La Cámara Federal de San Martín revocó un fallo de primera instancia y ordenó al Ministerio de Salud y a la ex Agencia Nacional de Discapacidad garantizar al 100% la provisión de un medicamento para paciente con ELA. Y advirtió que las demoras administrativas no pueden prevalecer sobre el derecho a la salud y a la vida. Los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones revocaron una resolución de primera instancia que había rechazado el pedido cautelar y consideraron que, en casos como el analizado, “debe prevalecer el derecho a la salud y a la vida por sobre cuestiones administrativas o burocráticas” El tribunal hizo lugar a una medida cautelar y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación y a la Secretaría Nacional de Discapacidad – ex ANDIS – que brinden la cobertura integral del medicamento Riluzol a un paciente diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). En el fallo, los jueces señalaron que la patología que padece el paciente es una enfermedad poco frecuente, de curso progresivo e irreversible, y que la dilación en el acceso al tratamiento “profundiza el cuadro clínico”. La Cámara advirtió que mientras se dilataban definiciones internas, la enfermedad avanzaba de manera irreversible. “La dilación en el acceso al tratamiento profundiza el cuadro clínico”, señalaron los jueces, y destacaron que en este tipo de casos “resulta indiscutible la primacía del derecho a la salud y a la vida” En el expediente se destacó que el paciente había presentado la documentación médica correspondiente y que tanto el Ministerio de Salud como la ex ANDIS fueron intimados mediante cartas documento en octubre de 2025 para que provean el medicamento, sin obtener respuesta. Esa circunstancia, indicaron, acredita “prima facie la toma de conocimiento de la necesidad prestacional del actor por parte de ambos organismos”. Exhortan a trámites más simples El tribunal también puso el foco en la reorganización administrativa dispuesta por el Decreto 942/2025, que centralizó la Agencia Nacional de Discapacidad dentro del Ministerio de Salud. Según el fallo, esa modificación debería permitir que el trámite “resulte más simple, dinámico y eficaz”, sin que subsistan “obstáculos derivados de cuestiones internas y/o burocráticas de competencia”. Al analizar los requisitos para la procedencia de la cautelar, los jueces recordaron que, cuando está en juego la salud de una persona, el criterio debe ser menos riguroso. En ese marco, remarcaron que la indicación del tratamiento corresponde al médico tratante y que la falta de cobertura puede generar “perjuicios irreparables”, incluso poner en riesgo la vida del paciente. Finalmente, la Cámara ordenó que el Estado nacional provea “la cobertura integral y al 100% del fármaco ‘Riluzol’, conforme lo indicado por el galeno que asiste” al paciente. Ámbito
Autor: Redacción General
En la vecina provincia, los trabajadores estatales atraviesan un momento de tensión con el Gobierno liderado por Juan Pablo Valdés, por la demora en la actualización de los salarios. El Ejecutivo advierte que los aumentos dependen de recursos nacionales, mientras los trabajadores reclaman recomposiciones urgentes. Desde la gestión señalaron que los aumentos dependen de la llegada de recursos nacionales, lo que generó preocupación y reclamos por parte de los sindicatos locales. Los estatales advierten que la falta de recomposición impacta directamente en su poder adquisitivo, en un contexto de inflación elevada y aumento de los gastos cotidianos. Ante esta situación, los gremios exigen medidas concretas para garantizar mejoras salariales y evitar la pérdida de capacidad de compra de los empleados públicos. Negociación abierta, con modo alerta activado La negociación con la administración provincial se mantiene abierta, pero el escenario fiscal de Corrientes complica la posibilidad de otorgar aumentos sin apoyo externo. Los sindicatos advierten que seguirán de cerca la situación y evaluarán medidas de presión si no se producen avances. El conflicto refleja un contexto más amplio: los recursos provinciales resultan insuficientes para cubrir las demandas salariales, y los trabajadores buscan asegurar condiciones dignas mientras la provincia atraviesa limitaciones presupuestarias. Mundo Gremial
Esta cifra equivale a la pérdida de un empleo cada tres minutos. Los datos surgen de un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía. Desde el inicio del mandato de Javier Milei se perdieron casi 320.000 empleos formales. Este escenario se combina con una caída vertical de los ingresos. El panorama que arroja el inicio de 2026 expone la cara más dura de un modelo económico que consolida el ajuste a costa del tejido social y productivo del país. La situación del mercado laboral es el indicador más alarmante: desde el inicio del mandato de Javier Milei se perdieron casi 320.000 empleos formales, según el informe de coyuntura de enero de 2026 elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate). El análisis desarrollado por los investigadores Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich revela que la destrucción del empleo formal y el endeudamiento de las familias se convirtieron en las dos caras de una misma moneda. Los investigadores repasan una cifra que ilustra una sangría constante: se destruyen 462 puestos de trabajo cada día, lo que equivale a la pérdida de un empleo cada tres minutos. Esta destrucción ensaña su impacto en el sector privado, con más de 194.000 bajas, seguido por el sector público con 96.000 y el ámbito de las casas particulares con 29.000 despidos acumulados. Este fenómeno responde a una “crisis histórica para la industria”, donde sectores como la metalmecánica y la automotriz registran caídas superiores al 20 %, asfixiados por el desplome del consumo y el reemplazo de producción nacional por importaciones, que alcanzaron un récord absoluto en 2025. Este escenario se combina con una caída vertical de los ingresos. El salario real en el sector público retrocedió 20 % respecto a 2023, lo que representa una pérdida acumulada promedio de 10 millones de pesos por cada trabajador estatal. El sector privado no ha quedado exento, con una caída real del 6 % y una pérdida de casi 2 millones de pesos por trabajador. Si se suma que el poder de compra de las jubilaciones es hoy un 23 % menor -llegando al 28 % de pérdida en las mínimas -, el resultado es una transferencia masiva de ingresos desde los asalariados hacia otros sectores, calculada por los autores del informe en 67,2 billones de pesos. Finalmente, el informe destaca que este modelo sobrevive mediante un fuerte incremento de la deuda pública y privada para financiar la fuga de excedentes, mientras el Estado “ahorró” 107,7 billones de pesos mediante recortes brutales en obra pública, jubilaciones y educación. El análisis de los investigadores de Mate concluye que, mientras se desplazan las actividades generadoras de valor agregado, se consolida un esquema de “negocio financiero y reprimarización” que no logra cerrar sin auxilio externo constante. Infogremiales
