Autor: Redacción General

Se reaviva la crisis en el transporte urbano de la capital correntina. Dos firmas que prestan el servicio público en Corrientes Capital iniciaron el envío de telegramas de suspensión a choferes sin goce de haberes. Argumentan que disposición se debe a la crisis económica. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adelantaron que se va a “rechazar y hacer la defensa correspondiente”. Fuentes confirmaron que las empresas: ERSA y Transporte San Lorenzo, dos de las firmas que prestan servicios de Colectivos en Corrientes, empezaron a enviar telegramas de suspensión a trabajadores. En los mismos se determina el cese provisorio sin goce de sueldo y por 30 días. Las firmas argumentaron que la decisión se tomó por la situación económica. Desde la Unión Tranviarios Automotor, adelantaron que se va a rechazar la decisión empresarial y comenzar con las “acciones correspondientes” para defender a los trabajadores. El gremio indicó que serían al menos 23 los choferes afectados por los telegramas de suspensión. Proceso de transición Cabe recordar el pasado 17 de abril finalizó la concesión del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Corrientes a cargo de las empresas ERSA, San Lorenzo y Transporte Miramar. Desde la Comuna capitalina rechazaron el pedido de prórroga de los empresarios del sector, porque fue presentada fuera de término.Ahora el Ejecutivo municipal avanza con un régimen de transición del transporte, mientras se diseña el proceso licitatorio. El plazo vence el próximo 31 de diciembre. Pero, aseguraron desde la comuna que el servicio urbano está garantizado hasta esa fecha. Corrientes Hoy/La República

En un contexto de inflación nacional de 33,4% en los últimos doce meses, los rubros “carne”, “frutas” y “aceites, grasas y manteca” fueron los de mayor incremento. La región NEA fue la zona del país con mayor suba de esos rubros. En marzo, la región NEA, con 4,1% de variación de precios, fue la región con el indicador de inflación más alto de marzo, y en el primer trimestre sumó 11,5% de incremento de precios, también el mayor registro acumulado entre regiones. Si se considera la inflación interanual, el NEA registró 33,4% de variación de precios en los últimos doce meses. Pero si se analizan sólo los precios de los alimentos (sin bebidas alcohólicas), la inflación del nordeste en los últimos años fue del 38,4%. El NEA es así la región con mayor suba en alimentos, superando al Gran Buenos Aires (32,8%), Pampeana (33,1%), Noroeste (35,6%), Cuyo (37%) y Patagonia (28,2%). Además, el nordeste fue la zona del país con los incrementos más acentuados en los tres rubros de la canasta de alimentos que registraron mayor inflación. A nivel país la “carne” tuvo una inflación de 55,1% en los últimos doce meses, las “frutas” 41,4% y el rubro “aceites, grasas y manteca” registró 37% de incrementos de precios. Pero en el NEA esos rubros se incrementaron 61,5% (carne), 48,1% (frutas) y 47,4% el rubro “aceites, grasas y manteca”. Canasta de alimentos en el NEA En los últimos doce meses, los otros rubros de la canasta de alimentos en el NEA tuvieron aumentos del 12,8% “verduras”, “pan y cereales” 15%, “leche, productos lácteos y huevos” con 16,4%, “Café, té, yerba y cacao” (17,7%), “azúcar, dulces, chocolate y golosinas” (25,4%) y “Aguas minerales, bebidas gaseosas y jugos” (26,2%). Momarandu

En las últimas horas, varios usuarios recibieron un mail desde la dirección de correo electrónico “hola@comunicacion.argentina.gob.ar” sobre la Línea *910 para bloquear celulares robados. Ante esto, se viralizaron posteos en redes y notas en portales periodísticos que advierten que se trataría de una estafa virtual que busca suplantar la identidad del Gobierno nacional. Pero el mail no es una estafa: es verdadero y fue enviado por Presidencia de la Nación. En las últimas horas, varios usuarios recibieron un mail desde la dirección de correo electrónico “hola@comunicacion.argentina.gob.ar“, con el asunto “¿Te robaron o perdiste el celular?”. El mensaje comienza diciendo “Línea *910. Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso” y sigue: “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal. Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular”. Al final del texto, un botón invita a clickear para “Ver más”. Ante esto, se viralizaron posteos en redes sociales y notas en portales periodísticos que advierten que se trataría de una estafa virtual conocida como phishing, que suplanta la identidad del Gobierno nacional. Pero el mail no es una estafa: es verdadero y fue enviado por Presidencia de la Nación. Así lo confirmaron desde el Ministerio de Seguridad nacional -el organismo que coordina la línea *910- ante la consulta de Chequeado. Además, el botón que aparece en el mail (“Ver más”) lleva a un enlace web verídico del sitio oficial de Presidencia (argentina.gob.ar). El Gobierno confirmó a este medio que el mail es realAnte la viralización de este contenido, Chequeado se contactó con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde la Dirección de Comunicación del organismo señalaron a este medio: “El mail es de Presidencia. También salieron mensajes de texto SMS. No es una estafa”. Por otro lado, el botón que aparece adjunto en el mensaje (“Ver más”) lleva a un enlace sobre la Línea *910 dentro del sitio oficial de Presidencia (argentina.gob.ar). Por lo tanto, no se trata de un enlace malicioso. Lo mismo ocurre con el enlace al final del correo que invita a “desuscribirse”. El mismo lleva a un sitio web para dar de baja el correo del listado de mails. No a un sitio web malicioso, ni se piden datos personales. El servicio *910 existe y es legítimoEl *910 es un servicio gratuito, disponible en todo el país y operativo las 24 horas, los 7 días de la semana. Ante un robo o extravío, cualquier persona puede llamar desde cualquier teléfono y bloquear su equipo de manera inmediata, dejando inutilizable tanto el dispositivo como la línea. La línea fue relanzada y presentada por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en mayo de 2025. Bullrich destacó que el sistema está integrado con las compañías telefónicas, quienes al recibir la denuncia bloquean el IMEI (código único del equipo), dejando inutilizado el celular a nivel nacional. “Con *910 bloqueás tu teléfono y nadie más puede usarlo. Tus datos son tuyos, protegelos. Es una herramienta importantísima para enfrentar el delito más frecuente del país”, sostuvo. Recomendaciones para estar atento a posibles estafas a nombre del Gobierno nacionalSi bien el correo difundido en este caso es verdadero, con frecuencia sí circulan correos electrónicos falsos enviados en nombre de organismos gubernamentales, tal como verificó Chequeado en diversas oportunidades. Ante la duda sobre la veracidad de un mensaje, se recomienda no ingresar a direcciones URL ni descargar archivos adjuntos. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación comparten una serie de consejos a tener en cuenta para evitar caer en estafas en Internet. Algunos de ellos consisten en: *Nunca responder correos electrónicos que soliciten datos personales y no hacer click en enlaces sospechosos.*Proteger la información personal con contraseñas que sean difíciles de adivinar y, en lo posible, cambiarlas periódicamente.*Tener en cuenta que “nunca un banco o un organismo público te va a pedir que cambies tus datos personales o claves por Internet” mediante un enlace enviado en un correo, por redes sociales o mediante un llamado telefónico.*Estar atento a la redacción del mensaje o en el enlace enviado. Muchas veces es casi imperceptible, pero en algún lugar dejan ver el fraude: faltas de ortografías u alteraciones en la URL que supuestamente es oficial.*Si te contactan desde un organismo público o privado vía WhatsApp, verificá el logo de autenticación del organismo público que se está contactando. Fuente: Chequeado

