Autor: Redacción General

La medida fue formalizada mediante las Disposiciones 7/2026 y 8/2026 publicadas en el Boletín Oficial. En Chaco, 30 de los 61 radares fijos homologados ya no estaban en las ubicaciones declaradas. En Corrientes, el propio municipio de Santo Tomé pidió la baja de dos dispositivos móviles en la Ruta 14. Así, Corrientes está ahora entre las provincias donde dieron de baja radares en rutas nacionales por irregularidades A través de las Disposiciones 121, 122 y 123/2026, así como las normativas 7 y 8 emitidas recientemente, el Gobierno nacional detalló los puntos geográficos donde los cinemómetros dejarán de funcionar de manera definitiva. Esta limpieza del sistema de control es parte de un plan integral que exige documentación técnica actualizada y presencia física real de los dispositivos en los lugares donde fueron declarados originalmente. En el caso de Corrientes la disposición 8/2026 ordenó la baja de dos radares móviles que estaban ubicados sobre la Ruta Nacional 14, entre los kilómetros 684 y 687 en la localidad de Santo Tomé. Corrientes Hoy

Varios establecimientos educativos de la vecina provincia, puntualmente del interior correntino, realizan a través de redes sociales, colectas y campañas solidarias para conseguir mercaderías. La semana pasada varios establecimientos fueron notificados que no recibirán más insumos para la copa de leche y almuerzo. Desde leche en polvo a pan y azúcar. Varios establecimientos educativos correntinos iniciaron pedidos a sus comunidades, para intentar no interrumpir la entrega de la copa de leche (desayuno) y almuerzo que se da a niños y niñas en las escuelas. Lo que empezó hace meses como cuestiones aisladas, se convirtió en tendencia en las últimas semanas ya que muchas escuelas correntinas fueron notificadas que dejarán de recibir insumos para el desayuno y almuerzo a sus alumnos. Se trata de un fuerte ajuste que se realiza desde el gobierno nacional y en algunos casos, no puede ser cubierto por el Gobierno provincial y mucho menos por los municipios. Corrientes Hoy

Este viernes 15 y sábado 16 se realizará en el Centro Cultural Nordeste la Segunda Expo Apícola de los Humedales, un espacio que reunirá a productores, técnicos, estudiantes y al público en general con el objetivo de fortalecer la cadena productiva de la miel y fomentar su consumo interno. La actividad se desarrollará en el marco de la Semana Nacional de la Miel e incluirá degustaciones, charlas técnicas, capacitaciones y venta directa de productos. En diálogo con CIUDAD TV, el organizador del evento, Víctor Rusas, explicó que esta segunda edición busca consolidarse como un espacio de referencia para el sector apícola regional, tras la experiencia del año pasado realizada en Casa de las Culturas. “Es una exposición que busca asentarse como un espacio importante para toda la cadena productiva apícola, para apicultores, estudiantes y también para el público en general”, señaló. Uno de los principales ejes de la expo será promover el consumo interno de miel, que en Argentina continúa siendo bajo pese a la alta calidad del producto nacional. Según detalló Rusas, entre el 90 y el 95% de la miel argentina se exporta, mientras que el consumo local ronda apenas los 250 gramos por habitante al año. “El problema tiene mucho que ver con lo cultural. Otros países aprovechan la calidad de nuestras mieles y nosotros todavía no incorporamos este alimento de manera cotidiana”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que durante la exposición habrá actividades destinadas a mostrar los múltiples usos de la miel, tanto en la alimentación como en el ámbito medicinal, deportivo y energético. Entre las propuestas se destacan las catas guiadas de miel, organizadas junto a especialistas de la Universidad Nacional del Nordeste, que permitirán al público conocer las diferencias de sabor, color y textura según la floración de origen. “Queremos que la gente aprenda por qué una miel puede ser más clara o más oscura, más líquida o más espesa, e incluso derribar mitos, como creer que una miel cristalizada está adulterada”, explicó. La expo también contará con disertaciones técnicas dirigidas a productores apícolas y espacios sobre agregado de valor. El viernes por la tarde se brindará una charla sobre elaboración de hidromiel y cerveza de miel, alternativas que muchos emprendedores utilizan para diversificar ingresos. Rusas destacó además el crecimiento del sector en la provincia y aseguró que más de 4.500 apicultores se registran anualmente en el Ministerio de Producción del Chaco. En la región de humedales, indicó, entre 80 y 120 productores están vinculados a la cooperativa Apicolacopap, que impulsa el fraccionamiento y comercialización con marcas propias. “La idea es que el productor no solo venda materia prima, sino que pueda agregar valor a través del fraccionado y tener una rentabilidad más favorable”, afirmó. Otro de los puntos que se abordarán durante el encuentro será cómo elegir una miel de calidad en las góndolas. Habrá charlas a cargo de organismos como Bromatología Provincial, el INTA y el INTI, donde se explicará qué debe observar el consumidor en el etiquetado, cuáles son las certificaciones necesarias y qué grupos deben evitar su consumo, como los niños menores de un año. Además, Rusas resaltó que actualmente ya existen mieles chaqueñas comercializadas en supermercados, farmacias y cadenas de venta, con productos registrados y certificados, incluyendo miel orgánica y libre de gluten. “Tenemos productos aptos para celíacos y mieles con certificaciones que garantizan inocuidad y calidad”, remarcó. Las actividades comenzarán ambos días desde las 8.30 con acreditaciones y estarán abiertas al público del Gran Resistencia, que podrá degustar mieles regionales, adquirir productos y dialogar directamente con los apicultores sobre el proceso de producción. “Queremos que la gente se apropie de este producto de altísima calidad y conozca el enorme trabajo que hay detrás de cada frasco de miel”, concluyó Rusas.

La Cámara de Diputados del Chaco sancionó la Ley Nº 4237-E, impulsada por la diputada Analía Inés Flores, que instituye cada 13 de mayo como el “Día Provincial de la Lucha contra el Avasallamiento de la Autonomía Universitaria”. La norma busca mantener viva la memoria de una de las gestas más significativas de la historia reciente: la resistencia estudiantil y obrera de mayo de 1969 frente a la privatización del comedor universitario y la represión policial en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Flores recordó que “cientos de estudiantes de distintas facultades de la UNNE, con el apoyo de sectores obreros, resistieron el intento de imponer un proyecto universitario elitista, que pretendía avasallar su carácter históricamente reformista, democrático y científico. La dictadura de Onganía quiso transformarla en una universidad oligárquica, limitando el ingreso de los hijos de la clase trabajadora, y la respuesta fue organización y lucha”. El ciclo lectivo de 1969 estuvo marcado por la decisión del rector-interventor Carlos Walker de privatizar el comedor universitario, duplicar el precio del ticket y suspender el servicio los fines de semana. La medida fue interpretada como un ataque directo a la masificación universitaria y encendió la protesta. Ese 13 de mayo, en Resistencia, una asamblea de 900 estudiantes fue brutalmente reprimida por la policía con gases y látigos. Al día siguiente, en Corrientes, la represión se repitió y culminó con la muerte del estudiante de Medicina Juan José Cabral, baleado por fuerzas policiales y militares. Su asesinato transformó la protesta en un símbolo de resistencia y abrió una nueva fase de confrontación entre el movimiento estudiantil y la dictadura. Las jornadas del 13 al 15 de mayo dejaron decenas de heridos, allanamientos y persecuciones, pero también consolidaron la alianza entre estudiantes, obreros y sectores de la Iglesia católica, que brindaron apoyo logístico y moral. La figura del sacerdote Rubén Dri y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo marcaron la radicalización política de la época. Una ley con proyección pedagógica La Ley 4237-E insta al Ministerio de Educación a incorporar la efeméride en el calendario escolar y a promover actividades en los últimos años del nivel secundario y en institutos superiores. Asimismo, el Instituto de Cultura del Chaco deberá organizar jornadas de concientización y memoria. De esta manera, cada año las nuevas generaciones conocerán la historia de la gesta del 69 y reflexionarán sobre el valor de la autonomía universitaria como pilar de la democracia. Coincidencia con la 4ª Marcha Federal Universitaria La sanción se produce apenas un día después de la 4ª Marcha Federal Universitaria, que movilizó multitudes en todo el país reclamando financiamiento, salarios dignos y respeto a la autonomía de las casas de estudio. La coincidencia otorga a la ley un fuerte contenido político y cultural: mientras la comunidad universitaria exige al Gobierno nacional respuestas concretas, el Chaco institucionaliza la memoria de una lucha que sigue vigente. “La historia nos recuerda que cada vez que se intentó avasallar la universidad, el pueblo respondió con organización y lucha. Hoy, como ayer, la comunidad universitaria reclama al Gobierno nacional que escuche y cumpla con sus obligaciones”, sintetizó Analía Flores. Al fijar el 13 de mayo como día de lucha contra el avasallamiento de la autonomía universitaria, el Chaco deja en claro que la defensa de la universidad pública y autónoma no es solo un asunto del pasado, sino una causa vigente que interpela al presente.

