El miércoles 19 de agosto a las 21, en el escenario del Guido Miranda, Laurino–Vieri Dúo presentará Música sin fronteras. Diálogo entre mundos para clarinete y piano, dentro del ciclo “Preludios en el Bösendorfer”. Integrado por el clarinetista Mariano Sebastián Laurino y la pianista Lilia Sofía Vieri, el conjunto se consolidó como una de las propuestas más destacadas de la música de cámara argentina contemporánea. “Música sin fronteras. Diálogo entre mundos para clarinete y piano” resume muy bien la idea del programa: la conexión entre tradiciones, épocas y lenguajes musicales distintos a través de un mismo formato de cámara. El repertorio permite construir un relato artístico muy coherente, en el que Weber, Schubert, Bozza y Milhaud dialogan naturalmente con Castro, Dublanc y Piazzolla, mostrando cómo la música trasciende límites geográficos y culturales. Durante esta temporada 2026, se presentó en el Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo F. Sarmiento (ex CCK) de la ciudad de Buenos Aires. Invitados por el ciclo “Clásica y Cercana”, Laurino y Vieri ofrecieron el concierto “Argentina en Dúo. Paisajes Sonoros para Clarinete y Piano” en el histórico Salón de Honor. Recientemente, el dúo desarrolló una exitosa gira por Madrid y Barcelona, donde presentó un programa dedicado íntegramente a compositores argentinos. Las entradas tienen un valor de $15 mil y se pueden adquirir en la boletería del teatro de miércoles a sábados de 17 a 21 horas.
Autor: Redacción General
La Federación Económica del Chaco (FECHACO), como integrante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), rechazó las controversias planteadas públicamente en torno al Índice de Ventas Minoristas y destacó la rigurosidad y continuidad de la metodología utilizada por la entidad nacional. Desde FECHACO señalaron que el planteo difundido en algunos medios parte de una comparación entre dos universos que no son equivalentes. El Índice de Ventas Minoristas de CAME no busca medir el consumo total del país ni la facturación del comercio electrónico, sino relevar la evolución real de las ventas de los comercios minoristas pyme de todo el territorio nacional, ajustada por inflación a partir del IPC del INDEC. El indicador cuenta con más de 16 años de continuidad, un universo definido a partir de criterios normativos de la Secretaría PyME y contempla seis rubros que representan cerca del 90% del comercio minorista pyme, con ponderaciones construidas sobre datos de ARCA. Dos indicadores, dos realidades “Comparar el volumen de operaciones de una plataforma de comercio electrónico con el Índice de Ventas Minoristas de CAME implica poner en relación indicadores que miden fenómenos diferentes”, explicaron mediante un comunicado desde FECHACO. El relevamiento de CAME contempla principalmente al comercio de cercanía y a las pymes que desarrollan su actividad en ciudades de todo el país: kioscos, ferreterías, panaderías, comercios barriales y establecimientos de localidades del interior, entre otros. En este sentido, el crecimiento del comercio electrónico puede responder a una mayor participación de determinadas plataformas, cambios en los canales de compra o concentración de mercado, sin que ello implique necesariamente una mejora en el desempeño del conjunto de las pymes comerciales. Por eso, remarcaron que el crecimiento de una plataforma de e-commerce y una contracción de las ventas del comercio minorista pyme pueden coexistir, ya que se trata de universos diferentes. Un relevamiento con alcance federal FECHACO también puso en valor la metodología aplicada por CAME, que trabaja sobre una muestra representativa de comercios de todo el país, diferenciando entre CABA y la provincia de Buenos Aires, por un lado, y el resto del territorio nacional, por otro. Esta metodología permite evitar que el comportamiento de los grandes centros urbanos oculte la realidad de las provincias y ciudades del interior. Asimismo, el índice contempla mecanismos estadísticos para excluir valores extremos que puedan distorsionar los resultados y realizar correcciones sobre posibles subdeclaraciones de facturación. “No se trata de una encuesta de percepción, sino de un indicador construido con una metodología sostenida en el tiempo y aplicada de manera consistente desde hace 16 años”, destacaron desde FECHACO. La continuidad de la serie y su alcance federal permiten realizar comparaciones intermensuales e interanuales y conocer la evolución concreta de las pymes comerciales en distintas regiones del país. Una herramienta para conocer la realidad de las pymes Desde la entidad chaqueña remarcaron que discutir un indicador es legítimo, pero para hacerlo es necesario considerar qué mide, a quiénes releva y bajo qué metodología. En este marco, el diagnóstico correspondiente a julio, que registró una caída interanual y mensual en las ventas minoristas pyme, refleja el escenario que atraviesa actualmente buena parte del sector, marcado por el agotamiento del impulso generado por el aguinaldo y el mayor peso de las tarifas de invierno sobre el presupuesto de los hogares. “El Índice de Ventas Minoristas de CAME es un termómetro de la pyme comercial argentina. Su objetivo es reflejar lo que sucede en el comercio de cercanía y en las empresas que sostienen la actividad económica en las provincias y ciudades del interior”, concluyeron desde la institución.
Este lunes, el Gobierno del Chaco y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) suscribieron un Memorándum de Entendimiento (MDE) que establece un marco de cooperación y trabajo conjunto orientado a fortalecer acciones vinculadas al bienestar, el desarrollo y la protección de los derechos de niños y adolescentes. El acuerdo fue firmado por el gobernador del Chaco, Leandro Zdero, acompañado por el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, y la representante de UNICEF, María Elena Úbeda Castillo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El entendimiento establece mecanismos de articulación entre ambas partes para el desarrollo y seguimiento de las actividades que se definan en el marco de esta cooperación. El Memorándum contempla que UNICEF y el Gobierno provincial puedan avanzar posteriormente en acuerdos específicos para implementar distintas actividades, donde se establecerán las funciones y responsabilidades de cada parte, así como los aspectos vinculados a las acciones previstas. Asimismo, ambas instituciones designarán responsables para el seguimiento y la gestión de la asociación y podrán conformar grupos de trabajo integrados por representantes de ambas partes, con el objetivo de supervisar el desarrollo y la ejecución de las actividades. Áreas de cooperación El acuerdo establece como objetivo central que UNICEF y el Gobierno del Chaco trabajen de buena fe para alcanzar objetivos comunes vinculados al desarrollo integral y la protección de las infancias y adolescencias. Entre las áreas prioritarias se encuentra garantizar que niños y adolescentes, especialmente durante la primera infancia, crezcan en entornos saludables y accedan de manera equitativa a servicios integrales que promuevan su salud física, nutricional y bienestar emocional. También se plantea fortalecer el acceso a los aprendizajes fundamentales y al desarrollo de habilidades para la vida y el trabajo, con especial atención en los niños y adolescentes más vulnerables y aquellos que se encuentran fuera del sistema educativo. Otro de los ejes será contribuir a la reducción de la pobreza infantil y al fortalecimiento de sistemas integrales de protección social, mediante políticas públicas sostenibles, intersectoriales y centradas en la infancia y la adolescencia. En este sentido, se apunta a garantizar el acceso a servicios esenciales y fortalecer los mecanismos de apoyo destinados a familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades del nivel municipal. Más protección y entornos seguros El Memorándum también contempla acciones destinadas a contribuir a que niños y adolescentes puedan vivir libres de violencia y acceder a servicios especializados de protección y justicia que respondan de manera efectiva y oportuna ante situaciones de vulneración de derechos. Para ello, se promoverán entornos seguros en el hogar, la escuela, la comunidad y los espacios digitales, además de prácticas de crianza respetuosa y comunidades sensibilizadas para prevenir, detectar y denunciar situaciones de violencia. En cumplimiento de estos objetivos comunes, UNICEF y el Gobierno del Chaco acordaron desarrollar las actividades establecidas en la denominada “Descripción de Actividades”, las cuales podrán ser modificadas mediante acuerdo escrito entre ambas partes. Intercambio de información y trabajo conjunto El Memorándum de Entendimiento entra en vigencia a partir de la firma de ambas partes y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. Con este Acuerdo, el Gobierno del Chaco y UNICEF consolidan un marco institucional de cooperación para profundizar el trabajo conjunto durante los próximos años, con una agenda orientada a garantizar derechos, reducir desigualdades y fortalecer las políticas públicas destinadas a niños, adolescentes y sus familias en la provincia.
