, la reducción mensual en este caso fue de $500.000 millones”, indica el estudio. En pesos constantes, según indica el IARAF, la reducción acumulada fue de $11,6 billones y en dólares corrientes de U$S 10.700 millones. Ámbito
Argentina acaba de anunciar que alcanzó un acuerdo con dos fondos que aún mantenían judicializada deuda soberana en que había caído default en el 2001. El Estado argentino presentó el martes por la noche una carta ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos en la que anunció un acuerdo con los fondos que aún mantenían judicializada deuda soberana en que había caído default en el 2001. De esta forma, Argentina acaba de anunciar que alcanzó un acuerdo con ambos acreedores con sentencia a favor. Así, las partes solicitaron a la Juez Preska suspender el litigio, incluyendo dejar en suspenso el pedido presentado por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual buscaba la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas, hasta que se finalice el acuerdo de conciliación. Los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund (holdouts) llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal. La carta no aborda la moción de Bainbridge que solicita el turnover de las acciones de YPF, confirmó Sebatián Maril de Latam Advisors. “A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, señaló el documento. Ahí también se expresa que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”. Historia de un conflicto que data de muchas décadas El conflicto se remonta a bonos emitidos en la década de los ´90 bajo el Plan Brady. Luego del d efault de 2001, Argentina entra en cesación de pagos. A diferencia de la mayoría de los acreedores, Attestor y Bainbridge decidieron no participar en los canjes de 2005, 2010 ni en el acuerdo masivo impulsado en 2016. Optaron por la vía judicial para cobrar el 100% del valor nominal más intereses acumulados. La batalla legal en la Corte de Nueva York, bajo la órbita de la jueza Loretta Preska (sucesora de Thomas Griesa), se centró en identificar activos argentinos que no estuvieran protegidos por la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros (FSIA). Argentina mantenía fondos en una cuenta en la Reserva Federal de Nueva York como garantía de los antiguos Bonos Brady. Al vencer esos bonos en 2023, el remanente de ese dinero debía volver a Argentina. Ámbito
Los agentes de la octava intervinieron en el hecho En la madrugada de este miércoles, un hombre de 31 años fue detenido, por personal de la comisaria Octava. Era buscado por causas de Violencia de Genero. Todo comenzó, cuando los efectivos tomaron conocimiento en base a la denuncia de una mujer, quien informó que su ex pareja, la habría amenazado de muerte, agredido físicamente y retenido en su vivienda, hecho ocurridos en varias ocasiones. Tras la intervención de la Fiscalía Penal de Género Nº 9, los efectivos lograron demorarlo cerca de las 00:40 y quedó aprehendido en una causa por amenazas, lesiones, privación ilegítima de la libertad y daños en contexto de violencia de género.
La Unión Federal de Guardaparques de Argentina advirtió sobre la falta de personal, salarios bajos y carencias de infraestructura en parques provinciales. Señalan que el Parque Provincial Loro Hablador, una de las principales áreas de conservación del Chaco, cuenta con apenas dos trabajadores para su custodia. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la organización señaló que resulta “urgente” una decisión política de las autoridades provinciales para mejorar las condiciones de trabajo del personal que cumple funciones en las áreas protegidas. En ese marco, la comisión directiva de la entidad indicó que mantuvo conversaciones con el subsecretario de Ambiente de la provincia, Mariano Moro, a quien le transmitieron su preocupación por las dificultades que enfrentan los trabajadores del sector. De acuerdo con el comunicado, los dos trabajadores del Parque Loro Hablador deben cumplir sus tareas “sin movilidad, sin luz, sin recursos y percibiendo magros sueldos”, una situación que complica seriamente el control de actividades ilegales. “La falta de personal, equipamiento e infraestructura dificulta la lucha contra la caza furtiva y las mafias madereras que están destruyendo el Chaco”, señalaron. Un área clave para la conservación El Parque Provincial Loro Hablador posee unas 19.500 hectáreas y fue creado en 1998 con el objetivo de preservar uno de los principales sitios de nidificación del loro hablador, ave declarada especie emblemática del Chaco en 2016. Además, en el área se desarrollan proyectos de conservación e investigación sobre diversas especies de fauna, entre ellas el tatú carreta, el pecarí quimilero y el yaguareté, lo que convierte al parque en una de las unidades de conservación más relevantes de la provincia. Sin embargo, desde la organización advirtieron que, pese a su importancia, el área protegida “hoy se encuentra desprotegida”. Reclamo por precarización laboral La entidad también denunció que muchos guardaparques enfrentan condiciones laborales precarias. Entre los problemas mencionados figuran contratos inestables, episodios de violencia laboral y salarios que, según indicaron, se ubican por debajo de la línea de pobreza. A esto se suma la escasez de personal para cubrir las guardias y la falta de equipamiento e infraestructura adecuada para desarrollar las tareas de conservación. “Sin personal, sin equipamiento y sin infraestructura no se puede hacer conservación”, remarcaron. Pedido al gobierno provincial Desde la Unión Federal de Guardaparques apelaron a la “buena voluntad del gobierno provincial” para avanzar en soluciones concretas y manifestaron su disposición a colaborar en la búsqueda de respuestas. El comunicado concluye con un llamado a las autoridades para priorizar políticas públicas que permitan fortalecer la protección de las áreas naturales y garantizar condiciones laborales dignas para quienes trabajan en su cuidado.