Las tareas fueron desarrolladas junto al EcoEquipo de la Subsecretaría de Desarrollo Territorial, que llevó adelante trabajos de mantenimiento general y reacondicionamiento de los alrededores de los puestos policiales. En el marco de las acciones de fortalecimiento territorial impulsadas por el gobierno provincial, el Ministerio de Seguridad acompañó trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento en la casilla policial ubicada en Nicolás Rojas Acosta 3500, con el objetivo de mejorar las condiciones operativas y reforzar la presencia preventiva en la zona. Además, desde la cartera de Seguridad destacaron el acompañamiento del Departamento de Logística de la Policía del Chaco, que colaboró dejando en condiciones la casilla policial para brindar mejores espacios de trabajo al personal y optimizar el servicio de seguridad destinado a los vecinos. Durante la jornada de ayer, también se realizó una recorrida por el destacamento El Palmar, donde próximamente se avanzará con trabajos de refacción y recuperación edilicia, como parte de las políticas de fortalecimiento de infraestructura de seguridad en distintos puntos de la provincia. Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron la importancia del trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado y el acompañamiento de los vecinos que se acercaron durante la actividad. Asimismo, adelantaron que las próximas intervenciones continuarán en Colonia Tacuarí, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo la presencia territorial y las condiciones de seguridad para toda la comunidad.

En el marco de la jornada de paro nacional de los trabajadores bancarios, el secretario general de la Asociación Bancaria de Resistencia, Jorge Díaz, realizó duras críticas al Banco Central y a diversas entidades financieras por el cierre intempestivo de sucursales en todo el país. “El Banco Central en forma intempestiva decidió cerrar 12 tesoros regionales a lo largo y a lo ancho del país”, denunció Díaz en declaraciones a CIUDAD TV. Remarcó que esta medida perjudica especialmente a zonas como el norte, el sur y la Patagonia, donde estos tesoros cumplen un rol fundamental en la provisión y recepción de dinero. El dirigente sindical relató que el pasado 27, en el marco de un paro, acompañaron a la seccional Corrientes de la Asociación Bancaria en la puerta del tesoro regional. “Evidentemente hay que tomarlo como un presagio muy nefasto, el hecho de que quieran seguir adelante con el cierre de las 12 sucursales”, afirmó. Según explicó, la entidad sostiene que no hay reversión posible y tampoco existe mesa de negociación. “La autoridad de aplicación está incumpliendo su rol, porque tiene que convocar a las partes a sentarse a negociar para encontrar una solución sin la pérdida de puestos de trabajo”, agregó, precisando que hay 32 empleos en juego. Entre las consecuencias del cierre, Díaz destacó el impacto en la operatividad financiera. “Toda la zona afectada va a tener un incremento en el costo de transporte de dinero, de efectivo, y ese costo va a ser trasladado a la clientela de los bancos”, advirtió. En ese sentido, ejemplificó: “Si hoy me cuesta 10 pesos traer dinero y mañana me cuesta 20, los bancos trasladan ese costo a la clientela es cuestión de tiempo”. Consultado sobre si el Banco Central dio alguna explicación, el secretario general fue contundente: “Absolutamente, se mantienen en su posición y sostienen que el cierre es irreversible”. Por eso, señaló que están “reavivando la medida de fuerza en el Banco Central” y también en el Banco Hipotecario, que con la misma modalidad unilateral y sorpresiva está cerrando sucursales. “Dejan compañeros en la calle, ya sea por retiro voluntario o despido”, lamentó. Díaz también se refirió al contexto que impone la reforma laboral. “La plena vigencia de la reforma condiciona en forma exagerada la acción sindical y apunta a la destrucción de la representación sindical”, sostuvo. A su juicio, “eso les va a facilitar el manejo de las dotaciones de los distintos bancos”, y advirtió que ya no solo afecta a la actividad bancaria: “La actividad laboral en general va a ser presa de decisiones como estas”. Sobre la situación de los bancos privados, mencionó el cierre de la sucursal del Banco Santander ubicada en 25 de Mayo al 1335, ocurrido el 20 de marzo. A diferencia del caso del Central, admitió que allí “sí hubo una mesa de diálogo” que permitió rescatar tres de los ocho puestos de trabajo. Sin embargo, calificó los retiros voluntarios como “despidos encubiertos”. “Si bien consiguen la anuencia del empleado, lo hacen más por temor que por voluntad propia”, enfatizó. El dirigente cuestionó que la banca, pese a ser “una de las actividades más favorecidas por este modelo”, se ampare en el avance tecnológico para despedir personal. “No podemos negar la existencia de la tecnología, pero eso no significa tirar gente por la ventana generando mayor desocupación”, afirmó. Y agregó: “El trabajador bancario requiere una especialización en la que el propio banco invierte y después derrocha al generar esa baja de dotación. En el fondo, evitan tener menos rentabilidad”. Finalmente, Díaz trazó un paralelismo con la década del noventa. “Nos encontramos ante un modelo concentrador como el de los años 90, donde caían bancos a diario. Esto no es muy distinto, es un nuevo modelo concentrado con métodos actualizados, pero el modelo en el fondo es el mismo”, concluyó. Y aseguró que desde la Asociación Bancaria mantendrán “una firme postura en defensa de todos los puestos de trabajo con que hoy cuenta la actividad bancaria”.

