El juez federal Ariel Lijo ordenó avanzar con una compleja pericia técnica sobre las grabaciones incorporadas en la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Por ello, el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, deberá aportar material de su voz para un cotejo forense y descartar clonación con IA o edición. Qué dice la resolución La resolución fijó una batería de puntos de pericia orientados a determinar si los registros fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o clonados digitalmente. Uno de los puntos centrales del estudio establece que el juzgado deberá convocar al ex funcionario a los fines de que aporte material indubitado. Es decir, deberá proporcionar muestras de su voz para compararlas con los registros cuestionados. La medida apunta a establecer si los segmentos le corresponden y si fueron obtenidos de manera natural o mediante herramientas de síntesis digital. En la resolución, el juez ordenó un “análisis comparativo” y una “comparación de parámetros acústico-fonéticos”. Pero además, la pericia irá más allá de un simple cotejo vocal. El juzgado pidió determinar si los archivos presentan “indicios técnicos de operaciones de edición posteriores”, incluyendo posibles cortes, superposiciones o inserciones. La investigación de los audios y la clonación de voz de Diego Spagnuolo En otro de los puntos, el magistrado requirió un análisis para establecer si presenta características técnicas compatibles con voz humana o con sistemas de síntesis automática, entre ellos “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial. La resolución menciona técnicas específicas que deberán analizar los peritos, como “jitter”, “shimmer”, coherencia ambiental, respiración natural y detectores algorítmicos de audio sintético. El juzgado también ordenó investigar si hubo “clonación de voz”, “deep voice manipulation” o utilización de herramientas automatizadas. Los expertos deberán comparar los archivos incorporados al expediente con material difundido en medios y otras versiones en internet para detectar diferencias o alteraciones entre copias. La pericia será realizada por especialistas de la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) y peritos de las defensas. Entre otras exigencias, el juez dispuso que se preserve estrictamente la cadena de custodia digital, documentando accesos, hashes criptográficos y bitácoras para evitar cualquier alteración del material original. También obliga a informar qué software y herramientas forenses utilizarán. La medida fue ordenada tras el fallo de la Cámara Federal, en una causa donde ya está procesado el ex titular de la ANDIS, mientras que aún no fueron indagados los dueños de la droguería Suizo Argentina de los Kovalivker, mencionada en las grabaciones. Minutouno
Autor: Redacción General
Nuestra América nos tiene acostumbrados a los casos del llamado “lawfare”, es decir, de criminalización reiterada de dirigentes o personajes molestos a los intereses de los diferentes procónsules del actual colonialismo financiero. Por E. Raúl Zaffaroni* En algunos casos apenas podemos salir del asombro frente al desconocimiento de principios jurídicos básicos – constitucionales, penales y procesales penales – que son conocidos por cualquier que haya entrado a una Facultad de Derecho y, se supone, que más todavía por quienes han egresado. Pero en este momento, en nuestros tribunales tiene lugar algo que incluso excede en mucho la medida a que nos acostumbran los casos de “lawfare” de la región: se trata de la conocida “causa cuadernos”, cuyo antecedente regional es el “cuadernito” del caso “Sobornos” en Ecuador, escrito por una memoriosa “intimidada y beneficiada” en un vuelo de pocos minutos entre Guayaquil y Quito y en un cuaderno que se fabricaría en el futuro (le arrancaron el código de barras). Aquí también otro memorioso aportó cuadernos que les llevó a un fiscal y se abrió una causa “sin sorteo”. Como los cuadernos se quemaban y salían de las cenizas, sometidos a peritaje resultó que estaban escritos por diferentes personas, hecho que está siendo investigado actualmente por la justicia de instrucción por falsificación y encubrimiento, a lo que no parece asignarse ninguna importancia en el juicio. No obstante, si en el escándalo cabe algo más escandaloso, es que se pretende aplicar la llamada “ley del arrepentido” (ley 27.304 del 2 de noviembre de 2016) a supuestos hechos cometidos entre 2003 y 2015, es decir que se quiere hacer aplicación retroactiva de la ley penal. Seguramente se argumentará que no es una ley penal, sino procesal, con cita de algún autor alemán que, como es obvio, no comenta nuestra Constitución. Es prudente que los argentinos lean bien las primeras líneas de nuestro artículo 18 constitucional: el juicio también debe estar fundado en ley anterior al hecho. Dejando de lado la problemática constitucionalidad misma de esa ley, su aplicación retroactiva nadie puede dudar que es violatoria del principio constitucional de legalidad penal, al viejo estilo del derecho penal autoritario nazista o estalinista. Además – saltando incluso sobre todo lo anterior – la ley se quiere aplicar prescindiendo de los propios requisitos establecidos en ella, cuyo art. 6º dispone que las declaraciones de los supuestos “arrepentidos” sean registradas por cualquier medio técnico idóneo que garantice su evaluación posterior, es decir que el material que llega al juicio impide el control ulterior de esas declaraciones y las inutiliza como prueba, porque nada de esto se hizo. Pero en un esfuerzo máximo por superar el escándalo en el escándalo, sucede que los supuestos “arrepentidos” se “arrepienten” de haberse declarado autores de delitos que no cometieron, porque fueron amenazados por el juez y por el fiscal federales con quedar inmediatamente detenidos en caso que se negasen a declararse culpables. Para eso intimidaron a las víctimas y a sus familiares con detenciones espectaculares innecesarias. Lo mismo se hizo con el portero de la casa de una de las acusadas, obligándolo a decir que una persona entraba con harta frecuencia con bolsos. No vale la pena que nos detengamos a encuadrar todo este concurso de delitos contra la libertad y la administración de justicia, de lo que en algún momento alguien deberá encargarse en el futuro, pero digamos que están conminados con altas penas en el código penal. Se trata de delitos que de la simple lectura de los tipos penales todo indica que el legislador imaginó ante todo su posible comisión en sedes policiales (incluso por eso se prohibió la llamada “declaración espontánea”), pero ahora se cometen en sede judicial federal y nada menos que por un juez y un fiscal. Las víctimas dejaron constancia de lo sucedido ante notario y declaran con lujo de detalles la forma en que fueron intimidados, el encargado del edificio afirma que le “recordaron” que tiene dos hijas, pero igualmente en el juicio se introduce la lectura de esas declaraciones y se las pretende sostener como prueba de cargo, cuando obviamente se trata de una “prueba ilícita”. El juicio sigue su curso sin que el tribunal disponga extraer testimonio de los gravísimos hechos delictivos que denuncian las víctimas para ser investigados. Como si este escándalo jurídico a la tercera potencia no fuese suficiente, en la acusación se “tira al bulto”, o sea, se lanza la consabida “asociación ilícita” sin precisar qué hizo cada uno en concreto, por lo que es imposible defender a alguien que no se sabe en definitiva de qué conducta concreta se lo acusa. Por otra parte, la declaración indagatoria es una oportunidad de defensa de la persona: en el caso fue tomada por empleados y todas – mejor por docena – al mismo tiempo, lo que revela la escasa atención del juez y del fiscal, solo preocupados por la confesión de supuestos delitos. Téngase en cuenta que los declarantes son casi todos empresarios, algunos de edad avanzada, el encargado es un trabajador, nadie está habituado a esos tratos degradantes, es decir, que son personas fácilmente intimidables, lo que agrega cierto dato de crueldad a la coacción. Sin abundar en detalles técnicos, hay otros aspectos seriamente preocupantes. Así, por ejemplo, en otra causa los magistrados actuales emitieron opiniones que pueden comprometer su imparcialidad, por lo que fueron recusados y ellos mismos rechazaron la recusación “in limine”, es decir, sin darle tratamiento. Hay otras causas en que algunas conductas podrían sobreponerse a las que supuestamente abarca la de los “cuadernos”, por lo que existe el riesgo de incurrir en un doble juzgamiento (la violación del llamado “non bis in idem”). Nada debe minimizarse cuando se trata de garantías en materia penal y procesal, porque cualquier “normalización” de su desconocimiento es algo que no solo afecta a los acusados, sino que, de pasarse por alto, recae en el futuro sobre cualquier habitante de la Nación. No se trata solo de un escándalo en un proceso claramente político, sino que la