Tras lo sucedido en la última sesión en torno a su situación personal, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Justicialista) presentó un proyecto para modificar el reglamento del Senado y que “exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota, mientras dure esa restricción”. Al anunciar este lunes la iniciativa, la legisladora aseguró que se trata de que “a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza”, en relación a que no pudo participar ni votar en la sesión en la que se trató el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. Si bien Fernández Sagasti, quien cursa un avanzado embarazo de riesgo, había solicitado que se le otorgue la posibilidad de participar y votar virtualmente y la vicepresidenta Victoria Villarruel la autorizó -pero dejando la resolución en manos del Cuerpo-, el pleno del Senado no sometió a votación el decreto de Presidencia y envió el asunto a comisión. En defensa de su proyecto, la camporista señaló que “es un criterio único, objetivo y acotado: certificación médica que acredite riesgo de embarazo y contraindicación de viaje. No es una puerta abierta a cualquier pedido. Es una excepción puntual, para una situación puntual”. Asimismo, insistió en que tiene como fin que “ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave”. Además, Fernández Sagasti recordó que “no es la primera vez que el Senado resuelve esto: sesionamos de forma virtual durante la pandemia, con el aval de la Corte Suprema (sin cambiar el reglamento). Sabemos hacerlo cuando queremos”. “Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo”, sostuvo. Fernández Sagasti dijo también que le “hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión”. Esto último fue en referencia al pedido que también había solicitado para participar remotamente el radical catamarqueño Flavio Fama, operado de la rodilla. “Por eso presenté este proyecto. Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza”, concluyó la mendocina. Fuente: Parlamentario
El Instituto de Cultura invita a compartir la cartelera de la semana del Cine del Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164). Del miércoles 12 al sábado 15 de agosto, se podrá disfrutar de producciones latinoamericanas, espacios de debate en torno a las infancias y estrenos nacionales de cine de género. El miércoles 12 a las 20 culminará el ciclo Revoluciones cinéfilas con la proyección de Siete cajas (2012), un thriller vibrante ambientado en el corazón del Mercado 4 de Asunción. Combinando suspenso, humor y acción ritmo frenético, la película dirigida por Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia se convirtió en un verdadero hito del cine latinoamericano, cautivando a la crítica y a los espectadores dentro y fuera de Paraguay. Entrada general: $4.000 El jueves 13 a las 20, en el Ciclo Ñanduty, tejiendo infancias proyectará La sociedad del afecto (2024), una propuesta para pensar las infancias desde el encuentro, la empatía y el cuidado. La proyección propone una reflexión profunda sobre la construcción de comunidades más sensibles, inclusivas y atentas a las necesidades de las niñeces. Entrada general: $4.000. Estudiantes y jubilados: $2.000 Finalmente, el viernes 14 y sábado 15 a las 20:00 hs, el Espacio INCAA ofrecerá Una chica invisible (2019), un thriller actual que aborda el acoso virtual, la híper-exposición en redes sociales y las consecuencias de la pérdida de la privacidad. Una historia que interpela al espectador e invita a debatir sobre los límites de la vida pública y privada en la era digital. Entrada general: $4.000. Estudiantes y jubilados: $2.000
La aprobación del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada le llevó su buen tiempo al Senado: ingresado el 27 de marzo, fue presentado en comisiones por su propio autor, el ministro Federico Sturzenegger, el 8 de abril venidero, y aprobado en el recinto -tras sucesivos intentos fallidos- ya en los primeros minutos del 7 de agosto. Demasiado tiempo, según confesó Patricia Bullrich al lamentar que el texto original hubiera perdido buena parte de sus puntos principales en el camino. El Gobierno mostró tras su aprobación una diligencia reservada para los temas que más le interesan, cuando al día siguiente de su aprobación apuró el envío de la media sanción a la Cámara baja. Lo cual es anticipo, a priori, de un interés especial en que, aun recortada como salió, pueda ser tratada cuanto antes en Diputados. La interpretación que debe dársele a tal premura es la certeza de que habida cuenta del tortuoso andar del proyecto en sus últimas semanas en el Senado, puede alentar a la oposición para tratar de asestarle otro golpe al oficialismo volteando por completo la ley. Y ya se sabe que esto tiene más chances de prosperar conforme pasa el tiempo. Una cosa que se notó claramente en el Senado fue la injerencia de varios gobernadores sobre votos que resultaron clave a la hora de eliminar capítulos completos del texto original. Razón por la cual se facilita anticipar lo que puede llegar a suceder en la Cámara baja a la hora del debate de la una ley de Propiedad Privada que llegó ya “podada” en el Senado. Aunque convengamos que, si los números resultan ajustados como se ve hasta ahora, no se descarta postergar su tratamiento. Voto a voto El proyecto arranca con una base de 94 votos que son los del bloque LLA -sin contar a Martín Menem, que no vota-, a los que habrá que sumar una docena del Pro (sin excepciones, teniendo en cuenta los artículos eliminados la semana pasada); los 6 del radicalismo, que votó sin fisuras en el Senado, y el de la también radical pero monobloquista Karina Banfi. En Innovación Federal comienzan las primeras dudas y discrepancias, partiendo de los misioneros y la interna partidaria que ha dividido las adhesiones legislativas respecto del gobernador Hugo Pasalacqua y el otrora mandamás provincial indiscutido Carlos Rovira. Aunque en este caso puntual, teniendo en cuenta que el jueves los dos senadores misioneros votaron a favor, podría considerarse a los cuatro por la afirmativa, pero se verá si finalmente exhiben fisuras. También al formoseño Gerardo Gustavo González. El oficialismo contaría con los 2 votos sanjuaninos de Producción y Trabajo, y los 2 del MID. Hasta ahí el oficialismo podría estar sumando 122 votos. En el bloque Provincias Unidas -que como ya ha sucedido varias veces, se dividiría en esta votación- buscará los votos restantes, aunque le faltarán algunos. Por la afirmativa estarían su presidenta Gisela Scaglia, sus comprovincianos José Núñez y Pablo Farías, y el rionegrino Sergio Capozzi. Se presume que Lourdes Arrieta también sumaría su voto positivo. Hasta ahí, 127 votos. En contra y las dudas Siguiendo con Provincias Unidas, los cordobeses Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres votarían en consonancia con lo hecho por la senadora Alejandra Vigo la semana pasada, o sea en contra. Lo mismo harían Martín Lousteau y Mariela Coleta y Pablo Juliano, además del socialista Esteban Paulón. Hay dudas respecto del voto de los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán. No anticiparon cómo votarán los miembros de Encuentro Federal, Miguel Pichetto y Nicolás Massot. Por la negativa estarán obviamente los 93 diputados de Unión por la Patria, más los 4 de la izquierda. En cuanto al resto, la disección debe hacerse de manera más puntillosa. Pero vale la referencia que hizo la cordobesa Natalia de la Sota, que manifiesta su oposición a la agenda del Gobierno que ve “alejada de las prioridades de los argentinos”, y por ejemplo en cuanto al tema “desalojos” defiende las autonomías provinciales y sobre expropiaciones aclara que eso ya está resuelto por la Constitución Nacional. También en contra se descuenta que votará Marcela Pagano, del bloque Coherencia y muy crítica de La Libertad Avanza desde que se fue del oficialismo. Por la Coalición Cívica, el rechazo puede inferirse por lo que dijo Maximiliano Ferraro en declaraciones a Radio 10, en las que advirtió que “cada ley de esta magnitud no tiene que ser analizada por separado, sino que lo tenemos que hacer por un contexto donde se planta Javier Milei, en donde se planta también desde el punto de vista geopolítico, y no es algo que debamos dejar pasar así porque sí”. Su compañera de bloque, Mónica Frade, aclaró a parlamentario.com que tenían que hablarlo en el bloque, pero se sabe que no está de acuerdo para nada con modificar las condiciones de desalojo en la situación actual. Teniendo en cuenta la postura de la senadora Flavia Royón, podría esperarse que los 3 votos de diputados salteños de Innovación Federal se volcarán al rechazo. Sí se esperan votos negativos de los 3 tucumanos de Independencia y los 3 catamarqueños de Elijo Catamarca. Lo mismo con la neuquina Karina Maureira, con lo que el rechazo llega a priori a 121 diputados. Restaría verificar qué hará el puntano Claudio Álvarez, de Innovación Federal y el también puntano Jorge Fernández (Primero San Luis). También el santacruceño José Luis Garrido, alineado en su caso con el gobernador Claudio Vidal, a diferencia de los dos senadores de esa provincia, que se distanciaron de su gobernador y votaron en contra. Fuente: Parlamentario
