Autor: Redacción General

El jefe del interbloque Popular en el Senado, José Mayans, sostuvo ayer que la Cámara de Diputados “tiene que analizar la posibilidad del juicio político” contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien se vio envuelto en un escándalo mediático y judicial por el crecimiento patrimonial acelerado en sus dos años de funcionario nacional. En diálogo con “Contando los Días”, el ciclo que conduce Luisa Valmaggia por Radio Splendid AM 990, el formoseño aclaró que en caso de proceder el juicio político, “la que tiene que hacer la acusación es la Cámara de Diputados”, y posteriormente el Senado lleva adelante el juzgamiento. Consultado sobre a quiénes ve con posibilidades de encabezar una candidatura presidencial del peronismo en las elecciones del 2027, Mayans dijo que “hay varios compañeros con aspiración” y que “hay que buscar consensos”. Al respecto, mencionó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al mandatario de San Juan, Sergio Uñac, y al ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “Hay que llegar a un acuerdo programático. Definir el qué y el cómo”, postuló el senador del bloque Justicialista.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, calificó como “inaceptables” las declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el papa León XIV, en un nuevo foco de tensión diplomática. Trump había cuestionado duramente al Sumo Pontífice, al tildarlo de “débil” en materia de delincuencia y de “pésimo en política exterior”, lo que generó un fuerte rechazo en Italia y en distintos sectores del arco político europeo. La reacción de Meloni fue la más contundente dentro de una respuesta prácticamente unánime de la dirigencia italiana, que abarcó desde la ultraderecha hasta la izquierda. La mandataria consideró que los dichos del exjefe de la Casa Blanca cruzan un límite al involucrar a una figura central de la Iglesia Católica. El impacto también se reflejó en los medios italianos. El diario Corriere della Sera advirtió que “golpear a la comunidad católica, particularmente en Italia, abre un nuevo foso entre nuestro país y la administración norteamericana”, en referencia a las posibles consecuencias diplomáticas del episodio. Lejos de retroceder, Trump redobló sus críticas y aseguró que no pedirá disculpas al Papa, lo que mantiene abierta la controversia y profundiza el conflicto. El cruce suma tensión a la relación entre Italia y Estados Unidos, en un contexto donde la figura del Papa continúa siendo un símbolo clave no solo religioso, sino también político y cultural para gran parte de la sociedad italiana.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del dirigente iraní de alto rango Alí Asghar Hejazi por su supuesta participación en el atentado a la AMIA de 1994, con el objetivo de someterlo a declaración indagatoria. Para eso, el magistrado pidió a Interpol activar una alerta roja, en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Sebastián Basso, confirmó la Agencia Noticias Argentinas. Hejazi fue el último acusado en la causa y habría sido la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado en febrero pasado durante el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la investigación judicial argentina, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal que hace más de 30 años habría recogido información y hecho la inteligencia previa para luego elevar la propuesta de destruir la AMIA. Rafecas en las últimas horas también rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente, debido a que espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados. Se trata de Ahmad Vahidi, nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de los acusados Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman. La semana pasada, Rafecas había ordenado que se haga pública toda la información reservada y confidencial de inteligencia de la causa por el atentado a la AMIA y le solicitó a la Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete una serie de medidas para avanzar hacia esa publicidad.

Los vicegobernadores expusieron un diagnóstico crítico sobre la relación de las provincias de la región con el Gobierno de la Nación. De modo firme, la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande – que se desarrolla en Tucumán – señaló que la gestión que encabeza Javier Milei es “centralista, como nunca antes” y la acusó de incumplir sus obligaciones. Subrayó también que mientras bajan los recursos que se giran crecen las obligaciones de las provincias. “Los oídos están puestos en otras latitudes, no en el norte grande profundo”, expuso el presidente del Parlamento del Norte Grande, el santiagueño Carlos Silva Neder. La de este lunes fue una jornada de agenda cargada en la Legislatura, que incluyó más de 130 dictámenes de las 13 comisiones del órgano regional que busca promover el federalismo y el debate conjunto de políticas productivas, de desarrollo y sociales. En paralelo, los vicegobernadores de las 10 provincias del norte – Chaco representado por la presidenta de la Legislatura, Carmen Delgado – se reunieron para analizar la coyuntura actual, firmar convenios y escuchar las problemáticas que atraviesan los sectores privados. Hubo un encuentro con las autoridades de la Federación Económica de Tucumán (FET), y está previsto que en la sesión plenaria de este martes, pautada para las 10, levanten sus voces las Uniones Industriales de la región. Con el vicegobernador Miguel Acevedo como anfitrión, las segundas autoridades de las provincias norteñas brindaron una conferencia en la que ratificaron la decisión de fortalecer el bloque regional como herramienta política para reclamar mayor federalismo y recursos. Silva Neder expuso su preocupación porque existe una falta de respuestas de la Nación a los planteos del interior. “En otras gestiones hemos logrado objetivos, que se traduzcan en políticas públicas. Pero hoy, lamentablemente eso no está ocurriendo. Los oídos no es que estén sordos; con mucho respeto lo digo, sino que, tal vez, los oídos están puestos en otras latitudes, en otros horizontes, y no precisamente en este norte grande profundo”, declaró. Asimetrías con el norte Acevedo también enfatizó que hay grandes asimetrías con el centro y el sur del país, que hay que ir uniendo las voces de los sectores públicos y privados para que el norte levante una bandera conjunta de lo que quiere la región. Además, mencionó que la intención es que el Parlamento del Norte Grande se reúna este año de manera más asidua a lo habitual. El titular del organismo regional, a su vez, puso en valor la postura de los gobernadores de plantear los reclamos ante la Casa Rosada. “Reclaman a partir de una realidad, que es la reducción de los recursos coparticipables. Hace que se tenga que hacer mucho más eficiente el recurso público para poder satisfacer y resolver las crecientes demandas que tenemos en cada una de las provincias. Hoy más que nunca se nota una asimetría muy grande porque el recurso disminuye y, por el otro lado, se incrementan las prestaciones y obligaciones de cada una de las provincias”, dijo. Y continuó Silva Neder: “lamentablemente hay un Gobierno nacional que se ha abstraído de dar cumplimiento a sus obligaciones, como coadyuvar a la educación, a la salud y al mantenimiento de las vías de comunicación en cada una de nuestras provincias. Hoy por hoy nuestras rutas están prácticamente intransitables en muchísimos trayectos. Y eso va en contra de la seguridad personal, pero también hace imposible que la producción pueda transitar”. El vice santiagueño puso también como ejemplo algo que suele mencionar asiduamente Acevedo: que una cuotaparte del impuesto a los combustibles corresponde girar a las provincias y que eso no está sucediendo. “Entonces (la Nación) percibe, no reenvía y, obviamente, allí viene esa asimetría que decía. Se incrementan las obligaciones que se tienen que hacer cargo las provincias y, por el otro lado, los recursos bajan”, criticó. Encuentro con la FET La Federación Económica de Tucumán (FET) expuso propuestas y preocupaciones vinculadas a la situación productiva y comercial de la región. “Hoy tenemos tasas que superan el 100%, lo que hace inviable el acceso al crédito”, dijo Héctor Viñuales, su titular. Señaló que los costos de energía, alquileres y la baja en la rentabilidad generan impacto directo. “Esto se traduce en una caída de la inversión y en un deterioro del empleo, que es nuestra principal preocupación”, afirmó. Convenio con la UNT Autoridades del Parlamento del Norte Grande y la Facultad de Derecho de la UNT firmaron convenio tiene como objetivo la implementación de un plan de actividades conjuntas para el dictado de la “Diplomatura en Destrezas Teóricas y Prácticas de Derecho Parlamentario”, una propuesta académica orientada a fortalecer la capacitación técnica y profesional en el ámbito legislativo. Se establecieron beneficios como descuentos y becas para los empleados que deseen hacer el cursado. La Gaceta

