En los últimos reportes epidemiológicos de Argentina se registró un aumento sostenido de casos de coqueluche y tuberculosis, enfermedades prevenibles con una correcta vacunación. Ahora alertan por la pérdida de la inmunidad de rebaño En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización y la Semana de Vacunación en las Américas, el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advirtió este miércoles sobre el riesgo de reaparición de ciertas enfermedades en la Argentina ante el descenso sostenido en los últimos años de las coberturas de vacunación. Reino Unido prohibió la venta de cigarrillos a menores de 17 años“El aumento de enfermedades prevenibles con vacunas en Argentina representa un riesgo concreto para la salud pública. Vacunarse no es solo una decisión individual. Es un acto de responsabilidad colectiva”, remarcó Elizabeth Bogdanowicz (MN 66.915), médica infectóloga a cargo del Vacunatorio del Hospital de Clínicas. La vacunación en Argentina, recordó la experta, “ha logrado hitos históricos de salud pública, tales como la eliminación de enfermedades como el sarampión (endémico), poliomielitis y difteria, además de reducir en un 82% la letalidad por tos convulsa en el primer año de vida y la drástica caída de la necesidad de realizar trasplante hepático en niños con hepatitis A fulminante”. Sin embargo, “actualmente en Argentina los datos de coberturas de las vacunas del Calendario Nacional de Inmunizaciones confirman que ninguna alcanzó la cobertura óptima del 95% recomendada por los organismos internacionales en la última década”, lamentó el Hospital de Clínicas en un comunicado. “Existe una diferencia significativa entre la cobertura real y la óptima, especialmente en los refuerzos de ingreso escolar donde el déficit supera el 40% respecto de la meta. También se registran niveles insuficientes en la vacunación adolescente, con bajas coberturas en vacunas clave a los 11 años e importantes desigualdades territoriales entre jurisdicciones, así como discontinuidad en los esquemas primarios”, detalló Bogdanowicz. En ese marco, las últimas ediciones del Boletín Epidemiológico Nacional mostraron un fuerte aumento de la coqueluche en la región, con un incremento de casos de 11.202 en 2023 a 66.184 casos en 2024 y la muerte por esta enfermedad en 2025 de 11 niños menores de 2 años con vacunación incompleta. Además, se registraron casos de sarampión en 2025, mientras que la tuberculosis creció casi 80% entre 2020 y 2025. Los expertos también alertan, en este contexto, sobre el riesgo de reaparición de difteria, tétanos, poliomielitis, rubéola y paperas. “Todas estas situaciones ocurren en un país como el nuestro, que cuenta con un Calendario Nacional de los más completos del mundo, con más de 20 vacunas para todas las etapas de la vida, que son gratuitas, seguras y obligatorias”, advirtió la infectóloga. Según explicó, el aumento de casos de algunas enfermedades y el riesgo de reaparición de otras se dan por la “pérdida de la inmunidad de rebaño” causada por la baja en las coberturas de vacunación. Por otro lado, se identifica una menor asistencia a controles médicos tras la pandemia, retrasos en refuerzos en las vacunas (medida clave para sostener la inmunidad de rebaño) desinformación y barreras de acceso al sistema de salud, entre otras causas. En ese sentido, el Hospital de Clínicas insistió con la importancia de la vacunación, especialmente en aquellas personas que tienen situaciones de mayor riesgo: niños menores de 2 años (en 2025, por ejemplo, los fallecimientos por coqueluche se concentraron en lactantes sin vacunación completa), niños con esquemas incompletos, personas gestantes, adultos mayores, personas inmunocomprometidas y poblaciones con dificultades de acceso al sistema de salud. Recomendaciones de vacunación El hecho de mantener el Calendario al día en todas las etapas de la vida “es fundamental para sostener la protección individual y colectiva frente a enfermedades prevenibles”, concluyó la institución. El mismo debe incluir: En personas gestantes: Vacuna contra Virus Sincicial Respiratorio (VSR) (semanas 32 a 36)Triple bacteriana acelularGripeCOVID-19Hepatitis B En recién nacidos: Hepatitis B (dentro de las primeras 12 horas de vida)BCG (antes del egreso de la maternidad) Hasta el año de vida: Rotavirus (2 y 4 meses)Quíntuple (2, 4 y 6 meses)Polio IPV (2, 4 y 6 meses)Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses)Meningococo (3 y 5 meses)Antigripal (a partir de los 6 meses)Triple viral (12 meses)Hepatitis A (12 meses) Hasta los 2 años: Meningococo (15 meses)Varicela (15 meses)Triple viral (refuerzo entre 15–18 meses)Quíntuple (refuerzo entre 15–18 meses)Antigripal (hasta los 24 meses)Fiebre amarilla (18 meses, solo en zonas de riesgo) A los 11 años: Hepatitis B (3 dosis, solo si no completó el esquema en la infancia)Triple viral (solo si no la recibió antes; protege contra sarampión, rubéola y paperas)Triple bacteriana acelular (previene difteria, tétanos y tos convulsa)VPH (para niños y niñas)Antimeningococo tetravalente (refuerzo)Fiebre amarilla (solo para residentes en zonas de riesgo, como único refuerzo a los 10 años de la primera dosis) Adolescentes y Adultos (15 a 64 años): Hepatitis BDoble bacteriana (refuerzo cada 10 años)GripeVacuna contra neumococo (en personas de riesgo)COVID (en personas de riesgo)Fiebre hemorrágica argentina (desde los 15 años en zonas de riesgo) Mayores de 65 años: Antigripal (anual)NeumococoCOVID-19Doble bacteriana (refuerzo cada 10 años)VSR y herpes zoster (no están incluidas actualmente en el Calendario Nacional de inmunizaciones) Personal de salud: Esquema completo y actualizadoTriple viral (2 dosis comprobadas)Antigripal anualCOVID-19Refuerzos según Calendario Página 12
Autor: Redacción General
Los senadores del Bloque Peronista presentaron el proyecto “Ley de Tarifa Eléctrica Diferenciada para el Norte Grande Argentino”, destinado a la creación de un Régimen Federal de Tarifa Diferenciada de Energía Eléctrica para el Norte Grande Argentino”. El objetivo de la iniciativa es garantizar el acceso al servicio con tarifas adecuadas a las características climáticas, geográficas y socioeconómicas de la región. Incluye a las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Estuvieron presentes Lucía Corpacci (Catamarca), Florencia López (La Rioja), José Mayans (Formosa), Alicia Kirchner ( Santa Cruz), Fernando Rejal (La Rioja), María Teresa González ( La Rioja), Jorge Capitanich (Chaco), y Carlos Linares(Chubut), Juan Luis Manzur (Tucumán), Sergio Leavy (Senador mandato cumplido de Salta). La explicación técnica estuvo a cargo del senador Jorge Capitanich. Se resaltó que los beneficiarios del Régimen son los usuarios residenciales de bajos ingresos, quienes podrían acceder a una reducción del 50%; los usuarios residenciales de ingresos medios, con un 35%; y las entidades de bien público, también con 35%. En su articulado, el proyecto señala que “El Régimen no fija topes de kilovatiohora subsidiados por bloque de consumo”, y que las reducciones se aplican “sobre la totalidad del consumo registrado en cada período de facturación, sin distinción de tramos. Además, los aumentos no podrán superar el Coeficiente de Variación de Salarios del INDEC, ni el Índice de Precios al por Mayor. La alícuota del IVA será del cero % para los usuarios y entidades que no cuenten con acceso a la red de gas natural domiciliario. En cuanto al costo de aplicación, será afrontado por el Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y a través del Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas de Usuarios Finales (FCT), con aportes de las empresas distribuidoras de las provincias que integran el Norte Grande. El proyecto de ley establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía por medio de la Secretaría de Energía, en conjunto con los entes regulatorios de cada una de las provincias.Entre los fundamentos figuran el acceso a la energía como derecho humano, y el mandato constitucional de proveer un crecimiento armónico entre las distintas regiones del país, y su población. El senador José Mayans señaló que el proyecto se enmarca en un contexto de fuerte atraso salarial en las provincias, que impacta directamente en el consumo y la recaudación. “Hay familias que no pueden pagar la luz; esto golpea a los trabajadores y también a las pymes. Incluso hay quienes se ven obligados a colgarse del servicio”, advirtió.En ese sentido, cuestionó al Gobierno Nacional por su falta de respuesta frente a la situación del sector laboral: “Los jubilados no tienen expectativas de mejora. Este proyecto representa un alivio concreto”. Además, reafirmó la posición del peronismo: “Creemos en la justicia social como base de la dignidad de las personas. Hay que valorar el esfuerzo del trabajador, de las micro y pequeñas empresas. Estamos ante una emergencia nacional y es necesario corregir el rumbo”.La senadora catamarqueña Lucía Corpacci explicó que la iniciativa surge del trabajo de unificación de distintos proyectos. “El Gobierno Nacional eliminó todos los subsidios y eso vuelve inviable la situación para las provincias del norte, especialmente por las altas temperaturas que enfrentamos. Hay gente que no tiene otra opción que colgarse de la luz”, expresó. Además, señaló el impacto en el entramado social: “Los clubes de barrio no pueden sostenerse cuando reciben las boletas del servicio”. Finalmente, remarcó el rol del Congreso: “Tenemos la responsabilidad de dar esta batalla, presentar leyes y construir los consensos necesarios”. Por su parte la riojana Florencia López destacó que en su provincia las temperaturas en verano no bajan de los 40 grados. “Somos más de 10 millones de personas que sufrimos el aumento de tarifas. Queremos llevar