Se convirtió en ley el proyecto de la diputada Lucila De Ponti que crea una medición periódica de la informalidad laboral. La vecina provincia se convierte así en la primera del país en contar con una herramienta estadística propia sobre la materia: “Santa Fe da un paso que ninguna otra provincia dio y decide encarar una realidad que el país entero prefiere no mirar”, apuntó la autora de la iniciativa. “La informalidad ya dejó de ser una excepción y es hoy el rasgo estructural del mercado del trabajo. ¿Cómo podemos buscar soluciones si nadie la mide con precisión?”, sostuvo De Ponti, y agregó: «hay una economía que sostiene la vida cotidiana y de la que nadie quiere ocuparse, y sólo aparece como un slogan en las promesas de campaña. Pero alguien dijo una vez que no se puede conducir lo que no se conoce, y creemos que es así». La legisladora justicialista puso el acento en “la necesidad de adecuar las herramientas del Estado a un mundo del trabajo que cambió”. “Negar esa transformación o ignorarla no la hace desaparecer: solo nos deja gobernando a ciegas sobre una país que ya no existe”, consideró. En ese sentido, para De Ponti, “a la realidad se la cambia mirándola de frente, no haciendo de cuenta que es otra». En un contexto en el que se estima que la mitad de los argentinos que trabajan lo hacen de manera informal, la iniciativa persigue un doble objetivo: dotar al Estado provincial de información para diseñar políticas públicas orientadas a la formalización y, al mismo tiempo, establecer un reconocimiento expreso ante la ciudadanía de la existencia y relevancia del sector informal en la estructura económica. La ley dispone que van a fijarse “indicadores por género, por edad, por región y actividad”. “A veces se mete todo en la misma etiqueta, y se terminan poniendo parches donde conviene, o donde es más fácil, o que entorpecen en vez de colaborar. Para formalizar de verdad hay que entender bien qué está pasando, a quiénes les pasa y cómo”, explicó De Ponti. En términos operativos, la norma establece que el Estado provincial procese los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares Total Urbano (EPH-TU) que elabora el INDEC, con el IPEC como órgano estadístico provincial responsable. Con ese procesamiento se elaborará un informe anual con los resultados y un set de indicadores que den cuenta de las distintas dimensiones del fenómeno. El Ciudadano
Este miércoles, Posadas recibirá a los mandatarios del Norte Grande, en un encuentro que se estima unificará nuevamente los reclamos de las provincias frente a la Nación por la quita de fondos federales y la urgencia de sostener las obras públicas estratégicas. Se insistirá en obras claves, como gas natural, hidrovía y puentes internacionales. En ese marco, el anfitrión será el gobernador Hugo Passalacqua y arribarían sus pares que conforman el bloque: Raúl Jalil de Catamarca; Carlos Sadir de Jujuy; Ricardo Quintela de La Rioja; Gustavo Sáenz de Salta; Elías Suárez de Santiago del Estero, Osvaldo Jaldo de Tucumán; Leandro Zdero de Chaco; Juan Pablo Valdés de Corrientes y Gildo Insfrán de Formosa. Además, se espera contar con la presencia del jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, a quien expresarán las inquietudes de la región. De acuerdo a lo que pudo saberse, los mandatarios insistirán en la extensión de la hidrovía, la llegada del gas natural y la construcción de nuevos puentes internacionales. En ese sentido, el pedido de infraestructura será clave en la reunión, además del reclamo de financiamiento e inversión para el desarrollo de las provincias pertenecientes al Nea y Noa. En lo que respecta a Misiones, se supo que se insistirá en los reclamos históricos como obras para la llegada del gas natural y la hidrovía Paraná-Paraguay, ambos proyectos que la Provincia sostiene hace tiempo. Así también, la solicitud de mayor conexiones, como puentes internacionales, será parte del encuentro. El Territorio
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 comenzó este lunes el juicio contra Cristian “Pity” Álvarez, acusado de haber asesinado a un en el barrio Samoré de Villa Lugano, en julio de 2018. Durante la audiencia, los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro volvieron a rechazar un pedido de la defensa del músico para suspender el proceso, en línea con la postura que mantuvo el fiscal Sandro Abraldes. Además, el músico se negó a declarar y aseguró que lo haría “más adelante”. El debate continuará esta semana con audiencias el miércoles 12 y el viernes 14 de agosto. Álvarez está acusado del homicidio agravado por el uso de arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018. En esa oportunidad, ambos hombres comenzaron a discutir y luego a pelear. Según la acusación, Álvarez habría sacado una pistola que llevaba en el bolsillo derecho de su campera y le habría disparado en la cabeza. La víctima cayó al piso y el músico efectuó tres disparos hacia la misma zona. Tras esto, huyó del lugar y fue detenido horas después. Según el peritaje, la víctima falleció por “lesiones por proyectiles de arma de fuego en región cefálica y hemorragia interna”. Además, el cantante había llegado a debate acusado de haber privado de su libertad, con violencia y amenazas, a su manager y a una amiga en noviembre de 2016. No obstante, el defensor oficial planteó al inicio de la audiencia que el caso debía considerarse prescripto ya que transcurrió el máximo de tiempo legal para tratarlo. El fiscal Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27 y que representa al MPF junto a los auxiliares fiscales Juan Noel Varela y Nicolás Stivala, coincidió con la afirmación de la defensa y explicó que ya habían transcurrido en la causa los seis años previstos para el delito. No obstante, informó que se comunicó con las dos mujeres que fueron víctimas de la situación para informarles del inicio del juicio y de la posibilidad de ser testigos en el debate, incluso bajo la figura de un proceso por la verdad. Una de ellas no contestó ninguno de los requerimientos de la fiscalía y, según se pudo conocer, sigue trabajando con Álvarez. La otra mujer está radicada en el exterior y el fiscal relató ante los jueces la respuesta que dio. “No quiero declarar, Cristian está libre, tocando y saliendo de noche. Es peligroso, yo tengo una familia y no existe justicia real que me proteja”, le especificó la damnificada. “Las propias víctimas han expresado que no desean volver a declarar. Una implícitamente y otra explícitamente. Convocarlas nuevamente de manera coactiva respecto de un hecho que no existe una acción punitiva posible no constituye una diligencia imprescindible”, sostuvo el fiscal Abraldes. De esta forma, los jueces plantearon que no tienen posibilidad de intervenir en el asunto y que ya no existe acción penal que impulse el caso. De esa forma, declararon extinta la acción penal por prescripción y absolvieron a Álvarez solo en relación a ese caso. El nuevo rechazo al pedido de la defensa El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados le dijo a los jueces que no iba a declarar en este momento aunque contestó algunas preguntas. “Actualmente no hago tratamiento por mis adicciones”, indicó aunque afirmó que “coquetea con la marihuana”. Aseguró que no maneja dinero ni firma los contratos por sus shows ya que piensa que “no está capacitado”. “Tengo una cuenta en una billetera virtual y mi hermana le pone dinero cuando necesito, solamente eso es lo que puedo manejar”, consideró. Al negarse a declarar, el tribunal ordenó que se lea la declaración que había dado en su momento en el expediente. Allí había mencionado que su “vínculo con la droga” comenzó a sus 14 años y que probó “toda clase de sustancias estupefacientes”. “Fumo crack y pasta base, me inyecto morfina y tomo clonazepam. Necesito drogarme casi a toda hora del día”, había remarcado en ese momento. En una parte de ese descargo, Álvarez había dicho que conocía a la víctima y que le había robado dinero de una mochila cuando fue con él a comprar droga al Barrio Padre Rodolfo Ricciardelli (antes conocido como villa 1-11-14). Según sostuvo, el 12 de julio de 2018 se lo cruzó cuando salía hacia un recital de Ulises Bueno. “Me empecé a sentir ansioso. Sentí que estábamos muertos. Se volvió todo confusión, locura y miedo”, relató en relación al momento en que habría disparado contra Díaz. En ese momento, el defensor oficial interrumpió la lectura de la declaración y aseguró que el músico no está en condiciones de estar en juicio y requirió nuevamente que se deje sin efecto la audiencia. Consideró que el ejercicio del derecho a la defensa está afectado, dijo que Álvarez está “desconectado” y pidió que se realicen estudios sobre las facultades mentales. Para el fiscal Abraldes, el nuevo pedido obstruye el desarrollo del juicio oral, que es el ámbito natural para la validación y revisión de las garantías constitucionales del acusado. “La supuesta desconexión no se verificó en el recital que brindó el 1° de agosto en The Roxy o en el estadio Mario Alberto Kempes el año pasado. Tampoco se desconectó en la entrevista que dio en la revista Rolling Stone”, señaló el fiscal. “Dormirse o aburrirse no es jurídicamente equivalente a estar incapacitado”, afirmó. “Elige hacer recitales, se expresa en redes sociales, suspende shows porque dice que los jueces y el fiscal se van a enojar”, expuso para demostrar que Álvarez comprende lo suficiente como para estar en el debate. El tribunal, tal como lo había hecho la semana pasada, coincidió con el MPF y rechazó el planteo. Advirtió que la defensa repitió argumentaciones que ya habían sido respondidas y recordó que no se puede supeditar el avance de un proceso a la decisión personal de un imputado de llevar adelante un
