Miguel Ricciardulli, referente del SUTNA, advierte sobre la incertidumbre de 900 familias frente a la apertura de importaciones. La tensión en la planta de neumáticos Fate alcanzó un punto crítico este sábado luego de que los empleados denunciaran un lockout patronal, tras constatar que la firma no acató la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Según relató Miguel Ricciardulli, secretario ejecutivo del gremio, los operarios se presentaron a cumplir sus tareas pero se encontraron con las instalaciones cerradas, lo que motivó una permanencia en los portones de la fábrica. “En el día de ayer los compañeros se presentaron a prestar tarea y la empresa no abrió las puertas”, afirmó el dirigente por Splendid AM 990, quien subrayó que la planta continúa “con candados y cadenas” pese a la vigencia de la medida legal que debería retrotraer los despidos. El conflicto se enmarca en una disputa política y económica entre la gestión nacional y el propietario de la empresa, dejando a los trabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Ricciardulli manifestó que el sector se encuentra atrapado en medio de las decisiones oficiales que fomentan la importación de productos extranjeros y la postura empresarial ante la competencia externa. “Quedamos en el medio de una discusión entre el Gobierno y lo que es el empresario”, explicó, señalando además que el ministro de Economía promueve el consumo de bienes importados por sobre la producción local, lo que agrava la incertidumbre sobre la continuidad de las fuentes de trabajo. La crisis impacta de lleno en la economía de las familias operarias, quienes ya venían registrando un fuerte ajuste en su consumo cotidiano y en sus actividades sociales. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el representante gremial, quien lleva 18 años en la firma, describió un panorama desolador donde incluso trabajadores con licencia médica o en periodo de vacaciones recibieron telegramas de despido. “Tenemos un compañero que fue operado por situaciones de salud y también fue despedido”, denunció. En este contexto, el sindicato organiza actos de resistencia y festivales solidarios para visibilizar el reclamo y sostener la lucha frente a lo que consideran una falta de control estatal sobre políticas de competencia desleal. Para intentar revertir la situación y buscar el apoyo de la comunidad, los trabajadores realizarán una jornada cultural este domingo en la puerta de la fábrica, ubicada en el norte del Gran Buenos Aires, con la participación de diversos artistas y bandas musicales. “Mañana vamos a estar haciendo algo solidario en la puerta de la fábrica donde se van a acercar los vecinos”, concluyó Ricciardulli, remarcando que, pese a los despidos y el cierre patronal, la planta se encuentra en condiciones técnicas operativas para retomar la producción de inmediato si existe la voluntad política y empresarial de hacerlo.
Autor: Redacción General
Mientras incumple la ley vigente, el Ejecutivo envió un proyecto que pone un techo del 14% a la suba sobre gastos de funcionamiento y salarios en las Universidades Nacionales, en base a la inflación imaginada por el INDEC. Si bien el Gobierno de Milei envía este proyecto en tiempo de extraordinarias y lo agregó al temario de las mismas, está claro que no será tratado en lo que resta de este período, sino quedará para ordinarias. Finalmente ingresó a través de la Cámara de Diputados un proyecto para modificar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, con el declarado objetivo de “armonizar las necesidades de financiamiento de las universidades nacionales… con las reales posibilidades de financiamiento en relación con la Ley N° 27.798 de Presupuesto 2026”. El proyecto del oficialismo busca reemplazar la ley vigente de financiamiento universitario, aprobada a fines de 2025 por el Congreso, que el gobierno incumple deliberadamente, a pesar de haber sido vetada por el Ejecutivo, revalidada en el Parlamento, y promulgada. La iniciativa pone como techo una suba en los gastos de funcionamiento y en salarios de docentes y nodocentes de Universidades que no será mayor de 14,3% en 2026, en base a la inflación armada en el nuevo INDEC libertario. Si bien el Gobierno envía este proyecto en tiempo de extraordinarias y lo agregó al temario de las mismas, está claro que no será tratado en lo que resta de este período, sino quedará para ordinarias. Lo que cambia en números y compromisos El artículo 3° del proyecto (que sustituye el art. 3° de la 27.795) ata la actualización de los gastos de funcionamiento a la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”. Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real. En paralelo, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”. Salarios de docentes y nodocentes Respecto de salarios, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025 – en total, 12,3% – y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma. Un punto técnico relevante: el mensaje oficial subraya que, a diferencia de la Ley 27.795, esta versión cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156 al “prever expresamente las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”, y por eso evitaría la suspensión por el artículo 5° de la Ley 24.629, dado que autoriza gasto indicando su fuente. En términos operativos, el Artículo 5° del proyecto (nuevo art. 9° de la 27.795) detalla que los gastos se afrontarán con las partidas Jurisdicción 88, Subjurisdicción 4, Servicio 330, Programa 26, Actividades 14, 15 y 16; y si el gasto excede esos créditos, el exceso se cubrirá con la Jurisdicción 91, Programa 99, Actividad 4. Gastos y salarios, con subas limitadas por la inflación que imagina el INDEC libertarioEl proyecto establece que el presupuesto destinado a cubrir los gastos de funcionamiento se ajustará en la medida en que la inflación observada supere el 14,3% promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Presupuesto 2026”. Este es el techo basado en el dato que elaboró el INDEC y que fue foco de cuestionamientos muy duros por no reflejar la suba real de precios. Cabe recordar que el escándalo explotó en enero con la renuncia de Marco Lavagna. La controversia está centrada en el Índice de Precios del Consumidor (IPC) que detonó la salida de Marco Lavagna luego de que el Gobierno postergara un nuevo índice de precios, a la espera de una nueva metodología que no capta adecuadamente los recientes aumentos en tarifas y servicios, lo que ha generado acusaciones de manipulación estadística. El criterio brinda previsibilidad contable al Tesoro, pero también traslada el riesgo inflacionario al sistema hasta cruzar el umbral, algo que universidades y gremios podrían cuestionar si el arranque de 2026 muestra variaciones de precios aceleradas. El 12,3% escalonado sobre salarios básicos de diciembre 2025 es, por diseño, un reconocimiento acotado a cuenta del 2025 que se terminaría de pagar en 2026. La llamativa novedad es la obligatoriedad de paritarias con frecuencia trimestral como piso procedimental. En contextos de alta nominalidad, frecuencia no reemplaza magnitud: el debate político se desplazará a la mesa paritaria, donde los actores buscarán recuperar poder adquisitivo por encima del 12,3% inicial. El oficialismo, por su parte, introduce la periodicidad como garantía de revisión—una válvula institucional—sin comprometerse desde la ley a un sendero más agresivo de recomposición. Hospitales universitarios El incremento puntual de $80.072 millones al rubro de hospitales escuela separa la cuestión sanitaria de la masa de funcionamiento general, reconociendo su sensibilidad pública y su impacto territorial. Es un gesto político hacia universidades con estructuras hospitalarias (UBA, Córdoba, La Plata, Cuyo, Nordeste, etc.), y una apuesta a contener tensiones en sistemas que combinan docencia, asistencia e investigación. Habrá que ver cómo se distribuye internamente ese refuerzo y si alcanza frente a costos hospitalarios empujados por insumos dolarizados. Cumplimiento de la 24.156 y la 24.629 La explícita referencia a las fuentes de financiamiento y a la Jurisdicción 91 como respaldo busca evitar impugnaciones de ejecución. En otras palabras: el Ejecutivo intenta que, una vez sancionada, la norma no quede inmovilizada por trabas técnicas. Si bien la ley 27.795 fijaba las
