El vicepresidente de la Cámara de Frigoríficos del Chaco, Julio Augusto, analizó la situación del sector y sostuvo que la recuperación de la ganadería llevará años por la falta de stock. También se refirió a la posible baja de aranceles de Estados Unidos para la importación de carne argentina, la caída del consumo y desmintió versiones sobre el ingreso de carne de burro al mercado. El vicepresidente de la Cámara de Frigoríficos del Chaco, Julio Augusto, afirmó que la ganadería argentina atraviesa “la mejor etapa” de los últimos años en materia de precios para el productor, aunque advirtió que la recuperación del stock ganadero demandará tiempo y podría repercutir en los valores del mercado interno. En declaraciones a CIUDAD TV, Augusto se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos reduzca aranceles para la importación de carne argentina y explicó que el impacto principal se daría sobre el mercado exportador. “La carne argentina es una carne muy buena. Si bajan los aranceles se tendría que exportar más”, señaló. Sin embargo, aclaró que “no toda la carne se exporta” y que muchos cortes continúan destinados al consumo interno. En ese sentido, sostuvo que una mayor demanda internacional podría influir en los precios locales por la menor disponibilidad de hacienda. “Puede haber una suba en el mercado interno porque van a salir a buscar hacienda que hoy por hoy no hay en esa cantidad”, expresó. El dirigente explicó que en los últimos años se redujo el stock bovino y que recién ahora los productores comenzaron a recuperar rentabilidad. “Antes no le alcanzaba al ganadero, estaba muy mal económicamente. Le costaba hasta poner un alambre y ahora recién está arreglando sus instalaciones para recuperar el stock que perdimos”, indicó. Sobre el consumo interno, Augusto afirmó que las ventas “bajaron bastante”, aunque remarcó que la caída no responde al valor de la carne sino al deterioro del poder adquisitivo. “El problema no es el precio de la carne, ni el precio del pan, sino que no le alcanza a la gente la plata”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó que la costilla en oferta ronda los 9.800 pesos, la carne molida 8.500 pesos y el kilo de milanesas cerca de 14 mil pesos. “La carne en sí no está cara. Tenía que haber subido porque estaba muy baja, pero el problema mayor es el problema adquisitivo que vive la gente”, agregó. Augusto también apuntó contra la presión impositiva y aseguró que afecta tanto a las empresas como a los trabajadores. “Pagamos impuestos hasta para podernos mover. Eso hace que tengamos muy poco margen”, afirmó. En relación con versiones sobre la comercialización de carne de burro o guanaco, el empresario descartó esa posibilidad y cuestionó la difusión de ese tipo de informaciones. “No hay burro para matar. ¿De dónde vamos a sacar burro y guanaco?”, dijo entre risas. Además, remarcó que los frigoríficos están habilitados principalmente para faena bovina y bubalina. En ese punto, explicó que en los últimos años creció la faena de búfalo, especialmente en provincias como Corrientes. “El búfalo es un poco más barato y es una carne más magra”, señaló, aunque aclaró que tiene diferencias de rendimiento respecto de la carne bovina. Finalmente, insistió en que la situación económica general es el principal problema que atraviesa el sector. “No le da para pagar el alquiler, la luz o las cargas sociales. Ese es el gran problema que estamos teniendo todos los rubros en la Argentina”, concluyó.
Autor: Redacción General
Una nueva encuesta de la consultora Sentimientos Públicos, realizado sobre 1500 casos a nivel nacional en mayo de 2026, pone en números lo que muchos intuían: la promesa libertaria se percibe quebrada y la intención de voto para una eventual reelección de Javier Milei cayó a niveles críticos. Se reduce a un núcleo cada vez más chico, más rico y concentrado en zonas puntuales del interior del país. Según el relevamiento, apenas el 26,5% de los encuestados considera probable votar al presidente para un segundo mandato. Del otro lado, un contundente 73,5% se manifiesta en desacuerdo con esa posibilidad. El dato más alarmante para el oficialismo no está en el rechazo general sino en lo que ocurre puertas adentro. La encuesta revela que Milei perdió al 48% de sus propios votantes de la elección de 2023. Es decir, casi la mitad de quienes lo eligieron hace dos años y medio hoy no lo volvería a votar. El golpe se extiende al electorado aliado: el 50% de quienes votaron a Patricia Bullrich en la primera vuelta de 2023 dice que tampoco lo acompañaría. Y entre los que en aquel momento votaron en blanco o se abstuvieron, el rechazo a Milei trepa al 92%. ¿Dónde pega más fuerte el rechazo? La resistencia al presidente tiene epicentros claros. En el AMBA (Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires), el rechazo alcanza el 76%. Pero el número más duro aparece entre los millennials y la generación X (personas de 29 a 44 años): en esa franja etaria, el 80% descarta votarlo. El apoyo residual del 26,5% tiene un perfil definido y muestra cambios respecto de la base original que llevó a Milei a la presidencia. En la Zona Agro (Córdoba, Santa Fe, La Pampa y otras provincias productivas), el respaldo sube al 30%. Entre los jóvenes de 18 a 28 años, trepa al 36%, casi diez puntos por encima del promedio nacional. Como novedad, el mileísmo ganó terreno en la Zona Minera Norte y entre las clases altas, dos segmentos que están siete puntos por encima del apoyo general. La base social del presidente sigue siendo joven, pero ahora es más rica y avanzó geográficamente hacia el norte del país. Además, se des-masculinizó: las proporciones de hombres y mujeres que lo apoyan están parejas. Esperanza en mínimos Incluso dentro de ese núcleo de apoyo, la fe en el gobierno se desmorona. Del casi 27% que todavía lo respalda, solo un 14% conserva esperanzas genuinas en la gestión. Otro 13% se sostiene en la idea de que simplemente no hay alternativas. Un 12% se mantiene expectante pero con mirada negativa. Y el 61% restante de la población directamente lo rechaza y teme que la situación empeore. El director de Sentimientos Públicos, Hernán Vanoli, advierte que estos números no implican necesariamente una derrota electoral. El menú de candidatos opositores y la coyuntura económica van a ser determinantes. Sin embargo, la encuesta deja en evidencia que en una sociedad que funciona cada vez más como un mercado de expectativas, la promesa libertaria se percibe rota. Y reparar esa percepción, con los niveles actuales de endeudamiento, ajuste y malestar que muestra el mismo estudio, será el mayor desafío del oficialismo de cara a las urnas. El Destape
Durante un operativo conjunto entre la Policía Caminera e inspectores de tránsito de la Municipalidad de Resistencia, fueron secuestradas 12 motocicletas por diferentes irregularidades detectadas en los controles vehiculares. En uno de los procedimientos, los agentes detectaron una moto cuyo dominio no coincidía con el número de chasis del rodado. Además, el conductor presentó solamente una fotocopia de la cédula del vehículo, sin la documentación original obligatoria para circular. Ante esta situación, personal de la Policía Caminera procedió al secuestro de la motocicleta y a continuar con las actuaciones correspondientes.