Al menos tres embarcaciones fueron atacadas y dos incautadas por la Guardia Revolucionaria, que advirtió sobre una respuesta “devastadora” en la región. Irán tensó el estrecho de Ormuz con ataques a al menos tres buques y la incautación de dos portacontenedores, mientras la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que está preparada para asestar “golpes demoledores” si se reanudan los combates, en un escenario marcado por la frágil tregua con Estados Unidos y el bloqueo sobre sus puertos. El primer episodio se registró en el Golfo de Omán, a unos 28 kilómetros al noreste de la costa, en una zona de tránsito constante que, en este contexto, funciona como antesala del estrecho de Ormuz. Allí, una lancha patrullera vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica se aproximó a un buque portacontenedores y abrió fuego. La Dirección de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que el ataque provocó daños en la embarcación, aunque no dejó víctimas. El buque, identificado como el Epaminondas, navegaba con bandera de Liberia, pertenecía a la empresa griega Technomar Shipping y era operado por MSC. Los disparos se produjeron sin advertencia previa por radio, según el capitán. Sin embargo, el episodio dejó dos relatos distintos sobre lo ocurrido. Desde Irán, medios locales señalaron que el buque “ignoró las advertencias de las fuerzas armadas iraníes y fue atacado a tiros. Lo que causó graves daños al barco”. Horas después, la tensión se trasladó hacia el estrecho de Ormuz, el paso angosto y estratégico que conecta el Golfo Pérsico con el resto del mundo. Allí, un segundo buque de carga, identificado como Euphoria, reportó haber sido atacado a tiros a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán. “El capitán de un buque de carga que salía del puerto informa haber sido atacado a tiros y ahora se encuentra detenido en el agua. La tripulación está a salvo y localizada. No se han reportado daños en el buque”, indicó la UKMTO, que además advirtió sobre el “alto nivel de actividad” en la zona. La secuencia se completó con un tercer ataque, esta vez a unas seis millas náuticas de la costa iraní. Según Vanguard, el buque MSC Francesca, con bandera panameña, fue interceptado tras recibir la orden de detenerse y reportó “daños en el casco y en los camarotes”. En una zona donde el tránsito de buques es constante, los ataques registrados en las últimas horas generan preocupación, ya que afectan la circulación de energía y mercancías a nivel global. La Guardia Revolucionaria incauta dos portacontenedores y refuerza su presencia en el estrecho de Ormuz En paralelo a los ataques, la Guardia Revolucionaria Islámica confirmó la incautación de dos portacontenedores: el MSC Francesca y el Epaminondas. Ambos fueron escoltados hacia la costa iraní, en una decisión que refuerza la presencia de Teherán en la zona. En ese contexto, la Guardia Revolucionaria afirmó que “perturbar el orden y la seguridad en el estrecho de Ormuz es nuestra línea roja” y advirtió que está “preparada para afrontar cualquier amenaza o nueva agresión” y que, en caso de una escalada, infligirá “golpes devastadores e inimaginables”. Ámbito

A través de un documento acercado a los medios, con el título “Inundaciones y show mediático: Zdero vino, posó y se fue”, los jefes comunales repudiaron que – ante el temporal – “el gobernador Leandro Zdero y su equipo priorizan la puesta en escena por sobre la respuesta”. El escrito señala: “Los intendentes justicialistas del Chaco no sólo gestionamos: también somos vecinos de nuestras localidades. Por eso duele ver que, mientras nuestra gente atraviesa las consecuencias de lluvias extraordinarias, el gobernador Leandro Zdero y su equipo priorizan la puesta en escena por sobre la respuesta. En las últimas horas, gran parte del Norte provincial registró precipitaciones cercanas a los 300 milímetros. En varias localidades, hasta el 80% de las viviendas resultaron afectadas por anegamientos y desbordes. Desde el primer momento estuvimos en el territorio, asistiendo a las familias, organizando evacuaciones y sosteniendo servicios esenciales. Cuando la infraestructura colapsó, apareció la solidaridad entre municipios: equipos de bombeo, maquinaria y cuadrillas que se trasladaron de una localidad a otra. Así trabajamos, sin especulación y sin descanso, mientras aguardábamos la asistencia provincial. Esa asistencia llegó tarde y vacía. Llegó con botas nuevas, cámaras y comitivas, pero sin respuestas. Sin recursos concretos, sin insumos básicos, sin un plan para la emergencia ni definiciones sobre las obras hídricas paralizadas hace más de dos años. Mucha imagen. Cero soluciones. En pocas horas, las redes se llenaron de fotos y videos. Funcionarios recorriendo zonas inundadas, hablando de gestión y señalando a los intendentes. Algunos, incluso, visitando por primera vez localidades que hoy necesitan presencia real, no discursos. Los intendentes no contamos con estructuras para hacer marketing. Administramos con recursos limitados y los destinamos a lo esencial: asistir, contener y resolver. El Gobierno provincial, en cambio, dispone de recursos que hoy deberían estar puestos donde más se necesitan. Las declaraciones y actitud ruin de funcionarios provinciales son de una bajeza pocas veces vista y una falta total de respeto a nuestras comunidades ante una catástrofe natural. De más está decir que nos solidarizamos con los intendentes Pío Sander (J.J. Castelli), Gustavo Karasiuk (Pampa del Indio), Inés Ortega (Fuerte Esperanza), Jorge Monzón (El Sauzalito), Vicente González (Misión Nueva Pompeya), Rafa Frías (Miraflores), Omar Reis (Villa Rio Bermejito), Marcela Duarte (Tres Isletas) y Zenon Cuellar (El Espinillo). La emergencia no admite especulación política. Exige responsabilidad, coordinación y gestión. Menos show. Más respuestas”.

El intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar (NEPAR), llamó a priorizar la gestión en medio de la crisis hídrica y aseguró que “la respuesta del Gobierno estuvo desde el primer día”. En medio de la emergencia hídrica que golpea a nuestra provincia y tras las críticas de intendentes justicialistas a la gestión provincial, el intendente de El Espinillo, Zenón Cuellar, pidió bajar el tono de la confrontación y enfocarse en la asistencia a las familias afectadas. “Este no es momento para hacer política. La gente la está pasando mal y lo que necesita son respuestas concretas”, sostuvo Cuellar en declaraciones a este medio. El jefe comunal remarcó además que El Espinillo mantiene una relación institucional con el Gobierno provincial y recordó que, incluso antes de las inclemencias climáticas registradas en los últimos días, mantuvo reuniones con el gobernador de la provincia del Chaco, arq. Leandro Zdero, y con el actual ministro de Gobierno, Dr Carim Peche, para abordar distintas cuestiones vinculadas a la localidad. En ese marco, consideró que “no es bueno utilizar estas catástrofes en pos de profundizar una grieta política, ni es momento para colocarse en esa tesitura cuando los chaqueños y chaqueñas la están pasando tan mal”. En ese sentido, remarcó que la prioridad debe ser la coordinación entre los distintos niveles del Estado. “Cuando tenés localidades anegadas, vecinos evacuados y pérdidas materiales, no hay lugar para especulaciones. Tenemos que trabajar todos juntos”, señaló. Cuellar también cuestionó los planteos que apuntan a instalar una lectura política del conflicto en plena emergencia. “No se puede aprovechar una situación así para sacar ventaja. La emergencia no admite ese tipo de conductas”, expresó. Por último, insistió en que el foco debe mantenerse en la asistencia y la reconstrucción. “Hoy la sociedad espera gestión, responsabilidad y compromiso. Después habrá tiempo para discutir lo que sea necesario, pero ahora la prioridad es la gente”, concluyó. Finalmente, agradeció la atención del Gobierno provincial y la solidaridad de la ciudadanía que se han puesto de manifiesto en distintos puntos de la provincia para acompañar a las familias afectadas por el temporal.