El titular de AMET, Norberto Piñero, cuestionó el aislamiento del Gobierno provincial respecto de los gremios docentes, reclamó la restitución de la cláusula gatillo, una recomposición salarial y la convocatoria al diálogo institucional. También expresó preocupación por los descuentos por días de paro, el presentismo y el funcionamiento del InSSSeP. En diálogo con CIUDAD TV, afirmó: “Estoy muy preocupado porque tengo una historia en la defensa de los trabajadores y no recuerdo un gobierno que se haya aislado como se aisló este gobierno de los representantes de los trabajadores y de los trabajadores”. Piñero sostuvo que el argumento oficial para evitar el diálogo “no es verdad” y cuestionó las acusaciones sobre una supuesta falta de compromiso sindical con la calidad educativa. “Es mentira que nosotros no trabajamos en calidad educativa, es desconocer la historia gremial de los sindicatos en la provincia. Nosotros hemos trabajado incluso con distintos gobiernos de distinto signo político, siempre hemos trabajado”, aseguró. En ese sentido, advirtió que cuando desde el Ejecutivo se sostiene que no vale la pena dialogar con los gremios “está marcando un desconocimiento tremendo de lo que han sido los sindicatos” y consideró que ese discurso busca “desmerecer el trabajo gremial y lograr que los docentes y la comunidad tomen posiciones en contra de los trabajadores”. El dirigente vinculó esta postura con una estrategia política más amplia. “Si este gobierno nacional y provincial no logra atacar a los sindicatos y tratar de imponer la metodología de política que están llevando adelante va a ser imposible. De ese lado es entendible, es parte de la política de la derecha atacar a las instituciones”, afirmó. Y agregó: “Una vez que se destruye a las organizaciones o se las ataca de diversas maneras, en general con mentiras, lo que se logra es destruirlas y a partir de eso los trabajadores se encuentran en una situación de desprotección”. En relación al reclamo salarial, Piñero señaló que esperan una definición judicial sobre la cláusula gatillo. “Pretendemos que la Justicia se expida, el Superior Tribunal, con respecto a la cláusula gatillo, porque ha formado parte de nuestro sueldo, no dos meses, sino años, ha sido otorgado normalmente y ya estaba incluido en lo que era el salario del trabajador”, explicó. “Nosotros creemos que el salario del trabajador tiene que ser respetado”, remarcó. También reclamó que la Justicia obligue al Estado a retomar los ámbitos de negociación. “Necesitamos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, necesitamos que funcione la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Esto ha dejado de funcionar por exclusiva responsabilidad y decisión de este gobierno”, sostuvo, y definió a la vía judicial como “un camino importante ante la sordera del Estado”. “Tenemos un Estado que no solo paga sueldos escasos, sino que hace que formen parte del sueldo sumas que responden a la presencia del trabajador en las aulas. Incluso hay un ítem que por ser enero no se le va a pagar al trabajador, que es el famoso presentismo”, señaló. A esto sumó el aumento de los descuentos de la obra social provincial: “Nos aumentan los descuentos del InSSSeP. El InSSSeP hoy no sirve para nada. Tenemos gente que se está muriendo”. Sobre la situación económica, advirtió que “no da para más” y afirmó que muchos trabajadores no logran cubrir sus compromisos básicos. “Si un trabajador cobra el sueldo y no le alcanza para pagar sus deudas siquiera, la situación es caótica”, expresó. En cuanto al diálogo con el Gobierno provincial, Piñero fue categórico: “Tengo cero esperanza con respecto al Estado provincial. Tengo cero esperanza de diálogo, cero esperanza con la ministra que ha demostrado ser una atacadora serial hacia los sindicatos”. También apuntó contra el gobernador y aseguró que los salarios permanecen congelados desde hace un año, con una pérdida estimada “de unos 150.000 pesos” para el nivel inicial. Consultado sobre la posibilidad de medidas de fuerza, consideró que “la cuestión del paro se va a imponer”, aunque aclaró que el hecho de asistir a trabajar no implica conformidad. “No quiere decir que la gente no haga paro y esté contenta con su salario, eso no existe”, afirmó. Por último, indicó que las decisiones se definirán junto a las bases. “Vamos a tener conversaciones con los trabajadores y vamos a tomar las decisiones a partir de eso”, concluyó.
Un informe de la Consultora Politikón analiza la evolución del VAB provincial para el período 2014–20241, tomando como fuente los datos armonizados de la CEPAL, con el objetivo de reconstruir la trayectoria económica de las provincias argentinas a lo largo de la última década. En este período, entre 14 provincias, Río Negro (-0,8%) y Buenos Aires (-1,3%) muestran los descensos más leves. En Chaco fue de -8,0%. El Valor Agregado Bruto (VAB) provincial constituye uno de los indicadores más relevantes para analizar el desempeño económico subnacional, en tanto permite medir la riqueza generada por las distintas actividades productivas dentro de cada jurisdicción. Conceptualmente, el VAB surge de la diferencia entre el valor de la producción y el consumo intermedio, reflejando el aporte neto de cada sector a la economía. A nivel agregado, la suma del VAB de todas las actividades, más los impuestos netos de subsidios sobre los productos, conforma el Producto Bruto Geográfico (PBG), lo que convierte al VAB en su principal componente explicativo y en una herramienta clave para evaluar la dinámica del crecimiento territorial. En este sentido, existe una correlación directa y estructural entre el VAB y el PBG provincial: mientras el primero permite observar con mayor detalle el comportamiento sectorial y la generación de valor dentro de cada economía local, el segundo sintetiza ese proceso en un indicador único de producción total. Por ello, el análisis del VAB ofrece una mirada más fina sobre los motores del crecimiento (o del estancamiento), permitiendo identificar cambios en la matriz productiva, variaciones en la intensidad del capital y el trabajo, y diferencias en los ritmos de expansión entre provincias. Esta aproximación resulta particularmente útil en un país como Argentina, caracterizado por fuertes heterogeneidades regionales. El informe analiza la evolución del VAB provincial para el período 2014–20241, tomando como fuente los datos armonizados de la CEPAL, con el objetivo de reconstruir la trayectoria económica de las provincias argentinas a lo largo de la última década. Se trata de un lapso especialmente relevante, atravesado por múltiples shocks macroeconómicos, episodios recesivos, cambios de régimen de política económica y el impacto extraordinario de la pandemia, factores que dejaron huellas profundas y desiguales en las economías subnacionales. La elección de este horizonte temporal permite, además, capturar tanto las fases de contracción como los ciclos parciales de recuperación, ofreciendo una perspectiva de mediano plazo sobre el desempeño productivo territorial. A partir de esta base, el informe busca explicar cómo evolucionó la generación de valor agregado en cada provincia, qué tan sincronizados estuvieron esos movimientos con la dinámica nacional y cuáles fueron las brechas que se consolidaron o ampliaron entre regiones. De este modo, la evolución del VAB se presenta como una herramienta central para comprender la performance económica reciente del país desde una perspectiva federal, poniendo en primer plano