La Lista Celeste y Blanca de Roberto Fernández competirá en todo el país, mientras que la Negra estará en 19 seccionales, la Marrón en cuatro y la Bordó en otras cuatro. La Junta Electoral deberá evaluar los avales y definir cuáles quedarán oficialmente habilitadas para las elecciones de octubre. La carrera electoral por la conducción nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) entró en una nueva etapa luego del cierre de presentación de listas. Finalmente, fueron cuatro los espacios que presentaron nóminas a nivel nacional para competir en las elecciones previstas para el 7 y 8 de octubre. El dato que sobresale es el despliegue territorial de cada uno de los sectores. Sobre un total de 25 seccionales que componen el gremio, la oficialista Lista Celeste y Blanca que lidera el actual secretario general Roberto Fernández tendrá presencia en todas. La Lista Negra, encabezada por Maximiliano Escriba, estará presente en 19 seccionales, mientras que la Lista Marrón y la Lista Bordó competirán en cuatro seccionales cada una. De esta manera, el oficialismo que encabeza Fernández vuelve a mostrar una estructura extendida en todo el país, mientras que los distintos espacios opositores buscarán disputar la conducción nacional desde diferentes armados territoriales. Elecciones UTA: cuatro listas en carrera La Lista Celeste y Blanca será nuevamente la expresión del oficialismo y llevará a Roberto Fernández como candidato a secretario general. El dirigente conduce la UTA desde 2006 y buscará renovar su mandato al frente de la organización. Por la oposición, la Lista Negra estará encabezada por Maximiliano Escriba y logró presentar candidatos en 19 de las 25 seccionales. En tanto, la Lista Marrón está liderada por Alberto Patiño, actual secretario de organización de la UTA nacional, tendrá presencia en cuatro seccionales y la Lista Bordó, encabezada por Claudio Gómez como candidato a secretario general, también competirá en cuatro. La distribución territorial será uno de los factores centrales de la elección, ya que determinará la capacidad de cada espacio para disputar representación en las distintas jurisdicciones del gremio. Santiago del Estero, la única seccional con las cuatro listas Uno de los datos particulares del armado electoral se registra en Santiago del Estero. Será la única seccional en la que estarán presentes las cuatro listas que se presentaron para competir en el proceso nacional. La provincia también tiene un antecedente electoral relevante dentro de la interna de la UTA. Santiago del Estero fue una de las cinco seccionales en las que Roberto Fernández perdió en las elecciones de 2021, cuando la conducción local se impuso de la mano del armado que por entonces encabezaba Miguel Ángel Bustinduy. El escenario que se configura ahora vuelve a colocar a esa seccional entre los puntos de atención de la elección nacional. La Junta Electoral define el próximo paso Con las listas ya presentadas, ahora comenzará una instancia clave: la evaluación de los avales y de toda la documentación presentada por cada espacio. La Junta Electoral será la encargada de analizar las nóminas y formular las observaciones correspondientes. De acuerdo con el cronograma previsto, el jueves deberían publicarse esas observaciones, a partir de las cuales quedarán definidas las listas que finalmente serán oficializadas para participar del acto eleccionario de octubre. Por lo tanto, la presentación de las nóminas no significa todavía el cierre definitivo del escenario electoral. Las próximas horas serán determinantes para conocer si los cuatro espacios superan las exigencias formales y quedan habilitados para competir. Elecciones UTA: crece la expectativa Con cuatro nóminas presentadas, el escenario de la UTA comienza a tomar una forma más definida. El oficialismo tendrá presencia en la totalidad de las seccionales, mientras que las distintas expresiones opositoras deberán disputar el territorio con estructuras de alcance desigual. La próxima definición estará en manos de la Junta Electoral, que deberá determinar cuáles de las listas presentadas cumplen con los requisitos y quedan oficialmente habilitadas para disputar la conducción nacional de la UTA en octubre. Mundo Gremial
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) realizará este martes 11 de agosto, a las 19, el sorteo público de 25 viviendas destinadas a familias de Puerto Tirol. El acto se desarrollará en el Polideportivo Municipal y estará encabezado por el presidente del organismo, Fernando Berecoechea. El sorteo se llevará adelante bajo mecanismos de transparencia y equidad, con el objetivo de garantizar un proceso público, ordenado y con igualdad de oportunidades para las familias postulantes. Para la asignación de las viviendas, los inscriptos fueron organizados en tres categorías: familias sin hijos, familias con hijos y familias con integrantes con discapacidad. De esta manera, el organismo busca contemplar las distintas realidades familiares y asegurar condiciones equitativas de participación. El padrón provisorio de postulantes ya se encuentra disponible para su consulta a través de la fanpage oficial del IPDUV. Además, el padrón definitivo será exhibido de manera impresa en el salón del Polideportivo Municipal antes del inicio del sorteo. Desde el Gobierno del Chaco destacaron que estas acciones forman parte de las políticas destinadas a ampliar el acceso a la vivienda y fortalecer el arraigo de las familias en las distintas localidades de la provincia. Con este nuevo sorteo, el IPDUV continúa avanzando en la entrega de soluciones habitacionales, priorizando procesos públicos y transparentes para que más familias chaqueñas puedan acercarse al sueño de la casa propia.
La nueva propuesta académica de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el próximo martes 18 de agosto, con modalidad virtual y una duración decuatro meses. La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) abrió las inscripciones para laDiplomatura en Economía y Gestión Ambiental Sostenible, una nueva propuesta de formación que iniciará el dictado de clases el 18 de agosto de 2026, bajo modalidad virtual y con una duración de cuatro meses. Las clases sincrónicas se desarrollarán los días martes, mientras que las actividades asincrónicas estarán disponibles los días jueves, a partir de las 18 horas, de manera semanal. La propuesta está destinada a Graduados de las carreras de Ciencias Económicas, Ingeniería Agronómica, Tecnicatura Universitaria en Gestión Ambiental, Medicina, Veterinaria, Zootecnia, Agroindustria, Biotecnología, Tecnicatura en Producción Agropecuaria y carreras afines. Asimismo, podrán ser admitidas personas no graduadas que acrediten una experiencia mínima de tres años en áreas relacionadas con temáticas ambientales. La Diplomatura comprende diez módulos de trabajo, que abordan las siguientes temáticas:Economía y ambiente; análisis económico del ambiente, medición y valoración; Derechoambiental; cambio climático; alteraciones ambientales; instrumentos de gestión ambiental;energías renovables; política económica y ambiente; desarrollo y ambiente; y casos de estudio. La propuesta académica fue aprobada mediante Disposición Nº892/2026-S.A. de laUniversidad y cuenta con la dirección del C.P. Lino N. Gómez y la Mgter. Prof. Luciana Ponce Laso, junto con un amplio cuerpo docente de reconocida trayectoria. Información e inscripciones Las personas interesadas podrán consultar el cronograma de clases, la información sobre costos y realizar la inscripción a través del siguiente enlace:https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/diplomatura-en-economia-y-gestion-ambiental-sostenible-2026
El alto nivel de morosidad de los hogares se mantiene como uno de los temas más acuciantes de la coyuntura local. Sin embargo, el impacto es heterogéneo entre las provincias, según halló un estudio reciente. En términos de endeudamiento, Tucumán, Catamarca y Formosa presentan los niveles más altos, mientras que La Rioja lidera el ranking de mayor nivel de mora. El dato se desprende del Monitor mensual de crédito a las familias elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral junto con la consultora Eco Go. Allí, hallaron que la mora total consolidada del crédito a personas físicas continuó creciendo durante junio y alcanzó el 17,5% del monto total otorgado. Desglosado el dato nacional por provincias, la fotografía de la irregularidad del crédito muestra diferencias importantes. La Rioja registra la mayor mora por monto del país, con 24,5%, seguida por San Luis (22,6%) y Santa Cruz (22,2%). En el otro extremo se encuentran La Pampa (9,1%), CABA (11,9%) y Entre Ríos (13,4%). En términos de endeudamiento —medido como crédito sobre Producto Bruto Geográfico provincial—, la imagen es distinta. Los niveles más altos de crédito los exhiben Tucumán (13%), Catamarca (11,9%) y Formosa (11,6%), mientras que en la vereda opuesta se encuentran Neuquén (5%), Santiago del Estero (6,3%) y San Juan (7,3%). Avance de la mora El dato de junio se trata del vigésimo aumento mensual consecutivo. “La mora sigue subiendo y ya se lleva casi uno de cada seis pesos prestados”, advirtió el investigador de la casa de estudios y coautor del informe, Martín Masci. El deterioro registrado durante el último año y medio fue significativo. En diciembre de 2024, la mora total por monto representaba el 3,6% del crédito, mientras que en diciembre de 2025 había escalado al 12,6% y en junio de 2026 llegó al 17,5%. En 18 meses, el nivel se multiplicó por 4,9. En lo referido a los datos de junio, la irregularidad aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de mayo y 10,5 puntos frente al mismo mes de 2025. Además, el 26,1% de los deudores registró mora, 8,8 puntos más que un año atrás. El crédito no bancario en la mira “El crédito no bancario concentra el deterioro”, señaló Masci. Si bien los proveedores no financieros de crédito (PNFC) representan solo el 14,1% del crédito nacional a personas, el estudio halló que registran una mora por monto del 31%, más del doble que el 15,2% del sistema financiero. Sin embargo, los expertos también explicaron que el deterioro de la calidad de la cartera convive con una expansión del crédito. Sobre el universo comparable de entidades, el crédito real aumentó 0,1% mensual y 9,1% interanual. Además, las 24 jurisdicciones registraron crecimiento real frente a junio de 2025, con subas de entre 1,8% y 13,1%. El volumen total de crédito a personas físicas informado en junio alcanzó los $97,1 billones, de los cuales $83,4 billones corresponden al sistema financiero y $13,7 billones a proveedores no financieros. Fuente: Ámbito
