Autor: Redacción General

Según datos del INDEC, la industria manufacturera operó al 59,8% de su potencial máximo. Significó una mejora de más de cinco puntos porcentuales, tanto en términos mensuales como interanuales. La utilización de capacidad instalada de la industria manufacturera mejoró fuerte en marzo de 2026, tanto en términos mensuales como interanuales. Aun así, cabe aclarar que el alza se dio contra bases de comparación muy bajas, y que la cifra se mantuvo por debajo del 60%. Este miércoles el INDEC informó que la industria operó al 59,8% de su potencial máximo en el tercer mes del año. Se trató de un repunte de 5,2 puntos porcentuales (p.p) respecto de febrero y de 5,4 p.p versus marzo de 2025. El incremento interanual fue explicado principalmente por el incremento de 15,7 puntos en el sector de sustancias y productos químicos, relacionado principalmente con los mayores niveles de elaboración de materias primas plásticas y caucho sintético y de productos químicos básicos. Al respecto, no es menor recordar que marzo de 2025 estuvo atravesado por la inundaciones en Bahía Blanca, que afectaron al polo petroquímico de dicha localidad. En segundo lugar se ubicaron las industrias metálicas básicas, con un avance de 10 p.p debido a un importante crecimiento de la producción de acero crudo. También se destacaron las subas en alimentos y bebidas (+4 p.p) y refinación de petróleo (+10,2 p.p). De acuerdo con el informe del INDEC, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo (86,0%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%). Por debajo se posicionaron productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56%), productos del tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), productos de caucho y plástico (41,3%), productos textiles (40,2%), y metalmecánica excepto automotores (40%). La producción industrial rebotó tras un mal primer bimestre, pero abril mostró señales mixtas La semana pasada el organismo oficial de estadísticas informó que el Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero creció 3,2% mensual y 5% interanual, luego de un primer bimestre con números muy negativos. Especialistas aclararon que, sin el efecto de las inundaciones, la mejora hubiese sido más acotada. De cara a abril, los primeros datos industriales arrojaron señales mixtas, por lo cual no está asegurado que la recuperación observada en marzo sea sostenida. Ámbito

El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, se refirió a la llegada de las primeras pistolas Taser a la provincia y adelantó que serán entregadas oficialmente el 26 de mayo. Explicó que se utilizarán bajo protocolos específicos y con personal capacitado. Además, habló sobre controles internos en la fuerza policial y las medidas vinculadas a salud mental y uso de armas reglamentarias. El ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich, habló con CIUDAD TV sobre la incorporación de pistolas Taser para la Policía provincial y aseguró que se trata de una herramienta “disuasiva” y de “prevención” destinada a situaciones complejas donde esté en riesgo la integridad de personas. Según detalló, las primeras 10 unidades ya llegaron a la provincia y serán entregadas oficialmente por el gobernador el próximo martes 26 de mayo, a las 9, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno. “Va a ser una herramienta que va a tener la institución para hacer frente a situaciones conflictivas de peligro, donde precisamente está en juego la integridad de las personas y de la sociedad”, sostuvo. Matkovich explicó que las Taser estarán destinadas inicialmente a cuerpos especiales y sectores específicos, entre ellos la Plaza 25 de Mayo, la peatonal de Resistencia, el COE y algunos grupos de infantería. Además, remarcó que su utilización estará regulada por protocolos de actuación que actualmente están siendo elaborados por la Policía. “Esto es un elemento disuasivo, un elemento de prevención, un elemento inmovilizador y no es ningún peligro para la integridad física del atacante”, afirmó el funcionario. El ministro aclaró que el uso de estas armas no letales requiere formación específica y señaló que desde la semana pasada se realizan capacitaciones para instructores y futuros operadores. “No es un arma de fuego, es un elemento de contención y abordaje a situaciones complejas que pasa la policía a diario y hay que usarlo con cuidado”, indicó. También recordó que la incorporación de estos dispositivos fue habilitada por una ley provincial aprobada el año pasado y consideró que constituyen una alternativa al uso de armas de fuego en contextos donde haya aglomeraciones o riesgo para terceros. “Muchas veces el arma de fuego es inadecuada y peligrosa para el entorno”, expresó. En ese sentido, aseguró que las Taser presentan “baja letalidad” y señaló que ya son utilizadas en otras provincias argentinas y en distintos países. “Hay 11 provincias con nosotros que están contando ya con este dispositivo”, precisó. Matkovich agregó que junto con las Taser también se sumarán nuevas cámaras corporales para procedimientos policiales. “Es un resguardo para el ciudadano, pero también para el propio policía”, señaló, y confirmó que deberán permanecer activadas durante los operativos. Durante la entrevista, el ministro también fue consultado por la salud mental dentro de la fuerza policial, especialmente tras casos recientes de violencia de género y femicidios protagonizados por efectivos. Indicó que existe un departamento de salud mental integrado por psicólogos y médicos que evalúa a agentes con comportamientos irregulares o denuncias. Además, confirmó que la Jefatura de Policía prorrogó los plazos para la devolución de armas reglamentarias en casos donde aún existan causas judiciales pendientes. “Vamos a limitar esa posibilidad de que usen el arma de fuego o que tengan posibilidad de volver a la fuerza”, aseguró. El funcionario sostuvo que dentro de la Policía se desarrollan recorridas y tareas de contención psicológica en distintas unidades, y mencionó el caso reciente de un cabo que solicitó asistencia por problemas de salud mental. “Hay una contención, hay un trabajo”, afirmó. Asimismo, remarcó que el Gobierno provincial avanzará con medidas de control interno para investigar irregularidades dentro de la fuerza. “Vamos a ser muy duros”, sostuvo Matkovich, y explicó que ya comenzó a funcionar un organismo de control interno policial encargado de realizar investigaciones administrativas y judiciales. “Entendemos que la mayoría de los hombres y mujeres que integran la policía son gente de bien, gente que trabaja todos los días”, concluyó.

Con una importante participación de las familias beneficiarias y en un marco de total normalidad, se desarrolló con éxito la tercera jornada del Operativo Interfluvio N°131 de entrega de módulos alimentarios, agua y asistencia en las zonas de Villa Río Bermejito y El Espinillo. Durante esta etapa, el operativo alcanzó a vecinos de los parajes El Canal, San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco, Pellegrini y Fortín Lavalle, garantizando la asistencia alimentaria a numerosas familias de la región de El Impenetrable. La distribución de los módulos es impulsada por el Ministerio de Capital Humano nacional en articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia del Chaco, junto al trabajo coordinado de facilitadores locales y los equipos provinciales del Programa Ñachec. Por iniciativa del gobernador Leandro Zdero, se implementa la modalidad de entrega directa a cada beneficiario, una metodología que permite garantizar mayor orden, transparencia y una atención organizada para todas las familias que concurren al operativo. Asimismo, se destacó el acompañamiento del Ejército Argentino, cuyo personal colabora activamente en las tareas logísticas y de distribución de los módulos alimentarios y de agua, contribuyendo al normal desarrollo de cada jornada. También participa la Policía del Chaco, mediante efectivos y patrullas que realizan tareas preventivas y monitorean el operativo en distintos sectores del interfluvio.Desde la organización informaron que el operativo continuará este jueves 14 de mayo en El Espinillo, mientras que en Villa Río Bermejito las actividades finalizarán el próximo viernes 15 de mayo.

