El Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos, INSSSEP, presentará este viernes 27 de febrero su nuevo programa de salud cardiovascular, una iniciativa que brindará una atención integral centrada en la prevención primaria y secundaria de las enfermedades cardiovasculares (ECV). La propuesta marca un cambio de enfoque en la atención de la salud del corazón, incorporando criterios científicos, seguimiento clínico y un abordaje multidisciplinario. Con este nuevo esquema, el organismo apunta a mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de sus más de 288.000 afiliados. El presidente del InSSSeP, Rafael Meneses, explicó que el plan anterior estaba centrado casi exclusivamente en la entrega de medicamentos sin un adecuado control o monitoreo de los pacientes. “Pusimos en análisis el plan porque encontramos múltiples dificultades para hacer controles adecuados. Se trataba solo de entregar medicamentos sin costo para el afiliado, pero un plan de salud va mucho más allá de eso”, señaló. Meneses destacó que el nuevo programa representa un paso importante hacia una atención cardiovascular moderna, enfocada en resultados clínicos concretos y en el seguimiento del estado de salud de cada afiliado. “El objetivo es medir el impacto real en los pacientes: cómo les va con el plan, cuál es la evolución clínica y cómo reducimos los eventos cardiovasculares”, afirmó. El programa abandona el modelo centrado únicamente en fármacos y adopta un enfoque integral alineado con recomendaciones internacionales de prevención cardiovascular, como las de la Organización Mundial de la Salud, que señalan que hasta el 80% de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse mediante el control de los factores de riesgo. Equipo multidisciplinario y seguimiento integral El nuevo Plan Cardio contará con un equipo profesional integrado por: Desde el organismo informaron también que el programa continuará garantizando la cobertura de medicamentos cardiovasculares esenciales -como estatinas, antihipertensivos, antiagregantes y betabloqueantes-, pero con controles más estrictos para evitar la polifarmacia inapropiada. En el análisis del plan anterior se detectaron situaciones en las que algunos afiliados retiraban hasta 14 cajas mensuales del mismo principio activo sin supervisión médica, lo que generaba riesgos de interacciones y efectos adversos, además de un gasto estimado de 1.300 millones de pesos mensuales en un grupo reducido de pacientes sin seguimiento de resultados clínicos. Con la implementación del nuevo Plan Cardio, el InSSSeP busca reducir la carga asistencial, optimizar recursos y, principalmente, mejorar la sobrevida y la calidad de vida de las personas con riesgo o enfermedad cardiovascular en la provincia.
Autor: Redacción General
El argentino no será parte del duelo de vuelta por los playoffs de la Champions League tras su polémico cruce con Vinicius El organismo rector del fútbol europeo informó que la sanción se fundamentó en una “violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario”, referente a conducta discriminatoria, después de que el inspector de la Comisión de Ética y Disciplina iniciara un proceso formal. Por el momento, Prestianni no podrá estar presente en el partido de vuelta de este miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu, medida que busca evitar un nuevo cruce en cancha con Vinicius. “Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de la Liga de Campeones 2025/2026 de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Organismo de Control, Ética y Disciplinario de la UEFA (CEDB) decidió hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la violación prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (DR) relacionado con un comportamiento discriminatorio”, indicó el comunicado que difundieron medios europeos. La UEFA detalló que la medida no es definitiva y que puede extenderse o modificarse tras el análisis final del expediente. “Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan tomar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA”, agregó el reporte. Al quedar suspendido provisionalmente, el futbolista argentino del Benfica se une a la lista de sancionados de la Champions League bajo el protocolo antidiscriminación, mientras que la investigación sigue su marcha ante las reiteradas sospechas de racismo e insultos homófobos en el fútbol internacional. Después de la denuncia pública del delantero de la selección de Brasil, el ex jugador de Vélez negó de manera tajante haber proferido insultos racistas durante el partido disputado en Lisboa. Según informaron los medios portugueses Récord y A BOLA, el extremo argentino se reunió con sus compañeros del Benfica para pedirles disculpas por el impacto mediático del incidente y reafirmó su compromiso con el grupo, aunque expresó sentirse agraviado por lo que considera una falsa acusación. Récord citó a miembros del vestuario que relataron la disculpa del futbolista, indicando que Prestianni lamentó ante la plantilla las “repercusiones del incidente con el jugador del Real Madrid y que toda esa conversación pueda desestabilizar al grupo”. El mismo medio puso de manifiesto que Prestianni habría asegurado a sus pares que nunca pronunció expresiones racistas y que las versiones difundidas “lo ofendieron mucho”. Esta postura no evitó que la UEFA abriera un expediente disciplinario, a lo que se sumó la denuncia de Vinicius y el testimonio de Prestianni ante la entidad rectora. De acuerdo a la información publicada por ESPN, el futbolista argentino sostuvo en su declaración que el término utilizado fue “maricón” y no “mono” en la provocación a Vinicius Júnior, aunque el expediente disciplinario señala que tanto comentarios homófobos como racistas pueden conllevar suspensiones de al menos diez partidos bajo el reglamento europeo. La repercusión institucional del incidente fue inmediata El club Porto envió una carta a la federación nacional solicitando una posición pública, preocupado por el efecto negativo del caso en la reputación internacional del fútbol portugués. Por su parte, Benfica inició una investigación interna para identificar a hinchas que, según grabaciones, imitaron gestos de mono hacia Vinicius desde la tribuna, un hecho que agravó la preocupación institucional. La directiva del club tomó la decisión de examinar la ubicación de los involucrados dentro del estadio Da Luz y cruzar la información con los pases de socio digitalizados, conocidos como Pase Rojo, para asegurar la trazabilidad e imponer sanciones ejemplares frente a conductas discriminatorias. El objetivo, según el club, fue dar señales claras y contundentes frente a la UEFA y la opinión pública. Estos pasos se consideran vitales para atenuar eventuales sanciones colectivas y limpiar la imagen de la entidad lisboeta y del fútbol luso. El caso sumó polémica luego de que Kylian Mbappé declarara haber escuchado el insulto “mono” repetido en varias ocasiones durante el encuentro, aunque las imágenes de video aportadas por Benfica demostrarían que el delantero francés se hallaba lejos del sector donde supuestamente se produjeron los hechos. Prestianni, a través de redes sociales, reiteró su inocencia y lamentó: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”. El respaldo institucional hacia Vinicius no tardó en llegar tras el hecho. La CBF (Confederación Brasileña de Fútbol) emitió un comunicado apoyando al delantero con un mensaje directo: “Vini, no estás solo”, y condenó sin matices cualquier manifestación de racismo en los estadios. Mientras tanto, la investigación oficial de la UEFA continúa. Benfica ajusta su esquema para el partido definitorio en el Bernabéu del 25 de febrero, donde intentará revertir la derrota por 1-0 en busca de los octavos de final de la Champions League. La resolución del caso Prestianni sentará un precedente fundamental respecto al tratamiento de episodios de racismo y homofobia en los máximos torneos continentales. Infobae
El Gobierno del Chaco informó que los haberes del mes de febrero de 2026, serán acreditados los días lunes 2 y martes 3 de marzo, de acuerdo al cronograma establecido para los distintos sectores de la administración pública. En primer lugar, el sector pasivo tendrá depositado sus sueldos el lunes 2 de marzo, los cuales estarán disponibles para su retiro a través de cajeros automáticos a partir de las 21 horas de esa misma jornada. Al día siguiente, podrán cobrar por ventanilla. Por su parte, el sector activo percibirá sus haberes el martes 3 de marzo, también con disponibilidad en cajeros automáticos desde las 21 horas. Desde el Ejecutivo provincial destacaron, una vez más, que el cumplimiento del cronograma de pagos forma parte de la planificación financiera del Estado, garantizando previsibilidad a trabajadores activos y a jubilados de la administración pública. Además, remarcaron que la acreditación se realizará a través de los canales habituales del sistema bancario.