el rol de los territorios en la dinámica del desarrollo argentino. Si se observa la participación de los VAB provinciales sobre el total nacional, se puede analizar el tamaño de las economías pero también el grado de incremento o reducción de su nivel. En el año 2014, entre Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe explicaban el 69,5% del total país, pero hacia 2024 redujeron esa participación al 68,5%: esto se explica por las reducciones registrados en Buenos Aires (-0,4 puntos porcentuales de participación) y CABA (-0,9 p.p.), mientras que Córdoba se mantuvo constante y Santa Fe incrementó levemente (+0,3 puntos). Aún con estos cambios, no se registraron modificaciones en el posicionamiento de estas provincias en el ranking de distritos. Los cambios en el posicionamiento relativo aparecen luego: en 2014, Mendoza era la quinta economía más grande con una participación del 3,6%, pero cayó al sexto lugar en 2024 (-0,3 p.p); y Entre Ríos era la sexta más grande en 2014 y pasó al séptimo lugar en 2024, pese a incrementar levemente su nivel de participación (+0,1 p.p). Este movimiento estuvo explicado por la situación de Neuquén: pasó de ser la séptima mayor economía en 2014 (con 2,3% de participación) a ser la quinta en 2024 (con 4,4%), mostrando un crecimiento de 2,1 puntos en la última década, la mayor de todo el país. En el resto de las provincias se observaron también cambios con alta heterogeneidad: por caso, Salta mostró un crecimiento 0,2 puntos porcentuales de participación en los últimos diez años y, por el contrario, Santa Cruz presentó el descenso más importante con una pérdida de 0,3 puntos de participación en el total nacional. Así como las provincias más grandes mantuvieron su posicionamiento (aún con cambios en pesos relativos), pasó lo mismo con las provincias con economías más chicas: tanto en 2014 como en 2024, Catamarca, La Rioja y Formosa se posicionan al fondo de la tabla. Hubo una alta disparidad entre los resultados provinciales en 2024 vs. el año 2014, pero en ese marco se puede identificar a la gran ganadora de la década: la provincia de Neuquén exhibió un incremento del 93,3% de su VAB, siendo el mayor crecimiento del todo el país y con una amplísima distancia sobre el resto. Esta suba estuvo apoyada, fundamentalmente, en un fenomenal incremento del 195,9% en el sector de Explotación de Minas y Canteras por expansión de la actividad de Vaca Muerta; de hecho, este sector explicaba el 36% del VAB neuquino en 2014 y pasó a representar el 57% en 2024. Sin embargo, no fue la única: también Salta y Jujuy (+10,3% y +10,2% respectivamente) mostraron subas de doble dígito; en el caso salteño, la suba se apoyo principalmente en la Enseñanza y la Construcción, mientras que en el caso jujeño se dio sobre todo por expansión de la actividad minera. Otras seis provincias tuvieron también alzas de sus VAB en la última década: La Pampa (8,2%), Santa Fe con (3,7%), Misiones (2,3%), Entre Ríos (2,1%), Tucumán (1,5%) y Corrientes (0,8%), mientras que Córdoba se mantuvo estable(0,0%). Por el contrario, otras catorce jurisdicciones subnacionales mostraron descensos de sus economías: en Río Negro (-0,8%) y Buenos Aires (-1,3%) se observan las más leves, pero
Ocurrió cerca del mediodía de este miércoles en Villa Don Andrés tras realizar el seguimiento a un Chevrolet Ónix, color azul, conducido por un presunto dealer. En el procedimiento tres personas fueron detenidas luego intentar huir y volcar en el automovil en el que viajaban. Efectivos del Departamento Operaciones de la Policía del Chaco protagonizaron una persecución que culminó con el secuestro de estupefacientes y la detención de tres sospechosos. Cerca de las 11:00 de la mañana, los agentes motorizados que patrullaban la zona sur de Resistencia divisaron un Chevrolet Onix, color azul, que circulaba a gran velocidad por las inmediaciones de Villa Don Andrés. Ante la actitud sospechosa y la negativa del conductor a detener la marcha, se inició un seguimiento que se extendió por varias cuadras. La persecución terminó en la intersección de las calles Julio Acosta y Honduras, donde los sospechosos volcaron y efectivos lograron cercar el vehículo. Al realizar la requisa correspondiente, el personal policial halló en poder de los sujetos más de 100 gramos de una sustancia blanquecina. Ante la presunción de que se trataba de drogas, se solicitó la intervención de la Dirección Antinarcóticos. Los peritos químicos realizaron las pruebas de campo (narcotest), las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína. Por orden de la fiscalía en turno, los involucrados fueron notificados de su aprehensión bajo la causa de “Supuesta Infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes”.
Este miércoles, el gobernador Leandro Zdero, estuvo en Cuaglia La Casa de los Radiadores, ubicada en Julio A. Roca 935 en Resistencia, una empresa con más de 75 años de trayectoria en el rubro automotor. Zdero destacó la importancia de acompañar a las pequeñas y medianas empresas para generar nuevas oportunidades laborales. “Seguimos firmes en esta idea de fomentar el trabajo y el crecimiento, acompañando al sector privado en una alianza estratégica. Desde el Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Trabajo, queremos continuar este proceso para que las empresas puedan seguir incorporando nuevos puestos laborales”, expresó. El mandatario, acompañado del ministro de Gobierno, Julio Ferro, la subsecretaria de Trabajo, Noel Ibarra y la diputada provincial Mayra Jarenko, explicó que Impulsar Chaco es una plataforma que integra a jóvenes, personas mayores de 40 años, personas con discapacidad y a quienes se encuentran en proceso de recuperación por consumos problemáticos, a través del programa Fortaleza. “Es una herramienta que funciona y que demuestra que esta articulación entre el Estado y el sector privado permite generar empleo genuino. Ya visitamos varias pymes que incorporaron personal mediante este programa y el desafío es llegar a cada rincón de la provincia”, señaló Zdero. “Creemos en la cultura del trabajo” Por su parte, Walter Benamu, propietario de Cuaglia Radiadores, valoró el acompañamiento del Estado provincial. “La empresa tiene 75 años de vida y yo hace 40 que estoy acá. Es la primera vez que el Estado se hace presente para ayudar al sector privado, y eso es importantísimo”, afirmó. Benamu resaltó que, gracias a Impulsar Chaco, incorporaron trabajadores a los que capacitan en refrigeración automotor, ventas y organización de depósitos. “Es muy importante que los jóvenes puedan tener un sueldo, mantener a su familia y crecer trabajando. Creemos en la cultura del trabajo, no en esperar un plan. Notamos un cambio positivo en la mentalidad de los jóvenes, y creemos que el respaldo del Estado provincial es clave para eso”, sostuvo. Por último, uno de los trabajadores incorporados, Jorge, contó su experiencia: “Llegué a través del programa Impulsar Chaco y estoy muy agradecido porque se me abrió una puerta. Estoy trabajando hace un año y estoy muy contento. Agradezco a la empresa y al gobernador por impulsar este programa”. Finalmente, Jorge alentó a otros jóvenes a no bajar los brazos: “Que sigan buscando oportunidades. Gracias a lo que creó el Gobierno hoy puedo trabajar y estoy muy agradecido por eso”.