Efectivos de la División Microtráfico Metropolitana llevaron adelante un allanamiento en Barranqueras, donde lograron secuestrar una importante cantidad de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El procedimiento se realizó entre las 19:30 y las 22:30 del martes, en un domicilio ubicado en un pasillo interno del barrio Aipo, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con intervención de la Fiscalía Antidrogas N° 2 y el Juzgado de Garantías N° 5. Durante la diligencia, los investigadores incautaron ocho envoltorios con cocaína fraccionada y otros paquetes de mayor tamaño que arrojaron un peso total de 786 gramos de esa sustancia. Además, secuestraron una pequeña cantidad de marihuana, balanzas digitales, recortes, un teléfono celular, una tijera, un cuchillo con restos de cocaína y una suma de 596 mil pesos en efectivo. Como resultado del operativo, un hombre de 27 años fue aprehendido, “un presunto narco que aterrorizaba la zona portuaria”, quien quedó a disposición de la Justicia por la causa de infracción a la Ley de Estupefacientes. El allanamiento contó con la colaboración del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) Metropolitana, que brindó seguridad en el perímetro externo del inmueble.

El economista e investigador Javier Curcio planteó un acuerdo nacional sobre el financiamiento de las universidades y otros debates que permitan administrar mejor los recursos. “Estamos viendo un descreme: muchos profesores, y entre esos los mejores, se van o modifican su dedicación”, dijo. “Los incentivos monetarios son cada vez menores y eso va en contra de la posibilidad de sostener un sistema como el universitario, donde el recurso humano es tan importante como toda la educación”, afirma el economista Javier Curcio, especialista en políticas fiscales y monitoreo de las políticas públicas. El director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y también investigador en el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP Baires), dependiente de la UBA y el Conicet, charló con La Nación en el contexto de la cuarta marcha federal universitaria. “Hay toda una preocupación y todo un esfuerzo necesario para mejorar estadísticas que no están puestos en el centro del debate de la política universitaria. Es uno de los temas sobre los cuales sería muy importante que podamos avanzar, y lamentablemente no estamos focalizando en esa situación”, señaló durante la entrevista y planteó la necesidad de un acuerdo nacional para abordar otros debates, que incluyan la gratuidad y el acceso, que permitirían administrar mejor los recursos. -¿Cómo está la situación? -La situación es crítica. Sabemos que el atraso salarial es muy fuerte, hay mucho descontento en todo el sistema y los gastos de funcionamiento vienen teniendo también retrasos significativos. Este año hay atrasos iniciales que son parte, entiendo yo, de las tensiones y las dinámicas de las transferencias entre el gobierno nacional y las universidades. El reclamo es el cumplimiento de la ley; si se cumple, se actualizan todas las partidas. Como eso no se cumple, por otro lado está el reclamo de que el presupuesto de 2026 vaya a un mejor ritmo del que se vino dando. Hay un atraso importante en el flujo de transferencias de estos primeros meses del año, es menor a lo que suele ser en otros años. -¿Cómo? -Por distintas situaciones el Gobierno le va transfiriendo a las Universidades no lo mismo todos los meses, y este año hubo atrasos iniciales. Hay un reclamo sobre la partida que los legisladores aprobaron para el presupuesto 2026, y al mismo tiempo el incumplimiento de la ley que incluye toda la acumulación de las partidas. -A la vez, los rectores denunciaron que era insuficiente el presupuesto aprobado en 2026, ¿es así? -El presupuesto 2026 aprobado no tiene en cuenta el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. Por un lado, se le ordena al Ejecutivo que pague todo el retraso y, por otro, el presupuesto actual dispone menos recursos de los que se necesitan para hacer cumplir esa otra ley. Las dos leyes entran en vigencia, pero se requiere ampliar los créditos de la ley del presupuesto 2026 para poder cumplir con ley de financiamiento universitario. -¿De cuánto es la diferencia? -Son $4,8 billones lo que se aprobó y en el orden de $7 billones lo que requiere el cumplimiento de la ley. La diferencia son $2,5, o 2,4 billones, dependiendo de las estimaciones. -¿Y en términos reales? -En términos reales es algo así como el 32% o 33%, que además se va acumulando este año porque todo el presupuesto fue aprobado con una inflación anual estimada del 10% y ya sabemos que en el mejor de los casos va a ser del 30% la inflación del año. Si no se aumentan esas partidas, es discrecional del Ejecutivo, el ajuste terminara siendo mayor. -¿Cuál es la situación salarial hoy? -Arrastra mucho ese número promedio porque casi el 90% de los gastos universitarios son salariales. El acumulado es en el orden de 32-33% de caída respecto a noviembre 2023, que es lo aprobado por la ley que dice que se tiene que retrotraer a esos niveles. Si no se modifican las partidas para el año, terminaríamos el año con una caída más o menos del 38%. En los hechos, sería necesario más que duplicar el salario vigente para poder cumplir la ley. De cada 2 pesos que deberían estar cobrando hoy los profesores universitarios, los directivos, cobran 1 y el otro se lo queda el Ejecutivo al no estar cumpliendo con la ley. El atraso más fuerte fue al inicio y después se fue acompañando siempre por debajo del ajuste del resto de los sectores. Por supuesto el sector privado registrado, pero también del resto del sector público. -¿Cómo? -En promedio la reducción es cercana al 17%, que es altísima, y la de Universidades es más del 30%, casi duplicando al promedio del Estado. Eso incluye otros organismos que no corresponden a la administración nacional, sector público provincial, municipios. -¿Qué impacto ven en cotidianamente en Económicas? ¿Cómo se siente ese ajuste? -Estamos viendo un descreme: muchos profesores –y diría que entre esos los mejores– se van de la universidad o modifican su dedicación. Cada vez tienen que hacer más actividades fuera de la universidad para poder completar ingresos que la universidad les está negando. Dependiendo la disciplina y la universidad, puede ser muy crítico. En nuestra Facultad, en general, hay mucha oportunidad de otro tipo de fuentes, entonces implica que no pueden sostener mucha de la dedicación que en muchos casos es vocacional. Los incentivos monetarios son cada vez menores, y eso va en contra de la posibilidad de sostener un sistema donde el recurso humano es tan importante como toda la educación, especialmente la educación universitaria. -Llevan adelante diversos estudios para analizar otros aspectos de la universidad, ¿cuáles podrían revisarse? -Estamos analizando que hay varias dificultades que son importantes para resolver y que permitirían administrar mejor los recursos. Hay un desafío de poder organizar mejor cómo se administra el acceso respecto de la necesidad de contar con plazas que son restringidas: cómo se asignan los mejores talentos; cómo logramos que la universidad mantenga el rol de la movilidad social ascendente, cumpliendo

