Autor: Redacción General

Con esta variación, en el primer trimestre la actividad económica fue 1,7% superior a la del mismo período del año pasado. Aun así, la economía sigue mostrando la disparidad sectorial, que se traslada a la regional y se refleja en los malos datos de empleo. Asimismo, respecto del trimestre previo, la economía avanzó 0,3%. Desde la consultora Equilibra resaltaron que dicha mejora fue “liderada por las actividades primarias, que crecieron 6,2%”, mientras que las no primarias (excluyendo impuestos neto de subsidios) mejoraron 0,2%, aunque continúan en niveles similares a los de principios de 2025. En términos interanuales, el indicador avanzó 5,5%. El mayor impulso provino del agro, que creció 17,9% respecto del mismo mes del año pasado. Detrás, en orden de relevancia, le siguieron la industria manufacturera (+4,6%), que había tenido un muy mal marzo de 2025, el sector de petróleo y minería (+16,3%) y el de transporte y comunicaciones (+4,7%). Ámbito

El responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación Barbechando, Santiago Ricca, analizó en CIUDAD TV el impacto del acuerdo Mercosur–Unión Europea, el debate por la ley de semillas y el trabajo que realizan con legisladores nacionales para acercar información técnica sobre el sector agropecuario. Además, destacó su visita a Chaco y el intercambio con productores y sociedades rurales. El responsable de Relaciones Internacionales de la Fundación Barbechando, Santiago Ricca, visitó la provincia del Chaco en el marco de jornadas vinculadas al programa “Chaco se potencia con el agro”, donde mantuvo encuentros con productores y sociedades rurales para abordar el acuerdo Mercosur–Unión Europea, el debate por la ley de semillas y el trabajo legislativo vinculado al sector agropecuario. Ricca recordó que la fundación surgió en 2008, tras el conflicto por la Resolución 125, cuando un grupo de productores decidió sostener un vínculo permanente con el Congreso de la Nación para seguir de cerca las iniciativas que impactan sobre el agro. “Barbechando nace allá por el 2008 con la 125. Varios de los productores que cortaron la calle y fueron al Congreso dijeron: ‘Esto lo tenemos que seguir haciendo porque no sabemos si mañana puede volver una ley que afecte al agro’”, relató. Según explicó, la organización se institucionalizó en 2011 y desde entonces trabaja en el vínculo con legisladores nacionales para acercar información técnica y sectorial. “Siempre decimos que los legisladores vinculados directamente al agro nunca han superado los 20. Entonces, si nosotros queremos defender al agro o promover leyes, siempre se necesita mayoría. Nuestro trabajo está en dialogar también con legisladores urbanos o que no conocen el sector”, señaló. Ricca indicó que parte de esa tarea consiste en organizar jornadas informativas para que los representantes legislativos comprendan el impacto que determinadas normas pueden tener sobre las economías regionales y la producción. “Lo que les mostramos es la importancia del agro para su provincia y para la Argentina, para que al momento de votar leyes sepan el impacto que tienen”, sostuvo. Ley de semillas y debate legislativo Uno de los temas abordados durante la entrevista fue la discusión en torno a la ley de semillas, cuyo tratamiento volvió a escena a partir de acuerdos internacionales y modificaciones vinculadas a derechos de propiedad intelectual. Ricca recordó que el último intento de actualización legislativa ocurrió en 2018, aunque no prosperó. “Ingresaron desde 2018 a la fecha varios proyectos para modificar la ley de semillas, algunos con más regulación y otros menos, dependiendo de la ideología de quien lo presentaba”, indicó. En ese marco, explicó que el tema volvió a cobrar impulso a partir de acuerdos internacionales que contemplan compromisos legislativos sobre propiedad intelectual y regalías. Sin embargo, aclaró que desde la fundación no fijan posiciones cerradas sobre las distintas alternativas. “Nosotros no tomamos postura por sí o por no de ninguna de estas vías, pero sí analizamos el impacto de aprobarlas. Nuestro trabajo es transmitir información a los legisladores sobre las posibilidades de modificar la ley de semillas y sus consecuencias”, afirmó. También señaló que uno de los puntos centrales del debate es el denominado “uso propio” de semillas, actualmente permitido, y cómo podría mantenerse ante eventuales cambios regulatorios. “Son temas que tienen un impacto a largo plazo y hay que intentar informarse lo mayor posible antes de tomar una decisión”, remarcó. El acuerdo Mercosur–Unión Europea, eje de las charlas en Chaco Durante su paso por la provincia, Ricca participó de encuentros en la Sociedad Rural de General San Martín y en Villa Ángela, donde el foco estuvo puesto en el acuerdo Mercosur–Unión Europea, que volvió al centro del debate luego de que el Parlamento Europeo resolviera someterlo a una revisión legal. “El objetivo de la charla fue contar un poco qué pasó con el acuerdo, por qué tardó 30 años y qué oportunidades abre”, explicó. El referente de Barbechando consideró que la implementación gradual del convenio puede representar una oportunidad para productores del interior, especialmente en sectores como la apicultura, la ganadería y la agricultura. “Esto es una muy buena oportunidad que se abre. El acuerdo empezó el 1 de mayo y es incremental: el primer año se abren pequeños cupos y bajan algunos aranceles, pero en cinco años esos cupos se multiplican”, indicó. En ese sentido, puso como ejemplo la exportación de miel y huevos, y señaló que las provincias también pueden proyectar estrategias de inserción internacional. “Lo que pasó en Entre Ríos con la miel o con los huevos puede aprovecharse también desde Chaco. Hay una necesidad de planificar y trabajar con sociedades rurales, cooperativas y ministerios de Producción”, expresó. Ricca también remarcó la necesidad de pensar políticas públicas de largo plazo. “Hay cosas del acuerdo que recién se van a terminar de implementar en 2041. Esto excede gobiernos nacionales y provinciales. Pensar políticas a largo plazo es algo de lo que hace mucho no se habla en Argentina”, afirmó. Sobre su visita a la provincia, el dirigente destacó el vínculo con productores y el potencial del territorio chaqueño. “Muy sorprendido por la calidad de los productores y de las instituciones. Conocí poco, pero Chaco tiene un potencial enorme que ya está en marcha”, concluyó.