Formas de mirar el abuso con los créditos del Banco Nación: 0,2% de los receptores de hipotecas o 50% del staff de la consultora de Caputo. Absurdas preguntas de Soez y sobreactuación de Pettovello. La corrupción a cada paso y millones de personas que no pueden viajar en colectivo ni atenderse en el PAMI. Por Sebastián Lacunza Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”. El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales. El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo. De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo. Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones. Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre. En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica). El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”. Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran. A su lado, Furiase explicó lacónico – ajeno a su novedosa preferencia por la provocación – que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Pilares e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista.Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedicará ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas. Furiase – era director del BCRA cuando recibió el préstamo – y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito. El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete. La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza. Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial. ¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante? En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien

La política instrumentada por el presidente Javier Milei, seguida por algunos Gobernadores, va en contra de la obligación activa y positiva que debe tener el Estado en el fomento y protección de la Educación, como un derecho humano fundamental. Por el Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe* En dicha política se viola los derechos que les corresponden a las y los docentes, que son el instrumento básico en la enseñanza. Ésta debe tener, esencial y preferentemente, calidad humana directa y no necesariamente a través de Internet. El aprendizaje no puede sustituirse integralmente con tutoriales virtuales, que responden a algoritmos matemáticos uniformes, que no contemplan la riqueza particular de cada educando y menos se debe permitir que sea manejada por la llamada “inteligencia artificial”, con criterios de un discurso único, para uniformar y colonizar mentes. Derecho social y un bien público La Constitución Nacional garantiza el derecho a enseñar y aprender, asegura a los docentes “remuneración justa”, condiciones dignas de trabajo y garantiza “los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”, (arts. 14, 14 bis y 75 inc. 19). En este último aspecto, además, la Ley de Educación Nacional 26.206, del año 2006, reconoce al docente como actor central de la educación, obliga al Estado a asegurar condiciones laborales adecuadas y define la educación como un derecho social y un bien público, garantizado por el Estado. Asimismo, debemos agregar, que el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, incorporado con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22) determina que, los Estados Partes en el Pacto, como nuestro país, se compro¬meten a asegurar “el dere¬cho de toda persona a la educación y re-conocen que, con el objeto de lo¬grar el pleno ejercicio de este derecho se debe mejorar conti¬nuamente las condiciones materiales del cuerpo do¬cente”, (art. 13, apart. 2, inc. “e”). Es tan importante este objetivo estratégico de educar que la norma, fija una pauta dinámica para la determinación de la retribución a los docentes y de los demás requerimientos necesarios para cumplir, debidamente, una enseñanza adecuada. La norma usa la palabra “continuamente” que implica, que se debe estar pendiente de mejorar las condiciones materiales al sector. El salario digno para las y los docentes, en general, no es discrecional del gobernante de turno, sino que es una obligación estatal exigible y como dice la constitución “se debe mejorar conti¬nuamente las condiciones materiales del sector docente”. Sector este, que en función de ello tiene una “Cláusula Gatillo” incorporada en la Constitución, que obliga a ajustar, automáticamente, los salarios docentes según la inflación, impidiendo la pérdida del poder adquisitivo. El derecho a la educación es un derecho prestacional que exige financiamiento, infraestructura y políticas activas, es una inversión y no un gasto tenido como improductivo. Para que exista calidad educativa es necesario que se den condiciones pedagógicas, garantizar infraestructura adecuada, en todos los niveles educativos y reconocimiento de la tarea docente con salarios dignos que, en la mayoría del país, en este momento, se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Reducción de la responsabilidad estatal El gobierno de Milei comenzó por reducir la centralidad educativa rebajando el Ministerio de Educación a una Secretaría de Estado. Ello con una visión en la que el Estado redujo su responsabilidad y no pagó, ni paga, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que fue un componente salarial nacional importante para docentes de escuelas oficiales y privadas subvencionadas, creado en 1998, luego de la lucha de la llamada “Carpa Blanca”, y ese aporte representaba un 10 al 15% del salario docente. Asimismo, en 2025, el Ejecutivo vetó una Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y dicho veto fue rechazado por el Congreso Nacional. Sin embargo, el ejecutivo dijo que no la cumpliría. A principios de 2026, la justicia ordenó la “inmediata ejecución” de la Ley, ratificando la necesidad de recomponer salarios y gastos de funcionamiento, ya que los fondos asignados no cubren las necesidades operativas de las Universidades, con un desfinanciamiento que se arrastra desde los años 2024 y 2025. A pesar de la decisión judicial que ordenaba cumplir, el presupuesto para 2026 es el más bajo de las últimas dos décadas, afectando salarios y funcionamiento de las altas casas de estudio. La reducción sustancial del presupuesto es inconstitucional, como ahora, porque afecta el “contenido esencial” del derecho a la educación. Todo lo cual ha debilitado la educación como derecho social y se pretende someterla a la lógica del mercado. Derecho de huelga Además, Milei desvaloriza el “acto humano de educar”, desprestigia socialmente a los y las docentes y les responsabiliza de la falta de escolaridad de los menores, cuando se ejerce el legítimo derecho de huelga, sin tener presente, que la educación es un derecho y el responsable principal que se cumpla adecuada e integralmente es el propio Estado. Sin embargo, culpa a las víctimas sosteniendo que el problema de la falta de clases es sólo una cuestión entre alumnado, docentes y su gremio. Ahora, en la ley 27.802 mal llamada de “Modernización Laboral”, se restringe el derecho de huelga docente, (art. 101) incorporando a la educación como “servicio esencial”, lo que afecta gravemente el derecho de huelga de las trabajadoras y los trabajadores docentes de todo el país. En estos días hay varias resoluciones de Tribunales Nacionales del Trabajo que suspendieron la vigencia de dicho artículo, pero la justicia Contencioso Administrativo Federal, está trabando las decisiones suspensivas. La huelga docente es legítima Al respecto, no podemos olvidar que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció, ante un plateo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que “el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse:… en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, `aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, en toda o parte de la población’… ‘no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del