justicia a las provincias del interior”. Remarcó que hubo una decisión política del Gobierno Nacional que llevó a elevar el precio de las tarifas, porque fueron liberadas por le Ley Bases. Capitanich destacó que el Norte Grande argentino está conformado por 10 provincias, lo que representa un tercio de la superficie de la argentina y el 20 % de la población. Cerca de 10 millones de habitantes que sufren altas temperaturas de noviembre hasta abril.Jorge Capitanich explicó que el proyecto busca “hacer uso de las atribuciones constitucionales para una asistencia de igualdad de oportunidades para la región. Están excluidos los que tienen bienes inmuebles, automóviles e ingresos mayores a tres canastas básicas”, y que se trata de un “régimen permanente, no por consumo sino por ingresos”. “Los clubes no pueden pagar la luz; los jubilados tienen que optar entre comer, pagar la luz o comprar los medicamentos. Los salarios públicos tienen una reducción del 30%. Muchas empresas distribuidoras de base estatal tienen problemas de financiamiento”, agregó.Capitanich ponderó el consenso del bloque, ya que se trata de “un proyecto unificado de 20 artículos que toma las mejores iniciativas de todos los proyectos para lograr los consensos. Es una herramienta que permitiría resolver el problema energético. Hay muchos problemas para industrias y productores en materia de energía”. Capitanich sostuvo que están cerrando 25 mil PyMEs y que el sector productivo sufre tanto como los usuarios residenciales. “La situación es grave, hay que buscar soluciones. Estamos buscando la solidaridad en el Congreso, que es una solución estructural de largo plazo para el pueblo argentino del Norte Grande”. Además, criticó fuertemente al Gobierno de Javier Milei, al sostener que la crítica situación energética, junto a las dificultades de ingresos de la población, es producto de la delegación de facultades al Ejecutivo, lo que redundó en una desregulación del sistema, un aumento de los precios y un castigo a las familias. Por último, explicó la situación de creciente endeudamiento de las familias argentinas: “Esto es un mecanismo que está quebrando a las familias argentinas; estamos quebrando el bolsillo de las familias argentinas, lo que afecta la cadena de pagos. Ya desembocó en Argentina en el 2001”.
Un motociclista oriundo de la vecina República Federativa de Brasil, murió en la mañana de este miércoles en el Hospital “4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña”, donde había sido derivado de urgencia desde el Hospital de Las Breñas. Por las pésimas condiciones de la Ruta Nacional Nº 89 -que en el tramo en cercanías de General Pinedo tiene miles de cráteres- el conductor habría perdido el control de su motocicleta BMW de alta cilindrada, cayendo pesadamente al suelo. Las heridas fueron de tal gravedad que lamentablemente falleció este miércoles en el nosocomio saenzpeñense, donde fue derivado anoche. “Casualmente, este 22 de abril cumplía 56 años”, confirmaron fuentes consultadas por Periodismo365. Al respecto, Radio Kailash de Villa Berthet informó que ayer martes en horas del mediodía, un viajero de 55 años de edad, oriundo de Brasil; sufrió un accidente en el cruce de la Ruta Nacional 89 y la Ruta Provincial 5. En ese lugar, el conductor habría perdido el control de su motocicleta BMW de gran cilindrada, tras intentar esquivar los innumerables baches que hay en la ruta y cayó violentamente en la banquina. Luego de ser asistido en el hospital local por lesiones en el tórax, fue derivado a Las Breñas para estudios de mayor complejidad. La policía secuestró el rodado de manera preventiva mientras intervino la Fiscalía de Charata. En la noche del lunes fue trasladado al Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña. El motociclista luchó por su vida durante casi 24 horas, pero en el mediodía de este miércoles, lamentablemente se confirmó su fallecimiento. La víctima fatal, de 55 años de edad, fue identificado como Valdinei Pereira Da Costa, oriundo de Vargem Grande do Río Pardo, Minas Gerais, República Federativa de Brasil. Cabe remarcar que luego de una primera asistencia en el hospital local y posterior intervención en Las Breñas, fue derivado de urgencia al Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde lamentablemente perdió la vida este miércoles debido a la gravedad de las lesiones internas. Fuente: Periodismo 365
El informe anual “La situación de los derechos humanos en el mundo”, publicado en abril de 2026 por Amnistía Internacional, dedicó un apartado especial a la República Argentina en el que documentó un alarmante deterioro de las garantías fundamentales durante el año 2025. El organismo señaló el aumento de las barreras para acceder al aborto, la persistencia de altos índices de femicidios y violencia de género, la represión violenta de las protestas sociales, y un severo ajuste económico que afectó especialmente a las personas mayores y a quienes tienen discapacidad. Salud sexual y reproductiva bajo ataque Uno de los puntos más críticos del informe es el retroceso en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Amnistía Internacional denunció que el gobierno nacional desmanteló el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, que había logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente en un 49 por ciento en los cuatro años anteriores. En 2025, el presupuesto de ese plan sufrió una reducción del 86 por ciento en términos reales. Además, la organización reveló que la compra y distribución estatal de insumos esenciales para garantizar el acceso al aborto legal estaba interrumpida desde diciembre de 2023, y que la cantidad de anticonceptivos distribuidos a las provincias se redujo un 81 por ciento entre 2023 y 2024. Como consecuencia, Amnistía Internacional recibió casi el cuádruple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto en 2025 en comparación con todo el año anterior. Femicidios y violencia de género La violencia machista también fue motivo de grave preocupación. Según datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación citados por el informe, durante el primer semestre de 2025 se registró un femicidio cada 35 horas. Pese a la magnitud de la crisis, el gobierno eliminó 13 programas fundamentales para combatir la violencia de género, incluidos los destinados a brindar apoyo inmediato a mujeres en situaciones extremas. El informe también destacó un aumento del 70 por ciento en los crímenes de odio contra personas LGBTI durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período del año anterior, y citó declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de enero, donde asoció la homosexualidad con la pedofilia. Represión de protestas y violencia policial Amnistía Internacional documentó una escalada en la represión de las manifestaciones pacíficas. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 se registraron al menos 1.341 casos de personas heridas presuntamente a manos de agentes estatales, de las cuales 155 eran personas mayores y 184 trabajaban en prensa. Al menos dos personas sufrieron impactos de bala de goma en la cabeza y el rostro. El informe menciona dos casos emblemáticos: el del fotoperiodista Pablo Grillo, quien resultó gravemente herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un gendarme durante una movilización de jubilados en marzo; y el de Jonathan Navarro, que perdió el ojo izquierdo tras recibir un disparo de un arma de impacto cinético efectuado por un agente de la Prefectura Naval en la misma protesta. Vigilancia sin control judicial Uno de los puntos más novedosos del informe es la denuncia sobre la implementación de mecanismos de vigilancia sin orden judicial. Mediante el Decreto 383/2025, el Ministerio de Seguridad Nacional facultó a la policía federal para vigilar a las personas en redes sociales, acceder a bases de datos estatales, realizar requisas y detener personas con fines identificatorios hasta por 10 horas, todo ello sin intervención de un juez. Además, el Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 reformó el sistema de inteligencia y concentró más poder en la Secretaría de Inteligencia del Estado, ampliando su capacidad para acceder a datos personales y operar sin control judicial, lo que —según la organización— aumenta el riesgo de vigilancia ilegítima y uso discrecional de la información. Ajuste económico y derechos sociales La situación económica también fue objeto de críticas. Amnistía Internacional señaló que las medidas de austeridad afectaron principalmente a las personas mayores y a quienes tienen discapacidad. La pensión mínima no cubría las necesidades básicas y más de tres millones de personas mayores vivían en situación de pobreza. El presidente vetó por segunda vez una ley que aumentaba el poder adquisitivo de las pensiones. El presupuesto destinado a las universidades para 2025 fue un 6 por ciento menor en términos reales que el del año anterior, acumulando una reducción del 29 por ciento desde 2023. El Congreso rechazó el veto presidencial a una ley que aumentaba la financiación universitaria, pero el poder ejecutivo ratificó que no aplicaría esa ley. Política ambiental negacionista Por último, el informe calificó de “sumamente insuficientes” las políticas y objetivos climáticos de Argentina, incompatibles con el límite de aumento de temperatura de 1,5 grados establecido por el Acuerdo de París. Los subsidios a las empresas hidrocarburíferas representaron 93 veces el importe de los fondos destinados al fomento de energías renovables y eficiencia energética. El documento completo, que abarca la situación de los derechos humanos en 144 países durante 2025, fue presentado por Amnistía Internacional en abril de 2026 y está disponible en su sitio web oficial.
