La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) informó que el próximo viernes 27 de febrero llevará adelante un paro por 24 horas en el ámbito de la salud pública provincial, en reclamo de salarios dignos, fin de la precarización laboral y en rechazo a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La medida de fuerza se da en el marco de la profunda crisis salarial que atraviesan los trabajadores del sistema sanitario. En ese marco, desde APTASCH remarcaron que además de la crítica a las medidas del gobierno, tomaron una postura proactiva con propuestas seriamente elaboradas para revertir la situación, como ser el proyecto de Ley de Emergencia Salarial presentado en la Legislatura provincial. Esta iniciativa propone declarar la Emergencia Salarial por el plazo de doce meses y, entre sus ejes centrales, plantea una actualización automática bimestral de los haberes, con incrementos de al menos tres puntos porcentuales por encima de la inflación, con carácter remunerativo y bonificable, alcanzando tanto a trabajadores activos como pasivos. De este modo, el gremio ratifica su vocación de “discutir de manera seria una forma de recomponer salarios mediante mecanismos de negociación y diálogo pero, en contraste, el gobierno ofrece aumentos decididos unilateralmente que solo consolidan la pérdida salarial”. En ese contexto, el gremio convoca a todos los trabajadores del sector y a la comunidad en general a participar de una concentración que se realizará ese mismo viernes 27 a las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo, como expresión pública de protesta y visibilización del conflicto, que no se limita a la cuestión salarial sino que también incluye otros puntos de protesta como el rechazo a la reforma laboral. “No vamos a aceptar ninguna reforma que implique pérdida de derechos, precarización o debilitamiento de las condiciones laborales”, remarcaron. Además, visibilizarán otros reclamos como ser el fin de la precarización laboral y la inmediata puesta en práctica de la Ley de Carrera Sanitaria. “Defender nuestros salarios y nuestros derechos es también defender la salud pública. Por eso llamamos a todos los trabajadores y a la comunidad a acompañar esta convocatoria”, concluyeron.
Autor: Redacción General
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, la artista urbana, Romina Centurión, convoca a todas las artistas, activistas y mujeres creativas para unirse a través del arte e intervenir el espacio público bajo la temática: “El papel de la mujer en la calle”. La artista expresó que “la convocatoria tiene como objetivo construir un paste-up participativo y colaborativo que refleje nuestras luchas, voces y vivencias en la calle. Asimismo, aclaró que “no interesa si uno tiene experiencia previa en lo artístico”. “Lo importante es el mensaje que una quiera pegar”, remarcó. Las interesadas de sumarse a esta iniciativa deberán contactarse con Romina Centurion a través de sus redes sociales: @romycenturion.arte o a través de whatsapp a los números de celulares: 3624-211691 o 3624-135565 para poder saber dónde entregar sus trabajos, collages en papel y piezas gráficas bajo la temática: “El papel de la mujer en la calle”. Arte urbano paste up Con pinceladas que se pegan en los muros, Centurión – más conocida como Romy.cent- es una artista emergente, una militante del arte como herramienta de transformación social, una creadora que entiende el espacio urbano como un lienzo colectivo. Su más reciente intervención paste-up es “Descanso en azul” que se visualiza en las cercanías las vías ferroviarias sobre las avenidas Hernandarias y Moreno.
Este martes por la mañana, en un control de uso obligatorio de casco realizado en avenida San Martín y Carlos Boggio, en Resistencia, se vivieron momentos de tensión. Un motociclista se opuso al control, generó disturbios y fue conducido a la comisaría jurisdiccional. Un motociclista que circulaba en una 110 cc sin casco y sin documentación fue notificado sobre la remoción de su vehículo. Ante esta situación, reaccionó de manera violenta: Intentó agredir a los inspectores, provocándole un corte en el dedo a uno de ellos. Arrojó una piedra que impactó en la pierna de otro agente. Debió intervenir personal policial, que procedió a su detención y traslado a la Comisaría Tercera Metropolitana. Se realizaron las denuncias correspondientes por resistencia y agresión a la autoridad. En el marco del operativo, además: Se removieron 43 motocicletas por no utilizar casco reglamentario.
El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola, confirmó este miércoles que el lunes realizarán una presentación judicial contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Tal como anticipó Ámbito, dan por descontado que el Gobierno logrará la sanción del proyecto de ley y ahora apuestan al camino judicial para frenarla. La central obrera busca declarar la “inconstitucionalidad” de la iniciativa que, todo indica, podría sancionarse el viernes en el Senado. La presentación será en los tribunales ubicados frente a la plaza Lavalle y estará acompañada de una movilización. De esta manera, se descarta un nuevo paro. Tal cómo se anticipó, la CGT da por aprobada la reforma laboral y su apuesta está en los tribunales. Este camino fue refrendando este miércoles en una reunión de la mesa chica de la central. Allí descartaron realizar un nuevo paro y/o una movilización para cuando se trate en el Senado el próximo viernes, como si lo harán otros gremios más duros. Las fuerzas de la CGT estarán puestas en realizar una importante movilización que respalde la presentación judicial apuntada, más en los grises de la norma, que en su totalidad. Sola no dio detalles de cuáles serían esos puntos, pero sí señaló que “hay varios puntos, que tienen que ver con derechos individuales y colectivos y que alteran, no solamente representación gremial de los trabajadores, sino también lo derechos individuales de cada uno de ellos”. La CGT recurre a la instancia judicial después de intentar, sin éxito, el diálogo con el Gobierno y mandatarios provinciales para frenar, al menos, los puntos más graves contra los derechos laborales. “A la luz de los resultados, pareciera que no ha alcanzado”, reconoció Sola. En cuánto a las conversaciones con 16 gobernadores, Sola apuntó, sin nombrar, contra aquellos que habían manifestado coincidencias en las críticas de la CGT, pero luego en el Congreso no lo ratificaron con los votos de los legisladores que les responden. El reclamo contra la reforma laboral no terminará el lunes, según anticipó Sola. “Nuestro plan de acción va a seguir, no sólo con la reforma laboral, sino con la gran caída de puestos de trabajo, con la desaparición de pymes, con el endeudamiento familiar”, afirmó. Ámbito