La discusión quedó sin fecha tras un pedido del Ministerio de Desregulación. El oficialismo defiende la adhesión, mientras la industria local advierte por su impacto en el acceso a medicamentos. La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, previsto para este martes, en un contexto de tensión entre el Gobierno y los laboratorios nacionales. La iniciativa, vinculada al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, quedó por ahora sin fecha de debate. Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la postergación fue solicitada por el Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria fue desconvocado sin reprogramación confirmada. Desde esa cartera señalaron que el pedido se vincula con la ausencia del secretario Alejandro Cacace, quien participa en Estados Unidos de actividades sobre inteligencia artificial junto a legisladores. Resistencia de la industria nacional El principal obstáculo para la ratificación del acuerdo es el rechazo de los laboratorios locales, que cuestionan especialmente el capítulo II del tratado. Ese apartado fija condiciones sobre propiedad intelectual que, según advierten, podrían alterar el esquema vigente en el país. La tensión se profundizó tras la decisión del presidente Javier Milei de derogar resoluciones de 2012 que establecían criterios de patentabilidad y favorecían la producción de medicamentos genéricos. Las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron ante Diputados que la aprobación implicaría “una cesión de soberanía” y dejaría sin efecto las guías aplicadas desde hace más de una década. En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo. Un margen de negociación acotado Fuentes oficiales sostienen que Argentina no puede introducir cambios en el capítulo cuestionado. Argumentan que el país no formuló reservas al momento de adherir al tratado, por lo que debe aprobarse en su versión actual. Los laboratorios nacionales defienden el esquema vigente, que permite producir versiones alternativas de medicamentos bajo ciertas condiciones y, según afirman, contribuye a precios más accesibles. En contraposición, empresas internacionales reclaman el reconocimiento de sus inversiones en investigación. La disputa remite al debate por la ley de Patentes de los años 90, que también enfrentó a actores locales y extranjeros. La defensa del Gobierno El oficialismo sostiene que la adhesión facilitaría la inserción internacional del sistema científico y productivo. Afirma que empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya utilizan este sistema desde el exterior. También destaca que el CONICET y Universidades concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo ese esquema, una de las proporciones más altas de América Latina, y que la adhesión permitiría reducir costos administrativos. Según el Gobierno, el tratado no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que podría fortalecerlo y abrir la posibilidad de que sea designado como autoridad internacional de examen preliminar, como ocurre en Brasil. El Diario Ar

Desde la UTA Corrientes confirmaron este lunes que las unidades dejan de circular desde este momemento una hoa antes de la medianoche y volverán a operar desde la madrugada. La medida se vincula con decisiones adoptadas previamente por las empresas del sector. El servicio de transporte urbano de pasajeros en Corrientes comenzó a verse interrumpido durante la noche de este lunes. Según informó el subsecretario de la UTA Corrientes, José Luis Sabao, los colectivos dejaban de circular a partir de las 23. De acuerdo a lo señalado, la prestación se reanudaba desde las 4:30, retomando su funcionamiento habitual en las primeras horas del día. La medida, según indicaron desde el sector, responde a decisiones adoptadas previamente por las empresas de transporte en los últimos días a razón de “ahorrar combustible”, aunque no se brindaron mayores precisiones sobre los alcances de esas disposiciones. El corte del servicio nocturno impactará a las empresas de Ersa y San Lorenzo, según confonfirmó el secretario de la UTA a Radio Sudamericana. Hasta el momento, no se informaron modificaciones adicionales en los recorridos ni en la frecuencia prevista para el resto de la jornada una vez restablecido el servicio. Radio Sudamericana