La Justicia Federal de Resistencia ordenó este jueves la inmediata libertad de Raúl Celestino “Tiso” Talavera, el dirigente social que permanecía detenido en el marco de una causa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. La disposición fue comunicada a las 14:30 por el Departamento Lucha Contra la Trata de Personas de la Policía del Chaco, luego de recibir un oficio del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza federal Zunilda Niremperger . Según el parte oficial, Talavera fue notificado de su libertad en la causa caratulada “Talabera Raúl y Leyes Andrea Eugenia s/ infracción art. 145 ter e infracción art. 145 bis”, vinculada a delitos contemplados en la Ley 26.842 de prevención y sanción de la trata de personas. Desde la fuerza policial precisaron además que el dirigente fue examinado por un médico policial antes de recuperar la libertad. Hace menos de dos meses le habían rechazado la excarcelación La decisión judicial marca un giro importante en el expediente, ya que el pasado 26 de marzo la Cámara Federal de Resistencia había confirmado la prisión preventiva de Talavera y rechazado un pedido de excarcelación presentado por su defensa. En aquella resolución, la Sala Penal N°2 había considerado que existían riesgos procesales, especialmente por la gravedad del delito investigado y por la etapa inicial de la causa. También había descartado alternativas como la prisión domiciliaria o el uso de tobillera electrónica. Uno de los argumentos centrales del fallo había sido la necesidad de proteger la declaración de la presunta víctima y evitar posibles interferencias en la investigación. La denuncia que originó la causa Talavera había sido detenido el 26 de febrero, luego de presentarse junto a una mujer ante el Departamento de Investigaciones Complejas tras conocer que existía una orden de captura en su contra. La investigación se inició por la denuncia de una mujer de 45 años que aseguró haber vivido durante cuatro años en la vivienda del dirigente social realizando tareas domésticas y cuidado de menores sin recibir salario. Según consta en la causa, la denunciante afirmó además que terceros administraban su pensión por discapacidad y que no podía disponer libremente de su tiempo. La causa se encuentra encuadrada en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. Libertad Digital

La Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, emitió este jueves una opinión consultiva histórica en la que concluyó que el derecho a huelga está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ratificó que el derecho a huelga está protegido por el Convenio 87 sobre Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La resolución consolida años de antecedentes de organismos internacionales y refuerza uno de los derechos centrales de los trabajadores a nivel global. Qué dice el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el derecho a huelga La Corte Internacional de Justicia (CIJ), máximo tribunal de Naciones Unidas, emitió este jueves una opinión consultiva histórica en la que concluyó que el derecho a huelga está protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el tratado internacional sobre libertad sindical adoptado en 1948. El pronunciamiento responde a una consulta formal realizada por la propia OIT en medio de una larga disputa entre representantes sindicales y empresariales sobre si el convenio reconocía explícitamente ese derecho. La CIJ sostuvo que, aunque el Convenio 87 no menciona expresamente la palabra “huelga”, la protección surge de la interpretación integral del tratado, especialmente de los artículos vinculados a la libertad de asociación y a la facultad de los sindicatos de organizar sus actividades y programas. Según el tribunal, el derecho de huelga puede encuadrarse dentro de las “actividades” legítimas de las organizaciones sindicales y forma parte de la defensa de los intereses de los trabajadores. La Corte concluyó que: “La protección del derecho a huelga está comprendida dentro de la protección de la libertad sindical prevista por el Convenio 87”. Sin embargo, el tribunal aclaró que su decisión no define el contenido exacto del derecho, ni sus límites o modalidades de ejercicio, cuestiones que continúan bajo regulación de las legislaciones nacionales y de otros mecanismos de la OIT. El origen del conflicto La disputa dentro de la OIT llevaba más de una década y enfrentaba principalmente a los representantes de los trabajadores y de los empleadores. Desde 2012, el conflicto derivó en una “crisis institucional” dentro del organismo internacional. El sector empresario cuestionó que los órganos técnicos de la OIT interpretaran que el Convenio 87 incluía el derecho a huelga, argumentando que solo la Corte Internacional de Justicia podía hacer una interpretación auténtica del tratado. Los sindicatos, en cambio, defendían la postura histórica de los expertos de la OIT, que desde hacía décadas consideraban a la huelga como una herramienta esencial de la libertad sindical. Ante la falta de acuerdo interno, el Consejo de Administración de la OIT decidió elevar formalmente la consulta a la CIJ en noviembre de 2023. El fallo tiene un fuerte peso político y jurídico porque consolida, al máximo nivel del derecho internacional, el reconocimiento del derecho a huelga como parte de la libertad sindical. La Corte también destacó que distintos sistemas regionales de derechos humanos —europeo, interamericano y africano— ya reconocen de manera consistente el derecho a huelga como derivación de la libertad de asociación. Aunque la opinión consultiva no tiene el mismo carácter obligatorio que una sentencia entre Estados, sí fija un criterio interpretativo de enorme autoridad para tribunales nacionales, organismos internacionales y futuras discusiones laborales en todo el mundo. El Destape

La empresa Sameep finalizó con éxito los trabajos de reparación y mantenimiento ejecutados sobre el Segundo Acueducto del Interior, intervención que permitió solucionar una pérdida detectada en un tramo ubicado en cercanías de la localidad de Campo Largo. Las tareas demandaron una suspensión programada del bombeo durante la jornada de ayer miércoles para garantizar condiciones operativas adecuadas mientras se desarrollaba la intervención técnica. Como consecuencia, el servicio de agua potable se vio afectado temporalmente en las localidades de Campo Largo, Corzuela, Charata, General Pinedo y Las Breñas. Una vez concluidos los trabajos, el suministro comenzó a restablecerse de manera progresiva en todas las localidades abastecidas por el sistema, recuperando paulatinamente los niveles normales de presión y caudal. El coordinador general del Segundo Acueducto para el Interior del Chaco, ing. Mario Ropelato, explicó que “estos trabajos eran necesarios para corregir una pérdida detectada en un tramo clave del sistema y evitar inconvenientes mayores en el funcionamiento del acueducto”. Asimismo, destacó que “la prioridad fue actuar rápidamente para minimizar el impacto en las localidades abastecidas y garantizar la pronta recuperación del servicio”.Ropelato también señaló que las tareas se desarrollaron conforme a lo planificado y permitieron restablecer el bombeo de manera segura, iniciando así el proceso de normalización del suministro en toda la zona. Desde Sameep remarcaron además el compromiso del personal técnico y operativo que participó de la intervención, subrayando que este tipo de acciones forman parte del plan permanente de mantenimiento y optimización de la infraestructura hídrica provincial. Finalmente, la empresa estatal agradeció la comprensión de los usuarios ante las molestias ocasionadas por la suspensión programada y reiteró que estas tareas son fundamentales para garantizar un servicio más eficiente y seguro para las comunidades del interior chaqueño.