En el día de una nueva marcha federal universitaria, los diputados del bloque de Provincias Unidas le reclamaron al Gobierno la “aplicación inmediata” de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la bancada presidida por Gisela Scaglia enfatizaron que “cumplir la ley no es una opción política: es una obligación constitucional”. “A más de seis meses de su sanción con mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso, la Ley de Financiamiento Universitario continúa sin ser aplicada por el Poder Ejecutivo Nacional. A esta altura, el problema ya no es la falta de herramientas sino la decisión de no aplicarlas. El Congreso habló con claridad y la Justicia también: la ley debe cumplirse, especialmente en lo referido a los salarios docentes y la actualización de becas”, sostuvieron. A través de un comunicado, los legisladores de la bancada que preside Gisela Scaglia señalaron que “la persistencia en su incumplimiento no solo afecta el funcionamiento del sistema universitario, sino que también debilita principios básicos del orden democrático: el respeto por la ley, la división de poderes y la previsibilidad institucional”. “La Universidad pública es un pilar estratégico del desarrollo del interior productivo. Forma profesionales, técnicos e investigadores indispensables para el crecimiento de las provincias y sostiene oportunidades reales de movilidad social. Hoy, más de 2.500.000 estudiantes asisten a universidades públicas en todo el país; el 48% proviene de hogares de bajos ingresos y más del 68% es primera generación de universitarios en su familia. El financiamiento adecuado del sistema universitario no es un gasto: es una inversión en capital humano, en desarrollo federal y en el futuro del país”, subrayaron. Finalmente, expresaron: “Desde Provincias Unidas exigimos al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario en todos sus aspectos. Cumplir la ley no es una opción política: es una obligación constitucional. Defender la universidad pública es cuidar el futuro de millones de jóvenes que apuestan a estudiar, progresar y construir un país con más oportunidades. Por todo esto, acompañamos el reclamo de la comunidad universitaria argentina que se hará sentir hoy en todo el país”. Parlamentario
En los estudios de CIUDAD TV, el subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Castelán, se refirió a la situación actual y admitió que la situación del empleo es “complicada” y en sintonía con la realidad que atraviesa el país. El funcionario enfatizó en la necesidad de “un cambio cultural”, que es necesario un “cambio de chip” en la sociedad chaqueña y argentina. Apuntó a diagramar un programa que involucre de manera activa a las Cámaras empresariales, los ruralistas “para ver qué mano de obra se necesita”. “Por decirlo, hoy no estamos necesitando bibliotecarios o más docentes, más humanidades sino que torneros no hay en el interior, no tenemos más amanzadores de caballos. Tenemos que hacer un fortalecimiento de lo que se viene desarrollando, una suerte de plan de tesis”, sostuvo el funcionario que propone identificar qué mano de obra se necesita y qué perfiles específicos como los tractoristas capacitados en nuevas tecnologías para, por ejemplo, manejar maquinaria agrícola o vial. “Es difícil hoy la situación, pero no significa que no podamos hacer algo al respecto”, afirmó y apuntó a trabajar además “en pos de la registración” desde la Dirección Provincial del Trabajo que también tiene a su cargo. Retomó la idea del cambio cultural en el sentido de no buscar empleo solo en el Estado: “El Estado no es conchabador, tenemos que fomentar la actividad privada”, acentuó y comentó que mantiene reuniones con gremios como UOCRA, Centro de Empelados de Comercio. “La idea es que el privado invierta; nosotros tenemos que tener una economía de inversión, no una economía de consumo”, afirmó. Para Castelán “esta provincia no va a salir adelante si no es por el campo. Y te digo más, si no es por capacitaciones que tengan que ver con silvicultura y la forestación que es fundamental”. “Tenemos que buscar un RIGI que desarrolle la provincia, como fue La Forestal, pero con un control estatal”, apuntó. En relación a los pueblos indígenas, mencionó el trabajo de capacitación en apicultura, ganadería menor y artesanías para estas comunidades, buscando aprovechar el potencial productivo de la tierra. A pesar del panorama actual, el funcionario se mostró optimista sobre el futuro del empleo en la provincia, basándose en el trabajo de articulación con el sector privado y el enfoque en la productividad.
El diferencial entre los seguros contra default a uno y dos años supera los 270 puntos básicos. Refleja el temor a un cambio de rumbo, pero también dudas sobre la sustentabilidad del modelo si Milei continúa en el poder. Luis Caputo insiste en que el “riesgo kuka” vale cero y que las chances de un regreso del peronismo son prácticamente inexistentes. Sin embargo, en Wall Street ya empezaron a ponerle precio a otro escenario. Los seguros contra default de la deuda argentina muestran una diferencia cada vez más marcada entre las coberturas que vencen antes y después de las elecciones presidenciales de 2027, una señal de que el mercado empieza a cubrirse frente a un eventual cambio político o, incluso, frente a las dudas sobre la propia sustentabilidad del programa económico actual. Los credit default swaps (CDS), los seguros que se utilizan para cubrirse ante un incumplimiento de deuda, se transformaron en uno de los principales termómetros de la incertidumbre financiera argentina. Aunque la referencia más utilizada es el CDS a cinco años, en el mercado comenzaron a mirar con especial atención la diferencia entre los contratos a uno y dos años, porque permiten medir específicamente el riesgo asociado al período electoral. Actualmente, el spread entre ambas coberturas supera los 270 puntos básicos. Mientras el seguro a un año opera en torno a los 238 puntos básicos, el CDS a dos años salta a 509 puntos. En términos simples, los inversores pagan más del doble para cubrirse frente a un evento de default posterior a las elecciones presidenciales. La diferencia es particularmente llamativa porque en otros países ese tipo de spreads suele ubicarse entre 20 y 60 puntos básicos. En Argentina, en cambio, la curva financiera empieza a mostrar un quiebre cada vez más pronunciado justamente a partir del horizonte electoral de 2027. En el mercado reconocen que esa lógica ya empezó a reflejarse también en los bonos soberanos. Los títulos más largos, cuyos vencimientos quedan por fuera del actual mandato presidencial, vienen ofreciendo tasas sensiblemente más altas que aquellos que vencen antes de las elecciones. Esa diferencia de rendimientos funciona como una “prima política” que el mercado exige para asumir el riesgo de largo plazo. El consultor financiero Javier Peralta viene advirtiendo que bonos como los AL30 y GD30 muestran una mayor volatilidad justamente porque quedan expuestos al escenario posterior a 2027. “El mercado está empezando a ponerle precio al riesgo político de largo plazo”, explica. Según detalla, el diferencial de tasas entre bonos que vencen antes y después de las elecciones ronda actualmente el 3 por ciento, una cifra que en términos financieros equivale a unos 300 puntos