En declaraciones a CIUDAD TV, el rector Germán Oestmann destacó el crecimiento de la matrícula, especialmente en carreras de ingeniería y salud, pero alertó sobre una nueva variable de abandono estudiantil vinculada al deterioro del poder adquisitivo de las familias. También se refirió al paro universitario previsto para la semana próxima y al comedor universitario con el ticket más bajo del país. El inicio del ciclo lectivo 2026 en la Universidad Nacional del Chaco Austral encontró una matrícula en alza. Según informó el rector Germán Oestmann, hasta el momento las estimaciones indican que la casa de estudios “ya superó los 6.000 inscriptos aproximadamente” en carreras presenciales, aunque aclaró que los números definitivos estarán disponibles recién el 20 de marzo. Ese total se suma a los cerca de 20.000 estudiantes que ya cursaban de manera presencial, de los cuales el 60% proviene de localidades del interior de la provincia. Oestmann destacó con particular énfasis el crecimiento en carreras consideradas estratégicas. “Para nosotros es sorprendente porque año a año viene subiendo esa matrícula y es muy positivo, sobre todo en carreras que son estratégicas como las carreras duras de ingeniería y en carreras que hacen el desarrollo productivo local y también en carreras necesarias como las carreras de salud”, señaló, y subrayó que en esas áreas existe un déficit concreto de profesionales en toda la provincia. El rector aclaró, no obstante, que esto no implica que otras carreras sean menos relevantes, sino que la orientación de las inscripciones refleja “la identidad y necesidad que tiene nuestra provincia”. El arranque del año también estuvo marcado por una intensa actividad de posgrado. “Parece como que ya venimos funcionando como si estuviéramos en mitad de año”, graficó Oestmann, describiendo un ritmo de trabajo inusualmente acelerado para los primeros días de marzo. 90% del presupuesto en salarios Consultado sobre el paro universitario convocado por diversas federaciones docentes y no docentes para la semana próxima, el rector fue prudente en sus palabras. Explicó que las autoridades no intervienen en esas decisiones y que cada docente es libre de adherirse o no: “Hay algunos docentes que deciden dar clases normalmente, sobre todo cuando tienen exámenes, y otros que se adhieren en su gran mayoría”. Reconoció que, dado el espíritu de la protesta y que el conflicto afecta a todos los trabajadores universitarios, “muy probable que no haya actividad académica ese día”. La medida de fuerza tiene como trasfondo la falta de reglamentación de la ley de financiamiento universitario —aprobada pero sin decreto reglamentario— que establecía una recomposición salarial retroactiva, y un nuevo proyecto de presupuesto 2026 que no contempla esa recuperación. “Los trabajadores no docentes y los docentes científicos se están manifestando” en ese contexto, explicó. Sobre la situación económica de la universidad, Oestmann fue claro respecto a los alcances del presupuesto institucional. Precisó que la UNCAus no aprueba un presupuesto propio sino un anteproyecto que eleva al Consejo Interuniversitario Nacional, y que “el presupuesto que viene es otro, no condice muchas veces con la realidad”. Describió además una estructura de gastos donde “el 90% es salario y el 10% son los gastos de funcionamiento”, lo que deja un margen muy estrecho para cualquier ajuste. En ese marco, el reclamo de los trabajadores apunta a recuperar “el poder adquisitivo que han tenido en otros momentos de la historia de la Argentina, donde el salario tanto docente como no docente era más calificado y les permitía tener una determinada calidad de vida que hoy se ve en deterioro”. El ticket de comedor más barato de Argentina En materia de bienestar estudiantil, Oestmann anunció la apertura del período de inscripción para las becas de comedor universitario. Destacó que la UNCAus tiene “el ticket de comedor más bajo de la Argentina” y que el objetivo no es generar ingresos sino ofrecer una solución alimentaria