La provincia de La Pampa sufre una problemática hídrica compleja y multidimensional. El oeste de la provincia está ubicado en una región semiárida y desde comienzos del siglo XX, ha sufrido profundos cambios ambientales. Por Dr. Miguel Julio Rodríguez Villafañe* El río Atuel dejó de ingresar de forma permanente y adecuada al territorio provincial. Ello obedeció, particularmente, al uso intensivo del agua en la provincia de Mendoza, que la utilizó para consolidar sus emprendimientos frutícolas y vitivinícolas, entre otros proyectos. A su vez, construyó la represa Los Nihuiles y, al inaugurar el dique en 1947, bajaron las compuertas para llenarlo y se retuvo el caudal para generar energía hidroeléctrica, lo que provocó una sequía histórica en la provincia de La Pampa. Todo ello motivó que la cuenca se secara con gran impacto gravísimo y devastador, incluso la fauna sufrió cambios importantes, especialmente las aves de los bañados del río Atuel. Asimismo, las actividades como la cría de ganado bovino, ovino y caprino, que eran florecientes, se perdieron. También, se dio una fuerte despoblación, como consecuencia directa de la falta de agua. Demanda ante la Corte La Pampa demandó a Mendoza ante la Corte Suprema de Justicia (CSJN) desde 1976, y este tribunal, el 16/07/2020, determinó debía llegar un caudal mínimo permanente de 3,2 m³/s (metros cúbicos por segundo), en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza, para recomponer el ecosistema del Río Atuel. Además, ordenó a las provincias involucradas que, junto con el Estado nacional, determinen las acciones u obras de infraestructura necesarias para alcanzar el caudal mínimo permanente fijado. Incluso, hace casi un año se denunció al gobierno nacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque la CSJN no ha exigido a Mendoza y a la Nación, el cumplimiento de su propia sentencia. A lo que hay que sumar la voluntad secesionista de cierta dirigencia mendocina, manifestada por Alfredo Cornejo, que advirtió, en 2020, que “Mendoza puede ser un país independiente”. Cornejo fue gobernador entre 2015 a 2019 y luego, desde 2023 a la actualidad. Si bien su propuesta no ha prosperado, la actitud de cortarse sola, como provincia, estuvo y está presente siempre en el proceder de Mendoza frente a los legítimos requerimientos de La Pampa, sin respetar al federalismo de concertación, que determina la constitución nacional, especialmente en el artículo 41, de un país federal de todos y para todos. Así, el artículo determina, entre otros aspectos, que las autoridades proveerán a la protección del daño ambiental, en lo que hace “a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica”. Ley 26.639 de Preservación de Glaciares El 28/12/2010 comenzó a regir la Ley Nacional 26.639 de “Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, que preveía un régimen de protección específico destinado a preservar y cuidar los glaciares y el ambiente periglacial, como reservas fundamentales de recursos hídricos y se reconoció a los glaciares como bienes ambientales de carácter estratégico, fundamentales para la regulación del sistema hídrico y para la provisión de agua dulce en vastas regiones del territorio nacional. La ley 27.804 reforma la ley de glaciares Pero, hace un poco más de un mes, por la ley 27.804, del 09/04/26, se flexibilizó la protección de los glaciares, redujo el alcance de las áreas protegidas, flexibilizó el régimen de actividades prohibidas y debilitó los mecanismos de control y evaluación ambiental. A su vez, se estableció que las provincias serán la autoridad de aplicación final para proteger glaciares y ambientes periglaciares. La Pampa, no posee glaciares en su territorio, pero depende de manera directa de los procesos hidrológicos que se originan en regiones cordilleranas en cuencas que nacen principalmente en Mendoza, también en San Juan, donde proyectos mineros se disputan áreas glaciares y periglaciales para desarrollar su actividad, y que alimentan, principalmente, a la cuenca del río Colorado y a otros sistemas de aguas originados en regiones cordilleranas. Todo lo que, si se alterara, sin un análisis adecuado entre las provincias, sus efectos, comprometerían, gravemente, el acceso al agua y al equilibrio ambiental en provincias como La Pampa. Hay que reparar que las explotaciones mineras, no sólo utilizan el agua, sino que la contaminan gravemente para el consumo humano. Amparo presentado La Pampa interpuso un amparo ante el juez federal Juan José Baric, solicitando la declaración de la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de la reforma de la Ley de Glaciares. También se solicitó una medida cautelar urgente, atento el carácter irreversible del daño que se podría producir de demorarse la resolución que se peticionaba. El juez inscribió el planteo en Registro de Procesos Colectivos. Lo que trajo que, al planteo de La Pampa se acumularan todos los planteos que se dieron en el país, en contra de la ley 27.804, con lo que se agrandó y lentificó la tarea del juzgado federal de La Pampa. Rechazo a la medida cautelar solicitada Asimismo, el juez federal actuante rechazó la medida cautelar solicitada afirmando que la Corte ha dispuesto, que no cabe a la justicia “menoscabar las funciones que incumben a los demás poderes, reconociéndose el cúmulo de facultades que constituyen la competencia funcional del Congreso de la Nación … Ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma, con un alcance general para todos los casos, si nunca la tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853/1860”. (Fallos: 155:248 y muchos otros). Si bien esta resolución ha sido apelada ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, lo cierto que lo afirmado por el juez adelanta un resultado negativo en el amparo.Además, cualquier decisión sobre el fondo demorará mucho tiempo en concretarse. Demandar ante la Corte Suprema Lo referido y antes que se adopten medidas por las provincias cordilleranas, que puedan ser irreversibles, será necesario plantear por la provincia de La Pampa, un amparo preventivo directamente, ante la Corte Suprema, en contra de las provincias de Mendoza y San Juan, para
Hilda Horovitz reconoció ante el Tribunal Oral que buscaba ser “resarcida” tras denunciar agresiones de Oscar Centeno y aseguró: “Me estoy mandando al muere por decir la verdad”. La declaración de Horovitz volvió a poner bajo tensión el juicio por los Cuadernos, con cruces sobre pedidos de dinero, vínculos con periodistas y contactos con exfuncionarios kirchneristas. La expareja del chofer arrepentido Oscar Centeno, Hilda Horovitz, volvió a declarar este miércoles ante el Tribunal Oral Federal que lleva adelante el juicio por la causa Cuadernos y dejó una exposición atravesada por contradicciones, mensajes intimidatorios, olvidos e intentos por justificar los pedidos de dinero que le hacía al exfuncionario Roberto Baratta. “Me estoy mandando al muere por decir la verdad”, afirmó Horovitz ante los jueces al admitir que le enviaba mensajes a Baratta para que intercediera ante Centeno y lograra que éste le entregara dinero. “Yo sí le pedía dinero a él, es verdad”, reconoció sobre su ex pareja. Luego intentó explicar los motivos de esos reclamos: “Yo tenía que hacer algo, no lo iba a dejar a él arriba de los laureles, con todo. Me usó como testaferro, hizo todo lo que hizo, me cagó a trompadas, me insultó y me agredió”. La audiencia retomó la declaración testimonial que había quedado interrumpida la semana pasada, cuando Horovitz se descompensó justo en el momento en que comenzaban a exhibirse mensajes y audios vinculados a la causa. Durante su exposición, volvió a referirse a la denuncia que presentó en 2017 contra Centeno por violencia de género y aseguró que antes de declarar en Comodoro Py había advertido a su entonces jefe, Claudio Uberti, sobre su decisión. Según relató, poco después fue despedida. “Centeno hizo todo lo posible para que todos estemos acá hoy”, remarcó. Sin embargo, el eje más tenso de la audiencia giró alrededor de los mensajes que Horovitz enviaba a Roberto Baratta. Según se exhibió en la sala, se trataba de comunicaciones de tono intimidatorio que incluían llamados, fotografías de billetes y hasta imágenes de la vivienda del exfuncionario kirchnerista. Mensajes, contradicciones, imprecisiones y “no me acuerdo” “Él nunca hablaba conmigo, era un monólogo”, explicó Horovitz al intentar minimizar el contenido de esos contactos. Entre las pruebas mostradas aparecieron fotos de un bolso con dinero – que la propia testigo calificó como “trucho” – y otras imágenes con bandas elásticas. “Esas para que no se escapen vasos, papeles”, dijo. Baratta, según sostuvo la testigo, nunca respondió ninguno de esos mensajes. Durante la audiencia también se reprodujo un audio entre Horovitz y una persona que supuestamente era periodista, en el que ella habría pedido dinero. Sin embargo, la ex esposa de Centeno aseguró no reconocer la voz de su interlocutor. Además, se escucharon conversaciones de 2017 entre Horovitz y Miriam Quiroga, ex secretaria de Néstor Kirchner. La testigo reconoció haberse reunido varias veces con ella y aseguró que le entregó documentación y papeles que luego nunca fueron devueltos. Las defensas de los acusados aprovecharon la declaración para remarcar inconsistencias e imprecisiones en distintos tramos de su relato. Los abogados cuestionaron especialmente sus dichos sobre el vínculo que mantuvo con Centeno después de la separación y sobre sus contactos con periodistas. Uno de los momentos más delicados llegó cuando se exhibió un mensaje enviado por Horovitz en el que decía: “Tengo 9 años para hacerlo mierda, recién va el primero”. La testigo aseguró no recordar a quién se lo había enviado, aunque admitió que hacía referencia a Centeno. Sobre el final de la audiencia, la defensora de Roberto Baratta le preguntó cómo se había preparado para declarar. Horovitz respondió que había estado revisando chats publicados “en las noticias” y “en la televisión”. “Estoy muy nerviosa”, repitió ante el tribunal minutos antes de concluir su testimonio. Ámbito