básicos y que, en la práctica, convalida la misma señal que muestran hoy los CDS. Peralta sostiene que ahí aparece el negocio para los inversores más agresivos: asumir hoy un mayor nivel de incertidumbre a cambio de capturar rendimientos más elevados si el escenario termina estabilizándose y la deuda efectivamente se paga. Pero detrás de esa apuesta también aparece una señal incómoda para el Gobierno: el mercado ya no da por garantizada la continuidad sin sobresaltos del actual esquema económico. Sin embargo, algunos economistas sostienen que la lectura de los CDS no necesariamente implica que los inversores estén apostando únicamente a una derrota electoral del oficialismo. Desde el Centro Cultural de la Cooperación advierten que el problema también puede ser la propia sustentabilidad financiera del modelo económico de Javier Milei, incluso en un escenario donde el Presidente logre sostener el poder más allá de 2027. “El mercado parece asumir que el esquema puede llegar relativamente estable hasta las elecciones, pero no necesariamente que sea sostenible en el largo plazo”, señalan desde el CCC. Según esa mirada, la curva de los seguros contra default no sólo refleja dudas políticas, sino también crecientes interrogantes sobre la capacidad futura de acumular reservas y sostener los pagos de deuda. En ese marco, sostienen que el mercado empieza a mostrar dudas sobre la consistencia financiera del programa económico en el mediano plazo. “Persisten interrogantes sobre cómo el Gobierno sostendrá en los próximos años los pagos de deuda, la necesidad de dólares y el creciente peso de los compromisos financieros”. Según esa mirada, la suba de los seguros contra default refleja justamente esa incertidumbre estructural que empieza a filtrarse en los precios de mercado. A eso se suma otro dato que empieza a generar ruido entre operadores y analistas: incluso en plena liquidación del agro, momento donde históricamente ingresan más divisas, las reservas muestran un comportamiento prácticamente estancado. Parte de los dólares que compra el Banco Central vuelven rápidamente a salir por otros canales, ya sea vía pagos financieros o formación de activos externos. En definitiva, detrás del discurso oficial sobre la “confianza de los mercados”, empieza a aparecer una señal bastante menos cómoda para el Gobierno. Los inversores todavía acompañan el esquema económico de Milei, pero cada vez pagan más caro cubrirse para el período posterior a las elecciones. El mensaje de fondo es claro: el mercado puede creer que el modelo llega a 2027, pero ya no muestra la misma certeza sobre lo que ocurre después. Y en Wall Street, cuando empiezan a subir los seguros contra default, es porque alguien ya empezó a desconfiar del relato de estabilidad eterna que intenta vender Caputo. La Política Online
En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco realizará un conversatorio abierto destinado a reflexionar sobre las distintas formas que adquiere la violencia institucional en nuestra sociedad y su impacto sobre diversos sectores. La actividad se llevará a cabo este jueves 14 de mayo a las 17:00 horas en el Salón Auditorio “Nilda Telma Farré de Vaernet”, ubicado en Roque Sáenz Peña 176 de la ciudad de Resistencia. La propuesta busca abordar la violencia institucional no solo desde las expresiones de violencia directa, sino también a partir de la ausencia del Estado en la garantía de derechos básicos y de sus formas de intervención punitiva o de control. En este sentido, el conversatorio busca generar un espacio de intercambio entre distintos sectores sociales y referentes vinculados a problemáticas de diversidad, situación de calle, pueblos indígenas, universidad pública, discapacidad, protesta social y personas mayores. La violencia institucional no constituye hechos aislados, sino prácticas estructurales que requieren una mirada integral y el fortalecimiento de políticas públicas centradas en la garantía de derechos humanos. El Comité promueve estos espacios de reflexión colectiva, visibilización y diálogo, con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos fundamentales. 8 de mayo: Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional El 8 de mayo de 1987, en el barrio de Ingeniero Budge (Lomas de Zamora, Buenos Aires), los jóvenes Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañaraz fueron asesinados por efectivos de la Policía Bonaerense, en un hecho que quedó en la historia como la Masacre de Budge. A uno de ellos, herido pero aún con vida, lo arrojaron a un zanjón y le efectuaron 18 disparos. El episodio marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia institucional en democracia. La Ley Nacional 26.811, sancionada el 28 de noviembre de 2012, estableció el 8 de mayo como Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, con el objetivo de recordar las violaciones a los derechos humanos cometidas por fuerzas de seguridad y promover políticas públicas de seguridad respetuosas de los derechos fundamentales. La fecha constituye una instancia de memoria y reflexión colectiva sobre las prácticas de violencia ejercidas desde el aparato estatal, así como sobre la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención, control y garantía de derechos humanos.
Un sector importante del radicalismo chaqueño definió su nueva conducción provincial de cara a las internas de renovación cargos partidarios U.C.R. a realizarse el domingo 6 de junio de 2026. Consagrada como Lista Unidad-Lista Blanca propone a Roy Nikisch para encabezar la representación ante el Comité Nacional y Hugo Domínguez para liderar los candidatos a la Convención Nacional. La Unión Cívica Radical del Chaco avanzó en la renovación de sus autoridades partidarias y confirmó una lista de unidad para conducir el Comité Provincial en el próximo período. El esquema acordado entre los distintos sectores internos del radicalismo propondrá nuevamente a Hugo Maldonado al frente del partido. Cómo quedó conformada la nueva propuesta de conducción La lista consensuada incluye referentes de distintos sectores internos y dirigentes con peso territorial dentro del oficialismo provincial. Entre los integrantes del Comité Provincial aparecen nombres como Dorys Arkwright, Sergio Almirón, Gloria Rolón, Julio Fantín y Verónica Vargas, entre otros dirigentes radicales. Los candidatos en Resistencia para el Comité de Circuito Capital tendrá como candidatos titulares a Carla Cantero, Carlos Pérez, Valeria Gómez, Ian Kaluc, Andrea Galarza, Marcelo Cardozo, Teresa Pereyra, Matías Díaz, Karla Hidalgo, Antonio Saavedra y Natalia Ibarra. Mientras que se proyectan como suplentes a Mauricio Castillo, Liliana Araujo, Lautaro Álvarez Duarte, Vanesa Fleitas, Ricardo Romero, Vanina Carballo, Axel Velazco, Noelia Oviedo, Antonio Benitez, Pamela Contrera y Diego Jonathan Fleita. Para los cargos de Convencionales Nacionales, se apuesta por Hugo Dardo Domínguez, Susana Adelaida Maggio, Bruno Luis Cipolini, María Elena Mancebo, Félix Luis Zarabozo, Maida Gabriela With, Carim Antonio Peche, María de los Ángeles Martina, Francisco José Romero Castelán y Verónica Liliana Mazzaroli. Mientras que la lista de suplentes está integrada por Marcelo Barrios, Marina Andrea Kremar, Gustavo Javier Martínez, Silvia Fermani, Fernando Vogel y Karen Kaenel Grella.