En dos fallos dictados el 20 de febrero pasado, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco rechazó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por cooperativas de la provincia contra el artículo 123 del Código Tributario Provincial, que las obliga a pagar el impuesto sobre los ingresos brutos pese a no tener fines de lucro. Las sentencias N° 40 y N° 41 resolvieron los casos de la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos y Vivienda de Charata y de la Cooperativa Agropecuaria Las Breñas Limitada, respectivamente, ambas representadas por el abogado Jorge Christiani. El núcleo del planteo era idéntico en los dos casos: las cooperativas argumentaron que el artículo 123 del Código Tributario chaqueño viola la Ley de Coparticipación Federal N° 23.548, que exige que el impuesto a los ingresos brutos recaiga exclusivamente sobre actividades ejercidas con fines de lucro. En ese sentido, invocaron el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictado en 2024 en el caso “Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi”, donde el máximo tribunal federal había descalificado una norma provincial análoga por contravenir ese principio de la ley convenio. La mayoría del tribunal —integrada por los jueces Néstor Varela, Alberto Modi, Víctor del Río y Emilia Valle— rechazó ambas demandas con el mismo fundamento: el paisaje normativo cambió sustancialmente a partir del Consenso Fiscal 2021, suscripto entre el Gobierno Nacional y la mayoría de las provincias y luego aprobado por el Congreso mediante la Ley 27.687, norma a la que el Chaco adhirió por Ley 3534. Ese consenso estableció expresamente que el hecho imponible del impuesto a los ingresos brutos abarca el ejercicio habitual y a título oneroso de actividades económicas, “lucrativo o no”, con independencia de la naturaleza del sujeto que las realice. Dado que el artículo 123 del Código Tributario provincial se alinea con ese texto, la mayoría concluyó que la norma no es inconstitucional, sino que responde al derecho intrafederal vigente, que tiene el mismo rango que la Ley de Coparticipación y la modifica en ese aspecto. Para fundar esa conclusión, el tribunal recordó además la Resolución N° 921 de la Comisión Federal de Impuestos, que en mayo de 2024 dictaminó que no existe incumplimiento de las características básicas del tributo en las leyes provinciales que, tras adherir al Consenso Fiscal, gravan las actividades onerosas con prescindencia del ánimo de lucro. La mayoría señaló que sería contradictorio aplicar el precedente “Cooperativa Farmacéutica” para forzar a la provincia a derogar individualmente el Consenso Fiscal, algo que la propia jurisprudencia de la Corte Nacional prohíbe, ya que los pactos intrafederales solo pueden modificarse mediante un acuerdo posterior de la misma naturaleza. En disidencia en ambos fallos, la jueza Iride Grillo sostuvo que el Consenso Fiscal 2021 no reúne las condiciones para modificar válidamente la Ley de Coparticipación Federal, porque esta última fue aprobada con la adhesión unánime de todas las provincias, mientras que el consenso no cuenta con el acuerdo de La Pampa, San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para la magistrada, esa falta de unanimidad impide considerar al consenso como un instrumento de igual jerarquía y naturaleza que la ley convenio que pretende modificar. En consecuencia, afirmó que el artículo 123 sigue siendo inconstitucional por contravenir el principio de la Ley 23.548, y que el precedente de la Corte en el caso “Cooperativa Farmacéutica” conserva plena vigencia y debe aplicarse. Las costas de ambos juicios fueron impuestas en el orden causado, criterio que refleja el reconocimiento del tribunal de que las actoras tuvieron razones atendibles para litigar a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema, aunque en definitiva el tribunal se apartara de ella.
El pasado sábado 21 de febrero, el Bachillerato para Adultos de la localidad de San Bernardo fue escenario de una asamblea de referentes del pueblo Moqoit convocada para conocer el estado de la causa judicial que investiga la Masacre de El Zapallar, ocurrida en 1933, y para organizar la recolección de testimonios de descendientes de sobrevivientes ante el llamado de la Fiscalía Federal. Del encuentro participaron referentes de comunidades moqoit de San Bernardo, La Tigra, El Pastoril, Pegouriel y Las Tolderías, entre ellos docentes, investigadores, caciques y pastores. Estuvieron presentes Juan Carlos Martínez, Rubén Salteño, Florencio Ruiz, Patricia Olmedo, Silvia Martínez, Raquel Córdoba, Nahuel Luis Valdez, Axel Salteño, Yansal Maribel Martínez, Anselmo Córdoba, Antonio Martín y Fabián Valdez. Durante la reunión se leyeron las pruebas incorporadas a la investigación judicial y se escuchó a descendientes de sobrevivientes que conocen los hechos a través del relato oral transmitido por sus mayores. Como resultado del encuentro, se propuso la realización de una jornada de testimonios ante la Fiscalía Federal en una localidad del interior para el mes de abril. Los referentes también mantuvieron un diálogo vía zoom con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal, en cumplimiento de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que establece el Convenio 169 de la OIT. Desde la Fiscalía Federal informaron sobre el avance de la investigación, cuyo objetivo es el dictado de una sentencia por el Derecho a la Verdad, de carácter reparatorio, que contemple la recuperación de la memoria histórica, la difusión pública y completa de la verdad sobre los crímenes perpetrados y la dignificación de las víctimas. Al cierre de la asamblea se proyectaron dos próximas reuniones para alcanzar a todas las comunidades del territorio: una en Los Toldos, localidad de Charata, y otra en El Pastoril. Juicio por la Verdad La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia lleva adelante esta investigación tomando como antecedente el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpi, realizado en 2022. La causa ya ha incorporado testimonios de sobrevivientes como Pedro Valquinta, Ramona Pérez y Justino Lalecori, además del expediente judicial de la época, notas periodísticas, certificados de defunción y trabajos de investigación histórica. Entre la bibliografía incorporada figuran obras como “De la Algarroba al Algodón” de Edgardo Cordeu y Alejandra Sifredi, “Historia de los Aborígenes” de Orlando Sánchez, “Del Olvido a la Esperanza” de Eduardo Barreto y “El Zapallar Tenemos Historia” de Rubén Guillon, entre otras. La Fiscalía solicitó la colaboración de las comunidades moqoit para identificar a descendientes de sobrevivientes que, por el relato oral de sus mayores, puedan dar testimonio de lo ocurrido. Con ese fin se difundió un listado de sobrevivientes que estuvieron detenidos junto a familiares en la Comisaría de El Zapallar —hoy General San Martín— según consta en el Expediente N° 926, Causa Común N° 254 del año 1933, del Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco. Los hechos que se investigan se remontan a septiembre de 1933, cuando el Territorio Nacional del Chaco atravesaba una sequía extrema que había sumido a las comunidades indígenas en una grave situación de hambre y penuria. En ese contexto, a principios de ese mes partió desde la Reducción Napalpi un grupo de unas 300 personas de la comunidad Moqoit, encabezadas por el cacique Luis Durán, en busca de trabajo y alimentos. A la marcha se sumaron contingentes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña, y la columna se dirigió a pie, recorriendo unos cien kilómetros, hacia la localidad de El Zapallar. El 7 de septiembre, en horas de la siesta, las familias intentaron ingresar a la localidad divididas en pequeños grupos de veinte personas, con mujeres y niños al frente como señal de sus pacíficas intenciones. Sin embargo, por orden del comisario Francisco Prestera, la policía del Territorio Nacional abrió fuego contra la marcha con el argumento de defender a la población de un malón. Al operativo se sumaron refuerzos llegados desde Resistencia y algunos civiles armados. El saldo fue de aproximadamente cincuenta muertos, entre niños, mujeres, ancianos y hombres. La causa judicial busca que ese crimen sea reconocido como un delito de lesa humanidad.