Bajo la consigna ”No van a ver a los trabajadores de rodillas, les sobra coraje y dignidad”, se reunieron más de 35 gremios industriales que conforman la CSIRA. Allí rechazaron la Reforma laboral y anticiparon protestas. Además aseguraron que desde el gobierno “cambian las reglas para que pierdan los trabajadores”. Junto al Consejo Directivo de la CSIRA estuvieron el senador Mariano Recalde, la diputada y sindicalista Vanesa Siley y el abogado laboralista, Álvaro Ruiz. Allí debatieron los distintos motivos por los cuales este proyecto de ley que envió el ejecutivo es “tremendamente perjudicial para los trabajadores”. “Son todas mentiras creer que estas reformas laborales generan empleo”, remarcó Recalde, “con el abaratamiento del trabajo, creció la desocupación y, paradójicamente, en el momento que en la Argentina hubo doble indemnización, fue cuando más empleo se creó, y el índice de desempleo fue uno de los más bajos” enfatizó el senador. Por otro lado, los oradores coincidieron en que el gobierno busca “debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario”, produciendo leyes que son “contrarias a nuestra Constitución”. “Quieren limitar el derecho de huelga para quitarle a los trabajadores una herramienta de acción y de presión” remarcaron. Por su parte, la diputada nacional Vanesa Siley subrayó que esta reforma “facilita los despidos, no crea empleo” y agregó: “sabemos el país que queremos, con más industrias, con justicia social, con una movilidad social ascendente que le devuelva al trabajador su dignidad y respetando todos sus derechos”. En el intercambio de ideas, se remarcó que esta reforma también plantea la quita del 1% de los aportes a las obras sociales “para dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras”. “Las obras sociales ya están en agonía con los terribles costos de la medicina y los medicamento, para sumarle ahora un nuevo daño a la recaudación”. El experto laboralista, Álvaro Ruiz, fue contundente al expresa que “quieren matar a la Justicia Nacional del Trabajo y reducirla a una simple justicia vecinal, como así también dejar de lado muchas doctrinas y jurisprudencias” y agregó: “la creación de empleo tiene que ver con la expansión de la economía y con el modelo económico y no con las leyes laborales; pensar eso es retrógrado”. Cerró el encuentro Mario Manrique, de la SMATA, advirtiendo que “este gobierno quiere romperle la columna vertebral al peronismo y no va a poder, porque nos va a encontrar a todos unidos defendiendo los derechos de los trabajadores que otras vez quieren ser vulnerados; no van a ver a los trabajadores de rodilla, les sobra coraje y dignidad” expresó; “la gente empezó a darse cuenta lo que está en juego en este momento y sabrán cuidar lo que tanto les costó. También les mandamos un mensaje a los gobernadores: ojo que los laburantes también votamos….”, concluyó. Estuvieron presentes los miembros del Consejo Directivo de la CSIRA, Ricardo Pignanelli (SMATA), Héctor Ponce (ATILRA), Pablo Flores (AEFIP), Gerardo Martinez (UOCRA), Pedro Peger y Marta Graña (UATRE), Héctor Laplace (AOMA), Juan Antonio Speroni (SAON), Agustín Amicone (UTICRA), Cristián Jerónimo, (Co-Titular de la CGT), Soledad Calle (UOM) y el Secretario Gremial, Hugo Enrique Benitez (AOTRA), entre otros. La CSIRA es una entidad que agrupa a más de 30 gremios industriales de todo el país, incluyendo la SMATA, UOM, UOCRA y ATILRA, y liderada por Ricardo Pignanelli. Busca proteger la producción nacional y el empleo industrial frente a políticas económicas de ajuste. A denunciado el proceso de “desindustrialización inducida” e “industricidio” que vive el país; como alertar sobre la destrucción de miles de puestos de trabajo industrial y el cierre de PyMes. Infogremiales
Los jueces federales Juan Manuel Iglesias, Fabián Cardozo y Eduardo Belforte dieron a conocer los extensos fundamentos de la sentencia condenatoria contra el clan Hipperdinger y su red de cómplices, acusados de defraudar al Estado con fondos destinados a los más vulnerables. El documento, de más de 700 páginas, detalla con rigor el funcionamiento de una organización criminal que durante años desvió millones de pesos de programas de vivienda para pueblos originarios y comunidades rurales del Chaco. La investigación judicial, que se inició a partir de denuncias de la ex legisladora Ana María Canata y el periodista Luis Alberto Mancini, expone una trama sistemática orquestada desde la Municipalidad de Villa Río Bermejito. Los principales condenados, el ex secretario de Gobierno José Héctor Hipperdinger y su hijo, el asesor legal Héctor Adrián Hipperdinger, junto al ya fallecido intendente Lorenzo Heffner, crearon una red de cooperativas de trabajo ficticias para captar los fondos federales. Según los fundamentos, la organización utilizó como herramienta principal la “Federación de Cooperativas del Impenetrable Chaqueño Ltda.”, una entidad que agrupaba siete cooperativas irregulares. Esta federación, bajo el control absoluto de los Hipperdinger, funcionó como un mero canal para recibir las transferencias del Estado, mientras las obras de viviendas jamás se ejecutaban o se realizaban de manera precaria y defectuosa. El fallo describe con lujo de detalles el mecanismo de desvío de fondos. Los dineros, transferidos por Nación a las cuentas municipales, eran extraídos mediante cheques librados a nombre del propio municipio, pero cobrados personalmente en ventanilla por el intendente Heffner o por José Hipperdinger. Esta maniobra, que burlaba todo control, les permitió disponer físicamente de más de 219 millones de pesos entre 2011 y 2018. La magnitud del fraude quedó al descubierto con las inspecciones de Gendarmería Nacional y auditorías del Tribunal de Cuentas. Los peritos constataron que en las coordenadas donde debían existir viviendas solo había terrenos baldíos, que se informaban ubicaciones duplicadas, y que las pocas casas construidas presentaban graves deficiencias: falta de instalaciones sanitarias y eléctricas, materiales de ínfima calidad y estructuras incompletas. En algunos casos, los supuestos beneficiarios declararon nunca haber recibido una vivienda. El enriquecimiento ilícito de los acusados fue exponencial. Con el dinero de los programas sociales, el clan Hipperdinger construyó