En declaraciones a CIUDAD TV, el director del CUCAI Chaco aseguró que el INCUCAI blindará a los sectores más sensibles del sistema y adelantó actividades barriales durante el mes de la donación. El director del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante del Chaco (CUCAI Chaco), Walter Bonfanti, analizó el impacto de los recortes presupuestarios nacionales sobre el sistema de trasplantes y donación de órganos en la provincia. Su mensaje fue de cautela pero también de certeza respecto a lo que, según él, no está en discusión: la protección de los pacientes. Bonfanti explicó que los ajustes en las partidas nacionales ya generaron tensiones en el suministro de inmunosupresores, medicamentos que los trasplantados deben recibir de forma obligatoria para no perder el órgano. Sin embargo, señaló que la situación fue resuelta sin consecuencias: “Cuando Nación no los puede cubrir, la provincia, a través del Ministerio de Salud, los cubrió sin problema. Esto fue solucionado, fue salvado”. Consultado sobre el futuro, el funcionario fue categórico en trazar una línea entre los recortes tolerables y los inaceptables. “De ninguna manera el INCUCAI va a permitir que esto caiga sobre la Procuración de Órganos y ni hablar sobre los pacientes trasplantados”, afirmó, y agregó que los ajustes podrían manifestarse en rubros secundarios: “Se van a achicar con respecto a algunas cosas, sí, seguramente viáticos, viajes, pero jamás se va a permitir que impacte sobre Procuración y Donación de Órganos”. Una estructura que separa fondos nacionales de provinciales Bonfanti también explicó cómo funciona el entramado institucional que sostiene al sistema. El INCUCAI cuenta con personal propio financiado con fondos nacionales, mientras que el CUCAI de cada provincia opera con recursos provinciales. “Hace unos años era algo híbrido entre aporte de nación y aporte de provincia; hoy la mayoría de las provincias se maneja con fondos provinciales”, precisó. Esto implica que, si los recortes llegaran a afectar al personal, lo harían sobre quienes trabajan en la sede central de Buenos Aires, no sobre los equipos locales. Sobre la logística de los operativos de donación —uno de los ejes más sensibles del sistema—, explicó que cuando se produce una donación en Chaco, los órganos pueden ser trasplantados en el Perrando o derivados a otras provincias según el caso: “El INCUCAI tiene su personal propio que coordina. Si es riñón, puede ser en el Perrando; el hígado seguramente va a ir a Buenos Aires, de acuerdo a otra provincia”. “El tiempo dirá, pero los pacientes no van a sentirlo” Con tres años al frente del CUCAI Chaco, Bonfanti reconoció la incertidumbre del escenario pero no cedió en su diagnóstico central. “Todavía no es difícil hablar de cómo va a ser el impacto; yo te puedo decir hacia dónde no va a ir ese impacto, que es hacia los pacientes”, sostuvo. Y reafirmó su confianza en la institución: “Conociendo cómo funciona el INCUCAI desde hace tres años que estoy acá, no va a impactar ni sobre la logística, ni sobre la posibilidad de que el país siga creciendo en lo que tiene que ver con donación”. El mes de la donación llega a los barrios Más allá del debate presupuestario, Bonfanti anunció un ciclo de actividades territoriales previstas para este mes, declarado mes de la donación de órganos. En articulación con el Poder Legislativo provincial y la Municipalidad de Resistencia, el CUCAI Chaco recorrerá los centros comunitarios de los barrios de la capital chaqueña. La iniciativa apunta a combatir los mitos que frenan las decisiones de donación y a poner en primer plano las voces de quienes vivieron el proceso de cerca. “La idea es ir a los barrios con testimonios de pacientes trasplantados, de familiares, de donantes, mostrando un poco la problemática y la posibilidad de desmitificar, de acabar con esos mitos que rondan alrededor de la donación de órganos”, explicó el director. El objetivo, subrayó Bonfanti, es también mostrar cómo la decisión de donar transforma el duelo de las familias: “Llevan su testimonio con el fin de que la gente tenga conocimiento de cómo impactó positivamente en su etapa de duelo el haber dicho sí a la donación y, después de la muerte, haber salvado a otras personas”.

Los extranjeros representan el 4,2% de todos los estudiantes universitarios en la Argentina, llegando al 9,9% en los posgrados. Si bien en las carreras de Medicina de la UBA y la UNLP se encuentra la mayor proporción, el porcentaje es menor al informado oficialmente. Otra mentira libertaria. Este martes 12 de mayo a partir de las 17 horas se llevará a cabo una nueva marcha federal universitaria para pedir por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Congreso aprobó en 2025 y luego ratificó tras el veto presidencial. En este marco, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, publicó un video en el que aseguró que las universidades no les cobran a los estudiantes extranjeros pese a que el Gobierno las habilitó. Además, sostuvo que casi el 40% de los estudiantes de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el 51% de los estudiantes de Medicina de la Universidad de La Plata (UNLP) provienen de otros países. ¿Qué muestran los datos? De acuerdo con el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2023-2024” publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación -que depende del Ministerio de Capital Humano-, en 2023 (último dato disponible) 2.746.768 estudiantes realizaban estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales de todo el país. De ese total, 126.589 estudiantes son extranjeros, de los cuales 108.889 cursaban estudios de pregrado o grado, y 17.700 ofertas de posgrado. Esta población representó el 4,2% del total de los estudiantes de pregrado y grado, y el 9,9% de los estudiantes de posgrado. Según el tipo de gestión, su participación alcanzó el 4,4% de la matrícula en el sector estatal y el 5,3% en el sector privado. Desde 2015, el primer año con información oficial disponible, el porcentaje de estudiantes extranjeros siempre fue menor al 5%, aunque fue aumentando año a año ya que se inició con un 2,8%. En el video publicado por Capital Humano, Álvarez aseguró que las universidades “argumentan que el dinero no alcanza” pero se rehusaron “por cuestiones ideológicas” a cobrarles a los estudiantes extranjeros, pese a que el Gobierno las autorizó a hacerlo. Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, señaló a Chequeado que “la cifra del 4,4% (dato de extranjeros estudiantes en 2020) es una subrepresentación de nuestra sociedad: somos 46 millones de personas y entre un 5 y un 6% son inmigrantes. Esto quiere decir que las personas extranjeras van menos a la universidad que los argentinos nativos”. Y agregó: “Muchas veces cuando se dan estos debates se plantea que ‘los extranjeros estudian gratis gracias a que los argentinos pagan impuestos’. Pero ellos también pagan impuestos como cualquier persona. Entonces, la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace a través del sistema tributario”. ¿De qué países provienen los estudiantes extranjeros? Respecto de su procedencia, los datos oficiales muestran que el 95,9% proviene de países de América; un 2,9% de países de Europa; y el 1,2% restante de Asia, África y Oceanía. Los principales países de origen (en pregrado y grado) son: Brasil, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Colombia, Venezuela y Chile.. En posgrado son Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Perú los países con mayor número de estudiantes. ¿Cuál es la situación en la Universidad de Buenos Aires? La Universidad de Buenos Aires (UBA), la mejor del país y la primera en Iberoamérica –según datos de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) que elabora el QS World University Rankings-, muestra una diversidad significativa en la composición de su alumnado extranjero. De acuerdo con los datos de 2024 (últimos disponibles) publicados por la institución, las facultades como Medicina y Odontología se destacan por tener una alta proporción de estudiantes internacionales. En particular, la de Medicina reporta 13.403 estudiantes extranjeros frente a 34.387 argentinos, lo que representa casi el 28% de su población estudiantil. Esto es un porcentaje inferior al mencionado por Álvarez (casi 40%). Le sigue Odontología, con un 18,1%; e Ingeniería, con un 9,4%. Luego, Agronomía (7,5%), Farmacia y Bioquímica (6,1%), Veterinarias (5,4%), Arquitectura y Diseño, con un 4,4%. ¿Cuál es la situación en la universidad de La Plata? Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 2024 el 7% de los estudiantes provenían del exterior, siendo esta proporción más alta en Ciencias Médicas: allí se registró un 23% de estudiantes extranjeros, también inferior al 51% mencionado en el video publicado por Capital Humano. En toda la universidad en ese año estudiaban alumnos y alumnas de 40 países de los 5 continentes. “La cantidad de extranjeros aumentó 5% respecto al año anterior, explicada por las subas en Medicina, Psicología, Odontología e Ingeniería. Los estudiantes de Ecuador crecieron 19% respecto al 2023 y conforman la comunidad extranjera más numerosa en la UNLP (39%)”, agrega el informe. ¿Cómo se compone el sistema universitario argentino? Según los últimos datos oficiales, el sistema universitario argentino está compuesto por 142 instituciones, 120 universidades y 22 institutos universitarios. De ese total, el 50,7% es estatal, ya sea nacional o provincial. En 2023, el 67,4% de los nuevos inscriptos de pregrado y grado del sistema optaron por carreras de Ciencias Sociales y Humanas, mientras que las Ciencias de la Salud se encontraban en el segundo lugar, con el 17,7%, seguidas por las Ciencias Aplicadas (11,6%). Con respecto a la distribución según sector de gestión, casi el 75% de los estudiantes universitarios se encuentran en instituciones de gestión estatal.