Autoridades provinciales se encuentran este miércoles en el barrio Noca’ayi, en Juan J. Castelli, coordinando las acciones de asistencia directa a las familias afectadas por las intensas lluvias que impactaron en distintos puntos del Chaco. Están presentes la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico; Marcelo Barrios, subsecretario de Municipio; el presidente de la Administración Provincial del Agua (APA), Jorge Pilar; junto a Fernando Vogel, referente zonal del programa Ñachec, Vialidad Provincial, entre otros. Durante la recorrida, los funcionarios supervisaron la situación en territorio y avanzaron en la articulación del esquema de asistencia integral que incluye ayuda inmediata, operativos de salud y acciones posteriores para la recuperación de las zonas afectadas. “Estamos trabajando para llegar a cada punto de la ciudad con asistencia. Sabemos que la situación es difícil, pero trabajamos con un plan de abordaje que va desde las zonas más afectadas hacia las menos comprometidas, pero vamos a llegar a todos”, aseguró. “Los que critican, el único barro que conocen es el del Dakar” “Estamos acá presentes, hay algunos diputados e intendentes que incluso opinan, critican o hacen medición muy livianamente, desde una red social o streaming, cuando el único barro que conocen es el del Dakar. Nos gustaría que vengan a acompañarnos, que dejen su comodidad, larguen los teclados y lleguen hasta acá, en las localidades afectadas”, señaló. El funcionario remarcó además la importancia de la organización y la articulación entre áreas del Estado para optimizar los recursos disponibles. “Lo fundamental es que la ayuda llegue de manera ordenada y eficiente, entendiendo que, aunque el esfuerzo es grande, la demanda también lo es”, expresó. Asimismo, adelantó que en los próximos días se reforzarán los operativos sanitarios en los barrios afectados, con especial atención a niños y familias que estuvieron expuestos al agua durante varias horas. Resico también puso el foco en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para evitar que este tipo de situaciones se repitan. “No se trata solo de la emergencia. Hay que trabajar en obras y planificación para mejorar el escurrimiento del agua”, explicó. En esa línea, indicó que equipos técnicos de distintas áreas provinciales, incluyendo Vialidad y APA, se encuentran trabajando desde el inicio del evento climático, garantizando además servicios básicos como energía y asistencia para facilitar el drenaje en zonas críticas. Posteriormente los funcionarios provinciales se trasladan a la zona de El Espinillo. Por último, el funcionario hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Más allá de las diferencias políticas, es momento de estar en territorio y acompañar a la gente. Nosotros vamos a seguir presentes, hoy y en los próximos días, con todo el equipo”, concluyó.
El fiscal Pollicita convocó a Pablo Martín Feijóo para que brinde detalles de la venta del inmueble ubicado en la calle Miró. El hombre tendría una relación de amistan con el jefe de Gabinete. Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió a Manuel Adorni el departamento de Caballito por el cual es investigado, declaró durante más de dos horas esta mañana. Se trata de un testimonio clave. El hombre fue quien participó de la operación de venta del inmueble que derivó en un precio sustancialmente menor del que originalmente valía. Con su declaración, el fiscal Gerardo Pollicita intenta desentrañar las condiciones de la operación inmobiliaria por las que es investigado el jefe de Gabinete y mano derecha del presidente Javier Milei. Feijoo es hijo de Beatriz Viegas, una de las dos jubiladas vendedoras del departamento, y conocía a Adorni porque sus hijos cursan en el mismo colegio. Se dice que ambos tienen una relación de amistad y que ello habría influido en la operación de venta y en las sospechosas facilidades de pago otorgadas por las dos jubiladas. Otro dato que llama la atención es que, según trascendidos de la investigación, Feijoo sería la persona que realizó la primera reserva del inmueble y visitó Casa Rosada el 22 de octubre del 2025, semanas antes de que se escriture el departamento. Lo que el fiscal intenta obtener con el testimonio de hoy son detalles sobre cómo se gestó el precio de venta (230 mil dólares) y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses. Además de Feijoo, la jornada incluye el testimonio del encargado del edificio de Caballito para constatar el estado del departamento al momento de la transacción. La Justicia ya trazó la hoja de ruta para las próximas semanas: el fiscal fijó para el 6 de mayo la declaración de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda. En tanto, la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa. Página/12
Un casino de Las Vegas reclama US$2,6 millones por deudas de juego a cuatro jugadores; cuál es el vínculo con el caso de Enrique “Quique” Felman, detenido en febrero pasado. uatro glorias del fútbol argentino de los años 90 enfrentan demandas judiciales en los Estados Unidos por presuntas deudas de juego en Las Vegas, en casos que podrían derivar en embargos de bienes, complicar futuros ingresos al país y, en el peor de los casos, abrirían la posibilidad a una posible detención si vuelven a pisar suelo norteamericano. En un camino que ya recorrió el periodista deportivo Enrique “Quique” Felman, que terminó varios días en un centro de detención en Miami, los jugadores fueron denunciados también por el gigante del juego Resorts World Las Vegas, ubicado en esa ciudad. El casino presentó demandas individuales con el objetivo de recuperar US$2,6 millones en esta primera etapa. Los demandados son Norberto Ortega Sánchez, Sergio “La Bruja” Berti, Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores. Según la documentación a la que accedió LA NACION, el casino sostiene que los exfutbolistas habrían incumplido el pago de instrumentos de crédito —similares a un cheque, pero para el juego—, conocidos como markers. Cuando la empresa intentó cobrarlos, fueron devueltos por sus bancos por falta de fondos. En términos más simples, la argumentación del casino sostiene que los argentinos fueron, se endeudaron, jugaron, perdieron y no pagaron. Las deudas de juego en otros países no pueden derivar en investigaciones ni sanciones en la Argentina. Sin embargo, si Ortega Sánchez, Berti, Zárate y Flores quieren volver en el futuro a Estados Unidos, deberán defenderse en la justicia norteamericana. Tienen 21 días para responder formalmente tras la notificación antes de que se dicte una sentencia por rebeldía, que autorizaría el embargo de dinero o propiedades para satisfacer la deuda. La ofensiva del casino es la profundización de la estrategia legal que llevó a estar detenido a Felman. El periodista había aterrizado en el aeropuerto de Miami el 1° de febrero pasado y fue detenido durante 13 días por una deuda impaga de US$300.000 en este casino de Nevada. Quedó liberado solo después de pagar la deuda. Zárate surgió en Vélez Sarsfield y formó parte del ciclo más exitoso de la historia del club de Liniers. Su caso representa el monto más elevado. Se le reclama que devuelva US$1.000.000 por haber incumplido el pago de cuatro instrumentos de US$250.000 cada uno, emitidos en marzo de 2025. La cifra incluye US$2000 en daños estatutarios. Ortega Sánchez fue un enganche clásico de recordada técnica. Pasó por varios clubes, pero se lo recuerda especialmente en San Lorenzo. El reclamo contra él asciende a US$625.000. La deuda surge de dos instrumentos de crédito entregados en febrero de 