accesible a los estudiantes, teniendo en cuenta que muchos de ellos afrontan costos de alquiler y traslado. “Lo que buscamos es que esta beca de comedor sea lo más bajo que hay”, afirmó, y explicó que el sistema de inscripción previa permite planificar la producción para evitar desperdicios. Avance la deserción estudiantil Uno de los temas más sensibles de la entrevista fue la deserción estudiantil. Oestmann identificó dos variables. La primera, histórica, tiene que ver con la elección vocacional equivocada, y frente a ella la universidad trabaja con el programa Expo Carreras en colegios secundarios: “Un chico no puede querer algo que no conoce”, argumentó. La segunda, más reciente y en crecimiento, es de origen económico. “Empezó hace dos años, o por lo menos incrementó”, y se manifiesta cuando las familias no pueden sostener los costos de alquiler, alimentación y materiales de estudio, especialmente para quienes vienen del interior. Según el rector, la combinación de ambas variables genera una tasa de deserción en los primeros años de entre el 30 y el 35%. “En un momento pueden inscribirse, pero a los tres, cuatro meses les sube con alguna actualización del precio ajustado a la inflación y se les deteriora la posibilidad de poder continuar”, describió. Al cierre de la entrevista, Oestmann se refirió con evidente satisfacción a las Jornadas de Familias, Niñeces y Género, que este viernes celebran su novena edición. Definió el evento como “algo único en todo el país”, con la participación de juristas y abogados de todo el territorio nacional, incluyendo a las doctoras honoris causa de la universidad Aida Kemelmacher de Carlucci y Marisa Herrera. “Hemos tenido, en el último año, gente que ha venido presencial desde Tierra del Fuego”, destacó, subrayando el carácter federal de un encuentro que, pese a realizarse en el Chaco, convoca a profesionales de todas las provincias del país.
El Ministerio de Educación del Chaco informó que este jueves 12 de marzo se iniciará el Ciclo Lectivo 2026 del Nivel Secundario en toda la provincia, conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2026. De esta manera, más de 123.000 estudiantes de escuelas secundarias volverán a las aulas en todo el territorio chaqueño. En este marco, los docentes de las instituciones educativas implementarán las acciones de la política educativa impulsada por la actual gestión, cuyo eje central está puesto en el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes y en el fortalecimiento de la alfabetización en Lengua y Matemática. Asimismo, continúan desarrollándose instancias de capacitación docente vinculadas al Liderazgo e Innovación Educativa, el Aprendizaje Basado en Proyectos y la Educación para el Carácter, con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con la organización establecida por la cartera educativa, el jueves 12 y viernes 13 de marzo se llevará adelante el período de sensibilización destinado a los estudiantes ingresantes a primer año, tanto en las instituciones de nivel secundario común como en las escuelas técnicas. En tanto, el lunes 16 de marzo comenzarán las clases para los estudiantes de segundo a quinto año de las escuelas secundarias comunes y de segundo a sexto año en las escuelas técnicas, dando inicio formal al primer cuatrimestre del ciclo lectivo. Desde el Ministerio de Educación también aclararon que, considerando las necesidades de la comunidad educativa, se realizó una modificación puntual en el calendario vinculada al período de mesas de exámenes. En este sentido, se amplió el plazo para la recuperación de contenidos hasta el martes 10 de marzo. Por lo tanto, las mesas de exámenes se desarrollarán desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de marzo, sin suspensión de clases en las instituciones educativas. Con el inicio de este nuevo ciclo lectivo, el sistema educativo provincial retoma plenamente las actividades en el nivel secundario, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y fortalecer la calidad educativa en toda la provincia.