El Gobierno provincial en articulación con Vialidad Nacional iniciaron los trabajos de mantenimiento y recuperación sobre la Ruta Nacional Nº 16, en el tramo comprendido entre Avia Terai y Río Muerto, una de las principales vías de conexión y circulación del territorio chaqueño. Asimismo, esta misma intervención será aplicado posteriormente sobre la Ruta Nacional Nº 95. Las tareas forman parte de un esquema de trabajo conjunto entre Provincia y Nación, orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad, reforzar la seguridad vial y optimizar la infraestructura de una ruta estratégica para el transporte de personas, la producción y el comercio regional. Los trabajos incluyen intervenciones de mantenimiento sobre distintos sectores deteriorados de la calzada, perfilado de banquinas, reparación de sectores críticos y adecuación de la traza para garantizar una circulación más segura y fluida para quienes transitan diariamente por el corredor vial. Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de avanzar con estas acciones coordinadas, teniendo en cuenta el intenso tránsito que registra la Ruta Nacional Nº 16, especialmente por el movimiento productivo y de transporte pesado que conecta al Chaco con otras provincias del norte argentino. Además, remarcaron que el mantenimiento de las rutas constituye una prioridad para fortalecer la conectividad, mejorar la logística y acompañar el desarrollo económico de las distintas localidades del interior provincial. Las tareas se ejecutan con maquinaria vial y personal especializado, avanzando por etapas a lo largo del tramo comprendido entre Avia Terai y Río Muerto, por lo que solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización preventiva en las zonas intervenidas. Desde los organismos intervinientes señalaron también que estas obras forman parte de una agenda de trabajo sostenida para recuperar corredores viales estratégicos y garantizar mejores condiciones de circulación en toda la red vial chaqueña.

El juez a cargo del Juzgado Federal 6, Daniel Rafecas, rechazó el pedido de suspensión inmediata de la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. La decisión, firmada este jueves, se produjo después de una denuncia por un supuesto entramado de fraude, falsificación de documentos y reparto anticipado del millonario contrato público. El fallo se refiere al tramo central de la licitación pública nacional e internacional para la concesión del corredor fluvial más importante de la Argentina. Los denunciantes aseguraron que la adjudicación, de un valor estimado en USD 7.000.000.000, estaba preacordada para un grupo empresario vinculado al poder político. El juez, siguiendo el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, concluyó que no se acreditó peligro concreto ni evidencia suficiente para frenar el proceso. El conflicto La controversia gira en torno a la adjudicación para dragado, señalización y balizamiento de la Hidrovía, un canal clave para la exportación argentina. La diputada Marcela Pagano denunció ante la justicia presuntos manejos irregulares en el diseño de los pliegos —los requisitos para competir—, señalando que las condiciones habían sido elaboradas “a medida” para excluir empresas de origen chino, pese a su peso internacional en el sector. Según la denuncia, el Grupo Neuss, liderado por Juan y Patricio Neuss, pasó en apenas dos años de ser un participante mediano a principal beneficiario de privatizaciones y concesiones estatales en el país. La presentación sumó otras acusaciones. Indicó que la empresa Jan de Nul aparecería como oferente formal, pero el Grupo Neuss, como “socio oculto”, controlaría en realidad el 50% del contrato a través de subcontratos no declarados. También involucró al Grupo Román y, en el plano político, al expresidente Mauricio Macri. El segundo denunciante, Fernando Míguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, argumentó que la licitación impone un requisito —un calado de 44 pies (13,41 metros)— de cumplimiento inmediato que solo la firma Jan de Nul puede satisfacer en la región, lo que, a su juicio, garantizaba un solo ganador. El fiscal había rechazado suspender la licitación Las denuncias exigían una medida cautelar de no innovar, es decir, que el juez ordenara suspender de inmediato todos los pasos de la licitación hasta evaluar los hechos. Este lunes, el fiscalMarijuan, se opuso al pedido, considerando que los requisitos para una medida tan drástica no estaban justificados. En su dictamen, el fiscal federal consignó: “No se acredita la verosimilitud del derecho invocado ni la arbitrariedad manifiesta del obrar administrativo, especialmente exigible frente a la Administración Pública… tampoco se demuestra el peligro concreto en la demora al que alude la presentante”. Explicó que las cautelares —las suspensiones o medidas preventivas— solo pueden otorgarse cuando hay pruebas concretas y urgentes de que, si la justicia no actúa ya, el daño será irreparable para el denunciante o el Estado. Ese “peligro en la demora” es uno de los requisitos legales ineludibles. El fiscal recordó la presunción de legitimidad del accionar de la administración, por lo cual solo puede suspenderse su marcha si aparecen pruebas claras de ilegalidad o riesgo gravísimo e inminente. El juez respaldó al fiscal En relación con los planteos y pruebas presentadas, el juez señaló que las denuncias se basan en hipótesis sobre hechos futuros, y que la investigación aún se encuentra en una fase inicial, sin elementos concretos para una decisión tan grave como suspender la concesión en curso. Aclaró que las medidas cautelares “son remedios procesales de aplicación restrictiva”, solo válidos si se verifican, en simultáneo, tres condiciones: apariencia de derecho (probabilidad fundada de que lo denunciado sea cierto), peligro en la demora (daño irreparable si no interviene la justicia ya) y presentación de una garantía suficiente. Para el juez Rafecas, tanto la presentación de Pagano como la de Míguez carecen de esos requisitos, ya que lo expuesto —aunque detallado— no supera la instancia de denuncia inicial ni aporta pruebas materiales que justifiquen una intervención excepcional. El fallo señala jurisprudencia reciente que exige a los jueces actuar con “máxima prudencia”, especialmente cuando la medida afecta el funcionamiento administrativo normal de organismos públicos y cuando existen otros juicios en trámite en el fuero federal de Santa Fe, donde ya se han rechazado medidas preventivas sobre el mismo proceso. El fallo impacta sobre uno de los contratos públicos de mayor peso histórico en materia de infraestructura fluvial y deja en pausa, por el momento, una investigación judicial sobre la mayor privatización en marcha por el Estado argentino. Fuente: Infobae

A pocos días de su realización, el Marketing Day 2026 entra en su etapa final de inscripciones con cupos limitados para participar del evento nacional más importante del marketing argentino. El encuentro, organizado por la Asociación Argentina de Marketing, se llevará a cabo el 27 y 28 de mayo en Resistencia, Chaco, y contará con más de 30 speakers de primer nivel que abordarán el concepto “Marcas Auténticas”. Durante dos jornadas, el evento reunirá a profesionales y referentes de todo el país para analizar el presente del marketing en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la digitalización y la creciente competencia por la atención de los consumidores. “Va a ser un espacio único para pensar el marketing desde una mirada estratégica, con casos reales y experiencias concretas. Esperamos una convocatoria muy diversa, con perfiles de todo el país”, destacó Gaspar Gracia Daponte.El Marketing Day se consolida como un punto de encuentro clave para quienes buscan actualizarse, generar vínculos y comprender hacia dónde evoluciona la disciplina. Las últimas entradas pueden reservarse a través de la web oficial de la Asociación Argentina de Marketing.