El Ejecutivo provincial impulsa en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reiterancia que implica modificar el Código Penal para que toda persona con causas penales abiertas o imputaciones judiciales permanezca detenida con prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial, sin esperar por una condena firme. Este lunes, en los estudios de CIUDAD TV, Darío Gómez, miembro del Comité de Prevención de la Tortura, analizó los alcances de esta iniciativa legislativa que forma parte de la agenda del Gobierno viene recogiendo apoyo en diversos sectores sociales, según se informa desde partes oficiales. “Espero que no avance este proyecto”, aseguró Gómez y comentó que desde la Legislatura provincial se les pidió opinión sobre esta iniciativa por lo cual ya emitieron un dictamen en los primeros días de julio. “La acercamos a la Comisión de Legislación General y de Derechos Humanos también. Fundamentamos la oposición a la iniciativa y advertimos que es susceptible de una presentación por inconstitucional porque así como está planteado, no sabemos qué va a pasar si se modifica, vulneraría principios básicos que tiene que ver con nuestra Constitución y con tratados internacionales incorporados y con rango constitucional”, afirmó. “Al debate hay que darlo, es una realidad que no negamos”, apuntó y agregó: “Yo diría que se está obviando que el sistema penitenciario y el sistema policial están dinamitados. Esto ocurre en todo el país. Nosotros hicimos un estudio, pedimos información oficial en cada provincia y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura armó un resumen de eso”. Aseguró que “el sistema penitenciario a nivel nacional, en la última década, se incrementó en un 50% con una tasa de ocupación que supera el 140% de su capacidad. Y las policías provinciales, así como la provincia del Chaco alberga detenidos procesados y condenados -que no debería ocurrir- somos la tercera o cuarta provincia en cantidad de detenidos en comisarías. En la última década se incremento en un 150% la cantidad de personas alojadas en el sistema, con una tasa de ocupación que llega casi al 180%”. Para Gómez, con estos datos debe comenzar a debatirse las condiciones. “Así como está no se puede pensar en seguir incorporando personas privadas de libertad en las condiciones que tiene hoy el sistema de privación de libertad. Esto al margen de la medida”, apuntó. Pidió que el Ministerio Público Fiscal y las distintas instancias del Gobierno “hagan una recorrida, conozcan las comisarías, vayan a las cárceles. Algunos lo hacen, por supuesto, pero no todos. y los legisladores de la misma manera. Hay algunos que a veces participan, nosotros organizamos algunas reuniones en contexto de encierro, suelen ir magistrados. Pero no necesariamente van los que toman la decisión de las prisiones preventivas”. Apuntó que, en el caso de las prisiones preventivas, tanto en la provincia como en el país, sufrieron un incremento en los últimos años “llevando a una situación donde prácticamente hay un porcentaje importante de personas con penas menores, de menos de tres años, alojadas sobre todo comisarías. eso es algo que se puede rever. Siempre hablamos de tener en cuenta las alternativas de prisión: pulseras u otras cuestiones que permitirían reducir el número. No va a bajar seguramente, pero al menos el nivel de hacinamiento no sería en las condiciones en las que estamos hoy”. Recordó que hace unos 5 o 6 años atrás, durante la visita del Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, “planteó la oposición férrea a este tipo de medidas por este contexto. No opinaban en contra del proyecto sino que planteaba que no se podía seguir discutiendo distintas iniciativas legislativas que sumen mas gente a las cárceles y comisarías en las condiciones que tiene Argentina y particularmente Chaco”. “Sería conveniente que los legisladores convoquen a los espacios institucionales que tenemos que ver con la materia”, sostuvo Gómez y recalcó que “hay muchas iniciativas que son cuestiones políticas o decisiones que tiene que ver con un marco ideológico. está perfecto, estamos en democracia y cada sector tira para el lugar que piensa. Pero no debe perderse el debate en la ciudadanía y con las instituciones que tenemos algo para aportar, que además fuimos creadas por el propio Poder Legislativo con acuerdo internacional”. Mencionó que tanto el Comité como la Fiscalía Especial y el propio Órgano de Control Institucional de la Policía se vincularon en su creación al Caso Greco. “Estamos por reanudar el proceso de debate de la solución amistosa de un caso de 1990 que sigue abierto. Ahí se va a volver a ver que el funcionamiento de la Fiscalía Especial y del OCI dejan mucho que desear, la tasa de prisionalización es muy alta y no se investiga acorde a los estándares establecidos. Es un debate saludable que tenemos que dar porque la forma en que se decide la prisión de una persona no reúnen siempre las condiciones básicas”. De manera puntual, en el caso de la ley de reiterancia, aseguró que afecta el principio de presunción de inocencia. “Estaría violando la Constitución. La Comisión Americana fue incorporada a la Constitución argentina y específicamente menciona eso. Tener dos o más causas en proceso no te hace responsable del delito que se imputa mientras está en un proceso. Rige la presunción de inocencia. Por eso creo que es una ley que, así como está planteada, va camino a no funcionar”, manifestó.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que asciende a 111 el número de fallecidos, 87 el de heridos y 1575 las viviendas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país este lunes. Las víctimas fatales se contabilizaron en Pereira. También hay daños en edificaciones. Entre la infraestructura averiada, detalló: 18 centros de salud averiados, 52 centros educativos dañados, 17 centros comunitarios y 18 vías. También mencionó seis aeropuertos afectados en infraestructura y sin operación para vuelos comerciales, y uno afectado en pista de aterrizaje. “El Gobierno Nacional desplegará todas sus capacidades para defender la vida, atender a los necesitados”, aseguró el mandatario en su informe oficial con datos de las 12.30, hora local (las 14.30 de Argentina). También dijo que él mismo estará al frente de la respuesta a la emergencia y hará presencia “en todos los territorios” afectados. Adelantó que dará reportes similares cada dos o tres horas y pidió a las autoridades regionales que canalicen con el Gobierno nacional las actualizaciones, reportó la cadena CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas. Además, destacó la respuesta de la comunidad internacional: “Todos nuestros aliados alrededor del mundo han manifestado su intención de ayudar con lo que se requiera”. “Ante la emergencia, el Estado responde: unidos, coordinados y en acción para proteger la vida de los colombianos”, expresó previamente en la red X el mandatario colombiano. “Estoy al frente de la situación. Me duele profundamente lo que están viviendo las familias y las regiones afectadas. Colombia está unida y saldremos adelante juntos”, agrega el mensaje del presidente De la Espriella. Ante la magnitud de la emergencia ocasionada por el epicentro en Chocó, el Comité Extraordinario para el Manejo de Desastres, liderado por el flamante presidente Abelardo De la Espriella, anunció la declaración de “desastre” con el objetivo de agilizar la movilización de recursos para asistir a los damnificados y evaluar las infraestructuras afectadas. El sismo provocó evacuaciones incluso en Bogotá. Testigos informaron haber sentido el temblor en toda la capital y hasta la costa de Barranquilla, así como en el vecino Ecuador, al sur. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó sobre “afectaciones graves” que están siendo monitoreadas con drones, y medios locales difundieron imágenes de fachadas de edificios caídos. Según el sitio RFI, que complementa la información internacional transmitida por la agencia Xinhua, el movimiento sísmico también se sintió en Ecuador y Panamá. “Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó el Centro de Redes Sismológicas de China (CENC, siglas en inglés) en X, tras el sismo de magnitud 7,4. El más potente de la última década El Servicio Geológico Colombiano confirmó este lunes que el sismo registrado en las últimas horas en el país suramericano fue uno de los episodios más fuertes percibidos en la última década. “Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedentes de sismos, particularmente, el 23 de noviembre de 1979 hubo un terremoto de magnitud 7,2”, indicó el director del SGC, Julio Fierro Morales. Fierro Morales precisó que se registraron dos réplicas, una de magnitud 2,8 y otra de 4,8 “que se sintió recientemente”. El sismo activó los protocolos de emergencia y evacuación en oficinas, centros comerciales, instituciones educativas y complejos residenciales en distintas regiones del país, mientras los organismos de gestión del riesgo continúan evaluando posibles afectaciones. Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y realizan inspecciones en infraestructuras estratégicas para determinar el alcance de los daños ocasionados por el temblor. XM, administrador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) reportó que, debido al temblor, se registraron interrupciones en el suministro de electricidad en departamentos del suroccidente del país: Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Huila, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle. Agencia NA