El concejal Javier Dumrauf se refirió a la sesión extraordinaria que se realizará este jueves, solicitada por el intendente para avanzar en la venta y mensura de terrenos municipales, regularización dominial y la reorganización de áreas del Ejecutivo. También detalló el inicio de la refuncionalización de las avenidas Soberanía Nacional e Islas Malvinas. El Concejo de Resistencia sesionará este jueves en carácter extraordinario para tratar expedientes vinculados a la venta y mensura de terrenos municipales, regularizaciones dominiales y la reorganización de áreas del Departamento Ejecutivo. Así lo confirmó el concejal Javier Dumrauf en diálogo con CIUDAD TV, al señalar que la convocatoria fue solicitada por el intendente, Roy Nikisch. “Es como una hoja de ruta para seguir que nos marca el Ejecutivo que tiene sus facultades para hacerlo”, expresó. Según explicó, todos los temas incluidos en el temario requieren mayoría especial. “Todos los temas requieren dos tercios para su aprobación y son todos temas que hacen al desarrollo territorial”, indicó. Dumrauf precisó que se trata de expedientes que ya estaban en comisión y que no hay ingresos nuevos vinculados a tierras en esta convocatoria. Entre los puntos a tratar se encuentran ventas de tierras fiscales, comodatos, mensuras y subdivisiones. “Estamos trabajando con expedientes de los años 80 y 90 y los estamos regularizando”, sostuvo. El concejal señaló que, en una primera etapa, los expedientes alcanzan a más de 50 familias, además de entidades intermedias como iglesias que ocupan terrenos desde hace años sin regularización dominial. “Todo expediente siempre tiene su cuestión particular”, aclaró, al referirse al análisis caso por caso que requiere cada trámite antes de avanzar hacia la inscripción dominial. En relación al trabajo legislativo previo, indicó que mantuvieron reuniones con el presidente de la Comisión de Tierras y dialogaron con bloques de la oposición. “No hay una negativa general de la oposición a sentarse y a trabajar en estas cuestiones”, afirmó, aunque advirtió que la definición final se dará en la votación en particular de cada expediente. Dumrauf remarcó que el objetivo es agilizar trámites que llevan décadas sin resolución. “Hemos agilizado esto tanto en la Comisión de Tierras como en la Comisión de Hacienda, Obras y en la Comisión de Asuntos”, señaló, y agregó: “Cuando terminemos nuestra gestión vamos a quedar con muy pocos trámites de años anteriores”. Obras y sistema hídrico En la entrevista, el concejal también se refirió a la refuncionalización de la avenida Soberanía Nacional y la avenida Islas Malvinas, una obra anunciada por el gobernador junto al intendente, con financiamiento provincial y municipal. “Son 118 cuadras de repavimentado. Trabajo de calzada a través de bacheo, mejoramiento de calzada, iluminación, señalización horizontal y vertical y, por sobre todas las cosas, la semaforización”, detalló. La intervención abarcará 5.900 metros y se ejecutará en cuatro etapas. Indicó que la avenida Soberanía Nacional concentra gran parte del tránsito de la zona sur y conecta a Resistencia con otras ciudades del área metropolitana como Fontana, Vilelas y Barranqueras. También adelantó que se instalarán cámaras y recordó que el año pasado se puso en funcionamiento la Comisaría 14 en Villa Don Alberto. Por otra parte, mencionó trabajos de bacheo en micro y macrocentro, mejoras en calles de ripio en barrios y tareas de mantenimiento en los canales Soberanía, 16 y Quijano. “Hoy ya se puede ver una mejora sustancial con los canales y si bien las lluvias han sido muy abundantes y hemos tenido problemas de anegamiento, también ha corrido con mayor fluidez el agua”, afirmó.
Mientras el mundo avanza hacia fábricas sin trabajadores, Argentina debe decidir si será espectadora del cambio o si construirá una política de Estado para proteger el trabajo del futuro. Por el Ing. José Sesma La automatización, la robotización y el comando de los procesos productivos mediante inteligencia artificial ya no son una proyección a largo plazo. Son una realidad que está redefiniendo la estructura económica global y modificando, de manera irreversible, la relación entre producción y empleo. Frente a este escenario, el Congreso de la Nación debería plantearse un debate que aún no forma parte de la agenda pública: ¿Debe el Estado crear un marco legal que capture parte del ahorro laboral generado por la automatización para financiar la reconversión de los trabajadores desplazados? La propuesta es clara: evaluar la creación de un Fondo Nacional de Reconversión Laboral Tecnológica, financiado con un aporte equivalente al 50% al 70% del ahorro en costos laborales que las empresas obtienen al reemplazar empleo humano por sistemas automatizados o inteligencia artificial. Este fondo tendría como destino: La transformación industrial ya está en marcha a nivel global. China cuenta con fábricas que operan sin un solo trabajador y sin iluminación. Brazos robóticos sueldan y ensamblan, mientras vehículos autónomos transportan piezas en completa oscuridad. Funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eliminando turnos, descansos y gran parte de la infraestructura asociada al trabajo humano. El liderazgo chino es contundente. En 2022 instaló más de 290.000 robots industriales – más del 50% del total mundial – y alcanzó una densidad de 392 robots por cada 10.000 trabajadores, frente a un promedio global de 141. Empresas como Foxconn reemplazaron 60.000 empleados en una sola planta, en el marco de la estrategia estatal “Made in China 2025”, que convirtió la automatización en una política de desarrollo nacional. La inteligencia artificial coordina estos sistemas con niveles de eficiencia inéditos. En la fábrica inteligente de Xiaomi en Beijing, una planta de 330 millones de dólares produce un smartphone cada tres segundos, hasta 10 millones al año, con niveles de calidad del 99,99% y sin supervisión humana directa. En la industria automotriz, plantas robotizadas ensamblan un vehículo cada 100 segundos. Los sistemas autónomos reducen los tiempos logísticos en más del 40%, mientras el mantenimiento predictivo disminuye paradas en más del 60%. La integración de redes avanzadas como 5.5G ha permitido incrementos de eficiencia productiva del 86% en algunos complejos industriales. El impacto económico es significativo. Se estima que la automatización puede reducir el consumo energético industrial entre un 15% y un 20%, y generar hasta 3,8 billones de dólares en valor para el sector manufacturero hacia 2035.Pero el problema central no es tecnológico. Es político y social. La automatización no elimina el trabajo, pero reduce drásticamente los empleos operativos tradicionales y exige perfiles altamente calificados en inteligencia artificial, robótica, programación, análisis de datos y ciberseguridad. La pregunta que el Congreso debe responder es directa: ¿Quién financiará la transición laboral en la economía automatizada?Si el ahorro por sustitución de empleo queda exclusivamente en el sector productivo, el resultado será mayor concentración de riqueza y aumento del desempleo estructural. Si el Estado interviene con políticas anticipatorias, ese mismo proceso puede transformarse en crecimiento, innovación y desarrollo inclusivo. Argentina enfrenta este desafío en un contexto de alta informalidad laboral y desempleo, debilidad del sistema de capacitación y limitaciones estructurales de competitividad. Ignorar la transformación tecnológica no la detendrá; sólo trasladará sus costos a la sociedad. El país necesita abrir un debate legislativo sobre: El verdadero riesgo no es que las máquinas reemplacen a las personas. El verdadero riesgo es que la política llegue tarde.Porque en la nueva economía global, los países que no regulen la transición no enfrentarán una crisis industrial. Enfrentarán una crisis social.La automatización avanza sin pausa.La pregunta ya no es si el trabajo va a cambiar. Sino si el Congreso argentino va a legislar el futuro… o va a administrar sus consecuencias.