El Ministerio de Salud continúa desarrollando la Campaña de Vacunación Antigripal en toda la provincia, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente a las enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal. La vacuna antigripal es gratuita, segura y se encuentra disponible en vacunatorios y centros de salud para los grupos priorizados establecidos por el Calendario Nacional de Vacunación. La población objetivo incluye a mujeres embarazadas, puérperas, personas mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal de Salud y trabajadores esenciales. Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de completar los esquemas de vacunación para disminuir complicaciones, internaciones y casos graves de gripe, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.Además, recomendaron mantener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta médica ante la aparición de síntomas respiratorios. “La vacunación salva vidas y constituye una herramienta fundamental para proteger la salud de toda la comunidad”, remarcaron desde el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud continúa desarrollando la Campaña de Vacunación Antigripal en toda la provincia, con el objetivo de proteger a la población más vulnerable frente a las enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal. La vacuna antigripal es gratuita, segura y se encuentra disponible en vacunatorios y centros de salud para los grupos priorizados establecidos por el Calendario Nacional de Vacunación. La población objetivo incluye a mujeres embarazadas, puérperas, personas mayores de 65 años, niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, personal de Salud y trabajadores esenciales. Desde la cartera sanitaria destacaron la importancia de completar los esquemas de vacunación para disminuir complicaciones, internaciones y casos graves de gripe, especialmente en personas con mayor vulnerabilidad.Además, recomendaron mantener las medidas de prevención, como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes y la consulta médica ante la aparición de síntomas respiratorios. “La vacunación salva vidas y constituye una herramienta fundamental para proteger la salud de toda la comunidad”, remarcaron desde el Ministerio de Salud.

Los legisladores de La Libertad Avanza, Mayra Jarenko y Adrián Zukiewicz, presentaron un proyecto de enmienda constitucional para modificar el sistema de permanencia de jueces y fiscales en la provincia. La iniciativa establece mandatos de diez años, renovables por única vez. Los diputados provinciales de La Libertad Avanza, Mayra Jarenko y Adrián Zukiewicz, presentaron un proyecto de enmienda constitucional para modificar el régimen de permanencia de magistrados y representantes del Ministerio Público del Chaco, con el objetivo de establecer un límite temporal al ejercicio de sus funciones. La propuesta, ingresada el miércoles por mesa de entrada de la Cámara de Diputados, plantea modificar el artículo 154 de la Constitución provincial para reemplazar el actual sistema de permanencia basado en el límite etario —hasta los 70 años— por un esquema de mandatos temporales. De aprobarse, jueces, fiscales y defensores durarían diez años en sus funciones, con posibilidad de ser designados nuevamente por un único período consecutivo, fijando un tope máximo de veinte años en el cargo. El proyecto sostiene que los funcionarios judiciales conservarán sus cargos mientras mantengan “buena conducta”, cumplan con sus obligaciones legales y no incurran en causales de remoción como mal desempeño, morosidad, abandono de funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, delitos dolosos o inhabilidad física o psíquica. Asimismo, la iniciativa mantiene el principio de inamovilidad durante el período de designación, preservando —según remarcan sus autores— la independencia judicial. En ese sentido, los magistrados no podrían ser trasladados ni ascendidos sin consentimiento y conservarían las inmunidades previstas para legisladores. Los argumentos de la reforma En los fundamentos, Jarenko y Zukiewicz sostienen que el sistema vigente carece de “mecanismos objetivos de renovación periódica” y afirman que la propuesta apunta a equilibrar experiencia judicial con renovación institucional. “El objetivo es promover la renovación generacional del Poder Judicial, fortalecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, evitar la perpetuación en el cargo y combinar mérito técnico con legitimidad democrática”, argumentan. Además, citan antecedentes de otras provincias, como Salta, donde existen esquemas temporales para integrantes de tribunales superiores, y remarcan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la facultad de las provincias para organizar sus poderes judiciales y establecer límites temporales, siempre que no se afecte la independencia judicial. Según el texto, la eventual renovación de los cargos deberá realizarse mediante concursos públicos de antecedentes y oposición, manteniendo el acuerdo legislativo correspondiente. Reforma constitucional y polémica sobre el mecanismo La iniciativa invoca el procedimiento previsto en el artículo 212 de la Constitución chaqueña, que habilita la modificación de artículos constitucionales mediante el sistema de enmienda. Sin embargo, uno de los puntos llamativos del proyecto es que establece que, de obtener el voto unánime de la totalidad de los diputados, la modificación quedaría incorporada automáticamente al texto constitucional, sin necesidad de consulta popular o plebiscito. Actualmente, la Constitución provincial contempla que las enmiendas constitucionales requieren mayoría agravada y, en principio, ratificación popular, salvo interpretaciones específicas sobre el alcance de la unanimidad legislativa. El proyecto ahora deberá iniciar su recorrido parlamentario y abrir un debate que impacta directamente en la organización y funcionamiento del Poder Judicial chaqueño.

La multinacional belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME) expresó este miércoles “serias dudas” sobre el proceso de licitación en Argentina para la concesión por peaje de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, o Vía Navegable Troncal (VNT), clave para la salida de buques de cargas de cinco países sudamericanos hacia el Atlántico. “Esperábamos una licitación justa”, señaló en una declaración por escrito el portavoz de la compañía, Frédéric Dryhoel. DEME compitió con la también belga Jan de Nul para quedarse con la concesión por el peaje de la VNT, más conocida como hidrovía Paraná-Paraguay. Ambas empresas presentaron este martes ofertas económicas idénticas, pero el Gobierno del presidente Javier Milei le dio a Jan de Nul mayor puntuación en la etapa de calificación técnica, por lo que se perfila como ganadora de la licitación. Este es el segundo proceso de licitación para la concesión de la hidrovía ejecutado por el Gobierno de Milei; después de que el primero, lanzado en noviembre de 2024, fuera declarado nulo en febrero de 2025 ante la presentación de una sola oferta, la de DEME, a la que el Ejecutivo acusó -en ese momento- de intentar sabotear el proceso, algo que la compañía negó. Durante la primera -y fallida- licitación circularon en la opinión púbica acusaciones contra el Gobierno de Milei sobre el supuesto direccionamiento del concurso en favor de Jan de Nul, algo que esta empresa y el Ejecutivo negaron. El pasado viernes, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina emitió un dictamen en el que detalló irregularidades administrativas detectadas en el actual procedimiento de licitación que, según advirtió, eventualmente podría derivar en “responsabilidades penales”. Además, en la víspera una organización no gubernamental realizó una denuncia penal para solicitar que la Justicia investigue si el Gobierno elaboró un pliego de licitación a la medida de Jan de Nul y, en ese caso, si hubo un fraude al Estado. Según Dryhoel, DEME, junto a sus socios estadounidenses GLDD, Clear Street y KKR, presentó una “propuesta altamente competitiva y transparente”. “Lamentamos no haber sido anunciados como el postor más favorable en la licitación para la concesión de la vía fluvial Paraná-Paraguay en Argentina. Revisaremos cuidadosamente esta situación en los próximos días y, junto con nuestros socios y asesores, evaluaremos los posibles pasos a seguir, incluyendo la posibilidad de una apelación”, sostuvo el portavoz. Dryhoel señaló que “desde el principio” DEME ha expresado “claramente” sus objeciones al proceso de licitación y apuntó que “no existe ningún país en el mundo donde se exija” un pago -diez millones de dólares- para presentar objeciones a un proceso de licitación, “lo que ya genera serias dudas sobre el procedimiento”. El pliego de licitación proyecta para la empresa que gane la licitación un ingreso promedio de 618,6 millones de dólares anuales durante el período base de concesión de veinticinco años. La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico de un 80 % de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. La concesión de la hidrovía estuvo por un cuarto de siglo en manos de un consorcio integrado por Jan de Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la VNT y luego contrató de forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento. elDiarioAR