El presidente del Chaco Bureau, Gonzalo Suárez López, habló en CIUDAD TV sobre la participación de la provincia en el Meet Up Argentina, encuentro que reúne a representantes de la industria de eventos y del turismo de reuniones. Destacó el posicionamiento de Chaco y Resistencia en el ranking nacional y remarcó el impacto económico que generan los congresos, ferias, exposiciones y eventos deportivos. El Meet Up Argentina se desarrolló en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires y reunió a organizadores, empresarios y representantes de destinos que buscan captar nuevos eventos. En ese marco, Suárez López señaló que desde Chaco participaron de reuniones y generaron contactos con el objetivo de atraer nuevas propuestas a la provincia. “Estamos en un destino emergente, tenemos mucho por hacer, tenemos un destino con una identidad propia marcado por lo cultural, por la naturaleza y sobre todo por la hospitalidad de los chaqueños”, sostuvo. En ese sentido, destacó que Chaco cuenta con infraestructura para recibir este tipo de actividades y mencionó al Centro de Convenciones como uno de los espacios de referencia del Norte Grande. A esto sumó la ubicación geográfica de la provincia y la oferta gastronómica y de servicios. “Tenemos que trabajar entre el sector público y privado para captar esos eventos, traerlos acá, que son generadores de empleo, fortalecen la economía y es una forma de traer divisas a la provincia desde afuera”, afirmó. Suárez López destacó que Chaco se encuentra actualmente en el sexto lugar del ranking nacional de eventos entre las 24 provincias, mientras que Resistencia ocupa el octavo puesto entre las ciudades consideradas destinos para el turismo de reuniones. Explicó que estos datos surgen del trabajo conjunto entre el Chaco Bureau y el Instituto de Turismo, que realizan un relevamiento de los eventos que se desarrollan en la provincia. “Todo lo que no se mide no se puede gestionar. Entonces, creo que el primer paso siempre es tener esa información”, señaló. En esa línea, adelantó que la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos (AOCA) trabaja en una nueva herramienta que permitirá contar con estadísticas en tiempo real sobre el sector. El lanzamiento está previsto para septiembre e incorporará nuevas tecnologías e inteligencia artificial. Según explicó, cualquier evento de más de 40 personas puede ser incorporado a la base estadística del Observatorio de Turismo de Reuniones. Federalizar los eventos Otro de los objetivos planteados durante el encuentro es lograr una mayor federalización de los eventos que se realizan en el país. Suárez López explicó que los burós de las distintas provincias trabajan en una red para intercambiar oportunidades y evitar que los congresos se concentren siempre en los mismos destinos. “Estamos trabajando articuladamente entre los 30 burós del país de eventos para ir pasándonos eventos que hayan estado en una sede que puedan ir a otra que esté cercana o interesar a esos eventos que vayan a sedes en las que no estuvieron todavía, para que no se vayan repitiendo siempre Buenos Aires, Rosario, Córdoba”, explicó. En ese marco, destacó la reciente llegada de un chaqueño a la conducción de AOCA. “Hoy asumió Fabián Moncada, un presidente que tuvimos en nuestro buró, socio del buró fundador. Hoy está presidiendo AOCA”, indicó. Para Suárez López, esta representación permitirá profundizar el trabajo de Chaco dentro de la red nacional para que los eventos puedan rotar por distintas provincias. Una actividad que moviliza una amplia cadena de valor El presidente del Chaco Bureau remarcó que el turismo de reuniones no se limita a quienes participan directamente de un congreso o exposición, sino que genera movimiento en distintos sectores vinculados con la organización. “Es una gran cadena de valor, incluye desde sonidistas hasta quien pone los baños químicos, escenarios, vallas, seguridad, todo”, describió. Como ejemplo mencionó el impacto económico que genera la Bienal, donde además de los expositores existe una amplia cantidad de empresas y trabajadores involucrados en la organización y el desarrollo del evento. “Lo vemos acá en nuestra Bienal, cómo activa realmente la economía de una forma fabulosa. Más allá de los expositores, en el detrás de escena hay toda una cadena de valor de empresas que da empleo y que genera valor en nuestra provincia”, afirmó. También recordó que el sector de eventos fue uno de los más afectados durante la pandemia y destacó la recuperación de la actividad. Suárez López señaló además que los eventos deportivos forman parte del turismo de reuniones y planteó que Chaco buscará captar este tipo de propuestas, especialmente aquellas que permitan atraer visitantes de otras provincias y del exterior. “Se busca que sea un público internacional para captar turismo. Obviamente, para este tipo de eventos hacen falta condiciones, infraestructura y logística específicas que demandan estos eventos”, explicó. En este sentido, sostuvo que se trabajará para que el destino pueda cumplir con esas exigencias y ampliar la llegada de eventos deportivos. Resistencia y su perfil cultural El presidente del Chaco Bureau consideró que Resistencia cuenta con un perfil particular para captar determinados eventos, especialmente aquellos vinculados con la cultura y el arte. “Tenemos un perfil muy especial acá en Resistencia, somos la ciudad de las esculturas, la gente viene a buscar ese perfil cultural, los eventos culturales funcionan muy bien acá”, afirmó. Mencionó entre las propuestas que fueron consolidándose en los últimos años a la Feria de Arte del Club Social, Chaco Vibra y Chaco Crea, y destacó que la instalación de un evento requiere tiempo para que forme parte tanto de la agenda oficial como de las expectativas de la comunidad. “Lleva años instalar un evento para que esté en una agenda oficial, pero también en la agenda de la gente, que es la más importante”, sostuvo. Por último, Suárez López destacó que el turismo de reuniones permite complementar la actividad turística tradicional y generar movimiento durante todo el año. “Tenemos varios atractivos que nos hacen como chaqueños que hay que cuidarlos, pero también el turismo de reuniones te da esa oportunidad de desestacionalizar y tener
Joy Koloff, especialista de Bitcoin Argentina, explicó en CIUDAD TV cómo funcionan las granjas de criptomonedas y señaló que la minería es una actividad legal. Sobre el caso Exen, diferenció la actividad de las presuntas irregularidades detectadas en los allanamientos y remarcó que se deberá determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir los equipos. En el marco de la investigación por presunto lavado de activos que derivó en más de una decena de allanamientos vinculados a la expansión de la cadena de gimnasios premium Exen, uno de los elementos encontrados que llamó la atención de los investigadores fue equipamiento destinado a la minería de criptomonedas. En uno de los inmuebles vinculados al grupo, ubicado en Mitre 709, donde funcionaban oficinas administrativas relacionadas con Exen, se encontraron máquinas para minería de criptomonedas y, además, personal de Secheep detectó una conexión clandestina de energía eléctrica. Sobre el funcionamiento de estos sistemas, Koloff explicó: “Una granja de criptomonedas no es más que un lugar donde pueden estar conectadas muchas computadoras buscando lo que se conoce como una especie de boleto de lotería y, si encuentran ese boleto de lotería, para explicarlo en criollo, se encuentran los bitcoins o los próximos bitcoins que se minan en un bloque”. El especialista indicó que, en el caso de los equipos encontrados durante los allanamientos, se trataría principalmente de máquinas ASIC, sistemas de circuitos integrados especializados para la minería. “En este caso era de minería hidro y veo algunos también de minería de aire, hay distintos tipos de equipos conectados ahí, por lo que veo en primera instancia de la marca Bitmain”, detalló. Koloff remarcó que la minería de criptomonedas no constituye por sí misma una actividad ilícita. “En principio, la industria de la minería de criptomonedas es totalmente legal en Argentina. O sea, que alguien tenga una granja no significa que esa granja sea ilegal”, sostuvo. Sin embargo, diferenció esa situación de las características que presenta la granja detectada durante los procedimientos. “Ahora las particularidades del caso, las irregularidades de esta granja, la hacen una granja ilegal”, afirmó. El costo de los equipos y el consumo eléctrico El especialista explicó que el valor de las máquinas utilizadas para minar criptomonedas puede ser elevado y variar considerablemente de acuerdo con su tecnología. “El costo de cada máquina ronda siempre entre los 2.300 dólares cada máquina, estamos hablando hidro, hasta los 17.000 dólares”, precisó. También señaló que los equipos más antiguos dejaron de ser rentables debido a su mayor consumo energético. Según indicó, en la zona cada máquina puede representar un costo de entre “600.000 y 900.000 pesos de electricidad”. En ese sentido, sostuvo que la rentabilidad depende en buena medida del costo de la energía y de la tecnología utilizada. “Los equipos tienen que ser los de última