Juan Martín Alfonso, presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, dialogó con CIUDAD TV luego de que se diera a conocer el último Indicador de Consumo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad de la que forma parte como socia directa, que marcó en enero una caída del consumo y un retroceso de 0,8 por ciento interanual. “Hubo una nueva retracción y un nuevo índice interanual que es un saldo negativo. Entendemos que es la combinación de ingresos reales estancados, un poder adquisitivo reducido; con una alza en los costos fijos de tarifas o alquileres, y un freno en el financiamiento. Vemos nosotros que son las causas principales de que la actividad comercial no logre consolidar una recuperación. Creo que es un reflejo de esos tres factores, especialmente, un financiamiento que tuvo un parate cuando venía siendo la herramienta de la que el consumidor se valía para continuar haciendo sus compras”, analizó el referente del sector. Reconoció que enero y febrero son meses de bajo consumo, aún más en algunos rubros por cuestiones estacionales. Remarcó la falta de ingresos y sobre todo la falta de una expansión de crédito que la compense. “Incluso los productos de rotación rápida mostraron un retroceso y ahí confirma la fragilidad de esta demanda interna que evidentemente afecta a casi todos los niveles del mercado”, sostuvo. Planteo su preocupación y la del grueso del sector “porque nuestra rentabilidad ya no puede ser más baja. Esta nueva manera de hacer negocios, de vender, este nuevo modelo en el que estamos inmersos y al que nos tenemos que ir adaptando demanda mayor eficiencia y hoy, con un nivel de precios controlado o no tan volátil, se nota más esa cuestión de cómo nosotros podemos dejar de cubrir eficiencia con ajuste de precios por la inflación; pero entendemos que nuestra rentabilidad ya más baja no puede ser así que lógicamente enciende las alarmas de todos”, advirtió. Consultado sobre cómo afectan al sector las compras internacionales, reconoció que hay una posibilidad ahí de acceder a mejores cotos, precios. Pero aclaró que “la verdadera igualdad de condiciones o reglas parejas se tienen que dar en la discusión de la carga impositiva por los costos laborales con los que cargamos en Argentina y no necesariamente por la posibilidad de traer productos directamente nosotros”. “No es `bajen los precios los empresarios sino igualen más la cancha para que haya una competencia leal que es la que se busca”.
El productor Serge Listello repasó su experiencia de casi cuatro décadas en el campo y explicó el paso de un esquema mixto tradicional hacia la ganadería y agricultura regenerativas. Habló de rotaciones, cultivos de servicio, menor uso de agroquímicos y trazabilidad, y planteó que “no es más caro” y que permite “mayor estabilidad frente a los problemas climáticos”. El productor Serge Listello afirmó que la producción regenerativa busca “proteger el capital más importante que tenemos, el suelo” y sostuvo que el modelo tradicional “llegó a su apogeo” frente a problemas crecientes como la degradación, las malezas resistentes y la variabilidad climática. En diálogo con CIUDAD TV, recordó que cuando inició el emprendimiento, hace 38 años, “no se hablaba de agricultura o ganadería regenerativa”. “Vengo de Francia, productor agropecuario francés. Nos instalamos acá en el año 88”, señaló sobre su ubicaicón actual en el sudoeste chaqueño. Desde el comienzo, explicó, la decisión fue no desmontar completamente: “La primera idea fue decir no voy a arrasar con todo el monte, sino que vamos a dejar cortina de monte cada lote de 100 hectáreas y seguimos dejando 20 hectáreas de monte porque es un ambiente típico de la zona”. Por las características del suelo, indicó que la labranza convencional no le resultaba adecuada. “Tenemos suelo limoso, en clima tropical, subtropical, la degradación es muy rápida”, describió. Por eso avanzaron hacia una ganadería sobre pastura natural e implantada. Con la aparición de la siembra directa en los años 2000, incorporaron agricultura para diversificar ingresos y “mitigando un poco el riesgo climático”. Con el paso de los años, y ya en el recambio generacional, comenzaron a advertir nuevas dificultades. “Empezamos a tener lo mismo degradación de suelo mucho menor por supuesto que en labranza convencional, pero degradación de suelo, aparición de maleza resistente, en fin, varios problemas”, explicó. Junto a su hijo decidieron profundizar cambios y avanzar primero hacia la ganadería regenerativa. Según detalló, el impacto fue visible: “Cambió muchísimo la receptividad de las hectáreas ganaderas, mejoró mucho no solo la receptividad, la calidad de la pastura, la reacción de la pastura frente a la inclemencia climática, sequía. El manejo de los animales también mejoró mucho”. A partir de esos resultados, resolvieron trasladar el enfoque a la agricultura. Listello remarcó que el objetivo es sostener la fertilidad. “La idea es que no vayamos a ganar fertilidad con la ganadería para después perderla con la agricultura, sino que la agricultura vaya casi al mismo nivel para mantener la fertilidad de los suelos que la ganadería”, indicó. Para eso trabajan en rotaciones más intensas, incorporación de cultivos de servicio y asociados, y mediciones comparativas entre lotes agrícolas y ganaderos. En ese proceso articulan con distintas instituciones y redes técnicas, entre ellas Aapresid, la Universidad de Buenos Aires, The Nature Conservancy, ProYungas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. “Estamos trabajando con distintas instituciones, en ese sentido para ver cómo funcionan los sistemas y cómo mejorarlo y que sean lo más perdurables posible”, explicó. Modelo regenerativo en el Chaco Sobre los principios del modelo, señaló que “son cuatro o cinco principios básicos que sirven en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa”, pero aclaró que la aplicación requiere adaptación local. “El sistema para que funcione hay que adaptarlo a la zona y eso lleva tiempo. Como tenemos años que son muy cambiantes últimamente es difícil, lo que funciona un año tal vez al otro año no va a funcionar”, advirtió. Por eso insistió en la necesidad de “mediciones y observación en el campo”. También subrayó que “no es más caro” y que, con una visión de largo plazo, permite “mayor resiliencia, menor uso de agroquímicos” y obliga a diversificar. “Uno de los principios es tener diversidad de cultivo. Y eso nos obliga a salir del sistema que era muy fácil soja, maíz y puede ser algunos años trigo”, afirmó. A su entender, los sistemas simples son “muy vulnerables” y la diversificación aporta sustentabilidad productiva y económica. En un contexto de eventos extremos —con campañas marcadas por inundaciones, sequías y altas temperaturas— sostuvo que los resultados obtenidos en su establecimiento se ubican “arriba del promedio histórico”. Además, remarcó diferencias en temperatura de suelo y ambiente en lotes con mayor cobertura vegetal. Para Listello, el cambio también está vinculado a un recambio generacional y a nuevas exigencias del mercado. “Para mi generación no es fácil cambiar costumbres, visiones por comodidad. En cambio los jóvenes son más abiertos porque están pensando también en el futuro de ellos”, expresó. Añadió que existen empresas y acopiadores que comienzan a exigir trazabilidad y estándares de cuidado ambiental en la producción de carne y granos. “Hay todo un panorama que hace que se va a dar, va a haber acompañamiento de no solo del productor, sino de toda una cadena a la vuelta del productor que va a pedir eso”, concluyó.
La Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes advirtió que 12 cabezas, recuperadas tras desbaratarse una banda delictiva, ya fallecieron mientras se aguarda una orden de la Justicia para el traslado a un predio del INTA en Santo Tomé. La falta de alimentos llevó a los animales a debilitarse “Se empezaron a morir los animales”. De esta forma resume el presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes (ASRC), Carlos Roldán, la situación que vive en la entidad después de que la Justicia desbaratara una banda que robaba, faenaba y comercializaba hacienda en la zona de La Cruz, en el sur de esa provincia. Las vacas secuestradas en los allanamientos fueron enviadas al predio de la Rural hasta que la fiscalía, a cargo de Facundo Sotelo, liberara la orden de traslado a un campo donde podía tener pasturas, pero ahora comenzaron a morirse por falta de alimentos. El caso se originó a principios de enero tras la intercepción de un camión jaula con 20 animales que circulaba con documentación irregular. A partir de allí se realizaron seis allanamientos y un operativo adicional que permitió recuperar alrededor de 250 cabezas – entre vacas, novillos y terneros – y derivó en una causa con tres detenidos con prisión preventiva, un prófugo y dos mujeres notificadas en carácter de investigadas. La Nación intentó contactarse con el fiscal de la causa, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. De las casi 250 cabezas secuestradas, hasta ahora 65 fueron restituidas a sus propietarios, quienes certificaron ser los dueños. Sin embargo, 198 animales quedaron alojados en la Sociedad Rural de La Cruz porque no pudieron ser identificados. “Algunos no se pudieron entregar porque no se pudo identificar la marca; otros porque tenían una marca sobre otra y era ilegible; y otros porque no tenían ningún tipo de marca, lo que en el campo se llama ‘orejano’. No se puede saber de qué origen son”, contó Roldán. Según detalló el dirigente, cuando en enero se hizo la identificación que incluyó la devolución de los animales a sus propietarios, la ASRC solicitó que la hacienda no reclamada fuera trasladada a un campo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en Santo Tomé – un predio recuperado del narcotráfico – donde podría continuar alimentándose hasta que se resuelva la situación judicial. “Hicimos la gestión con el INTA, informamos a nombre de quién debía hacerse la cesión y pasamos todos los datos para que el fiscal emitiera el oficio de traslado. Autorizó el traslado, pero no dijo dónde. Así no sabemos a dónde llevar las vacas; si hacemos algo indebido, estaríamos incumpliendo la ley”, aclaró el dirigente quien espera que la fiscalía pueda librar la orden para que los animales puedan seguir alimentándose y mantenerse en producción hasta que la Justicia definiera su situación. Mientras tanto, narró, la Sociedad Rural asumió los costos del traslado inicial de los animales que demandó más de $4 millones en fletes, a lo que se sumaron alrededor de $2 millones en alimentación durante la primera semana. Ahora, la entidad no puede seguir costeando los gastos. “La Sociedad Rural no tiene espacio ni capacidad económica para dar de comer a la hacienda eternamente. Ni el Ministerio de Justicia ni el Ministerio Público se hicieron cargo”, aseveró. La falta de comida empezó a hacer estragos en los lotes de animales que quedaron en el establecimiento. “Tenemos 12 animales muertos ya y el resto está en un estado deplorable, sumamente flaco. De seguir así, en el corto plazo van a ir muriendo todos”, advirtió Roldán. Aclaró que un fiscal, acompañado por un escribano y un veterinario, constató recientemente el estado de los animales y las muertes registradas. En paralelo, el Ministerio Público convocó a un concurso para crear una fiscalía rural en Paso de los Libres, con competencia sobre La Cruz y otras localidades de la zona, históricamente afectadas por el abigeato y el robo organizado de hacienda. No obstante, señaló, la decisión no es retroactiva, por tanto, debería accionar el fiscal que inició la investigación de la causa. Para el productor esta decisión ya debería pesar sobre la fiscalía general, a cargo de César Sotelo, pero para que eso suceda tendría que intervenir el Ministerio Público. En esa región, según los reportes oficiales, unos 45 productores resultaron afectados por el robo y abigeato de hacienda en localidades como La Cruz, Santo Tomé, Alvear, San Roque, Saladas y Bonpland, con especial gravedad en la franja sobre el río Uruguay, donde la cercanía con Brasil aumenta los casos. La Nación
Un incidente vial se registró alrededor de las 14:15 de este miércoles sobre el camino vecinal del “Cementerio Viejo”, a unos 6 kilómetros del casco urbano de Charata. El accidente, cuyas causas se investigan, involucró a dos camionetas y movilizó a múltiples equipos de emergencia. La colisión frontal tuvo como protagonistas a una Toyota Hilux blanca, perteneciente a una firma de servicios agrarios y conducida por un joven de 23 años oriundo de Coronel Du Graty – quien resultó con lesiones leves -, y una Ford F-100 verde en la que circulaban cuatro personas. Rescate y asistencia La peor parte se la llevaron los ocupantes del segundo rodado. Tres de ellos fueron trasladados de urgencia al hospital local apenas arribó la asistencia médica. Sin embargo, el conductor de la Ford F-100 quedó atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina. Ante la gravedad de la situación, trabajaron de forma conjunta efectivos de la División Bomberos Interior Charata y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes mediante maniobras de corte y expansión lograron liberar al hombre para su inmediato traslado. Estado de salud y derivados Tras el ingreso al nosocomio, se emitieron los primeros partes médicos: Peritajes En el lugar del hecho se hicieron presentes el Ayudante Fiscal y peritos del Poder Judicial, quienes realizaron las tareas de planimetría y recolección de pruebas para determinar las responsabilidades del siniestro. Personal de la Comisaría Primera de Charata custodió la zona durante el operativo.
