La tasa de suicidio entre adolescentes de 10 a 19 años cayó 36% entre 2014 y 2024, pero sigue por encima de los niveles de los años 80 y 90. Los varones de entre 20 y 29 años son los más afectados. Las provincias del norte argentino concentran los registros más elevados. Desde 2023, el suicidio es la principal causa de muerte violenta del país y la comparación con lo que ocurría hace tres décadas resulta alarmante. Sin embargo, su evolución no fue igual en todas las edades, sexos ni territorios. Mientras bajó el porcentaje de adolescentes que deciden quitarse la vida, el nuevo Monitor de UNICEF vuelve a poner una señal de alerta en lo que ocurre entre los jóvenes de 20 a 29 años donde se registra un aumento del 14% entre 2014 y 2024. El informe muesta que en 2024, el suicidio representó el 6,3% de las muertes entre los 10 y los 14 años. Estuvo en el octavo lugar entre las grandes causas de muerte. Pero a medida que se avanza en la edad, el porcentaje de jóvenes que se quitan la vida aumenta. Entre los 15 y los 19 años explicó el 14,7% de las defunciones y se ubicó como segunda causa de muerte, una posición que también ocupó entre los jóvenes de 20 a 24 años. En esta franja, los pocentajes pasaron de 12,8 a 14,6. “La reducción registrada entre adolescentes convive con un aumento en las edades posteriores, especialmente entre los 25 y 29 años.”, señala Unicef. La tasa de suicidio entre adolescentes de 10 a 19 años alcanzó en 2014 uno de sus valores más altos, con 7,4 suicidios cada 100.000 adolescentes. Diez años después, se registra una reducción pronunciada entre los adolescentes de 15 a 19 años, con una caída del 36%. En cambio, entre los chicos de 10 a 14 años el pocentaje se redujo 28,5%. De todos modos, el informe destaca que el nivel de 2024 continúa por encima del registrado durante buena parte de las décadas de 1980 y 1990, cuando la tasa se ubicaba mayormente entre 2 y 3 cada 100.000 habitantes. Pero la comparación entre ambos grupos muestra una diferencia mucho más profunda: mientras la adolescencia temprana mantuvo tasas relativamente bajas a lo largo de todo el período, la tasa de 15 a 19 años creció con fuerza desde fines de los años noventa, superó los 10 suicidios cada 100.000 adolescentes en distintos momentos y llegó a 12,9 en 2014. En 2024 se ubicó en 8,3. “El suicidio es una de las expresiones más graves de mortalidad evitable durante la adolescencia”, sostiene el informe. “Desde el punto de vista de la salud mental, esta etapa de su desarrollo se caracteriza por vulnerabilidades muy particulares determinadas por factores sociales, económicos y culturales”. Una brecha que crece entre varones y mujeres El otro rasgo que destaca el informe es la diferencia por sexo. Entre los 10 y los 14 años las tasas de varones y mujeres se mantienen relativamente parecidas. A partir de los 15 años, en cambio, la tasa masculina aumenta con mucha mayor intensidad y la distancia se amplía y es es 2,5 veces más que la de las mujeres. El informe identifica esta fuerte masculinización del riesgo como uno de los rasgos estructurales del suicidio durante la adolescencia tardía y señala que la brecha continúa durante la juventud temprana. Los datos del período 2017-2024 también muestran que el 90% de los suicidios adolescentes registrados ocurrió entre los 15 y los 19 años. Entre las mujeres, esa proporción fue del 76,7%. Un mapa con grandes diferencias El informe también advierte que la tasa nacional puede ocultar realidades territoriales muy diferentes. Son las provincia del norte las que tienen las tasas más altas: Para el período 2017-2024, Salta presentó la tasa media anual más elevada, con 16,2 suicidios cada 100.000 adolescentes, seguida por Formosa, con 14,1, y Catamarca, con 13,6. Luego aparecen Santiago del Estero, con 11,1, y La Rioja, con 10,3. Buenos Aires, pese a concentrar aproximadamente una cuarta parte de los casos del país, tuvo una tasa de 4 cada 100.000 adolescentes. En la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,8. La tasa de Salta fue casi seis veces la de CABA y alrededor de cuatro veces la de la provincia de Buenos Aires.A La mirada departamental profundiza todavía más esas diferencias. Aunque en localidades pequeñas las variaciones pueden ser abruptas –al comparar los suicidios con el total de la población–, el informe señala que entre 2017 y 2024, los tres departamentos con las tasas medias anuales más altas fueron Los Andes, Cachi y La Viña, todos de Salta, con 65,5, 48,4 y 41,1 suicidios cada 100.000 adolescentes, respectivamente. También aparecen entre los valores más elevados departamentos de Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos. La distribución territorial tampoco permaneció estable. Si se comparan los períodos 2017-2020 y 2021-2024, el número de suicidios adolescentes cayó 6,5% en el conjunto del país, pero las trayectorias fueron diferentes según la jurisdicción. Mientras algunas provincias registraron descensos importantes, otras tuvieron aumentos, entre ellas La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes y CABA. El Monitor señala que el descenso registrado desde 2014 constituye uno de los cambios más importantes del período reciente, pero plantea al mismo tiempo la necesidad de comprender qué factores explicaron tanto el aumento producido desde fines de los años noventa como su posterior reversión. Para UNICEF, estos datos plantean la necesidad de pensar la prevención como un proceso continuo y no limitado a la adolescencia. El informe propone fortalecer las acciones de detección temprana en escuelas, centros de salud, servicios de protección y espacios comunitarios, mejorar las rutas de derivación y ampliar el acceso a servicios de salud mental adecuados para adolescentes. El Monitor también advierte sobre las limitaciones de los registros disponibles. El estigma asociado al suicidio, las dificultades para determinar la intencionalidad en algunos casos y las diferencias entre los sistemas de registro pueden producir subregistro o problemas de clasificación. Por
Autor: Redacción General
Fue destacada por su trabajo “fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”. La jueza sudafricana Navanethem “Navi” Pillay recibió el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la paz y el derecho internacional, según anunció este viernes el Comité Nobel noruego. “El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su firme brújula moral son constantes a lo largo de una dilatada trayectoria”, destacó el organismo en el comunicado oficial. “La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo. Pillay, quien fuera alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2008 hasta 2014, ha sido una firme defensora y promotora de los derechos humanos. A sus 85 años, Navi Pillay presidió, entre otros, la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza. Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio. El Comité Nobel señaló que existe un hilo conductor entre su trabajo inicial en defensa de Nelson Mandela y de otras personas que lucharon contra el apartheid y su posterior desempeño como jueza en algunos de los procesos judiciales internacionales más relevantes de las últimas décadas. Además, destacó su papel en la exigencia de responsabilidades a Estados y líderes nacionales, así como su compromiso con las víctimas de la violencia y los conflictos. “En todos los cargos que ha ocupado, ha subrayado la responsabilidad que tienen tanto los individuos como los Estados de respetar el Estado de derecho”, remarcó el comunicado. Naciones Unidas felicitó este viernes a la jueza sudafricana Pillay, y destacó su labor en la defensa de los derechos humanos, tanto al frente de instituciones de la ONU como en tribunales internacionales. “Toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos”, destacó la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, minutos después de que se anunciara el galardón. Su homóloga en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, agregó que el reconocimiento a Pillay “demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca”. El año pasado, el Nobel de la Paz fue otorgado a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado. El reconocimiento a Pillay es el quinto galardón anunciado esta semana, después de las distinciones en Literatura, Química, Física y Medicina. El Destape
La iniciativa se presentó este jueves en la comisión presidida por el diputado Aldo Leiva y el martes próximo ingresará a la Cámara Baja del Congreso. El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y el Centro Veterano Ex Combatiente Islas Malvinas Berisso (CEVECIM) impulsan un proyecto de Ley de Políticas Soberanas para proteger los recursos naturales del Atlántico Sur frente a la ocupación británica. La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados, presidida por Aldo Leiva. El proyecto ingresará a la Cámara Baja del Congreso el próximo martes. El proyecto, denominado Ley de Políticas Soberanas, busca establecer un régimen específico para el resguardo de los recursos naturales del Atlántico Sur. Según sus fundamentos, la iniciativa parte de la premisa de que la explotación pesquera e hidrocarburífera en las islas contribuye al sostenimiento económico de la administración británica. Entre sus principales medidas, el texto declara la nulidad de los actos administrativos, concesiones, permisos y licencias otorgados por el régimen británico en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. También prohíbe desarrollar actividades comerciales, industriales, extractivas, financieras o turísticas en esas áreas sin autorización expresa del Gobierno argentino. La iniciativa también establece el decomiso de buques, aeronaves, instalaciones, equipamiento y otros bienes utilizados en infracción. A su vez, crea un Registro Público de Infractores y dispone una inhabilitación de 20 años para quienes operen en Malvinas con licencias británicas. Durante ese período no podrían operar, licitar, contratar ni poseer activos en el territorio continental argentino. Penas de hasta 20 años de prisión Uno de los puntos centrales del proyecto está en el régimen penal. La propuesta contempla penas de hasta 20 años de prisión para directivos, accionistas y financistas de empresas que exploten, almacenen o transporten recursos naturales renovables o no renovables en el Mar Argentino y en los territorios que el texto considera usurpados por el Reino Unido. El alcance también incluye a quienes presten servicios de logística o soporte cuando faciliten, de manera directa o indirecta, la continuidad de la ocupación o de la explotación de los recursos. De esta manera, el proyecto busca alcanzar no solamente a las compañías que realizan las actividades extractivas, sino también a otros actores que formen parte de la cadena económica. El acuerdo Mondino-Lammy, otro de los puntos del proyecto El proyecto también propone dejar sin efecto el acuerdo alcanzado en septiembre de 2024 entre la entonces canciller argentina Diana Mondino y el entonces secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy. El artículo 9 establece expresamente que debe quedar sin efecto el acuerdo firmado el 24 de septiembre de 2024 en Nueva York, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En sus fundamentos, los autores cuestionaron especialmente los compromisos relacionados con la cooperación pesquera y la conectividad con las islas. Según sostuvieron, esas medidas pueden reducir los costos económicos de la administración del archipiélago mientras continúa la disputa de soberanía. El Destape