un barrio privado de cabañas de lujo –utilizando el prototipo de vivienda social– que alquilaba como complejo turístico, adquirió hoteles, estaciones de servicio, supermercados, numerosos vehículos de alta gama y extensas propiedades. La sentencia fundamenta que estos bienes constituyen el resultado de un sofisticado lavado de activos. Además de José (15 años de prisión) y Héctor Adrián Hipperdinger (13 años de prisión), fueron condenados otros miembros de la familia y colaboradores, como Rosana Giménez –ex concejal y exesposa de José– a 13 años de prisión, Rolando Oscar Hipperdinger, David Ricardo Lescano –sobrino de Heffner– y a las hermanas Silvia y Alejandra Hipperdinger y Nanci Beatriz Giménez -en los tres casos a tres años de prisión condicional-, quienes cumplieron roles clave en la simulación de contratos, la administración de empresas pantalla y la adquisición de bienes con dinero de origen ilícito. Los jueces destacaron la “afianzamiento estructural y profundo” de la corrupción en la Municipalidad de Villa Río Bermejito, que permitió el vaciamiento del erario público durante años. La sentencia subraya la especial gravedad de los hechos, ya que los fondos defraudados estaban destinados a paliar la emergencia habitacional y humanitaria de comunidades indígenas qom, sumidas en la pobreza extrema y la vulneración sistemática de sus derechos.
El titular de la APA, Jorge Pilar, precisó que, tras el desvío de parte del caudal del río Negro, el agua se dirige hacia el este de la Ruta Nacional N° 11, donde se encuentran los Bajos del Tacuarí, una región en la que la producción ganadera venía manifestando un marcado déficit hídrico debido a la falta de precipitaciones. De esta manera, el agua derivada permite recargar reservorios y bajos naturales, lo que contribuirá a atravesar sin inconvenientes un otoño que podría presentarse con escasas lluvias. Especialistas de la Administración Provincial del Agua (APA) llevan adelante tareas de control y manejo hídrico del caudal del río Negro mediante la operación de la Obra de Control de Laguna Blanca, ante el significativo incremento del caudal proveniente de la alta cuenca como consecuencia de las abundantes lluvias registradas en las últimas semanas. Esta situación motivó la aplicación del manual de operación de la obra, con el objetivo prioritario de resguardar su integridad estructural. En una primera instancia, se dispuso el cierre parcial de las compuertas, lo que permitió derivar parte del caudal hacia la cuenca del río Salado, una medida que además genera un impacto positivo en la producción ganadera de la zona de los Bajos del Tacuarí. El presidente de la APA, Jorge Pilar, explicó que el desvío se realiza a través de un canal derivador cuya construcción data de fines de la década de 1990. “Luego del cierre parcial de las compuertas de la obra de control, se deriva agua hacia la cuenca del río Salado. Actualmente, el canal derivador opera con un tirante de no más de 40 centímetros, aun con el aporte del Saladillo, que también recibió lluvias importantes entre los meses de diciembre y enero”, detalló. Comienzo de la “Niña débil” En este contexto, Pilar advirtió que, según informes climatológicos internacionales, la región ya se encuentra bajo la influencia del fenómeno de la “Niña Débil”, una fase del fenómeno climático natural que suele asociarse a precipitaciones por debajo de los valores normales. Asimismo, el presidente de la APA, junto a su equipo técnico, verificó el normal funcionamiento de la Obra de Control de Laguna Blanca, que forma parte del sistema de defensas contra inundaciones del Gran Resistencia y cumple un rol estratégico en la regulación del caudal del río Negro durante períodos de lluvias intensas. La operación de las compuertas se realiza exclusivamente para evitar procesos de socavación que podrían afectar los muros de ala de la estructura, siguiendo de manera estricta el manual de operación de la obra. Actualmente, las compuertas permanecen abiertas en un alto porcentaje, lo que permite un paso regulado del agua hacia el Área Metropolitana, sin poner en riesgo la integridad estructural del sistema. Cabe destacar que el manual de operación fue oportunamente verificado y validado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
Todo comenzó cuando una docente denunció haber encontrado en una escuela a un hombre desorientado y herido que dijo que su avioneta se estrelló. Un ciudadano de origen colombiano fue detenido en el Chaco. Hay misterio en las provincias de Chaco y Santa Fe por una presunta avioneta que se cayó, un hombre que fue demorado y otro que resultó herido, pero que ahora no aparece. Por el momento no hay una conexión confirmada, pero las sospechas de las autoridades cada vez son más grandes. Todo comenzó el lunes 2 de febrero cuando la directora de la Escuela Nº6146 “Rastreador Fournier”, en la zona rural de Avellaneda en Santa Fe, denunció que halló a un hombre desorientado, nervioso y lesionado y que al consultarle le indicó que su avioneta se había caído en Chaco y que, al no recibir asistencia, empezó a caminar con rumbo desconocido. La mujer relató ante la Policía que el hombre insistía que lo trasladen hasta la ciudad y hasta les ofreció dinero, pero, ante la negativa, decidió irse por sus propios medios, por lo que ahora no se sabe dónde está. Ante la cercanía con Chaco, las autoridades santafesinas dieron aviso a sus colegas de la otra provincia frente a la presunción de una avioneta que se estrelló, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Lo curioso del caso es que ese mismo día, pero a la noche, personal de la Policía Caminera del Chaco demoró a un hombre de nacionalidad colombiana durante un control de rutina sobre la ruta nacional Nº11, a la altura del kilómetro 983, en el cruce con la ruta provincial Nº 13, cerca de la ciudad de Resistencia. Las autoridades explicaron que el hombre circulaba por la banquina con aspecto de mochilero y que, al ser trasladado a la comisaría, constataron que tenía 37 años, era de nacionalidad colombiana, y había ingresado de manera irregular al país. Se informó que la docente no reconoció al detenido como quien había pedido ayuda en la escuela, por lo que hay hermetismo sobre la posible conexión y lo que realmente pudo pasar.