La vicepresidenta tiene que definir sobre la medida que impuso el juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis sobre el presidente provisional del Senado. El legislador denuncia persecución política del gobernador Poggi, que lo tendría como rival electoral en 2027. “Feliz cumpleaños Victoria Villarruel”. Con ese mensaje Bartolomé Abdala, el senador de La Libertad Avanza que ocupa la presidencia provisional de la Cámara alta, saludó a Victoria Villarruel este lunes a través de Facebook. Pero el saludo tenía una lectura entre líneas: la vicepresidenta tiene que definir si le embarga la dieta al legislador, luego de que la Justicia de San Luis le exigiera ejcutar una orden judicial por una deuda que Abdala tiene con el fisco provincial. elDiarioAR supo que el requerimiento judicial ya fue procesado en la cúpula del Senado: “Se envió el requerimiento judicial al área de Sueldos y Dietas del Senado, para, de corresponder si así fuera, aplicar las deducciones, conforme la medida judicial”, recogió este medio de una fuente parlamentaria con conocimiento del caso. La frase, cuidadosa en su forma, confirma que el mecanismo está en marcha aunque deja abierta la puerta a eventuales impugnaciones que pueda presentar el propio senador. El juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis, Alberto Spagnuolo, dispuso el embargo ejecutivo sobre los haberes de Abdala por una deuda de $45 millones en concepto de impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales. El oficio, basado en la ley 22.172, fue emitido el 6 de abril e ingresó formalmente por la mesa de entradas del Senado el viernes pasado. La resolución obliga al Senado a retener el porcentaje que fije la ley de la dieta del legislador hasta cancelar el monto total. Un senador nacional gana actualmente unos 11 millones de pesos mensuales, por lo que el embargo podría extenderse varios meses. El caso tiene una carga institucional difícil de ignorar. Abdala llegó a estar a cargo del Poder Ejecutivo nacional por unos días el año pasado, cuando tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Villarruel se encontraban fuera del país. Es, en la práctica, el número dos del Senado. Y es uno de los suyos: senador de La Libertad Avanza. El argumento de Abdala: persecución política El senador reaccionó antes de recibir notificación formal. En declaraciones a Clarín, dijo que “no me notificaron nada” en forma oficial y que este lunes se reuniría con sus abogados para definir cómo afrontar la deuda. Pero rápidamente ubicó el conflicto en clave electoral. Abdala calificó la medida como “una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” y la vinculó con sus posibilidades de candidatearse para sucederlo en las elecciones provinciales del año próximo. “En San Luis, cuando alguien se anima a discutirle el poder a la casta, se transforma en un problema. Y para la política tradicional, cuando sos un problema, también te convertís en alguien a quien operar y amedrentar”, escribió el legislador. Calificó la medida como “una operación burda, habitual en el gobierno de Claudio Poggi”. La semana pasada, en el Senado, había dicho que “el gobierno de mi provincia está más sucio que una papa”. También apuntó contra la política fiscal puntana en general: la Dirección Provincial de Ingresos Públicos inició más de 5.200 juicios a deudores de impuestos provinciales por un total de 9.113 millones de pesos. El problema para Abdala es que la deuda existe, y que él mismo declaró tener con qué pagarla. En su última declaración jurada, correspondiente a 2024 y presentada ante la Oficina Anticorrupción, informó cinco inmuebles, tres vehículos y un patrimonio estimado en 197 millones de pesos. Contador de profesión, alega desconocer una deuda impositiva de 45 millones pese a las propiedades declaradas. La réplica del gobierno de San Luis Desde la administración de Poggi no dejaron pasar la oportunidad. La directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, rechazó de plano las acusaciones de intencionalidad política y explicó que la política fiscal se basa en el principio de capacidad contributiva: “El que tiene más, contribuye más. No es lo mismo la tasa de un barrio común que la de una vivienda en un country, ni un vehículo de alta gama que un utilitario”. La frase de remate apuntó directo al senador: “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto.” En otras palabras: es un contribuyente con capacidad económica declarada que no paga sus impuestos provinciales. En 2023, el gobernador Poggi, en alianza con Juntos por el Cambio, desplazó del poder a Alberto Rodríguez Saá, quien junto con su hermano venía gobernando la provincia desde 1983. Desde entonces, la relación entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza fue deteriorándose. Abdala, que fue ministro de Turismo durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá y luego migró al PRO y finalmente a LLA, se convirtió en el principal vector de esa tensión. El Diario Ar

En el medio del paro de los médicos nucleados en APPAMIA, el organismo defendió la medida como parte de un reordenamiento del sistema. Desde el PAMI negaron que la medida implique un recorte salarial y aseguraron que la actualización del esquema representa, en realidad, una mejora en los ingresos de los médicos de cabecera. Según explicaron, el valor de la cápita pasó de $946 a $2.100, lo que incrementa el ingreso fijo de los profesionales. En ese sentido, indicaron que un médico con 800 cápitas pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa una suba del 121%. Afirmaron además que la decisión apunta a ordenar el sistema y hacer más previsible la inversión. También sostuvieron que la unificación del nomenclador responde a un reclamo histórico del sector, ya que simplifica la operatoria y reduce la carga administrativa vinculada a la transmisión de órdenes médicas. Por otra parte, remarcaron que el nuevo esquema permitirá fortalecer los controles sobre las prestaciones, en particular en la validación de consultas y la trazabilidad del trabajo médico, ante posibles inconsistencias en los registros. Finalmente, señalaron que existe el compromiso de revisar el valor de la cápita a medida que se estabilice la situación, con el objetivo de avanzar en una recomposición progresiva de los ingresos. Minuto 1

Aduciendo la prolongada y sostenida crisis económica nacional que resintió la cadena de pagos, el gobierno de Misiones que tiene al mando a Hugo Passalacqua decidió disolver la empresa estatal Misio Pharma. Con una resolución publicada en el Boletín Oficial de la provincia, las autoridades misioneras dispusieron un interventor para que liquide las operaciones de esta sociedad que tiene un solo socio: el gobierno de Misiones. Según argumenta el Decreto Nº 539/2026, esta empresa estatal que producía y distribuía cannabis medicinal a los centros de salud del territorio, el cierre se debe a la crisis económica que atraviesa el país. En primer lugar, el decreto señaló que la empresa estatal creada en 2019 quedó atrapada en un contexto de recesión prolongada, que provocó la ruptura de las cadenas de pago y elevó el riesgo de que las sociedades del Estado perdieran su capital social. De acuerdo a lo que explica el documento oficial, la crítica situación económica y financiera nacional volvió “imposible” cumplir los objetivos para los cuales la compañía había sido creada. Frente a ese escenario, el Ejecutivo planteó la necesidad de racionalizar y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, lo que incluye revisar y eventualmente cerrar estructuras que no puedan sostenerse. El texto también recuerda que la voluntad del socio (la provincia) es una causal legal de disolución prevista en la Ley de Sociedades. Además, menciona que la normativa que regulaba a las sociedades del Estado (Ley 20.705) quedó sin efecto tras el DNU 70/23, lo que habilita el uso de mecanismos de autoconvocatoria para avanzar con la liquidación. Horas más tarde, el gobernador Passalacqua publicó en redes sociales un texto que detalla la operación, y aseguró que los profesionales y recursos técnicos pasarán a formar parte de la Biofábrica Misiones, otra empresa estatal dedicada a la investigación, producción y transferencia de tecnología a empresas e instituciones. “Informo que he decidido avanzar en la disolución de MisioPharma, disponiendo el cese de sus funciones operativas para que su personal científico calificado y sus recursos técnicos se integren plenamente a la Biofábrica Misiones, para potenciar su crecimiento”, indicó el gobernador en la red social X. Lo llamativo del mensaje del gobernador es que acusa otros argumentos distintos a los que explica el Decreto. En el caso de las redes sociales, Passalacqua asegura: “Esta decisión se fundamenta en la necesaria evolución ante un mercado mundial que, a diferencia de hace seis años, hoy se encuentra normalizado y maduro, permitiendo un acceso a insumos de manera más ágil y económica a través de técnicas productivas privadas más eficientes que las de una estructura estatal propia, así como de la importación”. Es decir que Passalacqua nunca argumenta la crisis económica a nivel nacional que detalla el documento oficial publicado en horas de la mañana. Quizá para evitar confrontar con los usuarios de las redes sociales que son afines al presidente Javier Milei. “Al mismo tiempo, esta integración responde a la necesidad de jerarquizar la Biofáfrica, un orgullo único en el país que hoy demanda mayor escala, maquinaria y profesionales. Al sumar el capital humano de excelencia y la tecnología de MisioPharma, robustecemos nuestra mayor institución biotecnológica, potenciando su desarrollo estratégico y su capacidad de innovación bajo un mismo techo”, agregó el mandatario. “​De esta manera, optimizamos nuestra estructura para ser más competitivos, ahorrando recursos y garantizando que el conocimiento misionero siga creciendo con fuerza. En el contexto económico actual, nuestra prioridad es la optimización absoluta de los recursos públicos, eliminando costos operativos innecesarios para redirigir el presupuesto hacia áreas críticas, garantizando así un Estado eficiente y responsable”, cerró la comunicación Hugo Passalacqua en X. Bichos de Campo