La lista Celeste, pese a estar dividida en dos boletas, se estaría quedando con dos lugares; la oficialista Bordó, que aspiraba a ganar tres casilleros, solo conservaría uno; Compromiso Judicial ganó en Capital y quedó segunda La distribución de fuerzas en la nueva conformación del Consejo de la Magistratura que entrará en funciones en 2027 experimentó un cambio esta noche, cuando se conocieron los resultados de la elección de consejeros jueces de todo el país reunidos en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y Federal. Con los resultados difundidos en la noche de este jueves, las cuatro listas que competían lograron colocar cada una a su candidato. De todos modos, resta el recuento definitivo en una elección muy ajustada donde todo se definió por un voto. Así, por ahora, entrarán en el Consejo de la Magistratura el representante de la oficialista Lista Bordó, Marcelo Gallo Tagle; segundo en votos quedó Compromiso Judicial, que postula a Juan Manuel Culotta; le siguió la camarista Gabriela Vazquez, representante de la lista Celeste 2, cercana al kirchnerismo, y el cuarto lugar fue para la lista Celeste 1, con Paula Castro, mas cercana al peronismo. Si se confirman estos resultados en el conteo final, que se realizará en los próximos días, esta distribución implica que la lista Bordó, que hasta ahora tenía dos consejeros (el camarista Diego Barroetaveña y la jueza civil Agustina Díaz Cordero), y que por la división de los celestes aspiraba a ganar tres lugares, ahora tendrá uno solo. La lista Bordó perdió el consejero, por un solo voto, a manos del peronismo, pues las “listas celestes” lograron incorporar dos representantes, con matices entre ellos. Hasta ahora tenía uno solo, el camarista de San Martín, Alberto Lugones. Compromiso Judicial, un espacio que se mueve con mayor independencia de los partidos políticos, conserva su consejero: la jueza Alejandra Provitola dejará su lugar a Juan Manuel Cullotta. Son la segunda lista en el país, y la primera en Capital Federal. Estaban entusiasmados con el resultado. Esta distribución es la que informaron este jueves por la noche voceros de la lista oficialista, que advirtieron que, como la diferencia es de un solo voto, resta realizar aún el conteo definitivo para confirmar esos resultados. El recuento se hará cuando lleguen las urnas del interior del país. Los números que se informaron indicaban que la lista Bordó tenía 203 votos; Compromiso Judicial, 185 votos; la lista Celeste 1, 102 votos (la mitad más un voto que la Bordó), y la Celeste 2, que fue la revelación de esta elección, 127 votos. La lista Celeste de Gabriela Vázquez estaba también exultante con estos números. En la lista Bordó algunos dirigentes explicaban la perdida de un consejero porque al menos 20 jueces, integrantes de la agrupación están de viaje en exterior y no votaron. Otros hablaban de errores durante la definición de los candidatos, lo que les permitió ganar en los números totales, pero perder a un consejero. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder. Los abogados completarán su representación con elecciones a fines de este mes. El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 consejeros. Lo preside el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y lo completan cuatro jueces, cuatro abogados, ocho legisladores (cuatro senadores y cuatro diputados), un representante del Poder Ejecutivo y dos del ámbito académico. Todos los mandatos vencen el 18 de noviembre, excepto por Rosatti, que sigue por su condición de presidente de la Corte, y Santiago Viola, designado por el Gobierno como representante del Ejecutivo. El 20 de octubre próximo habrá elecciones para renovar a los cuatro consejeros abogados. Esas elecciones abren el juego y los candidatos que ganen allí se convertirán en consejeros. Se sumarán a los jueces ahora electos; a los que envíe el Congreso y a Diego Molea, ya electo por los académicos. Resta elegir a su compañero. Entre los abogados votan 185.000 matriculados de todo el país, aunque en la práctica los que van a las urnas son unos 36.000, según los registros de los últimos comicios.Se renuevan los lugares de Jimena de la Torre, César Grau, Alberto Maques y María Fernanda Vázquez. Hay cuatro listas en carrera. La más poderosa es Unidad en Defensa de la Abogacía, que reúne a la actual conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires, con decenas de agrupaciones abogadiles en su seno. Orientada por Ricardo Gil Lavedra, lleva como primer candidato a Alberto “Nacho” Biglieri, administrativista e interventor judicial de la UOM, exconsejero de la Magistratura porteña entre 2019 y 2023. Se le enfrenta la lista Abogacía Federal, que lleva a Fernando Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y este año incorporado a la lista de conjueces de la Suprema Corte bonaerense. Allí pesa un sector del peronismo con el radicalismo: detrás de la lista están el senador Maximiliano Abad (UCR), Diego Molea, el exconsejero Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, gobernador peronista de Córdoba. Son los que sucederían en el estamento de abogados a la actual consejera María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El otro sector del peronismo, con el apoyo del auditor de la AGN Juan Manuel Olmos, lleva en Abogacía Unida y Dignidad Profesional, como primera candidata, a la cordobesa Itatí Demarchi Arballo, quien preside el Colegio de Abogados de Villa María. El oficialismo de La Libertad Avanza juega con su propia lista en la elección de abogados, una aventura inédita. Abogados por la Libertad está encabezada por Luis Palomino, concejal de Vicente López y exsubsecretario de Empleo de la Nación. La Nación
“No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos”, indicó Rodolfo Aguiar. Quien adhiera no podrá volver al Sector Público Nacional durante 8 años, y las vacantes no se cubrirán por al menos 2 años. El sindicato pudo acceder a la información que surge del expediente administrativo en trámite EX-2026-93338964-APN-CGDYD#MDYTE, que contiene un proyecto de decreto que se publicaría en las próximas horas. Según lo que prevé el Gobierno, el universo alcanzado sería de 21.187 trabajadores, con alrededor de 2.187 adhesiones y un costo inicial de entre $116.500 y $130.000 millones. Quien adhiera no podría volver al Sector Público Nacional durante 8 años, y los cargos dados de baja no podrían cubrirse durante 2 años. Además, quienes tengan mandato sindical vigente, o sean candidatos a delegados, deberían renunciar al mismo para adherir. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social. Dijeron que venían a destruir el Estado, pero antes de que terminen de hacerlo, nosotros los tenemos que destruir a ellos”, señaló el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. Además, el dirigente sentenció: “Nuestro rechazo a los retiros voluntarios del Gobierno es total. Recordemos que en los ’90 también dijeron que eran una oportunidad y el país se fundió y los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”. “Si verdaderamente es voluntario, ¿por qué están amenazando a los trabajadores? Si hay intimidación, el consentimiento no es libre. Las expresiones de los funcionarios son ‘o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo’”, evidenció el dirigente estatal En esta misma línea, apuntó: “Que no mientan más. Esto no lo están haciendo para ahorrar porque pagan miserias para que te vayas y después contratan una consultora de Sturzenegger para que haga lo mismo que hacías vos pero cobrando millones de dólares por mes”. “Pretenden utilizar la figura del mutuo acuerdo para no respetar el derecho a la estabilidad y evitar pagar las indemnizaciones que correspondan. Que las potenciales vacantes no se puedan cubrir por dos años es una barbaridad. Detrás está el negocio de las consultoras privadas. Además, esa decisión dejará a millones de argentinos sin servicios públicos esenciales”, indicó Rodolfo Aguiar. “A este plan lo vamos a enfrentar con medidas de acción directas. No podemos dejar que desmantelen el Estado y lo dejen sin su bien más preciado que es un valioso recurso humano con trayectoria y experiencia”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional. El régimen alcanzaría al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada (Ley 25.164) y a quienes tengan contrato por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedarían afuera las personas contratadas sin estabilidad y quienes estén bajo sumario o hayan presentado su renuncia. Además, la segmentación estaría aplicada en tres grupos: Personas que ya están en edad jubilatoria y tienen los años de aportes necesarios; Personas en edad jubilatoria pero a las que les faltan algunos años de aportes; Trabajadores más jóvenes que quieran abandonar voluntariamente el Estado. En el caso del primer grupo, el decreto detalla que el Estado pagaría el 60% del sueldo bruto hasta que la persona cumpla los requisitos para jubilarse, con un máximo de 36 meses. Durante ese período, además, el Estado continuaría pagando los aportes y contribuciones de obra social y previsionales, calculados sobre el sueldo.