Lo solicitó el Juzgado Federal 2 para indagarlo, tras conocerse que el líder venezolano habría sido trasladado al país norteamericano en condición de detenido. El Juzgado Criminal y Correccional Federal 2 ordenó este miércoles librar un exhorto internacional a los Estados Unidos para solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, con el objetivo de someterlo a proceso en la Argentina. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la resolución fue firmada esta mañana en el marco de la causa CFP 2001/2023, donde se investigan presuntos delitos de lesa humanidad. El tribunal fundamentó la medida al señalar que Maduro “habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América”. La decisión responde a una orden emanada de la Sala I de la Cámara del fuero, que el 23 de septiembre de 2024 había dispuesto detener y recibir declaración indagatoria a Maduro, mandato que fue ratificado recientemente en un incidente el pasado 15 de enero de 2026. El pedido se ampara en el Tratado de Extradición firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997. El juzgado encomendó la “urgente traducción” del exhorto y dispuso que el trámite se diligencie a través de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería. Asimismo, el tribunal ordenó notificar lo dispuesto al Departamento de Interpol de la Policía Federal Argentina y a las querellas que impulsan la causa.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) informó que en 2025 hubo aumento de la población carcelaria en el Servicio Penitenciario Federal, tratándose así de la cifra más alta de los últimos cinco años. La mayor parte del crecimiento se concentró en Santa Fe, Neuquén, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires. Conforme al dato aportado por el fiscal general Alberto Adrián María Gentili, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, en 2025 el crecimiento fue del 4% y alcanzó en diciembre del año pasado los 12.166 detenidos. El documento registró que las cifras se mantuvieron estables entre 2020 y 2023, sin embargo, desde 2024 se reflejó una tendencia al incremento de la población penitenciaria: 11.543 detenidos en 2020, 11.283 en 2021, 11.349 en 2022, 11.311 en 2023, 11.969 en 2024 y los 12.166 de 2025. El dato estadístico es parte del informe anual “Personas privadas de libertad en establecimientos del SPF”, elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la fiscalía especializada. La mayor parte del crecimiento se concentró en la Unidad 36 de Santa Fe, en el Complejo Penitenciario Federal (CPF) V de Neuquén, en el CPF VI de Mendoza y en el CPF de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Devoto). En cuanto a la situación procesal, el reporte señala que casi dos tercios de las personas privadas de libertad en el SPF cuentan con condena firme, mientras que las procesadas sin sentencia cayó de manera sostenida en los últimos años: pasó del 50,6% en 2020 al 36,9% en 2025 Del total de los reclusos en el SPF, el 48,9% (5.951 internos) se encuentra a disposición de la Justicia nacional y el 45% de la Justicia federal (5.470), mientras que el 6,1% restante (745) corresponde a órdenes de jurisdicciones provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mujeres, travesti-trans, jóvenes y extranjeros El informe consigna que al cierre de 2025 había 949 mujeres y 34 personas travesti-trans detenidas en cárceles federales, lo que representa el 8,1% del total de la población penal. En relación con 2024, aumentó un 11,3%. Asimismo, se advirtió un incremento en la cantidad de mujeres embarazadas y de aquellas que conviven con sus hijos e hijas en contexto de encierro. En diciembre de 2025, se registraron 10 mujeres embarazadas y 16 mujeres detenidas junto con sus hijos/as, la cifra más alta de los últimos años. Respecto de los jóvenes de entre 18 y 21 años, se destaca una disminución del 19,8% en comparación con el año anterior. A diferencia de lo que ocurre en la población general, entre los jóvenes detenidos en cárceles federales predomina la prisión preventiva, ya que el 63,2% se encuentra en esa situación procesal. En cuanto a las personas extranjeras, el reporte indica que representan el 16% de la población detenida en el SPF, con un total de 1.942 personas nacidas en otros países.
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos supervisó los avances de la obra que se ejecuta en el Cementerio Municipal “Jesús de la Buena Esperanza”, en la localidad de Fontana. Allí, estuvieron el ministro de Infraestructura Hugo Domínguez, acompañado por el intendente Fernando Cuadra y los equipos técnicos. La intervención contempla la construcción de un nuevo muro perimetral, una obra necesaria para mejorar las condiciones de seguridad, orden y delimitación del predio, teniendo en cuenta que actualmente solo uno de sus laterales cuenta con cerramiento. Esta situación generaba dificultades tanto en el control del espacio como en la preservación de las instalaciones existentes. Además, el proyecto prevé la demolición de sectores del muro y columnas que se encuentran en mal estado estructural, lo que permitirá avanzar con una infraestructura más segura y adecuada a las necesidades actuales del cementerio municipal. Los trabajos incluyen la ejecución de aproximadamente 360 metros lineales de muro perimetral, con una estructura reforzada y terminación en ladrillo a la vista, garantizando mayor durabilidad, resistencia y una mejor integración urbana del predio. Durante la recorrida, el ministro Domínguez remarcó la importancia del control, la planificación y el seguimiento permanente de cada obra pública que se ejecuta en la provincia. “La decisión del gobernador Leandro Zdero es clara: supervisar, ordenar y garantizar que cada obra se ejecute correctamente, cuidando los recursos del Estado y respondiendo a las necesidades reales de la comunidad”, señaló. Asimismo, el intendente Fernando Cuadra destacó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial y el municipio, subrayando que esta obra permitirá mejorar significativamente las condiciones del cementerio y brindar mayor tranquilidad a las familias que concurren al lugar. La obra forma parte del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno provincial en distintas localidades, con el objetivo de fortalecer servicios esenciales, mejorar los espacios públicos y acompañar el crecimiento ordenado de las comunidades.