A través del satélite Sentinel-6 Michael Freilich, se registraron las primeras ondas Kelvin que elevan el nivel del mar frente a las costas de Perú, Ecuador y Colombia, anticipando el desarrollo del fenómeno climático. El fenómeno meteorológico global de El Niño da sus primeros indicios de reactivación. Datos recientes sobre el nivel del mar obtenidos por el satélite Sentinel-6 Michael Freilich (un proyecto conjunto de la NASA y sus socios europeos) revelaron la llegada de una masa de agua cálida de cientos de kilómetros de ancho al océano Pacífico, posicionándose de forma directa frente a las costas de Sudamérica. Este comportamiento térmico anticipa que es muy probable que el fenómeno comience a manifestarse formalmente hacia finales de año. Debido a que el agua tiende a expandirse de manera natural al calentarse, los científicos utilizan la elevación de la superficie oceánica como un indicador preciso del incremento de las temperaturas en el océano. El desarrollo de El Niño posee un impacto directo en la vida cotidiana y la economía global, ya que altera significativamente los patrones de circulación atmosférica, provocando lluvias torrenciales e inundaciones en determinadas regiones del planeta y severas sequías en otras. Ondas Kelvin: el mecanismo que calienta las costas de Perú, Ecuador y Colombia El monitoreo satelital realiza un seguimiento estricto de lo que en meteorología se conoce como ondas Kelvin cálidas. Estas olas subacuáticas se forman tras breves períodos en los que los vientos alisios del este en el Pacífico ecuatorial occidental cambian de dirección o se debilitan, soplando desde el oeste. Esta modificación eólica hace que las aguas tropicales se calienten y el nivel del mar se eleve en el Pacífico occidental, propagándose en forma de ola hacia el este durante varias semanas hasta impactar en el litoral sudamericano. El fenómeno de El Niño termina por consolidarse cuando múltiples ondas Kelvin se suceden de forma consecutiva a lo largo de varios meses, acumulando agua cálida frente a las costas de Colombia, Ecuador y Perú. Las mediciones específicas de la misión detallan la evolución cronológica del evento actual: A pesar de que el proceso de este año inició un poco más tarde en comparación con los históricos y devastadores eventos de El Niño registrados en 1997 y 2015, los científicos advierten que la tendencia actual está empezando a alcanzarlos en magnitud. “Veremos qué tan grande se vuelve”, señaló Josh Willis, investigador del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL). Impacto global e historia de “El Niño” La denominación de este fenómeno se remonta al siglo XVII, cuando pescadores sudamericanos acuñaron el término de “El Niño” en alusión al nacimiento del niño Jesús, debido a que el calentamiento costero solía intensificarse en épocas cercanas a la Navidad, provocando paralelamente una drástica disminución en las tasas de pesca. La intensidad de cada evento determina el alcance de sus consecuencias climáticas a nivel mundial, modificando la corriente en chorro y variando la trayectoria de las tormentas: Debido a que El Niño suele alcanzar su punto de máxima intensidad entre los meses de noviembre y enero, las autoridades estiman que aún pasarán varios meses antes de que sus impactos socioeconómicos y climáticos más severos se hagan plenamente evidentes en el mapa mundial. Sentinel-6: tecnología de precisión para el estudio del océano El Sentinel-6 Michael Freilich se posiciona actualmente como el satélite de referencia oficial para la medición de la topografía oceánica global. Lanzado en el año 2020, este dispositivo cartografía la altura del agua en todo el planeta cada 10 días con una precisión milimétrica, continuando un legado de datos históricos iniciado en 1992 por la misión TOPEX/Poseidon. El esquema de actualización tecnológica contempla que su sucesor directo, el satélite Sentinel-6B (lanzado en noviembre de 2025), asuma el reemplazo definitivo de la presente unidad hacia finales de 2026. La misión forma parte del programa de observación de la Tierra Copernicus de la Unión Europea y es coordinada mediante una cooperación internacional que involucra a la Agencia Espacial Europea (ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), contando además con el soporte técnico de la agencia espacial francesa CNES. Para la recolección de variables físicas y termodinámicas, el Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL) de Caltech integró tres instrumentos científicos clave en la nave: un Radiómetro Avanzado de Microondas, un Sistema Global de Navegación por Ocultación Radioeléctrica y un Conjunto de Retroreflectores Láser. Perfil
Por graves irregularidades y fraude, según las nuevas auditorías, el PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores de su cartilla nacional por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco. El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a través de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo. El caso en Chaco El mismo involucra a un médico prestador perteneciente a la UGL XIII-Chaco del PAMI. Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas. El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional. La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional. El caso detectado en Tucumán Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente. Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados. La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema. Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada. A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente. Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo.En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI, señala Infobae. En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo. Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados. “Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI. El Once/Infobae
Las cámaras de fiscalización electrónica de velocidad, que fueron creadas con el fin de que se cumplan las velocidades máximas permitidas por seguridad vial, en la Argentina deben cumplir con una serie de requisitos legales: desde estar calibradas anualmente hasta contar con aprobación oficial para poder encontrarse activas, entre otros. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que 152 radares fijos operaban sin autorización nacional para emitir infracciones en Rutas Nacionales En ese sentido, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) realizó durante enero de este año un relevamiento de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales a través de sus 39 bases operativas distribuidas en todo el territorio argentino y detectó múltiples irregularidades en el sistema de radares. Según informó el organismo, actualmente existen 526 cinemómetros autorizados para operar y labrar infracciones en rutas nacionales: 363 equipos fijos y 163 móviles. Sin embargo, parte de esos dispositivos presentaban inconsistencias respecto de las habilitaciones otorgadas. Del total de radares fijos autorizados, 239 fueron encontrados operando en el lugar para el cual habían sido habilitados, mientras que otros 124 no fueron hallados en el sitio autorizado al momento del relevamiento. Frente a esta situación, la ANSV comenzó a intimar a las jurisdicciones correspondientes para que informen el estado operativo de esos equipos. En caso de comprobarse que ya no se encuentran funcionando, el organismo avanzará con la baja de las autorizaciones. De hecho, ya se efectivizaron las primeras bajas: seis radares fijos en Azul, provincia de Buenos Aires; un radar móvil en Exaltación de la Cruz, también en Buenos Aires; y cuatro radares móviles en Dina Huapi, provincia de Río Negro fueron inhabilitados. Además, la agencia informó que también intimará a aquellas jurisdicciones cuyos equipos tengan verificaciones técnicas vencidas para que regularicen su situación, bajo apercibimiento de revocar las habilitaciones vigentes. Por su parte, Jota Leonetti, especialista en tránsito, agregó en diálogo con este medio: “Lamentablemente, muchas veces la discusión sobre las fotomultas entre Nación y municipios parece ser un tema de caja y no de seguridad vial. Los radares son muy útiles y generan prevención cuando están ubicados estratégicamente en los puntos negros de siniestralidad”. “Sin embargo, hay una deuda enorme respecto al retraso en que los municipios informan a los infractores. Son necesarios cambios en la Ley de Metrología para que las empresas de software vial apliquen sistemas encriptados que procesen de forma automática la posible multa y se envíe vía mail al Domicilio Vial Electrónico en menos de 48 horas de cometida la infracción”, agregó Leonetti. Más de 150 radares sin autorización Uno de los puntos más relevantes del operativo fue la detección de 152 radares fijos que operaban sin autorización nacional para emitir infracciones en rutas nacionales. Ante estas irregularidades, la ANSV exigió el cese de utilización de los equipos y el retiro de los dispositivos instalados sin la habilitación correspondiente. Desde el organismo explicaron que la medida apunta a “ordenar y transparentar” el