En sesión extraordinaria, el Parlamento chaqueño aceptó este miércoles la renuncia formal de la diputada Carmen Delgado como miembro titular del Consejo de la Magistratura y votó en favor de Jorge Gómez como reemplazante y representante del Poder Legislativo en dicho órgano. El cargo suplente fue cubierto por su par de interbloque Maida With. La votación fue nominal. Sobre 31 legisladores presentes, Gómez obtuvo 16 votos positivos y 2 votos negativos. En su caso hubo 3 abstenciones. Posteriormente, With obtuvo 31 votos de la nómina de legisladores presentes. Hubo un solo diputado ausente con falta justificada: Atlanto Honcheruk. El debate y la votación El jefe del interbloque Chaco Puede, Iván Gyoker, fue quien mocionó el tratamiento del expediente 57/26 con “la renuncia formal como miembro del Consejo de la Magistratura”, y pidió “ocupar el cargo de titular de dicho cuerpo, “con una persona que no solamente es abogado, que ha tenido una trayectoria importante en distintos cargos del Poder Judicial donde creemos que ha hecho una labor más que destacada. Fue ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo y ha sido representante del Consejo de la Magistratura por lo cual, nosotros, creemos que el Dr. Jorge Gómez va a ser un gran representante desde nuestro interbloque. Queremos mocionar su nominación”.  Por parte de la oposición, el diputado Nicolás Slimel, expresó: “Hago una salvedad. Nosotros con mucho gusto venimos a cubrir ese lugar y entendemos que hay una persona nueva que debería ser designada. Ustedes, entiendo que por una cuestión interna de solucionar temas que no nos competen a nosotros van a hacer un cambio”. Aclaró que durante la sesión en la que se votaron los miembros titulares y suplentes del Consejo de la Magistratura, ya habían aceptado esa suplencia por parte del diputado Gómez, con la que también estuvieron de acuerdo. “Nosotros vamos a permitir que ustedes puedan llevar adelante ese cambio o esa alternancia que van a llevar en el proceso interno dentro del Consejo de la Magistratura, pero nosotros en gran mayoría vamos a pedir autorización para poder abstenernos. Posteriormente, entiendo que va a ser la designada la Dra. Maida With, la vamos a votar con todo placer”.  La votación fue nominal. Sobre 31 legisladores presentes, Gómez obtuvo 16 votos positivos y 2 votos negativos. Hubo 3 abstenciones y un ausente con falta justificada, Atlanto Honcheruk. Posteriormente, para cubrir el cargo suplente en el mismo órgano, el diputado Gyoker mocionó por la diputada Maida With, “alguien que ha tenido una militancia de muchos años en el radicalismo, que ha ocupado cargos nacionales y ha tenido un paso por el Poder Judicial. Es abogada, escribana, ha presidido la Comisión de Asuntos Municipales con una perspectiva federal de la provincia y entendiendo las necesidades a lo largo de los 70 municipios”. En la votación, With obtuvo 31 votos positivos.

Un informe comparó precios locales con otros nueve países y detectó que los alimentos y bebidas en Argentina son más caros en el 47% de los casos analizados. Agua mineral, cerveza y carne vacuna aparecen entre los productos con mayores diferencias. La Argentina volvió a quedar entre los países más caros de la región para comprar alimentos y bebidas. Así lo mostró un informe de la Fundación Mediterránea-Ieral, que comparó precios locales con los de Brasil, Chile, México, Estados Unidos, Francia, Polonia, Australia, China y Corea del Sur. El relevamiento detectó que los precios argentinos son más altos en el 47% de los productos analizados, un deterioro respecto de diciembre de 2015, cuando esa proporción era del 39%. El trabajo, elaborado por Marcelo Capello y Gaspar Reyna, analizó diez productos de consumo masivo y encontró fuertes diferencias según el rubro. Mientras algunos alimentos mantienen valores relativamente competitivos frente al exterior, otros aparecen claramente por encima de los registrados en mercados de la región e incluso de Asia. Brasil fue el país que mostró la mayor ventaja relativa frente a Argentina: en ocho de los diez productos relevados tuvo precios más bajos. También se observó que entre el 50% y el 60% de los bienes comparados eran más baratos en Chile, México, Polonia y Corea del Sur. En China, la diferencia fue todavía más marcada: el 90% de los productos relevados resultaron más económicos que en el mercado argentino. Agua, cerveza y carne: las mayores diferencias Entre los productos que más se encarecen en Argentina aparecen el agua mineral, la cerveza nacional y algunos cortes de carne vacuna. Según el informe, una botella de agua de 1,5 litros cuesta USD 1,7 en Argentina, mientras que vale USD 0,8 en Brasil y Francia, USD 0,7 en Polonia y apenas USD 0,6 en China. La cerveza nacional también muestra una diferencia importante. Una botella de medio litro cuesta USD 2,4 en Argentina, frente a USD 1,3 en Brasil, USD 1,2 en Polonia y USD 0,9 en China. En carne vacuna, el kilo de bife de nalga o peceto se ubica en USD 12,3 en Argentina. El valor supera los USD 8,4 de Brasil, los USD 11,8 de Chile y los USD 11,1 de China, aunque todavía queda por debajo de los USD 16,9 de Estados Unidos. El informe además detectó que, desde diciembre de 2025, la carne vacuna registró aumentos relativos de entre 40% y 60% frente al resto de los países analizados. También crecieron las diferencias en papas y cerveza. Sin embargo, no todos los alimentos relevados mostraron sobreprecios frente al exterior. Algunos mantienen valores relativamente bajos en comparación internacional. El kilo de arroz blanco, por ejemplo, cuesta USD 1,4 en Argentina, contra USD 4,6 en Estados Unidos y USD 2,9 en Corea del Sur. Algo similar ocurre con las papas y el queso, que aparecen entre los productos más competitivos del relevamiento. De hecho, el arroz fue uno de los bienes que más mejoró su posición relativa respecto de la medición anterior, con una baja de entre 12% y 20% frente a los precios internacionales. El otro frente: ropa y electrodomésticos El panorama es todavía más desfavorable en bienes durables, indumentaria y calzado. Allí, Argentina aparece como el país más caro en el 81% de los productos relevados. Los mayores sobreprecios se detectaron en autos, motos, electrodomésticos, jeans, vestidos y zapatillas. Según el Ieral, la combinación de alta carga tributaria y protección comercial explica gran parte de esas diferencias frente a otros mercados. Bae Negocios

Las organizaciones de docentes, no docentes y estudiantes colmaron la Plaza de Mayo en el marco de una masiva marcha en la que exigieron por una recomposición presupuestaria. En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las organizaciones convocantes leyeron un duro documento contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y reclamaron por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, por las universidades públicas y en defensa de la democracia. En el mensaje, pidieron a la Corte Suprema “que no permita que el Gobierno siga incumpliendo la ley de Financiamiento”. El máximo tribunal tendrá la última palabra en el ámbito judicial. Este martes, miles de personas se dieron cita en diferentes puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, para acompañar el pedido de recomposición presupuestaria que encabezan las universidades públicas ante el ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre del 2023. Hasta la fecha, el Consejo Interuniversitario Nacional denuncia un recorte del 45.6% sobre los recursos. En un duro documento firmado por el CIN y refrendado por organizaciones gremiales docentes, calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como “crítico” y aseguraron que la principal causa es que el Gobierno nacional “incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema”. En paralelo al ahogamiento sobre políticas de infraestructura para el mantenimiento de las casas de estudios, las universidades denunciaron también que se le suma la asfixia salarial impuesta por el Gobierno nacional. Desde 2024, Nación cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo. Eso, según afirman, se tradujo en un “empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo”, acompañado por “renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales”. Para ponerlo en números, las universidades aseguraron que mientras la inflación acumuló un 293,30% entre diciembre del 2023 y marzo del 2026, los salarios acumulan un incremento del 147,30 %, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %, remarcaron. “Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas”, advirtieron. En ese mismo tiempo, el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los Gastos de Funcionamiento de las Universidades “no ha superado, en ninguno de los meses de la actual gestión de Gobierno, el 64% del que tenía en enero de 2023”. La tendencia se intensificó en el último tiempo, provocando la pérdida de un equivalente a casi 9 meses de transferencias, argumentaron. A la crisis presupuestaria, las universidades le añaden la decisión del Gobierno de no cumplir con la ley de Financiamiento aprobada por el Congreso y defendida por ambas cámaras ante el intento de veto. “Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un estado de derecho”, advirtieron. Sobre el final de la lectura del documento, los presentes elevaron sus reclamos al Poder Judicial, donde se dirimirá el futuro de la normativa luego del per saltum presentado por el Ejecutivo. “Le pedimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la república y no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario”, manifestaron en defensa del derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado nacional de financiar la universidad pública. El duro documento de las universidades contra el Gobierno Las universidades públicas y sus comunidades, junto con el sistema público de investigación, desarrollo e innovación, somos el fruto de una larga lucha de nuestro país, de nuestro pueblo, por contar con un sistema estatal de educación y de producción de conocimientos que garantizara el núcleo del porvenir: educación superior de la máxima calidad para todos, profesionales altamente calificados, conocimientos para el desarrollo social y económico, una juventud protagonista de su tiempo. La universidad pública se constituyó como una caja de resonancia de las grandes demandas del país, de sus dolores y de sus esperanzas. Hoy, como siempre, la comunidad universitaria asume la tarea de luchar por su universidad y en esa lucha hacer reverberar todas las demás: la discapacidad, las jubilaciones, la salud, las diversidades, el alimento, los recursos naturales, la industria nacional. El financiamiento del sistema universitario nacional es actualmente crítico y la principal causa es que el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema. La situación presupuestaria, como lo venimos planteando públicamente, es crítica. El recorte ocurre en todas las dimensiones de los asuntos universitarios y afecta a todas las funciones sustantivas gravemente. Las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que implica una reducción inédita de los recursos disponibles para el sostenimiento del sistema universitario. La política salarial impuesta por el Gobierno nacional cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo y el empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo, preocupante nivel de renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales: las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas. Entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 la inflación ha sido 293,30 %, mientras que los salarios acumulan un incremento del 147,30 %. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %. Para tener un orden de magnitud de dicha pérdida en el tiempo, el deterioro sistemático del poder adquisitivo del salario equivale a la pérdida de aproximadamente 10,9 salarios en el período considerado. Esta situación ubica en la actualidad a los