Los representantes de los distintos eslabones de la cadena cárnica coincidieron en que ya se llegó a un “punto de equilibrio” entre la oferta y la demanda. La última parte del traslado a precios a las carnicerías debería darse la próxima semana, con incrementos de hasta $1.500 por corte. El precio de la carne vacuna volverá a subir en las carnicerías la próxima semana, con aumentos de entre $1.000 y $1.500 por corte, adelantaron las cámaras empresarias del sector. Sin embargo, también aseguraron que para las próximas semanas no esperan que los traslados a precios tengan la misma intensidad a los vistos a partir de finales del año pasado y principios de este, debido a que el precio ya habría alcanzado un “punto de equilibrio”. Consultado por Ámbito, el titular de la Cámara de Matarifes y Abastecedores (CAMyA), Leonardo Rafael, planteó que la suba parece haberse frenado esta semana: “Entre ayer y hoy creo que se encontró un techo, no siguió subiendo la hacienda, espero que esto siga así y que esto haga un piso como para saber dónde estamos parados”. El experto afirmó “que en el transcurso de esta semana ya se van a tener plasmado todos los valores en las carnicerías de los nuevos precios”. En la última semana, el valor de la hacienda en el Mercado Agroganadero de Cañuelas —principal referencia para frigoríficos y carnicerías— registró avances cercanos al 7% en las principales categorías destinadas al consumo interno. También adelantó que los valores oscilarán “según la carnicería, la calidad de carne, y el corte en sí, porque hay corte por temporada, que tiene más salidas que otros”. Y ahondó: “Capaz ese corte de más salidas se le aumentará a $2.000, y un corte que tenga menos salida rondará los $800. Será entre $1.000 y $1.500 este último aumento. De manera similar, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcia, adelantó que espera “una estabilización ya a partir de de la semana que viene”. Y relató a este medio: “Uno conversa con los distintos operadores, y ya estos precios se le hace complicado al carnicero, al matarife, al exportador”. A eso le agregó que “la semana pasada fue absolutamente atípica”, producto de los feriados por Carnaval y el paro general de la CGT. “Diría que en el sector de no tuvo mayor acatamiento, pero seguramente en lo que es transporte mucha gente no vendió y no cargó para no tener problemas”, opinó. Por ese motivo, se mostró confiado de que durante los próximos días “la presión de compra va a disminuir”, debido a que “aunque la oferta sea escasa, si no hay oferente, el precio va a aflojar”. Y comentó que “siempre cuando hay reconfiguración de precios, el mercado generalmente se sobregira”. A su turno, el analista agropecuario Javier Preciado sostuvo que lo que se vio “en estos últimos tres años es que el precio de la carne sube de forma escalonada y generalmente el verano”, y agregó que “estamos en el pico de la suba y el mes que viene ya se debería estabilizar hasta el nuevo salto”. El incremento en los valores de la carne fue un elemento clave detrás de la fuerte suba de la inflación desde finales del año pasado, y que incluso obligó a varias consultoras a recalibrar sus excpectativas para el primer trimestre del año. El problema estructural De todas maneras, Urcia afirmó que “en el fondo” sí existe un problema estructural en la suba de la carne: “Tenés que crecer en el stock, y para que el stock tenga que crecer tenés que tener escasez de oferta, que va a ser la tónica de los próximos dos años”. Rafael llegó a una conclusión similar: “El campo retiene (la vaca), le mete más kilos, trata de apuntar a sus mercados y todo eso genera falta de oferta que, junto a una demanda del consumo sostenido, se traduce en este cambio de precios”. Por ese motivo, afirmó que “venderle más toneladas a Estados Unidos y abrir nuevos mercados hoy es poco factible porque no se tiene la mercadería” y añadió que “tenemos un problema que hace 50, 60 años que el stock ganadero sigue siendo el mismo. Hemos aumentado en cantidad de habitantes, la duplicamos desde esa fecha hasta ahora, y se han ampliado mucho los mercados”. Ámbito
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) invita a la comunidad académica, profesional y al público en general a participar de las IX Jornadas Chaqueñas de Derecho de las Familias, Niñeces y Género, que se realizarán los días viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026 en la ciudad de Resistencia. El encuentro se desarrollará en modalidad híbrida: presencial en la Casa de las Culturas (Marcelo T. de Alvear Nº 90) y con transmisión en vivo a través de un aula virtual especialmente creada para el evento. Además de integrar el comité organizador, UNCAUS tendrá una participación activa e institucional en el desarrollo de las jornadas, reafirmando su compromiso con la formación continua, la actualización académica y la construcción de una agenda jurídica con perspectiva de derechos humanos en la región. El evento contará con la participación de expositores de prestigioso reconocimiento nacional e internacional, como Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Mariana Iglesias, Ana Peracca, Mariel Molina de Juan, Belén Loguercio, Silvia E. Fernández, Natalia De la Torre y Federico Notrica. También se desarrollará una mesa de referentes de la abogacía integrada por Christian José Fabio, Carlos Hernandez, Mariela González de Vicel, Laura Bulesevich y Patricio Curti. Las IX Jornadas son organizadas por el Instituto de Derecho de Familias y Sucesiones, el Consejo de Abogados y Procuradores de la I Circunscripción Judicial del Chaco, la Universidad Nacional del Chaco Austral, Fundación Formarte y la Librería Editorial ConTexto. Con esta iniciativa, UNCAUS consolida su rol como actor central en la agenda académica regional, promoviendo espacios de debate de alto nivel sobre derecho de las familias, niñeces y género. Más información e inscripciones: fundacionformsrtecursos.com
El presidente del espacio NEPAR, Juan José Bergia, aseguró que los episodios ocurridos en el sector en los últimos, ”dejaron en evidencia una preocupación que ya no admite demoras: la producción chaqueña atraviesa un muy momento crítico”. Y reclamó actualizar los montos de la Ley 1825-I – con un proyecto de su autoría que está en la Legislatura – como condición básica para producir en el Chaco. El exdiputado provincial sostuvo que, ”la forestoindustria arrastra una crisis sostenida, con caída de mercados, cheques rechazados y permisos paralizados. Además, los consorcios productivos de General San Martín enfrentan aumentos constantes de insumos, falta de financiamiento y dificultades para sostener la próxima campaña”. Reveló que en el ámbito provincial existe un reclamo común: Precisamente, resaltó que, ”el Proyecto de Ley 1328/25 actualiza los montos previstos en la Ley 1825–I, hoy desfasados por la inflación, permitiendo incrementarlos hasta $820 millones anuales según la recaudación”. ”No se trata de una consigna. Se trata de devolver capacidad efectiva de asistencia, fortalecer herramientas sin alterar el espíritu de la ley y dar previsibilidad al sistema productivo”, precisó. Por lo que reiteró que, ”actualizar la normativa es una condición básica para que producir en Chaco vuelva a ser viable”.
El Gobierno provincial junto al municipio de Basail invitan a la comunidad a participar de la 2da. Edición de la Fiesta de la Buena Miel, que se realizará los días 13 y 14 de marzo en la localidad. La presentación oficial se realizó este miércoles en la Casa de las Culturas de Resistencia, con el acompañamiento del presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; la vicepresidente de Turismo, Virginia Zacarías; el subsecretario de coordinación del Ministerio de la Producción, Orlando Morán y el intendente de Basail, Hernán Paniagua. Durante la conferencia, Zorrilla destacó la importancia de esta celebración que comienza a consolidarse dentro del calendario provincial. “Es una fiesta que se viene posicionando fuertemente como resultado de la articulación de distintos sectores del Gobierno provincial, junto con los ministerios de Producción, Turismo y Cultura, y el municipio de Basail”, señaló. Además, remarcó el valor de la miel como producto regional de alta calidad y con gran potencial para su proyección a nivel nacional e internacional. Por su parte, Zacarías destacó que la Fiesta de la Buena Miel representan una propuesta atractiva para vecinos y visitantes. En ese sentido, explicó que se vienen realizando capacitaciones para fortalecer el turismo local. “Tuvimos más de 50 personas inscriptas entre dueños de locales gastronómicos, complejos rurales y trabajadores del campo que buscan innovar en turismo”, indicó. La funcionaria también subrayó el crecimiento de la actividad turística en la provincia durante los últimos meses. “Enero y febrero solían ser meses con poco movimiento turístico, pero hoy vemos una realidad distinta, con niveles de ocupación hotelera de entre el 80 y el 100% en muchas localidades, además de una fuerte presencia de turismo interno impulsado por carnavales y diversas propuestas recreativas”, afirmó. En el marco de la fiesta, los visitantes podrán disfrutar de distintas actividades vinculadas a la naturaleza y al turismo rural, como paseos en kayak, avistaje de flora y fauna, ciclismo y recorridos por espacios naturales característicos de la zona. A su turno, el intendente Hernán Paniagua expresó las expectativas que genera esta segunda edición del evento. “Tenemos grandes expectativas porque el año pasado contamos con una importante convocatoria y una fuerte participación de productores”, sostuvo. Asimismo, destacó el trabajo conjunto con el Gobierno provincial y señaló que la iniciativa busca consolidarse a largo plazo. “El evento representa mucho para Basail porque estamos empezando a desarrollar actividades que queremos que perduren en el tiempo, especialmente en el aspecto turístico, fortaleciendo y acompañando a nuestras instituciones productivas”, afirmó el jefe comunal. Finalmente, el intendente invitó a la comunidad a participar de las propuestas previstas durante toda la semana en la localidad. “Esperamos que el clima nos acompañe porque tenemos una agenda cargada de actividades, talleres y propuestas para mostrar la riqueza natural, la flora y la fauna de nuestra localidad”, concluyó.