La administradora del puerto, Alicia Azula, aseguró que la actividad comenzó a reactivarse tras el parate por el Año Nuevo chino. También adelantó la llegada de nuevas cargas, la inauguración de un showroom comercial y gestiones para habilitar un depósito fiscal que permitiría convertir a Barranqueras en centro logístico del NEA. En declaraciones a CIUDAD TV, la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, brindó detalles sobre la actualidad de la terminal portuaria y destacó señales de reactivación en la actividad comercial tras una breve pausa vinculada al Año Nuevo chino. Según explicó, el principal socio comercial del puerto es el mercado asiático, especialmente China, lo que genera un impacto directo en los movimientos de carga. “Con el Año Nuevo chino hubo como un impasse, pero ahora comenzó a reactivarse la actividad”, señaló. Entre los movimientos recientes, Azula mencionó la salida de madera de urunday y la llegada de contenedores con productos de bazar destinados al mercado regional. Estas mercaderías son comercializadas por la empresa NI desde Barranqueras hacia distintos puntos del Nordeste. Además, comenzaron a arribar cargamentos de neumáticos que estaban previstos desde el año pasado. “No solo para la empresa NI, sino también para otras empresas de la provincia que están importando cubiertas”, indicó. Showroom comercial en el puerto La funcionaria también adelantó que antes de fin de marzo podría inaugurarse un nuevo showroom dentro del puerto. El espacio funcionará como lugar de exposición de productos importados. Para ello, el puerto cedió dos galpones a la empresa que opera la distribución regional. “Será un paso más en la actividad comercial que se desarrolla en Barranqueras”, sostuvo. Avanza la habilitación del depósito fiscal Otro de los proyectos en marcha es la habilitación del depósito fiscal, una infraestructura clave para ampliar los servicios logísticos del puerto. Azula explicó que el proceso demandó más tiempo del previsto debido a trámites administrativos y modificaciones legales, entre ellas cambios en el estatuto del puerto y diversas exigencias técnicas. Entre los requisitos cumplidos se incluyen: sistemas de cámaras de seguridad, iluminación especial escáner para pallets, compra de software de control y licitación de una balanza para bultos. El depósito contará con capacidad de almacenamiento bajo techo y al aire libre. Según indicó, esta infraestructura también genera expectativas en el sector del transporte aéreo, ya que podría funcionar como centro de distribución regional para mercaderías que hoy llegan por vía aérea al país. “Quieren descomprimir lo que ocurre en Ezeiza, que está colapsado por el aumento de compras online”, explicó. En ese esquema, Barranqueras podría convertirse en un nodo logístico para el Nordeste. El dragado, clave para el crecimiento Azula remarcó que el principal desafío para potenciar la actividad portuaria sigue siendo el dragado del riacho Barranqueras. Actualmente se gestiona financiamiento para completar los seis kilómetros pendientes. La inversión estimada ronda los 3,5 millones de dólares. Según explicó, la obra permitiría mejorar sustancialmente la competitividad del puerto. Como ejemplo, mencionó que una empresa local tiene almacenadas 100 mil toneladas de girasol que podrían exportarse por barcaza en lugar de transportarse por camión. “Eso implicaría un ahorro enorme en costos logísticos”, sostuvo. Ubicación estratégica en el corredor bioceánico La administradora también destacó la posición estratégica de Barranqueras dentro del corredor bioceánico que conecta Paraguay, Brasil y Chile. Desde su perspectiva, el puerto podría funcionar como un punto clave para el intercambio comercial regional, aprovechando la combinación de transporte fluvial y ferroviario. “Paraguay es un país mediterráneo sin salida al mar. Desde Barranqueras podría conectarse con Antofagasta y de allí con los mercados asiáticos”, explicó. Sin embargo, Azula reconoció su frustración por la falta de avances estructurales. “Hace 43 años que vivo en Barranqueras y hace 43 años que escucho hablar del corredor bioceánico”, expresó. Desarrollo y cuidado ambiental Consultada por los debates ambientales vinculados a las obras de dragado, Azula consideró que es necesario equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental. Recordó que la región forma parte de uno de los humedales más importantes del mundo y destacó la necesidad de estudios de impacto responsables. Al mismo tiempo, advirtió que la sedimentación del riacho Barranqueras genera problemas operativos y podría agravarse si no se realizan obras de mantenimiento. “Primero tenemos que conseguir la inversión para el dragado y después definir los detalles técnicos”, concluyó.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia declaró extinguida la acción penal contra Rolando Javier Acuña, quien había sido imputado por evadir el pago de IVA y Ganancias entre 2015 y 2017. Fue por la aplicación de la ley de “Inocencia Fiscal”, sancionada en enero de 2026 a instancias del gobierno libertario y que elevó los montos a partir de los cuáles se considera el delito de evasión. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia dictó ayer el sobreseimiento de Rolando Javier Acuña, quien se desempeñó como presidente y director titular de la empresa PIMP S.A. —la misma firma cuya causa judicial ya había concluido con igual resultado— imputado por el delito de evasión simple en relación al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 2015, 2016 y 2017, y al Impuesto a las Ganancias de los períodos 2015 y 2016. La resolución, firmada por el juez de Cámara Fabián Cardozo, declaró extinguida la acción penal por aplicación del principio de ley penal más benigna. La defensa de Acuña había solicitado el sobreseimiento en base a la entrada en vigencia de la Ley 27.799, publicada el 2 de enero de 2026, que modificó sustancialmente el Régimen Penal Tributario instaurado por la ley 27.430 al elevar los umbrales mínimos de punibilidad. Bajo la normativa anterior, el piso para que una conducta fuera considerada evasión simple era de $1.500.000. La nueva ley lo elevó a $100.000.000. Los montos atribuidos a Acuña —que ascendían a poco más de $1.500.000 en IVA para 2015, $2.484.276 para 2016 y $3.058.020 para 2017, más $3.914.370 y $4.970.589 en Ganancias para 2015 y 2016 respectivamente— quedaron notoriamente por debajo del nuevo umbral legal. El fiscal general de juicio, Federico Carniel, sostuvo que si bien un análisis preliminar podría indicar que la nueva ley es más benigna, esa conclusión no podía adoptarse de manera automática sin un examen integral del alcance de la reforma. Expresó además su criterio en cuanto a que la Ley 27.799 no representa un cambio en la valoración social de las conductas delictivas y que, por tanto, no debería aplicarse retroactivamente. Sin embargo, reconoció que tanto la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal” como la propia instrucción general de ARCA —el organismo recaudador, que había propiciado el desistimiento de la acción penal en casos análogos mediante una resolución- lo conducían a no oponerse a una solución desincriminatoria. Aclaró expresamente que el sobreseimiento no implica la extinción de la deuda tributaria, que se mantiene vigente ante el organismo recaudador. El contenido jurídico por sobre el valor social de la norma El juez Cardozo, si bien señaló que el principio acusatorio le impedía continuar con el proceso una vez que el fiscal manifestó su voluntad de no perseguir la acción, desarrolló sus propias consideraciones sobre el fondo de la cuestión. Destacó que la modificación introducida por la Ley 27.799 incide directamente sobre la condición objetiva de punibilidad del delito de evasión tributaria, y que aplicar ponderaciones valorativas externas para restringir el principio de benignidad implicaría privilegiar el valor social de la norma por encima de su contenido jurídico. Citó en ese sentido el precedente “Vidal” de la Corte Suprema en el que el máximo tribunal reafirmó la operatividad del principio de benignidad incluso frente a reformas que incrementan parámetros monetarios del régimen penal tributario. En consecuencia, el tribunal declaró extinguida la acción penal, sobreseyó a Acuña sin costas y declaró que la tramitación del proceso no afecta el buen nombre y honor del imputado, en los términos del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación.
Con mucha más resolución que la que mostró para investigar el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió avanzar en una causa contra el diputado nacional y exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti. Lo llamó a indagatoria en el marco de una denuncia realizada por Waldo Wolff, quien sostuvo que Pietragalla Corti promovió el antisemitismo cuando participó, en 2023, en una actividad impulsada por Naciones Unidas en conmemoración de la Nakba, nombre con el que se conoce al éxodo forzoso de más de 700 mil palestinos entre 1947 y 1948, durante la creación del Estado de Israel. “No banalicemos el antisemitismo y la Shoá por diferencias políticas”, reclamó Pietragalla Corti. Este martes, a las 10 de la mañana, Pietragalla Corti se presentó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la convocatoria de Capuchetti. La jueza decidió avanzar con la indagatoria tras un pedido del fiscal Ramiro González, que acusó al exsecretario de Derechos Humanos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e infracción de la ley antidiscriminación. Tras dejar los tribunales, Pietragalla Corti hizo un descargo en sus redes sociales. “En el año 2023, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organizamos la muestra ‘Nakba: Memoria de una catástrofe continua’, conmemorando el 75° aniversario del éxodo de los refugiados palestinos, en cumplimiento de la resolución n°77/23 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, explicó Pietragalla. Luego de ese hecho, Wolff lo denunció por “expresar posiciones antisemitas en nombre del gobierno argentino”, alegando que “la posición anti Israel de este gobierno kirchnerista” es “notoria”. Además, Wolff aseguró que “la posición del Kirchnerismo de suscribir al término ‘una catástrofe’ referido a la existencia del Estado de Israel no se condice con la tradición en política ‘de los dos estados’ en política exterior de nuestro país”. Sin