2025 —uno por US$500.000 y otro por US$125.000—, a lo que se suman US$1000 por daños estatutarios derivados de los fondos no pagados. Berti fue uno de los volantes por izquierda más determinantes de los 90. Formó parte del River multicampeón de Ramón Díaz. Llegó a integrar el plantel argentino que disputó el Mundial de Francia 1998. Se le exige el pago de US$500.000. La suma corresponde a dos instrumentos emitidos a fines de abril de 2025 (por US$125.000 y US$375.000, respectivamente), más US$1000 en concepto de daños. Flores fue una de las máximas figuras del Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi que conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental en 1994. Se le reclaman también US$500.000, aunque originados en un único instrumento de crédito de abril de 2025. En este reclamo, los daños estatutarios se fijaron en US$500. En todas las presentaciones, el casino alega que los demandados recibieron fichas o crédito de juego que nunca fueron cubiertos por sus instituciones bancarias. Además del capital, la firma solicita el pago de intereses y honorarios legales, que no fueron definidos. Las demandas contra los exfutbolistas en Estados Unidos Salvo en el caso de Flores, cuya citación fue enviada el 12 de diciembre del año pasado, en los tres restantes casos salieron el 9 de febrero de este año. Las fechas importan. Eso muestra que el casino está intensificando sus esfuerzos para cobrarles las presuntas deudas a los argentinos. Sklar Williams es el estudio que lleva adelante las demandas. El abogado que encabeza los litigios es Anthony R. Ager, quien centraliza las actuaciones. Las demandas, presentadas bajo la carátula de acciones civiles, fueron radicadas en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark, con sede en el Centro de Justicia Regional de Las Vegas. Los expedientes quedaron distribuidos en los departamentos 2, 11 y 24 del Octavo Distrito Judicial de Nevada, donde el casino Resorts World busca una sentencia monetaria por el impago de créditos de juego. Todos los documentos están validados por la oficina del secretario del Tribunal, Steven D. Grierson. El “casino gate” El casinogate que involucra a argentinos en Las Vegas tiene un denominador común: es Maximiliano Palermo. Se trata del representante de jugadores que invitó a Felman, a las cuatro glorias del fútbol ahora mencionadas y a muchos otros jugadores, periodistas y apostadores. LA NACION habló semanas atrás con él. “Lo que más me importa dejar en claro es que, de todas las cosas que se vienen diciendo desde hace un mes, casi nada es verdad, sobre todo en redes sociales y en algunos medios”, dijo entonces. Según diversos testimonios recabados por este medio, Palermo actuaba como intermediario. Llevaba a los participantes, les pagaba el pasaje, el hotel en Las Vegas, la comida y otros viáticos. Además, les otorgaba un bono promocional del establecimiento de apuestas. Al igual que su padre, se dedica a la representación de jugadores de casino y percibe comisiones vinculadas a las pérdidas de los apostadores. Felman, por su parte, aseguró que fue una “víctima”. En sus palabras: “Para promocionar el casino y hacer ganancias, [Palermo] llevaba 400 personas por mes, les daba un crédito, jugaba con la plata de los demás y te decía que se hacía cargo de la deuda; luego, por motivos que desconocemos, desapareció del planeta
Un informe internacional propone gravar grandes fortunas para recaudar hasta US$24.000 millones al año en la región. La iniciativa gana apoyo, pero también enfrenta fuertes críticas por su impacto económico. n nuevo debate sobre la desigualdad vuelve a instalarse en América Latina: ¿es viable aplicar un impuesto a las grandes fortunas? La discusión gira en torno a la llamada “tasa Zucman”, un esquema que propone gravar los patrimonios más elevados con el objetivo de mejorar la equidad y reforzar la recaudación fiscal. El planteo surge de un estudio impulsado por el economista Gabriel Zucman en el marco del Observatorio Fiscal Internacional. Según este trabajo, aplicar un impuesto del 2% anual sobre patrimonios superiores a los 100 millones de dólares en siete países de la región permitiría recaudar unos US$ 24.000 millones al año. La medida alcanzaría a apenas 3.000 individuos en una población total de 500 millones. El análisis abarca a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, economías que comparten una presión fiscal limitada frente a crecientes demandas sociales. El objetivo del impuesto no es solo recaudatorio. Según explicó Vicente Silva, autor del informe en base al estudio de Zucman, apunta a corregir distorsiones en los sistemas tributarios: actualmente, el 1% más rico paga proporcionalmente menos impuestos que la mitad más pobre de la población. En ese sentido, la propuesta busca que los sectores de mayores ingresos contribuyan en línea con su capacidad económica. Incluso existe una versión más ambiciosa del esquema, que eleva la alícuota al 3% y permitiría incrementar la recaudación hasta los US$ 36.000 millones anuales. A nivel global, la iniciativa también ganó impulso. Durante la presidencia de Brasil en el G20 en 2024, se promovió un mecanismo similar para gravar fortunas superiores a los US$ 1.000 millones, con un potencial de recaudación estimado entre US$ 200.000 y US$ 250.000 millones anuales. La discusión derivó en un compromiso del bloque para avanzar en herramientas que aseguren una tributación efectiva de los patrimonios ultraaltos. Sin embargo, más allá del potencial recaudatorio, la iniciativa enfrenta cuestionamientos de fondo en términos económicos. ¿Es viable aplicar este impuesto? Desde una mirada positiva, distintos economistas aseguran que implementar un impuesto de este tipo permitiría un mecanismo de distribución de la riqueza mucho mas equitativo y justo, además de generar un efecto potenciador en la actividad económica. Hernán Letcher, Magíster en Economía Política y director Centro de Economía Política Argentina (CEPA), comentó para PERFIL que “América Latina tiene una característica, no es el continente más pobre, pero sí es el más desigual. Con lo cual, un tributo de estas formas permitiría un mecanismo de redistribución. Que por cierto, además, en términos de estructura impositiva, los países tienden a buscar la progresividad yendo a grabar patrimonios de los más grandes. Así que, hasta en términos conceptuales es razonable que se recorra ese camino”. Respecto al caso argentino, Letcher pone de ejemplo el aporte extraordinario de las grandes fortunas y como este, al contrario de lo que pensaban muchos, generó un efecto positivo sobre la inversión: “Cuando vos ves el argumento principal que escribían aquellos que se oponían al aporte extraordinario de las grandes fortunas era que ese aporte iba a condicionar la inversión y hoy con el hecho consumado lo que ves es que sucedió exactamente lo contrario”. En relación con las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Milei, el director del CEPA destaca que si se hubiera implementado una medida de estas características, el ajuste no hubiera recaído en la clase media y en los más necesitados: “Milei aplicó la motosierra diciendo que la casta iba a pagar el ajuste y que era el único mecanismo o camino para hacerlo y en la práctica sí podían haber hecho otro camino como este que estamos mencionando porque efectivamente tenías que hacer correcciones de tipo fiscal pero la forma era todo, sobre quién recae era central. Hoy lo hiciste recaer en los sectores trabajadores y jubilados y te pegan la caída del consumo y te pegan el IVA. Si en cambio