El costo de los depósitos retrocedió del 35% al 22,5% en pocos meses, pero los préstamos personales siguen cerca del 65%; el crédito privado acumula cuatro meses de caída en términos reales La brecha entre lo que los bancos pagan por los depósitos y lo que cobran por los préstamos creció hasta niveles récord en la gestión Milei; la mora en familias, en máximos desde 2004, es el principal freno para que la baja de tasas llegue al consumo. La estrategia del Gobierno para reactivar el crédito tiene una fisura que los números hacen cada vez más visible. En el último mes y medio, el Banco Central (BCRA) redujo en dos oportunidades los encajes sobre los depósitos privados a la vista – los fondos que los bancos están obligados a inmovilizar como reserva -, con el objetivo de que esa mayor liquidez se tradujera en más préstamos al sector privado y, por esa vía, en un impulso al consumo. El resultado, hasta ahora, fue distinto al esperado: las tasas que pagan los plazos fijos cayeron con rapidez, pero las que cobran los créditos al consumo prácticamente no se movieron. Para entender qué está pasando, vale una distinción básica. Las tasas pasivas son las que los bancos pagan a quienes depositan dinero – el plazo fijo es el ejemplo más conocido -. Las tasas activas son las que cobran cuando prestan: los créditos personales, los adelantos en cuenta corriente, las cuotas de una tarjeta. La diferencia entre ambas – el spread – es el margen con el que opera el sistema financiero y, en condiciones normales, tiende a reflejar el riesgo crediticio, los costos operativos y la ganancia de los bancos. Lo que ocurrió en las últimas semanas alteró ese equilibrio. La tasa Tamar que se paga a los depósitos mayoristas —referencia del costo de fondeo del sistema— cayó de la zona del 35% en la segunda quincena de enero al 22,5% actual. Esa baja fue rápida y pronunciada. Las tasas activas, en cambio, apenas cedieron: los créditos personales pasaron de 68% a 65,5%, una compresión mínima que no alcanza para hablar de un abaratamiento real. “La flexibilización de la política de encajes se está traduciendo en una baja de las tasas pasivas, porque los bancos remuneran menos los depósitos, pero no en un abaratamiento de los créditos”, señaló Matías Rajnerman, economista jefe del Banco Provincia. “La vía de la expansión del crédito al sector privado sigue siendo un objetivo, pero no una realidad”, agregó. La consultora 1816 confirmó esa lectura con datos concretos. “En abril los préstamos en pesos al sector privado cayeron punta a punta en términos reales por cuarto mes consecutivo”, advirtió, y agregó que “la tasa de préstamos personales de entidades financieras promedió 68,3% en los primeros dos días hábiles de mayo, prácticamente lo mismo que en enero y febrero, meses en los que la tasa overnight todavía operaba con altísima volatilidad”. La explicación es, en parte, la morosidad. La irregularidad en el crédito a hogares llegó al 11,5% en marzo, un máximo desde 2004, tras haberse multiplicado por casi cinco desde octubre de 2024, cuando era del 2,5%. Ante ese deterioro, los bancos tradicionales respondieron con selectividad: no subieron tasas para compensar el riesgo, sino que redujeron límites crediticios y endurecieron los criterios de otorgamiento. Los prestamistas no tradicionales – billeteras virtuales y otras entidades fuera del sistema regulado – tomaron el camino opuesto y subieron tasas para cubrirse, con resultados peores: la mora en ese segmento trepó al 30,1% en marzo, casi el triple que en los bancos. La lógica, en retrospectiva, es clara: cuando la irregularidad supera el 30%, ninguna tasa por alta que sea puede compensar el costo de los incobrables. Hay un segundo factor que complica el panorama: la incertidumbre sobre la trayectoria de las tasas. Si bien la volatilidad de cortísimo plazo se redujo, no existe un techo claro para los rendimientos. Según 1816, pese a que las tasas cortas están “notablemente estables desde hace dos meses y medio, al no haberse modificado el régimen monetario de ‘tasa endógena’, sigue siendo difícil prever cómo evolucionarán las tasas en el futuro”. En ese contexto de mora elevada e incertidumbre nominal, los bancos tomaron una decisión que frustra los planes del Gobierno: en lugar de prestar los pesos recuperados de los encajes al sector privado, los canalizaron hacia el Tesoro.Desde que comenzó la flexibilización, a mediados de marzo, el Ministerio de Economía captó $5,5 billones netos en licitaciones – el 60% del financiamiento neto del año se concentró en apenas 45 días -. Según Rajnerman, los bancos “prefieren prestar más corto que largo, y no prestar al sector privado, que tiene una tasa de incumplimiento alta, sino prestarle al sector público, que tiene una probabilidad de default muy baja”. El resultado es que la brecha se amplió y el crédito privado no repunta. Los préstamos a empresas se mantuvieron estables en términos reales en abril y los créditos a familias crecieron apenas 0,3% – un rebote estadístico tras la contracción del primer trimestre -, acumulando una caída del 4% respecto del cierre del año pasado. El crédito en dólares, en cambio, sí creció con fuerza vía obligaciones negociables (bonos corporativos) y ya está en los máximos del período 2017-2018 en términos reales. Pero ese circuito es exclusivo de las empresas con acceso al mercado de capitales, no de las familias que necesitan financiar consumo en pesos. La vía del crédito como palanca de reactivación del consumo sigue siendo, por ahora, un objetivo del programa económico más que una realidad que los números confirmen. La Nación

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, analizó la movilización de la comunidad educativa en todo el país. Además, volvió a respaldar la estrategia de la gestión libertaria de judicializar el proyecto de financiación aprobado en el Congreso. Tras la masiva Marcha Federal Universitaria- que congregó ciento de miles de personas en todo el país – el Gobierno volvió a responder una vez más a los reclamos de la comunidad educativa por la aplicación efectiva de la ley de Financiamiento Universitario, aprobada y ratificada por el Congreso. En este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sentenció: “La ley nació muerta”. La movilización del pasado martes fue la cuarta que realiza la comunidad educativa bajo el gobierno libertario. Si bien el acto central se desarrolló en Plaza de Mayo, el reclamo se extendió a otros centros urbanos de Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza, Salta, Jujuy, Mar del Plata, Corrientes y Resistencia, entre otras ciudades. “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”, sentenció el documento leído en el acto central en Plaza de Mayo. La respuesta del Gobierno a la cuarta Marcha Federal Universitaria La gestión de Milei observó de cerca cómo se desenvolvía el reclamo educativo en todo el país. En este escenario, Álvarez fue la cara elegida – junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello – para dar la discusión en el debate público y justificar la decisión del Gobierno de no aplicar la ley. Este miércoles, en diálogo con radio Mitre, el subsecretario de Políticas Universitarias analizó: “La marcha no está cruzada por la política: es política y está organizada por partidos opositores”. En ese sentido, volvió a justificar la decisión del Gobierno que se ampara en la defensa del superávit fiscal: “La Ley de Financiamiento Universitario nació muerta. Viola el primer principio, que es el presupuestario”. “La ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos; si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“, ahondó el funcionario. En referencia al alcance de la manifestación, Álvarez precisó: “De números no hablamos… Si no, votaríamos las leyes de acuerdo a quién hace la manifestación más grande. El orden republicano pretende evitar eso”. “Este es un sistema democrático en donde hay una parte de la población que no está de acuerdo con lo que hace un gobierno y tiene derecho a manifestarse, hay libertad para que los sindicatos se expresen. No hay ninguna evaluación: el número es relativo”, agregó. Parte del reclamo del sector universitario es – justamente – el incumplimiento a la hora de aplicar la ley que fuera aprobada (y ratificada luego del veto presidencial) por el Poder Legislativo. Desde el Gobierno, esperan la definición de la Justicia, luego de que la Cámara de Apelaciones concediera un recurso extraordinario para frenar la cautelar y estirar el plazo de definición y promulgación hasta tanto se expida la Corte Suprema. En este escenario, el subsecretario de Políticas Universitarias abrió el debate a otras alternativas que ofrecieron desde la Casa Rosada, como arancelar el acceso a la educación para ciertos estudiantes: “Como está la ley de educación superior hoy no podemos obligarlos. Nosotros podemos autorizar, por ejemplo, está autorizado cobrar a los extranjeros y la universidad no lo hace”. “A pesar de que en algunas carreras es significativo el número de extranjeros, ellos hablan del 4 por ciento, el 3 por ciento, confundiendo el tema de residencias, de DNI. Es una persona que viene a estudiar acá y luego se va del país. La Argentina es un país abierto: la Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”, sentenció. Ámbito Financiero