sistema de fiscalización automática de velocidad y reforzar el rol de la ANSV como autoridad máxima en materia de tránsito y seguridad vial sobre rutas nacionales. La intervención de la ANSV está respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, normativa que establece que ningún radar puede operar legalmente en una ruta nacional sin autorización previa del organismo nacional. Además, la legislación le otorga a la agencia la facultad de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones, con el objetivo de garantizar que los dispositivos funcionen de manera transparente, técnica y conforme a derecho. En paralelo, un reciente fallo de la Corte Suprema ratificó el rol de la ANSV como autoridad competente en materia de radares sobre rutas nacionales, tras un reclamo impulsado por el municipio de Darwin, provincia de Río Negro. Qué debe tener una fotomulta para ser válida Para que una infracción por fotomulta sea considerada válida, debe contener información precisa sobre el radar utilizado, como marca, modelo, número de serie, homologación y calibración vigente. A su vez, el acta debe incluir los datos exactos de la infracción: lugar, fecha, hora, velocidad permitida y velocidad registrada, además de una imagen clara de la patente del vehículo. También tiene que figurar la identificación del operador habilitado, la autoridad que emitió la infracción y el juzgado competente. Otro requisito indispensable es que el control esté correctamente señalizado y que la notificación se realice dentro de los plazos legales establecidos. Cualquier ciudadano puede consultar la habilitación y autorización de radares fijos y móviles que operan sobre rutas nacionales a través del sitio web oficial de la ANSV. La Nación
El presidente Javier Milei cerró el Latam Economic Forum, el tradicional evento de economía y negocios que se llevó a cabo este jueves en Parque Norte. En un mensaje dirigido tanto al empresariado como a los referentes políticos y económicos del país y la región, el mayor referente del Ejecutivo centró su discurso en el futuro productivo de la Argentina y el rol del sector privado. En ese sentido, el presidente fue categórico: “La baja inflación y la estabilidad macroeconómica no generan crecimiento”. A lo largo de su intervención, que se extendió por alrededor de una hora y media, Milei insistió en que el verdadero motor del desarrollo será un cambio estructural en el modelo económico, donde “la energía barata, la reducción del peso del Estado y un entorno abierto a la competencia impulsen la industrialización y la creación de empleo de calidad”. De hecho, resaltó que el principal driver de esta nueva industrialización argentina “será la energía barata, producto del desarrollo de nuestro sector energético”, sostuvo, y agregó que el país cuenta con todos los recursos necesarios para transformarse en un polo de atracción industrial de alcance global. El mandatario subrayó que los argentinos podrán aprovechar ese contexto sin necesidad de emigrar para buscar oportunidades en el exterior: “El talento argentino va a tener la oportunidad, por primera vez en décadas, de brillar a la altura que se merece sin necesidad de emigrar como en el pasado”. En ese sentido, remarcó que el Estado debe dejar de interferir y permitir que los ciudadanos sean “los propios arquitectos de su propio futuro sin que los estorbe el Estado”. Según Milei, la clave para convertir a Argentina en un actor estratégico reside en ofrecer energía, minerales y alimentos en un mundo que los demanda crecientemente, y en aprovechar la ubicación geográfica para garantizar cadenas de suministros seguras. “Hoy tenemos lo que Occidente necesita. Tenemos energía, desde petróleo, gas hasta energía nuclear, también minerales, tierras fértiles para el cultivo y estamos estratégicamente ubicados para que todos estos productos, al igual que los industriales, no presenten mayores riesgos de interrupciones ni amenazas”, describió. El presidente dedicó un tramo de su exposición al pasado reciente y resaltó: “El kirchnerismo convirtió a nuestro país y en especial al sector privado, en un gran desierto en el que solo crecía lo que estaba bajo la sombra del poder político. Ahora vemos florecer a ese desierto con miles de nuevas industrias”. A su criterio, el cambio de reglas y la apertura permitirán un “milagro propio de los periodos y las geografías en las que se deja actuar a la libertad bajo reglas justas y claras”. A diferencia de etapas anteriores, Milei aseguró que su gestión no busca elegir “ganadores y perdedores”, un concepto al que ya se había referido Luis Caputo en su discurso de la mañana, sino generar las condiciones para que quienes sepan crear y desarrollar puedan hacerlo. “Estamos devolviéndole a los argentinos la libertad de crear su propio futuro. Nuestro gobierno no necesita dictar los términos de mañana, porque tenemos fe en que los argentinos serán quienes lo construyan”, afirmó. El presidente también vinculó el destino de la Argentina con la dinámica global y la oportunidad que representa el nearshoring para la región. “América Latina puede ser ese refugio, pero para ser elegible tenemos que estar a la altura”, anticipó, y llamó a aprovechar la reconfiguración del comercio mundial para posicionar a la región como un socio confiable y estable. Milei advirtió que el crecimiento no depende exclusivamente de la estabilidad, sino de un marco regulatorio y fiscal competitivo: “No nos alcanza con crecer más que en los últimos 20 o 25 años. Nuestra propia vara no está tan baja, sino que sabemos que debemos crecer a un ritmo más auspicioso aún para no quedarnos atrás, porque comenzamos desde el subsuelo”. El mandatario insistió en que sólo un Estado que se limite a “poner las reglas y no estorbar” permitirá captar las inversiones necesarias. Además, Milei hizo referencia a la experiencia argentina en décadas pasadas y a la urgencia de no repetir errores: “El tren pasa solo una vez y Argentina ya compró su ticket. La pregunta es si la región está dispuesta o no a seguirla”. Cerró su intervención con un llamado enfático: “Una nación que no crece está transitando el sendero a su humillación y a su desaparición. Por eso es un deber nacional combatir con todas nuestras fuerzas a esta etapa del atraso que representan las políticas socialistas y estatistas”. En este sentido, anticipó el camino hacia un nuevo escenario económico. “La Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento”, aseguró, y vinculó ese proceso a la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su profundización. “El siguiente salto cualitativo, una vez ordenados los números, es la liberación de los rendimientos crecientes mediante la desregulación. Cuando el Estado deja de ser un freno, las empresas escalan, la productividad sube, el crecimiento se acelera. Eso es lo que implementamos con el RIGI, lo que vamos a profundizar con el SuperRIGI y que acabamos de enviar al Congreso”, señaló. Y ejemplificó el impacto del RIGI con el caso de la provincia de Neuquén: “El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, dijo que entrar al RIGI le costó en recursos USD 3,5 millones y hoy está llevando a la provincia inversiones por USD 1.000 millones. Por eso Neuquén hoy es la provincia que más crece en Argentina, al 12% anual”. Remarcó, en este sentido, que el nuevo régimen funciona como puerta de entrada inversiones USD 1.000 millones, con el compromiso de destinar al menos el 20% de ese monto dentro de los dos primeros años desde la adhesión. “Nuestra idea del fisco no es que las cosas que están en el RIGI se parezcan al fisco que tenemos hoy. La idea es que el fisco converja hacia el formato del RIGI y del SuperRIGI, es decir, ir a un sistema con mucha menor presión fiscal”, apuntó. Fuente: Infobae
El servicio Adelanto Chaco 24 de Nuevo Banco del Chaco ya está habilitado para anticipar compras con tarjeta de débito en comercios de toda la provincia, hasta la acreditación de haberes. Está disponible para clientes en situación normal: activos y pasivos provinciales, empleados de empresas del Estado, Ecom, Sameep y Secheep y empleados de empresas privadas que perciben sus haberes en la entidad. El disponible se puede consultar en la página web de Nuevo Banco del Chaco nbch.com.ar. Se debe ingresar en el menú Personas -> Préstamos -> Consultas de disponibles anticipos. Este servicio de NBCH permite anticipar compras sin pagar intereses y sin costos adicionales. Es muy simple, se habilita automáticamente, no se debe realizar ningún trámite. Las compras realizadas con Adelanto Chaco 24 no tienen intereses y se puede utilizar en comercios de todos los rubros como supermercados, almacenes, estaciones de servicios, restaurantes, farmacias e indumentaria, entre otros. El monto utilizado se descontará sin intereses. Para la red de comercios es como cualquier venta con tarjeta de débito, no se debe realizar ninguna acción o trámite adicional. El Adelanto Chaco 24 no tiene costos adicionales, comisiones o intereses y permite anticipar compras, en cualquier comercio que opere con la tarjeta de débito Chaco 24. Nuevo Banco del Chaco se posiciona como aliado de las familias chaqueñas para acompañar en el día a día, con la tranquilidad de poder comprar y cubrir imprevistos, incluso cuando no tienen saldo disponible. Adelanto Chaco 24 es una herramienta automática y sin costo que respalda las compras cotidianas.