El presidente Donald Trump y su séquito, que incluía a Jensen Huang de Nvidia y a Elon Musk, fueron recibidos con una fastuosa bienvenida en Pekín mientras se preparaba para pedirle al presidente chino Xi Jinping que se “abriera” a los negocios estadounidenses al comienzo de su cumbre. El presidente Donald Trump y su séquito, que incluía a Jensen Huang de Nvidia y a Elon Musk, fueron recibidos con una fastuosa bienvenida en Pekín el miércoles, mientras se preparaba para pedirle a Xi Jinping de China que se “abriera” a los negocios estadounidenses al comienzo de su cumbre de dos días. Trump busca obtener algunos logros económicos en la primera visita de un presidente estadounidense a China en casi una década y mantener una frágil tregua comercial para apuntalar los índices de aprobación pública, maltrechos por su guerra con Irán. Fue recibido por dignatarios chinos, una formación de guardia de honor militar meticulosamente coreografiada y decenas de estudiantes chinos que ondeaban banderas estadounidenses y chinas al desembarcar del Air Force One en las últimas horas del crepúsculo del miércoles. Tras detenerse a mitad de la alfombra roja mientras los estudiantes coreaban “bienvenidos, bienvenidos, cálida bienvenida” en mandarín, levantó el puño en señal de victoria y sonrió ampliamente antes de partir en su limusina. Los directores ejecutivos que acompañan a Trump provienen principalmente de empresas que buscan resolver problemas comerciales con China, como Nvidia, que ha tenido dificultades para obtener la autorización regulatoria para vender allí sus potentes chips de inteligencia artificial H200. Trump le pidió a Huang en el último minuto que se uniera al viaje, según una fuente familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato, y se le vio abordando el Air Force One durante una escala para repostar en Alaska de camino a Pekín. “Le pediré al presidente Xi, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar su magia”, dijo en una publicación en Truth Social, refiriéndose a la delegación de directores ejecutivos. “Esa será mi primera petición.” Preguntado sobre la publicación de Trump, Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dijo que Pekín está dispuesto a “ampliar la cooperación, gestionar las diferencias e inyectar más estabilidad y certeza en el turbulento mundo”. Mientras Trump se preparaba para el fastuoso evento, su negociador comercial, Scott Bessent, concluyó tres horas de conversaciones preparatorias con funcionarios chinos en Corea del Sur. La agencia oficial de noticias china Xinhua las describió como “francas, profundas y constructivas”, pero los funcionarios no ofrecieron un resumen detallado. Los dos días de reuniones de Trump incluirán una gran recepción en el Gran Salón del Pueblo, una visita al complejo religioso imperial del Templo del Cielo de Pekín, con 600 años de antigüedad , y un banquete de Estado. Además del comercio, las conversaciones abarcarán una serie de temas delicados, desde la guerra con Irán hasta la venta de armas estadounidenses a Taiwán, la isla gobernada democráticamente y reclamada por China. Se espera que Trump anime a China a convencer a Teherán de que llegue a un acuerdo con Washington para poner fin al conflicto, aunque ha dicho que no cree que necesite su ayuda .China reiteró el miércoles su firme oposición a la venta de armas estadounidenses a Taiwán, mientras que el estatus de un paquete de 14.000 millones de dólares que espera la aprobación de Trump aún no está claro. Reuters

Ana Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, y Laureano Duran, entre los candidatos que rendirán mañana examen en el Senado. El Senado realizará este miércoles una nueva Audiencia Publica donde rendirán exámenes una quincena de candidatos a ascender en la Justicia, entre los que se encuentran la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, Ana María Cristina Juan, y Laureano Duran, en otro claro guiño a la familia judicial. El Senado ya realizó tres audiencias donde expusieron 47 candidatos a jueces, defensores y fiscales, y entre mañana y el jueves lo harán otros 30 ante la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Paggoto, supo la Agencia Noticias Argentinas. De todos modos, el oficialismo no pudo lograr aún obtener dictamen a favor de esos pliegos porque los senadores dialoguistas se resisten a firmar esos despachos hasta el Gobierno no mande los candidatos a ocupar juzgados en el interior del país. Esto demora su tratamiento en el recinto de sesiones. El Gobierno envió ayer 45 pliegos para cubrir vacantes en juzgados de Capital Federal, Provincias de Buenos Aires, y el interior del país, pero algunos dialoguistas dicen que faltan que se envíen otros pliegos de las provincias. Lo que sucede es que los dictámenes respaldando esos pliegos que se pusieron a la firma no reunieron todavía las 9 firmas necesarias para que se convierta en un despacho habilitado para ser tratado en una sesión ordinaria. Los dialoguistas que deben firmar esos despachos son el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, los radicales Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri,y a misionera del Frente de la Concordia Sandra Rojas Decout. También integran la comisión de Acuerdos, los dialoguistas, la tucumana de Independencia Beatriz Avila, el correntino de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola, Sandra Mendoza de Convicción Federal, y la salteña Favia Royon. Familia judicial En la Audiencia de mañana expondrán Ana María Juan, esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien está a cargo de la investigación por la presunta megaestafa Libra. Ana María Cristina Juan, está propuesta comojueza de primera instancia en el juzgado de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Este miércoles también lo hará el exjuez subrogante del juzgado federal de La Plata, Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata, quien es hijo del ex camarista Alberto Duran. En la misma jornada expondrán el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado como juez del Juzgado de Primera instancia en lo Comercial de la Capital Federal y el fiscal de Morón, Mario Ferrario como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín. En la misma audiencia rendirán examen Emilio Faggi como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, y a Claudio Silvestri, Carlos Cuesta y María Michelli, en diferentes salas de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal de la Plata, Para el Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín se postulan a Pablo Flores, y Javier Arzubi Calvo. En la misma audiencia rendirán examen Mariano Amaduri, propuesto como juez nacional en lo Criminal y Correccional 7, a Gabriela Mariel Palopoli como jueza de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal, Maria Massa candidata a magistrada de Primera Instancia de Ejecucionies Fiscales Tributarias de la Capital Federal, y Juan Guidici impulsado como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal.