El concurso se llevará a cabo del 2 al 5 de abril, por ello el municipio se encuentra trabajando de manera conjunta con el sector privado local y con el Gobierno provincial en la puesta a punto y la vez a la promoción del evento que coincidirá con la semana santa. Luego de varios años de intervalo sin realizarse el concurso pesquero este año vuelve un clásico a Paso de la Patria. El Torneo Apertura de Pesca del Dorado se llevará a cabo del 2 al 5 de abril, por ello el municipio se encuentra trabajando de manera conjunta con el sector privado local y con el Gobierno provincial en la puesta a punto y la vez a la promoción del evento que coincidirá con la semana santa. En tal sentido, se realizó una primera reunión con el equipo municipal para después replicarlo con autoridades del Gobierno provincial tal es el caso del Ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard quien recibió en su despacho al intendente Oscar García. En la oportunidad se planteó la posibilidad de acompañamiento institucional tanto para este concurso como para otras acciones a lo largo del año. El jefe comunal de “El Paso” adelantó que se viene nuevamente el torneo de apertura, un evento fue creado en su momento para tratar de generar un flujo de pescadores deportivos en forma mucho más temprana a la zona. “Estamos trabajando fuerte con toda la comunidad, tuvimos una primera reunión con el equipo de trabajo local que se extendió con el ministro de Turismo de la Provincia y con otros organismos del gobierno provincial”, dijo García. Por otra parte, el Intendente calificó al producto pesca de gran valor para Paso de la Patria como para toda la provincia de Corrientes. “Entendemos que el Estado en su conjunto, tanto municipal como provincial, tienen que estar presentes en eventos que son tan importantes, sobre todo para la economía de un lugar tan particular como el caso de El Paso, que es una comunidad que vive exclusivamente de la actividad económica basada en el turismo”, declaró. Una lancha de premio El pescador deportivo arriba a Corrientes atraído por el dorado y en este escenario Paso de la Patria siempre es un llamador. Esta vez no será la excepción y para estimularlos ya se está definiendo como premio mayor del torneo una embarcación con motor, además de otros elementos y artículos de pesca, como también trofeos y obsequios otorgados por empresas privadas que van a participar del torneo. En cuanto a costos de inscripción se informó que estará entre $350.000 y $400.000 dependiendo la fecha y que cuenta con promociones bancarias para pagos hasta en 6 cuotas. También, aquellos participantes que se inscriban al torneo apertura se harán acreedores de un 20% de bonificación para el concurso nacional del mes de agosto. El Litoral
La Universidad Nacional del Nordeste reafirma su compromiso con la innovación pedagógica y la democratización del conocimiento a través de una propuesta formativa que ha despertado un marcado interés social. Se trata de una iniciativa de formación gratuita en inteligencia artificial aplicada a la educación, destinada a docentes y público general. Se trata del curso Educación + IA: Diseño de Contenidos con Inteligencia Artificial, una capacitación gratuita, virtual y autoasistida que ya alcanza los 2.300 inscriptos, entre docentes de todos los niveles educativos y personas interesadas en incorporar herramientas de inteligencia artificial a sus prácticas. La iniciativa se desarrolla en la plataforma UNNE Global, un espacio de formación que alcanza actualmente a más de 40.000 usuarios de distintas provincias argentinas y de diversos países del mundo. En este marco, el nuevo curso sobre educación e inteligencia artificial marcó un pico de registros desde su lanzamiento, evidenciando la creciente demanda de formación en tecnologías emergentes. Podés inscribirte e iniciar el cursado en cualquier momento El curso posee modalidad 100% autoasistida y de inscripción permanente, lo que permite que cada persona pueda iniciarlo en cualquier momento y avanzar de acuerdo con sus propios tiempos y disponibilidad. Los contenidos están organizados en cuatro módulos que recorren desde los primeros pasos en la generación de textos con IA, hasta la creación de imágenes, audios, podcasts y propuestas didácticas innovadoras para el aula. La magíster Graciela Fernández, coordinadora del Sistema Institucional de Educación a Distancia (SIED) y docente del curso, destacó que la propuesta “fue pensada y diseñada por y para docentes, con el objetivo central de experimentar y utilizar la inteligencia artificial para ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a nuestros estudiantes”. No obstante, explicó que la convocatoria trasciende el ámbito educativo formal y convoca a perfiles diversos, interesados en comprender y aplicar estas herramientas de manera crítica y responsable. El curso surge como una iniciativa conjunta del SIED (Sistema de Educación a Distancia de la UNNE) y del IA Hub UNNE, un espacio interdisciplinario que promueve la investigación, la capacitación y el debate en torno a la inteligencia artificial dentro de esta universidad. Entre sus objetivos se destaca no solo el desarrollo de habilidades prácticas, sino también la construcción de una comunidad de aprendizaje que reflexione sobre la ética, la intencionalidad y el impacto social de los contenidos generados con estas tecnologías. Curso gratuito y con doble certificación Además de su carácter gratuito, la propuesta contempla la posibilidad de acceder a una doble certificación para quienes opten por realizar una evaluación final, manteniendo un formato flexible y accesible, especialmente pensado para personas con poco tiempo disponible. Con esta iniciativa, la UNNE continúa ampliando su oferta de formación abierta y reafirma su rol como universidad pública comprometida con los desafíos contemporáneos, promoviendo una incorporación responsable, crítica e innovadora de la inteligencia artificial en el ámbito educativo. Para inscribirse ingresá en https://bit.ly/EDUIA2025