La obra beneficia a estudiantes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de la Legua 37 – Paraje Campo Bedogni, en jurisdicción de Juan José Castelli. El gobernador Leandro Zdero inauguró este jueves en la Legua 37, Paraje Campo Bedogni, de Juan José Castelli, la obra del nuevo edificio donde funcionarán la Escuela de Educación Primaria N° 733 “Ejército Argentino”, la Escuela de Educación Secundaria N° 166 “Hermanos Bedogni” y el anexo de Nivel Inicial, garantizando así los tres niveles obligatorios en el corazón de El Impenetrable chaqueño. Durante el acto, el mandatario provincial destacó que “la educación tiene sentido si nuestros chicos aprenden, en el campo, en un paraje o en la ciudad, chaqueños todos con la misma posibilidad”, remarcando que en la provincia “se ven cambios trascendentales” vinculados a un rumbo claro en materia educativa. En esa línea, Zdero agradeció el compromiso de los docentes chaqueños y especialmente de las maestras jardineras, en el marco del Día de los Jardines de Infantes y de las Maestras Jardineras. “Estamos llevando adelante una gran tarea para brindar una mejor calidad educativa, y eso ya comienza a notarse en la lectoescritura de los estudiantes del primer ciclo”, afirmó. Asimismo, señaló que desde el Ministerio de Educación no sólo se trabaja en infraestructura escolar, sino también en la transformación educativa integral. “El Programa Más Escuela viene trabajando en toda la provincia para mantener los edificios escolares. Además, la capacitación acompaña a los docentes tanto de los parajes más alejados como de las ciudades, para que exista un mismo hilo conductor en el aprendizaje”, expresó. El gobernador también subrayó la importancia de fortalecer el mérito y el esfuerzo en el nivel Secundario: “No solamente estamos ordenando el sistema educativo, sino consolidando la posibilidad de superación de nuestros jóvenes para que puedan forjar su futuro”. La educación como herramienta de igualdad Por su parte, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, resaltó la decisión política del gobernador de priorizar las escuelas rurales. “El gobernador puso la mirada en el monte chaqueño, donde las escuelas tienen mucho menos alumnos que en otras zonas. La educación es la única oportunidad de superación personal”, sostuvo. Además, remarcó la importancia de garantizar oportunidades educativas en cada rincón del territorio provincial. “Cuando el gobernador pone el acento en hacer una escuela acá, está marcando un norte: que la educación debe darse en toda la provincia de la misma manera y forma”, afirmó. La directora de la EEP N° 733, Laura Escalante, expresó su emoción por la concreción de la obra: “Hoy es un día de inmensa alegría y responsabilidad. Esta institución es mucho más que un edificio nuevo, es un lugar donde los niños podrán iniciar la primaria y los jóvenes continuar la secundaria, creciendo juntos en un espacio moderno, seguro y lleno de oportunidades”. En tanto, el director de la EES N° 166, Héctor Lozicki, destacó que el establecimiento secundario es el único de la zona rural y recibe estudiantes de distintas comunidades cercanas. Actualmente, entre Nivel Inicial, Primario y Secundario, la matrícula total alcanza los 80 alumnos. A su turno, la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, detalló que la obra incluyó la construcción de nuevas aulas y la refacción integral del edificio existente destinado al jardín de infantes. “Estamos trabajando muy bien con el Programa Mejor Escuela para llegar a más instituciones de toda la provincia”, indicó, precisando que ya se intervinieron más de 600 establecimientos educativos. La obra contempló la ampliación con la construcción del nuevo edificio para la EEP N° 733 y la EES N° 166, además de la refacción del antiguo edificio para el funcionamiento del anexo de Nivel Inicial. La inversión total, financiada con fondos provinciales e incluyó también el mobiliario escolar. Acompañaron el acto, las subsecretarias de Educación, Isabel Sanchuk, y de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti; el intendente Oscar Sander; el director de la Regional Educativa 2, Humberto Molina, entre otras autoridades.
El siniestro se registró este jueves al mediodía en la jurisdicción de la Comisaría Undécima. De acuerdo a las primeras pericias, las llamas se habrían originado por la explosión de una batería. No se reportaron personas lesionadas. Una rápida respuesta coordinada entre el Servicio de Emergencias 911, personal jurisdiccional y el Cuerpo de Bomberos de la Policía del Chaco permitió controlar un principio de incendio registrado en las instalaciones de un galpón y taller metalúrgico de la zona oeste de la capital provincial. El incidente fue alertado a las 13:20 a través de un llamado al Sistema de Atención de Emergencias (SAE-CAD 911). De inmediato, personal de la Comisaría Undécima Metropolitana se constituyó en el lugar, ubicado en la avenida Alvear al 3200 y constataron la veracidad de lo informado. Intervención y origen del siniestro Al arribar la prevención policial, el fuego se propagaba en un sector del taller. De las primeras entrevistas mantenidas con las personas presentes en el establecimiento, se pudo determinar de manera preliminar que las llamas se habrían desencadenado a raíz de la inesperada explosión de una batería. Debido a la presteza con la que acudieron las dotaciones de la División Bomberos de la Policía, el foco ígneo pudo ser sofocado y custodiado mediante un perímetro antes de que afectara la totalidad de las maquinarias y la estructura del galpón.Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni personal civil afectado por el humo, reportándose únicamente daños materiales menores en el sector donde se originó el desperfecto. En el lugar se labraron las actas correspondientes y los peritos de Bomberos continuaron con las tareas técnicas de rigor para establecer de forma fehaciente las causales del hecho, dándose inicio a las actuaciones judiciales preventivas bajo la carátula de “Supuesto Incendio”.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha un esquema y confirmó un aumento del 38% en la tarjeta Alimentar tras haberla mantenido congelada durante dos años. La medida quedó establecida a través de la Resolución 161/2026, que se publicó luego de que el organismo arrancara con el calendario oficial de pagos, por lo que los titulares alcanzados por el programa recibirán en mayo un monto extra correspondiente a la diferencia entre los valores anteriores y las nuevas escalas. Aumenta la tarjeta Alimentar, ¿cuánto cobro? En el sitio web oficial de ANSES se aclara a los usuarios que, por el aumento de la Prestación Alimentar, en el recibo de mayo van a ver un importe mayor al que recibieron en su cuenta: “Esa diferencia la van a cobrar según el calendario incluido más abajo, en la sección Fechas de cobro por terminación de tu DNI”. Es así que se determinó un nuevo cronograma para que las familias puedan conocer cuándo se les acreditará este beneficio. También es importante aclarar que no es necesario realizar ningún trámite adicional y que será acreditado de manera directa. Con el aumento, los valores quedaron de la siguiente manera: Cuándo cobro el extra de la Tarjeta Alimentar en mayo de 2026 El Gobierno de Javier Milei y el Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello confirmaron una segunda ronda de acreditaciones para completar el aumento de mayo de la Prestación Alimentar. El calendario de cobro del extra para mayo de 2026 queda así: Para evitar contratiempos, es fundamental mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Se los puede consultar en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social. Cronista
Se realizó en Sáenz Peña. La capacitación, fue coordinada por el Departamento Servicios Sociales en conjunto con la Dirección de Zona Interior. El encuentro estuvo destinado a fortalecer las herramientas de contención psicológica en el ámbito laboral. En línea con las políticas de bienestar, formación y cuidado del capital humano que impulsa la Jefatura de la Policía del Chaco, se llevó a cabo este jueves una importante jornada taller enfocada en la salud mental del personal policial. La actividad se desarrolló entre las 8 y las 12, en las instalaciones del Salón Chaco del Hotel Gualok, ubicado en esta ciudad, bajo la denominación “Prevención y abordaje de la ansiedad, la depresión y el riesgo suicida en el personal policial”. El dictado de la capacitación fue impulsado por la Jefa del Departamento Servicios Sociales, Comisario Mayor Diana Valeria Ramírez, y contó con el aval institucional del Jefe de Policía de la Provincia, Comisario General (R) Fernando Javier Romero, y del Director de Educación Policial, Comisario Inspector José Fernando Cuéllar. Enfoque y objetivos del taller La propuesta formativa partió de reconocer que la labor de seguridad pública implica una alta demanda emocional y exposición a factores de estrés. Por ello, el taller se estructuró con un carácter teórico-participativo con los siguientes fines: Comprender los procesos psicológicos vinculados a la ansiedad y la depresión. Brindar herramientas técnicas para la detección temprana de señales de alerta y conductas de riesgo dentro del entorno laboral. Desarrollar estrategias eficaces de regulación emocional, escucha activa y contención inicial entre compañeros. Promover una cultura institucional de cuidado mutuo y articulación con los recursos profesionales de asistencia disponibles. Organización y participación El dispositivo pedagógico contó con la coordinación en terreno del Director de Zona Interior Sáenz Peña, Comisario Mayor Juan Carlos Kowalsky, y la supervisión de la Subcomisario Natalia Johana Escobar. Las disertaciones técnicas estuvieron a cargo de un equipo interdisciplinario del Departamento Servicios Sociales, compuesto por la Subcomisario Victoria Morilla, la Oficial Auxiliar Valeria Soledad Sosa y la Licenciada en Trabajo Social Jenifer Samanta Aquino Dmirowicz. La jornada registró una masiva convocatoria, contando con la participación activa de 46 efectivos policiales (entre personal oficial subalterno y personal subalterno) pertenecientes a distintas unidades operativas, divisiones especiales, áreas de seguridad rural y comisarías de la Dirección de Zona Interior de Sáenz Peña y localidades aledañas.