Luego de la sesión extraordinaria prevista para este miércoles, legisladores chaqueños llevaron adelante el debate ordinario en el que aprobaron la modificación de la Ley Nº 2024-K (ex Ley 7030) de Emergencia Habitacional, incorporando el artículo 10 bis con el objetivo de invitar a los municipios de la provincia a adherir a la normativa. Asimismo, el cuerpo sancionó la ley que instituye el duelo provincial cada 19 de julio en conmemoración de la Masacre de Napalpí. También se aprobó la promoción de la actividad turística, gastronómica y acuícola sostenible mediante la explotación comercial del pez “Dorado” (Salminus brasiliensis), reproducido a través de técnicas de reproducción asistida artificial, preservando la biodiversidad y el desarrollo silvestre de la especie. Además, los diputados declararon de utilidad pública e interés social, y sujeto a expropiación, de un inmueble ubicado en la ciudad de Resistencia, departamento San Fernando. En otro punto del temario, se instituyó por ley el 13 de mayo de cada año como el “Día Provincial de la Lucha contra el Avasallamiento de la Autonomía Universitaria”. Tras la aprobación de las iniciativas, el cuerpo legislativo acompañó la designación de Milagros Rojo Guiñazú Chiozzi como vocal del Centro de Estudio de Formación y Capacitación en Administración Pública. Finalmente, por falta de quórum, no pudo concretarse la Sesión Especial Nº 5, prevista para la interpelación al director de Vialidad Provincial, Omar Ángel Canela.  

Este miércoles volvió a fracasar la sesión especial convocada para interpelar al director de Vialidad Provincial, Omar Canela, pautada para las 11 en el recinto de sesiones legislativo, para brindar información sobre el estado de las rutas y su falta de mantenimiento. CIUDAD TV dialogó el diputado del interbloque Chaco Puede, Jorge Gómez, y también con el del Frente Chaqueño, Nicolás Slimel, quienes respondieron por este nuevo fracaso en el debate del Parlamento. Jorge Gómez: “El kirchnerismo no tenía quórum suficiente para la interpelación” Por el oficialismo, el diputado Jorge Gómez, repasó el desarrollo de la jornada legislativa en la que se eligieron las autoridades de Juicio Político, tanto para la Sala Acusadora como la de Sentencia, “una reunión secreta en la que se eligieron los miembros”.  Además, a la elección de los miembros titular y suplente para ocupar la vacante que dejó tras su renuncia Carmen Delgado, quedando él mismo como titular y su par de interbloque Maida With como suplente.  “Después salieron proyectos de ley y cuando llegamos a las 11 de la mañana, el kirchnerismo no tenía quórum suficiente para la interpelación del ingeniero Canela”, sostuvo. Explicó que es una “decisión de bloque” no acompañar con el quórum “por la mala experiencia que se tuvo en el caso de la interpelación al ministro de la Producción, Oscar Dudik, donde la oposición transformó una interpelación en un circo y nosotros nos habíamos prestado a que se realice la sesión, pero de la manera en que se desarrolló y que terminó no fue lo que habíamos acordado”. “A partir de ese momento, se decidió que el kirchnerismo tenía que juntar los votos necesarios para poder lograr una interpelación porque es de interés de ellos, no nuestro interpelar a nuestros funcionarios. Nosotros tenemos una comunicación constante con los mismos, no somos los que demandamos una interpelación”, acentuó. “Hoy, el kirchnerismo no tuvo el quórum suficiente y no fue posible que interpelen al ingeniero Canela”, afirmó.  Nicolás Slimel: “Hay que respetar la institucionalidad“ Desde la oposición y el interbloque Frente Chaqueño, convocantes de este debate, el diputado Nicolás Slimel lamentó “dos circunstancias”: el fracaso de la sesión ordinaria que tenia agendado un temario relacionado a los veteranos de Malvinas por un “reconocimiento histórico como veteranos de guerra”; y las emergencias, principalmente la energética en materia de tarifas. “Claramente, no se hizo presente”, sostuvo el legislador y se quejó de que “tampoco nos permitió el oficialismo tener quórum”. “Estábamos todos los diputados sentados esperando a que venga a dar ese quórum y lamentablemente no lo hicieron,. Tampoco se hizo presente el funcionario y es una cuestión importante de marcar porque independientemente de la decisión de los legisladores de dar o no quórum tiene la obligación de hacerse presente en la Cámara como lo establece el artículo 107 de nuestra Constitución que establece multas e incluso sanciones para el funcionario que no asista a la Legislatura”, apuntó. Anunció que al igual que ocurrió con el titular del InSSSeP, acudirán a la Justicia por el “incumplimiento de deberes de funcionario público”. “Creo que hay que empezar a respetar la institucionalidad, hoy no se está haciendo”. “Nosotros hemos mostrado voluntad y gestos permanentemente. Entendemos que es una herramienta institucional en la que había que avanzar y concluir en el día de hoy”, reprochó y acentuó que “es nuevamente una sesión de fracaso en la cual la sociedad no va a poder escuchar a un funcionario que fue citado por la Legislatura”, afirmó. “Estábamos en la sesión ordinaria cuando pidieron un cuarto intermedio y se levantaron para dejar sin quórum la sesión especial. A la hora reglamentara tuvimos que desistir de la sesión”, sostuvo y reparó que en la interpelación al titular del InSSSeP, Rafael Meneses, utilizaron “la misma metodología” con el agravante de que se involucran allí temas de salud para con los afiliados.  Ratificó que avanzarán con una denuncia penal y con el pedido de una multa económica “ara que tengan una responsabilidad como funcionarios”.