La entidad monetaria modificó este indicador en medio de niveles récord de irregularidad en los créditos familiares. A cuánto quedó la tasa. En medio de niveles récord de morosidad en los préstamos familiares y de un endeudamiento para gastos básicos cada vez mayor, el Banco Central (BCRA) bajó la tasa de interés de referencia para las financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito En concreto, la tasa para financiar las tarjetas de crédito será de 67,85% nominal anual para las operaciones del ciclo de facturación de junio. A fines de abril había fijado esta tasa en 69,2%, por lo que ahora bajó cerca de 1,5 puntos porcentuales. La medida fue comunicada a través de la Comunicación “B” 13178/2026, publicada este miércoles 20 de mayo, y está dirigida a las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y de tarjetas de compra. Según el texto oficial, el valor corresponde a la tasa promedio mensual ponderada por monto de los préstamos personales sin garantía real, en moneda nacional, relevada durante mayo. Ese indicador es el que se utiliza como referencia para aplicar los límites previstos en la normativa sobre tasas de interés en operaciones de crédito. En términos prácticos, el dato impacta sobre el costo financiero máximo que podrán aplicar las emisoras no financieras en las financiaciones asociadas a tarjetas durante junio. La crisis de morosidad en los créditos familiares En paralelo, la morosidad en el endeudamiento familiar alcanzó al 11,2% del total en febrero de 2026, un aumento de 0,6 puntos porcentuales en un mes, con una disparada de 8,3 puntos respecto de febrero de 2025, pero con una particularidad: los incumplimientos dejaron de concentrarse únicamente en los segmentos de menores ingresos y comienzan a observarse también en sectores que acceden a préstamos de mayor monto. En promedio, la deuda familiar bancaria asciende a $5,7 millones por hogar y la no bancaria, a $1,1 millones por unidad, señaló Focus Market, con datos de 2.670 hogares, información de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del tercer trimestre de 2025 y estadísticas del BCRA. La deuda total de los argentinos asciende actualmente a $39 billones, de los cuales $32,1 billones corresponden a deuda bancaria, en concepto de préstamos, hipotecas y tarjetas; y $6,9 billones a deuda no bancaria, con comercios, mutuales y préstamos personales informales. El dato marca un deterioro respecto de mediciones anteriores y rompe con una dinámica más estable que se había observado en el último año: los incumplimientos dejaron de concentrarse únicamente en los segmentos de menores ingresos y comienzan a observarse también en sectores que acceden a préstamos de mayor monto. El Destape

El encargado del edificio donde vivió Cristina Kirchner denunció presiones y admitió que mintió en 2018. La declaración ante el Tribunal Oral fue categórica y demoledora y sorprendió a todas las partes. Julio Cesar Silva, el encargado del edificio donde vivía Cristina Kirchner se desdijo de su declaración realizada en la instrucción de la causa Cuadernos ante el juez Claudio Bonadio cuando había afirmado que vio al secretario Daniel Muñoz con bolsos. “Firmé algo que no era cierto. Yo no dije que iba con bolsos y valijas”. “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”, declaró. La declaración de Silva ante el Tribunal Oral que juzga el caso Cuadernos fue categórica y demoledora, y sorprendió a todas las partes que presenciaban la audiencia. Relató un episodio amenazante que sufrió en el juzgado de Bonadio cuando fue a declarar en 2018 cuando se intentaba impulsar la causa Cuadernos. Lo amenazaron nombrando a sus hijas. También recordó que durante el allanamiento al departamento de la calle Juncal, el juez gritaba telefónicamente que “había que encontrar algo”, a pesar que los efectivos a cargo informaron sobre el resultado negativo del procedimiento. Silva, el encargado del edificio de la calle Juncal y Uruguay donde vivía la expresidenta Cristina Kirchner denunció que cuando fue a declarar en la etapa de instrucción al juzgado a cargo de Claudio Bonadio, se puso “incómodo” cuando le dijeron que “pensara en sus hijas” al prestar la declaración en la causa Cuadernos. Al prestar testimonio ante el Tribunal Oral, Silva respondió que “si” a una pregunta sobre si se sintió amenazado. “Me sentí mal”. Recordó que le dijeron que debía declarar “todo” , que “pensara en mis hijas”. El allanamiento al departamento de Cristina El testigo relató detalles del allanamiento que en su momento ordenó el juez Claudio Bonadio sobre el departamento de Cristina Kirchner. Contó un episodio clave que sucedió aquel día. Una conversación que escuchó entre el comisario que estaba a cargo del procedimiento y el juez. “Señor Bonadio, el allanamiento se da por terminado, no hay nada (le dijo el comisario) y escuché los gritos del otro lado del teléfono, Bonadio le dijo: No. Hasta que no encuentren algo se quedan hasta mañana”, recordó. “Yo lo escuché perfectamente. Señor Bonadío, son las seis y treinta, se termina el allanamiento y escuché clarito lo que respondió el juez”, completó. La declaración del encargado sobre ese episodio desató una discusión entre el juez del tribunal Fernando Canero y algunos abogados como el abogado Maximiliano Rusconi. El juez intentaba ahondar cómo el testigo había escuchado a Bonadío. Pero Silva fue claro al explicar que el entonces magistrado “estaba a los gritos”. De los bolsos a un bolsito y portafolio Ante el Tribunal Oral 7, Silva dijo este jueves que el secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz siempre estaba con un portafolio y en alguna ocasión un bolsito de mano. Cuando declaró en la instrucción de la causa que estaba a cargo del juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, Silva dijo que vio a Muñoz entrar y salir con bolsos. Hoy ante el Tribunal se desdijo. “Cometí un delito y lo acepto, no estaba de acuerdo, firmé algo que no ocurrió”. Ámbito