El Ministerio de Salud de la provincia llevará adelante un nuevo operativo preventivo de eliminación de vectores del 12 al 15 de mayo, en los barrios Villa Palermo y Villa Libertad, en el horario de 8 a 12. La actividad consistirá en la eliminación de criaderos de mosquitos mediante recorridas casa por casa realizadas por personal debidamente identificado, que solicitará el ingreso a los domicilios para inspeccionar patios y registrar datos, en el marco de las acciones de prevención y control del Dengue. Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de la colaboración de la comunidad para el desarrollo de estas tareas preventivas, permitiendo el acceso de los equipos y manteniendo limpios los espacios donde pueda acumularse agua, principal lugar de reproducción del mosquito Aedes aegypti. Asimismo, recordaron que la eliminación de recipientes en desuso, el descacharrado y la limpieza de patios y canaletas son medidas fundamentales para evitar la proliferación del mosquito transmisor del Dengue. Por último, informaron que el cronograma previsto podría suspenderse en caso de lluvia.
En la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) se llevó a cabo una Clase Publica para visualizar el derecho a la Educación Pública, donde se Exige la aplicación de la Ley, las consignas de defensa de la educación pública, financiamiento universitario y recomposición salarial para el sector docente y no docente. La jornada se llevó a cabo en las escalinatas del Arena UNCAus, donde desde las 9:30 de este martes se realizó una clase pública como parte de las actividades de visibilización y protesta. La convocatoria fue impulsada por distintos espacios de estudiantes, docentes y no docentes La Jornada se enmarcó en la consigna: “Sin financiamiento, la educación superior se restringe; con financiamiento, se amplía y mejora la vida de toda la comunidad”. El reclamo se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025, que establece un refuerzo presupuestario para las universidades públicas y contempla una recomposición salarial retroactiva desde 2023. Sin embargo, la normativa permanece sin implementación por parte del Poder Ejecutivo nacional, que suspendió su aplicación hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento correspondientes. Aunque tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron el veto presidencial, la ley aún no fue puesta en vigencia. En este escenario, las universidades nacionales continúan funcionando con la prórroga del presupuesto correspondiente al año 2023, debido a que el Presupuesto 2024 nunca fue aprobado por el Congreso. A esto se suma la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes universitarios, que según los gremios del sector alcanza cerca del 34 %, ubicándose entre los más bajos de los últimos 23 años.
El gobierno de Javier Milei pasó la motosierra sobre el Presupuesto que aprobó el Congreso. Y presentó un Decreto como una reestructuración técnica con ampliaciones previsionales, pero se trata de una poda de casi USD 2.000 millones sobre energía, obra pública, provincias, salud, educación y programas sociales Lo hizo mediante la decisión administrativa 20 y una serie de anexos técnicos que esconden detrás de un lenguaje burocrático una poda de casi 2,5 billones de pesos. Al tipo de cambio mayorista, el recorte equivale a unos 1.800 millones de dólares. En el mercado hacen una lectura brutal: “Esto muestra que tenían un agujero de 2.000 millones de dólares”, resumió a LPO un operador financiero. El dato golpea sobre el principal activo político y financiero que exhibe el Gobierno: el superávit fiscal. Porque el ajuste llega en un contexto donde la recaudación se debilita por la caída de la actividad y obliga al equipo económico a profundizar los recortes para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. El Gobierno además construyó una maniobra discursiva que inicialmente despistó a varios periodistas y analistas que revisaron sólo el texto principal del decreto. La redacción oficial pone el foco sobre ampliaciones presupuestarias puntuales, especialmente las vinculadas a ANSES y obligaciones previsionales. La impresión inicial era la de un decreto expansivo o, al menos, neutro. Pero la verdadera dimensión aparece recién al abrir los anexos técnicos, donde se despliega la poda masiva sobre Ministerios, programas sociales, obra pública, salud, educación y transferencias. Ahí aparece la contradicción central. El texto político del decreto habla de “adecuar créditos presupuestarios” y reforzar partidas sensibles. Los anexos muestran otra película: un ajuste defensivo de magnitud para cerrar agujeros fiscales en medio de una economía debilitada. La letra principal funciona como vidriera. La motosierra aparece escondida en las planillas anexas. La ampliación más visible es previsional. El Gobierno elevó en 500.000 millones de pesos el límite para el pago de deudas previsionales de ANSES. El monto total autorizado pasa a 712.288 millones. El problema es la comparación: mientras exhibe ese refuerzo, el mismo paquete incluye un recorte total cercano a los 2,5 billones. Por cada peso que amplía en jubilaciones, recorta casi cinco en otras partidas. El corazón del ajuste aparece en Obligaciones a Cargo del Tesoro. Allí figura una poda de 1,47 billones de pesos. Energía vuelve a quedar entre las áreas más afectadas. Energía Argentina pierde 200.000 millones de pesos, en momentos donde el sistema todavía depende de subsidios, importaciones de GNL y asistencia estatal para sostener tarifas y abastecimiento. AYSA sufre un recorte de 21.437 millones y ACUMAR otros 936 millones. El mensaje es claro: el Gobierno prioriza caja aun cuando eso implique frenar infraestructura básica y obras de saneamiento. Las provincias quedan sin oxígeno. Los anexos muestran una baja de 155.710 millones de pesos en transferencias provinciales. En paralelo, aparecen recortes sobre programas federales y partidas vinculadas a infraestructura territorial. La lógica fiscal vuelve a trasladar parte del ajuste hacia gobernadores e intendentes, justo cuando muchas provincias muestran serias dificultades financieras. La obra pública vuelve a ser una de las variables centrales de la poda. La Dirección Nacional de Vialidad pierde 97.103 millones de pesos. Integración Socio Urbana recorta otros 39.441 millones. También aparece una baja de 320.670 millones en el Programa Federal de Infraestructura Deportiva. Capital Humano aparece otra vez entre las áreas más castigadas. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia pierde 55.465 millones de pesos. Dentro de ese paquete, el programa de Integración Social y Fortalecimiento de la Ciudadanía recorta 27.732 millones en ayudas sociales y asignaciones familiares. Educación también sufre una poda fuerte: el Fondo de Compensación Salarial Docente cae 8.929 millones y el ajuste total sobre la Secretaría de Educación asciende a 78.711 millones. Cultura y programas vinculados a chicos y adolescentes también son alcanzados. Entre las transferencias recortadas figuran bajas sobre instituciones culturales y sociales sin fines de lucro por 165.000 millones de pesos. En los anexos aparecen además reducciones sobre programas de asistencia y fortalecimiento comunitario que trabajan con menores, sectores vulnerables y organizaciones territoriales. El ajuste no sólo poda obra y subsidios: también reduce financiamiento sobre redes sociales y culturales que funcionan como contención en barrios populares. Salud tampoco quedó afuera. Los anexos muestran una baja total de 63.021 millones de pesos. Allí aparecen recortes de 5.000 millones para investigación y tratamiento del cáncer, 1.000 millones para programas de abordaje sanitario y otros 500 millones para prevención y control de enfermedades transmisibles. La motosierra avanza sobre áreas sensibles del sistema sanitario. Incluso Defensa y Seguridad aparecen alcanzadas. El Ministerio de Defensa pierde 6.055 millones. El Ejército recorta 12.622 millones, la Armada 11.820 millones y la Fuerza Aérea otros 16.500 millones. En Seguridad también aparecen bajas sobre distintas fuerzas federales. En paralelo, los anexos incluyen reducción de cargos en distintas áreas del Estado. En Jefatura de Gabinete se eliminaron ocho puestos del SINEP. En Economía se recortaron cargos vinculados al área geológico minera. Pero el Ministerio de Desregulación sumó ocho cargos propios. La pregunta es por la consecuencia de ajuste feroz que se monta sobre una recaudación deteriorada. IVA, impuesto al cheque y contribuciones patronales reflejan una economía helada. La Oficina de Presupuesto del Congreso viene mostrando caídas reales en distintos componentes tributarios y son muchas las consultoras privadas que alertan sobre el efecto contractivo del programa económico. Fundación Capital advirtió que hay tres factores que van a presionar sobre el superávit fiscal en la segunda mitad del año: la caída de los ingresos públicos, el costo fiscal de leyes aprobadas por el Congreso y el límite político y económico para seguir ajustando después de una poda que ya alcanzó cinco puntos del PBI desde la llegada de Milei. Martín Rapetti, director de Equilibra, lo describió con claridad. El economista sostuvo que la caída de la recaudación muestra que la economía “sigue en una etapa más bien depresiva o incluso recesiva” y advirtió que eso vuelve “más cuesta arriba” sostener el superávit porque obliga al Gobierno a “profundizar
La causa es investigada por la Fiscalía N°11 de Resistencia. La denunciante acusó a Lucas Martín Simoni, empleado de la Fiscalía N°9, de amenazas, hostigamiento y violencia psicológica. Este lunes le impusieron restricciones de acercamiento Una mujer denunció por violencia de género a su ex pareja, un empleado judicial de la provincia, a quien acusó de ejercer durante meses amenazas, hostigamiento y violencia psicológica extrema. “Así vas a terminar vos”, le decía mientras le enviaba fotos de víctimas de femicidios. Según confirmó a Infobae la fiscal Noel Benítez, titular de la Fiscalía N°11 especializada en Género, el acusado es L. M. Simoni (34), quien trabaja como proveyente en la Fiscalía N°9 de la capital chaqueña. Este lunes, la Justicia ordenó una prohibición de acercamiento y botón antipánico. El caso se remonta al pasado 27 de abril, cuando la víctima se presentó ante la Unidad Descentralizada de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía de Resistencia para radicar la denuncia. Allí, la mujer aseguró que mantuvo una relación de aproximadamente un año y medio con Simoni y explicó que decidió separarse debido a “la violencia psicológica y constante” que, según declaró, él ejercía sobre ella. De acuerdo con la presentación judicial a la que accedió el medio porteño, la denunciante sostuvo que el acusado utilizaba su vínculo con el Poder Judicial para intimidarla. “Él se aprovechaba de su situación laboral diciéndome que haga la denuncia, que total nadie me iba a creer”, afirmó. Según su relato, el hombre le enviaba fotografías de víctimas de femicidios y expedientes judiciales vinculados a casos de violencia contra mujeres. Incluso, aseguró que en una oportunidad recibió la imagen de una víctima acompañada por la frase: “Así vas a terminar vos”. La mujer también sostuvo que Simoni le mostraba imágenes de armas secuestradas y fragmentos de expedientes judiciales mientras se burlaba de las víctimas. “Decía que odiaba a todas las mujeres y que merecían estar muertas”, declaró. De acuerdo con la denuncia, ante esos episodios ella le preguntaba “cómo podía tener ese pensamient y trabajar en un lugar así”, a lo que él le respondía que “para entender a los violentos él tenía que ser uno”. Además, relató episodios de control extremo, insultos, agresiones y amenazas permanentes. Según consta en la presentación judicial, en una ocasión Simoni le torció la muñeca para desbloquearle el celular por la fuerza y revisar sus mensajes. La mujer aseguró además que, incluso después de la separación, el empleado judicial continuó hostigándola tanto en su lugar de trabajo como en los sitios que frecuentaba. También afirmó que la amenazaba con difundir imágenes íntimas y que le enviaba mensajes intimidatorios a través de redes sociales. La denunciante sostuvo además que Simoni consumía cocaína y alcohol y que gran parte de los episodios de violencia ocurrían en ese contexto. La fiscal Noel Benítez confirmó a Infobae que la causa aun no tiene calificación sino que se encuentra bajo investigación “por amenazas” en contexto de violencia de género. También señaló que no existen denuncias previas registradas contra Simoni. En paralelo, la funcionaria confirmó que se inició un sumario administrativo interno por tratarse de un trabajador del Poder Judicial. Según explicó Benítez, este lunes – 16 días después de radicada la denuncia – la Justicia chaqueña dispuso medidas urgentes de protección para la denunciante, entre ellas prohibición de acercamiento y botón antipánico. Además, la fiscalía ordenó medidas de intervención sobre el denunciado vinculadas a violencia de género y “abordaje de consumo problemático”. “Reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, investigación y sanción de toda manifestación de violencia contra las mujeres, actuando con perspectiva de género, imparcialidad y estricto apego a la ley”, señalaron desde la Fiscalía N°11 en un comunicado oficial. La violencia de género en la Argentina continúa mostrando cifras alarmantes. Según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, durante el primer trimestre de 2026 se registraron 68 víctimas fatales por violencia de género en el país. En relevamientos previos, además, Chaco apareció entre las provincias con mayores tasas de femicidios a nivel nacional. Infobae
En el marco de un operativo cerrojo realizado este mediodía, efectivos de la División Caminante procedieron a la demora de una mujer de 64 años, quien estaría vinculada a un ilícito ocurrido horas antes en un comercio de telefonía móvil. El hecho que dio origen a la investigación se registró alrededor de las 05:45 de este martes, en un local ubicado sobre la calle Julio A. Roca al 100. Tras la denuncia del propietario por “Supuesto Robo”, el Servicio Externo y personal de Motoristas iniciaron tareas investigativas en conjunto con la División Videovigilancia. El análisis de las cámaras de seguridad permitió identificar a un hombre y a una mujer de avanzada edad saliendo del establecimiento con los elementos sustraídos. El Operativo Cerca de las 11:55, las patrullas que recorrían la zona céntrica individualizaron en la intersección de calle Vedia y avenida 25 de Mayo a una mujer con vestimenta y características idénticas a las observadas en los registros fílmicos. Al ser interceptada por el personal policial, la ciudadana reconoció haber estado presente en el comercio durante la madrugada en compañía de su hijo, aunque alegó haber cumplido solo un rol de acompañante. Ante esta situación, se procedió a su demora preventiva. La mujer fue trasladada en el móvil policial hacia la División Medicina Legal y posteriormente entregada a la Comisaría Segunda Metropolitana por razones de jurisdicción, quedando a disposición de la justicia mientras se continúa con la búsqueda del segundo implicado.