Fue antes de que el jefe de Gabinete se mudara a su nueva propiedad en ese country, y los pagos fueron en efectivo. José Luis Rodríguez declaró como testigo en la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito Rodríguez, vecino de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, declaró este miércoles como testigo y contó que el jefe de Gabinete le alquiló su casa durante 18 meses por un total de 21.000 dólares, que fueron pagados en efectivo. Fue antes de que los Adorni se mudaran a la propiedad que compraron en ese mismo club. Rodríguez ratificó así lo que había declarado en la causa el contratista Matías Tabar, que dijo que Adorni había celebrado un contrato de alquiler en Indio Cua por US$13.000. Pero el nuevo testigo añadió hoy que antes de ese contrato, que fue por 13 meses, le había alquilado por otros dos meses su casa (en enero y febrero de 2024), por US$5600, y que además acordaron extender la locación de los 13 meses por otros tres, a cambio de US$2400 adicionales. Esta última extensión fue sin contrato, dijo el propietario. Se trata de un nuevo gasto que quedó bajo el radar de la Justicia. Así lo informaron a La Nación fuentes al tanto de la declaración de Rodríguez, que este mediodía se fue de la fiscalía de Gerardo Pollicita acompañado por un efectivo de la Policía Federal. La primera etapa del alquiler, que comprendió los meses de enero y febrero de 2024, fue acordada en octubre de 2023, cuando Adorni todavía no era funcionario público. Por eso, los US$5600 pagados por esos dos meses no se sumarán a la lista de gastos que confeccionan los investigadores, pero la información servirá para comparar el estilo de vida de Adorni antes y después de ser funcionario. El segundo tramo del acuerdo se inició vencido el anterior, en marzo de 2024, y se extendió hasta marzo de 2025. El contrato fue por un total de 13.000 dólares, tal como relató el contratista Tabar, que fueron cancelados en efectivo, de acuerdo a fuentes del caso. Los últimos tres meses de alquiler, en tanto, fueron el resultado de un arreglo de palabra entre Adorni y Rodríguez. El funcionario se encontraba ultimando las obras en la casa que había comprado en el country en noviembre de 2024 y le pidió a su nuevo vecino extender el acuerdo. Acordaron un pago de US$800 por mes que sumó un total de US$2400. En este expediente, la Justicia investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y revisa todos sus gastos en busca de determinar si su estilo de vida y patrimonio guardan relación con sus ingresos. La declaración anterior a la de Rodríguez produjo un giro en esa ecuación. Matías Tabar, la persona responsable de los arreglos mientras Adorni alquilaba la casa, declaró que por sus trabajos recibió del funcionario un total de US$245.000. Las refacciones fueron profundas: consistieron en hacer pisos y paredes nuevas, y una pileta con cascada, entre otras mejoras, según precisaron fuentes judiciales. Por la casa, según la documentación reunida en la causa, Adorni pagó un total de US$120.000. El día de la escritura acordó un préstamo no bancario con dos mujeres policías por un total de US$100.000. Fueron acercadas al funcionario por la escribana Adriana Nechevenko, a cargo de la escritura. La Nación

El presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, confirmó que el oficialismo avanzará con un proyecto de ordenanza para prohibir la actividad de los denominados “trapitos” o cuidacoches en toda la ciudad, con especial foco en el macro y microcentro. Según adelantó, la iniciativa ya obtuvo despacho favorable en comisión y podría ser tratada el próximo martes. En declaraciones a CIUDAD TV, el edil sostuvo que la medida responde a “cientos de denuncias” de vecinos que aseguran sufrir situaciones de intimidación y violencia al estacionar sus vehículos, aun cuando ya abonan el estacionamiento medido municipal. “Nosotros sí vamos con la palabra prohibición porque entendemos que no es un oficio el de trapito. Hay que darle una contención real y un trabajo genuino a esta gente, pero también tenemos que responder a los ciudadanos que pagan el estacionamiento formal”, afirmó Aradas. El concejal aseguró que en los últimos meses se registraron hechos de violencia y delitos en los que habrían estado involucrados cuidacoches, incluyendo robos y daños a vehículos. En ese sentido, sostuvo que muchos vecinos sienten temor a represalias cuando rechazan pagar. “Cuando el vecino dice ‘no, ya pagué el estacionamiento’, queda con miedo de que le vandalicen el auto. Hemos tenido denuncias de vehículos rayados, ruedas pinchadas y hasta parabrisas rotos”, señaló. Cómo funcionaría la ordenanza Aradas explicó que la prohibición alcanzaría a toda la ciudad de Resistencia, aunque el control se concentraría especialmente en zonas donde la actividad es más frecuente, como el centro y los sectores de eventos masivos. El control estaría a cargo de inspectores municipales con apoyo policial en casos de conflicto. Según indicó, cuando un inspector detecte una situación de cobro indebido, advertirá que la actividad es ilegal. “Si se da una situación de violencia, se llama a la Policía del Chaco y se actúa en conjunto”, detalló. No obstante, aclaró que si una persona decide entregar dinero voluntariamente a un cuidacoches, el municipio no podría intervenir: “Yo no puedo interferir en tu voluntad”, dijo. El dirigente también puso como ejemplo las recepciones estudiantiles y recitales, donde aseguró que se registraron cobros de hasta $10.000 por estacionar en inmediaciones de los eventos. “Habían distribuido zonas con cintas señalizadas y distintas tarifas según la cercanía al evento. Eso no lo podemos permitir”, cuestionó. Regulación de alquileres temporarios Durante la entrevista, Aradas también se refirió a otro proyecto que busca regular los alquileres temporarios en Resistencia, a raíz de reclamos del sector hotelero, que denuncia competencia desigual frente a plataformas digitales. Según explicó, hoteleros y gastronómicos plantearon que deben afrontar habilitaciones, requisitos de seguridad y cargas impositivas que no alcanzan a quienes ofrecen alojamientos mediante aplicaciones. “Ellos nos piden equilibrio. El hotelero paga tasas, presenta planos y cumple medidas de seguridad, mientras otros alquilan sin ningún control”, señaló. El concejal adelantó que el debate incluirá a hoteleros, inmobiliarias, propietarios y sectores políticos para construir un consenso sobre la normativa. La polémica por el kiosco municipal Consultado sobre la controversia generada por el costo de un kiosco proyectado por el municipio, Aradas defendió las explicaciones brindadas por el Ejecutivo local y remarcó que, si existen sospechas de irregularidades, deben canalizarse por vías institucionales. “La oposición tiene mecanismos para actuar. Si cree que hubo sobreprecios o irregularidades, puede hacer una denuncia administrativa o penal”, sostuvo. Además, destacó que el municipio es auditado permanentemente por el Tribunal de Cuentas y afirmó que durante la actual gestión “no hubo denuncias por corrupción ni malversación de fondos públicos”. Mirada hacia 2027 Sobre el escenario político y una eventual candidatura a intendente en 2027, Aradas reconoció sus aspiraciones y aseguró que trabaja con presencia territorial. “La única manera de posicionarse es el cara a cara con el vecino. Las redes ayudan, pero nada reemplaza el contacto directo”, expresó. Por último, valoró el pedido de informes presentado por la concejal opositora Lucila Masin sobre obras municipales y consideró que “es el camino correcto” para esclarecer dudas sobre la administración de recursos públicos.

El fiscal Gerardo Pollicita concluyó que las grabaciones realizadas por Luciana Geuna e Ignacio Salerno dentro de la Casa Rosada no comprometieron secretos políticos ni militares y pidió archivar la causa. El fiscal federal Gerardo Pollicita desestimó la denuncia presentada por el Gobierno nacional contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, ambos del canal TN, por realizar grabaciones dentro de la Casa Rosada mediante el uso de “lentes inteligentes”, un dispositivo con forma de anteojos capaz de registrar imágenes y videos. La denuncia había sido impulsada por Casa Militar, que argumentó que las filmaciones podían comprometer la seguridad nacional al exhibir sectores internos de la sede gubernamental. Sin embargo, tras analizar el material registrado, la Fiscalía concluyó que no existió delito alguno y solicitó el archivo de la causa al juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver de manera definitiva el expediente. Según reveló la periodista Martina Garbarz, el dictamen de Pollicita sostuvo que en las imágenes “no hubo revelación de secretos políticos ni militares”, uno de los puntos centrales planteados en la denuncia oficial. “Las imágenes muestran únicamente espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público, sin que se haya acreditado la captación o difusión de secretos, ni verificado una perturbación sustancial de la seguridad nacional”, señala el escrito del fiscal. En el mismo sentido, el dictamen agrega que “todo lo cual permite descartar la relevancia jurídico-penal de los sucesos bajo análisis”. Pollicita también remarcó que existen distintas fuentes públicas, como Google Maps, que exhiben imágenes similares a las captadas por los periodistas dentro de la Casa Rosada. “El periodista Salerno, a lo largo de la grabación obtenida mediante lentes inteligentes, captó imágenes similares a las ya dadas a conocer al público en general”, sostuvo el fiscal. Además, descartó que el material difundido incluyera áreas sensibles o reservadas del edificio gubernamental. “La actividad efectivamente realizada no se condice con la referida en la denuncia, en tanto no se obtuvieron ni revelaron al público imágenes que exhiban espacios secretos ni compatibles con la inspección de despachos”, añadió. La polémica había generado tensión entre el Gobierno y los medios acreditados en Casa Rosada. Tras la difusión de las grabaciones, el Ejecutivo restringió temporalmente el ingreso de periodistas a la sede gubernamental y mantuvo cerrada la sala de prensa durante una semana, hasta su posterior reapertura. elDiarioAR