El sommelier Carlos Downie adelantó que este jueves se realizará una degustación gratuita de vinos en el restaurante del Hotel Gala, en Resistencia. Habrá seis etiquetas mendocinas, recomendaciones de maridaje y platos típicos del litoral como surubí y pacú. Una nueva propuesta gastronómica desembarca este jueves en Resistencia con una experiencia pensada para amantes del vino y la buena cocina regional. El Restó Ruta 11, ubicado en el Hotel del Centro de Convenciones Gala, realizará una degustación de vinos abierta al público, acompañada de platos especialmente seleccionados para el maridaje. En declaraciones a CIUDAD TV, el sommelier Carlos Downie brindó detalles de la actividad, que comenzará a las 21 y contará con la participación de las bodegas mendocinas Niven y Lorca. “Habrá una degustación con seis etiquetas y la entrada es libre. Lo único es que pueden acceder quienes consuman algún plato del restaurante”, explicó. Según detalló, la propuesta no solo apunta a degustar vinos, sino también a ofrecer una experiencia guiada. Durante la actividad, especialistas orientarán a los asistentes sobre las características de cada cepa y las combinaciones posibles con distintos platos. “Cuando la gente se acerca se le explica qué características tiene el vino y con qué comidas puede combinarse. La idea es orientar para que tengan una buena experiencia”, sostuvo. Sabores del litoral y maridajes Entre las recomendaciones gastronómicas del restaurante sobresalen platos típicos de la región, especialmente el surubí y el pacú, preparados grillé o al paquete. “Son característicos de la zona y la gente los pide mucho”, afirmó Downie, quien señaló que tradicionalmente el pescado suele acompañarse con vinos blancos, aunque aclaró que existen otras cepas que también pueden funcionar muy bien. “Muchas veces hay que abrir la cabeza. Nosotros orientamos, pero después cada uno decide según sus gustos”, indicó. Además de pescados de río, el menú incluye cortes de carne como cuadril y lomo, empanadas de pacú y productos regionales como mandioca, una propuesta especialmente valorada por turistas y viajeros. “Muchos visitantes, sobre todo de Brasil, buscan probar platos típicos de acá”, señaló. El vino, un mundo por descubrir Durante la entrevista, Downie remarcó que el universo del vino es amplio y muchas veces desconocido para el público general. “La experiencia del vino es un mundo. Hay una cantidad increíble de cepas y está bueno darle a las personas la oportunidad de probar otras opciones más allá del Malbec”, expresó. También explicó algunas diferencias entre vinos jóvenes y de guarda, la influencia de las barricas en aromas y sabores, y cómo las características del suelo y el clima modifican el resultado final según la región productiva. “Un Malbec de Mendoza no es igual a uno de Salta. Cambian mucho la estructura, la potencia y las características del vino”, explicó. En ese sentido, destacó el prestigio internacional alcanzado por Argentina en materia vitivinícola. “Tenemos uno de los mejores Malbec del mundo”, aseguró. Una experiencia para disfrutar La degustación se realizará este jueves desde las 21 en el Restó Ruta 11, ubicado en el Hotel Gala, sobre ruta 11 kilómetro 1003, en Resistencia. La actividad será sin costo para quienes consuman en el restaurante. Además, Downie adelantó que el próximo 3 de junio se realizará una cena temática italiana de tres pasos en el restaurante Valentino, del Hotel Amerian. “El objetivo es generar experiencias distintas en cada restaurante y seguir potenciando la gastronomía”, concluyó.

El sitio Agroperfiles reveló una tentativa de usurpación al campo (y la cosecha de soja) de un productor que siembra en la localidad de Sachayoj, que por suerte fue evitada casi de casualidad y ahora merece una investigación de la justicia. A Darío Jaciuk, un productor agrícola de San Bernardo, Chaco, un amigo que ocasionalmente pasaba por un camino vecinal cercano al predio donde su padre alquila un campo, en Sachayoj, Santiago del Estero, le envío un mensaje: “Che, te están por entrar a cosechar la soja”, sin saber que se trataba de un supuesto intento de usurpación y trilla del lote. Esto permitió que viajara rápidamente a la zona, junto al propietario del predio, también otro productor chaqueño y familiar suyo, detectando la presencia de intrusos que, inclusive, habían ingresado al predio y cerrado el portón, según contó al medio chaqueño el propio Darío Jaciuk. “Es increíble, con total impunidad, llegaron, y en varios vehículos, todo organizado, diciendo que tenían la orden del dueño del predio, cuando era todo mentira”, afirmó. Así, y luego de presentaciones y denuncias ante la Policía de Santiago del Estero por parte del dueño del predio, Reinaldo Koberstein, domiciliado en Du Graty, Chaco, se logró que la fiscal de turno – la doctora María Alejandra Holgado -, disponga las medidas pertinentes a los fines de evitar la supuesta usurpación y la eventual cosecha de la soja, convocando a la Policía de Santiago del Estero a proceder en la acción ordenada en la causa. A la par, se abrió una investigación para conocer el origen de esta operación delictiva, habida cuenta de la posible existencia de maniobras con supuesta falsificación de documentación, la tenencia de armas de fuego y la intromisión en la propiedad privada. “Tenemos todos los detalles de lo que hicieron—dijo Jaciuk—como datos de personas que supuestamente tienen boletos de compraventas apócrifos de personas con domicilio en Córdoba y que contratan personal retirado de las fuerzas policiales para efectuar estos ilícitos”, señaló. El productor mostró documentos como el contrato de arrendamiento y la denuncia. En tanto, el escribano Ricardo Jiménez aseguró a Agroperfiles que se trató de una tentativa de usurpación “por parte de una banda armada, que quiso meterse en el predio, de mala manera”, manifestó. Esta acción fue neutralizada por la denuncia de Jaciuk en sede policial que motivó la rápida intervención de la fiscalía en turno a cargo de la doctora Alejandra Holgado, que pudo frenar esta acción; y, este viernes, tanto Koberstein como Jaciuk me han confirmado que van a ratificar la denuncia a los fines de que se investigue este hecho”, dijo. Darío es hijo de Eugenio Felipe Jaciuk, quien le arrendó por cinco campañas consecutivas el campo a Reinaldo Koberstein, dueño del predio, y es donde tiene sembrado este lote de soja. Agroperfiles/Bichos de Campo