lo hubieses hecho sobre esos segmentos no tendrías ese impacto negativo”, cerró. Por otra parte y con una mirada a favor de esta medida, el economista Sergio Chouza destacó en diálogo con PERFIL: “Todos los países hoy buscan alternativas para financiar sus estados de bienestar o la prestación de servicios públicos en un contexto donde los mega millonarios y las empresas con alta capacidad de generación de recursos tienen muchas facilidades para construir recursos financieros, ingenierías tributarias, fiscales y evadir impuestos”. “Dicho esto, bienvenido sea que surjan iniciativas para gravar el patrimonio de los mega millonarios. No solamente eso genera la capacidad de los estados de financiarse, sino que además reduce una ineficiencia económica, porque el hecho de que existan mega millonarios, una concentración de la riqueza tan aguda, genera ineficiencia económica, porque reduce la tasa potencial de inversión de la economía. Si el ingreso está concentrado en pocas manos, cuanto más concentrado está, menos eso realimenta el ciclo virtuoso del capitalismo, que es el consumo y la inversión”, subraya el economista. “Si eso se distribuye entre un número amplio de gente, eso lógicamente incrementa los niveles de consumo agregado en las sociedades y, por ende, incentiva la inversión y hace girar la rueda virtuosa de la economía”, aclara Chouza. Desde una mirada crítica, otros especialistas advierten que implementar un impuesto de este tipo presenta problemas tanto conceptuales como prácticos. Uno de los principales tiene que ver con los incentivos: si en lugar de hablar de “impuesto” se lo entiende como un “desincentivo a la generación de riqueza”, el eje del debate cambia. “Si partimos de la base de que las personas con grandes patrimonios suelen ser, en general, especialmente eficaces para generarlos, aplicarles una carga adicional implica reducir ese incentivo”, sostiene Martín Sarano, economista de la Fundación Internacional Bases. En términos ilustrativos, lo compara con exigirle a un deportista de elite competir en condiciones desventajosas: el resultado esperable sería una menor performance. En la economía, esto podría traducirse
El presidente del Instituto del Deporte del Chaco, Fabio Vázquez, anunció el lanzamiento de una nueva edición del programa “Chaco Juega”, que este año ampliará su alcance territorial, sumará disciplinas y reforzará su perfil social e inclusivo. En declaraciones a CIUDAD TV, el funcionario expresó su satisfacción por la continuidad del programa a lo largo de la gestión: “Muy contento de poder estar anunciando nuevamente la tercera edición. En estos tres años lo pudimos llevar adelante, con una decisión firme del gobernador de trabajar con los jóvenes desde el deporte social, inclusivo y con igualdad de oportunidades en toda la provincia”. Vázquez explicó que el programa llegará a 70 localidades y contará con la participación de más de 170 profesores, quienes estarán a cargo de organizar y coordinar las distintas instancias de competencia. En ese sentido, detalló que el esquema se desarrollará en etapas sucesivas que van desde la instancia local, pasando por las fases zonales en distintas microrregiones, hasta llegar a la final provincial en Resistencia y la posterior participación en los certámenes nacionales. También remarcó que la participación es gratuita y que el Estado provincial cubre los costos de traslado, alojamiento, alimentación, seguros y premiación. En esta edición habrá 33 disciplinas deportivas, con la incorporación del pádel a nivel nacional y la inclusión de la natación para adultos mayores, una demanda que venía creciendo en ese sector. “El pádel tiene un boom impresionante y tenemos que acompañarlo”, señaló. Además, confirmó que la delegación chaqueña participará en los Juegos Nacionales para adultos mayores que se realizarán en San Juan, así como en los tradicionales Juegos Evita en noviembre. El titular del organismo destacó que uno de los ejes centrales del programa es la inclusión social a través del deporte. En ese marco, subrayó el crecimiento sostenido de la participación de adultos mayores y personas con discapacidad. “El adulto mayor no tiene límite. Pueden participar con 60, 80 o 90 años. Lo importante es que se sientan activos, que compitan y disfruten”, afirmó. También valoró los logros del deporte adaptado, que ha obtenido importantes resultados a nivel nacional, y remarcó el cambio cultural en torno a la integración: “Hoy las familias acompañan más, muestran a sus hijos y les dan oportunidades”. Más allá de lo competitivo, Vázquez puso el acento en el impacto social del programa. “Muchos chicos conocen el mar por primera vez gracias a esto. Algunos viajan por primera vez o conocen un hotel. Es algo que no se olvidan más”, expresó, al tiempo que consideró que esas experiencias son tan importantes como los resultados deportivos. Finalmente, adelantó que el programa incorporará nuevas acciones complementarias, como charlas sobre consumos problemáticos en articulación con otras áreas del gobierno y operativos para facilitar el acceso al DNI, con el objetivo de evitar que jóvenes queden excluidos. “Queremos que ningún chico se quede afuera por falta de documentación”, sostuvo. También destacó un cambio positivo en las actitudes de los participantes: “Se ve más respeto, más fair play. Los chicos entienden lo que es ganar y perder, y eso tiene que ver con recuperar valores”.
La convocatoria se realiza atento que el próximo 10 de junio vencen los mandatos de las autoridades actuales. Los comicios se realizarán el próximo 6 de junio y las nueva autoridades serán electas para el período 2026-2028. En una reunión celebrada este 20 de abril de 2026 en su sede de la calle López y Planes, el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) del Distrito Chaco resolvió formalmente la convocatoria a elecciones internas para la renovación de todas sus autoridades. La jornada de votación quedó establecida para el próximo sábado 6 de junio de 2026. Bajo la conducción del presidente del Comité, Leandro Zdero, y el secretario general, Sergio Almirón, el plenario definió los cargos que se someterán a votación para los periodos venideros. Cargos a renovar La convocatoria abarca tanto estructuras nacionales como locales, con diferentes periodos de mandato: Mandato 2026-2030 (4 años): Se elegirán 10 delegados titulares y 6 suplentes para la Convención Nacional de la UCR. Mandato 2026-2028 (2 años): 4 delegados titulares y 2 suplentes al Comité Nacional. Un Presidente para el Comité Provincial, acompañado por 20 miembros titulares y 20 suplentes. 3 miembros titulares y 3 suplentes para la Junta Electoral Provincial. Autoridades de los Comités de Circuitos y Convencionales Provinciales. Asimismo, se incluyó el llamado para la Juventud Radical, que renovará sus autoridades provinciales y delegados nacionales bajo el mismo esquema electoral. También se instó a la agrupación estudiantil Franja Morada (UNNE y UTN) y a la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) a designar a sus representantes en la misma fecha. Cronograma Electoral El Comité estableció las fechas clave que regirán el proceso de cara a junio: Lunes 11 de mayo: Fecha límite para la presentación de listas de candidatos. Martes 26 de mayo: Plazo para la presentación de boletas. Sábado 6 de junio: Realización de la elección interna partidaria. La resolución será comunicada a la Justicia Federal con competencia electoral, al Tribunal Electoral de la Provincia del Chaco y a las autoridades nacionales del partido para su correspondiente validación.