“La primera denuncia realizada la hace el director del Hospital de Quitilipi”, aseguró la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, quién encabezó la conferencia de prensa este miércoles. “Nuestro Gobierno informa la verdad y la transparencia en cada situación que atravesamos, a diferencia de épocas anteriores en donde la verdad y la información se tapaba”, afirmó. La secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño, acompañada por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico y el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, brindó este miércoles un conferencia de prensa para informar las acciones impulsadas por el Gobierno del Chaco desde el momento en que se tomó conocimiento del caso de una falsa profesional médica que habría desempeñado funciones en establecimientos sanitarios de la provincia. “Nuestro Gobierno informa la verdad y la transparencia en cada situación que atravesamos, a diferencia de épocas anteriores en donde la verdad y la información “se tapaba”. “La primera denuncia realizada la hace el director del Hospital de Quitilipi, la segunda la hace el Ministerio de Salud del Chaco y la tercera la hace el director regional; no vamos a permitir que se confunda a la sociedad y mucho menos se utilice la información con fines políticos”, aseguró Meiriño. Durante el anuncio, Meiriño detalló la cronología de las actuaciones administrativas, judiciales y policiales realizadas para avanzar en la investigación y garantizar el esclarecimiento de los hechos.Según se informó, el 15 de abril de 2026, a las 9:05, el director del hospital de Quitilipi, Daniel Alfredo Acuña, elevó un informe a la Subsecretaría de Redes de Salud- Este, alertando que una mujer identificada como Mabel Ojeda realizaba guardias médicas de manera esporádica presentándose con la matrícula profesional N° 6822. Tras las averiguaciones preliminares, se constató que la persona señalada no mantenía relación formal de dependencia con el Ministerio de Salud Pública. De manera inmediata, la Subsecretaría solicitó un informe a la Dirección de Fiscalización Sanitaria para verificar la matrícula utilizada. Ese mismo día, la Dirección de Fiscalización Sanitaria confirmó que la matrícula correspondía a otro profesional médico, por lo que el Ministerio de Salud radicó la denuncia ante la Mesa Única de Ingreso y Trámite (MUIT), iniciándose el expediente judicial correspondiente por presunta estafa. Paralelamente, el jefe de la Región Sanitaria Nº 2, Dr. Di Nubila, realizó una denuncia policial por supuesta usurpación de título y honores, causa que quedó bajo intervención de la Fiscalía de Investigación Penal Nº 3 de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del fiscal subrogante Gustavo Rafael Valero. En el ámbito administrativo, la cartera sanitaria dispuso el inicio de una Información Sumaria mediante la disposición Nº 351/26, con el objetivo de determinar posibles responsabilidades internas y avanzar con el procedimiento correspondiente. Asimismo, y de manera preventiva para garantizar una investigación objetiva e imparcial, se resolvió separar preventivamente de sus cargos al director de la Región Sanitaria 2 y al director del hospital de Quitilipi. Posteriormente, a partir de la denuncia judicial, el fiscal interviniente ordenó allanamientos, la aprehensión provincial y el pedido de captura nacional de Lidia Mabel Ojeda. En este marco, el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chaco llevaron adelante un operativo de búsqueda que permitió localizar a la acusada el 27 de abril en la provincia de Buenos Aires. Luego de las actuaciones judiciales correspondientes, la mujer fue trasladada a la provincia del Chaco el pasado 8 de mayo para quedar a disposición de la Justicia. El gobierno como querellante Además informar que “Nos hemos constituido como querellantes en esta causa” y remarcó que desde el primer momento el Gobierno provincial activó todos los mecanismos institucionales necesarios para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan ante la Justicia.“Desde el primer momento en que se advirtió la situación denunciada, el Gobierno de la Provincia articuló todos los resortes necesarios con el único objetivo de llegar a la verdad real y que quienes resulten responsables respondan conforme lo resuelva la Justicia, aplicándose el rigor de la ley”, concluyó.

La Secretaría de Trabajo oficializó el acuerdo salarial del sector agrario en el marco de la Ley de Modernización Laboral. Sandra Pettovello destacó que se trata de “un paso clave” hacia un sistema de negociación colectiva “más moderno, ágil y transparente”. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, anunció la homologación de la primera paritaria del peón rural formalizada bajo el nuevo régimen Ley de Modernización Laboral N° 27.802, donde la negociación colectiva se realiza directamente entre representantes sindicales y trabajadores. Anteriormente, los montos mínimos para los salarios de los trabajadores rurales eran determinadas por resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Según se informó en un comunicado oficial de Capital Humano, el acuerdo fue celebrado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y las entidades representativas del sector empleador: Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Federación Agraria Argentina (FAA). Los detalles del acuerdo La medida fija las remuneraciones mínimas para el personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario establecido por la Ley N° 26.727, además de distintas actividades específicas alcanzadas por el convenio. En concreto, alcanza al personal permanente de prestación continua, tractoristas, trabajadores porcinos, personal olivícola, aplicadores de fitosanitarios, empleados del sector cáñamo, riego presurizado y tareas de alambrado en Patagonia. El esquema salarial prevé incrementos escalonados entre marzo y julio de 2026 para la mayoría de las actividades, aunque en algunos sectores específicos la vigencia se extiende hasta agosto o septiembre. Para el personal permanente de prestación continua, categoría “Peones Generales”, el jornal mínimo pasó de $44.913,61 en marzo a $47.880,16 desde mayo y hasta julio, acompañado por sumas no remunerativas decrecientes. En términos mensuales, el salario básico alcanza desde mayo los $1.088.358,51, sin incluir adicionales por antigüedad o zona desfavorable. Uno de los puntos relevantes del acuerdo es que mantiene la metodología de negociación por “categoría testigo”, es decir, tomando determinadas categorías representativas como base para definir las escalas del resto de los trabajadores. Además, el acta ratifica beneficios ya previstos en el régimen agrario, como la bonificación por antigüedad – del 1% por año hasta los diez años y del 1,5% luego de ese período – y el adicional del 20% para quienes prestan tareas en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En cuanto a las actividades específicas, los trabajadores dedicados exclusivamente a tareas de aplicación de productos fitosanitarios tendrán desde mayo un salario mensual de $1.761.296,80 para la categoría “Peón auxiliar”, mientras que los conductores de equipos autopropulsados superarán los $2,5 millones mensuales. Por su parte, en la actividad olivícola los incrementos fueron pautados entre mayo y septiembre, con remuneraciones para personal de riego calificado que llegarán a $60.596,75 por jornal hacia julio. El acuerdo también incorpora una cláusula de revisión, mediante la cual las partes podrán reabrir la negociación salarial si las condiciones económicas afectan las remuneraciones pactadas. A su vez, se estableció una cuota de solidaridad sindical del 2% sobre las remuneraciones para los trabajadores no afiliados a UATRE, que deberá ser retenida por los empleadores durante toda la vigencia del convenio. Celebra el Gobierno Desde el Gobierno calificaron la decisión como “un hecho histórico” para la actividad, ya que es la primera vez que la negociación salarial del sector rural se formaliza mediante el régimen previsto por la Ley N° 14.250, con homologación de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Hasta la entrada en vigencia de la nueva normativa, las remuneraciones mínimas del sector eran determinadas mediante resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Con la reforma introducida por la Ley N° 27.802, las condiciones salariales pasan a acordarse entre las representaciones sindicales y empleadoras conforme al régimen de negociación colectiva vigente. Rechazo Sin embargo, desde UATRE cuestionaron el nuevo esquema. El secretario general del gremio, José Voytenco, afirmó que para el sindicato “no es ningún hecho histórico”, sino “una regresión en materia de negociación colectiva”. “Con el esquema anterior de la CNTA teníamos una negociación aceitada donde las resoluciones salariales salían en 48 horas. Pasaron 45 días con acuerdos cerrados de las partes y recién ayer salió la resolución, después de una tranca burocrática que impone el nuevo esquema de homologación”, sostuvo. Voytenco remarcó además que “el aumento homologado es a marzo” y advirtió que “la inflación se comió el aumento de los trabajadores rurales”. En esa línea, consideró que el nuevo sistema “es un traje a medida para el sector empresario y vuelve a cortar el hilo por lo más delgado: los trabajadores”. El dirigente sindical también sostuvo que la reforma implica “una regresividad en la negociación colectiva” y cuestionó que el nuevo régimen “no respeta las características propias del sector rural, como la estacionalidad”. Perfil