Se lanzaron 15 becas para la 4ª edición de DAE-CREATIVE BOOTCAMP, con seis meses de formación y fondos capital semilla Deben ser emprendimientos con al menos tres años de actividad en diseño industrial y de producto, indumentaria y accesorios, biomateriales, artesanía contemporánea y textiles. Los 15 emprendimientos seleccionados en 2026 podrán, luego de la formación anual, recibir uno de los cuatro Fondos de Capital Semilla de USD 5.000 cada uno, otorgados por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Banco Ciudad. La Fundación Bunge y Born y el British Council lanzan la convocatoria para la cuarta edición de Diseño Argentino Exponencial (DAE) – Creative Bootcamp. El objetivo es potenciar a emprendedores argentinos del sector diseño mediante formación de alto nivel y financiamiento estratégico. La convocatoria 2026 para seleccionar 15 emprendimientos de diseño que buscan profesionalizar su gestión integral para ampliar su impacto positivo, estará abierta del 18 de febrero al 27 de marzo de 2026. Está dirigida a proyectos con al menos tres años de actividad en áreas como diseño industrial y de producto, indumentaria y accesorios, biomateriales, artesanía contemporánea y textiles, que demuestren una visión clara de impacto: sostenibilidad ambiental, valor social e innovación aplicada. El programa, que ya ha movilizado más de USD 550.000 en financiamiento, ofrece contenidos y capacitación por parte de nuevos socios británicos seleccionados a través de una convocatoria abierta en Reino Unido, University of the Arts London (UAL), Libra Europe y Swansea University, y de organizaciones argentinas como Globant, Fundación ICBC, Fundación FLOR y Fundación IDEX.LA para generar un efecto multiplicador a partir de la profesionalización y el networking. Los emprendimientos seleccionados accederán a contenidos de vanguardia, consultoría estratégica y mentorías individualizadas. Y como parte de los incentivos para la escalabilidad, los participantes podrán postularse a uno de los 4 Fondos de Capital Semilla de USD 5.000 cada uno, otorgados por la Fundación Bunge y Born y la Fundación Banco Ciudad, destinados a la implementación de mejoras tácticas en las diversas áreas de desarrollo y consolidación de los emprendimientos. Una red en movimiento: el valor del intercambio binacional Como resultado de los primeros tres años, el programa alcanzó a 13 provincias, aceleró 45 emprendimientos y otorgó 10 Fondos de Capital Semilla. La nueva edición 2026 se consolida como un ecosistema en movimiento y propone que el crecimiento de cada proyecto se refuerce a través de la red binacional entre Argentina y Reino Unido. Aquí, el impacto de la profesionalización y el networking genera un efecto multiplicador que propulsa a diseñadores, instituciones y aliados estratégicos para potenciar colectivamente el diseño argentino. “DAE – Creative Bootcamp surge de la convicción de que la inversión estratégica en el diseño puede contribuir a transformar la economía del país. Más allá del talento individual, lo que construimos es una comunidad activa donde el conocimiento circula y se multiplica, preparando a los emprendedores argentinos para liderar en mercados cada vez más competitivos”, afirmó Iván Petrella, Director de Cultura y Ciencia de la Fundación Bunge y Born. Por su parte, Valeria Zamparolo, Directora Interina de Artes para América del British Council, destacó: “Hemos identificado al diseño argentino con impacto como una herramienta poderosa para el cambio sistémico. DAE-Creative Bootcamp es un programa que invierte en el fortalecimiento del sector emprendedor creativo y lo vincula con redes globales. Les brindamos nuevas herramientas para la sostenibilidad al mismo tiempo que reconocemos el valor único del trabajo que realizan”. Detalles de la convocatoria
El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, criticó la aprobación de la reforma laboral en la Cámara baja. Aseguró que el oficialismo “impone” y no busca consensos, sostuvo que la norma “implica quita de derechos” y advirtió sobre un escenario de mayor precarización. El proyecto volverá al Senado con modificaciones. El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, cuestionó la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y sostuvo que el tratamiento se realizó sin el debate necesario. En diálogo con CIUDAD TV, afirmó que el oficialismo logró avanzar “a partir de sus cómplices” y que la votación por capítulos limitó la discusión. “Yo también esperaba que fuera más larga, pasa que el oficialismo a partir de sus cómplices logró que se votara por capítulos”, expresó el legislador del Frente de Todos sobre la sesión del jueves. Consideró que fue “muy lamentable” la exposición del miembro informante y señaló que “no tuvo respuesta y a la hora del cierre que le correspondía también al presidente del bloque libertario, optó por no hacer uso de la palabra”. Según Leiva, el tratamiento acelerado responde a una estrategia. “Cuando se sancionan las leyes como esta, siempre la hacen a las apuradas, siempre la hacen tratando de que la gente se entere lo menos posible y eso es lo que sucedió”, afirmó. Definió la norma como “una ley retrógrada, que no va a generar empleo, que sin duda va a acentuar la precarización laboral”. En ese marco, sostuvo que la iniciativa “implica quita de derechos” y que “acentúa desigualdades para el presente y para el futuro”. Lamentó que “en nombre del trabajo, en nombre de la libertad avancen de esta manera”. Consultado sobre el clima posterior a la votación, indicó que comparte la percepción de malestar en el sector. “Hoy Argentina avanzó un paso más hacia la injusticia, avanzó un poco más hacia la precarización y avanzó un poco más hacia el futuro oscuro que se ve fundamentalmente para nuestra juventud”, manifestó. También expresó su decepción con legisladores de su espacio político que acompañaron la iniciativa. “Me siento muy decepcionado con quienes llegaron por nuestro espacio político de Tucumán, de Salta y de Catamarca”, señaló, y cuestionó las justificaciones brindadas. “Con el cuento de que los gobernadores le dieron la orden, a algunos le dolió la panza, a otro le llamó la mamá, otro le agarró ganas de pipí y terminaron votando a favor de este verdadero engendro o se abstuvieron”, afirmó. Críticas al oficialismo y estrategia futura Leiva sostuvo que el oficialismo “no dialoga” e “impone”. “El oficialismo no busca consensos, aprieta; el oficialismo no busca leyes que favorezcan al conjunto de la sociedad argentina, solamente le interesa generar las condiciones para unos pocos”, expresó. No obstante, indicó que continuará trabajando desde su espacio político. “Lo veo con preocupación, pero también con las convicciones y con la fuerza necesaria para seguir trabajando, para seguir poniendo nuestra voz en favor del Chaco y del país”, dijo. Agregó que, a su entender, el proceso “va a dejar secuelas muy duras para la sociedad argentina en general, para el Chaco en particular”. El legislador señaló que la iniciativa volverá al Senado y consideró que esa Cámara “seguramente tiene los números como para poder avanzar”. De cara al inicio del período ordinario el 1 de marzo, afirmó que seguirán planteando su postura. “Nosotros lo que al Chaco se refiere, vamos a estar siempre defendiendo los intereses de nuestra provincia”, indicó. También aseguró que están “siempre predispuestos” a colaborar con el gobierno provincial. “El actual gobernador nunca nos llamó, pero nunca es tarde, así que estamos aquí prestos a colaborar siempre con nuestra provincia. Si al Chaco le va bien, seguramente nos va a ir bien a todos”, sostuvo. Leiva recordó antecedentes como el tratamiento del DNU 70 y la Ley Bases, y afirmó que continuarán “poniendo el hombro” para insistir en que el rumbo adoptado “no conduce a buen puerto”. En ese sentido, señaló que quienes se consideren perjudicados “van a tener la posibilidad de ir a la Justicia, a no bajar los brazos, a estar en la calle” y afirmó que desde su espacio acompañarán esos reclamos. “Sepan que nosotros siempre van a encontrar a hombres y mujeres dispuestos a acompañarlos en la lucha”, concluyó.