El Senado comenzó a debatir la reforma laboral y el Gobierno espera su aprobación pronto. Mientras el mercado monitorea la tasa de interés y la evolución del dólar. A nivel internacional el revés judicial a Donald Trump pone en jaque a los mercados. Los bonos en dólares caen Nueva York y el riesgo país se ubica por encima de los 520 puntos en la cual se podría aprobar, en el inicio de la semana en la que se podría aprobar definitivamente la reforma laboral y con atención al frente externo ya que se extiende el mal humor internacional ante un revés para Donald Trump de la Corte Suprema de EEUU que dio de baja a los aranceles comerciales. En ese marco, el S&P Merval cae 1,7% a 2.825.525,440 puntos básicos y dentro de las acciones que más pierden valor se encuentran: Aluar (-4,1%), Sociedad Comercial del Plata (-3,4%), y Grupo Supervielle (-2,6%). El riesgo país, por su parte, alcanza los 525 puntos, con un avance de 1,4% sobre el cierre de la semana pasada. Por otra parte, el Senado comenzó a debatir la reforma laboral y el Gobierno espera su aprobación pronto. Esto impulsó a las acciones argentinas, que subieron 4,5% en dólares la semana pasada. Y en cuanto a las tasas de interés, que estuvieron presionadas cerraron el viernes a un nivel menor. El Banco Central intervino para evitar saltos bruscos en los intereses. El Informe sobre Bancos del BCRA mostró el viernes que en diciembre la irregularidad del crédito al sector privado avanzó 0,3 puntos porcentuales hasta 5,5%. Se destacaron los préstamos personales (+0,9 p.p. a 11,9%) y adelantos (+0,6 p.p. a 4,9%). Las tarjetas de crédito subieron 0,2 p.p. a 8,6%. En familias, la mora escaló a 9,3% (+0,5 p.p.), máximo en 20 años; en empresas, alcanzó 2,5% (+0,2 p.p.). Desde fines de 2024, la mora total trepó 4 puntos, lo que refleja el deterioro del ingreso real y la mayor carga financiera en un contexto de tasas aún exigentes. El revés a Donald Trump pone en jaque a Wall Street A nivel internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos anunció que los aranceles comerciales dispuestos por Donald Trump no contarían con sustento legal e instó a reintegrar los montos cobrados. La reacción fue inmediata: el exmandatario anunció un arancel global del 10% a todas las importaciones —luego mencionado en 15%—, y reintrodujo incertidumbre sobre la política comercial y su impacto inflacionario. Ambito
Los jueces de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani resolvieron confirmar el sobreseimiento del Presidente ante el delito de injurias que le había atribuido el titular del grupo PERFIL. n el contexto de un día con muchas novedades judiciales favorables para el Gobierno, los jueces de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani, resolvieron confirmar el sobreseimiento del presidente Javier Milei por el delito de injurias que le había atribuido el presidente de Editorial Perfil, Jorge Fontevecchia. En la resolución, los jueces recuerdan que “El pasado 3 de octubre de 2025, el juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11 resolvió “HACER LUGAR a la excepción de falta de acción por atipicidad y, en consecuencia, SOBRESEER a Javier Gerardo Milei en orden a los hechos tratados en el punto III de esta resolución haciendo mención de que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor de que gozare (cfr. arts. 336.3, 339.2 y 343 CPPN”. Reconocen que “fijar a priori los límites jurídicos de la libertad de expresión es una tarea delicada y difícil si se considera el clima socialmente inestable, políticamente dinámico y comunicacionalmente caótico como el que atraviesan nuestras sociedades en la actualidad. Toda controversia a este respecto suscita reacciones viscerales y ruidosas polémicas, particularmente en relación a la libertad de expresión, tópico que ha sido objeto en las últimas décadas de una creciente apropiación partisana, ideológica o reaccionaria”. En la presentación ante Casación, el doctor Fernando Bosch, como patrocinante de Fontevecchia, había impugnado la resolución que hizo lugar a la excepción de falta de acción por atipicidad y dispuso el sobreseimiento de Milei en orden al delito de injurias (artículo 110 del Código Penal). Allí, el profesional destacó “el agravio central planteado es estrictamente jurídico: la resolución recurrida aplicó de forma automática la cláusula de exclusión del artículo 110 del Código Penal por “asunto de interés público”, sin analizar si los calificativos concretos guardan relación real y directa con el debate invocado. Explica que “el segundo párrafo del artículo 110 del Código Penal establece que no configurarán delito las expresiones lesivas del honor cuando guarden relación con un asunto de interés público. Así, la norma exige: Si bien la resolución impugnada describió el contexto político y comunicacional en el que se entendió que el querellado hizo las manifestaciones cuestionadas, omitió analizar individualmente las expresiones “Delincuente”, “Ensobrado”, “Vive de la pauta”, “Quebrador serial”, “Tinturelli… carmeleado que da miedo”, y las subsumió globalmente dentro del supuesto debate político. Aspectos técnicos La explicación técnica es clara: “Dicho razonamiento desnaturaliza el tipo penal ya que la exigencia legal no es contextual sino relacional: los calificativos deben guardar conexión funcional con el asunto público tratado. No basta que se haya pronunciado en un programa político, o en un discurso institucional”. El abogado de Fontevecchia, a su vez, fue taxativo: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hecho esa distinción; Hay opinión cuando se exterioriza una apreciación subjetiva no susceptible de verdad o falsedad, mientras que hay afirmación fáctica cuando existe una imputación verificable. (Cfr. CIDH “Kimel vs. Argentina” del 2/5/2008). Las expresiones “delincuente”, “ensobrado” o “vive de la pauta” no constituyen metáforas políticas abstractas. Sin embargo, para el juez Borinsky, las declaraciones que PERFIL considera agraviantes “fueron vertidas en un contexto de análisis y discusión política, en la cual -amén de las puntuales referencias al querellante- se aludió a cuestiones relacionadas con el sistema de medios, la postura del Estado en torno a las erogaciones en materia de publicidad oficial y la visión que del modelo económico y de país ostentaba el querellado Javier Milei tanto antes como después de ser elegido Presidente de la Nación”. Los abogados de Fontevecchia, ya habían escrito que “el estándar fijado al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos exige que los funcionarios ejerzan su libertad de expresión respetando los derechos fundamentales de terceros. No se trata de restringir la crítica política, sino de examinar si el funcionario emitió una opinión protegida, o formuló una imputación fáctica deshonrosa sin sustento, y la resolución recurrida (de Casanello) también