La decisión judicial confirmó el fracaso del concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 y volvió a poner en primer plano la crisis de una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina. La quiebra había sido solicitada por la misma empresa hace una semana. La Justicia de Santa Fe declaró este miércoles 22 de abril la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia empresa solicitara esa medida al reconocer que no estaba en condiciones de sostener el proceso concursal ni de presentar una propuesta de acuerdo para sus acreedores. La resolución quedó a cargo del juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de Rafaela. En el site del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe se puede acceder al documento oficial que muestra la secuencia completa del expediente: “apertura del concurso en febrero de 2025, reordenamiento de plazos, designación de coadministrador, verificación de créditos, pedido de propia quiebra por parte de SanCor el 16 de abril de 2026 y, finalmente, la actualización del 22 de abril con la sentencia de quiebra.” La novedad cierra, al menos en términos judiciales, el intento de reestructuración abierto en febrero de 2025. El propio Poder Judicial santafesino había informado el 16 de abril que SanCor había pedido su “propia quiebra” dentro del expediente del concurso preventivo, y este 22 de abril publicó la actualización con la sentencia de quiebra. La cooperativa arrastra una deuda cercana a los US$120 millones y admitió ante el tribunal que no podía afrontar sus compromisos ni formular una salida viable para sus acreedores. El fallo encuadró el caso como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”, una fórmula que, en los hechos, refleja que la propia concursada dio por agotada la posibilidad de revertir su insolvencia. Al momento de la quiebra, la cooperativa acumulaba más de $12.788 millones en salarios adeudados, más de $6349 millones de deuda impositiva y previsional, y más de $13.313 millones de deuda comercial, entre otros rubros. Algunos puntos destacados del fallo judicial que decreta la quiebra de SanCor “El juez Gelcich declaró la quiebra de SanCor, descartó el salvataje del artículo 48 y ordenó continuar la operación para vender la empresa en marcha, en medio de un pasivo que el fallo describe como creciente y ya incompatible con cualquier acuerdo preventivo. 1) El juez declara formalmente la quiebra de SanCor. La resolución está fechada en Rafaela, 22 de abril de 2026, en el expediente “SANCOR CUL s/ Concurso Preventivo”, y en la parte resolutiva dispone expresamente la quiebra de la cooperativa. 2) La quiebra se dicta porque fracasó el concurso preventivo. El fallo toma como dato decisivo que la propia concursada admitió el 10 de abril que no podía afrontar el pasivo verificado, ni sostener el plan del Procedimiento Preventivo de Crisis, ni formular una oferta a los acreedores. A partir de eso, el juez encuadra el caso como una quiebra indirecta por frustración anticipada del trámite preventivo. 3) El pedido de propia quiebra de SanCor prevalece sobre los pedidos de terceros. La sentencia acumula los pedidos de quiebra promovidos por acreedores posconcursales y establece que, por aplicación del artículo 82 de la LCQ, prevalece la solicitud de propia quiebra presentada por la cooperativa. 4) El juez descarta el “salvataje” o cramdown del artículo 48. Uno de los puntos jurídicos más fuertes del fallo es que declara inaplicable el procedimiento del art. 48 LCQ. Es decir, el tribunal no abre una instancia de rescate por terceros dentro de ese mecanismo concursal, sino que pasa directamente a la quiebra y a la liquidación ordenada. 5) La quiebra no implica cierre inmediato: ordena continuidad de la explotación. El tribunal dispone que continúe la explotación de los establecimientos que todavía mantengan actividad productiva, especialmente los vinculados a contratos en curso, hasta que sean enajenados según el procedimiento que se apruebe. En otras palabras, el fallo combina quiebra con continuidad operativa. 6) El objetivo declarado es vender la empresa en marcha. La sentencia ordena avanzar con la enajenación de la empresa en marcha, analizando la venta de unidades productivas y otros activos, por separado o en conjunto, mediante licitación pública o privada. El criterio explícito es maximizar el valor de realización para acreedores y preservar, en lo posible, la operatoria. 7) El fallo pinta un cuadro financiero muy delicado. Entre los datos más fuertes, consigna: deuda impositiva y previsional postconcursal por $6.349 millones al 31 de enero de 2026; deuda laboral postconcursal por $12.788 millones; deuda por aportes a obras sociales, ART y sindicatos por $3.380 millones; deuda comercial postconcursal por $13.313 millones; y deuda concursal en dólares por más de US$ 86 millones. Además, la propia síntesis del fallo señala que el pasivo crecía a un ritmo de $3.000 millones por mes. 8) La sentencia remarca el deterioro operativo de la empresa. Describe seis plantas industriales funcionando muy por debajo de su capacidad, ventas afectadas por la estacionalidad y la pérdida de contratos de fazón, y un cambio en el esquema productivo: durante 2025 SanCor pasó de procesar mayormente leche propia con fazón complementario a depender casi exclusivamente de leche de terceros, para terminar luego procesando volúmenes mínimos de leche propia. 9) El frente laboral queda partido en dos. Para el personal estrictamente necesario para sostener la continuidad operativa, la suspensión de contratos no se aplica. El síndico debe informar en 48 horas qué personal resulta indispensable. Para los trabajadores que queden fuera de esa nómina, la sentencia prevé la suspensión legal de los contratos por 60 días corridos y, vencido ese plazo, la extinción de la relación laboral. 10) Se preservan activos clave y se frenan ejecuciones individuales sobre bienes necesarios.El juez sostiene que plantas, maquinarias, equipos y marcas son activos indispensables para la continuidad, por lo que dispone suspender ejecuciones individuales sobre bienes afectados a la explotación. La lógica del fallo es evitar remates aislados que destruyan valor. 11) La marca aparece como
Este miércoles se conoció el documento firmado por el titular de la cartera económica, Héctor Grachot, enviado al Superior Tribunal de Justicia (STJ) el pasado lunes. Habla de “limitaciones presupuestarias” para liquidar el 6% de aumentos salariales a los empleados y funcionarios de la Justicia correntina. Un escrito de 8 páginas del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, fue revelado este miércoles por la mañana. Se trata de la explicación técnica del titular de esa área, para el STJ donde fundamenta por qué no le liquidará el 6% de aumento salarial a ese Poder. En febrero pasado la Corte provincial había dado, a través de una acordada extraordinaria, un aumento del 12% a sus trabajadores y funcionarios para marzo pasado y este mes de abril dividido en 6% cada uno. El de marzo último se pagó, justamente ese mes el gobierno anunció un incremento del 6% a toda la administración estatal de Corrientes. Grachot, explica en el documento que “no se trata de una injerencia” del Poder Ejecutivo al Poder Judicial, sino que se trata de meramente recursos. De otorgar este 6% a la Justicia ahora, el Poder Judicial pasado el mes de junio próximo se quedará sin fondos. Y a su vez, las arcas del Estado correntino no podrán auxiliarlo. También, entre líneas el ministro de Hacienda deja entre ver que de ahora en más es conveniente que los aumentos salariales en el ámbito estatal, sean uniformes. Es decir, que todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, reciben idéntico porcentaje de mejoras. Corrientes Hoy
La Justicia de Corrientes abrió una convocatoria pública para encontrar una familia para Ángel, un adolescente de 16 años que necesita afecto, contención y un entorno familiar que lo acompañe en esta etapa clave de su vida. Tiene dos hermanos con los que le gustaría mantener un vínculo, va a la escuela agrotécnica, le gusta el fútbol y quiere ser gendarme. El Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de la ciudad de Gobernador Valentín Virasoro, a cargo del doctor Alfredo Hernán Behr, con Secretaría del doctor Enrique Alejandro Carbó, en el marco del expediente VXP 9826/20 y con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), dispuso esta convocatoria pública para encontrar familias dispuestas a brindarle amor, estabilidad y acompañamiento. Ángel reside en un dispositivo de cuidados desde hace 11 años y se encuentra en situación de adoptabilidad. Desde el Poder Judicial se invita a la sociedad a reflexionar sobre la adopción de adolescentes y a abrir las puertas a quienes, como él, necesitan una oportunidad de crecer en familia. Un adolescente con sueños y proyectos Ángel cursa el último año del nivel primario y se destaca por su compromiso y responsabilidad en la escuela. Es tranquilo, respetuoso, colaborador y reservado, con una actitud siempre dispuesta a aprender y ayudar. Le gusta el fútbol y disfruta especialmente de las actividades rurales: trabajar con animales, manejar el tractor y realizar tareas de campo. Asiste a una escuela agrotécnica, donde encuentra un espacio que lo motiva y le permite proyectarse. Sueña con ser gendarme y continuar estudiando para alcanzar ese objetivo. También realiza tratamiento psicológico, por lo que necesita una familia que pueda acompañarlo de manera sostenida y garantizar la continuidad de ese proceso. Ángel expresa con claridad su deseo: quiere una familia donde haya amor y respeto mutuo. Se imagina un hogar donde pueda ser cuidado y, al mismo tiempo, brindar cariño. Además, es importante para él mantener el vínculo con sus hermanos, con quienes comparte una relación cercana y significativa. ¿Cómo postularse? Las personas interesadas en brindarle una oportunidad a Ángel deberán descargar el formulario de convocatorias públicas en el siguiente enlace: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf Una vez completo, deberá enviarse a: Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Valentín Virasoro 📧 jcivilcom-virasoro@juscorrientes.gov.ar 📞 Tel: (03756) 484800/01 📍 Av. Lavalle Nº 2351 🕐 Consultas: lunes a viernes de 7:00 a 13:00 RUACtes – Poder Judicial de Corrientes 📧 registroadopcion@juscorrientes.gov.ar 📞 03794-4104298 📍 Carlos Pellegrini Nº 917 – Entrepiso, Corrientes Capital