El gobernador Leandro Zdero, constató este martes el avance de las obras de pavimento urbano que se ejecutan en la zona norte de Resistencia, en el marco del programa de pavimento por esfuerzo compartido entre el Gobierno provincial, Vialidad Provincial, la Municipalidad y los vecinos. Los trabajos se desarrollan en los tramos de Dr. Juan Diego Morgan al 1500 y 1600; Dr. Lázaro Maderno al 1500 y 1600; Dra. Palacios Maglioni del 1600 al 1700 y calle El Pintado del 1600 al 1700. Durante la recorrida, el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Gustavo De Martini, destacó la importancia de estas intervenciones para mejorar la conectividad y la calidad de vida de los vecinos. “Por indicaciones del gobernador Leandro Zdero estamos dando respuestas concretas a los vecinos, mejorando la conectividad y generando una mejor calidad de vida en distintos sectores de la ciudad”, expresó. Asimismo, explicó que las obras se ejecutan bajo el sistema de esfuerzo compartido, mediante el cual los vecinos aportan parte de los materiales y el Gobierno provincial, a través de Vialidad Provincial, se hace cargo de la ejecución de la obra. “Cuando los vecinos reúnen un porcentaje importante de los materiales, nosotros avanzamos con la ejecución. Después, junto a la Municipalidad de Resistencia, se realiza el proceso administrativo correspondiente para completar el sistema de financiamiento”, indicó De Martini. El funcionario precisó además que actualmente se intervienen cuadras en la zona, aunque ya existen proyectos aprobados para continuar ampliando el pavimento urbano en otros sectores cercanos. Por su parte, la inspectora de obra de Vialidad Provincial, Samanta Urbina, detalló las características técnicas de los trabajos. “Cada proyecto contempla no sólo el pavimento, sino también aspectos fundamentales como desagües, restauración de estructuras existentes y adecuación integral del sector para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico”, señaló. Además, explicó que el pavimento se ejecuta con hormigón H-30 de 18 centímetros de espesor y una base de mortero de 11 centímetros, utilizando un sistema adaptado a las características urbanas de Resistencia. Finalmente, Urbina remarcó que las obras se realizan con hormigón convencional y que el período estimado de habilitación es de 21 días, una vez completado el proceso de fraguado y terminaciones correspondientes.
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, mencionó los casos de Adorni, la Andis y $Libra y afirmó: “Hay un antes y un después de todas estas causas”. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, afirmó este martes que el Gobierno nacional está poniendo “en riesgo su contrato electoral con la sociedad” a partir de las denuncias judiciales sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el caso del “criptogate” $Libra. “Hay un antes y un después de todas estas causas y de alguna manera (el Gobierno) ha puesto en riesgo su contrato electoral con la sociedad”, manifestó Weretilneck, habitual aliado del oficialismo, en diálogo con el periodismo de su provincia. Advirtió que de lo que originalmente fue “de un gobierno de austeridad, de transparencia, distinto de lo que había habido antes, a un país con esta serie de causas (judiciales) se genera una grave dificultad en el contrato con quienes que lo votaron”. Según pudo coocer la Agencia Noticias Argentinas, en opinion del mandatario patagónico, “a nadie le gusta una situación política de esta característica”, porque “complica todo el todo el crecimiento del país, a partir de la inestabilidad política”. Consultado sobre la situación de Adorni, investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, Weretilneck señaló que “el Presidente sabrá por qué lo sostiene el cargo”, y consideró que se trata de “decisiones personales ni siquiera políticas”. Fuente: NA
El abogado Marco Molero, defensor del funcionario de la Municipalidad de Sáenz Peña, cuestionó la imputación del fiscal Marcelo Soto. “Lo que le atribuyen hecho a Landriscina no lo puede haber hecho ni Landriscina ni ningún ser humano”, aseguró en diálogo con CIUDAD TV. El abogado Marco Molero aseguró este martes que la imputación contra su defendido, el secretario de Gobierno de Sáenz Peña, Diego Landriscina es un “verdadero desaguisado” y que los hechos que se le atribuyen “no lo puede haber hecho ni Landriscina ni ningún ser humano”. Este martes, Landriscina se presentó ante la Fiscalía Nº 3 de Sáenz Peña, a cargo del fiscal Marcelo Soto, y quedó formalmente imputado como autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicios de funciones públicas y malversación de caudales públicos todo en concurso ideal.