Familias de personas con discapacidad vuelven a movilizarse contra recortes y exigen que se aplique la Ley de Emergencia para esta población vulnerable. En declaraciones a CIUDAD TV, Erika Nasir, madre de un joven con discapacidad, expresó la preocupación de numerosas familias ante los ajustes y recortes impulsados por el Gobierno nacional, y convocó a una nueva movilización para visibilizar la situación del sector. Nasir explicó que el reclamo central gira en torno a la falta de implementación de la ley de emergencia en discapacidad, que “ya fue votada siete veces” pero aún no se aplica. En ese marco, cuestionó un nuevo proyecto del Ministerio de Salud que propone revisar las pensiones por discapacidad. “Lo presentan como un control, pero en realidad lo que buscan es dar de baja pensiones y desregular el nomenclador”, sostuvo. La referente advirtió que las medidas configuran un escenario de “ensañamiento” contra las personas con discapacidad. En ese sentido, señaló que la reducción del área en la Agencia Nacional de Discapacidad implica un retroceso en el enfoque de derechos: “Quieren volver a que la persona sea solo un diagnóstico, cuando durante años luchamos para que se entienda desde un contexto social”. Además, describió las dificultades concretas que enfrentan las familias. Entre ellas, mencionó demoras en los pagos a transportistas y prestadores: “Hoy, 22 de abril, el transporte de mi hijo no cobró nada desde enero”. También recordó las complicaciones en auditorías anteriores, donde muchos beneficiarios perdieron pensiones por fallas en las notificaciones o asignaciones de turnos en lugares inaccesibles. Nasir alertó que una mayor desregulación podría profundizar la crisis: “Lo único que se hace es desfinanciar el sistema. No estamos avanzando, estamos retrocediendo”. Y advirtió sobre las posibles consecuencias: interrupción de tratamientos, cierre de instituciones y mayores barreras para la inclusión. En su mensaje a legisladores nacionales, pidió “responsabilidad social” y que rechacen la nueva iniciativa, al considerar que “anula derechos conquistados”. “La gente los votó para traer soluciones, no problemas”, enfatizó. Finalmente, convocó a la comunidad a acompañar la movilización que se realizará este miércoles a las 11 en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, frente a la Casa de las Culturas. “Necesitamos visibilizarnos y mostrar lo que está pasando. Esto nos puede tocar a todos”, concluyó.

Un análisis de la institución advirtió que la indigencia se ubicó en el 10,7% mientras la pobreza en poco más del 50%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Cerca del 60% de los niños, niñas y adolescentes argentinos vive en condición de pobreza, de acuerdo a un reciente análisis de la Universidad Católica Argentina (UCA) durante 2025. Además, la institución alertó que cerca del 30% no come regularmente. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Datos recientes de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, señaló que la pobreza en los menores llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Además, subrayó que si bien el dato del año pasado “trae alivio”, no se debe “confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”. En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en breves períodos de recuperación. Así, el resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo. La pobreza en niños, niñas y adolescentes argentinos: llegó a más del 50% En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes, mientras entre 2011 y 2012 disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%). El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la institución. En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas: partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024. Para el caso de 2025, descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018. Qué pasa con la inseguridad alimentaria Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran volver a los niveles previos a 2017. La problemática se concentra en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano bonaerense. En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, a partir de 2020 se vislumbra un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar. Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias como la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024. La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema. Para la investigadora del ODSA Ianina Tuñón estas políticas “no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”. Otros indicadores Entre otros aspectos abordados en el reporte, se conoció que el 19,8% de niños dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe. En cuanto a las condiciones habitacionales, persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado. Ámbito

El presidente había denunciado al periodista de El Destape por una nota que comparaba su discurso con el nazismo. La Cámara ratificó que las expresiones estaban amparadas por la libertad de prensa y que los funcionarios públicos tienen menor protección penal frente a la crítica. La Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este martes el sobreseimiento del periodista Ari Lijalad en la causa que le inició el presidente Javier Milei por calumnias e injurias. El tribunal, integrado por el juez de cámara Leopoldo Oscar Bruglia, ratificó así la decisión de primera instancia y cerró definitivamente la persecución penal contra el periodista. El caso tuvo origen en una nota publicada el 4 de mayo de 2025 en el portal El Destape, bajo el título “Milei, entre el odio a la información y el discurso nazi”. En ese artículo, Lijalad describió la relación del presidente con los medios de comunicación y trazó una comparación entre la retórica de Milei hacia quienes piensan distinto y la lógica del discurso nazi. Milei presentó una querella por calumnias e injurias —artículos 109 y 110 del Código Penal— sosteniendo que esas expresiones afectaban gravemente su honor y reputación, y que no podían quedar amparadas por la libertad de expresión. En junio de 2025, el juez federal Daniel Rafecas —a cargo transitorio del Juzgado N° 6— desestimó las actuaciones por inexistencia de delito. En esa oportunidad, Rafecas había señalado que la nota no contenía injurias ni calumnias sino opiniones críticas sobre las decisiones del mandatario en su rol como jefe de Estado, y que, dada su condición de funcionario público de máxima jerarquía, la intervención penal debía ser excepcional. Para fundar esa conclusión, el juez de grado aplicó el estándar establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Kimel vs. Argentina”, que limita el alcance de la protección penal frente a la crítica dirigida a funcionarios en ejercicio. Esa misma semana, Rafecas también había desestimado otra querella de Milei contra el periodista Carlos Pagni por expresiones similares. Milei apeló la decisión y llevó el caso a la Cámara, argumentando que el trámite dado al expediente había sido incorrecto porque se lo había tramitado como delito de acción pública en lugar de acción privada, privándolo de herramientas procesales como la instancia conciliatoria. También sostuvo que la fundamentación del juez de grado había sido arbitraria. En septiembre de 2025, la propia Cámara dispuso suspender el recurso y ordenar que se celebrara la audiencia de conciliación reclamada. Esa audiencia se llevó a cabo el 13 de febrero de 2026 pero las partes no llegaron a ningún acuerdo, por lo que el expediente volvió al tribunal de alzada para su resolución definitiva. En ese trámite intervino también Amnistía Internacional, que presentó un escrito ampliando los argumentos en defensa de la libertad de prensa. Al resolver, la Cámara compartió el análisis del juez de grado y fue incluso más enfática. El fallo señaló que cuando el querellante es un funcionario público ni siquiera es necesario verificar si las expresiones se refieren a un asunto de interés público, porque la sola condición de funcionario basta para descartar la persecución penal. “Este parámetro trata de evitar que se utilice al ordenamiento punitivo como un mecanismo disuasorio”, indicó el tribunal. Y agregó que el propio Código Penal establece expresamente que nunca configurarán delito las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas, con lo que “es la misma norma penal la que clausura cualquier esfuerzo interpretativo” en ese sentido. El tribunal concluyó que todas las declaraciones cuestionadas expresaban la perspectiva del periodista sobre el presidente en su rol público y guardaban conexión con materias de interés general.