La Justicia concluyó que utilizó su cargo para direccionar causas, cobrar sobornos y ocultar fondos de origen ilegal mediante un entramado familiar que operó durante más de una década. El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó este martes al exjuez federal Walter Bento por lavado de activos, falsedad ideológica y por encabezar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas, al concluir que utilizó el Juzgado Federal N° 1 como una herramienta para obtener y legitimar beneficios económicos ilegítimos. El veredicto comenzó a leerse pasadas las 15 y avanzó durante la tarde, con el análisis de los hechos atribuidos al exmagistrado y a otros integrantes del entramado investigado. Para el tribunal, quedó probado que la corrupción judicial fue sistemática, organizada y sostenida en el tiempo. Al ingresar al análisis del fondo de la causa, las juezas dieron por acreditado el delito de lavado de activos y señalaron que los acusados montaron un entramado familiar destinado a ocultar el origen ilícito del dinero y a incorporarlo al patrimonio con apariencia de legalidad. Según expuso el tribunal, cada integrante cumplió un rol específico, coordinado y complementario, y la estructura familiar funcionó como soporte estable del esquema de lavado. En ese contexto, se remarcó que los hechos configuran un caso paradigmático de corrupción judicial, ya que la función pública fue utilizada como medio para la obtención y legitimación de fondos ilícitos. El juicio oral comenzó en julio de 2023 y se desarrolló a lo largo de más de 130 audiencias, con alrededor de 300 testigos y un volumen significativo de prueba documental y digital. La acusación del Ministerio Público Fiscal se sostuvo finalmente sobre 25 imputados. El rol central de Bento y su entorno El fallo asignó a Bento un papel determinante dentro del esquema. Indicó que fue quien seleccionó inversiones, definió titularidades y canalizó fondos, utilizando a integrantes de su familia para dar cobertura formal a bienes y operaciones. El tribunal mencionó de manera expresa a su esposa, Marta Boiza, como parte clave del engranaje patrimonial, y sostuvo que Luciano y Nahuel Bento participaron en operaciones cruzadas destinadas a justificar movimientos de dinero y titularidades. Incluso se acreditó que bienes fueron colocados a nombre de un hijo con discapacidad, lo que fue considerado una instrumentalización de su situación personal. Al analizar el delito de asociación ilícita, el TOF adelantó que tiene por probado que la organización funcionó al menos desde 2007, con una estructura estable, división de roles y orientación permanente a delinquir. En ese marco, Bento fue condenado como jefe de la asociación ilícita, al considerar que desde esa posición ordenaba el curso de las maniobras destinadas a obtener dinero a cambio de decisiones judiciales ilegítimas. El objetivo del engranaje, según el fallo, fue convertir resoluciones judiciales en una fuente de ingresos. El tribunal identificó además a Diego Alfredo Aliaga como el principal operador del esquema, señalado como el nexo entre los distintos integrantes y responsable de articular el circuito de sobornos. El tribunal también condenó a Bento por falsedad ideológica. Uno de los hechos analizados fue la obtención, en 2011, de un crédito hipotecario subsidiado del Banco Nación, solicitado junto a su esposa pese a no reunir los requisitos legales, ya que el matrimonio era propietario de múltiples inmuebles. Asimismo, se abordó la compraventa de un departamento en el complejo Premium Tower, en 2021, donde se insertó una declaración falsa al consignar que Boiza no era persona políticamente expuesta, pese al cargo que ejercía su esposo al momento de la operación.
Tras la corrección de la rueda previa, los títulos soberanos en dólares muestran variaciones acotadas, mientras inversores operan con cautela. Los bonos en dólares muestran un comportamiento mixto este miércoles 4 de febrero, tras la fuerte corrección registrada en la rueda previa y el riesgo país perfora los 500 puntos básicos, en 499. En ese marco, los títulos en dólares operan con subas de hasta 0,2% de la mano del Bonar 2041 y el Global 2029, en tanto ceden hasta 0,2% el Global 2030, 2035 y el Bonar 2038, en medio de la cautela de los inversores y tras el anuncio de postergación de la salida a los mercados internacionales para 2026. “El BCRA continua comprando dólares en el MULC y suma ya más de USD1250mn en lo que va del año. Destacamos que, aun con las compras, el dólar no se ve presionado al alza, ayudado por la fortaleza de monedas regionales y la mayor demanda de dinero estacional de esta etapa del año. A medida que corran las semanas, esta última irá menguando, por lo que la clave para continuar comprando dólares y fortaleciendo reservas pasara por mantener un adecuado equilibrio en el mercado monetario y sostener flujos de entrada, ya sean estos financieros como comerciales. En ese sentido, continúan las colocaciones de bonos en dólares por parte de emisores argentinos, y creemos que ese flujo será el que permita comprar dólares al BCRA hasta comenzar la cosecha gruesa del segundo trimestre.”, señaló Juan Manuel Franco economista jefe de Grupo SBS. Por otra parte, el S&P Merval opera con un alza del 1,2% mientras que medido en dólares, sube 0,9% a 2.054,07 puntos. Las acciones con subas destacadas son lideradas por Telecom (4,4%), Banco Macro (2,7%), IRSA (2,4%) y Comercial del Plata (2,1%). Ámbito
La pareja estaba separada y en pleno trámite de divorcio, pero un mensaje de voz del hombre cambió la decisión judicial. En Corrientes, la Justicia dictó un fallo inédito al restituirle los derechos hereditarios a una mujer basándose, casi exclusivamente, en la última voluntad de su marido expresada en un audio de WhatsApp. La pareja llevaba poco más de un año separada de hecho. El hombre, que padecía una enfermedad terminal avanzada, ya había iniciado los trámites de divorcio vincular. Sin embargo, poco antes de morir, sintió la necesidad de dar marcha atrás y se comunicó con su abogado. “Quiero desistir del divorcio vincular, es mi voluntad. Pasamos un año separados y me di cuenta de que no puedo perderla”, decía el mensaje que se convirtió en la prueba central del caso. En ese mismo audio apareció una frase que conmovió a los jueces: “Si me pasa algo, no quiero dejarla en banda”. Una batalla legal contra el Código Civil En las primeras instancias, la Justicia de Corrientes le había dado la espalda a la mujer. Basándose en el artículo 2437 del Código Civil y Comercial —que excluye al cónyuge de la herencia si hay una separación de hecho o un divorcio en curso—, los jueces consideraron que ella no tenía derecho a los bienes. Sin embargo, el caso llegó al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, que decidió aplicar un criterio más humano y menos “mecánico”. Por mayoría, los magistrados entendieron que el audio certificado ante escribano demostraba una intención real de reconciliación y de protección hacia su esposa. Para los ministros Guillermo Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez, Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain, no se puede aplicar la ley de forma automática sin mirar el contexto. El tribunal consideró que el hombre fue claro al querer frenar el divorcio. Y aunque no fue una ratificación en una audiencia formal, la Justicia validó el mensaje como una prueba inequívoca de su deseo. A pesar de que hubo un voto en disidencia —el del juez Eduardo Panseri, quien recordó que la separación original se había dado en un contexto de violencia familiar—, la decisión final favoreció a la viuda. TN