Sólo en el primer trimestre la suba de los precios de la canasta de los trabajadores llegó al 9%. El IPC de marzo fue más alto entre desocupados (3,6%) y asalariados no registrados (3,4%). La inflación continúa recalentándose y alcanzó el 3,3% en marzo, según la medición del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET). Se trata de un aumento de seis décimas por encima de febrero, en un contexto que ya acumula un 9% en el primer trimestre y evidencia una tendencia creciente desde fines del año pasado. La variación interanual se ubicó en el 31,5% y advierten por una aceleración sostenida desde octubre del año pasado. En marzo, el aumento de precios afectó más a los hogares de menores ingresos: fue más alta entre desocupados (3,6%) y asalariados no registrados (3,4%), de acuerdo con la medición elaborada por la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) junto al Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD). Aceleración inflacionaria y presión de regulados El informe atribuye buena parte del aumento de marzo a factores estacionales y a la dinámica de los precios regulados. La división que más subió fue Educación (8,6%), impulsada por el inicio del ciclo lectivo, seguida por Transporte (5,7%), en medio de incrementos en combustibles y tarifas de colectivos. También incidieron Prendas de vestir y calzado (3,6%), por el cambio de temporada, y Vivienda (3,5%), traccionada por subas en electricidad. En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró un alza del 3,2%, con un fuerte incremento en carnes (6,3%), parcialmente compensado por bajas en frutas y verduras. El coordinador general del IET, Fabián Amico, explicó que detrás de la aceleración confluyen distintos factores: “Por el lado de alimentos, está el problema de la carne, vinculado al precio de exportación para China, y el traslado gradual del tipo de cambio a precios. Un factor crucial es el aumento de los precios regulados, como electricidad, transporte y educación, debido a la baja de subsidios en medio del shock inflacionario resultante de la guerra”. Impacto desigual y deterioro del salario real Uno de los datos más relevantes del informe es el impacto diferenciado según nivel de ingresos. La inflación de marzo fue más alta entre desocupados (3,6%) y asalariados no registrados (3,4%), mientras que los jubilados registraron una suba menor (3,1%). La segmentación por ingresos muestra una brecha clara, ya que el decil 2 tuvo una inflación del 3,57%, frente al 3,01% del decil 10. La explicación radica en la composición de las canastas de consumo: los rubros que más aumentaron —como alimentos, transporte y tarifas— tienen mayor peso en los hogares de menores ingresos. En la comparación interanual, las diferencias se moderan, aunque se mantiene la tendencia: el decil más bajo registró una suba del 31,7% frente al 31,3% del más alto. Por rubros, Vivienda lideró los aumentos en los últimos doce meses (38,6%), seguida por Bienes y servicios varios (38%) y Transporte (37,5%). “El gobierno muestra una pasividad creciente ante la aceleración de la inflación y el deterioro de la economía, en un contexto donde el salario real ha caído más del 6% desde noviembre pasado”, sostuvo Nicolás Trotta, director ejecutivo del CCD y diputado nacional. Además, apuntó contra el Gobierno: “La respuesta del mercado y del sector privado ante el ajuste y el shock externo es forzosamente recesiva e inflacionaria. La política anticíclica no forma parte del recetario del gobierno, que sigue empeñado en que el mercado resolverá por sí solo los problemas de pobreza, ingresos, actividad e inflación”, subrayó. Ámbito

El Ministerio de Salud llevó adelante una Jornada de Abordaje Interdisciplinario en Traumatología y Neurología, destinada a profesionales de los servicios sanitarios, con el objetivo de fortalecer la formación y mejorar la calidad de atención a los pacientes. Bajo el lema “Integrando saberes para acompañar, rehabilitar y transformar vidas desde el movimiento”, la actividad se desarrolló en el Salón Ciber Salud del hospital Perrando, de 8 a 13.30, de manera presencial para profesionales del Área Metropolitana y con modalidad virtual, vía Zoom, para quienes se desempeñan en el interior provincial, en el marco del Día del Kinesiólogo. La directora de Kinesiología, Lorena Peralta, destacó el crecimiento de la disciplina y el rol clave de los profesionales en el sistema de salud. “La Kinesiología ha avanzado a partir de la incorporación de nuevas especialidades, como neurología, pediatría y cardiovascular, lo que le permitió ocupar un lugar central en la rehabilitación y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes”, señaló. Asimismo, subrayó la importancia de este tipo de espacios de capacitación continua, orientados a la actualización de conocimientos y al perfeccionamiento del desempeño profesional dentro del sistema público. Durante la jornada se abordaron temáticas vinculadas a la traumatología, como lesiones de ligamentos cruzados y tendinitis, y a la neurología, con contenidos sobre nervio periférico, anatomía y sus patologías. Las exposiciones están a cargo de profesionales del hospital Perrando, entre ellos Pablo Quiroz y Facundo Yaguas en el área traumatológica, y las doctoras Svriz y Bogado Arovich en neurología. Por su parte, el jefe del Servicio de Kinesiología del hospital, Marcelo Luponio, destacó el enfoque integral de la propuesta. “Esta jornada es muy importante porque promueve un abordaje interdisciplinario entre kinesiólogos y médicos traumatólogos, permitiendo analizar casos clínicos y definir estrategias conjuntas para la recuperación de los pacientes”, expresó. El Servicio de Kinesiología del hospital Perrando cuenta con más de 60 profesionales que se desempeñan en diversas áreas, incluyendo guardia, consultorios externos, internación, traumatología, ginecología, oncología, pediatría y terapia intensiva, consolidando un equipo clave dentro del sistema de salud pública provincial.