La medida de fuerza impulsada por La Bancaria afectará al Banco Central y al Banco Hipotecario, que reducirán sus horarios de atención durante la jornada. Habrá posibles demoras en trámites presenciales y operaciones por ventanilla. La Asociación Bancaria confirmó un paro nacional parcial para este miércoles 13 de mayo, una medida que impactará en la atención de algunas entidades financieras públicas y podría generar demoras en distintos trámites presenciales. El gremio resolvió avanzar con la protesta en rechazo a decisiones adoptadas por las autoridades del Banco Central y del Banco Hipotecario. La medida alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, que funcionarán con horario reducido durante esa jornada. En el caso del BCRA, la atención al público será únicamente entre las 10 y las 12, es decir, tres horas menos que el horario habitual. Las sucursales del Banco Hipotecario también cerrarán antes de lo previsto. Desde el gremio advirtieron que la reducción horaria podría provocar complicaciones en operaciones que requieren atención presencial, como acreditaciones bancarias, depósitos y cobro de cheques, operaciones empresariales y otros trámites por ventanilla. Por ese motivo, algunas gestiones podrían reprogramarse para el día siguiente. A pesar del paro, los servicios digitales continuarán funcionando normalmente. Seguirán habilitadas las transferencias bancarias, el home banking, los pagos electrónicos y las billeteras virtuales. También continuará disponible la extracción de efectivo en supermercados, estaciones de servicio, farmacias y otros comercios adheridos mediante tarjeta de débito y DNI. En el comunicado oficial, La Bancaria explicó que en el BCRA la protesta se realiza contra el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país, una medida que, según denunciaron, podría provocar la pérdida de 32 puestos de trabajo y afectar a las economías regionales. En el caso del Banco Hipotecario, el sindicato cuestionó el “cierre sistemático de sucursales y despidos injustificados” y advirtió que mantendrá el estado de alerta y movilización en todo el país si no hay respuestas por parte de las autoridades. El Cronista
El estudio de la Consultora Politikón señala que la recaudación de recursos de origen provincial para el consolidado de veintiún jurisdicciones analizadas, durante al primer trimestre 2026, totalizó $ 11,3 billones, expandiéndose 1,0% en términos reales contra el 2024. Sin embargo, se observan importantes heterogeneidades en el desempeño recaudador por distritos. En el inicio del año, enero presentó el mejor resultado con un alza del 7,4% real interanual para el consolidado de los distritos relevados, pero la misma cambió de sentido hacia febrero y marzo con bajas del -0,5% y -4,0% respectivamente. Esas dos caídas fueron las primeras desde marzo 2025, ya que en el resto de los meses de año las recaudaciones provinciales habían mostrado recuperación contra 2024. Si se compara la recaudación del primer trimestre 2026 en moneda constante contra igual período de años previos, se observa que aunque crece contra 2025 en 1,0%, queda por debajo del 2024 en -2,0% y de 2023 en -7,9%. Recaudaciones por jurisdicciones subnacionales Los resultados por jurisdicciones muestran una alta heterogeneidad. Previo al detalle de los desempeños interanuales por distritos, cabe señalar el peso específico de cada uno de ellos dentro de la recaudación consolidada. Entre los veintiún distritos analizados, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los de mayor volumen de recaudación propia: concentran el 35,4% y 25,9% del consolidado nacional, respectivamente; por ende, en conjunto, presentan 61 de cada 100 pesos de recaudación local. En tercer lugar, se ubica Córdoba (10,1%), seguido luego por Neuquén (4,5%) y Mendoza (3,9%). El resto de los distritos quedan por debajo del 3% de participación y, en ese escenario, Formosa y La Rioja se ubican al fondo del ranking con solo 0,4% de participación en cada caso. En referencias a los desempeños interanuales medidos en moneda constante, la provincia de Río Negro tuvo el mejor desempeño relativo con un crecimiento del 7,1% interanual real, traccionado por el impuesto a Ingresos Brutos pero con buen desempeño también de otros tributos como Sellos; en segundo lugar se ubicó Chubut con +7,0% i.a real (empujado por Sellos, ya que II.BB tuvo caída) y Entre Ríos completó el podio con +6,9% (explicado por el impuesto Inmobiliario y en menor medida por II.BB). Otras diez provincias también presentaron alzas, que van desde +0,2% (Córdoba) a 4,9% (San Juan); al tiempo que fueron ocho las cinco provincias que presentaron descensos reales en el período: estos fueron Catamarca, Santa Cruz, Tucumán, Tierra del Fuego, Corrientes, Formosa, La Rioja y Misiones, con bajas que van desde el -2,3% para el caso catamarqueño hasta el -21,9% para el misionero. Ahora bien, si se observa el desempeño del primer trimestre 2026 contra los años previos, hay una multiplicidad de desempeños entre los distritos. Siempre medidos en pesos constantes, solo cinco de las veintiún jurisdicciones analizadas tuvieron en 2025 una recaudación superior al 2023, mientras que en dieciséis de ellos quedaron por debajo. Los picos: Río Negro en una punta (+20,5%) y Misiones en la otra (-32,1%). Contra el año 2024, hay quince jurisdicciones que presentan subas (Río Negro a la cabeza) y seis exhibe bajas (Misiones la más profunda con -20,5%). Desempeños por tributos El impuesto a los Ingresos Brutos es el principal tributo en términos de recaudación de las jurisdicciones subnacionales. En el primer trimestre 2026 explicó el 74% de la recaudación provincial (por $ 8,38 billones) y exhibió un descenso del 3,1% real interanual. En los desempeños individuales por distrito, Ingreso Brutos tuvo alza en solo seis distritos y caídas en otros quince. Los picos de crecimiento están en Río Negro (8,0% real i.a) y en San Juan (6,7%); por el otro lado, las caídas más fuertes estuvieron en La Rioja (-15,7%) y Misiones(-22,2%). El impuesto Inmobiliario, a su vez, concentró el 9,0% del total recaudado en el período ($0,99 billones) y exhibe un incremento del 34,6% interanual real, en un contexto de altísima disparidad en los resultados hacia dentro de los distritos: mientras que en Entre Ríos y Chaco crece por encima del 200%, en el otro extremo haya bajas mayores al 50% en Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz. En relación con el impuesto Automotor, cabe recordar en primer lugar que no todos los distritos lo recaudan en el orden provincial: muchas provincias delegan esta función en los municipios. De de las veintiún jurisdicciones analizadas, este tributo se cobra a nivel provincial en trece de ellas. Representó en el primer trimestre 2026 el 4% de la recaudación (por $ 0,50 billones) y presentó una baja del 2,6% interanual real, también con disparidadesen los desempeños provinciales: en un extremo, San Juan presentó la mayor suba con +79,3% pero Santiago del Estero se ubicó en el otro extremo del ranking con una baja de -64,4%. Respecto al impuesto a los Sellos, representó en el 1° trimestre 2026 el 9% de larecaudación ($ 1,03 billones) presentando una expansión real interanual del 1,5%. Chubut fue la provincia con el mayor incremento del período (+65,8%) y en el otro extremo, Catamarca mostró el mayor descenso (-16,5%). Finalmente, el concepto de “Otros varios” incluye diferentes puntos de recaudación en función de cada provincia. Este concepto concentró el 4% de la recaudación del período, totalizando $ 0,40 billones y una expansión real anual del 43,5%. Cabe señalar que esta caracterización de “Otros varios” sigue la metodología de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), que afirma en relación con este concepto que “puede incluir recursos no tributarios cuya recaudación se encuentra bajo la órbita de los organismos recaudadores”. Sin embargo, cabe señalar que para los casos puntuales de Chubut y Tierra del Fuego, se excluyó del análisis a la recaudación por Regalías, que en esas provincias lo informa el ente recaudador. Dado que en otras provincias el cobro de regalías no es informado vía ente recaudador, se decidió hacer la exclusión de ese concepto para los casos chubutense y fueguinos a modo tal de no alterar el análisis correspondiente. Se destaca además que hay una provincia que no