La decisión del Juzgado Federal N°1 de esa ciudad alcanzó a personas que ya estaban procesadas con prisión preventiva por lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ahora quedaron imputadas también por asociación ilícita en los términos del artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786, que prevé penas de 8 a 20 años de prisión. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el Juzgado Federal N°1 de Corrientes amplió los procesamientos de 13 personas acusadas de tener vínculos con la organización criminal de carácter transnacional del Tren de Aragua, por el delito de asociación ilícita en los términos del artículo 210 ter del Código Penal. Los 13 acusados ya contaban con procesamiento con prisión preventiva —confirmado por la Cámara Federal de Corrientes— por los delitos de lavado de activos (art. 303, inc. 1° del C.P.) y, nueve de ellos, por financiamiento del terrorismo (art. 306 del C.P.). La decisión fue adoptada el lunes pasado por el juez federal subrogante Gustavo Del Corazón de Jesús Fresneda, en línea con un pedido formulado por el MPF. En el caso, el juez aplicó la figura de la asociación ilícita en su modalidad de “organización criminal” contemplada en el artículo 210 ter del Código Penal, incorporado por la Ley 27.786 —promulgada en marzo de 2025— y que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión. Esta investigación es llevada adelante por el fiscal general Carlos Schaefer, el fiscal federal Flavio Ferrini y la fiscal federal subrogante Melina Perborell, de la Unidad Fiscal Corrientes; el fiscal federal titular de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), Santiago Marquevich; y el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco. También participan los auxiliares fiscales Nicolás Marquevich y Juan Martín Mariño, de la Unidad Fiscal Corrientes; Ramiro García Martínez, de la UFECO; y Alberto Barbuto, de la PROCELAC. El principal acusado es el venezolano Guillermo Rafael Boscán Bracho, líder de la denominada “Banda del Yiyi” —vinculada al Tren de Aragua—, quien tenía pedido de captura internacional y fue detenido el 2 de octubre de 2023 por INTERPOL de la Policía Federal (PFA) en la provincia de Corrientes. Actualmente, está detenido bajo el régimen de presos de “alto riesgo” en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Las otras 12 personas procesadas —identificadas por sus iniciales— son E.D.U.B., A.J.B.P., D.A.B.C., E.Y.C.S., J.A.L.G., M.A.B.C., A.M.D.C., M.C.D.C, M.D.V.C., M.T.D.C., F.J.D.C. y D.E.A. La ampliación de las indagatorias En septiembre del año pasado, los 13 imputados —11 de nacionalidad venezolana, una colombiana y un argentino— habían sido procesados por los tres delitos. Sin embargo, el 22 de diciembre siguiente, la Cámara Federal de Corrientes confirmó los procesamientos únicamente por lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y declaró la nulidad parcial respecto de la imputación por organización criminal, al considerar que no había sido debidamente notificada al momento de las indagatorias. A raíz de ello, el 6 de enero pasado los representantes del MPF solicitaron la ampliación de las indagatorias, que se realizaron entre el 13 y el 21 de ese mes. En esas audiencias se puso en conocimiento de los imputados que la acusación completa comprendía, en esta etapa preliminar, los delitos previstos en los artículos 210 ter (organización criminal), 303 inciso 1° (lavado de activos) y 306 (financiamiento del terrorismo) del Código Penal. La resolución judicial Al definir la situación procesal de los y las acusados/as, el juez Fresnada sostuvo que “a partir de los elementos reunidos en la pesquisa efectuada por el Ministerio Público Fiscal, corresponde tener por semiplenamente probado, obviamente, con el grado de provisoriedad que caracteriza a este estadio procesal, la existencia en el territorio nacional de una organización criminal liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho”. Según la resolución, la estructura habría operado al menos desde junio de 2019 hasta mayo de 2025. En ese período, sus integrantes habrían mantenido “comunicaciones frecuentes y sostenidas”, coordinado movimientos de dinero, administrado bienes y distintos “negocios” en la Argentina y en el exterior, intermediado en el pago de deudas, gestionado recursos comunes y realizado desplazamientos para concretar encuentros presenciales, lo que —de acuerdo con el magistrado— “revela una cooperación permanente y sostenida que excedía con creces la necesaria para la mera perpetración de los hechos delictivos por los que ya se encuentran procesados”. La imputación fiscal En su dictamen —avalado por la resolución del juzgado—, los representantes del MPF le atribuyeron a los 13 imputados “haber tomado parte en una organización criminal de carácter transnacional liderada por Guillermo Rafael Boscán Bracho, cuyo funcionamiento en el territorio nacional se encuentra acreditado al menos hasta el 28 de mayo de 2025, orientado al desarrollo de maniobras vinculadas al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas”. “La asociación ilícita en cuestión se caracteriza por contar con un importante grado de planificación y logística, lo que permitió a sus integrantes asentarse en el país en un lapso de tiempo relativamente breve”, agregaron los fiscales. También destacaron “la significativa capacidad económica demostrada por varios de sus miembros, quienes efectuaron adquisiciones de bienes muebles e inmuebles de considerable valor, pese a no registrar actividad laboral formal ni declarar ingresos compatibles con ese tipo de operaciones patrimoniales”. Añadieron que, según información de organismos extranjeros e internacionales, el grupo constituiría una facción del Tren de Aragua, organización criminal originada en Venezuela que expandió sus redes delictivas en distintos países del continente y que, en Argentina, fue incluida en febrero de 2025 en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo (RePET), a través de la Resolución 186/2025 del Ministerio de Seguridad Nacional. “Lo cierto es que se ha verificado que la organización en trato ha perpetrado un amplio abanico de delitos, desde los hechos delictivos pesquisados en Venezuela hasta las maniobras de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, advertidos en el país”, concluyeron los representantes del MPF. El caso La causa se originó el 2 de octubre de 2023 con la detención de Boscán