El efectivo policial se encuentra detenido e internado en un sanatorio de la capital chaqueña. La División Delitos Contra las Personas este miércoles por la mañana en el marco de la investigación por el femicidio de Graciela López y el homicidio de Luciano Alberto Etudie de 59 años, padre del detenido, realizaron un allanamiento en la vivienda del  Cabo Primero de Policía Luciano Etudie, ubicada en el barrio Mujeres Argentinas, de Resistencia. Durante la diligencia se secuestró una hoja con anotaciones manuscritas y un teléfono celular marca Samsung, de interés en la causa. El agente se encuentra aprehendido en la causa “Femicidio en concurso real con homicidio calificado por el vínculo agravado” y permanece internado en un Sanatorio céntrico en el área de terapia intensiva. La investigación continúa bajo la intervención del Equipo Fiscal Especial de Género Nº 11.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales para niños menores de 16 años, bloqueándoles el acceso a plataformas como TikTok y Alphabet (GOOGL.O)., YouTube y Meta (META.O), Instagram y Facebook. La prohibición surge en medio de la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud y la seguridad de los niños. Una ley histórica obligó a las principales plataformas de redes sociales a bloquear a los menores de 16 años a partir del 10 de diciembre de 2025, una de las regulaciones más estrictas del mundo dirigidas a las principales plataformas tecnológicas. Las empresas que no cumplan con la normativa podrían enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (34,9 millones de dólares estadounidenses). Gran Bretaña está considerando una prohibición de las redes sociales al estilo australiano y normas de seguridad más estrictas para los chatbots de IA dirigidos a niños menores de 16 años, que podría implementarse este mismo año, según declaró la ministra de Tecnología, Liz Kendall. El regulador del ciberespacio de China ha puesto en marcha un programa denominado “modo menor” que exige restricciones a nivel de dispositivo y reglas específicas para cada aplicación con el fin de limitar el tiempo de pantalla en función de la edad. Dinamarca anunció en noviembre que prohibiría las redes sociales a los menores de 15 años, aunque los padres podrían dar acceso a ciertas plataformas a niños de hasta 13 años. En enero, la Asamblea Nacional francesa aprobó una ley que prohíbe a los menores de 15 años el uso de redes sociales, ante la creciente preocupación por el acoso cibernético y los riesgos para la salud mental. El proyecto de ley debe ser aprobado por el Senado antes de la votación final en la Cámara Baja. Los menores de entre 13 y 16 años solo pueden usar las redes sociales con el consentimiento de sus padres. Sin embargo, los defensores de la protección infantil afirman que los controles son insuficientes. Grecia está “muy cerca” de anunciar la prohibición del uso de redes sociales para menores de 15 años, según declaró una fuente gubernamental de alto nivel a Reuters el 3 de febrero. El principal asesor económico de la India pidió en enero que se impusieran restricciones de edad en las plataformas de redes sociales, describiéndolas como “depredadoras” por la forma en que mantienen a los usuarios conectados en línea, dos días después de que el estado turístico de Goa dijera que estaba considerando restricciones similares a las de Australia. Los menores de 14 años necesitan el consentimiento de sus padres para crear cuentas en redes sociales, mientras que a partir de esa edad no se requiere ningún consentimiento. Malasia anunció en noviembre que prohibiría las redes sociales a los usuarios menores de 16 años a partir de 2026. En octubre de 2024, el gobierno noruego propuso elevar la edad a la que los niños pueden dar su consentimiento a los términos y condiciones necesarios para usar las redes sociales, de 13 a 15 años, aunque los padres aún podrían firmar en su nombre si son menores de esa edad. El gobierno también ha comenzado a trabajar en una legislación para establecer una edad mínima absoluta de 15 años para el uso de las redes sociales. El partido gobernante de Polonia está preparando una nueva legislación para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y para responsabilizar a las plataformas de la verificación de edad, según anunció el 27 de febrero. Eslovenia está elaborando una ley que prohibiría a los menores de 15 años acceder a las redes sociales, según declaró el viceprimer ministro Matej Arcon en una rueda de prensa el 6 de febrero. España seguirá adelante con nuevas normas para hacer que las redes sociales y la IA sean más seguras a pesar de la intensa presión de la industria tecnológica, según declaró a Reuters en mayo el ministro de Transformación Digital, Óscar López. En febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado que España prohibiría el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y que las plataformas estarían obligadas a implementar sistemas de verificación de edad. La legislación estadounidense destinada a obligar a las empresas de redes sociales a hacer más para proteger a los niños y adolescentes superó un obstáculo político clave después de que el senador republicano Ted Cruz dijera el 12 de mayo que apoyaría el proyecto de ley. En un evento en Washington, Cruz afirmó que respaldaría la Ley de Seguridad Infantil en Internet, la cual exigiría a las empresas de redes sociales “ejercer un cuidado razonable” al diseñar funciones que contribuyan a dañar a los menores, según el proyecto de ley. Esta legislación es independiente de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, vigente desde hace mucho tiempo, que prohíbe a las empresas recopilar datos personales de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. Varios estados han aprobado leyes que exigen el consentimiento paterno para que los menores accedan a las redes sociales, pero estas han enfrentado impugnaciones judiciales basadas en la libertad de expresión. Legislación de la UE El 12 de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la Unión Europea buscaría una mayor protección para los niños frente a las funciones dañinas de las redes sociales, abriendo la puerta a la imposición de límites de edad para los adolescentes en plataformas como TikTok, Meta y X. Von der Leyen afirmó que la Comisión se centraría en las “prácticas de diseño adictivas y perjudiciales” en su Ley de Equidad Digital, una ley prevista que se propondrá a finales de este año, mientras un panel de expertos prepara recomendaciones sobre cómo proceder. En noviembre, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que exige una edad mínima de 16 años para el uso de las redes sociales. Instó a que se estableciera un límite de edad digital armonizado