El coordinador de la Red Estratégica de Salud (RES), Dr. Gerardo Delgado, destacó la importante concurrencia y el trabajo de los equipos sanitarios durante la jornada desarrollada en el Hospital Dante Tardelli. Se brindaron consultas de distintas especialidades, estudios por imágenes, controles a embarazadas y entrega de medicamentos. El Operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) llegó este jueves a Pampa del Indio y atendió a más de 630 pacientes, acercando prestaciones médicas especializadas a vecinos de la localidad y de comunidades rurales alejadas de los principales centros urbanos. El Dr. Gerardo Delgado, coordinador del programa, destacó la respuesta de la comunidad, que concurrió a pesar de las condiciones climáticas adversas, y valoró el compromiso de los profesionales que participaron de la jornada para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la población. En el Hospital Dante Tardelli se brindaron atenciones en clínica médica, pediatría, obstetricia, ginecología, cardiología, neumonología y odontología, además de servicios de enfermería, vacunación, estudios de diagnóstico por imágenes mediante ecografías y entrega de medicamentos. También se realizaron controles específicos a embarazadas que transitan el último trimestre de gestación. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, con el objetivo de fortalecer la atención territorial y facilitar el acceso a servicios de salud. Cuando la situación lo requiere, los equipos coordinan derivaciones seguras hacia hospitales cercanos para garantizar la continuidad de la atención. Asimismo, el operativo contempla el acompañamiento a través del programa Ñachec y la participación de equipos del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), que brindan asesoramiento y facilitan la realización de trámites. Trabajo articulado y presencia en el territorio La directora del Hospital Dante Tardelli, Andrea Evangelina Maidana, agradeció al Gobierno provincial por la llegada del operativo y destacó la importancia de contar con especialistas para atender las demandas de la población local y de los 16 puestos sanitarios rurales que dependen del establecimiento. “Estamos muy agradecidos con esta iniciativa que acerca a las comunidades especialistas médicos y facilita la atención sanitaria”, expresó Maidana. Además, valoró el acompañamiento de los agentes de IPRODICH para facilitar los trámites de las personas con discapacidad. Cabe recordar que, en una intervención anterior, el operativo RES también llegó a comunidades rurales y parajes de la zona, entre ellos Campo Nuevo y Legua 4, ampliando la cobertura sanitaria y fortaleciendo la presencia del sistema de salud en el territorio. De esta manera, la Red Estratégica de Salud continúa acercando atención especializada a distintas localidades chaqueñas, con equipos interdisciplinarios y acciones coordinadas para responder a las necesidades de cada comunidad.
El exsecretario de Transporte Franco Mogetta fue denunciado ante la Justicia por la adjudicación de un tramo de la autopista Rosario-Córdoba a una empresa de su familia. La concesión, por veinte años, dejó en manos de los hermanos del exfuncionario uno de los corredores viales más redituables del país, estratégico para la circulación del comercio. La presentación realizada por la diputada Marcela Pagano plantea además que la firma familiar habría obtenido adjudicaciones millonarias por obras públicas en Catamarca. Mogetta fue secretario de Transporte entre diciembre de 2023 y mayo de 2025. Antes se había desempeñado durante ocho años como secretario de Transporte de Córdoba. Llegó al Gobierno nacional a partir de un acuerdo entre Milei y el exgobernador Juan Schiaretti. Durante su gestión nacional, estuvo a cargo de la privatización de Corredores Viales S.A., una empresa pública que dependía del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad. Su función principal consistía en operar y mantener las rutas, autopistas y autovías nacionales concesionadas por el Estado. En ese período, el Gobierno dictó el Decreto N.º 97/2025, que habilitó la privatización de Corredores Viales S.A. También se prepararon los pliegos que luego se replicaron en las licitaciones para privatizar los peajes. Por ese motivo, aunque la adjudicación de la ruta Rosario-Córdoba se concretó cuando Mogetta ya había dejado la Secretaría de Transporte —apenas quince meses antes—, Pagano pidió a la Justicia que investigue si el exfuncionario utilizó su cargo público para estructurar un negocio multimillonario del que terminó beneficiándose la empresa de su familia. “El programa fue anunciado, diseñado y estructurado durante la gestión del denunciado, y en ese período se prepararon los pliegos y la convocatoria de su primera etapa (Tramos Oriental y Conexión). En consecuencia, el denunciado tuvo intervención decisoria en la planificación y el desarrollo del esquema de concesiones que luego se replicó en las etapas siguientes, entre ellas la que adjudicó el Tramo Centro a su empresa familiar”, planteó Pagano en el escrito. La concesión se concretó el 20 de agosto pasado. Abarca 681 kilómetros de rutas en las provincias de Santa Fe y Córdoba, con tres estaciones de peaje existentes y otras tres por construir. La sociedad ganadora, Covicen S.A., está integrada por Guido Mogetta S.A., Afema S.A. y Pablo Federico e Hijos S.A. Otro aspecto señalado en la presentación judicial es la ausencia de objeciones por parte de los organismos de control del Estado. Por eso, la denuncia también puso en la mira a los funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación que intervinieron en la evaluación, el control de incompatibilidades y la adjudicación del denominado “Tramo Centro”. La empresa bajo la lupa es Guido Mogetta S.A., creada en 1979 en Catamarca por el padre del exfuncionario y dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil, principalmente viales. Tras la muerte de su fundador, en 2015, pasó a manos de su viuda y sus hijos. Entre ellos estaba el entonces secretario de Transporte, que vendió su participación a sus hermanos en 2024. Dos de ellos, Guido y Karina, integran actualmente el directorio de la sociedad que obtuvo la concesión de los peajes del Tramo Centro. En Catamarca Por otra parte, Pagano denunció que, durante la gestión de Mogetta, la empresa familiar ganó importantes licitaciones de obras públicas en Catamarca. La sospecha es que esos trabajos se financiaron con fondos provenientes de Nación. Una de las hipótesis en danza es que las obras habrían sido negociadas entre el Gobierno nacional y el gobernador Jalil para asegurar el voto de los legisladores catamarqueños a las leyes impulsadas por Milei. Los trabajos incluyeron obras en rutas y en una costanera. Se realizaron durante 2024, cuando Mogetta todavía era secretario de Transporte. Ese mismo año, el exfuncionario cobró utilidades de la empresa familiar. “Corresponde a la Justicia determinar el origen de los fondos con los que se financiaron esas obras —en particular, si provinieron del Tesoro Nacional— y si el denunciado tuvo intervención, directa o indirecta, en su realización”, plantea Pagano. “De verificarse, el denunciado habría sido proveedor del propio Estado que integraba y se habría interesado en contrataciones en las que intervino por razón de su cargo”. Los delitos en los que podrían encuadrarse las denuncias son utilización de información reservada con fines de lucro, violación al régimen de ética en el ejercicio de la función pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, falseamiento de datos en la declaración jurada patrimonial, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Página/12