omite esa ponderación”. Además, “Particularmente relevantes han sido las expresiones referidas al aspecto físico de mi patrocinado: “Tinturielli … carmeleado que da miedo”, ya que no existe conexión posible entre esta burla y la política económica, la gestión pública o el debate institucional. La resolución no las analiza autónomamente, subsumiéndolas, dogmática y arbitrariamente, en un contexto dado. Del mismo modo procede con las expresiones “Delincuente”, “Ensobrado”, “Vive de la pauta”, “Quebrador serial”, a las que, como ya se dijo, omite analizar individualmente y las engloba en un supuesto debate político”. Presentación ante la Corte Presentación ante la Corte. La causa iniciada por Fontevecchia es llevada adelante por el estudio Biscardi. Los letrados consideran que están dadas todas las condiciones legales para la presentación ante la Corte Suprema. Lo explican así: “Hemos analizado en profundidad la sentencia, tanto desde el punto de vista penal como constitucional, y consideramos que el fallo presenta defectos jurídicos relevantes que lo tornan susceptible de impugnación mediante recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Las opiniones del presidente de la Nación en ejercicio ocupan un lugar particular y relevante dentro del debate público. A eso se suma el carácter agraviante de los dichos de Milei. Los abogados de PERFIL expresan que “en términos claros, el problema central de la sentencia es que la Cámara sostuvo que las expresiones cuestionadas se encuentran protegidas por la libertad de expresión por haber sido pronunciadas en un contexto de debate público, pero no realizó el análisis que exige la ley y la jurisprudencia constitucional: esto es, determinar si cada una de las expresiones concretas —como “delincuente”, “ensobrado”, “vive de la pauta”, o las burlas personales— guardaba efectivamente relación directa con un asunto de interés público, o si constituían imputaciones personales deshonrosas carentes de sustento”. Este punto es esencial, porque la ley
En diálogo con CIUDAD TV, el presidente de la Comisión de Tierras del Concejo Municipal de Resistencia, Guillermo Monzón, admitió su sorpresa por la convocatoria a una reunión extraordinaria de la comisión que él mismo preside. “Quieren tratar cerca de 80 expedientes, todo por comentarios porque no tengo notificación”, advirtió. También se refirió a la reunión del PJ chaqueño. Monzón se refirió a una sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Resistencia convocada para el jueves, en la que se pretenden tratar cerca de 80 expedientes vinculados a la Comisión de Tierra, que él preside. Expresó su sorpresa ante la convocatoria, dado que dicha comisión viene trabajando de manera sostenida —con más de 700 expedientes tratados y 625 ordenanzas aprobadas— y que saltear el proceso de comisiones podría perjudicar a las familias beneficiarias. “El daño se puede producir al ocupante porque si no salen bien los papeles, nunca va a poder llegar al título y vamos a tener que retroceder todo el procedimiento administrativo a cero”, advirtió. El concejal justicialista aclaró que no se opone a regularizar las tierras —al contrario, lo considera una prioridad en su labor de dos décadas en ordenamiento territorial—, pero insistió en la necesidad de respetar los controles administrativos previos para garantizar que los vecinos que lleven años ocupando esos terrenos puedan obtener títulos válidos y sin conflictos futuros. También indicó que acompañará la creación de la Secretaría de Innovación y Gobierno Digital propuesta por el Ejecutivo municipal, por tratarse de una decisión de organización interna. PJ del Chaco: entre el análisis y la reunión del Congreso Partidario en San Bernardo En los últimos días, el Consejo Provincial del Partido Justicialista del Chaco celebró una serie de reuniones bajo la conducción de su presidente, Jorge Capitanich, con la participación de integrantes provenientes de distintas localidades de la provincia. El encuentro estuvo centrado en el análisis del escenario político y económico nacional, con especial atención a las consecuencias que las políticas del gobierno central generan sobre el territorio chaqueño. Monzón describió el clima del encuentro como de reflexión profunda: “fue una reunión más de análisis respecto al contexto nacional, lo que está ocurriendo hoy”, subrayando el papel central de Capitanich a nivel nacional dado su desempeño en el Senado de la Nación. Uno de los temas centrales fue la reforma laboral que se debate en el Senado, calificada por los participantes como perjudicial para los trabajadores y trabajadoras del país. También se analizaron otras normativas de alcance nacional. Según Monzón, el ajuste aplicado por el gobierno nacional impacta de lleno en la provincia: hay despidos en el sector privado y público, descuentos que consideran desmedidos —con el caso del Ministerio de Producción como ejemplo reciente—, y aumentos significativos en servicios como la electricidad y el agua. “Hay un terrible ajuste que creo que todos lo conocemos y ese ajuste que se está aplicando obviamente repercute en nuestra provincia”, afirmó el dirigente. Monzón trazó una comparación entre la gestión actual y los períodos en que el peronismo condujo la provincia, destacando que, pese a los errores cometidos, existía una presencia activa del Estado ante los reclamos de la ciudadanía: “cuando el peronismo estuvo en el gobierno había obra pública, hoy no la hay, había problemas pero buscábamos, estábamos presentes tratando de buscar una solución”. En ese sentido, planteó que hoy ocurre una situación “totalmente opuesta”. El dirigente fue contundente al definir el tipo de unidad que el peronismo chaqueño busca construir: no una reunificación de cara a una elección, sino un proceso de debate genuino, con autocrítica y apertura a nuevas voces. “Lo que estamos trabajando es la unidad del peronismo, pero una unidad con debate, no una unidad para juntarnos por una elección, sino debatir, ser autocríticos inteligentemente”, precisó. En ese marco, enfatizó la necesidad de incorporar nuevas energías y generar espacios para dirigentes que aún no han ocupado roles de responsabilidad, conjugándolas con la experiencia acumulada. Un hito concreto en ese proceso de reorganización es el congreso partidario provincial convocado para el 29 de marzo en la localidad de San Bernardo, presidido por Miguel Sotelo —intendente de esa ciudad y presidente del congreso—. El encuentro será abierto a la participación amplia: aunque el voto está reservado para los congresales, cualquier militante o compañero que asista podrá tomar la palabra. Monzón extendió la invitación a toda la militancia: “todos los compañeros y compañeras de diferentes localidades de la provincia que quieran asistir al congreso del 29 de marzo en San Bernardo, pueden asistir, porque va a ser muy importante”.