El jefe de Gabinete manejó, al menos por ahora, unos 80 mil dólares que pasaron por dos billeteras virtuales y que no se incluyeron en la Declaración Jurada de 2024. Hay otras dos wallets en la mira de la justicia. A la cuenta de los gastos de Manuel Adorni de los últimos dos años proyectados en 850.000 dólares en efectivo -entre inmuebles, refacciones y viajes- ahora hay que agregar los movimientos con criptomonedas en 2024, que sumarían por lo menos 80.000 dólares más, según informaron allegados a la causa por presunto enriquecimiento ilícito. Ese monto, que no fue incluido en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, estaría vinculado a dos billeteras virtuales, aunque hay dos wallets más en la mira, con lo cual la cifra podría ser aún mayor. Por lo pronto la cuenta se acerca al millón de dólares. Son datos relevantes para la investigación que compromete al jefe de Gabinete, quien tarde o temprano –todo indica- deberá explicar cómo cambió radicalmente su nivel de vida desde que llegó a la función pública con un sueldo cercano a tres millones de pesos que recién este año trepó a siete millones. El levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, permitió al fiscal Gerardo Pollicita detectar operaciones vinculadas a “plataformas de pago, billeteras virtuales, cuentas digitales, productos de inversión y eventuales operaciones con criptoactivos”. Eso fue -más que una actividad bancaria convencional- lo que mostraron los extractos bancarios y resúmenes de tarjetas del Banco Galicia y COELSA (la empresa que operativiza las transferencias). En función de los datos recabados, Pollicita solicitó informes a Mercado Libre S.R.L. (Mercado Pago), BTC Trade S.R.L., Brubank S.A.U., Open Bank Argentina, DLP Capital Partners, Digifin, SG Financial Technology (Ágil Pagos), Credencial Argentina S.A., Montemar Compañía Financiera S.A., Banco Industrial y Personal Pay (Micro Sistemas S.A.U.). Ya tiene buena parte de la información en su poder, al igual que de una veintena de exchanges que trabajan con criptomonedas. Según pudo reconstruir Página/12, habría movimientos por unos 80.000 dólares en criptomonedas. En su declaración de bienes del año pasado, correspondiente al 2024, Adorni no incluyó activos virtuales. Pero fuentes de la investigación confirman que hubo ingresos y egresos de fondos vinculados por lo menos a dos billeteras. Teorías Un interrogante asociado a esta cuestión, que ya se planteaba respecto al gran volumen de pagos en efectivo que habría manejado Adorni, alude al origen de los fondos. Las sospechas de existencia de sobresueldos vienen alimentadas por la multiplicación de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia y por el hecho de que la semana pasada, ante la pregunta de periodistas en la última conferencia de prensa de Adorni, ni él ni quienes lo acompañaban –la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y el ministro de Economía, Luis Caputo- negaron percibirlos. Otra de las teorías aparece en una causa paralela a la de enriquecimiento, que apunta a establecer mecanismos de cobro de retornos, como podrían ser los contratos de la consultora “Mas Be” de Angeletti, con empresas que son contratistas del Estado que se encontrarían bajo la órbita o influencia del jefe de Gabinete. Está a cargo del juez Ariel Lijo, pero con el fiscal Carlos Stornelli. Otras teorías recuerdan a los empresarios extranjeros que, en el contexto del Tech Forum de 2024, revelaron que les pedían dinero para poder entrevistarse con el presidente Javier Mieli, e incluso 50.000 dólares para estar en una suerte de vip del evento, que era un encuentro para promover negocios. Pagos por entrevistas, gestiones e incluso por charlas no son teorías a descartar. El caso $LIBRA no parece una anécdota en este punto. Adorni tenía trato al menos desde 2022 con el trader Mauricio Novelli, en cuya academia de negocios N&W dio al menos una “master class” además de publicitarla. Cuando era vocero, además, participó de reuniones con el Presidente, Novelli y empresarios que éste había atraído al Tech Forum, en octubre de 2024, y estaba todo planeado para que fuera el orador principal del mismo evento en su versión 2025. Es más, en uno de los chats del grupo que trabajaba con Novelli hablaban de que había que pagar un posteo de Adorni: el chat coincidía con la difusión de los primeros flyers del evento que (finalmente) no se hizo por el escándalo. El telón de fondo, además, era el acuerdo de Novelli y sus socios con el estadounidense Hayden Davis (creador de $LIBRA) por su asesoramiento para el gobierno de Milei en blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas, por el que está confirmado que hubo pagos concretados en dólar cripto. Cash e interrogantes Hay una cantidad de datos ya acumulados en la causa que confirman que Adorni hizo importantes erogaciones en el último año y medio en efectivo (rondarían los 400.000 dólares) y que tenía compromisos por saldar este año: 1-Inmuebles y refacciones: Pagó 30.000 dólares a las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito pero quedó debiéndoles 200.000 sin intereses y 65.000 dólares de refacción; pagó 120.000 dólares por la casa de Indio Cuá más 5000 de ingreso al country (recibió un préstamo de 100.000 para eso de parte de dos mujeres policías que le presentó la escribana Adriana Nechevenko, y del que aún debe 70.000) y desembolsó 245.000 dólares cash y sin factura por la remodelación total de la propiedad según declaró el contratista Matías Tabar, quien dijo que a través suyo también se encargaron los muebles para el inmueble de la calle Miró, por los que se habrían pagado 10.000 dólares (14 millones de pesos). Hay que sumar gastos de escrituración y sellos. 2-Viajes: por el regreso del viaje a Nueva York en marzo último pagó 5000 dólares por el pasaje de su esposa en primera clase (el también volvió en primera, pero pagó el Gobierno); el viaje a Punta del Este en avión privado (cerca de 9000 dólares) del fin de semana de Carnaval lo habría pagado Marcelo Grandio (amigo de Adorni quien tenía contratos con la TV