El máximo tribunal provincial rechazó el último recurso de Refres Now y dejó firme la condena por despido indirecto y registración irregular de un trabajador con antigüedad desde 2013. La disputa judicial entre un exdistribuidor y la empresa detrás de Manaos terminó con una decisión definitiva. El máximo tribunal de Mendoza cerró la causa y dejó firme una condena que obliga a Refres Now S.A. a pagar $807,6 millones. El conflicto se remonta a una relación laboral que comenzó en 2013 y que, según la Justicia, nunca se interrumpió formalmente. El trabajador denunció que su categoría fue modificada mediante un acuerdo en 2018, lo que implicó una reducción de derechos y un encuadre más desfavorable. La sentencia sostuvo que esa maniobra encubrió la verdadera antigüedad del empleado y configuró un despido indirecto. Bajo el principio de primacía de la realidad, los jueces dieron por probado el vínculo laboral continuo y las irregularidades en su registración. La empresa, propiedad de Orlando Canido, intentó llevar el caso a la Corte Suprema de la Nación, alegando arbitrariedad y violación de garantías constitucionales. Sin embargo, el planteo fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza al considerar que no existía cuestión federal suficiente. En el fallo también se revisó el cálculo de intereses. La Justicia redujo de manera significativa el monto accesorio al considerar excesiva la aplicación de tasas previas, lo que llevó la condena final a $584,2 millones en intereses y $223,4 millones de capital. Además, el tribunal descartó la posibilidad de pago en cuotas y dio por cerrado el proceso en el ámbito provincial, dejando firme la obligación de pago total. Fuente: Tiempo Judicial
La cosecha en curso proyecta superar las 130 toneladas de la campaña anterior, con 90 productores integrados al plan provincial y distribuidos en 8 departamentos. La provincia es la tercera en el país con superficie cultivada, que tendrá su pico productivo en los próximos años pero que ya se destina al mercado internacional. Con la cosecha en pleno desarrollo y envíos al exterior ya concretados, la nuez pecan se afirma como uno de los cultivos emergentes más dinámicos de Corrientes. El ministro de Producción, Walter Chavez, encabezó una recorrida técnica por establecimientos productivos localizados en Curuzú Cuatiá, donde verificó el avance de la campaña y el estado de las plantaciones, en el marco del Plan Nuez Pecan que impulsa el Gobierno provincial. Mientras que la temporada pasada cerró con 130 toneladas cosechadas; este año se espera superar esa marca, impulsado por la incorporación de nuevas hectáreas productivas. La cosecha actual se extiende por un período de entre 35 y 45 días, con un rendimiento de aproximadamente 600 kilos diarios. En 5 años, con las hectáreas plantadas por nuevos productores integrados al programa desde hace menos tiempo, la posibilidad productiva será exponencial en su crecimiento. “Corrientes es la tercera provincia en hectáreas plantadas, con casi 1500 hectáreas, de las cuales la mitad se hicieron con el programa Plan Pecan en los últimos 5 años. Aquí, en el paralelo 30, tenemos condiciones especiales para desarrollar este producto que tiene, técnicamente, limitantes por las temperaturas de frío y calor que necesita”, explicó a su turno Federico Debona, referente del Plan Provincial y de la finca “El Origen”, donde se desarrolló la jornada a campo. En ese sitio, con 25 hectáreas productivas, los cultivos empezaron hace unos 4 años, desde donde se fortaleció la cuenca pecanera del sur correntino. Crecimiento exportador El dato más destacado del sector es su proyección exportadora: desde Esquina, productores correntinos ya realizan envíos a Emiratos Árabes, Europa y China, destinos que reflejan la calidad del producto y el potencial de escala que tiene el cultivo en la región. “Seguimos trabajando para aumentar la producción, avanzar en la industrialización y consolidar la exportación del producto con valor agregado en origen”, señaló el ministro Chavez, quien definió al Plan Nuez Pecan como “una herramienta estratégica para fortalecer la diversificación productiva y generar nuevas oportunidades para los productores correntinos”. El programa provincial acompaña actualmente a 90 productores distribuidos en Bella Vista, Lavalle, Goya, Esquina, Sauce, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Monte Caseros, con asistencia técnica, tecnología y sistemas de riego orientados a mejorar la productividad y la calidad del producto. Actualmente en Argentina entre el 25% y 30% de la producción se destina al mercado interno, mientras que el otro 60-70% se exporta a distintos destinos, normalmente a Europa y la zona arábiga. Momarandu
Una administradora de consorcios obtuvo una indemnización por daño moral luego de que una vecina la calificara de “loca trastornada”, “estafadora” y “administradora fraudulenta” en un grupo de WhatsApp del edificio. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 95, a cargo del juez subrogante Diego Tachella, hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios iniciada por una administradora de consorcios de propiedad horizontal, quien fue llamada “loca trastornada”, “estafadora” y “administradora fraudulenta” en un grupo de la aplicación de mensajería WhatsApp. Según surge del expediente, la actora reclamó $5.000.000 al sostener que había sido objeto de “graves injurias” vertidas en un chat del consorcio. Allí, la demandada habría impulsado su remoción con mensajes de audio y texto. Entre las expresiones reproducidas en la sentencia, se destacan frases como: “hay que sacarla”, “es una loca trastornada” y “se está llevando toda la plata de nosotros”. También se propuso “hacerle una denuncia por estafadora” y se la calificó como “administradora fraudulenta” . La administradora envió una carta documento intimando a la vecina a ratificar o rectificar sus dichos. Como respuesta, la mujer demandada sostuvo “yo simplemente dije lo que escuché de otra persona” y agregó que se retractaba “de lo que no dije”. Esta última se presentó en el proceso y fue declarada rebelde. En este marco, el magistrado recordó que el honor comprende tanto la “autoestima o respeto de la propia dignidad” como la “reputación” frente a terceros, y que las injurias y calumnias constituyen atentados contra ese derecho personalísimo . Sostuvo, en este sentido, que los mensajes difundidos en el grupo de WhatsApp “superaban la mera crítica” y resultaban “lesivos al honor de la accionante” . Además, destacó el contexto en el que se produjeron: un chat integrado por la mayoría de los vecinos, lo que amplificó el impacto de las expresiones. Según el sentenciante, los dichos “no sólo cuentan con aptitud para –como mínimo– despertar la sospecha o poner en alerta a quien los escuche y, de tal modo, menoscabar la pública reputación de la víctima, sino que además el contexto en el cual se vertieron esos términos los hace especialmente sensibles”. “No existe dificultad en comprender la noción disvaliosa detrás de las expresiones y términos empleados por la demandada en distintos mensajes de audio y texto en el chat del consorcio”, añadió. Por último, el juez hizo hincapié en la necesidad de distinguir entre cuestionamientos legítimos y ataques personales. En el caso, concluyó que la demandada no se limitó a una crítica sobre su trabajo, sino que “que la actitud de la accionada exhibe un comportamiento que, en vez de apuntar a un respetuoso y firme cuestionamiento de la manera bajo la cual la demandante llevaba a cabo la gestión encomendada, se encarriló en frases injuriantes a través de las cuales sembró la imagen de que la accionante, en su ejercicio de la administración, realizaba actos deshonestos en perjuicio del patrimonio consorcial”. Fuente: Diario Judicial
En la intersección de avenidas Laprida y Rojas Acosta se inició la reparación integral tras el hundimiento de calzada, veredas y el sistema de drenaje. Las tareas incluyen el recambio del conducto pluvial y la nivelación del suelo con materiales adecuados para garantizar una solución duradera Con planificación y responsabilidad, el Municipio sigue poniendo en condiciones los puntos más transitados de Resistencia.