El juez laboral Ariel Brest hizo lugar a una medida presentada por un grupo de exempleados y ordenó a la firma Alal depositar – en el Banco de Corrientes en un plazo de diez días – $142 millones para garantizar el pago del 50% de las indemnizaciones. La Justicia laboral dictó un revés para la empresa Alal en el marco del conflicto por los 260 despidos. El juez Ariel Brest hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por trabajadores y ordenó el depósito de una suma millonaria destinada a cubrir parte de las indemnizaciones adeudadas. Según la resolución judicial, la firma deberá depositar 142 millones de pesos en el Banco de Corrientes en un plazo de diez días, monto que garantizaría el pago del 50% de las indemnizaciones correspondientes. Embargo y garantía de pago El magistrado consideró acreditada la mora del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. En ese contexto, dispuso además el embargo de bienes de la compañía por el monto reclamado. La medida establece que, en caso de incumplimiento, los bienes embargados podrán ser rematados para asegurar que los trabajadores perciban al menos una parte de lo que les corresponde por ley. La empresa había comunicado a los empleados despedidos que abonaría solo el 50% de la indemnización prevista, pero hasta el momento no efectuó ningún pago, lo que motivó la intervención judicial. Reclamo en curso Si bien la resolución garantiza el cobro parcial, los trabajadores continuarán con el proceso judicial para reclamar el pago total de las indemnizaciones. El caso se inscribe en un contexto de alta conflictividad laboral y vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad empresarial frente a despidos masivos y el rol de la Justicia en la protección de los créditos laborales. Perfil Nea
En una semana corta, el dólar oficial bajó 25 pesos y cotizó este viernes 20 de febrero a $ 1.395. El blue, en tanto, bajó $ 10 y cotizó a $ 1.430. Por su parte, los dólares financieros suben levemente y se comercializan a $ 1.407,10 el MEP y $ 1.447,60 el CCL. Además, el dólar mayorista se vende a $ 1.396,50. Cotización del dólar oficial El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas. Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este viernes 20 de febrero cotiza en el Banco Nación a: Compra: $ 1.335Venta: $ 1.395 Cotización del dólar blue El precio del dólar blue sigue variando esta semana. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este viernes 20 de febrero de 2026, el dólar blue cotizó a: Compra: $1.410Venta: $1.430 Pese a esto, cabe recordar que este es sólo un valor de referencia, y que el precio final puede cambiar dependiendo del lugar y la persona con la que se realice la operación. Además, debido a su naturaleza informal, no existe una cotización oficial del dólar blue, por lo que los valores pueden diferir entre las distintas fuentes. Cotización del dólar MEP El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización se obtiene de la compraventa de bonos argentinos nominados en pesos y dólares, y este viernes 20 de febrero se negocia en $ 1.407,10. Cotización del dólar CCL El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación y sintió el impacto del anuncio de los Estados Unidos. Este viernes 20 de febrero de 2026 cotiza a $ 1.447,60. El Destape
Este viernes, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Redes de Salud- Este, llevó adelante un nuevo operativo de abordaje territorial en el barrio San Antonio, en la zona sur de Resistencia, con la participación de distintos programas y equipos de salud que acercaron servicios y atención directa a los vecinos. Durante la jornada se brindaron prestaciones vinculadas a la salud, controles preventivos, asesoramiento y acciones de promoción, en el marco de una estrategia de descentralización que busca acercar el Estado a los barrios. Federico Urrutia, médico veterinario del programa provincial “Dejando Huellas”, explicó que el operativo incluyó vacunación antirrábica, desparasitación y atención general para mascotas. “Estamos acompañando este abordaje territorial con distintas áreas del Gobierno, acercando también servicios veterinarios para quienes muchas veces no tienen acceso cercano a este tipo de atención. La convocatoria fue muy grande y muchos vecinos se acercaron con sus animales”, señaló. El profesional destacó además la importancia de estas acciones para la salud. “La vacunación antirrábica es fundamental, porque la rabia es una zoonosis que afecta tanto a los animales como a las personas. Por eso trabajamos con el concepto de una sola salud, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y el bienestar animal”, afirmó. En ese sentido, remarcó que este tipo de operativos permiten llegar a sectores alejados del centro de la ciudad y brindar asistencia a familias que, por distintas razones, no pueden trasladarse a centros veterinarios o espacios de atención. Por su parte, la directora de Odontología de la provincia, Luciana Corsi, quien participó junto al subsecretario de Salud Marcelo Ojeda, destacó la gran convocatoria registrada en el barrio y el trabajo preventivo que se realiza durante estas jornadas. “Estamos realizando controles odontológicos, certificados bucodentales y enseñando técnicas de cepillado. Además, entregamos cepillos y pasta dental a los chicos en el marco del programa de promoción de la salud bucal”, explicó. Corsi subrayó que la descentralización de los servicios es clave para facilitar el acceso a la atención. “Muchos vecinos, por falta de tiempo o movilidad, no pueden acercarse a los centros de salud. Por eso es importante que los equipos salgan al territorio, detecten problemas y orienten a las familias sobre los pasos a seguir”, indicó. Asimismo, explicó que durante los operativos se identifican casos que requieren tratamiento posterior, especialmente en niños con caries u otras afecciones bucales, quienes luego son derivados a los centros de salud para su atención. Desde la organización destacaron la importante participación de la comunidad y señalaron que estos operativos continuarán realizándose en distintos barrios, con el objetivo de fortalecer la prevención, mejorar el acceso a la salud y acompañar a las familias en su propio entorno.
El diputado nacional por Chaco, Guillermo Agüero, se refirió en CIUDAD TV a la aprobación de la reforma laboral en la Cámara baja. Sostuvo que el proyecto “avanza muchísimo en adecuar a los tiempos actuales” y destacó la eliminación del artículo 45, los incentivos a la formalización y las medidas para pymes. También cuestionó los episodios de agresividad durante la sesión y consideró que la iniciativa busca “generar mayor empleo” con reglas claras y estabilidad macroeconómica. Agüero se refirió al debate en el recinto y consideró lógico que existan diferencias ideológicas “donde se pueden confrontar ideas con vehemencia”. Sin embargo, marcó un límite respecto al clima de la sesión del jueves: “Lo que no es aceptable es cuando se pasa un nivel de agresividad o de descalificación o desacreditación que termina no solamente complicando una sesión, sino que termina generando en la gente en general una imagen un poco negativa del Congreso”. En ese sentido, aclaró que se trató de “un grupo pequeño de legisladores” y remarcó que “la gran mayoría estábamos escuchando con sumo respeto cada una de las posiciones”. Agüero afirmó que el debate debe darse “en consenso, en respeto al disenso y después al final tomar la decisión en la íntima convicción de que es lo mejor que uno entiende para el país y para los argentinos”. Cambios introducidos y trámite en el Senado Teniendo en cuenta que el proyecto ya fue girado a la Cámara alta, Agüero sostuvo que, según el “poroteo”, habría números para su aprobación. “Hoy se está girando ya al Senado, se va a dictaminar hoy y se trata la semana que viene antes del vencimiento del período extraordinario. En principio los números están dando para la aprobación”, señaló. Destacó que uno de los puntos que facilitó el acuerdo fue la eliminación del artículo 45, que modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo en relación con las licencias por enfermedad. “Rápidamente el Gobierno nacional lo dio de baja, entendió que era una cuestión de redacción que generaba controversia en temas como enfermedades terminales o enfermedades difíciles, complejas, enfermedades crónicas y se lo sacó”, indicó. Tras esa decisión, aseguró que “ahí se acompañó el proyecto desde las distintas bancadas aliadas”. Para Agüero, la norma representa una adecuación del marco jurídico vigente. “Es una ley que avanza muchísimo en adecuar a los tiempos actuales y dar un marco normativo a las relaciones laborales del siglo XXI”, afirmó. Recordó que el régimen vigente data de 1974 y que muchos convenios colectivos son de 1975. “Hay una cantidad de factores sociales, culturales, económicos que han transformado la relación laboral, fundamentalmente cambios tecnológicos, cambio en las relaciones de consumo y había que adecuar la normativa a los nuevos tiempos”, expresó. Planteó además que el proceso será dinámico: “Hay cosas que se van a ir trabajándolo año a año o un período de bienio porque acá aparecen fenómenos nuevos, disruptivos, tales como la inteligencia artificial que en los próximos años van a volver a reconfigurar una cantidad de relaciones laborales”. Según explicó, el objetivo central es “generar mayor empleo, mayores puestos de trabajo para los jóvenes y para los adultos” y brindar previsibilidad para