La investigación apunta al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de Pergamino por defraudar al Estado Nacional con la facturación de 191 órdenes de consultas y de prácticas prescriptas a 28 afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que nunca recibieron las prestaciones. La Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, a cargo del fiscal federal Matías Felipe Di Lello, formalizó la imputación al presidente, al director y a un médico de una clínica privada de Pergamino por defraudar al Estado Nacional con la facturación de 191 órdenes de consultas y de prácticas prescriptas a 28 afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que nunca recibieron las prestaciones. Según informó el sitio Fiscales, las maniobras fueron detectadas entre abril y diciembre de 2024, pero podrían tener un volumen mayor, según indicios de la investigación. El juez de garantías de la jurisdicción ordenó una caución real de 10 millones de pesos para cada uno de los imputados y la prohibición de salir del país por un plazo de 90 días. Ante el magistrado federal Carlos Villafuerte Ruzzo, el MPF formalizó la semana pasada la investigación penal respecto del presidente y el director médico Clínica Centro SA de Pergamino como coautores de fraude en perjuicio de la administración pública. En relación al médico, lo consideró partícipe necesario del mismo delito. El caso se inició a partir de la presentación de una paciente ante la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Cometidos en el ámbito de PAMI, a cargo del fiscal federal Javier Arzubi Calvo. A los dos primeros se les atribuyó haber validado y facturado 191 Ordenes Médicas Electrónicas (OMES) —de consultas y de práctica— que no se realizaron en la institución, entre abril y diciembre del 2024. Al médico se le atribuyó una colaboración necesaria, ya que habría emitido 110 OMES que no se realizaron y que fueron cobradas por la Clínica Centro SA., donde se desempeñaba como responsable del Área de Internación, al menos, hasta noviembre de 2025. De acuerdo las evidencias reunidas en la investigación, las maniobras provocaron un perjuicio económico al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ) de al menos $1.644.662,37 que, según la actualización hecha por PAMI, a noviembre de 2025 ascendía a $3.242.369,02. Tras la exposición de la fiscalía, el juez Villafuerte Ruzzo dio por formalizada la investigación y otorgó un plazo de 90 días para profundizar la pesquisa. Prescripciones falsas Según indicó el fiscal Di Lello, los directivos se valieron de OMES emitidas por diferentes médicos de Pergamino. Para ello, utilizaron datos de afiliados de PAMI que no se atendieron con ellos, no tenían las patologías que indicaba el estudio y nunca asistieron a la Clínica Centro, ubicada en Pueyrredón 840 de Pergamino. Para concretar el fraude y confirmar falsamente que el afiliado había concurrido al lugar para llevar adelante la práctica o consulta indicada, utilizaban su número de DNI y de trámite. Luego, habrían transmitido las órdenes médicas para el cobro, donde habría facturado los montos indicados desde el usuario de la clínica a través del sistema informático oficial de PAMI. La fiscalía marcó que las OMES cobradas e informadas por PAMI fueron contrastadas a través de llamados telefónicos realizado por UFI PAMI a diversos afiliados. A partir de entrevistas, análisis de IP, tareas de campo y un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), se pudo corroborar que efectivamente las prácticas y consultas médicas no existieron, pero fueron cobradas por la clínica en su totalidad. El legajo penal incorporó un informe sobre la auditoría realizada por el Programa de Atención Médica Integral a la Clínica Centro el 26 de agosto de 2024, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento de las prestaciones establecidas mediante el contrato suscripto con el INSSJP. Ese relevamiento concluyó que las posibilidades de brindar las prestaciones convenidas con PAMI se veían seriamente afectadas debido al no cumplimiento de la documentación formal; la falta de personal profesional y no profesional para asistencia y demanda de los pacientes; y la falta de recursos, equipamiento y normas en los servicios complementarios de diagnóstico y tratamiento. A ello agregó que, al allanar la clínica, no se hallaron ni se aportaron historias clínicas de las pacientes, exigidas no solo por PAMI sino por la ley. Además, muchos pacientes indicaron que no asistían a ese centro salud por la mala atención y optaban por atenderse en el hospital público. Para el fiscal, ello evidenciaba que “las practicas adjudicadas a la clínica no existieron y por ende se transmitieron falsamente”. El análisis de las órdenes El caso se inició en marzo de 2025 a raíz de un correo electrónico enviado por una afiliada a la UFI PAMI, mediante el cual puso que le figuraban diversos estudios en su historial de la aplicación de PAMI ordenados por su médico de cabecera pero que nunca se había realizado, y muchos menos en la Clínica Centro SA. Para dar cuenta de lo relatado, acompañó capturas de la pantalla de su perfil, donde figuraban al menos seis órdenes médicas confeccionadas en septiembre de 2024. Con el objetivo de verificar los montos asumidos por PAMI para abonar las prácticas desconocidas por la afiliada y tras corroborar la existencia de otras maniobras de similares características, se obtuvieron informes de la Gerencia de Análisis de Procesos Retributivos del INSSJP. De esos registros surgió que se emitieron órdenes de práctica y órdenes médicas desconocidas por la paciente. A partir de ese hecho, se realizaron llamados telefónicos a distintos afiliados que figuraban con órdenes de práctica y órdenes médicas emitidas/aceptadas por el prestador objeto de la denuncia. De la totalidad de la OMES analizadas se desprende que el 52,4% correspondían al médico imputado: se trata de 100 órdenes medicas emitidas a 14 de los 28 afiliados. Según los registros, solo entre junio y agosto de 2024 confeccionó 87 órdenes. Según el análisis, presentó un promedio de emisión de OMES entre 4 y 8 segundos por el mismo beneficiario, a pesar de que un médico tarda

El aportante del exdiputado mileísta admite dos delitos graves, pero excluye narcotráfico, con el fin de obtener una pena reducida. El acuerdo fue presentado ante el juzgado federal del distrito Este de Texas. Machado regresaría al país cuando salga en libertad. Federico “Fred” Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declara culpable de lavado de dinero y fraude, según documentos presentados este martes ante un juzgado de la ciudad de Sherman, este de Texas. Tras pasar seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, Machado intenta así lograr un drástico acortamiento de la pena. El fiscal Jay Combs dejaría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020. La defensa de Machado aspira a que el tribunal compute los cuatro años que permaneció en prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser detenido en Bariloche en abril de 2021. El acuerdo con el fiscal Combs no especifica una pena, aunque la expectativa del entorno del exfinancista de José Luis Espert es que recupere la libertad en cuestión de meses o pocos años. Una vez en libertad, el objetivo de Machado sería regresar a Argentina, donde tiene planeado hacer negocios. Sus conexiones empresariales son cuantiosas. En su época dorada, el empresario vendió cerca de cien aviones en el país, entre otros, al exgobernador y actual senador de Salta Juan Carlos Romero, al fallecido banquero Jorge Brito, y a las famlias Neuss, Frávega y Bada Vidal (Lácteos Vidal). Es amigo de personalidades como Juan “Pico” Mónaco, se entrevistó con gobernadores y transportó a figuras del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación. El argentino, dueño de la firma de aviación South Aviation y un protagonista central del negocio aéreo privado en lo que va del siglo, fue extraditado desde Argentina a Estado Unidos el 5 de noviembre, luego de que este diario informara detalles sobre su vínculo económico con Espert. El socio político de Javier Milei recibió aportes del empresario en su campaña presidencial de 2019, de entre US$200.000 y US$2,5 millones, según fuentes muy próximas a aquel armado electoral. Un registro de una transferencia de US$200.000 realizado en enero de 2020, publicado por elDiarioAR y Perfil en septiembre pasado, terminó de comprobar la relación. A partir de allí, tras días vertiginosos, Espert debió abandonar la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y la política en general, y se aceleró la extradición de Machado. La acusación contra Machado y su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, incluía narcotráfico a gran escala desde países de Centroamérica y el norte de Sudamérica a Estados Unidos, un extremo que el argentino siempre negó. Mercer-Erwin, en cambio, se declaró culpable por ese delito y recibió una condena de 16 años de prisión en 2023. Ambos se valieron de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, una herramienta por la que circularon cientos de millones de dólares. En un caso intrincado, que contiene más de 20 terabytes de documentación, entre correos electrónicos, transferencias y registros financieros, y propiedades y movimientos comerciales en media docena de países, la hipótesis de un juicio oral suponía para Machado el riesgo de enfrentar décadas en la cárcel. El empresario argentino se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admitió haber cometido fraude, que es uno de los núcleos de la acusación. Druante unos veinte años, Machado se presentaba como el puente para la compra-venta de aviones privados, y habría utilizado decenas de millones de dólares de inversores para otros fines, que el acuerdo no especifica. El pacto con la fiscalía debe ser homologado por el juez federal de Texas Amos Mazzant. Según las prácticas de los tribunales estadounidenses, la probabilidad de corroborar el acuerdo entre la fiscalía y el acusado es alta. Entre los detalles clave que falta dilucidar, es el grado de cooperación de Machado. Es probable que haya suministrado o prometido nombres de otros involucrados e ingenierías financieras que permitieron el fraude. El frente Espert Espert, por su parte, enfrenta una acusación en un juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli. El fiscal Fernando Domínguez encontró indicios de lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables. Aquella transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020, con el supuesto objetivo de pagar una consultoría para una mina de Guatemala, fue el disparador que permitió detectar una trama de la que Espert se habría enriquecido en los últimos años. La expectativa del exdiputado —“el profe” para Milei— era que el acuerdo de Machado lo liberara de la sospecha de lavado. Luego de negar un vínculo comercial con el empresario de los aviones durante años, una vez que el pago de US$200.000 salió a la luz, Espert adujo que se trató de un contrato real para auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, pese a que el economista no contaba con ningún antecedente en la materia. Con la documentación incautada por Domínguez, Espert no pudo negar que el acuerdo con Machado era por US$1 millón, del que se habría pagado una cuota. No hay ningún elemento que haya demostrado que la asesoría técnica se llevara a cabo, lo que alimenta la hipótesis del delito. Con la admisión de culpabilidad de Machado, el frente judicial para Espert se ensombrece. Dado que el empresario reconoce haber lavado dinero, la transferencia de cientos de miles de dólares al exdiputado de ultraderecha podría haber sido un eslabón de ese delito. Días atrás, el exdiputado hizo una presentación en el expediente para trasladarlo a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de