Del viernes 9 al domingo 11 de octubre, desde las 18, el Espacio UNNE será escenario del Festival de Poesía de la Feria Iberoamericana del Libro Chaco 2026. La propuesta reunirá a más de 30 autores y autoras de Chaco y Corrientes durante las jornadas de cierre de la Feria, con entrada libre y gratuita. El Festival de Poesía es una de las propuestas que integran tradicionalmente la programación de la Feria Iberoamericana del Libro Chaco y este año reunirá a distintas generaciones de escritores entre poetas de la región y a alumnos del taller de poesía del Centro Cultural Nordeste para transitar su último fin de semana. La actividad se desarrollará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, desde las 18, en el Espacio UNNE, ubicado en el predio del Domo del Centenario (Avenida de los Inmigrantes 300). Cada jornada contará con cuatro mesas de lectura y la participación de escritores de Chaco y Corrientes. La programación combinará voces jóvenes y emergentes con autores de trayectoria, generando un espacio de encuentro entre escritores, lectores y público y fortaleciendo la circulación de la producción poética regional. Bajo el lema “Cada lectura cuenta”, la FIL Chaco 2026 se desarrolla con una amplia agenda de presentaciones de libros, charlas, propuestas artísticas y actividades para distintas edades. El Festival de Poesía acompañará así las últimas jornadas de una edición que volvió a poner en el centro al libro, la lectura y la producción cultural. Programación Viernes 9 de octubre: Micaela Zozzi, Flor Laplace, Belén Costantín, Gimena Tourn, Joaquina Fereyra, Sofía Famea, Evelin Bochle, Alicia Rossi, Elizabeth Bergallo, Esteban González, Ismael Oscar Villalba Vera y Héctor Luis Ojeda. Sábado 10 de octubre: Micol Medina Meza, Paula Belizán Saban, Cecilia Cabrera, Camilo Tevez, Abril Monzón Azzetti, Ana Ledesma, Julieta Ramos, Eugenia Landriel, Franco Boillat, Lucas Sampor, Sandra Soler y Luis Argañarás. Domingo 11 de octubre: Dailen Insaurralde, Maitena Carballo, Ivana Colman, Anna Silvestri, Paulo Ferreyra, Germán Perelli, Darío Ruido, Pamela Fierro, Silvana Sanabria, Rosalía Montenegro, Pablo Famea y Walter Fernández.
La Municipalidad de Juan José Castelli continúa avanzando con las tareas de limpieza y apertura de canales para mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales. En esta oportunidad, los trabajos se llevan adelante sobre calle Libertadores de America, donde además de la limpieza y adecuación de los canales, se interviene el sistema de alcantarillado. Los conductos existentes no contaban con las dimensiones necesarias para garantizar un adecuado drenaje, por lo que el Municipio incorporó nuevos tubos de alcantarilla, mejorando la capacidad de escurrimiento que facilitará el libre paso de las aguas. Estas intervenciones forman parte de las acciones que realiza el municipio de manera periódica para prevenir anegamientos, mejorar el sistema de desagües y brindar mayor seguridad y transitabilidad a los vecinos.
El Departamento de Cine, Audiovisuales y Artes Digitales (DECAAD), dependiente de la Dirección de Lenguajes Artísticos del Instituto de Cultura del Chaco, recuerda que se encuentra abierta la convocatoria para la recepción de trabajos audiovisuales para el 16° Festival de Cine de los Pueblos Originarios. La misma estará disponible hasta el domingo 18 de octubre inclusive. Las producciones pueden exponer aspectos culturales, artísticos, de organización comunitaria, sociales, económicos o políticos de los pueblos originarios latinoamericanos, sin ser la temática un requisito excluyente para la participación. Cabe mencionar que podrán inscribirse obras ganadoras o exhibidas en otros festivales o muestras de cine. “Pueden anotarse realizadores audiovisuales de las comunidades originarias y no originarias de Latinoamérica. Tendrán prioridad las realizaciones que cuenten, muestren y estén producidas por y con el punto de vista y el discurso de las comunidades originarias”, manifestó Santiago Duarte, coordinador de la Dirección de Lenguajes Artísticos. El Festival, de carácter no competitivo, tendrá sedes simultáneas e itinerantes en el interior de la provincia. La iniciativa visitará localidades, instituciones y espacios en los que los integrantes de las comunidades desarrollan actividades; y el Cinemóvil del DECAAD realizará proyecciones en el territorio, acercando los materiales audiovisuales a parajes y escuelas rurales. Cómo participar La inscripción al Festival es gratuita, y la recepción de trabajos se realizará hasta el 18 de octubre inclusive. La misma se puede concretar a través del formulario: https://docs.google.com/forms/d/15cDZWpV9AMOrU8qTdqWUKNUZm8Jo1qDFLcBmM_pGB5I/edit Para mayor asesoramiento, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico cinepueblosoriginarioschaco@gmail.com o consultar las redes sociales oficiales del Departamento (@decaad.chaco en Instagram y Decaad Chaco en Facebook). La selección del material estará dada por la pertinencia en relación al punto de vista del relato, las condiciones de producción y de proyección. Cabe resaltar que aquellos materiales que fueran seleccionados para la muestra, serán notificados públicamente a través de los canales oficiales del ICCH. Podrán participar películas de todos los géneros (documental, ficción, animación, experimental) realizadas a partir del 2020. Pero quedan excluidas las producciones institucionales (gubernamentales o no gubernamentales) y programas comerciales. Para la labor de selección del material, se establecerá un comité integrado por un tribunal constituido por miembros de pueblos originarios. Este año, en el marco de la muestra oficial, se seleccionarán tres obras con el propósito de otorgar la traducción en el idioma inglés a cada una, con el objetivo de impulsar el ingreso de dichas producciones a nuevos espacios de proyección. Y se brindará un premio estímulo a la producción chaqueña, por la suma de $1.500.000.