que las empresas contraten. “Dar un marco normativo adecuado para que las empresas pierdan el miedo a contratar nueva gente, que es un fenómeno que se da sobre todo en las pymes”, sostuvo, y remarcó que Chaco tiene un amplio universo de empresas del sector. Incentivos y formalización El diputado detalló algunos de los instrumentos incluidos en la ley. Uno de ellos es el régimen de incentivo a la formalización laboral, que prevé para quienes incrementen su planta una reducción de entre el 80 y el 85% de las contribuciones patronales durante cuatro años. “Es una medida de fomento al empleo”, señaló. También mencionó beneficios para empleadores con trabajadores no registrados: “Quien tenga empleados en la informalidad tiene una disminución de más del 70% de todas las multas, sanciones, extinción de la acción penal y es un incentivo fuerte a incorporar esa persona a la formalidad”. Agüero remarcó que “tenemos más de 9 millones de argentinos en la informalidad” y que desde 2015 no crece el empleo registrado. “Hoy no le sirve ni al empleado ni al empleador esta cuestión. Se paga casi un sueldo y medio más; si se paga 1,5 el empleado recibe uno. No le sirve al empleador porque el costo es altísimo y no le sirve al empleado porque no le alcanza”, graficó. El legislador vinculó la reforma laboral con otras medidas orientadas a la actividad económica, como la apertura comercial y acuerdos internacionales. Señaló que se avanza en acuerdos como el de la Unión Europea-Mercosur y uno suscripto con Estados Unidos, aunque advirtió que deben implementarse “con muchísimo cuidado” para contemplar la especificidad de cada sector. Planteó que la reforma busca “dinamizar un poco más la microeconomía y mejorar los niveles de actividad económica, sobre todo en el interior profundo” y subrayó la necesidad de “desarrollar el sector privado”. Entre otras herramientas, mencionó el régimen de incentivo a las medianas inversiones (RIMI), destinado a proyectos de entre 150.000 y 9 millones de dólares, con mecanismos de amortización acelerada y devolución de IVA. Asimismo, sostuvo que la competitividad requiere estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación, baja de tasas de financiamiento y disminución de la presión impositiva. “En la provincia hicimos una fuerte baja de ingresos brutos”, indicó, y planteó que debe avanzarse en un esquema de reducción tributaria. “Un proceso gradual” Agüero remarcó que la reforma laboral no es una medida aislada. “No es la única medida que va a generar más empleo. Esto es en un marco de una serie de acciones que deben encararse”, afirmó. Reconoció que el impacto no será inmediato: “No es inmediato, es un primer paso y a partir de ahora se va a ir trabajando en los plazos que determina la ley y que se van a ir dando a partir de la reglamentación”. En ese marco, insistió en que
El Índice Líder que elabora la entidad busca anticipar los cambios de ciclos económicos, y marca que la actividad no tendrá el repunte previsto. La probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos 6 meses se ubica en 99%. Así surge de un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. Se trata de un indicador que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico que en enero registró una caída de 0,58% en su versión desestacionalizada. Según destaca el informe, el IL está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) “en una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos”. Los diez componentes del índice son: “La caída del IL de enero se atribuye principalmente a la disminución de los índices bursátiles, los índices de producción industrial y la recaudación de IVA en términos reales”, señaló el investigador de la casa de estudios, Martín González Rozada. Cuáles fueron los últimos datos oficiales de la actividad económica Los últimos datos que conocemos del INDEC relevan que, en el tercer trimestre de 2025, el PBI, en comparación con el período anterior, mostró un incremento de 0,3%, pero la medición previa, durante el segundo trimestre del año pasado, registró una leve contracción del 0,1% desestacionalizado frente al primer trimestre. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 0,4% y 0,3% en octubre y noviembre, respectivamente, siempre en comparación con el mes anterior. Los expertos señalan que sigue cayendo la actividad de sectores altamente relevantes para la actividad total y para el empleo, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio; y también se están estancando los salarios y sigue habiendo pérdida de puestos formales. Entonces se espera mayor estancamiento de la demanda que conduzca a un menor nivel de actividad. Ámbito
Una explosión se desató en la Escuela Superior de Gendarmería este viernes al mediodía en el barrio de Monserrat. Ocurrió luego de que personal de la institución manipulara un paquete que había llegado hace cuatro meses al lugar. Hay cuatro efectivos heridos. Fue este mediodía en el edificio donde se encuentra la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Grl Br D Manuel María Calderón en Paseo Colón al 500, cerca de la intersección con México. El comandante mayor retirado Diego Gasparutti se acercó al edificio para saludar a sus compañeros, ya que mañana es el aniversario de la creación de la Escuela Superior en 1957, y buscar parte de sus pertenencias. En el pasado, Gasparutti había sido director de la institución. Al subir al piso 11, le otorgaron una encomienda del tamaño de un libro y, en el camino, se encontró con el comandate mayor de apellido Morillo, ahora a cargo de la Escuela. Fue en medio de la conversación que Gasparutti abrió el paquete. Estalló instantáneamente, producto de la apertura del envoltorio. Junto a la encomineda se encontraban otros dos paquetes que también fueron recibidos, pero no se abrieron. Sin embargo, más tarde fueron analizados por la Policía Federal, que realizó una inspección preventiva en el lugar, y concluyó que no tenían explosivos. A las 13.24 llamaron al Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME), que atendió a los cuatro heridos. Gasparutti y Morillo fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. En tanto, el tercer herido recibió control clínico en el lugar y el cuarto fue asistido con oxígeno. Todos se encuentran fuera de peligro. Un gran operativo se realizó en la cuadra de parte de la Policía de la Ciudad, que perimetró la zona. En tanto, la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal se presentaron en el lugar. En total se evacuaron a 320 personas: 120 del edificio de Paseo Colón al 533 y 200 del edificio contiguo de la misma calle al 525. El corte de calle generó demoras en la zona, principalmente en las avenidas Belgrano e Independencia. La escuela de la GNA es el lugar donde los gendarmes, que son oficiales, hacen los cursos para ascender dentro de la carrera de Gendarmería. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se acercó a las inmediaciones, donde estuvo aproximadamente 20 minutos. La Nación
El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia, Julio Ferro, se refirió a la puesta en marcha del régimen de Retiro Voluntario Móvil destinado a agentes de la administración pública provincial. Según explicó, el sistema ya se encuentra plenamente operativo y puede ser consultado a través de la plataforma digital del Estado. La medida alcanza a trabajadores de la administración central y descentralizada que cuenten con al menos 10 años de aportes en el Estado provincial. Para conocer las condiciones y realizar el cálculo estimado del beneficio, los agentes deben ingresar al aplicativo disponible en la plataforma Tu Gobierno Digital, donde el sistema permite simular el monto que correspondería según la edad, la antigüedad y los aportes realizados. En ese sentido, detalló que el beneficio contempla porcentajes que van desde el 50% hasta el 75% del salario, dependiendo de la edad y los años de servicio del agente en la administración pública. De esta manera, quienes opten por el retiro podrán continuar percibiendo una remuneración mensual, mantener su cobertura social y seguir realizando aportes hasta alcanzar las condiciones necesarias para acceder a la jubilación ordinaria. El ministro señaló que la iniciativa busca brindar a los trabajadores la posibilidad de iniciar una nueva etapa personal o laboral, al tiempo que permite al Estado provincial avanzar en un proceso de reorganización y optimización de recursos dentro de la administración pública. Asimismo, indicó que el interés por el programa ha sido significativo desde su anuncio, con numerosas consultas de agentes de distintos organismos del Estado. Incluso, explicó que la normativa prevé que otras jurisdicciones puedan adherirse al régimen, siempre que así lo dispongan sus respectivas áreas. En cuanto a las excepciones, el funcionario aclaró que el régimen no alcanza al escalafón docente ni al personal policial, debido a que cuentan con sistemas y regímenes propios. En el caso del sistema de salud, explicó que en principio el personal que cumple funciones asistenciales directas no está incluido, salvo que el Ministerio de Salud determine de manera fundada que se trata de áreas que no resultan críticas. Finalmente, desde el Gobierno provincial invitaron a los agentes interesados a ingresar al sistema digital para informarse y evaluar su situación particular, destacando que se trata de una herramienta pensada para acompañar a los trabajadores y, al mismo tiempo, fortalecer el ordenamiento del Estado.