embargo, lo que obvió el ahora legislador de la Ciudad de Buenos Aires es que el término Nakba en árabe significa “catástrofe” o “desastre”, lo que dio origen al nombre de la muestra de la ONU. En diálogo con Página/12, Pietragalla Corti aseguró que la denuncia tiene como objetivo “condicionar para que nadie se anime a criticar políticas concretas del gobierno de Israel”, utilizando como herramienta política “un acto tan grave como el antisemitismo, que generó tanto dolor a muchísimas familias”. En ese sentido, el exsecretario afirmó: “No me siento para nada en falta porque soy coherente con los temas y las violaciones de derechos humanos”. “A 75 años del proceso de colonización, ocupación y despalestinización conocido como la Nakba, inauguramos en el Salón Julio López de la Secretaría de Derechos Humanos la muestra fotográfica ‘Memorias de una catástrofe continua’ con imágenes de archivo de la ONU”, fue el tuit de Pietragalla que despertó la indignación de Wolff. En el descargo presentado en el juzgado de Capuchetti, el diputado nacional explicó que “la palabra ‘ocupación’, que tanto molestó al denunciante y al fiscal y que tildan de ‘antisemita’”, es parte de los términos utilizados por las Naciones Unidas “en sus propias publicaciones sobre la Nakba y la cuestión palestina, a las cuales debe apegarse el Estado argentino, sobre todo su secretario de derechos humanos”. La denuncia fue presentada por Wolff en mayo de 2023. Sin embargo, el llamado a indagatoria de la jueza Capuchetti llegó el 22 de diciembre de 2025 —una semana después de que Pietragalla Corti asumiera como diputado—. Pietragalla debió presentarse mientras escala el conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. “No creo en las casualidades”, deslizó el legislador y se refirió a la situación de CFK: “Lamentablemente tenemos a la referente máxima de la oposición condenada sin pruebas, en un arresto domiciliario arbitrario, ¿qué puedo esperar a partir de ahí?”, apuntó. Además, el exsecretario de Derechos Humanos destacó que su gestión tuvo numerosas acciones en repudio a la persecución del pueblo judío: “Estuve en la casa de Ana Frank, en Holanda, con las Abuelas de Plaza de Mayo que fueron condecoradas ahí; estuvimos en Auschwitz. Con la directora del Museo Sitio ESMA, intercambiamos un montón de información con los distintos museos de Alemania. Y lo hice porque me conmueve, no calculo nada”, subrayó. A partir de la indagatoria, la jueza tiene un plazo de diez días hábiles para decidir si tiene elementos suficientes para dictar el procesamiento contra Pietragalla Corti. “No hay ningún hecho concreto para que avance esta causa, así que en estos diez días espero ser sobreseído“, afirmó. Página/12
Este jueves 12, se realizarán controles de salud, asesoramiento a la comunidad y actividades de promoción orientadas a concientizar sobre la importancia del cuidado del corazón, el control de la presión arterial, la alimentación saludable y la actividad física. Además, se brindará información sobre los principales factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión y el sobrepeso. El Ministerio de Salud de la provincia continuará con el despliegue territorial del Programa de Salud Cardiovascular (PSC), acercando controles, información y acciones de prevención a distintas localidades del interior chaqueño. En esta oportunidad, el equipo del programa estará en las sedes de los municipios de las ciudades de Las Breñas, Charata y Coronel Du Graty, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de factores de riesgo y promover hábitos saludables que contribuyan a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Desde el Programa de Salud Cardiovascular destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia provincial que busca acercar el sistema sanitario a cada localidad, reforzando el trabajo en territorio y garantizando el acceso a controles preventivos para la población. El cronograma de visitas previsto para este jueves es el siguiente: -Las Breñas: 8:30 Hs.-Charata: 10:00 Hs.-Coronel Du Graty: 11:30 Hs. Con este tipo de operativos, el Ministerio de Salud busca fortalecer la prevención y el cuidado integral de la salud cardiovascular, promoviendo la detección temprana y el acompañamiento sanitario en toda la provincia.
La ex presidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria en la Causa Cuadernos de manera presencial, luego de 13 audiencias. Será el próximo 17 de marzo a las 9, en el salón Auditorium del Tribunal. Ayer, el TOF 7 rechazó el pedido de nulidad que partió desde la defensa de la ex mandataria y de otros imputados, como el e ministro de Planificación Julio De Vido, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”. Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formara parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión. El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015. La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso.
En declaraciones a CIUDAD TV, la subsecretaria de Género del Chaco, Sonia Valenzuela, aseguró que no hay registros de denuncias previas de violencia de género contra David Ojeda, quién asesinó brutalmente a Juliana Frias y a su hija Diana Gómez.