El Gobierno del Chaco continúa desplegando un amplio operativo de asistencia en las localidades afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días. Con presencia sostenida en el territorio, equipos de distintas áreas trabajan de manera coordinada para brindar respuestas concretas a las familias damnificadas. El abordaje integral incluye tareas de asistencia social, sanitaria y logística, con la participación de ministerios, organismos provinciales, fuerzas de seguridad y equipos técnicos que recorren las zonas más comprometidas. En cada punto, se prioriza la atención directa a vecinos, la entrega de insumos básicos y el relevamiento permanente de necesidades. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano se avanza con la distribución de módulos alimentarios, agua potable, colchones y elementos de primera necesidad, mientras que el sistema de Salud refuerza la atención en centros de evacuados y comunidades afectadas, con controles médicos, vacunación y seguimiento de pacientes. En paralelo, personal de Infraestructura y Servicios trabaja en el acondicionamiento de caminos, desagües y accesos, con el objetivo de restablecer la conectividad en sectores anegados. Estas tareas son fundamentales para garantizar el ingreso de la asistencia y facilitar la circulación en las localidades. El operativo cuenta además con la colaboración de la Policía del Chaco y equipos de emergencia, que intervienen en traslados, asistencia preventiva y resguardo de las familias. La articulación con los municipios también resulta clave para optimizar los recursos y ampliar el alcance de las acciones. Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la presencia en territorio continuará durante los próximos días, con monitoreo constante del gobernador Zdero de la situación climática y social. “Estamos acompañando a cada familia afectada, con un Estado presente y un equipo comprometido que trabaja sin descanso”, afirmaron.

El dirigente peronista Raúl Bittel pasó por el estudio de CIUDAD TV y lanzó una dura crítica al proyecto de reforma electoral que impulsa el gobierno nacional, al que calificó como una medida pensada para la coyuntura y el marketing más que para fortalecer la democracia. “Esta no puede ser una reforma que le preocupe a Milei por las elecciones del año que viene”, disparó Bittel, y agregó: “Si esto es solamente un proyecto para el marketing y para las redes sociales, que es lo que creemos la mayoría, no tiene ningún sentido”. A lo largo de la entrevista, el dirigente peronista defendió la vigencia de las PASO como una herramienta valiosa para la selección de candidatos y advirtió sobre los riesgos de eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos. “Hoy sabemos que las PASO son una herramienta muy interesante e importante para fortalecer la democracia argentina”, sostuvo, aunque reconoció que se puede discutir el financiamiento, la boleta única de papel o cómo fortalecerlas para que no sean percibidas como una mera encuesta. Uno de los puntos más contundentes de su exposición fue cuando puso el foco en el financiamiento de los partidos. “La pregunta es: caro para quién, ¿es caro para la ciudadanía o es caro para los partidos políticos o es caro para el Estado?”, cuestionó. Y lanzó una advertencia que resonó con fuerza: “Si no financia el Estado, la plata en negro ¿de dónde va a salir? ¿Quién tiene más facilidad? El narcotráfico, el lavado de activos, los que fugan y hacen la bicicleta financiera con los dólares que circulan en nuestra economía”. Bittel también se refirió a la opacidad en el financiamiento de las campañas sucias en redes sociales, un fenómeno que, según dijo, no tiene trazabilidad real. “Lo cierto es que no sabemos de dónde salen los fondos”, afirmó. Y ejemplificó: “Es como cuando uno está escrolleando con el celular y le llega una notificación de una cuenta de Instagram o de YouTube con una publicidad paga que muestra una campaña señalando a un candidato. Esto tiene un costo muy alto”. El dirigente cuestionó además otros puntos de la reforma que, según comentó, se van conociendo de a poco. Mencionó la eliminación del debate electoral y de la elección de legisladores del Parlasur, una instancia que consideró fundamental. “Hoy al Estado no le cuesta absolutamente nada el Parlasur porque no pagan dieta, no pagan viáticos, no pagan viajes, no pagan absolutamente nada, sin embargo lo van a eliminar”, cuestionó. “Hoy estamos discutiendo el acuerdo Unión Europea-Mercosur y el Parlasur ha tenido una gran relevancia en esa discusión”. En otro tramo de la entrevista, Bittel reflexionó sobre el estado actual de la representación política y la pérdida de confianza de la ciudadanía. “La ciudadanía dejó de creer en algunos políticos o políticas que los representaban porque hicieron las cosas mal o porque no cumplieron lo que prometieron. Eso no puede desintegrar a los partidos políticos, que son la base de construcción democrática. Hay que intentar mejorarlos, no empeorar su situación”, sostuvo. Y agregó una crítica a la calidad del debate público: “Creo que hoy estamos viendo mucha mediocridad, mucho grito, mucho insulto y poco estudio”. Por último, el dirigente peronista se refirió al congreso del Partido Justicialista realizado el sábado pasado en San Bernardo, que calificó como “un éxito total”. Señaló que allí la militancia exigió a la dirigencia la construcción de un plan político y de gobierno con horizonte claro para ser gobierno desde el 10 de diciembre del año que viene. En ese marco, Bittel se mostró esperanzado en la construcción de acuerdos amplios. “Ojalá el radicalismo y el peronismo encuentren una respuesta rápida para hacer una alternativa de gobierno que permita gobernar a largo plazo con proyectos y propuestas que resuelvan los problemas que tiene el Chaco”, concluyó.