En diálogo con CIUDAD TV, el abogado Daniel Acosta brindó detalles estremecedores sobre el avance de la causa judicial contra la denominada “falsa médica” que habría atendido en un hospital de la provincia del Chaco, causando al menos tres muertes y lesiones gravísimas en un joven de 26 años. Por este caso, la denunciarán por lesiones gravísimas incapacitantes. Acosta explicó que actualmente en su estudio llevan tres grupos familiares con víctimas fatales, a los que se suma un caso reciente particularmente conmovedor: un joven de apenas 26 años que concurrió a la guardia del hospital tras sufrir un accidente doméstico con un hierro en una de sus piernas. Allí fue atendido por la supuesta profesional, quien solo le realizó curaciones externas sin aplicar ningún tipo de inyección para prevenir infecciones. “Le decían: ‘cada tantas horas venite y te curamos’. Él hacía caso a eso, hasta que un día no aguantó más el dolor”, relató el letrado. Los propios familiares detectaron que su piel había adquirido un tono amarillento y la pierna comenzó a hincharse. Finalmente, cayó en manos de una médica con verdadera formación profesional, que advirtió la gravedad del cuadro y ordenó su derivación urgente al Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña. El joven, que todavía no ha tomado conciencia plena por su estado de salud, ya fue sometido a cinco intervenciones quirúrgicas. Los médicos debieron amputarle la pierna y, además, está perdiendo la visión. “Esto era fácilmente evitable. Un accidente doméstico, este chico ni siquiera tenía ninguna enfermedad de base para terminar en semejante complicación”, enfatizó Acosta. El caso Blanco: un paracetamol y la muerte El abogado recordó que la denuncia primigenia que dio origen a toda la investigación fue la de la familia Blanco. Alfonso Lorenzo Blanco concurrió a la guardia con un aparente principio de infarto, y según el relato, solo le administraron un paracetamol, diciéndole que se trataba de una cefalea y que se tranquilizara. Regresó en la madrugada ya complicado y finalmente falleció en la guardia. Acosta destacó las palabras del propio funcionario del Ministerio de Salud, el doctor Orlando Di Núbila: “Si a Lorenzo Blanco le atendía un verdadero médico, se salvaba”. “Si la máxima referencia de salud pública, uno de los funcionarios de mayor confianza del gobierno, dijo que se salvaba, entonces ¿qué tengo para agregar yo?”, reflexionó el abogado. Los delitos que se investigan Consultado sobre las figuras penales que podrían configurarse, Acosta señaló que existe un concurso de delitos: por un lado, el ejercicio ilegal de la medicina, sumado a la usurpación de títulos, ya que la falsa médica habría tomado la matrícula de un profesional que se encuentra actualmente en actividad, oriundo de Castelli. Además, el letrado no descartó la posibilidad de homicidio doloso (artículo 79 del Código Penal), argumentando que si la imputada conocía el riesgo de que su accionar pudiera ocasionar la muerte y aún así no detuvo su conducta, podría encuadrarse en esa figura. Estado de la causa El abogado informó que la declaración indagatoria prevista para ayer finalmente se postergó para la jornada de hoy. La investigación se inició a partir de la denuncia de la familia Blanco, a la que luego se sumó una denuncia del propio doctor Di Núbila en su calidad de funcionario del Ministerio de Salud. Ya declararon en calidad de testigos los familiares de Blanco, y ahora se están incorporando las denuncias de los familiares de Germán Luque y Mario García, las otras dos víctimas fatales. Asimismo, Acosta anunció que presentarán una denuncia por lesiones gravísimas incapacitantes en representación del joven de 26 años que permanece internado en estado crítico. “Los familiares entran en un estado de crisis permanente. Están viviendo una película de terror desde el día en que fue internado de urgencia”, concluyó el abogado con visible preocupación.
La movilización reclamará la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionará el ajuste sobre el sistema público de educación superior. Desde ADIUNNE alertaron por salarios bajos, renuncias y docentes que buscan ingresos extra como choferes de aplicaciones. La secretaria general de ADIUNNE, Marina Stein, convocó a participar de la Marcha Federal Universitaria que se realizará este martes en todo el país y aseguró que el principal reclamo apunta a exigir al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aplicación –afirmó– permanece demorada desde hace más de 200 días. En declaraciones a CIUDAD TV, Stein explicó que las 56 universidades nacionales participarán de la convocatoria impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y las federaciones de docentes, no docentes y estudiantes. En Resistencia, la concentración será a las 17.30 en el ingreso al campus de la Universidad Nacional del Nordeste, sobre avenida Las Heras al 700, para marchar desde las 18 hacia la plaza 25 de Mayo. En Corrientes, la convocatoria será en el Museo de Ciencias Naturales, desde donde se movilizarán hacia el rectorado. Según detalló la dirigente gremial, la movilización tiene “dos significados centrales”: reclamar la implementación efectiva de la ley de financiamiento universitario y defender el funcionamiento institucional y democrático del país. “Llevamos más de 200 días esperando su aplicación y ya tenemos dos fallos judiciales a favor que obligan al Gobierno nacional a aplicar principalmente los artículos vinculados a la recomposición salarial de docentes y no docentes, y a la actualización de becas estudiantiles”, sostuvo. Stein respondió además a las críticas formuladas desde el Gobierno nacional, luego de que funcionarios nacionales calificaran la movilización como una “marcha política”. En ese sentido, consideró que el conflicto se volvió político a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de no aplicar una ley aprobada por el Congreso. “Las leyes no son un menú a la carta. No se puede elegir qué ley aplicar y cuál no”, expresó, al tiempo que remarcó que la norma fue aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso y promulgada tras obtener mayoría calificada. Salarios, renuncias y docentes que buscan otros ingresos La titular de ADIUNNE advirtió sobre el deterioro salarial que atraviesan trabajadores universitarios y aseguró que una parte importante del sector se encuentra por debajo de la línea de ingresos necesarios para cubrir gastos básicos. Según indicó, alrededor del 60% de los trabajadores de universidades nacionales perciben salarios inferiores a los 800 mil pesos. “Muchos se transforman en emprendedores, buscan otros empleos o directamente renuncian porque la carga horaria universitaria les impide sostener otras actividades que les permitan mejores ingresos”, sostuvo. En ese contexto, Stein aseguró que ya se registraron más de 10 mil renuncias de docentes universitarios en todo el país y mencionó casos de profesionales altamente calificados que debieron recurrir a otras actividades laborales para sostenerse económicamente. “Hay docentes que están trabajando de Uber”, afirmó, al describir el impacto de la pérdida del poder adquisitivo sobre el sector. Impacto en estudiantes y becas Stein también hizo referencia al impacto del ajuste presupuestario en los estudiantes y afirmó que la situación económica incrementó la demanda de asistencia dentro de las universidades. Como ejemplo, mencionó el crecimiento en las becas de comedor dentro de la Universidad Nacional del Nordeste: “La demanda se duplicó respecto de años anteriores, mientras que las universidades reciben menos recursos”. Finalmente, reiteró la convocatoria abierta a toda la comunidad para acompañar la movilización de este martes en defensa de la universidad pública, el financiamiento educativo y las becas estudiantiles.