El ex gobernador de San Juan se reconoció como rival de Axel Kicillof y dijo que, en caso de ser Presidente, no indultará a Cristina Kirchner. El diputado nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció que será precandidato a presidente por el justicialismo, pidió “una interna” en ese partido para dirimir una nueva conducción y aseguró que en caso de llegar a la Casa Rosada “no indultará” a la ex presidenta Cristina Kirchner. “He tomado una decisión personal, y es la de ser candidato, manifestó Uñac durante una entrevista que le realizó el canal de streaming Blender, en la que reconoció que se ve hoy en día como el adversario natural del gobernador bonaerense Axel Kicillof. El ex mandatario sanjuanino explicó que se trata de una “decisión unilateral” y expresó que no se planteó ser candidato presidencial en el pasado “porque era gobernador”. Señaló que “hay dirigentes de peso” del peronismo que acompañan su postulación. “Hay dirigentes que en privado reconocen que el peronismo tiene que discutir candidaturas”, dijo y agregó que “el peronismo tiene que clarificar liderazgos y hacer una interna cerrada” para dirimir candidaturas antes de llegar a unas primarias PASO. Su propuesta de hacer una interna cerrada, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, le valió en marzo pasado una felicitación de la ex presidenta Cristina Kirchner. Respecto de la ex mandataria, que cumple prisión domiciliaria desde 2025, Uñac dijo que “está inhabilitada y eso ha afectado la conducción partidaria”, pero aclaró que no la indultaría porque sería “faltarle el respeto”, ya que ella mantiene su postura de inocencia en la denominada “Causa Vialidad”. De cara a la interna del peronismo, manifestó: “Solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados”. “Nuestra Carta Orgánica establece que la fórmula presidencial debe definirse mediante las PASO, lo cual en el calendario actual ubicaría esa definición en agosto del año electoral, o incluso después en caso de una eventual suspensión de las Primarias”, manifestó. Al mismo tiempo, sostuvo que no se arroga la representación del peronismo del interior del país, y advirtió que no debe verse una hipotética interna frente a Kicillof como una batalla entre el interior y la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires, y recalcó: “Es uno más otro”, remarcó.

Organizada por el CEJ, esta actividad tuvo como expositor a Germán Martín, fiscal de adolescentes de Neuquén, quien abordó el tema “Rol del Ministerio Público Fiscal: institutos alternativos y el rol de la víctima. Cesura del juicio y política criminal”. Estuvieron presentes Iride Isabel Grillo, jueza del STJ del Chaco y directora del CEJ y Alicia Alcalá, titular del MPD, además de más de 600 magistrados/as y funcionarios/as de poderes judiciales de todo el país. Vilma Almirón, jueza penal juvenil de Resistencia, presentó al disertante y destacó la notable convocatoria que concita el ciclo de capacitación, que en el encuentro de hoy reunió a más de 600 asistentes. “Estamos en buenas manos”Grillo agradeció a los capacitadores del ciclo y a Vilma Almirón por compartir “estos ámbitos de desafíos, coraje, firmeza y prudencia”. Además, ponderó la exposición de Martín y valoró la importancia de la capacitación en este tema, en especial para “quienes estamos en instancias de revisión de cada una de las decisiones que ustedes adopten”. “Como constitucionalista no quiero dejar de decir algo: esta normativa es corregible, revisable, falible, perfectible; es una obra humana, con debilidades y fortalezas”. Luego aseveró que “esta cuestión nos exige un desafío mayor, en términos de su aplicación, con prudencia, razonabilidad y justicia”. Asimismo, enfatizó la importancia de mantener la supremacía constitucional en la aplicación de esta normativa: “Esta normativa no es ley suprema de la Nación. Ninguna legislación de fondo, de forma o especial ordinaria, por más importante que sea, por más que tienda a dar respuestas a temas muy sensibles, forma parte del catálogo de leyes supremas al que alude el artículo 31, en su versión original de la Constitución Nacional, aún vigente”, aseveró. Luego insistió: “Los abogados y abogadas vamos por la normativa constitucional y convencional suprema”. “En estas últimas décadas de estudios intensivos y capacitaciones, fuimos un país a la vanguardia en materia de derechos humanos y derechos fundamentales, que han sido fortalecidos en nuestra democracia”, afirmó. “Estoy segura, como constitucionalista, como ciudadana soberana y como jueza, de que estamos en buenas manos. Son las manos de la Justicia las que van a saber cómo decidir y cómo dar justicia en cada caso sometido a nuestro conocimiento y decisión. Y sé que estamos en buenas manos”, concluyó. “Conversar sobre la política criminal detrás del texto”Martín propuso analizar la Ley 27.801 “por lo que dice, lo que no dice y lo que deroga. Y empezar a conversar sobre la política criminal que hay detrás del texto”. También reflexionó sobre la exigencia de adecuación procesal y jurídica que demanda la implementación de la normativa. “La idea es realizar un recorrido panorámico por la ley, tomar los ejes transversales y sus principios rectores generales”, expresó, al plantear que “es la ley que tenemos”. Además, se refirió al proyecto provincial de adecuación a la ley en Neuquén y a la posibilidad de que esa iniciativa resulte de utilidad para otras provincias.

La medida fue formalizada mediante las Disposiciones 7/2026 y 8/2026 publicadas en el Boletín Oficial. En Chaco, 30 de los 61 radares fijos homologados ya no estaban en las ubicaciones declaradas. En Corrientes, el propio municipio de Santo Tomé pidió la baja de dos dispositivos móviles en la Ruta 14. Así, Corrientes está ahora entre las provincias donde dieron de baja radares en rutas nacionales por irregularidades A través de las Disposiciones 121, 122 y 123/2026, así como las normativas 7 y 8 emitidas recientemente, el Gobierno nacional detalló los puntos geográficos donde los cinemómetros dejarán de funcionar de manera definitiva. Esta limpieza del sistema de control es parte de un plan integral que exige documentación técnica actualizada y presencia física real de los dispositivos en los lugares donde fueron declarados originalmente. En el caso de Corrientes la disposición 8/2026 ordenó la baja de dos radares móviles que estaban ubicados sobre la Ruta Nacional 14, entre los kilómetros 684 y 687 en la localidad de Santo Tomé. Corrientes Hoy

Varios establecimientos educativos de la vecina provincia, puntualmente del interior correntino, realizan a través de redes sociales, colectas y campañas solidarias para conseguir mercaderías. La semana pasada varios establecimientos fueron notificados que no recibirán más insumos para la copa de leche y almuerzo. Desde leche en polvo a pan y azúcar. Varios establecimientos educativos correntinos iniciaron pedidos a sus comunidades, para intentar no interrumpir la entrega de la copa de leche (desayuno) y almuerzo que se da a niños y niñas en las escuelas. Lo que empezó hace meses como cuestiones aisladas, se convirtió en tendencia en las últimas semanas ya que muchas escuelas correntinas fueron notificadas que dejarán de recibir insumos para el desayuno y almuerzo a sus alumnos. Se trata de un fuerte ajuste que se realiza desde el gobierno nacional y en algunos casos, no puede ser cubierto por el Gobierno provincial y mucho menos por los municipios. Corrientes Hoy