En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, explicó los alcances de su proyecto de ordenanza de “Cámara Ciudadana”, que permitiría a los vecinos aportar material para detectar infracciones de tránsito, como el cruce de semáforos en rojo. El presidente del Concejo Deliberante de Resistencia, Alejandro Aradas, explicó los alcances de su proyecto de ordenanza que permitirá a los vecinos filmar infracciones de tránsito y enviar el material audiovisual al municipio para que, una vez verificada la infracción, se notifique al conductor con la multa correspondiente. La iniciativa, que ya ingresó a la comisión de Asuntos Generales, se inspira en experiencias similares implementadas en Mendoza y en algunas ciudades de Córdoba. Aradas reconoció que el municipio no cuenta con personal suficiente para controlar el tránsito en toda la ciudad. “Para controlar todos los semáforos, para controlar el tránsito en todas las distintas zonas de la ciudad de Resistencia, necesitamos un ejército de inspectores de tránsito que no lo tenemos”, admitió. En ese marco, la propuesta apunta a sumar la participación ciudadana como herramienta de control, siguiendo la lógica del programa de vecino supervisor que el municipio ya aplica en materia de residuos. El funcionario describió un panorama preocupante en las calles de la capital chaqueña. “Hemos caído en estadísticas alarmantes en la ciudad de Resistencia y fueron aumentando de gravedad los siniestros”, afirmó, y mencionó que en los últimos meses varios conductores de motovehículos perdieron la vida en accidentes que, a su juicio, podrían haberse evitado. Señaló como conducta más frecuente y peligrosa el cruce de semáforos en rojo, práctica que consideró ya naturalizada: “Todos están esperando el semáforo en rojo y las motos avanzan. Si tienen un poquito de tiempo y no viene nadie de ambos lados, las motos igual avanzan en rojo”. El mecanismo proyectado no es automático. Según explicó Aradas, el vecino que registre una infracción enviará el video a través de la plataforma digital del municipio, y el material pasará luego por el área de modernización para verificar la infracción e identificar al vehículo a través de la patente. Si se constata la infracción, el expediente se remite al juzgado de faltas, que es quien finalmente notifica la multa al domicilio registrado del titular del vehículo. “No es que vos mandás el video y automáticamente viene la notificación de la infracción y de la multa”, aclaró. Las multas están estipuladas en litros de nafta y van desde los 50 hasta los 1.000 litros según la gravedad de la infracción. Para casos de conducción peligrosa —como el wheelie en avenidas— el concejal señaló que impulsa elevar la sanción a 3.000 litros de nafta y suspensión del carné por un año. ¿Aradas 2027? Consultado sobre sus aspiraciones políticas, Aradas confirmó que tiene intenciones de competir por la intendencia de Resistencia en 2027, aunque sin adelantar definiciones. “Estamos trabajando”, dijo, y sostuvo que las candidaturas se van a terminar de definir en función del trabajo que cada dirigente demuestre durante este año. Respecto al armado interno de Chaco Puede, consideró que existe unidad en el espacio y que hay condiciones para construir “un esquema con mucha potencia electoral”, aunque advirtió que los conflictos suelen surgir cuando quienes más trabajaron sienten que no fueron valorados en la distribución de candidaturas. “La política es muy difícil”, sintetizó. Sobre la gestión de Roy Nikisch al frente del Ejecutivo municipal, Aradas dijo que la continuaría con la misma orientación, aunque mencionó algunos temas en los que introduciría cambios: la situación del Tiro Federal —que calificó de “un desastre”— y el manejo de los trapitos. “Mantendría la misma línea de trabajo con algunas improntas que le aporto desde la visión que yo tengo de algunos temas”, afirmó.

La hija del Diez declaró en los tribunales de San Isidro y aseguró que fueron manipuladas. Durante su testimonio, reveló que Leopoldo Luque fue quien impulsó la internación domiciliaria y que los médicos de la clínica Ipensa le habían recomendado no operarlo. La sala del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este martes 21 de abril una de sus jornadas más emotivas. Pasado el mediodía, ingresó Gianinna Maradona, vestida con un traje marrón claro y una camisa celeste. En su mano izquierda sostenía una botella de agua y un celular cuyo fondo de pantalla mostraba a Diego levantando el puño derecho con la camiseta de Boca. Se sentó, y comenzó a hablar. Con intervenciones cortas y precisas, la hija del Diez describió la relación que tenía con su padre, los médicos que lo atendieron y el proceso que terminó con la internación domiciliaria en Tigre, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020. “Cada día lo veía mal y perdido, le ponían más pastillas para que se desconecte”, aseguró y señaló que las llamaban “locas” por señalar el estado del astro. En esa línea, la hija de Diego contó que intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con su equipo de médicos -específicamente con la psiquiatra Cosachov- con el objetivo de conocer qué medicamentos le estaban dando a su papá. “Mi papá estaba muy lento y era la persona más rápida del mundo”, recordó. Incluso dijo que se enteró de la internación de Diego en Ipensa cuando llamó a la médica para consultarle sobre la medicación. Nadie se había comunicado con la familia previamente. Durante su últimos meses, Gianinna aseguro que durante su internación en Ipensa es donde mejor lo vio y sólo Luque insistió con la operación. “Gracias a Dios eso salió bien”, apuntó. Falta de ambulancia y acceso complicado Gianinna reveló que, a pesar de que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra, Agustina Cosachov les habían asegurado que había una ambulancia y el lugar estaba preparado para una internación domiciliaria, la realidad era otra. “No había desfibrilador ni ambulancia, ni siquiera en la puerta del barrio”, declaró. Además recordó que el primer día que fue a la casa de Tigre le dijo a la ex mano derecha de Diego, Maxi Pomargo, lo difícil que era el acceso para que ingrese una ambulancia con médicos frente a una posible urgencia. “Eligieron una casa difícil para llegar”, sostuvo. Y agregó: “Nunca la vi”, en referencia al hospital móvil que nunca apareció. La relación con Luque y los médicos A pesar de los dichos del neurocirujano, Gianinna señaló a Luque como el médico a cargo de la internación. “Todos le daban la responsabilidad a él”, afirmó. Recordó que, cada tanto, le contaba que le habían puesto suero y que le pasaba el parte médico cuando Diego estaba internado en la clínica Ipensa. También mencionó al ya fallecido doctor Alfredo Cahe, a quien describió como un médico con trato humano y al médico Mario Schiter, aunque reconoció que no tuvo tanta relación con el segundo como con Cahe. Otro episodio llamativo fue el que protagonizó la médica Nancy Forlini, de Swiss Medical. Según Gianinna, una noche la mujer se intoxicó y la llamó para preguntarle si debía llamar a un médico o no. Su hermana Dalma escribió esa situación en el grupo de WhatsApp. Poco después, se reprodujo un audio de Forlini en el que la médica describía la cena de Diego: “Camarones con brócolis y ajo, y anda con vómitos. Una bombita eso”. Gianinna recordó que desde lejos no podían tomar decisiones, así que preguntaron a la casa y les respondieron que Diego ya dormía. Por otro lado, Gianinna también se refirió a los controles médicos. Dijo que Diego se molestaba, sobre todo con los enfermeros. Su interpretación fue contundente: “Diego no sabía que estaba en una internación domiciliaria. Nadie le había dicho”. Esa falta de transparencia, según su testimonio, explicaba la reacción del Diez ante las constantes revisiones. El audio de Díaz que generó indignación Uno de los momentos más tensos se produjo cuando la defensa pidió reproducir un audio del psicólogo de Diego, Carlos Díaz. El abogado del psicólogo se opuso, pero el juez Gaig intervino: “Necesito el relato espontáneo”, dijo, ya algo enojado, y permitió la reproducción. Minutos atrás había demostrado su enojo contra el imputado Luque por pedir declarar nuevamente ante la Justicia. “Que no se lehaga costumbre, que sino se van a quedar sin vacaciones de julio”, alertó el presidente del Tribunal. En el audio que se reprodujo durante la audiencia, Díaz hablaba con Cosachov y lanzaba frases que helaron la sala. Decía que las enfermeras debían estar “en otra habitación leyendo un libro y no hinchando las pelotas”. También hablaba de “cubrirnos” frente a toda la familia. “Pasarle un poco la pelota a Diego pero cubrirnos nosotros”, se lo escuchaba decir, en referencia a las acciones de las enfermeras. Gianinna escuchó el audio con visible indignación. Gianinna recordó que el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte de su papá, el psicólogo Díaz fue a su casa. Hablaron sobre la medicación que Diego estaba tomando, y ella le recomendó que consultara con el doctor Alfredo Cahe. Ese mismo día, Gianinna también estuvo en la casa de Tigre donde estaba Diego. “Una puesta en escena”, la calificó. Allí les dieron tres opciones: internación con consentimiento, sin consentimiento o domiciliaria. Entre lágrimas dijo que, en ese momento, creyeron que la opción que daban Luque y Cosachov era la mejor pero sumó que “con el diario del lunes, fue todo una manipulación” y no estuvo presente la aparatología para tratarlo. El día de la muerte de Diego La hija del Diez se mostró muy angustiada al recordar todo lo ocurrido aquel fatídico 25 de noviembre. Hacía días que no podían verlo y ese mismo 25 iban a reunirse con Jana, la psiquiatra y el psicólogo. “Me llama Cosachov por teléfono y me dice que mi papá se había descompensado. Me