Roberto Oscar Caserotto y Néstor Alfredo Gómez del Junco están acusados de asociación ilícita, allanamientos ilegales, privaciones ilegítimas de la libertad agravadas por el uso de violencia y tormentos en perjuicio de siete víctimas, tres de ellas menores de edad. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay inició ayer el juicio a dos exoficiales de la Gendarmería Nacional acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos en mayo de 1977 en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, en el contexto de la última dictadura cívico-militar. Las víctimas fueron siete militantes del Partido Comunista (PC) y niños y niñas de su entorno familiar. Los imputados son Roberto Oscar Caserotto (72) y Néstor Alfredo Gómez del Junco (74), quienes llegan a debate como coautores de los delitos de asociación ilícita; allanamiento ilegal de viviendas; privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia respecto de diez personas, tres de ellas menores de edad; y tormentos en nueve hechos, todos en concurso real. En el caso de Gómez del Junco, la acusación incluye además dos hechos de tormentos y asociación ilícita por sucesos ocurridos en enero de 1978. El tribunal está integrado por Noemí Marta Berros, José María Escobar Cello y Eugenio Martínez Ferrero. El Ministerio Público Fiscal es representado por la fiscal Josefina Minatta y la auxiliar fiscal Gabriela Velázquez. En agosto de 2025 se admitió la participación del Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos en carácter de amicus curiae. Por estos hechos, ambos habían sido procesados en mayo de 2023 y en octubre de ese mismo año, la fiscal Minatta formuló su requerimiento de elevación a juicio. La audiencia En la jornada de apertura, el tribunal dispuso la lectura de ese requerimiento fiscal, declaró formalmente iniciado el debate y habilitó los planteos preliminares. Los imputados se negaron a declarar y solicitaron la incorporación por lectura de sus indagatorias durante la etapa de instrucción. Luego se reprodujeron registros de audio y video con las declaraciones de cuatro testigos brindadas el 6 de noviembre de 2019 en el marco de la causa “Rodríguez/Palacios” (también conocida como “PC 1”): Carlos Stur, Juan Bautista Echeverría, Gabriela Montesino y Jorge Impini. El debate continuará mañana, cuando está prevista la declaración de tres testigos presenciales y uno a través de videoconferencia. Los hechos Según la investigación del Ministerio Público Fiscal, un denunciante ubicó la intervención de Caserotto y Gómez de Junco en un procedimiento realizado durante un cumpleaños celebrado el 12 de mayo de 1977 en una vivienda de Concepción del Uruguay, donde se encontraban varias personas, entre ellas menores de edad. Uno de los niños fue amenazado con un arma. En ese contexto, tres personas fueron detenidas y trasladadas a una dependencia de Gendarmería Nacional, donde habrían sido amenazadas por Gómez del Junco. Otra de las víctimas del mismo procedimiento se refirió a Caserotto como uno de los agentes que irrumpió en el domicilio armado. De acuerdo a lo relatado en la causa, los imputados trasladaron a las víctimas en una camioneta y las golpearon en el viaje. “Los metieron en un calabozo, a uno de ellos le hicieron sacar la ropa, le echaron agua de heladera y lo golpearon con el puño durante 30 minutos”, dijo otra de las víctimas y agregó que incluso les hicieron padecer un “simulacro de fusilamiento”. En tanto, otras personas que se encontraban en la vivienda permanecieron privadas ilegítimamente de su libertad bajo custodia de Gendarmería durante aproximadamente diez días. Estos hechos ya fueron parcialmente acreditados en la sentencia dictada el 29 de noviembre de 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal de Concepción del Uruguay, que condenó a Julio César Rodríguez por delitos de lesa humanidad (José Luis Palacios falleció antes de la condena). Respecto de los hechos atribuidos exclusivamente a Gómez del Junco, una víctima lo identificó como uno de los responsables de un operativo realizado el 12 de enero de 1978 en el balneario Banco Pelay, donde fue detenido junto a otras cuatro personas, trasladado en un vehículo Ford Falcon hasta una casa, donde los tuvieron privados de su libertad durante una noche. Según ese testimonio, las víctimas fueron golpeadas, atadas y sometidas a torturas con picana eléctrica. La persona damnificada indicó que pudo reconocer al imputado durante el tormento, porque se le despegó la cinta que le habían puesto sobre los ojos. Agregó que, luego de dos horas, fue liberado junto a otra de las víctimas cerca del lugar en donde habían sido secuestrados. Violencias contra niños y niñas En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Minatta puso especial énfasis en los hechos sufridos por las víctimas menores de edad. Señaló que una de las víctimas, que tenía en ese momento 4 años, “fue amenazada de muerte, le pusieron un arma en la cabeza y permaneció secuestrada en su propio domicilio, junto a su madre y a su hermanito (de siete años) durante aproximadamente diez días”. Afirmó que los menores de edad “sufrieron un patrón de secuestro y privación de la libertad”. En esa línea, Minatta detalló que se trata de casos en los que las fuerzas represivas privaron de su libertad a niños y niñas durante el tiempo en que se desarrolló el operativo de secuestro en el mismo domicilio que fue utilizado como espacio para la aplicación de torturas físicas y psicológicas, tanto sobre adultos y adultas como sobre los infantes. “Este patrón de secuestro que se verificó en otros operativos del país, también se aplicó nuestra ciudad”, aseguró. Por otro lado, también se refirió al trato que recibió el hijo de otro de los denunciantes y afirmó: “fue abandonado en el balneario Banco Pelay durante toda una noche en que permaneció solo, con diez años, habiendo presenciado las detenciones ilegales de su padre y sus compañeros, sin saber cuál sería el destino. Cuando volvieron a buscarlo, se encontraba en estado de desesperación”. La representante del MPF resaltó que si bien hubo causas judiciales en que se investigaron crímenes de lesa humanidad
Se reaviva la crisis en el transporte urbano de la capital correntina. Dos firmas que prestan el servicio público en Corrientes Capital iniciaron el envío de telegramas de suspensión a choferes sin goce de haberes. Argumentan que disposición se debe a la crisis económica. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adelantaron que se va a “rechazar y hacer la defensa correspondiente”. Fuentes confirmaron que las empresas: ERSA y Transporte San Lorenzo, dos de las firmas que prestan servicios de Colectivos en Corrientes, empezaron a enviar telegramas de suspensión a trabajadores. En los mismos se determina el cese provisorio sin goce de sueldo y por 30 días. Las firmas argumentaron que la decisión se tomó por la situación económica. Desde la Unión Tranviarios Automotor, adelantaron que se va a rechazar la decisión empresarial y comenzar con las “acciones correspondientes” para defender a los trabajadores. El gremio indicó que serían al menos 23 los choferes afectados por los telegramas de suspensión. Proceso de transición Cabe recordar el pasado 17 de abril finalizó la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes a cargo de las empresas ERSA, San Lorenzo y Transporte Miramar. Desde la Comuna capitalina rechazaron el pedido de prórroga de los empresarios del sector, porque fue presentada fuera de término.Ahora el Ejecutivo municipal avanza con un régimen de transición del transporte, mientras se diseña el proceso licitatorio. El plazo vence el próximo 31 de diciembre. Pero, aseguraron desde la comuna que el servicio urbano está garantizado hasta esa fecha. Corrientes Hoy/La República
En un contexto de inflación nacional de 33,4% en los últimos doce meses, los rubros “carne”, “frutas” y “aceites, grasas y manteca” fueron los de mayor incremento. La región NEA fue la zona del país con mayor suba de esos rubros. En marzo, la región NEA, con 4,1% de variación de precios, fue la región con el indicador de inflación más alto de marzo, y en el primer trimestre sumó 11,5% de incremento de precios, también el mayor registro acumulado entre regiones. Si se considera la inflación interanual, el NEA registró 33,4% de variación de precios en los últimos doce meses. Pero si se analizan sólo los precios de los alimentos (sin bebidas alcohólicas), la inflación del nordeste en los últimos años fue del 38,4%. El NEA es así la región con mayor suba en alimentos, superando al Gran Buenos Aires (32,8%), Pampeana (33,1%), Noroeste (35,6%), Cuyo (37%) y Patagonia (28,2%). Además, el nordeste fue la zona del país con los incrementos más acentuados en los tres rubros de la canasta de alimentos que registraron mayor inflación. A nivel país la “carne” tuvo una inflación de 55,1% en los últimos doce meses, las “frutas” 41,4% y el rubro “aceites, grasas y manteca” registró 37% de incrementos de precios. Pero en el NEA esos rubros se incrementaron 61,5% (carne), 48,1% (frutas) y 47,4% el rubro “aceites, grasas y manteca”. Canasta de alimentos en el NEA En los últimos doce meses, los otros rubros de la canasta de alimentos en el NEA tuvieron aumentos del 12,8% “verduras”, “pan y cereales” 15%, “leche, productos lácteos y huevos” con 16,4%, “Café, té, yerba y cacao” (17,7%), “azúcar, dulces, chocolate y golosinas” (25,4%) y “Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos” (26,2%). Momarandu