En diálogo con CIUDAD TV, el director de la Consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, criticó la decisión del gobierno nacional de postergar la nueva ponderación de inflación prometida por la actual gestión y que derivó en la renuncia del extitular del INDEC, Marco Lavagna. A su vez, el economista pronosticó aumentos tarifarios importantes para 2026. En declaraciones a CIUDAD TV, el director de la Consultora Politikon Chaco, Alejandro Pegoraro, analizó la reciente decisión del gobierno de postergar la actualización del índice de precios al consumidor (IPC), una medida que ha generado cuestionamientos sobre la independencia del INDEC y la credibilidad de las estadísticas oficiales. “El problema no es únicamente en términos de opinión pública; el IPC también está atado a otros indicadores de la economía como la deuda pública, los plazos fijos, los créditos UVA, la banda cambiaria del dólar y la propia negociación salarial”, señaló Pegoraro. Respecto a la intervención política en el organismo estadístico, recordó que “hace un poquito menos de 20 años el INDEC tuvo una intervención política, eso produjo obviamente una pérdida de credibilidad muy fuerte”. Aunque reconoció que el instituto “con mucho trabajo se normalizó”, advirtió que la actual demora en actualizar los ponderadores –basados en una encuesta de gastos de 2004– alimenta desconfianza. “Se le echó un poco más de leña al fuego”, graficó. Sobre los cambios que introduciría la nueva metodología, explicó: “No se cambia la forma de medir, cambia lo que se llaman los ponderadores”. Destacó que la actualización reflejaría mejor gastos esenciales actuales como wifi, plataformas digitales o servicios públicos, cuyo peso en el índice está subrepresentado. “Por ejemplo, hoy pagar wifi y el celular es un gasto esencial de un hogar; antes no lo era”, ilustró. “El ministro no puede decidir que metodología usar” Pegoraro vinculó la postergación con una estrategia política ante las próximas subas tarifarias. “Si se aplicaba el índice nuevo, el impacto de las subas que está pensada para este año, sumado al retiro de subsidios, iba a pegarle muy fuerte al dato de inflación”. Criticó además la injerencia del ministro de Economía en la decisión: “El INDEC debiera ser independiente; no puede el ministro decidir qué tipo de metodología usar, con argumentos aparte muy débiles”. Sobre la posibilidad de que el gobierno acceda a datos antes de su publicación oficial, consideró: “Si nos ponemos muy técnicos, podríamos decir que Caputo violó el secreto estadístico”. Aunque dudó de que haya consecuencias judiciales, alertó sobre el riesgo de perder credibilidad: “Ese dejar de creer no es únicamente que Caputo pierde autoridad; es que en esos dos o tres días entre que vos dijiste algo y se comunica el dato oficial, en el mercado pasan cosas”. 2026: el año de los tarifazos Finalmente, respecto al impacto en el noreste argentino, pronosticó incrementos tarifarios más fuertes en 2026, al no haber elecciones que frenen los ajustes. “Vamos a tener, seguramente, un incremento en tarifas que va a ser bastante más fuerte del que hemos tenido el año pasado”, anticipó, y añadió que, en un contexto de ingresos estancados, “cualquier puntito extra de suba te va a pegar mucho más fuerte en el bolsillo”. La entrevista concluye con una reflexión sobre la confianza: “A medida de cómo vaya reaccionando el INDEC o cómo vaya trabajando de hora en más, se va a poder recomponer por lo menos cierta parte de la confianza medio deteriorada este último tiempo”.
El Ministerio de Salud Pública, notificó el primer caso de Dengue del 202 en unpaciente mayor de edad de Capital con antecedentes de viaje y que presenta “buena evolución”. Se dispusieron operativos de bloqueo. Salud Pública recuerda las medidas preventivas. Se analizaron un total de 69 muestras y una registró un caso positivo y se mantiene la vigilancoia epidemioógica Se informó que el movimiento turístico, habitual en esta época del año, puede generar un aumento del riesgo de circulación viral. La persona que viaja a zonas donde hay registro de casos de Dengue, debe usar repelente y reforzar los cuidados. El Dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti. Es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución con dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retro ocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras. Ante la sospecha o confirmación de un caso se activa el bloqueo vectorial, que incluye el recorrido de la zona con tareas de relevamiento, fumigación, control focal, búsqueda de febriles y recomendaciones para la prevención de esta patología. Salud Pública reitera la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos, se recomienda el uso diario y frecuente de repelentes en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua. Vacunación Está disponible la vacuna contra el Dengue para personas de entre 15 a 59 años. Los puntos de inmunización en Capital son el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y la Estación Saludable de la Plaza Cabral. En el interior, en los hospitales locales. Momarandu
Un cabo de la Policía Federal se instaló esta mañana frente a las rejas de Balcarce 50 con una pancarta. La seguridad se mantiene en alerta ya que el efectivo porta su arma reglamentaria. Una situación de tensión se vivió esta mañana en la puerta de la Casa de Gobierno, donde un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) inició una protesta unipersonal, uniformado y armado, para exigir respuestas ante la situación interna de la fuerza. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el hombre se apostó frente a la reja perimetral con una pancarta, lo que activó los protocolos de seguridad en la zona. Quién es El protagonista del reclamo fue identificado como Miguel Ángel Montiel. Se trata de un suboficial que ostenta el rango de Cabo dentro del escalafón de la Policía Federal Argentina. El efectivo se presentó en el lugar correctamente uniformado y portando su armamento reglamentario a la vista. Dónde trabaja Montiel se encuentra actualmente en actividad y presta servicio en la Comisaría Belgrano Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por el momento, no se ha confirmado si el efectivo abandonó su puesto de guardia para dirigirse a la sede del Poder Ejecutivo o si se encontraba en su tiempo libre al momento de iniciar la manifestación. Qué denuncia Según el reporte preliminar, el cabo Montiel exterioriza un reclamo por “irregularidades en la Institución”. A través de la pancarta que exhibe frente a la Casa Rosada, busca visibilizar presuntos manejos indebidos o fallas estructurales dentro de la Policía Federal, eligiendo el punto político más sensible del país para exponer el conflicto interno.