El gobernador Leandro Zdero, mantuvo una reunión de trabajo con Paolo Garzotti, jefe de unidad de América Latina y el Caribe de la Dirección General de Comercio y Seguridad Económica (DG TRADE) de la Comisión Europea, con el objetivo de analizar el avance del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y su impacto en las economías regionales. El mandatario provincial estuvo acompañado por Martín Poccard, presidente de la Agencia de Inversiones Chaco, quien trabaja en la articulación y promoción de oportunidades vinculadas al acuerdo entre ambos bloques. Durante el encuentro, dialogaron sobre la necesidad de avanzar en la ejecución anticipada del acuerdo UE–Mercosur, destacando el potencial que representa para las economías regionales como la provincia del Chaco, así como también los beneficios que podría generar para los ciudadanos europeos mediante el acceso a productos de calidad a precios competitivos. En ese marco, Zdero remarcó la importancia de fortalecer la integración comercial y abrir nuevas oportunidades para la producción chaqueña. “Nos reunimos con uno de los máximos responsables en materia de comercio para plantear la necesidad de avanzar en la ejecución anticipada del acuerdo UE–Mercosur, porque entendemos que tendrá un impacto muy positivo en nuestras economías regionales”, expresó el gobernador. Asimismo, el mandatario destacó el valor de la producción provincial dentro del comercio internacional. “El Chaco tiene mucho para ofrecer: somos productores confiables y queremos que nuestros productos lleguen a más mercados, generando desarrollo, empleo y crecimiento para nuestra gente”, afirmó. Por otra parte, durante la reunión también se abordó la situación de las barreras no arancelarias y la necesidad de avanzar en su flexibilización. En ese sentido, Zdero señaló: “Planteamos la importancia de revisar y flexibilizar algunas barreras no arancelarias para atender realidades de desarrollo como la que tiene nuestra provincia, de manera que podamos integrarnos de forma más competitiva al comercio internacional”. Finalmente, el gobernador destacó el valor del diálogo y la cooperación con instituciones europeas para potenciar inversiones y consolidar vínculos estratégicos que impulsen el crecimiento del Chaco en el escenario global.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento con prisión preventiva del cabo primero de Gendarmería Nacional Roberto Encina, por su participación en una maniobra que permitió el transporte de más de 137 kilogramos de estupefacientes. También respaldó su traslado a la cárcel federal de Resistencia. La resolución, dictada este miércoles 25 de febrero, ratificó la decisión de la jueza de primera instancia que había imputado al efectivo como partícipe necesario del delito de transporte de drogas, agravado por la intervención de funcionarios públicos y la pluralidad de partícipes. La investigación tuvo su origen en el análisis de comunicaciones telefónicas incorporadas a través de un informe pericial, en el marco de una causa principal donde ya se encontraba detenido Mauricio Cristian Gerardo Achucarro, quien fue interceptado cuando transportaba 137,153 kilogramos de material estupefaciente a bordo de un automóvil Volkswagen Gol, en mayo de 2024. A partir de ese peritaje, se detectaron conversaciones entre Achucarro y un contacto identificado como “Vecino”, cuyo abonado pertenecía al cabo primero Encina, destinadas a coordinar el paso del rodado por un control de Gendarmería sin ser detenido. Los diálogos, intercambiados el 25 de mayo de 2024, incluyeron mensajes que hacían referencia a un supuesto partido de fútbol, pero que coincidían en horario con el inicio del servicio del gendarme en la Sección Vial “Lapachito”. Minutos más tarde, Achucarro envió instrucciones más precisas: “Al que va atrás parale y controlale, ya vas a ver quién es” y luego “Gol gris es. pasa despacio pero no para. pone baliza pero pasa nomás. Al de atrás sí controla”. El imputado respondió afirmativamente en ambas ocasiones, y poco después, el vehículo conducido por Achucarro fue detenido en otro punto con la carga ilegal, luego de haber atravesado el control donde prestaba funciones Encina. La defensa del efectivo, a cargo sucesivamente de los doctores Esteban Laviosa y Héctor Villordo, sostuvo que la acusación carecía de respaldo objetivo, que no existían registros fílmicos ni constancias del paso del vehículo por el control, y que su asistido se encontraba en horario de descanso al momento de las comunicaciones. También cuestionó la selectividad de la prueba, señalando que otros efectivos mencionados en los peritajes no habían sido procesados, y objetó el traslado del imputado a la Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, por considerar que su condición de funcionario de una fuerza de seguridad ponía en riesgo su integridad física. “Deliberadamente no efectuó el control” El tribunal de alzada rechazó todos los planteos. Los jueces consideraron que la coincidencia temporal entre los mensajes y el inicio del servicio de Encina, sumada a las referencias concretas al vehículo Gol gris que luego fue secuestrado con la droga, constituían elementos objetivos suficientes para acreditar su participación en el hecho con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal. Destacaron también que el Libro de Novedades y la Orden del Día de la Sección Vial “Lapachito” ubicaban al imputado en funciones durante el horario en que ocurrió la maniobra. En cuanto a la modalidad de participación, el fallo sostuvo que Encina realizó un aporte esencial mediante una conducta omisiva: deliberadamente no efectuó el control que le correspondía sobre el vehículo señalado, permitiendo así que Achucarro continuara su recorrido y concretara el transporte de la droga. Los magistrados concluyeron que esa omisión no podía interpretarse como una conducta inocua, sino como parte de un plan acordado para asegurar el resultado ilícito. Finalmente, la Cámara confirmó también la prisión preventiva y el traslado del imputado a la Unidad N° 7 del Servicio Penitenciario Federal, al considerar que la medida no implicaba un agravamiento ilegítimo de su detención y que el riesgo invocado por la defensa no contaba con respaldo objetivo en el expediente. La resolución fue adoptada por mayoría y contra ella no se anunciaron, hasta el momento, nuevas instancias recursivas.