El mandatario republicano dijo que aplicará una normativa interna que le permitiría sortear la negativa del máximo tribunal estadounidense. Se excusó en el artículo 122 de la ley de Comercio de 1974, el cual, según dijo, le permitirá aplicará por un período de 150 días los nuevos aranceles, que se sumarán a los valores que regían hasta ahora. El presidente de EE.UU, Donald Trump, anunció este viernes un nuevo arancel a la importación de productos en busca de sortear el fallo de la Corte Suprema estadounidense. La tarifa será del 10% y se aplicará “en general” a todos los productos que provengan del extranjero. El republicano se excusó en el artículo 122 de la ley de Comercio de 1974, el cual, según dijo, le permitirá aplicará por un período de 150 días los nuevos aranceles, que se sumarán a los valores que regían hasta ahora. La ley permite al presidente estadounidense imponer tarifas de hasta el 15% durante un máximo de 150 días sobre aquellos países con problemas “graves y importantes” de balanza de pagos. Asimismo, no le exige al Poder Ejecutivo investigaciones ni tampoco obliga a tomar otras limitaciones procedimentales. “Tenemos alternativas, grandes alternativas”, dijo Trump tras el fallo y agregó: “Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello”. “Con vigencia inmediata, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los aranceles existentes bajo la Sección 301 permanecen vigentes”, señaló el magnate en una conferencia de prensa en la que añadió: “Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de nuestros aranceles normales ya vigentes”. A su lado,, el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Lee Greer, confirmó que además de la sección 122 evalúan otras opciones. “Tenemos muchas herramientas disponibles. Tenemos la Sección 122, que se firmará hoy… Tenemos investigaciones de la Sección 301… vamos a seguir abordando esto para que el déficit pueda continuar bajando”, dijo. Respecto del fallo, Trump lo calificó de “profundamente decepcionante” y apuntó contra los seis jueces que votaron en su contra. “Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte por no tener la valentía de hacer lo correcto para nuestro país”, dijo. Ámbito
Aceiteros, UOM, ATE, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos le reclamarán a la central obrera una mayor medida de fuerza contra la reforma laboral. También apuntan contra los senadores y diputados que llegaron a sus bancas en boletas del justicialismo y “en contra de MIlei” y que ahora “traicionaron” a su electorado al apoyar una de sus principales iniciativas. Horas después de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, pidió “profundizar el plan de lucha” de la CGT y aadelantó que el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) le pedirá a la central obrera que “convoquen a un paro de 36 horas” cuando el Senado trate la iniciativa. El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, fue en esa sintonía y desafió: “Si el gobierno espera espera que los trabajadores nos resignamos, eso no va a pasar”. “Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, señaló Yofra en declaraciones a FM Re. El frente está integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras. En esa sentido, siguió: “Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”. La reforma laboral ya tiene dictamen en Senado y sería ley el próximo viernesPara el dirigente, el proyecto aprobado por la medianoche anula la posibilidad de “defenderse” a los sindicatos, en medio de un contexto de creciente conflictividad gremial y social. “Nos quita la posibilidad de defendernos, de poder hacer una huelga, una asamblea. También afecta a cada trabajador con el fraccionamiento de las vacaciones, el banco de horas y el fin de las horas extra”, agregó. Yofra también apuntó contra los senadores y diputados que llegaron a sus bancas en boletas del justicialismo y “en contra de MIlei” y que ahora “traicionaron” a su electorado al apoyar una de sus principales iniciativas. “La traición de los senadores y diputados que decían que iban a ir en contra de Milei y ahora no sólo no fueron contra Milei sino que fueron contra los trabajadores”, planteó. Y luego siguió: “No culpo al que votó a Milei porque los políticos son encantadores de serpientes. Si votaste a Alberto Fernández, a Cristina, a Macri no importa, salí a pelear por tu clase. Tenemos el 90% de los trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza”. Por su parte, Aguiar destacó que con la medida de fuerza de este jueves “quedó demostrado que el pueblo argentino quiere luchar” y resaltó que la reforma laboral “es criminal” y que “atenta con la constitucional nacional”. No reparó en llamar “delincuentes” a los funcionarios del gobierno nacional y reflexionó: “Ni siquiera en la dictadura existió”. En diálogo con El Destape 1070, el dirigente gremial se refirió al reclamo por una medida de fuerza que llegue al día y medio y al respecto cargó: “Si el gobierno espera espera que los trabajadores nos resignamos, eso no va a pasar. Paro de 36 horas de los sindicatos que integran el FRESU para mantener el plan de lucha”. El Destape
Será una nueva obra financiada con recursos provinciales provenientes de las subastas. El Gobierno del Chaco avanza en la refacción integral del Centro Odontológico Santa Apolonia, ubicado en el barrio Provincias Unidas de Resistencia, con el objetivo de transformarlo en un centro de referencia provincial y único en la región para la atención odontológica de personas con discapacidad, especialmente con neurodivergencias. El anuncio lo realizó este viernes el gobernador Leandro Zdero, acompañado por la Secretaria General de Gobierno, Carolina Meiriño; el ministro de Salud Sergio Rodríguez; la presidente del IPRODICH, Ana Mitoire y el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Nocenti. Este establecimiento había sido cerrado en 2024, luego de que una inspección de Arquitectura Hospitalaria detectara serios problemas de infraestructura edilicia que comprometían la seguridad. A partir de esa evaluación, se decidió avanzar en un proceso de recuperación y puesta en valor del edificio, redefiniendo además su perfil y función dentro del sistema sanitario provincial. El proyecto contempla la creación de un espacio especializado que se integrará al Programa de Abordaje Odontológico para Personas con Discapacidad, que la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud viene desarrollando desde hace un año y medio. La iniciativa apunta a cubrir uno de los principales vacíos en la odontología a nivel nacional: la atención específica y adaptada para personas con discapacidad. La propuesta incluye la conformación de una red provincial de profesionales capacitados en las distintas regiones sanitarias, un centro de referencia -que será el Santa Apolonia- y el fortalecimiento de la atención en hospitales claves como el Hospital Odontológico de Resistencia, el Hospital Odontológico de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Hospital Perrando y el Hospital Pediátrico. Actualmente, 30 odontólogos integran la Red Provincial, quienes recibieron capacitación específica durante 2025. En esta etapa, el equipo de referencia atiende a personas con discapacidad en el Hospital Odontológico de Resistencia, y una vez finalizadas las obras se trasladará al renovado Santa Apolonia. Las refacciones contemplan criterios de accesibilidad y la construcción de 5 consultorios odontológicos tradicionales, además de 1 consultorio de mayores dimensiones especialmente adaptado para pacientes con discapacidad motriz. Asimismo, se incorporan equipamientos y técnicas específicas como la sedación consciente con óxido nitroso, convirtiendo a Chaco en la primera provincia del país en contar con este equipamiento y con 6 odontólogos capacitados para su utilización en el sistema público. El Gobierno provincial con este nuevo espacio fortalece una política pública orientada a garantizar el acceso a la salud bucal con enfoque inclusivo, ampliando derechos y generando respuestas concretas para una población históricamente postergada.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Fernando Adrián Ayala, quien se encuentra detenido desde abril de 2025 en el marco de una causa por asociación ilícita fiscal y lavado de activos. Los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Fabián Cardozo, consideraron que los riesgos procesales persisten y que no se acreditaron las circunstancias excepcionales que justificarían la medida, pese al impacto emocional que la detención genera en sus hijos menores. Ayala está privado de su libertad desde el 23 de abril de 2025 y ha sido requerido a juicio por los delitos de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe, en concurso real con lavado de activos en calidad de autor. La audiencia preliminar se llevó a cabo el 20 de octubre de 2025 y la causa se encuentra en etapa de admisión de pruebas para el debate oral y público. El pedido de la defensa El defensor particular de Ayala, Pablo Vianello, había solicitado el cese de la prisión preventiva o, en subsidio, la concesión del arresto domiciliario como medida de morigeración de la detención, argumentando que los riesgos procesales se encontraban sustancialmente atenuados. La defensa invocó el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y el test de proporcionalidad, y afirmó que existían alternativas menos lesivas aptas para asegurar los fines del proceso. En su presentación, el letrado destacó que su representado posee arraigo suficiente con domicilio estable en Resistencia, donde reside junto a su esposa e hijos menores, y que durante toda la tramitación del proceso mantuvo una conducta procesal irreprochable, compareciendo ante cada requerimiento judicial sin registrar intentos de fuga ni de entorpecimiento. Respecto a la prisión domiciliaria, fundó su pretensión en el principio del interés superior del niño, alegando que la continuidad del encierro intramuros genera una afectación psicoemocional severa en los hijos del imputado, vinculada a la ausencia paterna. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas de la Unidad de Información Financiera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se opusieron al pedido. El fiscal sostuvo que la gravedad del delito y la expectativa de pena constituyen parámetros válidos para presumir que el encausado intentará eludir la acción de la justicia, y advirtió que Ayala posee los medios técnicos y económicos necesarios para trasladarse y sustraerse del proceso, riesgo potenciado por la proximidad geográfica de la zona a una frontera nacional. El Ministerio Público Pupilar dictaminó por la prisión domiciliaria El tribunal dispuso la realización de un informe socioambiental en el domicilio del encausado y dio intervención al Ministerio Público Pupilar. El informe social reveló que la familia reside en un departamento propio con todos los servicios básicos, pero que los ingresos mensuales de la esposa resultan insuficientes para cubrir los gastos del grupo, acumulando deudas tras la detención de Ayala. También se informó que los menores quedan solos parte del día debido a la jornada laboral de la madre, sin contar con una red de apoyo familiar. El Ministerio Pupilar se expidió a favor de la concesión de prisión domiciliaria, considerando que la detención había impactado negativamente en la economía y el bienestar emocional de los hijos, quienes carecen de cuidado parental durante la jornada laboral materna. No obstante, tanto la fiscalía como las querellas mantuvieron su postura negativa, argumentando que no habían surgido circunstancias nuevas que modificaran sustancialmente la situación evaluada anteriormente. El interés superior del niño “no posee carácter absoluto” Al analizar el caso, los jueces Enrique Bosch, Fabián Cardozo y Juan Iglesias señalaron que la prisión domiciliaria constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la privación de libertad y no un derecho subjetivo automático del imputado, debiendo verificarse en cada caso la concurrencia de circunstancias concretas que tornen incompatible la detención intramuros con la protección efectiva de derechos fundamentales. En cuanto al interés superior del niño, el tribunal sostuvo que si bien constituye un principio rector de jerarquía constitucional, no posee carácter absoluto ni desplaza de manera automática una medida cautelar legítimamente dispuesta, debiendo ser ponderado en armonía con los fines del proceso penal. Del informe del Ministerio Pupilar surgió la existencia de un impacto emocional derivado de la ausencia del progenitor, pero los jueces concluyeron que tales constancias no acreditan que la presencia del imputado resulte indispensable o insustituible para el cuidado de los menores, sino únicamente beneficiosa desde el plano emocional. El tribunal destacó que los menores se encuentran bajo el cuidado de su progenitora, asisten a actividades escolares y religiosas, cuentan con acompañamiento psicológico y poseen contención familiar e institucional, no registrándose indicadores de abandono, desprotección ni vulneración grave de derechos. “La existencia de hijos menores no impone por sí sola la concesión de la prisión domiciliaria, en tanto el imputado no resulta el único referente afectivo ni el cuidador exclusivo, existe otro adulto responsable a cargo y el impacto que la detención genera, aunque relevante, no configura un daño grave, actual e irreparable a los derechos del niño”, sostuvieron los magistrados. Por otra parte, los jueces consideraron que persisten riesgos procesales concretos de fuga y entorpecimiento no neutralizados por la modalidad domiciliaria. La proximidad del juicio oral, la gravedad de la imputación, la eventual imposibilidad de acceder a una condena condicional y las restricciones para obtener beneficios de ejecución incrementan el riesgo de elusión de la acción de la justicia. Además, señalaron que la elevación a juicio no elimina el peligro de entorpecimiento, dado que subsiste la posibilidad de influencia indebida sobre la prueba pendiente de producción, en especial respecto de los testigos.
El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario. Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda. En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial. En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos. Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo. En su opinión, los tres jueces consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones pues consideran que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplica en este caso. Otras vías para los aranceles de Trump Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes. Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares. Trump ha insistido en que sería «muy decepcionante» que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones. También ha reconocido que sería «prácticamente imposible» devolver los cantidades cobradas a los importadores. El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados «aranceles recíprocos», que oscilan entre el 50 % que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica. El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU. Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo. EFE
El gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, aseguró que desde 2023 el Municipio de Sáenz Peña operaba con inversiones no garantizadas. Aclaró que la Bolsa solo actúa como intermediaria y que el autorizado para administrar la cuenta del Municipio es el secretario de Gobierno. La entidad se puso a disposición de la justicia. La Bolsa de Comercio del Chaco salió este viernes a aclarar que las operaciones financieras no garantizadas realizadas con fondos del Municipio de Sáenz Peña se venían realizando desde el año 2023 y que era el secretario de Gobierno Municipal quién administraba la cuenta del Municipio y decidía en qué instrumentos invertir. A la par, recalcaron que la entidad, en su calidad de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCS) solo se limitó a actuar como intermediario y que pondrán toda la documentación a disposición de la justicia provincial. Fue en respuesta a las fuertes declaraciones realizadas ayer por el intendente Bruno Cipolini contra la conducción de la Bolsa de Comercio del Chaco por presuntas irregularidades en la inversión de fondos municipales en operaciones financieras no garantizadas, que habrían derivado en la pérdida de más de 1500 millones de pesos de las arcas municipales. En una conferencia de prensa de la que participó la plana mayor de la Bolsa de Comercio del Chaco, el vocero fue su gerente general, Julio Barrios Cima, quién buscó llevar tranquilidad a sus clientes e inversores destacando que la institución está “formada de muchísimos logros y reconocimientos, tanto a nivel provincial como nacional”. Sobre el caso puntual del Municipio de Sáenz Peña, Barrios Cima explicó que “la cuenta comitente de la Municipalidad operaba mediante un profesional que era autorizado por parte de la Municipalidad, que revestía el carácter de asesor financiero certificado por el Instituto Español de Analistas Financieros y que a su vez revestía el carácter de Secretario de Gobierno de la Municipalidad”. “Es la persona idónea que administra la cuenta comitente de la Municipalidad, a su vez es la persona que decide qué instrumentos invertir. La Bolsa en este sentido se limitaba como intermediario a gestionar las instrucciones de este autorizado en el mercado, un intermediario entre este asesor financiero y los distintos mercados”, precisó. El gerente general de la BCCh reveló que “la Municipalidad opera desde el año 2023 instrumentos no garantizados, vale decir que prácticamente hace dos años y meses que la Municipalidad llevaba adelante este tipo de operaciones, no es reciente”. En ese contexto, graficó que en el último trimestre de 2025 el rendimiento de una operatoria no garantizada duplicó al de un plazo fijo, una operatoria considerada “conservadora” y de nulo riesgo. Piden “prudencia comunicacional” al intendente Cipolini Por su parte, el vocal Ricardo Khayat reclamó “prudencia comunicacional” al intendente Cipolini y aseguró que “en la Bolsa de Comercio del Chaco hay mucha gente, muchos inversores, hay mucho sueño, mucho trabajo, mucho ahorro y confianza cuesta por muchas familias chaqueñas y de todo el país que acuden a la Bolsa para cuidar sus ahorros y no merecen este tipo de declaraciones”, señaló. Con respecto a los otros inversores que “conocían los riesgos y naturalmente se interesaron y apostaron por una tasa como la que se encontraba, el doble de un plazo fijo, vamos a acompañarlos en todo lo posible para que recuperen sus inversiones a pesar de esa elección”. “Todo lo que podamos hacer desde la Bolsa para que eso ocurra dentro del marco normativo porque nos movemos dentro de un marco normativo que nos genera la Comisión Nacional de Valores, lo vamos a hacer”, puntualizó, e informó sobre una serie de medidas preventivas para tratar de que sus clientes recuperen sus inversiones. También reveló que, hace casi prácticamente 10 días, desde la conducción de la Bolsa de Comercio del Chaco se presentó “una denuncia penal en la justicia provincial, en la Fiscalía 1, llevándola en ese momento y aportando una serie de información y documentación relevante para esta operatoria, y poniéndonos a disposición de la justicia para que clarifique esto”. Urturi: “Totalmente a disposición de la Justicia” El asesor legal de la Bolsa de Comercio, Ricardo Urturi, precisó que la denuncia de la comisión directiva de la entidad quedó radicada en la Fiscalía Nº 1 de Resistencia, a cargo de la fiscal Ingrid Wenner, a la que se suman las denuncias del Municipio de Sáenz Peña, en la Fiscalía Nº 3 de esa localidad, y otra presentación ante la Fiscalía Federal de Resistencia. En ese contexto, el abogado aseguró que se pondrán “todos los papeles que pida la justicia”. “Acá hay transparencia, eso es lo que quiere comunicar este Directorio, que está totalmente a disposición de la justicia, de los inversores”, aseveró. Aclaró, no obstante, que “parte de la documentación para ser entregada tiene que justamente ser requerida por el Poder Judicial, en virtud de que rige el secreto bursátil, es decir, lo mismo que el secreto bancario o el secreto fiscal, y por esto es que por ahí no se puede brindar a la prensa respecto de toda esta documentación respaldatoria de todas las operaciones”.