Lleva más de una semana en el país con una agenda que mezcla política de alto nivel, turismo futbolero y contactos estratégicos. Se reunió con el asesor de Javier Milei. Peter Thiel está en Argentina. El multimillonario de Silicon Valley, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, lleva más de una semana en el país con una agenda que mezcla política de alto nivel, turismo futbolero (asistió al clásico River-Boca) y contactos estratégicos. Según trascendió en distintos medios, el lunes de la semana pasada se reunió con Santiago Caputo, asesor de Javier Milei. Tanto la Cancillería —bajo la órbita de Pablo Quirno— como la Presidencia mantuvieron canales de contacto con el empresario durante su estadía, detalló Infobae sobre la visita del magnate que fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich en C5N. El vínculo no es nuevo: Thiel ya había tenido un encuentro previo con Milei en el que compartieron diagnósticos sobre la economía argentina y las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria. Quién es Thiel Nacido en Alemania en 1967 y criado en Estados Unidos, Thiel es una de las figuras más influyentes —y controversiales— del ecosistema tecnológico global. Fue el primer inversor externo de Facebook, cofundó PayPal junto a Elon Musk y construyó una carrera como referente del capital de riesgo con apuestas en compañías transformadoras. Pero su proyecto más significativo en términos de poder político es Palantir Technologies, empresa especializada en el procesamiento masivo de datos que trabaja para gobiernos, ejércitos y agencias de inteligencia de todo el mundo. La CIA fue su primera inversora, a través de su fondo In-Q-Tel, cuando Palantir se fundó en 2003. Thiel es también uno de los ideólogos del movimiento neorreaccionario en Silicon Valley, crítico declarado de la democracia liberal —en 2009 escribió que ya no creía que “la libertad y la democracia fueran compatibles”— y financista clave de la carrera de J.D. Vance, actual vicepresidente de los Estados Unidos. El manifiesto y el reposteo de Caputo La visita de Thiel coincide con un momento de particular activismo ideológico de Palantir. El 18 de abril de 2026, la cuenta oficial de Palantir en X publicó un texto de 22 puntos que resume la visión tecnopolítica de su director ejecutivo Alex Karp, titulado “The Technological Republic, in brief”. El texto fue reposteado por Santiago Caputo desde su cuenta personal, amplificándolo ante su audiencia argentina. El documento, analizado en profundidad por la revista El Grand Continent —que lo calificó como un texto que los ideólogos neorreaccionarios presentan como “el plan para forjar un Occidente tecnofascista”— contiene tesis que merecen leerse con atención. El manifiesto plantea que “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso” y que la élite de ingenieros tiene “la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”. Sostiene que “el hard power de este siglo se basará en el software” y que la cuestión no es si se fabricarán armas basadas en IA sino quién las fabricará y con qué fin. El análisis de El Grand Continent señala que Palantir opera con un método llamado “land and expand”: penetrar en una organización mediante un contrato inicial modesto para luego imponer su estructura de datos hasta hacer imposible cualquier salida, un mecanismo conocido como “vendor lock-in”. La empresa ya tiene contratos con el servicio de inmigración de EE.UU. (ICE), con la Bundeswehr alemana y con el sistema de salud del Reino Unido, entre otros. Las advertencias que ya circulan La presencia de Thiel y el reposteo del manifiesto por parte de Caputo generaron reacciones inmediatas en el ámbito político y de derechos digitales. El abogado y especialista en privacidad Ariel Garbarz publicó una extensa hilo en X alertando sobre las implicancias para Argentina. “Palantir no vende tornillos ni caramelos. Vende cruce masivo de datos, vigilancia, perfilado y poder. Te lo envuelven en palabritas como ‘eficiencia’, ‘seguridad’ e ‘innovación’, pero es control social sin precedentes con perfume de Silicon Valley”, escribió Garbarz. Y fue más lejos: “En un país saqueado, endeudado y entregado, una herramienta así puede terminar sirviendo para vigilar, clasificar y apretar ciudadanos, opositores, migrantes, pobres y cualquiera que moleste al poder de turno.” Garbarz rechazó de antemano el argumento de “quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer” y señaló que “en democracia nadie tiene que someterse a un panóptico digital para demostrar inocencia”. Exigió que cualquier vínculo contractual con Palantir sea sometido a debate público, control parlamentario, auditorías técnicas externas y publicación de contratos: “Ya no puede hacerlo por la puerta de atrás con reuniones secretas entre empresarios, servicios y funcionarios.” La advertencia más dura apuntó a la irreversibilidad del proceso: “Una vez que estos hijos de puta meten la mano en datos migratorios, financieros, policiales, sanitarios o de telecomunicaciones, después no la sacan más. Y cuando querés acordar, ya no sos ciudadano: sos un perfil, una alerta o un objetivo.” elDiarioAR

Durante los controles verificaron 46 motocicletas, 39 motores y 8 chasis, sin detectar impedimentos legales. Personal del Departamento Operaciones Estratégicas Lince, a través de la División Registro y Control de Talleres, llevó adelante el pasado lunes una serie de inspecciones en tres talleres dedicados a motovehículos en la ciudad de Resistencia. Los procedimientos se realizaron entre las 16 y las 19, con intervención de personal municipal, en el marco de controles de documentación habilitante, libros de registro y procedencia de rodados y autopartes. Para ello utilizaron distintas aplicaciones,”SiGeBi” “D.R.N.P.A”. Como resultado, se controlaron 46 motocicletas, 39 motores y 8 chasis. En los tres establecimientos inspeccionados se labraron actas por falta de habilitación comercial. No obstante, tras la revisión correspondiente, los rodados y piezas verificadas no presentaron impedimentos legales.

Ocurrió en Las Breñas. En la tarde del martes, un operativo llevado a cabo por agentes de Investigaciones permitió esclarecer una causa por estafa y detener a un hombre de 31 años, además de recuperar gran parte de los bienes adquiridos mediante maniobras fraudulentas La investigación se inició tras la denuncia de una comerciante, quien informó que en distintas fechas dos sujetos realizaron compras de indumentaria y calzado utilizando tarjetas virtuales, por un monto total de $3.177.800, sin que los pagos impactaran en la cuenta del comercio. A partir de tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, se logró identificar a uno de los presuntos autores, domiciliado en Las Breñas. Con orden judicial, se llevó adelante un allanamiento donde se procedió a la aprehensión del sospechoso y al secuestro de numerosos elementos vinculados a la causa, entre ellos 19 pares de zapatillas y botines, 15 conjuntos deportivos, un teléfono celular iPhone 14 Pro Max, la suma de $2.420.000 en efectivo y un automóvil Toyota Corolla. El detenido fue examinado por el médico policial y alojado en la comisaría jurisdiccional, mientras que la investigación continúa para determinar la participación de otros posibles implicados.