El diputado provincial Sebastián Benítez Molas, junto a legisladores del interbloque, impulsa una Ley de Emergencia Cultural y Comunicacional por un año. La iniciativa busca sostener a las industrias culturales y proteger a medios y trabajadores del sector frente a la situación de recortes presupuestarios actual. El diputado provincial Sebastián Benítez Molas presentó junto a legisladores del interbloque un proyecto de ley que declara la Emergencia Cultural y Comunicacional en todo el territorio del Chaco por el término de un año, con el objetivo de proteger y fortalecer a las industrias culturales de la provincia, mediante la aplicación de la Ley 2020-I, como así también de las micro, pequeñas y medianas empresas periodísticas. “La cultura no es un gasto y la comunicación no es un privilegio. Son derechos que sostienen la democracia. Hoy esos derechos están en emergencia”, sostuvo Benítez Molas al fundamentar la iniciativa. El proyecto establece la elaboración de un Plan Provincial de Emergencia Cultural y Comunicacional que deberá ser diseñado por el Instituto de Cultura en un plazo máximo de 30 días, con medidas concretas para fortalecer las industrias culturales y garantizar la pluralidad de voces. El legislador advirtió que el sector atraviesa una situación crítica producto de la eliminación de programas federales, de la reducción de presupuestos y de la precarización laboral. “Estamos viendo cómo se desfinancian políticas culturales, cómo se estigmatiza al periodismo y cómo se debilitan los medios del interior. Si el Estado provincial no actúa, muchas voces van a desaparecer”, señaló. Entre los puntos centrales de la iniciativa se incluye un esquema diferencial de tarifas con una reducción del 50% en servicios como luz, agua y gas para los sujetos alcanzados; la suspensión de cortes de energía durante la vigencia de la emergencia; la implementación de la Ley de Cine y Cultura Audiovisual del Chaco; el fortalecimiento del régimen de mecenazgo; y un criterio transparente y equitativo en la distribución de la publicidad oficial. Además, se prevé la creación de un Consejo Provincial de Diversidad Cultural y Pluralidad de Voces como organismo de contralor y participación ciudadana para garantizar el seguimiento de las medidas. “Sin diversidad cultural y sin pluralidad de medios no hay ciudadanía informada. Y sin ciudadanía informada, la democracia se empobrece. Esta ley busca evitar ese deterioro”, enfatizó Benítez Molas.Finalmente, el diputado remarcó que la propuesta es profundamente institucional. “Defender la cultura y la pluralidad de voces es defender la identidad chaqueña y el derecho de nuestra gente a producir, difundir y acceder a información plural. Frente al ajuste y el silencio, el Chaco tiene que responder con más democracia”, concluyó.
La Universidad Nacional del Chaco Austral lanzó su oferta de formación 2026 en tecnología, salud, educación, gestión y liderazgo. El rector Germán Oestmann resaltó la importancia de generar oportunidades de capacitación con aval universitario. La Universidad Nacional del Chaco Austral presentó oficialmente su nueva oferta de cursos y talleres de formación continua, todos aprobados por Resolución del Consejo Superior y con certificación universitaria. En este marco, el rector Germán Oestmann destacó que “estas propuestas reflejan el compromiso de la universidad con la comunidad, brindando herramientas concretas que fortalecen la formación profesional y amplían las oportunidades laborales”. Las capacitaciones tienen una duración promedio de cuatro meses (excepto el Taller de Técnicas de Estudio, de ocho semanas) y están destinadas a estudiantes, profesionales y público en general. Entre las propuestas se encuentran: Desde la institución destacaron que estas capacitaciones buscan responder a las demandas actuales del mercado laboral y fortalecer la formación académica con herramientas prácticas y actualizadas. Para más información sobre requisitos e inscripciones, los interesados pueden consultar los canales oficiales de la Universidad del Chaco Austral.
Un informe privado advierte que el aumento de la tasa de actividad se sostiene en la incorporación de adultos mayores al mercado laboral. La mayoría accede a empleos informales y de baja calidad, en un contexto de deterioro previsional y expansión del trabajo precario. El mercado laboral muestra un crecimiento de la actividad que, lejos de reflejar un dinamismo generalizado, se apoya en la incorporación de adultos mayores. Según el último informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la tasa de actividad alcanzó el 48,6%, el registro más alto para un tercer trimestre desde 2016. Sin embargo, el documento advierte que esa suba responde en gran medida a que cada vez más jubilados vuelven al mercado laboral para complementar ingresos y cubrir gastos básicos. Entre las personas de 66 años o más, la actividad creció 11% interanual. El IAG define ese ingreso como “supervivencial”, es decir, no responde a una elección sino a la erosión del poder adquisitivo de los haberes previsionales. Los ejemplos abundan. En la Ciudad de Buenos Aires, Marta Beatriz Fernández, 75 años, jubilada de la administración pública porteña, empezó hace un año a limpiar casas de conocidos en Caballito y Almagro. “Trabajé 35 años en el Estado. Cuando me jubilé pensé que iba a estar justa, pero tranquila. Con lo que cobro hoy no pago medicamentos, expensas y supermercado”, cuenta. Hasta hace poco, sus dos hijos la ayudaban a completar gastos. “Ahora ya no pueden. A uno le nació el segundo hijo hace tres meses y están con la soga al cuello. Entonces yo salgo a limpiar para sostenerme y si puedo les doy una mano”, explica la mujer que trabaja cuatro veces por semana. La escena se repite en distintos barrios porteños. “Muchísimos jubilados y jubiladas o pensionados están trabajando en limpieza, cuidado de enfermos, venta ambulante, jardinería y otros rubros”, señala Nora Biaggio, docente jubilada y referente del Plenario de Trabajadores Jubilados. Con una jubilación mínima que, con el bono incluido, ronda los 429.000 pesos, “nadie puede vivir un mes”, afirma. “Solo los medicamentos, que ahora hay que pagar, insumen la mayoría de los haberes”. Trabajo por necesidad El IAG vincula el fenómeno con el encarecimiento de medicamentos y servicios de salud, así como con la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones. En paralelo, el trabajo desprotegido alcanza al 44,2% de los ocupados y supera por primera vez los 6 millones de personas. La precarización también atraviesa a Raúl Osvaldo Benítez, 80 años, que vive en un departamento alquilado en Chacarita. Durante cuatro décadas trabajó en una imprenta en la Ciudad. Se jubiló hace 15 años, pero desde 2024 maneja un Uber al menos ocho horas por día. “Si no salgo a trabajar, no llego al alquiler. Así de simple”, dice. “Entre el alquiler, las expensas y la comida, la jubilación se me va en cinco días”. Raúl arranca a las 10 de la mañana y vuelve por la tarde. “Es cansador y triste. El cuerpo no es el mismo. Pero no me queda otra”, agrega. Biaggio advierte que esa inserción se da casi siempre en condiciones informales. “Son empleos en negro. Es además un sobreesfuerzo que hacen los mayores, teniendo que desplazarse, cumplir horario y sostener tareas físicas exigentes”, sostiene. “El dato de crecimiento de la actividad es un síntoma de deterioro social, de ninguna manera puede ser un indicador de recuperación económica”. El avance del “desempleo encubierto” El dossier del IAG también incorpora un indicador de “desempleo encubierto”, que incluye a quienes buscan trabajo pero solo consiguen ocupaciones de pocas horas y alta precariedad. La tasa asciende al 13,8%, más del doble del desempleo oficial (6,6%). En el caso de los jubilados, el desempleo encubierto creció 34,1% interanual, reflejando que muchos necesitan trabajar más horas para sostener ingresos básicos. Mientras tanto, la actividad de los jóvenes de entre 18 y 26 años cayó 1,6%, lo que refuerza el carácter atípico del fenómeno: el mercado laboral no se expande por dinamismo económico sino por la necesidad de los adultos mayores. “Yo ya trabajé toda mi vida”, dice Marta. “No tendría que estar limpiando casas a los 75”. “Es realmente triste tener que hacer de chofer a los 80 años”, coincide Raúl. “Pero qué otra cosa puedo hacer”. Para Biaggio, el cuadro es claro: “No estamos ante jubilados que buscan mantenerse activos. Estamos ante personas que, después de haber trabajado décadas, vuelven al mercado porque la jubilación no alcanza para vivir”. elDiarioAR