El procedimiento se registró durante los habituales controles de seguridad en la vía pública. Al verificar los datos del ciudadano mediante el sistema de gestión biométrica, se constató que era requerido por el Juzgado Correccional N° 2. La detención se concretó, durante uno de los operativos de prevención y control urbano que se despliegan de manera continua en los distintos puntos comerciales y de tránsito de la capital chaqueña, personal de la División Caminantes procedió a la demora de un ciudadano de 33 años que registraba una orden de detención vigente. El procedimiento tuvo lugar a las 11:20, en la intersección de las avenidas Chaco y Castelli, donde los efectivos procedieron a la interceptación de rutina de un transeúnte con fines de identificación. Consulta al sistema Si.Ge.Bi. Al realizar el correspondiente cotejo de datos a través del Sistema de Gestión Biométrica (Si.Ge.Bi.), el dispositivo informático arrojó un resultado positivo con pedido activo de aprehensión. El requerimiento judicial, emitido el pasado 6 de mayo, correspondía a una causa caratulada como “Supuesto Hurto Simple en Grado de Tentativa”, bajo la órbita del Juzgado Correccional N° 2 de la ciudad de Resistencia. Tras confirmarse la vigencia de la medida, el personal de la División Caminantes procedió al inmediato traslado del conducido hacia las instalaciones de la Comisaría Quinta Metropolitana por razones de jurisdicción, donde se iniciaron las actuaciones legales de rigor y quedó alojado a disposición del magistrado interviniente.
Además de los incrementos en la inflación producto de la guerra en Medio Oriente y los aranceles que impulsó Trump, una sequía y la baja en la cantidad de cabezas de ganado amenaza con presionar aún más los precios en EEUU. La inflación comienza a ser un problema cada vez más importante en EEUU. No solo para los consumidores norteamericanos, que están experimentando un aumento en los precios de los combustibles, alimentos y servicios, sino también para el propio gobierno de Donald Trump, que se encamina a las elecciones de medio término con su popularidad en mínimos históricos, y la Reserva Federal (Fed), que parece haber descartado nuevas bajas de tasas en lo que va del año. Este jueves se conoció que el índice de precios PCE — el medidor de inflación predilecto por la Fed — fue de 3,8% interanual en abril, su nivel más alto desde mayo de 2023, según la Oficina de Análisis Económico. Por su parte, a nivel subyacente subió 3,3%. En la medición mensual el avance fue de 0,4%, una desaceleración respecto al 0,7% de marzo. Sin embargo, el gasto de los consumidores ajustado a la inflación aumentó solo un 0,1% mensual. Adam Hetts, gestor de carteras en Janus Henderson, afirmó que “las medidas interanuales general y subyacente siguen situándose claramente en el rango del 3%, por encima de la zona de confort de la Fed”. Sobre este punto, afirmó que “un factor crítico en la trayectoria futura podría ser la duración de los elevados precios del petróleo, a medida que continúa el conflicto en Medio Oriente”. De manera complementaria, el analista de Pepperstone, Felipe Barragán, planteó que “la ventana para recortes de tasas se ha cerrado debido al shock energético desencadenado por la guerra con Irán, lo que significa un cambio dramático en las expectativas hacia tasas más altas a medida que los responsables de política monetaria advierten que la inflación ha regresado”. Por su parte, el analista internacional de Portfolio Personal Invesores (PPI), Martín Cordeviola, planteó un panorama distinto a Ámbito, ya que desde su perspectiva, “tanto la inflación general como la núcleo vinieron mejor de lo esperado”. Sin embargo, también reconoció que “la probabilidad de una suba de tasas este año aumentó en el margen del 62% al 64%”. Y agregó: “Esto se explica, en parte, porque las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen volver a trabarse, lo que impulsó los precios del petróleo al alza hoy, ensuciando la buena lectura del PCE”. Esta mañana también se conoció que el PBI de EEUU durante el primer trimestre subió 1,6%, por debajo del 2% que esperaba el mercado, en las estimaciones preliminares. Barragán destacó las “revisiones negativas tanto en inversión como en gasto del consumidor”. Por su parte, Hetts planteó que “las cifras apuntan a una economía resistente que soporta una guerra prolongada y las presiones inflacionistas”. El impacto de la guerra sobre los precios El conflicto en Medio Oriente golpeó al comercio internacional, producto del cierre del estrecho de Ormuz, lo que impulsó los precios de los combustibles, provocando también la escasez de una amplia gama de productos, entre ellos fertilizantes, aluminio y productos de consumo. El precio promedio de la nafta a nivel minorista se disparó un 12,3% en abril, según datos de la Administración de Información Energética de EEUU, y avanzó más del 50% desde que comenzó la guerra a finales de febrero. A eso se le agrega que los consumidores norteamericanos también están pagando precios más altos por otros bienes y servicios que no fueron afectados directamente por la guerra, en gran parte debido a los aranceles generalizados que impulsó la administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca. De hecho, actualmente se encuentra renegociando el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, y en donde también Washington adelantó que buscará imponer aranceles. En este contexto, hace unos días se conoció que la Confianza del Consumidor que mide la Universidad de Michigan — una referencia clave para conocer el humor del ciudadano de a pie — volvió a caer en mayo a 44,8%, su piso histórico. La presión desde el agro El clima tampoco está siendo favorable para los agricultores estadounidenses, que están experimentando olas de calor récord y frío extremo. Según los Centros Nacionales de Información Ambiental, EEUU registró el inicio de año más cálido de su historia, con temperaturas cerca de 3°C por encima del promedio hasta finales de abril. El calor temprano provocó que algunos cultivos florezcan antes de tiempo, dejándolos expuestas a las heladas posteriores. A eso se le sumaron las fuertes subas en los precios de la carne vacuna. Subieron 13% interanual en abril, alcanzando la cifra récord de u$s9,64, luego que el número de cabezas de ganado cayera a su menor nivel en 75 años, afectado por la sequía y el aumento en los costos de producción. En paralelo, el tomate se disparó 33% en los últimos dos meses después de que dos tormentas invernales provocaran daños generalizados en plena temporada de cultivo en Florida, mientras los envíos desde México cayeron luego de la imposición de aranceles norteamericanos a las importaciones. Según el Centro Nacional de Mitigación de Sequías de la Universidad de Nebraska-Lincoln, el 70% de la producción estadounidense de trigo de invierno estaba en zonas afectadas por sequía, junto con el 25% de la producción de maíz. Ámbito