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, se refirió con dureza a la situación del ex efectivo policial que, tras haber renunciado a la fuerza, manifestó su intención de reingresar. “No vamos a permitir su reincorporación, porque si no está bien emocionalmente como él mismo declara, sería un peligro que vuelva a portar un arma”, señaló. En declaraciones periodísticas, el funcionario provincial cuestionó la actitud y remarcó el impacto negativo que genera dentro de la institución, en sus camaradas y en la sociedad. “Es una falta de respeto a la institución y a toda la sociedad”, afirmó Matkovich, al tiempo que amplió: “Pero también es una falta de respeto a sus camaradas, que todos los días arriesgan su vida para cuidar a los chaqueños”. En esa línea, el ministro subrayó el compromiso que implica formar parte de la fuerza policial y la responsabilidad que conlleva vestir el uniforme. “La Policía no es un lugar de paso ni una opción circunstancial. Es una vocación que exige convicción, disciplina y compromiso permanente con la comunidad”, sostuvo. Además, expresó el malestar que este tipo de situaciones genera puertas adentro de la institución. “Lamentamos la actitud de este ciudadano, porque decisiones como estas afectan el espíritu de cuerpo y el respeto que debe primar entre quienes integran la fuerza”, señaló. Por último, Matkovich reafirmó la importancia de fortalecer los valores institucionales y respaldar a los efectivos que cumplen su labor diariamente. “Vamos a seguir defendiendo a quienes honran el uniforme con su trabajo y su entrega, porque son ellos los que aportan día a día a la seguridad de todos los chaqueños”, concluyó.

Este viernes 17 de abril, a partir de las 18, se llevará a cabo la jornada “Memoria de Malvinas: prensa, archivo y voces que se resisten al olvido”. Esta iniciativa del Instituto de Cultura del Chaco articula el trabajo del Museo de Medios de Comunicación “Raúl D. Berneri”, Archivo Histórico del Chaco “Monseñor José Alumni” y el Centro Cultural Leopoldo Marechal en un circuito que propone una mirada integral sobre el conflicto del Atlántico Sur. La actividad es libre y gratuita. La iniciativa, que cuenta con la colaboración del colectivo Malvinarte, propone un abordaje interdisciplinario donde convergen el documento histórico y la expresión artística. Mediante el cruce de archivos de prensa y testimonios, genera un espacio de reflexión crítica sobre la memoria social, la construcción de sentido y la vigencia del reclamo soberano. A las 18:00 hs, en el patio ancestral del Centro Cultural Leopoldo Marechal (Pellegrini 272), se realizará el conversatorio “Qompi añaxaic (los valientes) malvineros”, con el acompañamiento de la Fundación Napalpí y del Programa de Promoción Sociocultural, generando un espacio de intercambio que recupera voces y miradas desde el territorio. A las 19:30 se prevé la actuación del coro Chelaalapi, que funcionará como nexo entre las instituciones del ICCH. A las 19:45 hs, el Museo de Medios de Comunicación será sede de la propuesta del Archivo Histórico “Malvinas: noticias que nos atraviesan”, un recorrido por diarios y revistas nacionales que dieron cobertura al conflicto, poniendo en foco el rol de la prensa en la construcción de sentidos durante ese período. Finalmente, a las 20:00 hs, tendrá lugar la inauguración de la muestra inmersiva “Una casa de memorias íntimas”, una propuesta expositiva centrada en la memoria del conflicto desde una dimensión sensible y cotidiana. La muestra propone la recreación de una casa como dispositivo expositivo, donde objetos, fotografías, cartas y materiales de época construyen un recorrido que invita a habitar el espacio doméstico durante la guerra. A través de esta experiencia, se busca dar cuenta del impacto de la comunicación mediática —prensa gráfica, radio y televisión— en la vida cotidiana y en la intimidad de las familias. Asimismo, la propuesta incorpora soportes digitales y audiovisuales, incluyendo entrevistas a referentes de la comunicación, periodistas y familiares, con el objetivo de construir una mirada plural sobre las formas en que la información circulaba y era apropiada en el ámbito hogareño. El ciclo pone en valor el cruce entre memoria, archivo y comunicación, promoviendo una reflexión crítica sobre el pasado reciente y sus resonancias en el presente. Cronograma 18:00 a 19:30 hs – Conversatorio “Qompi añaxaic los valientes malvineros”. Patio ancestral – Centro Cultural Leopoldo Marechal (Pellegrini 272) 19:30 hs Actuación del Coro Chelaalapi. 19:45 hs – Malvinas: noticias que nos atraviesan. Archivo Histórico – Museo de Medios de Comunicación (Pellegrini 213) 20:00 hs Inauguración de la muestra inmersiva “Una casa de memorias íntimas”. Museo de Medios de Comunicación Malvinarte Malvinarte es un colectivo cultural y artístico que trabaja en la construcción de memoria sobre la causa Malvinas desde una mirada sensible, contemporánea y profundamente humana. A través de distintas expresiones -como las artes visuales, la música, la palabra, el registro audiovisual y las acciones performáticas- genera espacios de encuentro entre ex combatientes, artistas y la comunidad. Su enfoque se centra en visibilizar las historias, emociones y huellas que dejó la guerra, no solo desde lo histórico, sino también desde lo simbólico y lo cotidiano. En este sentido, impulsa proyectos colaborativos que invitan a reflexionar sobre la identidad, la soberanía y la memoria colectiva, poniendo en diálogo distintas generaciones. En el marco de la muestra “Una casa de memorias íntimas”, Malvinarte participa activamente en la divulgación y el acompañamiento del proyecto aportando un espacio especialmente concebido para acercar al público a relatos personales y experiencias sensibles vinculadas a Malvinas. Asimismo, pone a disposición del museo algunas piezas emblemáticas de su colección, que enriquecen el recorrido expositivo con objetos de alto valor simbólico. También acompaña el desarrollo de la propuesta didáctica destinada a escuelas, contribuyendo con herramientas pedagógicas que permiten abordar la temática desde una perspectiva reflexiva y accesible para las nuevas generaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, analizó el panorama económico actual y anticipó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%. El mercado aguarda la publicación del Índice de Precios al Consumidor de marzo. Las estimaciones privadas ya coincidían en que el dato rondará el 3%, lo que lo convertiría en el registro más alto del año. Durante una exposición ante empresarios y referentes del sistema financiero, el funcionario repasó la situación macroeconómica, defendió la estrategia oficial y ratificó el rumbo del Gobierno. En relación con el dato que difundirá el Indec este martes, Caputo explicó que la suba de precios estará influida por factores puntuales. “Probablemente supere el 3% debido a un shock vinculado al petróleo, que impactó en rubros como el transporte y los pasajes aéreos. También incide la estacionalidad de educación en marzo”, señaló. A su vez, sostuvo que a partir de abril comenzaría una etapa de desaceleración inflacionaria acompañada de crecimiento económico. Las declaraciones se dieron en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el marco de la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, de Salvador Di Stefano, y en la antesala de su viaje a Washington para participar de las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Expectativas del mercado para la inflación El mercado aguarda la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. Las estimaciones privadas coinciden en que el dato rondará el 3%, lo que lo convertiría en el registro más alto del año, en línea con lo ocurrido en enero. Entre los factores que más presionaron sobre los precios se destacan los aumentos en educación, la canasta básica y los combustibles, según relevamientos difundidos por distintas consultoras. De acuerdo con el Banco Central, a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la inflación de marzo se ubicaría en torno al 3%, con una inflación núcleo cercana al 2,9%. Proyecciones para los próximos meses Las proyecciones anticipan una desaceleración gradual en los meses siguientes. Para abril, se espera una inflación del 2,6%, mientras que en mayo podría descender al 2,3%. Para el bimestre junio-julio, el IPC se ubicaría en torno al 2%, y en agosto y septiembre bajaría al 1,8%. En este escenario, el REM proyecta que la inflación acumulada de 2026 cierre en torno al 29,1%, lo que implicaría una baja respecto de los niveles actuales, aunque en un contexto todavía desafiante para el consumo. En cuanto al arranque del año, el primer bimestre acumuló una suba del 5,9%, reflejando la persistencia de la presión inflacionaria. Uno de los rubros que más incidió en marzo fue educación, que registró un incremento del 8,7% debido al inicio del ciclo lectivo, un componente estacional que suele impactar en el índice general. El Destape