El Gobierno nacional licitará el próximo miércoles una serie de títulos públicos para refinanciar vencimientos por unos $7,2 billones. El monto del vencimiento se redujo por canjes previos entre el Tesoro Nacional y el Banco Central por cerca de $15 billones. La operación estaba prevista en el calendario oficial anual que publicó la Secretaría de Finanzas. La licitación se da en un marco de menor tensión respecto del nivel de la tasa de interés. Según informó Agencia Noticias Argentinas, en la última operación el Tesoro adjudicó un total de $9,02 billones, cifra que superó los vencimientos previstos de $8 billones, alcanzando un ratio de refinanciamiento (rollover) del 123,39%. La operación captó un financiamiento neto de $1,02 billones por encima de los compromisos a asumir. Las Letras de Capitalización (Lecaps) concentraron el mayor volumen. El plazo a abril de 2026 cortó a una tasa efectiva mensual (TEM) del 2,81% (39,48% TIREA). Los bonos vinculados al Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) con vencimiento en junio y diciembre de 2026 se colocaron con rendimientos reales de entre 5,02% y 7,94%. También se adjudicaron montos menores en instrumentos de tasa variable (TAMAR) y títulos vinculados al dólar (Dólar Linked). Los agentes económicos siguen de cerca las decisiones del Ministerio de Economía acerca del nivel de pesos que decide absorber o liberar.
El Ministerio de Salud, a través de la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, llevó adelante un nuevo operativo integral para reforzar los controles sanitarios en el marco del inicio del ciclo lectivo, como parte del programa “Febrero en Acción”. La actividad se desarrolló en el Paseo del Puerto de la ciudad de Barranqueras, donde numerosas familias se acercaron para completar trámites y controles de salud necesarios para la vuelta a clases. Los equipos sanitarios realizaron controles clínicos y odontológicos a niños y adolescentes, y se entregaron 74 certificados bucodentales y de buena salud, documentación requerida para el ingreso escolar. Además, se aplicaron 80 vacunas correspondientes al Calendario Nacional, con el objetivo de garantizar que los estudiantes inicien el año con su esquema de inmunización actualizado. Desde la Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, Sandra Sibilla, destacó “que estos operativos buscan acercar el sistema de salud a la comunidad y facilitar el acceso a controles esenciales, especialmente en esta etapa del año en la que muchas familias necesitan completar la documentación escolar”. Asimismo, remarcó que el programa “Febrero en Acción” continuará desarrollándose en distintos puntos de la provincia, con el propósito de fortalecer la prevención, promover hábitos saludables y asegurar que más niños y adolescentes cuenten con los controles médicos y vacunas al día antes del inicio de clases. Desde Salud, aseguraron también que se prioriza la atención cercana, rápida y gratuita, permitiendo a las familias resolver en un mismo lugar trámites sanitarios fundamentales para el ciclo lectivo.
El modelo de Milei sigue acumulando cierres de empresas y trabajadores en la calle. Desde el gremio piden que el grupo reubique a los empleados en otras compañías. La Aseguradora de Riesgos del Trabajo Galeno ART se sumó a la lista de empresas que cerraron esta última semana. Según denunciaron, la principal consecuencia a la vista es que cerca de 470 trabajadores quedarán sin empleo. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dejó sin validez su autorización para operar tras detectar un millonario déficit de capital en la compañía. A través de la Resolución 56/2026, el organismo que regula a las aseguradoras le quitó a la empresa el permiso para emitir nuevas pólizas y seguir funcionando como ART. “La revocación de la autorización para operar implica su disolución automática y liquidación forzosa”, se indicó en el Boletín Oficial del jueves pasado. La SSN decidió esto luego de que detectara un déficit de capital superior a $12.954 millones en septiembre de 2025. El ente regulador le concedió los plazos para que presentara un plan de regularización y restituyera los recursos, pero Galeno manifestó que se encontraba imposibilitado de cumplir con esa exigencia. La compañía, que llegó a ocupar el tercer lugar en el ranking del sector, contaba con alrededor de 800 trabajadores. Al iniciarse la crisis, Galeno dispuso el traslado de solo una parte del personal a otras empresas del mismo grupo. “El Grupo Galeno tiene más de 12 mil trabajadores y no es capaz de llevar la absorción de 600 trabajadores de la empresa Galeno ART”, dijo a Radio Rivadavia el titular del gremio del Seguro y triunviro de la CGT, Jorge Sola. Las ART ofrecen protección a los empleados ante accidentes ocurridos en el ámbito laboral o frente a enfermedades vinculadas con la actividad. Son contratadas por los empleadores e integran el sistema de riesgos del trabajo, que funciona dentro del esquema de la seguridad social. De acuerdo con la Unión de ART (UART), en 2025 se registraron 134.141 demandas; un número que equivale a un promedio de 370 por día. Entre las ART con mayor presencia en el mercado figuran Provincia ART, La Segunda, Prevención ART, San Cristóbal, Asociart ART, Sancor y Federación Patronal. El Destape
El derecho antidumping eliminado había sido fijado en 2020 en un 28 % ad valorem sobre los valores FOB de exportación. El Ministerio de Economía dispuso el cierre del examen por vencimiento de la medida antidumping sobre hojas de aluminio de origen chino sin mantener el derecho del 28 por ciento vigente desde 2020, según se publicó hoy en el Boletín Oficial. La decisión se formalizó mediante la Resolución 172/2026 del Ministerio de Economía (RESOL-2026-172-APN-MEC), firmada por el ministro Luis Andres Caputo, y rige en forma inmediata desde su publicación. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas el producto alcanzado es la mercadería clasificada en la posición arancelaria NCM 7607.11.90, descripta como “hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm”. Se trata del foil utilizado en la fabricación de envases de alimentos, bebidas, medicamentos y membranas aislantes para la construcción. El derecho antidumping eliminado había sido fijado en 2020 por la Resolución 88 del entonces Ministerio de Desarrollo Productivo en un 28 por ciento ad valorem sobre los valores FOB de exportación, a pedido de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., única productora de foil y de aluminio primario en el país. De acuerdo con los considerandos de la norma, la Subsecretaría de Comercio Exterior concluyó en agosto de 2025 que no surgía un margen de dumping para las operaciones hacia la Argentina en el período investigado, aunque determinó un margen de recurrencia de dumping del 14,47 por ciento al comparar valores con exportaciones de China hacia Chile. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), mediante el Acta de Directorio N° 2618 del 21 de enero de 2026, recomendó considerar observaciones adicionales antes de decidir sobre la prórroga. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el organismo indicó que durante la vigencia del derecho las importaciones chinas cayeron a menos del 3 por ciento del consumo aparente nacional. En ese período, ALUAR incrementó su participación de mercado del 64 por ciento en 2019 al 91 por ciento en 2024 y subió sus precios entre 5 y 7 por ciento en términos relativos, pese a que el precio internacional del aluminio primario, su principal insumo, cayó 16 por ciento.IP La CNCE señaló además que el foil de aluminio impacta en “diversas cadenas productoras de bienes de consumo básico” y que el producto representa entre el 3 y el 4 por ciento de la facturación total de ALUAR, empresa que controla entre el 60 y el 65 por ciento del costo de producción del foil al ser la única fabricante de aluminio primario. La Subsecretaría de Comercio Exterior compartió el criterio de cerrar el examen sin mantener la medida, posición avalada por la Secretaría de Industria y Comercio y por el servicio jurídico permanente del Ministerio de Economía.