Ocurrió en Villa Berthet. Rápidamente pusieron en resguardo a la niña y activaron el protocolo. En Villa Berthet, una jornada de prevención organizada por el Departamento Cibercrimen de la Policía del Chaco permitió esclarecer un grave hecho de  abuso  sexual contra una menor de edad. La actividad, denominada “Peligros en Internet, Grooming y Ciberbullying”, se desarrolló en la Casa de la Historia y la Cultura, con la participación de unos 200 alumnos y docentes. Durante la charla se abordaron temas vinculados a riesgos digitales, violencia en entornos virtuales y mecanismos de denuncia. Al finalizar, una estudiante se acercó voluntariamente a los agentes para relatar una situación personal de abuso que sufría por parte de un curandero allegado a su familia, quien aprovechaba momentos en que la menor quedaba bajo su cuidado. De inmediato se activó el protocolo de intervención y contención, con la presencia de autoridades educativas. La Fiscalía de Investigación Penal N°3 de Villa Ángela ordenó la apertura de actuaciones por Supuesto Abuso Sexual, y la Comisaría de Villa Berthet colaboró en la aprehensión del sospechoso. Además, se secuestró un teléfono celular de interés para la investigación, preservando la cadena de custodia digital. Desde el Departamento Cibercrimen remarcaron la importancia de estos espacios de prevención, ya que generan un ámbito de confianza entre los disertantes y el público, donde pueden animarse a pedir ayuda y visibilizar situaciones de violencia.

Los procedimientos se realizaron en Charadai y Colonia Elisa, donde las fuerzas rurales avanzan en investigaciones por robo de ganado. En La Sabana ya suman 42 animales secuestrados, mientras que en Colonia Elisa recuperaron vacunos denunciados como robados y detuvieron a un hombre. Las fuerzas de seguridad rural del Chaco desplegaron en los últimos días una serie de operativos contra el abigeato en distintos puntos del interior provincial, con importantes secuestros de ganado bovino, elementos presuntamente utilizados para adulterar marcas y la detención de un sospechoso. Uno de los procedimientos de mayor magnitud se desarrolla en la zona de La Sabana, jurisdicción de Charadai, donde el Departamento de Seguridad Rural y Ambiental de Machagai culminó este 11 de mayo el cuarto día consecutivo de allanamientos en el marco de una investigación por delitos rurales. La jornada finalizó cerca de las 19, luego de que efectivos verificaran unos 370 animales vacunos de distintas categorías y relevaran aproximadamente 260 hectáreas rurales. Durante los controles se secuestraron otros seis animales con marcas registradas cuya titularidad aún no pudo establecerse en el Sistema de Identificación de Marcas (SIM). Con este nuevo avance, la investigación ya acumula 42 animales secuestrados con carácter impostergable, además de otros 19 bovinos considerados de interés directo para la causa judicial. Debido a la falta de luz natural, los allanamientos fueron suspendidos temporalmente y se solicitó una prórroga para continuar con las diligencias en los próximos días. El operativo contó con la presencia de la fiscal Rural y Ambiental, Dra. Noelia Beatriz Miño; la directora general de Seguridad Rural y Ambiental, comisario mayor Claudia Lucena; jefes policiales de Machagai y Villa Ángela, junto a efectivos de distintas dependencias. Recuperaron ganado robado y detuvieron a un sospechoso en Colonia Elisa En paralelo, efectivos del Departamento de Seguridad Rural de General San Martín realizaron allanamientos en la zona de Colonia Elisa, tras una denuncia por la faltante de ocho animales bovinos y daños registrados en un campo alquilado. A partir de tareas investigativas desarrolladas junto al personal de la comisaría local, los uniformados identificaron dos inmuebles rurales presuntamente vinculados al hecho. El resultado positivo se produjo en uno de los domicilios allanados, donde se secuestraron siete animales bovinos de distintas categorías. Según se informó, tres de ellos fueron reconocidos por el denunciante, mientras que los otros cuatro fueron posteriormente identificados por otros productores rurales que también habían denunciado la sustracción de ganado. Durante el procedimiento, además, los efectivos incautaron dos elementos metálicos que habrían sido utilizados para adulterar señales del ganado, una práctica comúnmente asociada a maniobras de ocultamiento en casos de abigeato. Por disposición de la fiscalía interviniente, un hombre de 39 años fue aprehendido como presunto autor del hecho y quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

Además, en relación con el brote que se detectó en un crucero, confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, presente en el sur de Argentina y Chile. El hantavirus sigue vigente en el país y, según se indicó en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), solo se notificó un caso nuevo en las últimas dos semanas y se trata de una persona con residencia en la provincia de Buenos Aires (PBA), mientras que el total de casos de toda la temporada 2025-2026 (que comprende desde la semana epidemiológica 27 de 2025 hasta la 17 de 2026) asciende a 102 confirmados. En el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se indicó que la región Centro concentró el 54% de los casos principalmente en PBA (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 36 casos confirmados, de los cuales el 83% se concentró en Salta. En tanto, en relación con el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius la semana pasada, el BEN correspondiente a la semana epidemiológica 17 de 2026 confirma que, hasta el momento, se identificaron ocho casos a bordo del buque (seis confirmados y dos probables), de los cuales tres fallecieron. Además, se informó que las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile. Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote, ya que el caso testigo no estuvo en zonas endémicas de la cepa Andes durante los días que se estima que tuvo lugar el contagio. Por su lado, el Ministerio de Salud de la Nación continúa realizando la investigación epidemiológica correspondiente en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas y fortaleciendo la cooperación internacional mediante el envío de insumos y asistencia técnica a los países afectados.

Los ediles del bloque opositor, Lucila Masin, Soledad Villagra, Guillermo Monzón y Ángel Sánchez, formalizaron una presentación ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chaco solicitando una intervención urgente para auditar la ejecución de la obra pública municipal de los ejercicios 2025 y 2026. El pedido alcanza un monto total de $3.858.554.782,02. La presentación fundamenta la necesidad de control no solo en la Carta Orgánica Municipal, sino también en los principios de la Ley Nacional N°27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Esta normativa obliga a los estados a garantizar la transparencia y el libre acceso a los datos sobre el uso de fondos públicos, algo que el Ejecutivo Municipal viene eludiendo sistemáticamente. Supuesta falta de transparencia e irregularidades La presentación pone la lupa sobre una serie de obras adjudicadas mediante procedimientos de excepción. Se destaca que tres de las seis obras del ejercicio 2025 fueron otorgadas a la misma empresa, DALNO S.R.L., a través de sucesivas contrataciones directas que suman más de $631 millones. Los ediles alertan sobre un posible “fraccionamiento indebido de contrataciones” para evitar procesos de licitación más rigurosos. Entre los puntos principales del pedido de informes se encuentran: Obras bajo sospecha 2025: incluyen la remodelación del Cementerio San Francisco Solano ($450 millones), la refacción de la Escuela Municipal de Folklore ($792 millones) y la readecuación del centro de monitoreo en Laguna Argüello. Obras 2026 en la mira: se exige auditar las reformas en el Domo del Centenario y el Parque 2 de Febrero, las cuales superan los $2.100 millones en el presupuesto actual. El rol de control de la oposición “Los actos de gobierno deben ser públicos y los vecinos tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero”, señalaron los concejales. El bloque opositor exige que el Tribunal de Cuentas verifique si hubo sobreprecios, si la ejecución física de las obras se corresponde con lo pagado y si existe la documentación técnica respaldatoria. “No queremos más anuncios vacíos, queremos transparencia total”, enfatizaron desde el bloque, remarcando que esta acción busca prevenir irregularidades en el manejo de los fondos públicos ante la falta de rendiciones documentadas por parte del Ejecutivo Municipal. La Voz del Chaco