Será un día antes de la movilización y la sesión que pide por la derogación del DNU 70/2023 y la restitución de la limitación a los extranjeros por la compra de tierras nacionales. Una vez más utilizando el calendario a su favor, La Libertad Avanza convocó a un plenario para tratar la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que llegó con media sanción del Senado. Se trataría de un paso más para el plan oficialista, que busca incluir una regulación más laxa que la debatida ley de Tierras, actualmente derogada por decreto. Según pudo conocer este medio, conservaría el porcentaje límite de propiedad extranjera (15%), pero eliminaría el tope de hectáreas (1.000) para cada inversor. La convocatoria fue realizada por Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se plegará en un plenario con Legislación General para debatir a partir del miércoles 14 de octubre a las 16 horas la ley. Se trata de una nueva iniciativa libertaria para desactivar la convocatoria a sesión de la oposición, planificada para el día siguiente con el objetivo de derogar el DNU 70/2023, lo que restituiría la ley de Tierras. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es la que el oficialismo aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra en el Senado en agosto de este año, de un paquete del que tuvo que excluir la ley de Tierras y del Manejo del Fuego por la presión creciente de sus aliados y de la movilización social. Previamente ya se habían hechos reformas para conservar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Lo que sí permaneció fue la reforma del régimen de expropiaciones, cuya nueva redacción establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva”, fija el plazo límite de “ocupación temporánea anormal” en un máximo de 90 días y se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea “consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Además, también se propone modificar el sistema de desalojos, ampliando su posibilidad para “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado” y garantizando hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre “la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo”. En el caso de incluirse un apartado perteneciente a la ley de Tierras que consiga aprobación en la Cámara de Diputados y establezca una restricción a la compra de territorio nacional por parte de extranjeros, el régimen deberá regresar al Senado con modificaciones para volver a debatirse. Esto extiende la ventana de desregulación plena que actualmente rige, tras la disposición de la Corte Suprema de preservar la vigencia del DNU 70/2023, decreto que puede ser revisado nuevamente en los próximos días. Ámbito
Los médicos forenses confirmaron que los restos óseos encontrados en abril en una zona de monte de Resistencia pertenecen a Nelson David Gusak , el joven cuya desaparición dio lugar a una investigación judicial y a reiterados reclamos de justicia por parte de su familia. La que ya fue notificada, aunque todavía no se estableció la causa de la muerte. Libertad Digital señaló que la identificación se concretó mediante estudios genéticos realizados a partir de muestras de sangre de su madre, Silvana Espinoza, y de su hermana. El informe pericial estableció una probabilidad de vínculo biológico superior al 99,99%, lo que permitió confirmar que los restos analizados corresponden al joven desaparecido. Sin embargo, los médicos forenses no pudieron determinar la causa de la muerte , por lo que continúa sin esclarecerse qué ocurrió con Gusak. Este punto resulta central para la investigación judicial, ya que la familia sostiene desde hace meses sus sospechas sobre una presunta responsabilidad policial en el caso, aunque hasta el momento no se establecieron responsabilidades penales. La madre fue notificada Silvana Espinoza ya fue informada oficialmente sobre los resultados de los estudios genéticos, que esperaba desde agosto, cuando se tomaron las muestras destinadas a establecer la identidad de los restos. La Secretaría de Derechos Humanos también interviene en el seguimiento del caso. En septiembre, a pocos días de cumplirse un año de la desaparición, la mujer había cuestionado públicamente las demoras de la investigación y denunciado presuntas irregularidades en las actuaciones judiciales. En declaraciones al medio, expresó su angustia por no poder despedir a su hijo: “Hoy ya casi va a ser un año que yo no veo a mi hijo y todavía ni siquiera puedo enterrarlo” . Los restos habían sido encontrados en distintas oportunidades durante rastrillajes realizados en una zona de monte de la capital chaqueña. La madre denunció que sus propios hijos debieron participar de nuevas búsquedas y cuestionó que no se hubiera recuperado todo el material óseo durante los primeros procedimientos. Con la identidad confirmada, la investigación ingresa en una nueva etapa, aunque todavía permanece sin respuesta la pregunta principal: cómo murió Nelson Gusak. La familia insiste en que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento y se determinen las posibles responsabilidades. Libertad Digital
Jorge Luciano Bertón, hijo de María Cauillava, negó este jueves haber manejado los vehículos de su madre, en los cuales se habían encontrado rastros de Loan Peña, durante una nueva audiencia del juicio que se desarrolla en esta capital por la desaparición del menor, a mediados de 2024. El hombre no pudo dar mayores sobre lo ocurrido el día que desapareció Loan, tras un almuerzo en la casa de su abuela -Catalina Peña-, en la localidad de 9 de Julio. Bertón, quien se presentó ante el tribunal como agricultor, confió que su esposa le informó sobre lo ocurrido con el menor, y que posteriormente su madre lo llamó para preguntarle si sabía lo que había sucedido.Asimismo, indicó que horas después se sumó a la búsqueda del menor: “Llegamos al anochecer. Creo haber visto la camioneta de mi mamá y (Carlos) Pérez en lo de Catalina. Nosotros estacionamos sobre el callejón porque ya había muchos vehículos y gente buscando”. Bertón confió que ese día no vio a su madre en el lugar y tampoco a los demás imputados, pese a que se estuvo recorriendo la zona hasta la noche. “Había una persona que nos guiaba. Como había mucha gente rastrillando, (Humberto) Suárez y las otras personas me pidieron para ir hacia la zona de la Ruta Nacional 12 y hacer el recorrido en sentido inverso”, agregó. El hombre dijo que los dejó sobre la ruta 123 y él retornó a su domicilio.Y relató que al día siguiente fue hasta la localidad de Lavalle, y que por la tarde volvió a El Algarrobal para sumarse nuevamente a los rastrillajes. Bertón, quien en algún momento estuvo en la mira de la justicia, aseguró que nunca manejó la Ford Ranger ni el Ford Ka, vehículos en los que los perros de la policía hallaron rastros de Loan seis días después de su desaparición. A su turno, el oficial de la Policía Federal, Ciro Melián Abril, reveló que Pérez había visitado algunas páginas para adultos en internet el día que desapareció Loan y que el ex marino habló por teléfono con el ex comisario Walter Maciel, a quien le solicitaba custodia por temor a que le plantaran alguna prueba. Por otra parte, también declaró Justo González, un vecino de Laudelina, y aseguró que “ese día pasó por mi casa (Antonio) Benítez y me preguntó si había visto al chico, le dije que no, y que llamara a la policía”, y que por la tarde Caillava le pidió que se sumara a la búsqueda de Loan. “Ella andaba con el marido en la camioneta”, puntualizó. Las audiencias continuarán la semana próxima con las declaraciones de Agustín Ibarra, el chofer que trasladó a Laudelina Peña -tía de Loan- a la fiscalía en la ciudad de Corrientes, donde buscó instalar la hipótesis que el chico había sido atropellado a la salida de El Algarrobal. Posteriormente, la mujer admitió haber inventado esa versión por presión de José Fernández Codazzi, quien por entonces era su abogado. NA
La diputada, Maida With, en representación de la presidente de la Legislatura, Carmen Delgado, participó de la jornada “Seguros y Proceso Judicial: Cobertura, Responsabilidad y Nuevos Desafíos”, realizada en el Salón Auditorio del Superior Tribunal de Justicia (STJ), en el marco de los 20 años de actividades de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) y la Academia de Intercambios y Estudios Judiciales (AIEJ). Declarada de interés legislativo, la actividad contó con la apertura del presidente del Superior Tribunal de Justicia, Enrique Varela; junto a su par de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) y ministra del STJ, Emilia María Valle; el superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate; el juez Nacional de Primera Instancia en lo Civil y director ejecutivo de la Academia de Intercambios y Estudios Judiciales (AIEJ), Javier Fernández; y el titular de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), Aldo Álvarez. El encuentro propuso un espacio de análisis e intercambio sobre la cobertura, la responsabilidad y los desafíos que se presentan en la relación entre la actividad aseguradora y los procesos judiciales, con la participación de referentes del ámbito judicial y del sector asegurador. Participaron también el presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco, Ricardo Urturi; la defensora Oficial, Alicia Alcalá; y la titular de la Entidad de Magistrados de la Justicia de Paz y Faltas, María Elena Pacce, entre otros.