Con el salario en baja, el Gobierno libertario absorbe pesos vía licitaciones y presiona a la tasa para mantener a raya al dólar y los hogares no pueden pagar. La mora de las empresas se mantiene en niveles relativamente bajos respecto al pico histórico de febrero del 2020, pero no deja de crecer y llegó al 2,5% en diciembre. El apretón monetario con el que el Gobierno apunta a complementar el ancla cambiario para retomar un sendero de desinflación, llevó a las tasas de interés a un nuevo round de volatilidad y tendencia alcista durante la semana pasada, que fue corta. El contexto para semejante fenómeno no es del todo sencillo: el BCRA publicó los datos de mora crediticia frente a los bancos por parte de los hogares, una variable que no deja de crecer y batir récords: el 9,3% del total no llegó a pagar sus vencimientos. Con salarios en baja y precarización laboral, el ajuste oficial encuentra un límite. La incobrabilidad de los préstamos es justamente una contracara clave del fenómeno de las tasas. El BCRA mostró los números de diciembre: la mora de las familias con los bancos batió el récord otra vez y llegó al 9,3% del total. Es casi el doble del récord histórico anterior, en 2021, cuando había llegado a 4,9%. Para los préstamos personales ya llegó al 12%, otro récord histórico, y para las tarjetas de crédito a un idéntico 9,3%. De fondo, la capacidad de pago: el economista Nadin Argañaraz mostró que en los últimos 8 años un empleado privado perdió el equivalente a 16 sueldos mensuales del 2017. Para los públicos llega a 21 salarios perdidos. El BCRA viene emitiendo fuerte mediante la compra de divisas. Unos $3 billones de pesos, según estimaciones de la consultora 1816, se emitieron por esa vía en lo que va del 2026 (en rigor, hasta el viernes 13 de febrero). Sin embargo, tanto la autoridad monetaria, como el Tesoro, se apuraron en esterilizar esos pesos para mantener firme el apretón monetario, secando la plaza y procurando que no queden pesos sobrantes con potencial de ir a presionar al dólar, hoy con marca apreciación, y la inflación, que pasa por un momento de aceleración sostenida desde mayo del 2025. De hecho, mientras que el BCRA absorbió en torno a $1 billón vía intervención en bonos soberanos en el mercado secundario, el Tesoro se mantuvo firme en las últimas licitaciones de deuda en pesos y alcanzó rollovers bien por encima del 100%, lo que implicó absorber otros $3,5 billones. Como el BCRA además ganó $0,5 billones vía dólar futuro, la cuenta es sencilla: se más que compensaron los $3 billones emitidos vía compra de reservas y la base monetaria cayó en $2 billones en lo que va del año. Ese apretón se pagó con más tasa de interés y una alta volatilidad, lo que de la mano del dólar barato retroalimenta la oferta de divisas para carry trade. En la semana, la tasa de la caución superó el 40% y cerró en niveles así de elevados. Desde 1816 señalaron: “Las tasas cortas en pesos siguen notablemente volátiles, lo cual es una decisión del banco central, que si quisiera podría evitarlo. En donde nos sentimos más perdidos es en lo monetario, básicamente porque la volatilidad de las tasas se mantiene altísima y el Gobierno hace poco y nada al respecto. Vemos muchos costos (se acortan los plazos de cualquier decisión financiera ) y ningún beneficio a la volatilidad que tienen las tasas desde mediados del año pasado”. Y agregaron: “Comprendemos que el Gobierno quiera darle un sesgo contractivo a la política monetaria, ya que bajo la lógica de que lo más importante es bajar la inflación y que para hacerlo hay que controlar al dólar con tasas altas, incluso a costa de que la incobrabilidad de los préstamos bancarios aún no haya encontrado techo, pero una cosa es que las tasas sean altas y otra cosa es que sean tan volátiles”. Desde Ecolatina afirmaron: “Dado un reducido nivel de liquidez en pesos y una estrategia monetaria-cambiaria que consiste en un Central expansivo o neutro y un Tesoro contractivo, no hay condiciones para que mermen los episodios de tasas en pesos al alza”. La mora de las empresas se mantiene en niveles relativamente bajos respecto al pico histórico de febrero del 2020, pero no deja de crecer y llegó al 2,5% en diciembre. El récord justo antes de la pandemia había sido de 8,1%. Para el total de los créditos bancarios, en cambio, el récord histórico está cada vez más cerca: la mora total que sufren las entidades financieras privadas llegó al 5,5%, ya no tan lejos del 6,2% de aquel febrero del 2020. Bae Negocios
El Gobierno de México confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo de seguridad desplegado en el occidente del país. La información fue ratificada tras una jornada marcada por bloqueos de rutas, quema de vehículos y diversos hechos violentos en al menos 21 estados en represalia por la muerte del capo. “El Mencho” era identificado como líder del CJNG, una de las organizaciones criminales con mayor presencia territorial en México y con operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Tras la captura en julio de 2024 de Ismael “El Mayo” Zambada, histórico dirigente del Cartel de Sinaloa, Oseguera Cervantes pasó a ser considerado el narcotraficante más buscado del país. Antes de que se conociera oficialmente el resultado del operativo, se registraron incidentes en Jalisco, Michoacán, Colima, Guerrero, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas y Tamaulipas, con medios mexicanos como el diario La Jornada reportando incidentes en hasta 21 estados. De acuerdo con reportes preliminares de autoridades estatales y federales, los hechos incluyeron incendios de unidades de transporte de carga y pasajeros, vehículos atravesados para bloquear el paso y afectaciones a la circulación en autopistas y carreteras federales. Según la agencia EFE, aún no hubo denuncias de víctimas civiles por los bloqueos, pero las autoridades mantuvieron el despliegue ante posibles nuevas reacciones. La operación fue ejecutada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. De acuerdo con el comunicado oficial de la Defensa, Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon la intervención con el objetivo de detener a Rubén “N”, alias “El Mencho”, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata. Según la versión oficial, Oseguera Cervantes resultó herido y murió durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. En total, siete presuntos integrantes del grupo criminal fallecieron y su identificación formal quedó a cargo de las autoridades periciales. Además, dos miembros del CJNG fueron detenidos y se aseguró armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos blindados. La Sedena indicó que “tres elementos militares” resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones médicas en la capital del país. También precisó que el operativo contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad. El enfrentamiento ocurrió en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco, a unos 150 kilómetros de Guadalajara, aunque los efectos de seguridad se extendieron a otras zonas del estado, incluida la región costera y municipios como Puerto Vallarta. En la zona metropolitana de Guadalajara se suspendió el transporte público y se pidió a la población evitar salir de sus domicilios. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en sus redes sociales que la Secretaría de la Defensa Nacional le reportó el operativo realizado por fuerzas federales. Afirmó que existe “absoluta coordinación” con los gobiernos estatales y llamó a la población a mantenerse informada y en calma. “Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México”, escribió la mandataria en sus redes sociales. Página 12