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el levantamiento de la prohibición de desmontes en el Chaco y ordenó que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dicte una nueva resolución. Fue al hacer lugar a los recursos presentados por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y la Fiscalía Federal de Resistencia. Para el tribunal, las instancias anteriores no tuvieron en cuenta el principio precautorio. Además, ordenaron retomar la investigación contra el presidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco por desobediencia judicial y estrago rural. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el levantamiento de la prohibición de desmontes en el Chaco y ordenó que la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dicte una nueva resolución en la que causa que se conoce como “la Mafia del Desmonte”. En otra resolución, el tribunal ordenó reanudar la investigación contra el empresario forestal Alesio Nardelli por desobedecer la medida cautelar que prohibió los desmontes y por estrago rural. El fallo fue dictado el 15 de mayo por la Sala IV con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, hizo lugar por mayoría a los recursos de casación interpuestos por el Ministerio Público Fiscal y por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, querella en la causa FRE 3086/2024 sobre presunta corrupción forestal en el Chaco. La medida cautelar que ahora recupera vigencia había sido dispuesta originalmente el 19 de agosto de 2024 por el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia. En esa oportunidad, la magistrada ordenó al Poder Ejecutivo provincial la suspensión total de los desmontes en el territorio de la provincia, tanto los ya autorizados y aún no ejecutados como el otorgamiento de nuevos permisos. La cautelar fue prorrogada en dos ocasiones y luego levantada parcialmente por la misma jueza, decisión que en diciembre de 2025 confirmó la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. El principio precautorio El argumento central de las instancias anteriores para levantar la prohibición había sido la sanción de una nueva ley provincial de ordenamiento territorial de bosques nativos —la Ley N° 4152-R— que reemplazó a la Ley N° 4005-R, cuestionada en la causa. Tanto la jueza de grado como la Cámara Federal de Apelaciones entendieron que ese cambio normativo alteraba los presupuestos que habían justificado el dictado original de la cautelar. Además, sostuvieron que en el ámbito penal la medida cautelar “no puede sustentarse en el tiempo en base a la mera existencia de un fenómeno ambiental histórico ni en la reiteración de afirmaciones generales sobre un contexto de desmonte indiscriminado”, sino que “la verosimilitud exige la existencia de actos concretos, atribuibles a personas determinadas”. En esa línea, el tribunal previo advirtió que “mantener una prohibición judicial absoluta de toda actividad de desmonte equivaldría a desplazar el régimen normativo vigente y a sustituir las funciones propias de la autoridad legislativa y administrativa provincial”. Pero Casación rechazó esa lógica. Para el juez Borinsky, cuyo voto lideró el acuerdo, la resolución impugnada “no brindó fundamentos suficientes que permitan tener por acreditado un cambio fáctico relevante que justifique el levantamiento de la cautelar”. El tribunal observó que invocar una modificación normativa —una cuestión de puro derecho— no equivale a demostrar que el peligro ambiental oportunamente constatado había cesado. En ningún momento se analizó si la nueva ley establecía un estándar de protección más riguroso o, por el contrario, habilitaba mayores superficies de desmonte en categorías antes restringidas, ni cuál sería su impacto concreto sobre las zonas involucradas en la investigación, lo que había sido señalado en los recursos de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Ministerio Público Fiscal. Esas omisiones, señaló Borinsky, “adquieren especial relevancia en la medida en que el objeto del proceso penal se vincula con presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de desmonte”, encuadradas provisionalmente en figuras que remiten a un eventual fenómeno de corrupción en la administración de esas autorizaciones. El fallo también señaló que el estándar probatorio exigido por la Cámara para mantener la cautelar resultaba incompatible con el principio precautorio consagrado en el artículo 4° de la Ley General del Ambiente. Borinsky recordó la doctrina de la Corte Suprema —especialmente los fallos “Salas, Dino” y “Cruz”— según la cual “el principio precautorio produce una obligación de previsión extendida y anticipatoria a cargo del funcionario público”, de modo que “no se cumple con la ley si se otorgan autorizaciones sin conocer el efecto, con el propósito de actuar una vez que esos daños se manifiesten”. Señaló además que la resolución impugnada “aplicó un estándar de exigencia probatoria cuya compatibilidad con el principio precautorio no aparece suficientemente explicada en el decisorio”. También cuestionó que la Cámara hubiera delegado el control de los bosques en el Ministerio de Producción del Chaco: el levantamiento de la medida derivaba en que fuera “la propia Dirección provincial dependiente del Poder Ejecutivo del Chaco —cuyos funcionarios se encuentran investigados en la causa principal por su presunta intervención en los hechos— la encargada de realizar la fiscalización ambiental, lo que representa un abandono jurisdiccional de la tutela que el Estado debe garantizar”. Hornos: in dubio pro natura El juez Hornos concordó con esa conclusión pero fue más lejos en su argumentación: propuso directamente mantener la medida cautelar original en lugar de reenviar el expediente, por aplicación del principio in dubio pro natura. Sostuvo que la sentencia impugnada “invierte el sentido propio del principio precautorio al supeditar la continuidad de la medida cautelar a un grado de acreditación técnica incompatible con un escenario de posible daño ambiental irreversible cuya efectiva magnitud aún no ha podido ser determinada”. Agregó que “mientras subsista incertidumbre técnica acerca de la magnitud y eventual irreversibilidad del daño investigado, y no existan elementos suficientes que permitan descartar razonablemente la persistencia del riesgo ambiental, corresponde mantener la protección precautoria ya dispuesta”. En ese marco, recordó que “la existencia de modificaciones regulatorias posteriores no neutraliza, por sí sola, el deber jurisdiccional de prevenir daños ambientales de incidencia colectiva”. Nardelli debe ser investigado En otra