El Instituto de Biotecnología de la UNNE «Kuaapy» fue creado para potenciar la generación de conocimiento aplicado en biotecnología y su transferencia efectiva hacia el sector productivo y social del nordeste argentino. Se buscará favorecer la innovación para el abordaje problemáticas sanitarias, productivas y ambientales de relevancia. La creación del nuevo instituto fue aprobada por el Consejo Superior de la UNNE y representa una apuesta para posicionar a la UNNE como institución de referencia regional en el desarrollo de investigación biotecnológica aplicada y situada en las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones. El nombre del flamante instituto de investigación incorpora la denominación en idioma guaraní «Kuaapy», que traducida al castellano significa «conocimiento, ciencia, sapiencia o entendimiento». De esa forma, el término “Kuaapy” está en relación con los objetivos de articular y potenciar las capacidades científico-tecnológicas existentes en la UNNE y la región, fortalecer la investigación y la formación de recursos humanos, el desarrollo y la transferencia tecnológica. A partir de sus líneas estratégicas, el Instituto de Biotecnología de la UNNE se propone generar soluciones tecnológicas, agregado de valor y conocimiento situado para responder a las enfermedades vectoriales, la demanda de mejoramiento agrícola-ganadero, la biotecnología acuícola, la biorremediación ambiental y la trazabilidad de alimentos. Asimismo, se proyecta transferir sus resultados mediante la articulación con el sector socio-productivo, publicaciones científicas, formación de posgrado, creación de spin-offs y la prestación de servicios especializados a organismos públicos y privados. Relevancia «Este nuevo espacio de investigación constituye una decisión clave de la UNNE en el marco de un proceso de trabajo iniciado en los últimos años para potenciar el desarrollo biotecnológico en la institución y en la región», destacó la Dra. Rossana Gerometta, titular de la Coordinación General de Institutos de Investigación de la UNNE. Explicó que la creación del instituto se sustenta en la trayectoria preexistente de docentes-investigadores de calificada formación y experticia en la Universidad, así como en la vinculación con otros centros de investigación de la región y el país. Potenciar Capacidades La Biotecnología consiste en la aplicación de herramientas tecnológicas e informáticas en sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. Sus bases son la biología, la química, la ingeniería, la física, la informática y la biomedicina, y tienen un amplio campo de aplicaciones. Pese a la creciente relevancia en el plano nacional e internacional, en el nordeste del país el desarrollo de la biotecnología es aún acotado y dispersas las experiencias concretadas. Al respecto, en los fundamentos del nuevo instituto de la UNNE se resalta que «la región NEA presenta desafíos sanitarios, productivos y ambientales que requieren capacidad de investigación biotecnológica propia». Ante ello, se propone un espacio institucional de «concentración y potenciación» de las capacidades regionales en investigación, desarrollo, innovación y formación, orientado a la generación de conocimiento aplicado y a su transferencia al medio. “Se plantea superar la dependencia histórica respecto de desarrollos biotecnológicos estandarizados concebidos en grandes centros urbanos, incapaces de responder a la singularidad ecosistémica y climática del subtrópico”. Las líneas de abordaje definidas están en articulación con el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de la UNNE, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) y los planes de ciencia y tecnología del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), el programa INTEC Chaco, el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corrientes, la Mesa de Vinculación Tecnológica Región NEA y los Proyectos Específicos de Bioeconomía Regionales (PEBio-R del COFECyT). Detalles del nuevo instituto El instituto «Kuaapy», dependerá del Rectorado en articulación con la Secretaría General de Ciencia y Técnica y la Coordinación General de Institutos de Investigación. Tendrá una estructura interdisciplinaria, al integrar grupos de investigación provenientes de diversas unidades académicas, y será «territorialmente articulada», al organizar sus laboratorios en tres sedes según sus niveles de bioseguridad requeridos. Además, será tecnológicamente convergente, pues se incorporará una capacidad transversal de Inteligencia Artificial al servicio de todas sus áreas. Los campos de actuación se organizarán en seis ramas identificadas cromáticamente, convergentes con una capacidad transversal de Inteligencia Artificial. La «Línea Dorada» enfocada en Bioinformática y Genómica; «Línea Verde» de Nanobiotecnología y Mejoramiento Vegetal; «Línea Azul» de Biotecnología Acuícola e Hídrica; «Línea Gris» de Biotecnología Ambiental; «Línea Amarilla» de Biotecnología de Alimentos; y «Línea Roja» de Biotecnología Sanitaria. El nuevo instituto tendrá entre sus funciones principales la planificación y coordinación de proyectos interdisciplinarios de I+D con pertinencia socio-productiva regional; constituir un ámbito de inserción para becarios, tesistas de grado/posgrado y jóvenes investigadores, articulando con carreras universitarias. Además, brindará asesoramiento técnico, servicios especializados a terceros e incubación de empresas biotecnológicas, así como publicación de resultados de investigación en revistas de impacto, registro de patentes, realización de seminarios y transferencia directa a la comunidad y a los sectores públicos y productivos. Organización El Instituto tendrá una Dirección Científica Inicial y, hasta la sustanciación del Concurso previsto en la normativa, será el director interino el Prof. Gerardo Marcelo Andino, Profesor Titular por Concurso (Facultad de Medicina, UNNE), Magíster en Educación y Virtualidad en Ciencias de la Salud, ex director general del Laboratorio Central de Redes y Programas de la Provincia de Corrientes, y ex director científico en consorcios de medicina genómica y biotecnología. Además, se conformó la nómina inicial de Docentes-Investigadores Integrantes, así como estudiantes y personal técnico-administrativo, que participarán de la puesta en marcha del nuevo espacio de investigación en biotecnología de la UNNE.
El 27 y 28 de noviembre, el Anfiteatro Cocomarola será escenario de dos jornadas con grandes referentes de la música argentina, artistas de distintas generaciones y nuevas propuestas de la escena nacional y regional. La primera edición del Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA Argentino ya tiene confirmada una imponente grilla artística y se prepara para convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la región. El 27 y 28 de noviembre, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola de Corrientes será el punto de encuentro para dos jornadas que reunirán a grandes figuras de la música argentina, en una propuesta que busca convocar a público de todo el NEA, provincias aledañas y países limítrofes. Las entradas ya pueden adquirirse a través de allaccess.com.ar y en los puntos de venta oficiales habilitados en Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones. Con Ciro y Los Persas y Divididos como dos de los grandes nombres que encabezan la programación, Mastai propone un destacado cruce entre proyectos que forman parte de la historia de la música popular argentina y artistas que representan el presente y las nuevas búsquedas de la escena nacional y regional. Rock, reggae, cumbia, pop, canción y diferentes expresiones de la música contemporánea convivirán en una grilla pensada para públicos diversos y distintas generaciones. Organizado por 300 Producciones y AP Producciones, el festival llega a Corrientes con una propuesta que trasciende los conciertos y combina música, cerveza, gastronomía y experiencias de recreación, en un formato de gran escala que busca posicionarse como una nueva referencia dentro del calendario cultural y turístico del Nordeste argentino. Dos jornadas con una grilla de primer nivel El viernes 27 de noviembre, la primera jornada tendrá como protagonistas a Ciro y Los Persas, una de las bandas más convocantes del rock argentino, junto a León Gieco + La Vitale Band, Damas Gratis, El Kuelgue, Guasones, La Franela, Natalie Pérez y DJ Pato Smink. El sábado 28 de noviembre será el turno de Divididos, uno de los grandes pilares del rock nacional, que compartirá jornada con David Lebón, La Delio Valdez, El Plan de la Mariposa, Lisandro Aristimuño, Nonpalidece, Manu Martínez, La Reja y Sonido Calimera. A esta programación se sumarán bandas y artistas de la escena regional, además de otras sorpresas que serán anunciadas próximamente, ampliando una propuesta artística que ya se destaca por su diversidad y por el encuentro entre nombres consagrados y nuevos exponentes de la música