Los procedimientos se realizaron en dos viviendas. Este martes a las 23, la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela llevó adelante dos allanamientos en la localidad de Coronel Du Graty, en el marco de una causa por supuesta infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes. En el primer domicilio, ubicado en la intersección de Santa María de Oro y Güemes, se notificó actuaciones a un hombre de 30 años, y se secuestraron pequeños envoltorios con semillas de marihuana, utensilios con restos de sustancias y elementos de fraccionamiento. En el segundo domicilio, realizado sobre la misma calle entre Güemes y Lavalle, fue aprehendido un hombre de 46 años, y una mujer de 36 años fue notificada. Allí se halló un sistema de cultivo indoor con 49 plantines sin florar, 14 plantas floradas, además de cogollos en distintos estados de conservación que totalizaron 860 gramos, junto con balanzas, 612.400 pesos, elementos vinculados al cultivo y comercialización. El procedimiento, supervisado por la Fiscalía de Investigación Antidrogas de Sáenz Peña, concluyó con el secuestro de la totalidad de las plantas y sustancias, además de los materiales de interés para la causa.

El peronismo organizó un conversatorio en el Senado para advertir sobre las consecuencias del proyecto que busca aumentar las penas de denuncias falsas y falso testimonio en los casos de abuso sexual y violencia de género. Impunidad y disciplinamiento. Después de más de dos horas de exposiciones, testimonios y debate, con presencia de abogadas feministas, juezas, especialistas en derecho y madres protectoras, el conversatorio organizado en el Senado llegó a una misma conclusión: el proyecto de Carolina Losada, que aumenta las penas para los casos de denuncias falsas por violencia de género, solo generará impunidad y disciplinamiento para las mujeres que denuncian. A coro, las especialistas y familiares de víctimas advirtieron que, de aprobarse en el Congreso, la ley no brindará ayuda a quienes son falsamente acusados, sino que solo pondrá más barreras en el acceso a la Justicia para las mujeres que denuncian. “Todas las víctimas con las que trabajo tienen algo en común: el miedo de que no les crean, a no poder acceder a la Justicia. Por favor, no creemos una nueva barrera sobre estas víctimas. No las señalemos con el dedo. No hagamos que las personas que buscan Justicia sean sospechosas”, pidió, emocionada y mirando a los senadores presentes en la sala del Senado, Andrea Lucangioli, la abogada de las cinco jugadoras de fútbol de la selección que denunciaron, en 2021, a su ex entrenador Diego Guacci por abuso sexual. Guacci, tal como relató elDiarioAR, fue absuelto por el Comité de Ética de la FIFA por “falta de pruebas” y se convirtió en un referente en contra de las “denuncias falsas” por abuso sexual. Su esposa, Andrea Robledo de Guacci, fundó el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas y, dos años después, redactó el proyecto que presentó Losada –que aumenta las penas en los delitos de denuncia falsa y falso testimonio en los casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñes y adolescentes– y que está por aprobarse en el Senado. “No es un problema que las personas pidan ayuda. No es un problema cuando las mujeres y las infancias buscan asistencia, el problema es cuando no lo hacen”, señaló Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, durante el conversatorio, advirtiendo lo que muchas de las invitadas repetirían luego: la iniciativa no resuelve el problema marginal de las falsas denuncias por violencia de género, sino que, en cambio, genera más problemas. En este caso en el acceso a la Justicia de las mujeres e infancias que denuncian violencia. “Solo 1 de 4 mujeres en situación de violencia ha ido a buscar ayuda. Solo el 30% de las mujeres en CABA que vivió violencia buscó ayuda de alguna institución. El problema es que hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia”, insistió Gherardi, quien cuestionó los largos tiempos procesales de la Justicia y advirtió que proponer una “criminalización agravada” para los casos de violencia de género iría en contra de leyes recientemente aprobadas por el Congreso, como la Ley Lucio. “Hace menos de tres años que el Congreso aprobó la Ley Lucio por unanimidad. Una ley que obliga a profesionales a denunciar cualquier situación de violencia y abuso. Pero si alguien después argumenta que es una falsa denuncia porque no hay prueba corre el riesgo de ser denunciado. ¿En qué quedamos? Tienen que denunciar o no tienen que denunciar para no ser víctima de una acusación de falsa denuncia?”, argumentó. Respecto a la “marginalidad” de los casos de falsas denuncias por abuso sexual, la mayoría de las expositoras insistió en que no había estadísticas que justificaran la idea de que había una oleada de denuncias falsas. “Se habla de epidemia de denuncias por violencia sexual pero no hay evidencia. El Registro Nacional de Reincidencia da cuenta que dictaron 23.419 sentencias condenatorias en 2023. De esas 23.419 sentencias, solo 60 fueron casos de falsa denuncia y falso testimonio. Es decir el 0,25%”, señaló Ileana Arduino, abogada penalista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Arduino, a su vez, buscó desmitificar la idea de que las retracciones de un caso de abuso sexual o violencia de género –que son utilizadas como argumento como parte del lobby contra las denuncias falsas– fueran sinónimo de mentira. “La evidencia indica que la retractación es una situación de extrema vulnerabilidad y que no es igual que la mentira. Una investigación científica de Córdoba del Instituto Ricardo Nuñez, que trabajó sobre adolescentes y niños retractados, reveló que el 75% cuando denunció el abuso recibieron desconfianza o indiferencia del adulto. Y que más del 60% tenía contacto con el agresor”, graficó Arduino. La jueza del TOC 2 de Ciudad de Buenos Aires, Analía Silvia Monferrer, sumó a este dato con su propia experiencia. “En el 100% de los casos de personas que venían a querer retractarse y levantar denuncia fue porque habían tenido nuevos episodios de violencia. La retractación es a priori un elemento más para corroborar la situación de violencia”, señaló Monferrer sobre los casos que llegaron a su juzgado. “Este proyecto no es solo disuasorio, es castigo, es disciplinador. Quieren que todas las mujeres que denuncien terminen en las mismas condiciones que terminaron en el caso Guacci”, señaló, por su parte, la abogada feminista Sabrina Cartabia, que trabaja con víctimas de abuso sexual. No fue la única. En el público había supervivientes y familiares de supervivientes que advirtieron eso mismo: la ley busca castigarlas por denunciar. “Si este proyecto sale, nosotras que estamos denunciadas, vamos presas. El objetivo no es solo amedrentar nuevas víctimas. Nosotras vamos a ir presas, y nuestro hijos vuelven a la casa de tortura”, señaló Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja, hace cuatro años, por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años. “Esto no es una pelea por las falsas denuncias, es impunidad”, exclamó. En una misma línea, al final del encuentro, la senadora Juliana Di Tullio tomó la palabra y señaló: “Es un proyecto de disciplinamiento