Referentes de la Iglesia, TECHO y la Mesa Nacional de Barrios Populares rechazaron el cierre y el desfinanciamiento de la SISU. Alertan por el impacto para quienes viven en villas y asentamientos. El Gobierno avanzó con el cierre y vaciamiento de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el organismo encargado de ejecutar la política de urbanización de barrios populares creada por la Ley 27.453. La decisión generó un fuerte rechazo de la Iglesia, organizaciones sociales y referentes territoriales, que advirtieron que la paralización de esta área implica dejar sin obras ni acompañamiento estatal a cerca de 5 millones de personas que viven en más de 6.400 villas y asentamientos en todo el país. El reclamo tiene este martes un protesta hacia el Ministerio de Economía convocada por la Mesa Nacional de Barrios Populares bajo la consigna “Sin integración socio urbana no hay futuro para 5 millones de personas”. La movilización se formalizó en una conferencia este lunes en la que participaron, entre otros, el arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, Gustavo Carrara; el director ejecutivo de TECHO-Argentina, Juan Maquieyra, y ex funcionarias del área. Todos coincidieron en que la medida implica el desmantelamiento de una política de Estado que había sido aprobada por unanimidad en el Congreso en 2018. Carrara fue contundente: “Estamos en una cultura de la voracidad y el descarte”. Y agregó: “Urbanizar es garantizar cosas tan elementales como agua potable y electricidad segura. Pero la integración habla de protagonismo”. El arzobispo subrayó además el rol de los propios vecinos en el relevamiento y la ejecución de obras: “El relevamiento no se hubiera podido hacer sin los vecinos y vecinas. Ellos trabajan por la integración de sus barrios y ya aportan muchísimo”. En tono crítico, planteó: “¿Qué adulto que tenga un poco de corazón puede decir ‘que mis hijos coman, pero si otros no comen no hay problema?’”. Desde TECHO, Maquieyra recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la ley de integración “se desarrollaron de abajo hacia arriba” y se transformaron en “una política de Estado votada por unanimidad”. “Se hizo encontrando a los distintos y se sustentó haciendo: hubo decenas de miles de obras auditadas para que niños y niñas tengan donde crecer”, afirmó. Y lanzó una pregunta que atravesó la conferencia: “¿En qué Argentina queremos vivir? ¿En una donde, si nacés en un barrio popular hoy y no hay obras de integración socio urbana, vas a vivir once años menos?”. Según los datos presentados, desde diciembre de 2023 se profundizó el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), lo que dejó más de 700 obras paralizadas, más de 11.000 mujeres afectadas por la interrupción del programa Mi Pieza y cientos de barrios sin relevar. También advirtieron sobre procesos de desalojo en curso y más de 98.000 solicitudes de Certificado de Vivienda Familiar pendientes. La ex subsecretaria Fernanda García Monticelli señaló que “no se está desmantelando una oficina pública, sino la pieza ejecutora de la política”, y remarcó que sin estructura ni financiamiento “la ley queda vaciada de contenido”. El conflicto ya tiene derivaciones judiciales. Vecinos de barrios populares, con el patrocinio del CELS, presentaron un amparo colectivo y la Justicia Federal de Pehuajó dictó medidas cautelares que ordenan garantizar la continuidad de la política y suspenden cualquier intento de disolver el FISU. Para la Mesa Nacional, la paralización no es un mero ajuste administrativo sino “el incumplimiento de una ley vigente y una regresión en derechos reconocidos”. El documento difundido tras la conferencia reúne cerca de 200 adhesiones, entre ellas Cáritas, TECHO, la UTEP, sindicatos y universidades nacionales. “La integración socio urbana no es un gasto: es una inversión en desarrollo y futuro. No hay libertad posible si el punto de partida es profundamente desigual”, señalaron. Y reclamaron al Poder Ejecutivo que garantice la sostenibilidad y el financiamiento de una política que, aseguran, trasciende gobiernos y partidos. elDiarioAR
La inflación en el mismo período fue de 276 por ciento, lo que deja en evidencia el pésimo acuerdo para el Estado. En los primeros meses del gobierno de Javier Milei, mientras dejaba de entregar a alimentos a comedores populares y medicamentos a pacientes graves y el aparato de propaganda oficial machacaba con la muletilla “no hay plata”, la Cancillería renovó un jugoso contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa para capacitar a empleados públicos. El dato significativo de la decisión no sólo radicó en el monto, muy superior en relación con la inflación al que había firmado meses antes el gobierno de Alberto Fernández, sino en que al frente de esa entidad privada estaba María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger, quien por entonces no tenía un cargo formal pero ya era una de las caras visibles de la destrucción del Estado. La doble vara del Ministro de Desregulación, un fundamentalista del achique del sector público de la boca para afuera, quedó en evidencia en diciembre pasado cuando firmó la adjudicación directa (sin licitación pública) de la empresa que encabeza su esposa, por 114 millones de pesos, para capacitar a 132 empleados públicos. Desde el entorno de los organismos involucrados intentaron justificar la decisión en que el instituto de Roulliet era “el único capaz de brindar cursos en inglés” (sic), que el convenio se había iniciado en 2018 y que para el último acuerdo se había aplicado un protocolo que solicitaba un dictamen de la Oficina Anticorrupción. La novedad que ayer aportó El DiarioAR data de febrero de 2024, cuando Diana Mondino era canciller y el futuro ministro aún no tenía cargo pero ya se relamía en videos que circulaban por las redes sociales mostrándose junto a pilas de papeles con leyes y estructuras estatales que pretendía barrer. El convenio de renovación de contrato entre Cancillería y la Cultura Inglesa suscripto el 27 de febrero de 2024 fue por 55,3 millones de pesos, un 398 por ciento mayor al firmado por Fernández en marzo de 2023, de 11 millones. La inflación en el mismo período fue de 276 por ciento, lo cual deja en evidencia un pésimo acuerdo para el Estado, demonizado por su presunta ineficacia por la flamante gestión. “El Coloso”, como lo bautizó el presidente, no está pasando su mejor verano. En los últimos días quedó en el ojo de la tormenta de la propia tropa libertaria desde que su incontinencia verbal instaló en los medios el tema del descuento salarial que la reforma laboral pretendía aplicar a los trabajadores que se enferman, punto que debió eliminar por el rechazo que generó aun en los estómagos curtidos de sus aliados del Pro y la UCR. Además, la semana pasada, tal como informó Página/12, Sturzenegger volvió a ser noticia cuando trascendió que su cartera firmó el 30 de noviembre un contrato alquiler de cuatro pisos y 24 cocheras en el centro porteño por 720 millones de pesos, más los gastos de expensas, internet y otros servicios que se pagan con plata del Estado. Página/12
Con 6.395 patentamientos en el primer mes del año, las marcas nucleadas en CIDOA ya rozan el 10% del mercado. Fuerte avance de las automotrices asiáticas. La mayor apertura de importaciones comenzó a reflejarse con fuerza en el mercado de autos 0km en la Argentina. Durante enero se patentaron 6.395 vehículos correspondientes a marcas exclusivamente importadoras, casi el triple de las 1.712 unidades registradas en el mismo mes de 2025, según datos de la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA). Con un total de 66.000 patentamientos en el mes, las marcas importadas alcanzaron una participación cercana al 10%. El nuevo esquema del mercado muestra que los modelos de producción nacional representan el 35%, mientras que el 65% restante corresponde a vehículos traídos del exterior, incluyendo también aquellos comercializados por terminales radicadas en el país. China gana terreno en el mercado de autos importados En el desglose por origen, Brasil lideró con 28.672 unidades (43,8%), seguido por la Argentina con 22.806 (34,9%). El dato saliente fue el salto de China, que alcanzó 6.777 unidades (10,4%), cuadruplicando su volumen interanual y posicionándose como tercer proveedor del mercado local. También creció México con 2.628 unidades (4%), mientras que países como Alemania, Bélgica, Tailandia, Corea y Japón mantuvieron participaciones estables. El impulso a híbridos y eléctricos favoreció especialmente a las marcas chinas, que ocuparon los primeros lugares del ranking mensual. Top 20 marcas de autos importados 1-BAIC: 1.325 unidades 2-BYD: 915 unidades 3-HAVAL: 681 unidades 4-Hyundai: 637 unidades 5-KIA: 454 unidades 6- Chery: 429 unidades 7-MG: 352 unidades 8-BMW: 306 unidades 9-Volvo: 212 unidades 10-Foton: 184 unidades 11-JAC: 129 unidades 12-Jetour: 125 unidades 13-Changan: 113 unidades 14-DFSK: 82 unidades 15-Mitsubishi: 67 unidades 16-Subaru: 48 unidades 17-Suzuki: 42 unidades 18-Mini: 38 unidades 19-Shineray: 37 unidades 20-KYC: 28 unidades El presidente de CIDOA, Ernesto Cavicchioli, también CEO de Hyundai Argentina, señaló que el repunte responde a un contexto de mayor previsibilidad, aunque remarcó la necesidad de reglas claras para sostener el crecimiento. Con este escenario, el mercado automotor argentino reconfigura su mapa competitivo, con las marcas chinas como protagonistas centrales del nuevo ciclo. Ámbito