Jorge “Chaquito” Espinosa operaba con celulares desde la Unidad 7 de Resistencia. También fueron condenados su madre y un transportista. Traían marihuana de Paraguay. El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 13 años de prisión a un hombre que ya cumplía dos condenas por narcotráfico y que, desde una cárcel federal, lideraba una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes —principalmente marihuana— desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí y otros puntos del país. El veredicto fue dado a conocer el viernes pasado y el principal condenado es Jorge Eduardo Espinosa (31), alias “Chaquito”, quien se encontraba cumpliendo una pena unificada de 10 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico en la Unidad N°7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Resistencia. Además, el tribunal dispuso penas de 12 años de prisión para Rubén Ángel María Tabares (45), un chofer de aplicaciones, y de 8 años de prisión para la madre de Espinosa, Juana Torres (51). Espinosa fue hallado culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas, en calidad de autor. Por su parte, Tabares fue condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de personas, en concurso real con transporte de estupefacientes —el primer delito en calidad de partícipe necesario y el segundo como autor— y fue absuelto del delito de uso de documento público falso. En tanto, Torres fue condenada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de más de tres personas, en calidad de partícipe necesaria. En esta misma causa también fueron condenadas otras doce personas en el marco de juicios abreviados, con penas que van de los 3 a los 6 años de prisión. El debate oral había comenzado el 9 de febrero pasado ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con la intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en el distrito Corrientes, Nicolás Marquevich. La investigación había sido llevada adelante por el fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la PROCUNAR, Martín Uriona. Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 20 de marzo. La investigación De acuerdo con lo acreditado en la causa, las 15 personas implicadas participaron en maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes —principalmente marihuana— en distintas etapas del circuito delictivo: introducción al país, acopio, transporte y distribución comercial. También se les atribuyeron otras conductas vinculadas al sostenimiento de la estructura criminal y al manejo del dinero proveniente de la actividad ilícita. La organización operó al menos entre mayo de 2021 y marzo de 2023, momento en que se realizaron los allanamientos y detenciones que permitieron desarticular la estructura. En esos procedimientos se secuestraron cargamentos de marihuana de 215,224 y 532,450 kilogramos, respectivamente. En agosto de 2019, Espinoza había sido condenado por el TOF de Corrientes a 7 años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes. Luego, en agosto de 2021, el TOF N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo condenó a 8 años de prisión en el marco de la “causa Sapucay”, por lo que, por contar con una condena previa, se le dictó una pena única de 10 años y 6 meses de prisión. El alegato de la fiscalía Durante el alegato, la fiscal general Pourcel y la auxiliar fiscal Vargas sostuvieron que el objetivo de la organización era obtener estupefacientes —principalmente marihuana— provenientes de Paraguay para su distribución en distintas provincias del país. Explicaron que los principales integrantes operaban en las ciudades correntinas de Itatí y Corrientes capital y en la ciudad chaqueña de Resistencia, mientras que los destinos finales de la droga eran las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén. Las representantes del MPF señalaron que pese a estar detenido en la Unidad 7 del SPF cumpliendo condenas previas, Espinosa utilizaba un teléfono celular personal y el teléfono correspondiente a ese penal federal para comunicarse con su hermano Edgardo Ezequiel Espinosa, apodado “Viru”, con quien coordinaba los viajes hacia la ciudad de Corrientes para retirar dinero y mantener contacto con el resto de los integrantes de la organización. Respecto de Tabares, indicaron que su función era facilitar vehículos para el transporte de los estupefacientes y su traslado hacia otras provincias. También describieron que la organización contaba con múltiples integrantes con roles específicos: algunos coordinaban el traslado de la droga desde las costas del río Paraná y su acopio, mientras que otros oficiaban de “maleteros” y realizaban los traslados en vehículos. Las fiscales también afirmaron que Espinosa contó con la connivencia y participación de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal que prestaban servicios en la Unidad N°7 de Resistencia, donde se encontraba detenido. En ese sentido, sostuvieron que la prueba reunida permitió establecer que la organización funcionaba como una estructura cohesionada: Espinosa dirigía las operaciones desde la cárcel, Torres administraba los fondos provenientes de la actividad ilícita y facilitaba la comunicación, mientras que Tabares aportaba la logística de transporte necesaria para trasladar los cargamentos hacia sus destinos. A ellos tres, los mencionaron en un esquema exhibido en la audiencia como “el triángulo de la impunidad”. Los roles específicos De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Espinosa organizaba, dirigía y coordinaba las maniobras de tráfico de estupefacientes. “Espinosa no fue un eslabón más de la cadena. Fue quien decidió, organizó y ordenó. Lo hizo incluso desde el interior de una unidad penitenciaria (…) Desde la cárcel coordinó el ingreso de la droga desde Paraguay, fijó destinos, impartió instrucciones, ordenó cobros y administró ganancias. (…) Espinosa sabía perfectamente qué hacía. Sabía que se trataba
Agentes incautaron estupefacientes que se encontraban ocultos en alimentos destinados a un detenido alojado en la Comisaría Cuarta de Presidencia Roque Sáenz Peña. Durante el control de alimentos entregados por una mujer, el personal policial detectó cuatro envoltorios con sustancia vegetal escondidos en albóndigas. Ante ello se dio intervención a la División Drogas, que realizó la prueba de campo correspondiente. El análisis arrojó resultado positivo para marihuana con un peso total de 6,09 gramos, procediéndose a su secuestro y a las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes.