argentina. Una propuesta que ya demostró su poder de convocatoria Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA Argentino forma parte de un concepto que viene creciendo a partir de la experiencia de la Fiesta de la Cerveza del Sur Mendocino, que el pasado 26 de septiembre celebró una nueva edición en General Alvear con una convocatoria multitudinaria y una programación de gran nivel. El encuentro mendocino reunió en distintos escenarios a artistas como Divididos, León Gieco + La Vitale Band, La Delio Valdez, Lisandro Aristimuño, Bándalos Chinos, Kapanga, La Franela, Yami Safdie, Piti Fernández y Cruzando el Charco, entre muchos otros. La segunda edición logró duplicar la convocatoria de su primera realización y generó un importante movimiento turístico y económico para la ciudad. Ahora, este encuentro desembarca en el Nordeste argentino con una primera edición que apunta a convertirse en el gran festival de música y cerveza de la región, convocando a espectadores de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, Paraguay y otros puntos cercanos. Últimas anticipadas disponibles Con la propuesta artística ya tomando forma y nuevas incorporaciones todavía por anunciar, Mastai continúa avanzando hacia su primera edición en Corrientes, mientras el público comienza a asegurarse su lugar para uno de los grandes encuentros musicales que tendrá la región durante noviembre. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de All Access, donde además se encuentra vigente una promoción especial de 20% de descuento y 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco de Corrientes. También pueden conseguirse en los puntos de venta oficiales de la región: Que Sea Rock (Carlos Pellegrini 1501, Corrientes), Opui (Mitre 225, Resistencia), Chaco Tour (Resistencia), Sale Tour (León Zorrilla 457, Resistencia), El Agite Fútbol & Rock (Av. Italia 1246, Formosa), La Cornisa Pool Bar (José F. Cancio 1138, Clorinda) y That Metal Show (Jujuy 2492, Posadas). Con una grilla de primer nivel, el cruce entre artistas históricos y la escena actual, la incorporación de propuestas regionales y nuevas sorpresas todavía por anunciar, Mastai Fiesta de la Cerveza del NEA Argentino se prepara para hacer del Anfiteatro Cocomarola el gran punto de encuentro de la región durante el 27 y 28 de noviembre. +info: @fiestacervezanea
La auditoría detectó pérdidas por USD 1.023 millones en derivados respaldados por las reservas. El destino de los lingotes que Bausili envió al exterior sigue sin aclararse. Crece la preocupación por las responsabilidades penales. ”Les cabe responsabilidad penal no solo a Bausili, también a los miembros del Directorio”, aseguró el titular de la AGN. La Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó que el Banco Central perdió USD 1.023 millones en operaciones financieras realizadas con el oro de las reservas. El resultado quedó expuesto en la revisión de los estados contables de 2025 y abre un nuevo frente para Santiago Bausili. Mientras el precio internacional del metal se disparaba, la conducción de la autoridad monetaria acumuló pérdidas millonarias con derivados financieros. Y todavía queda una pregunta sin respuesta: dónde están los lingotes que el Gobierno trasladó al exterior. El presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, informó que la auditoría de los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2025 concluyó con una opinión favorable sobre la razonabilidad técnica de los balances. Sin embargo, el organismo identificó un resultado negativo de 1,5 billones de pesos, equivalentes a USD 1.023 millones, correspondiente a operaciones con derivados financieros vinculados a las reservas de oro. El contraste es notable. Durante 2025, las tenencias de oro que el Banco Central había adquirido durante las gestiones de Martín Redrado, Mercedes Marcó del Pont y Federico Sturzenegger registraron una ganancia patrimonial superior a los 8 billones de pesos, impulsada por la suba internacional de la cotización del metal. Se trata de una valorización de activos que ya formaban parte del patrimonio de la entidad y que no requirió nuevas operaciones para producirse. Pero la conducción de Bausili decidió utilizar parte de esas reservas como respaldo de operaciones de derivados liquidables en dólares, con fines de cobertura. El resultado fue una pérdida de 1,5 billones de pesos. Es decir, mientras el oro se valorizaba, las operaciones financieras montadas sobre ese activo generaban pérdidas por más de mil millones de dólares. Según el planteo difundido por Olmos, nunca se había utilizado semejante volumen de reservas físicas de oro para operaciones de riesgo desde que se auditan los estados contables del Banco Central. La magnitud del quebranto introduce interrogantes sobre las decisiones de administración de las reservas, los riesgos asumidos y los mecanismos de control que debían supervisar esas operaciones. Pero la auditoría contable no resuelve el otro gran interrogante. La AGN todavía no se expidió sobre el destino de los lingotes físicos que el Banco Central trasladó fuera del país. Como anticipó LPO al revelar las sospechas sobre la utilización del oro como garantía de operaciones financieras, la discusión excede el resultado de una inversión. También alcanza a la disponibilidad efectiva de una parte estratégica de las reservas internacionales. Olmos aclaró que la AGN trabaja en una auditoría específica sobre la gestión de las reservas físicas de oro. Ese expediente deberá determinar por qué se decidió trasladar los lingotes al exterior, a qué destino fueron enviados, qué beneficio obtuvo el país y quiénes pudieron resultar beneficiados por esas decisiones. El informe ya fue remitido al Banco Central para que presente su descargo. En el ámbito de los organismos de control advierten que el eventual daño al patrimonio público tiene varias dimensiones. La primera corresponde a las pérdidas registradas por las operaciones financieras. La segunda, al costo de oportunidad de haber trasladado físicamente el oro al exterior cuando numerosos bancos centrales reforzaban sus tenencias y algunos avanzaban en procesos de repatriación. También corresponde revisar los resultados de las operaciones realizadas durante 2024 y parte de 2026, aunque la auditoría difundida ahora permite cuantificar específicamente el quebranto de 2025. La decisión de mover los lingotes también plantea un problema de soberanía financiera. El oro es uno de los activos de reserva que no depende de la solvencia de un emisor. Su utilización como respaldo de contratos financieros puede introducir riesgos de contraparte y condiciones de disponibilidad que no existen cuando permanece bajo custodia directa del Banco Central. Para determinar el alcance de esos riesgos resulta indispensable conocer los contratos firmados y las condiciones de las garantías. En ese contexto, una fuente al tanto de las discusiones advirtió a LPO que los fondos que mantienen litigios contra la Argentina en Londres por los cupones vinculados al PBI siguen con especial atención las novedades sobre el oro. “Ahora están muy atentos los fondos que litigan en la Corte de Londres por los cupones PBI. Todos ellos patrocinados bajo un mismo bufete”, señaló. La preocupación gira alrededor de la ubicación y las condiciones jurídicas de los activos, aunque su eventual exposición a medidas judiciales dependerá de su titularidad, custodia y protección legal. La auditoría también abre interrogantes sobre la actuación de las firmas externas que certificaron los estados contables del Banco Central. El punto a revisar es si los dictámenes profesionales reflejaron adecuadamente los riesgos y resultados de las operaciones con derivados, y si correspondía incorporar alguna salvedad o párrafo de énfasis. En el sector contable advierten que el daño reputacional para esas firmas podría ser considerable si se comprobara que omitieron advertencias relevantes. Pero también señalan una cuestión más delicada: la eventual existencia de responsabilidades penales si se acreditara que los balances contienen información falsa u omisiones deliberadas. El artículo 300, inciso 2, del Código Penal contempla penas de seis meses a dos años de prisión para determinados responsables societarios que, a sabiendas, publiquen, certifiquen o autoricen balances falsos o incompletos en los supuestos previstos por la norma. Su eventual aplicación al caso del Banco Central requeriría acreditar los elementos del delito y determinar las responsabilidades concretas. Fuentes vinculadas al análisis del caso sostienen que la investigación no debería limitarse a Bausili. “Les cabe responsabilidad penal no solo a Bausili, también a los miembros del Directorio”, afirmó una fuente consultada, que considera necesario reconstruir quiénes aprobaron las operaciones, qué información recibieron y qué advertencias formularon las áreas técnicas. La reconstrucción de la trazabilidad del oro promete ser extensa.