generación. Si son equipos de generaciones más viejas ya no son rentables, porque el costo eléctrico es mayor”, explicó. Para Koloff, Argentina todavía ofrece posibilidades para la minería, aunque no es el destino más conveniente de la región. Mencionó como alternativa a Paraguay y también señaló determinadas zonas del país donde el costo energético puede favorecer la actividad. “Paraguay es en la región el lugar más rentable para minar bitcoin y minar criptomonedas”, afirmó. También mencionó las experiencias de minería mediante gas de venteo en la Patagonia y los parques industriales como espacios donde el costo de la energía puede ser menor. Las irregularidades bajo investigación Al referirse específicamente al caso investigado por la Justicia, Koloff sostuvo que uno de los aspectos centrales será determinar el origen de los fondos utilizados para adquirir los equipos. “No significa que este tipo de industria sea ilegal, sino que la particularidad del caso y las irregularidades con las que estaba esta granja hacen que esta granja no solamente sea ilegal, sino que se investiga de dónde sacaron el dinero para comprar, 30, 40 o 50 o 100 máquinas de entre 5.000 a 10.000 dólares de valor”, planteó. Además, explicó que la forma en que se adquieren los equipos también puede generar irregularidades. “Si traés ciertas máquinas de costos más altos, que a través de la importación típica el costo es sumamente alto, que no lo hace rentable, pero a través de rutas y de comercios irregulares permite que el costo sea mucho menor, se puede llegar a ser rentable”, señaló. Durante los operativos fueron secuestradas máquinas y equipamiento de gimnasios, dinero, documentación, automóviles y dispositivos vinculados con la minería de criptomonedas. Estos elementos deberán ser sometidos a distintos peritajes contables, financieros e informáticos para determinar su origen y utilización. “Bitcoin y las criptomonedas son trazables” Koloff también destacó que las operaciones con criptomonedas pueden ser rastreadas y que existen herramientas para determinar el origen de los activos digitales. “La realidad es que Bitcoin y las criptomonedas son trazables”, sostuvo, y explicó que se puede determinar si una persona adquirió criptomonedas mediante un exchange o a través de otra persona. En el caso de la minería, señaló que también existe un registro de los activos generados. “Si esta persona no utilizó criptomonedas para la compra, utilizó dólar billete o utilizó pesos billetes, adquirió el equipo, empezó a minar criptomonedas, esta criptomoneda se registra que sale de un bloque de bitcoin”, explicó. Para el especialista, esta trazabilidad abre además la necesidad de contar con nuevos perfiles profesionales capaces de analizar este tipo de operaciones para empresas, organismos e instituciones. “La criptomoneda en sí se puede trazar, o sea, yo puedo saber si esta persona adquirió criptomonedas en un exchange, si esta persona compró criptomonedas a través de algún individuo también se puede llegar a localizar o trazar”, sostuvo. Mientras avanza la investigación judicial sobre el origen de los fondos, la adquisición de los equipos y las conexiones eléctricas detectadas, Koloff insistió en que la actividad de minería no debe ser asociada automáticamente con delitos. “La minería puede ser una industria totalmente lícita y rentable”, afirmó, aunque remarcó que las características particulares de la granja allanada son las que deberán ser determinadas
La diputada provincial del Frente Renovador, Katia Blanc, concretó este lunes la presentación de proyecto de ley N°1806 que propone crear un Plan Integral de Atención de la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes y establecer un destino específico para los recursos que el Estado chaqueño dejaría de gastar si finalmente se suspenden las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa plantea que ese ahorro fiscal sea incorporado a un fondo destinado exclusivamente a garantizar la atención pediátrica en el sistema público. Bases de la iniciativa El proyecto crea el Fondo Provincial para la Atención Integral de la Salud de Niñas, Niños y Adolescentes, que tendrá entre sus fuentes de financiamiento los recursos equivalentes al ahorro fiscal generado por la no realización de las PASO, siempre que su suspensión sea establecida por ley para el correspondiente año electoral. La propuesta también contempla partidas asignadas anualmente por el Presupuesto provincial, aportes extraordinarios del Estado, transferencias nacionales, organismos internacionales, donaciones y otros ingresos compatibles con su finalidad. Blanc puso el foco en que el eventual ahorro electoral “no quede incorporado a recursos de libre disponibilidad”, sino que tenga una afectación concreta. “En caso de suspensión de las PASO, debemos garantizar que esos recursos que se gastan en una elección o que se invierten en una elección, puedan ser destinados al Hospital Pediátrico”, sostuvo. La legisladora destacó además el rol del nosocomio como centro de referencia, ya que recibe derivaciones provenientes de hospitales del interior provincial. El plan establece como prioridad el abastecimiento permanente del Hospital Pediátrico “Dr. Avelino Lorenzo Castelán” y fija como objetivos garantizar insumos críticos, reducir la suspensión de prácticas médicas, asegurar la continuidad de las prestaciones quirúrgicas y fortalecer las urgencias y emergencias pediátricas. También establece un stock mínimo de seguridad equivalente a 60 días de consumo promedio. Transparencia La iniciativa incorpora además mecanismos de transparencia y control. El fondo tendría afectación específica, no podría ser reasignado mediante decisiones administrativas y conservaría su destino aun cuando no se ejecutara durante el ejercicio financiero. A su vez, se propone crear un Portal Público de Abastecimiento Pediátrico para publicar presupuesto, ejecución, contrataciones, proveedores, compras y stock, mientras que el Ministerio de Salud debería remitir informes semestrales a la Legislatura. Blanc justificó la necesidad de avanzar con la propuesta en medio del debate sobre el futuro de las primarias y cuestionó la situación del sistema sanitario. “La salud pública está en rojo, la salud pública no va más y esto decanta de una pésima gestión del gobernador, Leandro Zdero”, sentenció.
Cinco de los siete imputados fueron indagados este lunes en la Justicia Federal de Resistencia, pero optaron por no prestar declaración. Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, con orden de detención internacional, continúan siendo buscados por la Justicia. La investigación por presunto lavado de activos analiza la expansión de la cadena de gimnasios premium Exen y un relevamiento que estima en más de $2.523 millones la inversión en seis establecimientos. La causa que investiga a integrantes de la cadena de gimnasios premium Exen por presunto lavado de activos sumó este lunes una nueva instancia judicial. En una audiencia realizada en la Justicia Federal de Resistencia, cinco de los siete imputados (tres de ellos están presos en la Dirección de Investigaciones y dos en libertad) fueron informados de los hechos que se les atribuyen y tuvieron la posibilidad de declarar, pero todos se abstuvieron de hacerlo. Se trata de Federico Clinis Canal, Mauro Lugo Heim y Yamil Gane, quienes fueron detenidos durante el megaoperativo realizado el viernes en Chaco y Corrientes, que incluyó 18 allanamientos y el despliegue de unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional y otros 50 integrantes de la Policía del Chaco. En tanto, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek también permanecen imputados, aunque se dispuso que continúen en libertad. También fueron formalmente notificados de la acusación y, al igual que los primeros, tampoco quisieron hablar. La investigación está a cargo del fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, y se tramita ante el Juzgado Federal de Garantías 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger. Dos imputados fuera del país La situación de los otros dos acusados que tienen orden de detención es uno de los puntos que ahora concentra la atención de la pesquisa. Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal no fueron localizados durante los procedimientos y, según fuentes vinculadas con la investigación, se encontrarían fuera del país. De acuerdo con la información incorporada al expediente, ambos estarían en Brasil y Paraguay, respectivamente, donde desarrollarían actividades relacionadas con el mundo del fitness y el cuidado de la salud. Frente a esta situación, la Fiscalía Federal de Resistencia avanzó con el pedido de captura internacional y el libramiento de una notificación roja de INTERPOL, la cual fue autorizada por Niremperger. Todos están acusados, en distintos grados de responsabilidad, por el delito de lavado de activos previsto en el artículo 303 del Código Penal. En algunos casos, además, la imputación contempla las agravantes de habitualidad y organización. Una investigación que comenzó con un arrepentido El expediente se inició a partir de información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido. Ese testimonio habría vinculado al grupo familiar investigado con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal que ya era objeto de una investigación por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas. A partir de esa información, Sabadini comenzó a reconstruir el patrimonio y los movimientos financieros de las personas y sociedades bajo investigación. La hipótesis de la Fiscalía es que parte del dinero de origen presuntamente ilícito habría sido incorporado al