El máximo tribunal penal del país suspendió el trámite de un planteo en una causa por apropiación indebida de recursos previsionales y ordenó analizar si, tras la entrada en vigencia de la nueva norma impulsada por el gobierno de Javier Milei, los hechos dejaron de ser delito. La Cámara Federal de Casación resolvió este jueves que deberá revisarse la condena impuesta al responsable de una empresa por apropiación indebida de aportes a la seguridad social, luego de la entrada en vigencia de la nueva ley 27.799 de “inocencia fiscal”. En consecuencia, el tribunal suspendió por unanimidad el trámite de un recurso presentado por la defensa y ordenó que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 analice si, con los nuevos montos mínimos fijados por la reforma, los hechos que motivaron la condena dejaron de ser delito. La decisión fue adoptada por la Sala III de la máxima instancia penal del país al intervenir sobre la sentencia impugnada que había declarado penalmente responsable al directivo de la firma y a la propia sociedad por no depositar, dentro del plazo legal, los aportes previsionales descontados a sus empleados. Qué ocurrió en el caso La causa examinó 29 períodos fiscales mensuales comprendidos entre enero y noviembre de 2012, y entre diciembre de 2013 y mayo de 2015. Según se tuvo por probado durante el juicio, la empresa -en su carácter de agente de retención- descontó de los salarios de sus trabajadores los aportes correspondientes al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), pero no los ingresó dentro del plazo de diez días hábiles administrativos previsto por la ley. La sentencia apelada sostuvo que “durante los períodos examinados (…) la sociedad tuvo en su poder fondos adicionales al monto de los salarios del personal (…) y no se depositaron los aportes como consecuencia de una decisión orientada a que esos fondos fuesen destinados a otras obligaciones comerciales de la entidad”. Los montos retenidos en cada uno de esos 29 períodos oscilaron entre aproximadamente $400.000 y $1.420.000 mensuales, en algunos casos acompañados por sumas adicionales superiores a los $100.000 o $200.000. El fallo detalló cifras concretas como $537.852,24; $900.222,96; $1.086.908,76; y $1.420.380,17, entre otras. El tribunal oral consideró acreditado que en cada período “se practicaron las retenciones (…) se presentaron las declaraciones juradas (…) y se omitió el depósito de aquellas dentro del término de diez días hábiles administrativos”, concluyendo que la decisión de no ingresar los fondos “fue renovada período a período”. La responsabilidad del directivo y de la empresa La condena alcanzó al responsable de la firma, a quien el tribunal describió como quien adoptaba las decisiones centrales del funcionamiento societario. Según la sentencia impugnada, era quien dirigía la empresa y definía la utilización de los recursos. El fallo sostuvo que el imputado conocía “la condición de agente de retención que tenía la sociedad (…) la obligación de depositar ante el Fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; y (…) la falta de depósito de las sumas retenidas en los períodos en cuestión”. También se descartó que existiera imposibilidad económica. Los peritajes incorporados indicaron que la empresa presentaba índices de liquidez superiores a la unidad, incrementos en activos y saldos significativos en caja y bancos, además de haber realizado inversiones en capital de trabajo y equipamiento. La propia empresa fue declarada penalmente responsable como persona jurídica, al considerarse que los hechos fueron cometidos “en nombre y con la intervención de la mencionada sociedad”. En la misma causa también había sido imputada otra integrante de la firma, cuya responsabilidad fue analizada en relación con la administración societaria. El tribunal en lo penal económico decidió absolverla y Casación rechazó el recurso interpuesto contra esa decisión. El cambio legal que modifica el escenario El eje de la resolución de Casación fue la entrada en vigencia de la ley 27.799, conocida como ley de “inocencia fiscal”, publicada el 2 de enero de 2026 e impulsada por el gobierno de Javier Milei, junto con su Decreto Reglamentario 93/26. La reforma modificó el Régimen Penal Tributario y elevó de manera sustancial los montos mínimos para que determinadas conductas sean consideradas delito. En el caso de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, el nuevo umbral es de $3.500.000 por mes. Los montos analizados en esta causa -que van de aproximadamente $400.000 a $1.420.000 mensuales- se encuentran por debajo de ese nuevo piso legal. En ese marco, el camarista Juan Carlos Gemignani, quien abrió el acuerdo de la Sala III de Casación, sostuvo que la sanción y promulgación de la ley de “inocencia fiscal” elevó los umbrales punitorios y se volvió más benigna que el régimen tributario anterior. Señaló además que, dado que “los montos supuestamente retaceados al Fisco Nacional (…) resultan inferiores a los tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) mensuales establecidos como condición objetiva de punibilidad (…) ha de concluirse que la conducta ventilada ya no configura el delito en cuestión”. En esa línea, recordó la doctrina de la Corte Suprema en los precedentes “Palero” y “Vidal”, según la cual corresponde aplicar retroactivamente la ley penal más benigna cuando una reforma excluye la relevancia penal del hecho. El juez Carlos Mahiques adhirió a la solución propuesta por su colega y, al exponer su posición, remarcó que la Corte Suprema, en el caso “Vidal”, se pronunció de modo diferente al criterio que él había sostenido previamente, pero que, por razones de coherencia institucional, celeridad y economía procesal, correspondía conformar la decisión a la doctrina del máximo tribunal. Por su parte, el camarista Mariano Borinsky también coincidió en la aplicación retroactiva de la ley 27.799. Al respecto, recordó que el 2 de enero de 2026 entró en vigencia la norma, luego reglamentada por el Decreto 93/26, y que el nuevo régimen fijó en $3.500.000 mensuales el monto mínimo para configurar el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. En ese contexto, afirmó que las conductas atribuidas -por sumas inferiores a ese umbral- “han dejado de ser delito”, en consonancia con la doctrina fijada