Efectivos de la Policía del Chaco detuvieron a un hombre tras intervenir en un hecho de violencia de género ocurrido en una vivienda de Barranqueras. El procedimiento se inició a partir de un pedido de auxilio al sistema de emergencias. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que su pareja no le permitía salir del domicilio y la amenazaba con un machete y un cuchillo. Minutos después, el hombre se presentó ante los efectivos portando ambas armas blancas, por lo que fue reducido y detenido. En el lugar se procedió además al secuestro de los elementos utilizados, continuándose con las actuaciones correspondientes.
Joel Borges Correa, sentenciado en Brasil a 13 años y seis meses de cárcel, podrá vivir en libertad en Argentina tras la decisión del Gobierno de Javier Milei. Joel Borges Correa se escapó de Brasil para burlar la pena de 13 años y seis meses de prisión impuesta por la justicia por participar en el asalto golpista a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo brasileño el 8 de enero de 2023. Este partidario del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, de 47 años, se declaró víctima de persecución política al llegar a Argentina y pidió asilo. Al igual que decenas de condenados más por el mismo delito, eligió huir a este país con la esperanza de que el Gobierno de Javier Milei se negase a extraditarlo. Acertó. Este martes, la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (Conare) le notificó que le concedía el asilo político, lo que le permitirá vivir en libertad dentro de sus fronteras. Es la primera vez que la Conare se expide a favor de los condenados brasileños por golpismo que se encuentran en el país. La medida augura un nuevo frente de conflicto entre los dirigentes de los dos grandes países sudamericanos, Milei y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La policía argentina detuvo a Borges Correa a finales de 2024 en la provincia argentina de San Luis (centro). Lo interceptó cuando viajaba en automóvil días después de que la Justicia argentina hubiese dictado órdenes de captura contra 61 brasileños, a petición del Tribunal Supremo de Brasil, por “atentar contra el orden democrático” tras el traspaso de mando de Jair Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva. Borges Correa estuvo encarcelado durante un año y en diciembre se le concedió el arresto domiciliario, a la espera de ser extraditado a Brasil junto a otros cuatro detenidos. Según su defensa, la Justicia argentina debe suspender ahora la causa de extradición. Cuando lo haga, le será retirada la tobillera electrónica y quedará en libertad. La Conare funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad. Aunque sus decisiones supuestamente son autónomas, la palabra final la tiene el Ejecutivo. Por ese motivo, la decisión de dar asilo político a uno de los participantes en el asalto golpista puede tensar todavía más la relación entre Milei y Lula en un 2026 marcado por las elecciones presidenciales en Brasil. Con Jair Bolsonaro en la cárcel, donde cumple una condena a 27 años de prisión por liderar una conspiración golpista, Lula busca la reelección frente a su hijo, Flávio Bolsonaro. Milei ya ha dejado clara su preferencia política en esos comicios. “Prefiero una solución con Bolsonaro y no con el socialismo del siglo XXI”, respondió en una entrevista realizada en enero. La concesión de refugio político de la Conare fue recibida con entusiasmo por el entorno ultra brasileño. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, agradeció a Milei a través de las redes. “Es una victoria de la libertad”, dijo en un breve vídeo. Otros prófugos en condiciones similares a las de Borges Correa se ilusionan con ser los próximos beneficiados. Es el caso de los cuatro detenidos en Argentina que también tienen órdenes de extradición contra ellos: Joelton Gusmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Sus allegados, reunidos en la Asociación de familiares y víctimas del 8 de enero, confían en que la decisión favorable de la Conare sea la primera de muchas. “Enhorabuena a todos los que contribuyeron a esta conquista”, dijo la Asociación a través de las redes sociales. Entre los agradecimientos incluyeron a los abogados defensores, a parlamentarios locales y “a la nación Argentina”. El País