circuito económico formal mediante distintas actividades comerciales, entre ellas la apertura y expansión de la cadena de gimnasios Exen. Uno de los aspectos que despertó la atención de los investigadores fue precisamente el crecimiento de la empresa. Según el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 Exen llegó a contar con siete establecimientos. Para Sabadini, la velocidad de esa expansión y el dinero destinado a obras y equipamiento no guardarían relación con la capacidad económica declarada por los integrantes del grupo investigado. “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, sostuvo el fiscal en su requerimiento, según el material incorporado al expediente. Más de $2.500 millones en inversiones estimadas A la dimensión de la expansión se suma un relevamiento realizado sobre seis locales de Exen. El informe tomó en cuenta la superficie y un valor de referencia de $510.000 por metro cuadrado para calcular una inversión estimada. En conjunto, los seis establecimientos relevados alcanzan una superficie de 4.947 metros cuadrados, con una inversión estimada de poco más de 2.523 millones de pesos. El relevamiento incluye al EXEN-Hotel Guaraní, con 567,18 metros cuadrados y una inversión estimada de $289.261.800; EXEN-Hiper Cucher, con 2.541,95 metros cuadrados y una estimación de $1.296.394.500; y EXEN-Barranqueras, con 493,49 metros cuadrados y una inversión calculada en $251.679.900. También fueron relevados EXEN-Avenida Las Heras, con 496,81 metros cuadrados y una inversión estimada de $253.373.100; EXEN-Avenida Arturo Illia, con 419,99 metros cuadrados y una estimación de $214.194.900; y EXEN-Santiago del Estero, con 427,90 metros cuadrados y una inversión calculada en $218.229.000. La cifra total surge de aplicar el valor de referencia de $510.000 por metro cuadrado a la superficie relevada. Se trata de una estimación y no necesariamente del dinero efectivamente desembolsado ni del valor de los bienes secuestrados, por lo que el dato deberá ser contrastado con la documentación contable, patrimonial y financiera incorporada al expediente. El relevamiento adquiere relevancia dentro de la investigación porque permite dimensionar la infraestructura desplegada por la cadena y forma parte del análisis que busca establecer cómo fueron financiadas las inversiones realizadas durante el período investigado. La pista del dinero y la hipótesis del lavado La acusación sostiene provisoriamente que los siete imputados habrían conformado un grupo destinado a introducir en el circuito legal bienes y dinero cuyo origen sería ilícito. En particular, la Fiscalía investiga si parte de esos fondos podrían provenir del narcotráfico y de otros delitos. La hipótesis se conecta con el origen de la causa y con la información aportada por el arrepentido, que habría relacionado al grupo investigado con una organización narcocriminal. Para Sabadini, las sociedades investigadas podrían haber sido utilizadas en la denominada fase de integración del lavado de activos: la incorporación de dinero de origen presuntamente delictivo al mercado formal mediante inversiones
Rubén Sinat, de Desarrollos Inmobiliarios RSI, respaldó la iniciativa nacional para agilizar los desalojos, aunque admitió que en la provincia existen “muy pocos casos” y que la mayoría de los conflictos no están vinculados con el atraso en los alquileres. También planteó la necesidad de generar crédito hipotecario y facilitar el acceso a la tierra para enfrentar el déficit habitacional. En medio del debate por los proyectos que buscan acelerar los procesos de desalojo, un dato aportado desde el propio sector inmobiliario relativizó el impacto que tendría la medida en la problemática de los alquileres en Chaco. Rubén Sinat, empresario del rubro y referente de Desarrollos Inmobiliarios RSI, reconoció que en la provincia existen pocos casos de desalojo y que la morosidad en el pago de alquileres es baja. En declaraciones a CIUDAD TV, Sinat consideró positivo el proyecto de desalojos exprés que obtuvo media sanción a nivel nacional y que también tiene su correlato en una iniciativa que se prepara en la Legislatura chaqueña. Según explicó, la medida permitiría acortar los tiempos de recuperación de un inmueble cuando existe un atraso prolongado o una ocupación que impide al propietario disponer de su bien. “Este es un proyecto que ya tiene unos cuantos años y fue impulsado también por diferentes cámaras, entre ellas la Cámara de Propiedad Horizontal de Buenos Aires. A mí me parece que es algo positivo en el sentido de la recuperación del inmueble cuando hay por ahí un atraso excesivo”, sostuvo. El empresario señaló que los procesos ordinarios de desalojo pueden extenderse durante largos períodos y que esa situación genera incertidumbre para quienes invierten en propiedades con el objetivo de alquilarlas. “Un juicio ordinario por desalojo lleva muchísimo tiempo y esto va a traer una tranquilidad para aquel que invierte en inmuebles para alquilar”, afirmó. Sin embargo, al ser consultado específicamente por la situación del mercado inmobiliario chaqueño, Sinat reconoció que los casos de morosidad son escasos. Incluso, explicó que algunos de los conflictos que llegan a producirse no están relacionados con el incumplimiento de los alquileres, sino con otro tipo de situaciones dentro de los edificios. Como ejemplo, mencionó casos de personas que incumplen reglamentos de convivencia. “Hay poca morosidad en el pago de los alquileres”, remarcó, y agregó que existe “un respeto mutuo entre la oferta y la demanda entre el propietario e inquilino”. En ese sentido, atribuyó parte de esa situación al trabajo realizado por el Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco para establecer reglas y actuar como intermediario entre propietarios e inquilinos. “Esto va a traer un manto de seguridad jurídica” Sinat también se refirió a la problemática de las usurpaciones de terrenos, que consideró un perjuicio importante para quienes realizan inversiones inmobiliarias. “Es un problema muy grave para el propietario del terreno que por ahí recibió una herencia o por ahí compró, decidió hacer una inversión inmobiliaria en la ciudad y resulta que después se encuentra con que tiene 20 familias metidas ahí adentro y con muy poca respuesta o muy poca cosa que pueda hacer para recobrar su inmueble rápidamente”, sostuvo. Para el empresario, la aceleración de los mecanismos de restitución permitiría establecer reglas más claras para los propietarios. “Como sociedad tenemos que tender al orden”, afirmó, y consideró que una reforma de estas características podría generar “un manto de seguridad jurídica”. Desde su propia experiencia empresarial, Sinat reconoció que las ocupaciones pueden representar un perjuicio significativo para quienes proyectan desarrollos inmobiliarios. “Es un grave perjuicio para las empresas que por ahí tienen pensado hacer un desarrollo o algo por el estilo. Y bueno, hay que gastar en abogados, perder tiempo en trámite”, explicó. De todos modos, planteó que la búsqueda de mayor seguridad para los propietarios debería complementarse con políticas destinadas a atender a quienes atraviesan dificultades económicas. “No quiere decir que no haya desde el Estado buscarle soluciones a la gente que realmente tiene problemas”, señaló. El déficit habitacional y el rol del sector privado La entrevista también abrió el debate sobre la crisis habitacional y el papel que podrían desempeñar el Estado y las empresas privadas. En ese punto, Sinat sostuvo que cualquier política de vivienda debería contemplar necesariamente la participación del sector privado. “Sin el privado no se puede pensar en ningún tipo de desarrollo”, afirmó, y estimó que en Argentina hacen falta alrededor de cuatro millones de viviendas. A esa cifra, agregó, deberían sumarse aquellas viviendas existentes que requieren reparaciones para volver a ser habitables. Para el empresario, el Estado debería concentrarse en generar las condiciones que permitan ampliar la construcción privada, principalmente a través del crédito. “Yo creo que el Estado debería preocuparse en generar las condiciones para que los privados puedan desarrollar. Por ejemplo, tasas razonables para créditos hipotecarios, créditos hipotecarios para construcción, acelerar la aprobación de planos, acelerar la ejecución de obras de infraestructura para la ciudad”, planteó. También propuso facilitar el acceso a terrenos con servicios y avanzar hacia una mayor densificación urbana en lugar de continuar expandiendo sin planificación la mancha urbana. “Más que metros cuadrados, yo diría que, por ejemplo, una buena salida sería crear lotes con servicio y extender los servicios con cloaca, con agua, con la electricidad necesaria para poder hacer nuevos desarrollos”, explicó. Según su visión, Resistencia debería crecer de manera más compacta y con infraestructura adecuada. “Hay que densificar en los pisos que permitan los códigos”, sostuvo. Viviendas modulares: una alternativa que busca ganar terreno Durante la entrevista, Sinat también presentó la propuesta de RSI vinculada con la construcción modular y el sistema steel frame, una alternativa que, según explicó, busca reducir los tiempos y hacer más previsibles los costos de construcción. El empresario señaló que los módulos habitacionales pueden ser utilizados tanto como viviendas como para quinchos, cabañas y desarrollos turísticos, y destacó que pueden ampliarse mediante la incorporación de nuevas unidades. Como ejemplo, mencionó el módulo que la empresa presentó durante la Bienal de Resistencia, equipado con baño, cocina y espacio de estar, además de instalaciones para agua, cloaca y energía. Según