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó la suspensión preventiva de la habilitación para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales de la firma GLOBAL PHARMA GROUP S.A., con domicilio en la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Esta medida fue establecida luego de una inspección realizada en febrero de este año. La medida fue anunciada en la Disposición 2028/26, en la que se detalla que se estableció dicha suspensión luego de una inspección realizada a comienzos de febrero de este año, cuando personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud concurrió al establecimiento con el objetivo de realizar una inspección de renovación de la autorización de funcionamiento de establecimiento para realizar distribución de productos, de acuerdo a lo establecido por la ANMAT. En el escrito, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se describe que la comisión fue recibida por una empleada administrativa y que, durante el procedimiento, estuvo presente la directora técnica (DT) de la firma, farmacéutica María Luján Quevedo. Durante la inspección se observaron múltiples incumplimientos a las Buenas Prácticas de Distribución, incorporadas por Disposición ANMAT Nº 2069/18. Uno de ellos está basado en la regla N°5 que habla sobre instalaciones y equipos. Se detectaron falencias relacionadas con un ingreso en el que no está minimizada la entrada de insectos, roedores u otros animales. A la lista se suma también el hallazgo de una mancha de humedad con descascaramiento de la pintura en la pared con vista frontal desde el ingreso y hasta la ausencia de algunas de las placas ignífugas en el techo de esta área. Además, se procedió a desafiar el sensor de una de las heladeras sin resultados satisfactorios, a lo que la firma aclaró no contar con registros de verificación del funcionamiento efectivo de las alarmas. Un dato alarmante es que también se verificaron períodos de desvíos significativos de los valores de temperatura. Las autoridades añaden que en la fiscalización no se pudo rastrear por lote en el sistema informático utilizado por la firma ya que el sistema sólo permitía realizar los informes en el Sistema Nacional de Trazabilidad (SNT) para productos con soporte físico de trazabilidad a partir de la lectura de los datos contenidos en éste y carecían de un sistema de gestión de stock para los productos sin soporte físico de trazabilidad. Se observó que la firma carecía de un acuerdo de calidad y/o contrato entre partes respecto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución y hasta de un mapeo térmico realizado en el depósito. Entre las irregularidades más graves se encuentran: transporte, Control de temperatura en depósitos y cadena de frío, Calificación de proveedores y Retiros de Mercado. Por otro lado, se indicó redactar procedimiento de rastreo por Lote y Sistema Informático, Devoluciones, Vencidos, Mantenimiento preventivo de equipos (sistema de climatización, grupo electrógeno) y edilicio. En consecuencia, ANMAT otorgó a la firma los plazos correspondientes para subsanar las observaciones realizadas. Sin embargo, las adecuaciones presentadas resultaron parciales e insuficientes para garantizar el cumplimiento integral de las Buenas Prácticas de Distribución. Por ello, se dispuso la suspensión preventiva de la habilitación hasta tanto la empresa regularice su situación y acredite el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente. NA

Alberto Fernández está cada vez más complicado en los tribunales. El juez federal Daniel Rafecas rechazó el planteo del expresidente para que se declare la nulidad técnica de todas las decisiones tomadas por Julián Ercolini en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. La resolución deja al exjefe de Estado más cerca del juicio oral, en el que deberá afrontar una acusación por los delitos de lesiones, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas. El fiscal federal Ramiro González pidió el año pasado la elevación a juicio oral, para que Fernández responda ante un tribunal por las lesiones físicas y psíquicas denunciadas por Yañez. Sin embargo, como la Cámara Federal había apartado a Ercolini cuestionado por su falta de imparcialidad, el exmandatario interpuso un planteo para que se declaren nulas todas las resoluciones, actos procesales, diligencias y medidas dictadas o ejecutadas por ese juez en el marco de la causa principal y sus incidentes conexos. Fernández logró el año pasado la recusación de su excompañero de cátedra Ercolini, al que responsabilizó por direccionar la investigación en su contra para retener la causa y por no investigar las reiteradas filtraciones de chats privados a la prensa, entre otros cuestionamientos. Cuando asumió Rafecas como reemplazante, la abogada Silvina Carreiro, en representación de Fernández, pidió la exclusión probatoria de todos los elementos obtenidos mediante el procedimiento cuestionado, por constituir prueba contaminada según el principio del “fruto del árbol envenenado”, así como la nulidad de los “actos procesales posteriores que hubieran tenido como origen o sustento dichos elementos, incluyendo la apertura de estas actuaciones, la imputación formulada contra Alberto Fernández, y cualquier otra medida derivada de la información extraída”. Reclamó la remoción material y procesal de esos registros, en todas sus copias físicas o digitales, y su supresión de cualquier base de datos auxiliar o respaldo informático. La defensa cuestionó el procesamiento de febrero de 2025 por entender que posee “carácter arbitrario y un defecto absoluto de motivación al reproducir mecánicamente los dictámenes de la querella y del Ministerio Público Fiscal y que acarrea una contaminación derivada de los actos previos” que, a entender, serían nulos. Pidió también la nulidad del embargo dispuesto por diez millones de pesos. El fiscal González rechazó esos argumentos, argumentando que los actos procesales “sólo serán nulos si no se hubieran observado las disposiciones expresamente prescriptas por el código de forma bajo pena de nulidad”. “El criterio de nulidad debe ser restrictivo y un remedio extremo, por lo cual solo debe proceder cuando del hecho que se dice viciado derive un perjuicio real y concreto, no simplemente para satisfacer elementos formales”, afirmó, y destacó que la resolución de Casación que ordenó el apartamiento de Ercolini puso de manifiesto que “la especial naturaleza de la materia objeto del caso —violencia de género— impide la retrogradación del proceso”. Rafecas, en una resolución de 30 páginas, rechazó los planteos de nulidad de la defensa. Si bien el exjefe de Estado alegó que todo el proceso estuvo “plagado de una animadversión en contra del imputado y que los actos procesales que fueron dictados se encuentran viciados por la enemistad que distancia al imputado del Magistrado anterior”, para Rafecas “la resolución del Superior ha sido clara en cuanto a que no se corroboró, de forma cierta a lo largo de la pesquisa, un trámite parcial de las actuaciones; sino que, el apartamiento de mi colega se produjo, exclusivamente, a los efectos de disipar temores de parcialidad”. En la misma línea, añadió que el apartamiento “tampoco implica que, para un adecuado restablecimiento del orden jurídico, necesariamente debe retrotraerse toda la investigación llevada adelante, a un estado embrionario de las actuaciones. Ello, supondría un desgaste jurisdiccional innecesario, contrario al principio de celeridad y a las buenas prácticas procesales”. Además, dijo que los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal “que decidieron el apartamiento de mi colega, en su mismo pronunciamiento, respaldaron la validez de todos los actos llevados a cabo en estas actuaciones”, por lo cual, a su entender no corresponde anular nada de lo actuado. Fernández está procesado por dos hechos de lesiones leves y un hecho de lesiones graves, doblemente agravadas por el vínculo, abuso de poder y autoridad, y amenazas coactivas. Las acusaciones abarcan un período que se inicia en los años previos a su llegada a la Casa Rosada y concluyen en los meses posteriores al fin de su mandato, en diciembre de 2023. Página 12