El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) informó que, por razones técnicas, se dispuso la suspensión momentánea de las inscripciones, previstas para este martes, al proyecto habitacional privado AXIS. La medida responde a la necesidad de realizar ajustes en las plataformas digitales utilizadas para el registro de postulantes, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar un proceso más ágil y seguro. Desde el organismo provincial señalaron que la suspensión es de carácter transitorio y que próximamente se comunicará la nueva fecha de reapertura de inscripciones. Asimismo, se remarcó que el procedimiento continuará desarrollándose bajo los mismos criterios de transparencia e igualdad de oportunidades. En este sentido, se solicita a las personas interesadas mantenerse atentas a los canales oficiales del IPDUV y a la plataforma Tu Gobierno Digital, donde se difundirá la información actualizada sobre la continuidad del proceso.

Tras el fallo favorable a la Argentina, la Cámara de Apelaciones de Nueva York dejó en suspenso todas las apelaciones relativas al caso YPF. Es una medida consistente con la decisión de dejar sin efecto la condena que obligaba al país a pagar USD 16.000 millones, en el marco del juicio iniciado por la estatización de la petrolera. Asimismo, el tribunal canceló la audiencia programada para el 16 de abril donde se iban a tratar esas apelaciones. Una de ellas era la presentada por la Argentina contra la orden de la jueza Loretta Preska que obligaba a entregar acciones de la empresa a los acreedores. “La Cámara de NY sigue tomando las medidas lógicas derivadas de su fallo favorable a la Argentina. Ahora deja en suspenso todas las demás apelaciones relativas al caso hasta que ese fallo quede firme”, informó Sebastián Soler, ex subprocurador del Tesoro. Esto es luego de que se resuelvan los dos recursos que puede intentar Burford Capital, a criterio de Soler, muy “cuesta arriba”: Días atrás, Burford, principal beneficiario del litigio, pidió a la Cámara que se amplíe hasta el 8 de mayo el plazo para revisar la decisión favorable a la Argentina. Justificaron este pedido argumentando que su abogado principal, Paul Clement, tiene “obligaciones profesionales y personales en las próximas semanas que le dificultarían preparar una solicitud adecuada en el plazo original”. Las consecuencias del fallo Cabe mencionar que tras conocerse la victoria de la Argentina, el fondo inglés emitió un comunicado en el que afirmó: “La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”. “Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, agregó. Vale recordar que el fallo a favor de Argentina, en términos generales, sostuvo que el Congreso y las leyes que este dicta prevalecen sobre el estatuto de YPF y el de cualquier otra empresa. En esa línea, la mayoría del tribunal argumentó que, según la legislación argentina, los estatutos de una sociedad anónima tienen un carácter organizativo interno y no configuran contratos bilaterales exigibles entre accionistas privados y el Estado. Esta interpretación resultó determinante para descartar que la expropiación generara, de manera automática, una obligación contractual indemnizable entre el Estado argentino y los accionistas privados. A lo largo del juicio, Burford buscó que se declarara al país en desacato, reclamó la transferencia de las acciones estatales en YPF e intentó probar la existencia de un “alter ego” entre la petrolera, otras empresas y organismos, y el Estado argentino. El argumento completo a favor de Argentina: “En apelación del Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito de Nueva York ante Cabranes, Chin y Robinson, jueces de circuito. Apelación de órdenes y sentencia final del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (Preska, J.) en dos casos consolidados, que culminaron en una adjudicación combinada de daños por 16.100 millones de dólares a los accionistas minoritarios de una empresa argentina de petróleo y gas. El tribunal de distrito dictó sentencia a favor de los accionistas, al determinar que la República Argentina violó la ley argentina al expropiar la mayoría de las acciones ordinarias de la empresa de una manera que violó su estatuto, y otorgó sentencia a la empresa con respecto a las reclamaciones de los accionistas contra la empresa. La República Argentina apela, argumentando que la sentencia y las órdenes previas se basaron, entre otras cosas, en interpretaciones erróneas de la ley argentina. Los accionistas presentan una apelación cruzada, impugnando la sentencia del tribunal de distrito a favor de la empresa y el rechazo de sus reclamaciones por impedimento promisorio contra ambos demandados. Sostenemos que las reclamaciones de daños por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son reconocibles según la ley argentina, y que las reclamaciones restantes de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento. Se confirma en parte, se revoca en parte y se remite para procedimientos adicionales consistentes con esta opinión. El juez Cabranes disiente en una opinión separada“. Infobae