Este viernes 29 de mayo a las 19 h, en la Casa por la Memoria – Marcelo T. de Alvear 32-, se realizará la jornada “Obreros y estudiantes: contra el olvido, memoria y organización”, una actividad de homenaje y reflexión colectiva a 57 años del Cordobazo y en el marco de los 50 años del Golpe genocida. La convocatoria es impulsada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Asociación de Jubilados y Jubiladas “Hugo Deschuter” de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras Chaco, junto a trabajadores, trabajadoras y la Comisión Provincial por la Memoria Chaco. El Cordobazo constituyó una de las expresiones más profundas de unidad obrera y estudiantil frente al autoritarismo, el ajuste y la represión impulsados por la dictadura de Onganía. Aquella rebelión popular del 29 de mayo de 1969 marcó un punto de inflexión en la historia argentina y abrió un proceso de resistencia y organización que dejó una huella decisiva en las luchas democráticas y sociales del país. La jornada buscará recuperar esas experiencias históricas, homenajear a Agustín Tosco y a la generación militante de los años 60 y 70, y reflexionar sobre los desafíos actuales de la organización popular, sindical y estudiantil en un contexto de avance sobre derechos laborales, sociales y democráticos. La propuesta apunta también a fortalecer los espacios de encuentro y construcción comunitaria entre trabajadores, estudiantes, juventudes y organismos de derechos humanos, entendiendo a la memoria colectiva como una herramienta activa para pensar el presente y proyectar el futuro. Hoy como ayer, la memoria y la organización popular vuelven a hacerse necesarias frente a un contexto de ajuste, pérdida de derechos y violencia sobre trabajadores, estudiantes y sectores populares. La actividad es abierta a organizaciones sindicales, estudiantiles, organismos de derechos humanos y público en general. A 57 años del Cordobazo En mayo de 1969, el hartazgo social frente al autoritarismo de la dictadura de Juan Carlos Onganía estalló en una pueblada histórica que pasó a la memoria como el Cordobazo. Su impulso decisivo fue la unidad entre trabajadores y estudiantes. El régimen militar, instaurado tras el golpe contra Arturo Illia, estuvo marcado por la proscripción política, el cercenamiento de las libertades democráticas y la represión. A ese clima se sumó como detonante el avance represivo sobre las universidades. El 15 de mayo de ese año, estudiantes correntinos fueron reprimidos durante una protesta contra la privatización del comedor universitario. La represión terminó con el asesinato de Juan José Cabral, estudiante de la UNNE de 22 años. Al día siguiente, las movilizaciones de repudio en Rosario dejaron otros dos jóvenes asesinados: Luis Norberto Blanco y Adolfo Bello, de 15 y 22 años. En Córdoba, donde existía una fuerte articulación entre el movimiento obrero y el estudiantil, el descontento se profundizó con la decisión del gobierno provincial de eliminar el “sábado inglés”, es decir, la media jornada laboral. Ante esa medida, el SMATA y el sindicato de Luz y Fuerza convocaron a un paro activo con movilización para el 29 de mayo. Los estudiantes adhirieron a la protesta y, en pocas horas, amplios sectores de la ciudad quedaron bajo control de los manifestantes durante cerca de veinte horas. Hubo incendios y ataques contra empresas multinacionales. La respuesta represiva fue brutal: veinte manifestantes asesinados, cientos de detenidos y dirigentes sindicales encarcelados, entre ellos Agustín Tosco, Atilio López y Elpidio Torres. Entre las principales demandas se encontraban el aumento salarial del 40 %, el rechazo a la extensión de la jornada laboral, la defensa de los convenios colectivos y el repudio a los crímenes de la dictadura y al ataque contra las libertades sindicales y democráticas. Desde la CPM Chaco saludamos la gesta del Cordobazo, con memoria y en defensa de la justicia social, la soberanía y las libertades democráticas; contra toda forma de represión y autoritarismo, contra la crueldad y la miseria planificada.
El procedimiento se llevó a cabo en forma conjunta con el Poder Judicial en un domicilio de la calle Obligado. En el marco de las directivas emanadas por la Jefatura de Policía para el esclarecimiento de ilícitos denunciados en el área metropolitana, personal de la Comisaría Primera ejecutó con éxito un mandamiento judicial de allanamiento. La medida arrojó resultados de interés para el avance de una investigación en curso. La diligencia se inició a primera hora de este jueves y finalizó cerca de las 9. El despliegue de recursos humanos y materiales se concentró en una vivienda ubicada en la calle Obligado al 900 estimativamente. Secuestro y notificación de actuaciones El operativo policial contó con la supervisión y presencia en el lugar del Ayudante Fiscal en turno, Gabriel Gaona. Al realizarse la inspección minuciosa del inmueble, los uniformados procedieron al secuestro de un elemento clave para la causa: una réplica de arma de fuego (de juguete), fabricada en material plástico de color negro con cachas marrones, marca Omega. El elemento incautado fue puesto a resguardo legal debido a que guardaría relación directa con las características del hecho investigado. Tras culminar el registro, y por disposición de la Magistratura interviniente, se procedió a notificar formalmente de las actuaciones a la principal moradora del domicilio, quien quedó vinculada a la causa caratulada como “Supuestas Amenazas” continuando en libertad ambulatoria.
”Esto es parte de todo el trabajo de la zona Sur. Empezamos en avenida Mac Lean y ahora estamos trabajando en el barrio Las Palmeras. Ya realizamos hasta avenida Hernandarias todo el sistema de desagüe y ripio”, indicó Gustavo De Martini, subadministrador de Vialidad Provincial. Junto a la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño, constataron el avance de las obras de desagües que se realizan junto al Municipio en el barrio Las Palmeras, en la zona del ex Campo de Tiro, donde la gestión anterior entregó viviendas sin la infraestructura urbana necesaria. Meiriño, estuvo en el barrio Las Palmeras de Resistencia, donde verificó el avance de las obras de desagües que se ejecutan para mejorar la transitabilidad y la calidad de vida de los vecinos de la zona. “Son conexiones de desagües que no existían, por lo que la misma calle funcionaba como canal de desagüe de todo el barrio”, explicó la funcionaria. Se trata de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Resistencia, que se proyecta en distintos barrios de la capital chaqueña. “Ellos ponen el material y nosotros el trabajo y la maquinaria a través de la Dirección de Vialidad Provincial. Una vez terminada la etapa de desagües, vamos a avanzar con el ripio”, señaló Meiriño. Además, remarcó que el objetivo es avanzar con un trabajo integral en los barrios de Resistencia para luego extender este tipo de intervenciones a otros puntos de la provincia. “Agradecemos la paciencia de los vecinos. Nos encontramos con una ciudad desatendida y trabajamos para ponerla en orden, mejorando la calidad de vida de la gente”, sostuvo. Por su parte, el subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial (DVP), Gustavo De Martini, detalló que el proyecto permitirá a los vecinos contar con mejores condiciones de acceso y evitar el ingreso de agua a las viviendas. Asimismo, recordó que se trata de la zona del ex Campo de Tiro, donde la gestión anterior entregó terrenos y viviendas sin la infraestructura necesaria. “Los vecinos fueron estafados porque compraron un terreno con un documento que no tenía ningún tipo de valor. Por eso, a través de Desarrollo Territorial, se está trabajando para regularizar los títulos mientras avanzamos con la infraestructura urbana”, concluyó.