Según la acusación, engañaron a la víctima con la falsa compra de cannabis, la capturaron en su vivienda de un country y la trasladaron a una comisaría, donde su madre pagó un rescate. Cuatro policías de Tucumán van a juicio acusados de secuestrar a un joven dentro de un country en 2024. Según la acusación, engañaron a la víctima con la falsa compra de cannabis, la capturaron en su vivienda del country y la trasladaron a una comisaría, donde su madre pagó un rescate. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán elevó a juicio la causa seguida contra cuatro policías provinciales de la Jefatura de Zona III de la Unidad Regional Capital que serán juzgados por el delito de secuestro extorsivo agravado por la intervención de tres o más personas, por haberse concretado el cobro de rescate y por tratarse de funcionarios policiales. La investigación fue impulsada por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, con la instrucción estuvo a cargo de Fernando Barrientos y la auxiliar fiscal Julia Vitar. El caso De acuerdo con la investigación, el 23 de febrero de 2024 los policías provinciales Ángel Sebastián Gómez (Oficial Principal, 38 años), Sergio Daniel Díaz (Cabo Primero, 49 años) y Franco Javier Jiménez (Agente, 39 años), junto a un civil (actualmente identificado y en etapa de instrucción con procesamiento apelado) y bajo las órdenes del jefe de la Zona III de la Unidad Regional Norte, el comisario Gustavo Ezequiel Morales (51 años), irrumpieron en el domicilio de la víctima, de 28 años, ubicado en el barrio privado “Portal del Parque” de la capital tucumana. La fiscalía sostuvo que el joven fue obligado a subir a un auto Renault Megane perteneciente a Díaz y trasladado hasta la mencionada jefatura. Allí habría sido golpeado, obligado a desnudarse y fotografiado mientras era sometido a agresiones físicas y psicológicas. Según la acusación, “mientras parte del grupo permanecía en la dependencia policial, otros integrantes, entre ellos el civil, regresaron al barrio privado y tomaron contacto con un hermano de la víctima, a quien le pidieron su número telefónico para contactarlo con instrucciones”, conforme a la información detallada en el portal Fiscales. A través de llamadas telefónicas, que fueron atendidas por la madre del cautivo, exigieron dinero a cambio de su liberación y afirmaron que tenían elementos para vincularlo con maniobras de narcotráfico, aunque aseguraban que lo dejarían en libertad si accedían al pago. La madre del joven fue citada a la jefatura policial, donde pudo ver a su hijo retenido y dialogar con los captores. Finalmente, durante la madrugada del 24 de febrero, entregó la suma acordada de $240 mil y se retiró junto con la víctima. El 24 de febrero la víctima declaró ante la Justicia y relató que había sido contactada a través de un grupo de Telegram denominado “Flores Tucumán” por una persona interesada en comprar 20 gramos de cannabis. Tras intercambiar mensajes y continuar la conversación por WhatsApp, acordaron concretar la operación en el domicilio del joven. Según su testimonio, alrededor de las 22.30 llegaron cuatro hombres en un rodado gris. Uno de ellos ingresó a la vivienda y, con la excusa de completar el pago afuera, lo llevó hasta el exterior, donde el resto intentó reducirlo invocando ser personal policial. La víctima intentó resistirse, perdió su celular en el forcejeo y finalmente fue forzado a subir al auto. Para la fiscalía, los imputados actuaron de manera coordinada y con funciones distribuidas para privar ilegítimamente de la libertad a la víctima con el objetivo de obtener un beneficio económico. La investigación determinó que captaron a la víctima mediante engaño, la redujeron violentamente, la trasladaron a una dependencia policial y la mantuvieron cautiva bajo la apariencia de un procedimiento legal, mientras ejercían violencia física y psicológica y exigían dinero a sus familiares.

El contador público y docente universitario Juan Ignacio Cáceres fue designado como nuevo vicepresidente del Directorio del INSSSEP, el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de la Provincia del Chaco, organismo encargado de administrar la obra social y el sistema previsional de los trabajadores estatales chaqueños. Cáceres cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito público y académico. Es egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), donde obtuvo el título de Contador Público, y además posee una diplomatura en gestión de organizaciones. Antes de asumir la vicepresidencia del organismo, se desempeñó como Síndico Oficial del Directorio del INSSSEP, función desde la cual tuvo a cargo tareas vinculadas al control institucional, supervisión administrativa y seguimiento de la gestión del ente autárquico. En el ámbito de la administración pública provincial, desarrolló experiencia en auditorías dentro del Tribunal de Cuentas del Chaco, fortaleciendo su perfil técnico en materia de control y fiscalización. Asimismo, formó parte de la gestión universitaria de la UNNE como coordinador general en la Secretaría General de Extensión. Con su incorporación a la vicepresidencia del organismo, el Directorio del INSSSEP suma un perfil técnico con experiencia en gestión pública, auditoría y administración institucional, en una etapa orientada al fortalecimiento de los servicios y la modernización administrativa del instituto.

En diálogo con CIUDAD TV, la diputada provincial por el Frente Renovador Katia Blanc advirtió que la Legislatura chaqueña atraviesa una crisis de representación que los aleja de la gente. La legisladora cuestionó la dinámica interna del cuerpo y reclamó que el debate político vuelva a centrarse en los problemas cotidianos de la población. “Muchas veces a mí hasta me causa vergüenza formar parte de un cuerpo legislativo tan democrático que lo único que le interesa es hacer pantallas y circos para el afuera”, afirmó Blanc, quien señaló que las disputas entre diputados de distintos bloques generan un clima de confrontación estéril. Para la legisladora, el problema de fondo es que “el político le habla a la política y se olvida a quién le tiene que hablar, que es a quién representa”. Blanc también se refirió al aumento de la violencia en el ámbito político y su efecto sobre la sociedad. “La vemos en el Congreso, la vemos con el presidente de la Nación y de ahí es como que habilita a toda persona”, advirtió, al tiempo que consideró que ese clima permea hacia la vida cotidiana de los ciudadanos. “El nivel de violencia que estamos viviendo no es un speech, es realmente muy preocupante”, sostuvo.En el plano legislativo, la diputada se refirió con particular énfasis a un proyecto de su autoría que busca garantizar mayor transparencia en las facturas emitidas por las empresas Secheep y Sameep. La iniciativa, que según Blanc no implica gasto alguno para la provincia, propone que las empresas habiliten un sistema de simulación de consumo y que las boletas detallen con claridad el origen de cada aumento. “Únicamente da una herramienta para que uno sepa qué va a pagar y cuándo va a pagar”, resumió. La legisladora graficó la situación con una analogía cotidiana: “Si me voy a un restaurante y me siento, y no me traen la carta, y viene la moza y me dice, ¿qué vas a pedir? No, pero ¿cuánto está? No, vos pedí, después te decimos… me levanto y me voy. Pero resulta que acá tengo que esperar que a mí me llegue la boleta para saber que tengo 10 días para pagarla, y si no la pago me cortan la luz”. El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Industria, a la espera de que ambas empresas respondan los informes solicitados. Blanc citó como referencia el modelo español, donde una aplicación móvil informa a los usuarios en tiempo real cuáles son los horarios de consumo más económicos, diferenciados por colores de semáforo. “Son cuestiones y herramientas que sirven para que uno se pueda organizar y para que uno sepa qué es lo que tiene que pagar, por qué lo paga, según lo que consume”, valoró. En ese sentido, mencionó el caso de dos empresas locales —Mood y Piacere— que le relataron pagar 12 millones de pesos mensuales en energía eléctrica, una carga que pone en riesgo sesenta puestos de trabajo. La diputada reclamó públicamente al titular del Secheep, José Bistoletti, que responda el informe pendiente. “Pido encarecidamente tanto a las autoridades de Sameep como de Secheep que contesten el informe; no vamos a desfinanciar ninguna empresa”, enfatizó. La comisión tiene previsto retomar el tratamiento del proyecto en las próximas semanas. Por último, Blanc adelantó que impulsa también un proyecto de alternancia que limitaría a dos períodos los mandatos de diputados y concejales. Para avanzar en su tratamiento, convocó a una audiencia pública en la Comisión de Asuntos Constitucionales con participación de partidos políticos, universidades y el Juzgado Electoral Provincial. “Mi objetivo es oxigenar la política a través de la alternancia”, concluyó.