Los fiscales sostuvieron que la muerte de Maradona fue evitable y resultado de una atención médica deficiente durante su internación domiciliaria, señalando una organización caótica y acciones negligentes de los imputados. El marco del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, los fiscales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, presentaron sus alegatos finales y pidieron las penas para los imputados: 12 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque, 10 años para la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y 8 para la psiquiatra Agustina Cosachov, además de 10 años de inhabilitación para ejercer la Medicina. Para los fiscales, el estado de salud de Diego era “una bomba de tiempo” y no fue atendido de manera adecuada por el equipo médico. En el caso del psicólogo Carlos Díaz, solicitaron 5 años de prisión al considerar que incurrió en un homicidio culposo y el doble de inhabilitación. En tanto, los fiscales pidieron 4 años de cárcel y el doble de inhabilitación para el enfermero Ricardo Omar Almirón y el coordinador Mariano Perroni. Por su parte, no presentaron cargos contra el médico clínico Pedro Di Spagna. Durante la audiencia estuvieron presentes las hijas del futbolista, Dalma, Gianinna y Jana; y sus exparejas, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda. También se encontraban los abogados querellantes Fernando Burlando, Félix Linfante, Mario Baudry, Eduardo Ramírez, Gustavo Pascual, Fabián Améndola. Qué dijeron los fiscales en sus alegatos En sus declaraciones, Ferrari fue categórico: “Nos intentaron hacer creer que Maradona murió súbitamente”. El fiscal afirmó que “transcurrieron más de 70 testigos en más de 40 audiencias”, al tiempo que remarcó que “se exhibieron” varios “chats y audios”. “Toda esa prueba sin lugar a dudas hoy ha adquirido certezas. Se han derribado mútiplies mitos”, formalizó. Y continuó: “Existió un grupo de improvisados que olvidaron en todo momento que trataban a un paciente vulnerable y complejo. Indudablemente ese grupo de improvisados ha incrementado el riesgo por fuera de los permitido, algunos con indiferencia. El núcleo duro de la investigación ha permanecido intacto. Frente a toda esa evidencia plural, nos encontramos con las versiones de todos los imputados. Ninguno de ellos ha logrado conmover el núcleo duro de la acusación”. En ese marco, sostuvo que la Fiscalía demostró que hubo “una organización caótica” en la internación domiciliaria del Barrio San Andrés. “Esto era, o debió haber sido, un sanatorio en una casa. Esto es, precisamente, lo que no pasó. La más deficiente y temeraria internación de todos los tiempos”, consideró. Al momento de señalar a los acusados, Ferrari precisó que el “grupo de improvisados” estaba integrado por el Leopoldo Luque, Nancy Forlini, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Mariano Perroni y Ricardo Almirón. Dejó afuera a Pedro Di Spagna, quien se miró sorprendido con su defensora. Y subrayó: “Todos ellos, como se probó en el juicio, asumieron voluntariamente ese rol. Y en el marco de esa temible internación ejecutaron acciones contrarias al acto de curar y colocaron a Maradona en una situación de desamparo librándolo a su suerte. El punto final fue ese 25 de noviembre”. Luego tomó la palabra su colega Cosme Iribarren, quien desglosó los antecedentes médicos de “Pelusa”. “Diego Maradona no era un paciente sano que únicamente atravesaba un post operatorio quirúrgico. No era precisamente un toro o tenía el corazón de un toro como algunos de los aquí imputados manifestaba a sus allegados. Era un paciente complejo con antecedentes renales, neurológicos, consumo problemático de alcohol, problemas hepáticos, cardíacos. Necesitaba una mirada integral y en conjunto”, señaló. Para el funcionario del MPF, lo más “contundente” que muestra la historia clínica del 10 “es que eso no apareció cuando Maradona fue hallado sin vida el 25 de noviembre. Estas afecciones eran conocidas y estaban documentadas”. “Me permito transmitirles, por haber estado allí junto a mi colega, lo impactante que fue ver el cuerpo de la víctima el día 25 de noviembre. E inmediatamente preguntarnos qué pasó, por qué se llegó a esto. Esa imagen, para mi y mi colega, va a ser imborrable. Y a veces es difícil transmitirla. Pero lo impactante de esa imagen tiene una sola explicación que está reflejada en todas las afecciones que tenía Maradona al 20 de noviembre de 2020 y que no fueron atendidas”, expresó Iribarren. Luego, Ferrari recogió el guante una vez más y sostuvo que para los médicos y profesionales Diego era “una bomba de tiempo”. Y espetó: “se lo sacaron de encima y lo pusieron en esa casa de Tigre donde terminó muriendo”. Durante el alegato dividieron el período de internación del famoso ex capitán de la Selección en dos semanas, y postularon que durante la primera se advierte que Maradona estaba bien pero no era cuidado debidamente. “Los enfermeros en este juicio tenían la obligación de evaluar al paciente, cumpliendo con el tratamiento médico. Lo llamativo de esto es que todo lo que dice ahí es lo que no pasó, no lo cumplieron. Luque no fue nunca y Cosachov y Díaz hicieron pasadas de médicos, no sabemos si vieron al paciente. Eso fue los primeros días”, contextualizó Ferrari. Y siguió: “La última semana fue la semana del terror. Entre el 16 de noviembre y el 24. La casa era un vacío puro. La acción de los profesionales de la salud también estuvo caracterizado por el vacío. Las últimas horas fueron las más temerarias. Porque como se va a ver en este alegato, las planillas en las que los enfermeros supervisados con Perroni con injerencia de Forlini materializaban sus controles, dejaban mucho que desear”. “Después de no levantarse el paciente a la mañana, ya del 25 de noviembre, el enfermero Almirón, al cambiar la guardia, tuvo el tupé de decir, sin entrar a la habitación, que lo vio ‘óptimo’. No conforme con eso, se adelantó un paso más y dijo que había ingerido líquidos, pero no sólidos. No lo pudo ver. Su planilla, su información, es falsa”, desarrolló el fiscal. Luego mostró a los presentes una foto de Diego, sin vida, en la cama.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó el recurso extraordinario de inconstitucionalidad contra la sentencia N° 26/26 de la Sala Primera Civil y Comercial de la Cámara de Apelaciones de Sáenz Peña. De esta manera dejó firme la decisión del tribunal de Alzada que, por mayoría, sostuvo que el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento actuó dentro del ámbito que le reconoce la Constitución Provincial al declarar desierto los concursos de antecedentes y oposición para cubrir los cargos de Fiscal de Investigación Penal N° 1 y 5 de la Segunda Circunscripción Judicial. Mediante la sentencia 478/26 las juezas Emilia Valle, Iride Isabel María Grillo y el juez Alberto Mario Modi señalaron que la Cámara argumentó y razonó la solución de manera coherente con los estándares que fijó como rectores del caso. Lejos de apartarse de los hechos controvertidos “los tomó como base efectiva de su decisión” y se hizo cargo “de los cuestionamientos conducentes para resolver el litigio, sin omitir ninguno de los planteos sustanciales introducidos por las partes”. En otra parte dijeron que el CMyJE tiene una actuación “esencialmente política en el marco de sus atribuciones constitucionales”, pero que ello “no significa -en modo alguno- que esté exenta del orden jurídico”.“El Poder Judicial no puede sustituir las decisiones de otro poder u órgano dotado de autonomía y, por tanto, sus competencias exclusivas, las que deben ser respetadas, siempre y cuando, no se transgreda de modo patente el orden constitucional, que es también un límite para la jurisdicción”, señalaron. También examinaron las razones particulares de cada uno de los consejeros que compusieron la mayoría en el Acta N° 1302/26 y concluyeron que “esa argumentación exterioriza una justificación reconocible (que los postulantes no reúnen las idoneidades que, a consideración del estamento, son necesarias) y ‘motivar’, en este contexto especial, es dar razones, de modo que si ellas han sido expuestas, por más que al postulante puedan parecerle insuficientes, el acto no es inválido”. De ese modo concluyeron que el remedio no prospera porque no contiene una crítica adecuada, concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia N° 26 y la cuestión de fondo remite a una decisión adoptada por el Consejo de la Magistratura en ejercicio de las facultades propias. Valle y Grillo: reconocer atribuciones no implica convalidar apreciaciones Las juezas Valle y Grillo agregaron que reconocer las atribuciones propias del CMyJE “y abstenerse de sustituir su valoración no implica que hagamos nuestras, convalidemos o compartamos las apreciaciones de carácter personal, moral o ético expresadas respecto de los actores durante el procedimiento de selección”. En tal sentido indicaron que “el pronunciamiento se limita a establecer que tales cuestiones pertenecen, en principio, al ámbito de valoración constitucionalmente atribuido al Consejo y que, en las circunstancias examinadas, no corresponde que sean reemplazadas por una ponderación judicial diferente”. “Cabe señalar, asimismo, que cuentan con antecedentes profesionales objetivos que integran sus respectivas trayectorias y no resultan desconocidos por esta decisión; se trata de personas que se desempeñan como funcionarias de carrera del Poder Judicial, con formación académica acreditada y ejercicio de la docencia, por un lado, y, por el otro, de quien ha ejercido la profesión de abogado alcanzando la designación provisoria en funciones judiciales. La referencia a tales circunstancias no comporta juicio alguno acerca del resultado que debió tener el concurso, sino que procura dejar claramente delimitado el alcance de este pronunciamiento”, precisaron. Por último, destacaron que la autolimitación jurisdiccional opera en ambos sentidos: “así como el Tribunal no puede reemplazar al Consejo para afirmar que los postulantes debieron ser seleccionados, tampoco corresponde que, al confirmar la validez de su decisión, haga propias las valoraciones negativas efectuadas respecto de ellos”.
El Juzgado de Garantías y Antidrogas de General San Martín ordenó el cese y prohibición de publicación en la causa 2500/2026-5 respecto de la exposición del menor de edad P.R.V. La resolución 362/26 del juez subrogante Luis Allende alcanza a diarios, redes sociales, portales digitales para imágenes, videos, contenidos y/o semejantes e incluye tanto a la parte querellante como los abogados defensores.