El diputado provincial de Chaco Puede, Carlos Salom, confirmó que el ministro de Salud del Chaco, Sergio Rodríguez, será interpelado en la Legislatura en el marco del escándalo por la falsa médica Lidia Ojeda, detenida tras haber atendido a más de 1.200 pacientes en Quitilipi. El legislador defendió la medida, aseguró que el funcionario “estará a disposición” y calificó el caso como “una vergüenza”. En declaraciones a CIUDAD TV, Salom sostuvo que desde el oficialismo acompañaron el pedido de interpelación, aunque advirtió que no permitirán “sobreactuaciones” durante el debate legislativo. “Las garantías, por lo menos la orden de nuestro gobernador, es que todos los funcionarios estén a disposición de informes, opiniones y, en este caso, interpelaciones”, afirmó. Sin embargo, recordó episodios de tensión ocurridos en anteriores convocatorias legislativas y cuestionó duramente el comportamiento de algunos sectores opositores. “No vamos a prestar acuerdo ni acompañar situaciones como las que pasaron con el ministro Dudik. Hubo actitudes sobreactuadas, rimbombantes, payasescas, circenses”, lanzó. “Una delincuente que nos deja muy mal” El diputado y médico no ocultó su indignación por el caso de Lidia Ojeda, acusada de ejercer ilegalmente la medicina y atender durante años en el sistema sanitario. “Como médico, como diputado y como hombre público, es una vergüenza lo que ha pasado con esta delincuente”, expresó. Y agregó: “Nuestra profesión médica significa algo de tanta nobleza, que es justamente cuidar y acompañar a nuestros conciudadanos, y de golpe aparece esta sinvergüenza que nos deja muy mal a todos”. Salom sostuvo que existieron “errores secuenciales” y una “cadena de responsabilidades” que permitieron que la mujer ejerciera durante tanto tiempo sin ser detectada. Aunque descartó responsabilidad directa del ministro de Salud, sí admitió fallas en controles internos. “No te imaginas a un ministro controlando ingreso y egreso de personal. Sí hubo alguna cadena de responsabilidades, que fue lo primero que el ministro apartó para investigar”, señaló. Además, remarcó que el Gobierno provincial se constituyó como querellante en la causa judicial y consideró que incluso podría tratarse de un problema heredado de gestiones anteriores. “Creo incluso que hasta esto fue heredado, hasta este regalito nos dejaron”, afirmó. El oficialismo impulsó la interpelación Consultado sobre la decisión de aprobar la interpelación al ministro de Salud, Salom insistió en que se trata de un hecho de extrema gravedad, sobre todo por la cantidad de pacientes involucrados. “Es algo muy serio, muy serio. Sobre todo por la cantidad de pacientes que fueron atendidos. A mí me duele profundamente como profesional y como docente”, manifestó. El legislador señaló que la situación expuso fallas en mecanismos de control que, según dijo, ya existían normativamente pero no se aplicaron. “En realidad los controles están previstos, pero no se han cumplido. Nos duele a todos”, lamentó. Tensión política en la Legislatura Durante la entrevista, Salom también se refirió al clima de confrontación dentro de la Cámara de Diputados y criticó el nivel de agresividad política. “No me agrada. Tengo un marco de respeto personal con todos los diputados, aunque tenga diferencias sustanciales con algunos. Llegar a la agresividad, tanto verbal como con intenciones físicas, nos hace muy mal”, sostuvo. En ese sentido, pidió “poner paños fríos” y priorizar el diálogo político. “A veces el diálogo y la comunicación son mucho mejores que la agresividad, y mucho más la agresividad violenta y física”, concluyó.
Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Corrientes y las penas fueron de 7 y 4 años de prisión. La fiscalía anticipó que recurrirá a Casación. También se dispuso el pago de multas y el decomiso de dos vehículos utilizados en la maniobra. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 9 de junio. El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó esta semana a dos hombres por haber transportado más de 280 kilos de marihuana en un auto que, luego de evadir un control vehicular, ocasionó un siniestro vial en el que falleció una docente que viajaba a bordo de una motocicleta. Los hechos ocurrieron el 22 de mayo de 2024 en la localidad de Santo Tomé, provincia de Corrientes. Marcelo Raúl Ferreyra (51) y Miguel Ángel Da Rosa (57) fueron encontrados culpables del delito de transporte de estupefacientes en calidad de autor y partícipe secundario, respectivamente. El primero, recibió la pena de 7 años y el segundo, la de 4 años de prisión. La sentencia fue dictada por el juez Eduardo Belforte, quien integró el tribunal de manera unipersonal. En representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal general con funciones de coordinación del distrito Corrientes, Carlos Schaefer; la fiscal general subrogante Tamara Pourcel y el auxiliar fiscal Gabriel Romero Olivello, quienes habían solicitado para los dos acusados una pena más severa —de 14 años de prisión—, por lo que anticiparon que recurrirán el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el pago equivalente a 45 unidades fijas para cada uno de los condenados y el decomiso de dos automóviles utilizados para concretar el transporte de la droga, en línea con lo requerido por el MPF en su alegato. En julio de 2025, Ferreyra ya había sido condenado por la justicia penal ordinaria correntina a 5 años de prisión como autor del delito de homicidio culposo agravado de la docente Manuela Jaqueline Ponce, de 21 años, ya que fue el conductor del vehículo cargado con droga que, en su huida, embistió a la maestra jardinera. El caso De acuerdo a lo acreditado en el juicio, Ferreyra y Da Rosa partieron el 22 de mayo de 2024 desde la ciudad misionera de Leandro N. Alem en dos vehículos. Ferreyra conducía un Renault Fluence en cuyo interior transportaba en nueve bultos, unos 318 paquetes de marihuana con un peso de 280,675 kilogramos. En tanto, Da Rosa se desplazaba en un Chevrolet Prisma Joy que cumplía la función de “coche puntero”, es decir, según explicaron los fiscales en el alegato, “escanear la ruta, detectar controles de fuerzas de seguridad y dar luz verde” al vehículo que circula detrás con el cargamento de droga. Los representantes del MPF exhibieron durante su alegato un mapa en el que, en función de cámaras de seguridad y otros elementos, se pudo reconstruir el recorrido de los autos. Ambos circularon por la ruta provincial N°4, (que une las localidades misioneras de Leandro N. Alem, con la de San Javier), luego atravesaron la ruta provincial N°2 con dirección a la localidad misionera de Azara, continuaron por la ruta provincial N°94 y a la altura puente del arroyo Itá Cuá, en la localidad correntina de Santo Tomé, Ferreyra evadió un control vehicular de la Prefectura Naval. Dos kilómetros después, mientras circulaba a alta velocidad, el conductor realizó una maniobra de sobrepaso en un sector no habilitado y atropelló y mató a la docente Ponce, que se trasladaba en motocicleta. Tras el hecho, Ferreyra abandonó el Renault Fluence y escapó junto a Da Rosa en el otro vehículo que oficiaba de “puntero” con dirección a la localidad de Gobernador Virasoro. Poco después, personal de Prefectura encontró el Renault Fluence con signos del impacto y un total de nueve bultos en su interior, que luego se descubrió, eran los más de 280 kilos de marihuana incautados. A partir del hallazgo, una investigación de la por entonces Fiscalía Federal —actual Sede Fiscal Descentralizada— de Paso de los Libres, a cargo del fiscal interino Fabián Martínez, permitió días después concretar la detención de Ferreyra, quien residía y tenía una farmacia en la localidad misionera de San Javier y, más tarde, de su cómplice Da Rosa. El alegato del Ministerio Público Fiscal Durante su alegato, Schaefer y Romero Olivello sostuvieron que los hechos investigados “pusieron simultáneamente en riesgo múltiples bienes jurídicos: la salud pública, la seguridad del tránsito y la vida de las personas que transitaban por esa ruta”. Los representantes del MPF afirmaron que la maniobra desplegada por los acusados y el resultado fatal evidenciaron “un desprecio por la vida”, y remarcaron que la víctima era “una persona inocente, de 21 años, educadora, que estaba haciendo algo grande por esta sociedad, que es brindar educación a la comunidad”. Asimismo, señalaron que, si bien Ferreyra ya había sido condenado por la justicia provincial por el homicidio culposo agravado, en este proceso se juzgó “la maniobra delictiva” vinculada al transporte de estupefacientes y el riesgo asumido durante la fuga. “Decidieron igual emprender el transporte y, una vez perseguidos, huyeron con la posibilidad de que ocurra lo que ocurrió”, sostuvieron los fiscales, quienes también destacaron que los acusados “no dudaron nunca en el inicio de la actividad, sino que además se prepararon para cualquier eventualidad y darse a la fuga”. En relación con la cantidad de droga secuestrada, remarcaron que “no es un transporte menor” y resaltaron que el principal acusado. Ferreyra, era propietario de una farmacia, por lo que “sabía el poder de daño del estupefaciente”. “El accidente es parte de la ejecución del transporte del estupefaciente. La muerte es la consecuencia de la ejecución del transporte”, afirmaron. Al fundamentar el pedido de pena de 14 años de prisión —uno menos que el máximo por el delito imputado—, el MPF consideró como agravantes la gravedad del hecho, el volumen del cargamento transportado (280 kilos), el uso de una “logística avanzada” mediante la modalidad del vehículo “puntero”, las maniobras evasivas y el riesgo ejecutado