A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la apertura del proceso competitivo, que comprende la gestión de diversos tramos de la red vial federal por parte de operadores privados El Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA. La medida fue adoptada a través de la resolución 174/2026, una semana después de que el titular de la cartera Económica, anunciara la fase “B” de la Etapa II. Esta iniciativa también comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional. La Secretaría de Transporte tuvo a su cargo la propuesta de tramos de la red vial nacional a concesionar, la verificación del estado actual de los mismos y la elaboración de la documentación licitatoria y contractual. Los tramos comprendidos en esta etapa incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016. También se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo. Toda la documentación puede ser consultada y descargada por los interesados en la plataforma CONTRAT.AR. (https://contratar.gob.ar/), y hay tiempo hasta el “04/05/2026 a las 13:00 horas”. En tanto para la presentación de las ofertas, la fecha límite es el 18 de junio, al mediodía. La resolución detalla que “el llamado a licitación será publicado en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía por el término de siete (7) días, y en el sitio web del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’ por el término de tres (3) días corridos”. Para el procedimiento, el Gobierno ordenó la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, la cual estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que ya fueron designados. La semana pasada se lanzó una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien especificó que la convocatoria es de alcance nacional e internacional y comprenderá cuatro corredores estratégicos. “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó. El proyecto sustituye al esquema deficitario vigente por un modelo sin subsidios, enfocado en, según lo mencionado por Caputo, alegando “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”. Las obras se ejecutarán en la rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188, 193 y en los accesos A005 y A008, además de las 7, 9 y 12 que se mencionan también en la nueva resolución. La fase II-B cubrirá Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis y estará dividida en cuatro tramos: el tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano, de 720 kilómetros, definido como corredor de integración interprovincial y carga de larga distancia; el tramo Portuario Sur, que incluye 637 kilómetros hacia accesos portuarios y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a fortalecer la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país. Al igual que el reciente lanzamiento, la fase II se enmarca en el Proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé la gestión de la operación y mantenimiento de los corredores viales por parte del sector privado. En su conjunto, prevé la concesión demiles de kilómetros de rutas nacionales, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva. En la publicación en X, Caputo remarcó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema“sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial. Radio Sudamericana
El secretario de Gobierno y Modernización de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Diego Landriscina, señalado por autoridades de la Bolsa de Comercio del Chaco como responsable de los movimientos financieros de la comuna en inversiones riesgosas ante esa entidad, presentó este domingo un pedido de licencia al intendente Bruno Cipolini. De esta manera, el funcionario – en su nota – aclara que, ”esta decisión responde a mi voluntad de preservar la institucionalidad y aportar claridad ante los hechos que han tomado estado publico, evitando que cualquier circunstancia pueda interpretarse como interferencia o condicionamiento en los ámbitos administrativos o judiciales que correspondan”. Además, Landriscina sostiene haber actuado con ”responsabilidad, con convicción, compromiso y buena fe, siempre orientado a la defensa de los intereses de la Municipalidad”. Agregando que, en este contexto, ”considero que dar un paso al costado de manera transitoria constituye un acto de responsabilidad política e institucional, a fin de resguardar el normal funcionamiento del equipo de gobierno y el respeto por los procesos en curso”. Vale señalar que el caso que estalló en la Bolsa de Comercio del Chaco, y que generó cruces de declaraciones y denuncias entre la comuna de la Ciudad Termal y esa entidad, también tiene la participación de otros actores, y a generado una fuerte conmoción política en Sáenz Peña. Mientras tanto, la Justicia chaqueña abrió el concurso de acreedores de la firma agrícola Italar SRL – dedicada a la producción de granos y algodón con sede en Charata -, siendo la apuntada del caso con una deuda bancaria superior a $16.200 millones y más de 40 cheques rechazados en sus obligaciones negociables operadas en la entidad bursátil de nuestra provincia.
La ciudad vivió este sábado una noche inolvidable con el cierre de los Carnavales Saenzpeñenses 2026. Tras años de ausencia, la fiesta popular recuperó su esplendor en un Predio Ferichaco que lució colmado, desafiando las altas temperaturas de la jornada que promediaron los 32°C entrada la madrugada. El despliegue de las siete comparsas locales – Yasí Berá, Yapeyú, Ara Pipí, Estrella del Sur, Alegría, Imperio y Yasí Porá – fue el corazón de una velada que se extendió hasta la madrugada del domingo. El brillo de los trajes, la fuerza de las baterías y la alegría de los pasistas confirmaron que el carnaval volvió para quedarse en la agenda cultural de la ciudad. Invitados de lujo y el broche de oro La noche final no solo contó con el talento local. La jerarquía de Ara Sunú (Villa Ángela) e Irupé La Pionera (Quitilipi) elevó la vara del espectáculo, brindando un show que fue ovacionado por las miles de familias presentes. Como estaba previsto, el cierre musical estuvo a cargo del grupo La Ke Va, que transformó el predio en una verdadera pista de baile, coronando una edición que destacó por su organización y el carácter familiar. Pese a que el pronóstico indicaba una baja probabilidad de lluvia para la noche del sábado (entre 0-10%), el clima acompañó perfectamente el desfile.