El gremio de Trabajadores Viales que encabeza Graciela Aleñá acusó al Presidente Javier Milei y a funcionarios de presunta administración fraudulenta y desvío de recursos previsionales de la seguridad social hacia el ámbito financiero, puntualmente a la Comisión Nacional de Valores. El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la Nación Argentina (STVyARA), representado por su Secretaria General, Graciela Aleñá, con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo S. Barcesat, llevó adelante una denuncia penal ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), registrada bajo el Nº 204/2026, contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su gobierno, por el presunto manejo irregular de fondos de la seguridad social. La presentación solicita la investigación de posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad (artículo 248 del Código Penal), en concurso con administración fraudulenta (artículo 174, inciso 5º), vinculados a la presunta apropiación de fondos de la seguridad social para su inversión en el ámbito privado. Según se expone en la denuncia, dichos fondos habrían sido canalizados hacia instrumentos bajo control de la Comisión Nacional de Valores, organismo ajeno al sistema de seguridad social y al régimen solidario de reparto que sostiene las jubilaciones de los trabajadores en relación de dependencia. Desde el sindicato advirtieron que esta situación representa un retroceso hacia esquemas similares a los implementados durante el régimen de las AFJP, que generaron perjuicios económicos a los trabajadores y beneficios para entidades financieras. Cabe destacar que, la acción penal también alcanza a funcionarios del ámbito político y administrativo que participaron en la elaboración del proyecto de ley de “modernización laboral”, así como a legisladores nacionales que votaron a favor de la sanción de la Ley Nº 27.802. En ese sentido, en el escrito, se señala además la presunta vulneración de principios constitucionales fundamentales, en particular el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza el carácter integral e irrenunciable de la seguridad social. Asimismo, se invocan tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la protección de los derechos laborales bajo los principios de dignidad, progresividad y no regresión. Infogremiales

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, enfatizó que los 95 libertarios acompañarán al jefe de Gabinete en la sesión informativa; “va a ser picante”, dijo en tono desafiante; la estrategia electoral para Buenos Aires Pese a las recomendaciones en contrario de sus propios aliados, el oficialismo está decidido a recibir en el recinto el próximo miércoles 29 al jefe de Gabinete Manuel Adorni – investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito – para que ofrezca su informe de gestión en la Cámara de Diputados. Incluso el oficialismo de la Cámara baja no descarta que el propio Javier Milei esté presente en la sesión, toda una señal de que los libertarios no le van a soltar la mano a Adorni y estarían dispuestos a pasar a la contraofensiva. “Seguramente va a ser picante, compren pochoclo”, anticipó, en tono de broma, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante un almuerzo que se celebró en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y que estuvo encabezado por su presidenta Rosalía Silvestre. El riojano confirmó allí no solo que la sesión informativa se va a llevar adelante, sino que toda la bancada libertaria estará presente para defender a Adorni. En su exposición frente a los representantes de los estudios más reconocidos de la ciudad, Menem detalló las prioridades de la agenda legislativa para las próximas semanas e incluso hizo un adelanto sobre la estrategia electoral con vistas al año próximo; en este sentido enfatizó que la intención de La Libertad Avanza es articular un frente opositor amplio en la provincia de Buenos Aires para enfrentar a las huestes kirchneristas encolumnadas detrás del gobernador Axel Kicillof. Respecto de la situación de Adorni, Menem envió un mensaje claro. “Ahí vamos a estar los 94 legisladores más quien les habla acompañando al jefe de Gabinete en la sesión informativa, cumpliendo lo que ordena la Constitución”, enfatizó el presidente de la Cámara baja, quien agregó que los distintos bloques ya elevaron más de 4800 preguntas a ser respondidas por el funcionario. Todo un récord que, dijo, solo busca desgastar al Gobierno. “Todo tiene un solo objetivo: instalar el desánimo, raspar al Gobierno y llevarnos a todos al barro. Al no tener una gestión con qué comparar ni ideas nuevas ni alternativas, (la oposición) pretende generar desánimo e igualar para abajo”, reprochó el riojano. Pese a las recientes revelaciones sobre su crecimiento patrimonial todavía no declarado y los avances en la investigación judicial, el oficialismo decidió estrechar filas en defensa de Adorni y enviar señales de que seguirá firme en su cargo. “Manuel es y seguirá siendo el jefe de Gabinete. No se va a ir”, sostienen, tajantes, los lugartenientes de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Puede haber sorpresas en la sesión”, deslizan, enigmáticos. No quieren anticipar su estrategia a sabiendas que la oposición va a aprovechar el escenario para embestir contra el jefe de Gabinete. Tampoco si asistirá el propio presidente Milei a la sesión, aunque no lo descartan: después de todo, fue el propio jefe de Estado quien dijo hace tres semanas que iba a acompañar a su ministro coordinador al Congreso. “En la oposición hay quienes todavía no presentaron su declaración jurada de bienes y patrimonios que no se justifican”, acicatean las voces más combativas del oficialismo, convencidas de la mejor defensa frente a un ataque es el contraataque. Todo indica entonces que, de realizarse, la sesión se encamina a ser una pelea cuerpo a cuerpo. Acuerdo en Buenos Aires Durante el almuerzo, Menem abordó temas que fueron más allá de lo estrictamente parlamentario. Por caso, adelantó que es intención del oficialismo avanzar en un acuerdo con las fuerzas políticas no peronistas de la provincia de Buenos Aires –entre ellas Pro y la UCR- para intentar ganar la gobernación, hoy en manos de Kicillof. En el oficialismo están convencidos de que no hay posibilidad de ganar la reelección presidencial sin un triunfo en el principal distrito del país. El ministro del Interior, Diego Santilli, es el candidato más firme para disputar la gobernación, adelantan en las usinas libertarias. Pero también aparece el nombre del diputado Sebastián Pareja, armador bonaerense de LLA. Asimismo, Menem detalló la agenda legislativa de los próximos meses. Confirmó que en los próximos días el Poder Ejecutivo enviará un proyecto de reforma política y electoral: sobre este punto ratificó que el Poder Ejecutivo insistirá en eliminar definitivamente el sistema de primarias y que buscará introducir modificaciones en la Boleta Única de Papel (BUP). Asimismo, anticipó que este año el Gobierno no designará postulantes para completar la integración de la Corte Suprema -“será un tema para 2027″, dijo- y que su prioridad será cubrir las más de 300 vacantes en el Poder Judicial. “En esto se está avanzando y empiezan las audiencias en el Senado en estos días”, sostuvo. Como prioridades legislativas subrayó la importancia de la sanción del tratado sobre patentes, reclamado por los Estados Unidos; el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada y la aprobación de la llamada “ley hojarasca”. Descartó que en la agenda se incluyan proyectos para derogar la ley que penaliza el aborto o promuevan la eutanasia. La Nación