Autor: Redacción General

En la tarde de este sábado, personal de la Comisaría Tercera de la Ciudad Termal intervino en calle 53, entre 14 y 16, tras un aviso por personas que querían ocupar un terreno. Al llegar, encontraron a unas diez personas limpiando el lugar y clavando palos para armar habitáculos precarios. Los policías les pidieron que se retiraran y les explicaron que debían hacer el trámite por la Dirección de Tierras del municipio local. Finalmente, estas personas aceptaron lo señalado, desarmaron lo que habían empezado a construir y se fueron sin problemas. El operativo contó con apoyo de la División Patrulla Preventiva.

Los despidos, el cierre de empresas y la caída del poder adquisitivo empiezan a minar la imagen de la gestión. La reforma laboral es mayormente percibida como un favor hacia los empresarios. El trabajo de esta semana de la consultora Hugo Haime y Asociados registra que el 57% desaprueba la gestión de Javier Milei, frente a un 41% que la aprueba. Pese a que el viernes el oficialismo puede imponer en el Senado la reforma laboral, y a contramano del clima que crean los medios alineados con la Casa Rosada, los números de aprobación del gobierno en las encuestas están para abajo y la opinión sobre la reforma es ampliamente negativa. El trabajo de esta semana de la consultora Hugo Haime y Asociados registra que el 57 por ciento desaprueba la gestión de Javier Milei, frente a un 41 que la aprueba. En especial, pesan el cierre de empresas, la percepción de que bajó mucho la capacidad adquisitiva y el temor a ser despedido. En la reforma laboral, tras un principio de cierta expectativa y confusión, las últimas encuestas ya evidencian que una mayoría piensa que es en beneficio de los empresarios y no de los trabajadores.En la encuesta de Haime, el 55 por ciento se manifiesta en contra de la reforma laboral y sólo el 36 por ciento de acuerdo. En el trabajo de Analogías, que lidera Marina Acosta, el 56,6 por ciento opina que la reforma es a favor de los empresarios y apenas el 13 por ciento afirma que favorece a los trabajadores. Aunque hay cierto debate entre los encuestadores, la mayoría tiene conclusiones parecidas: deterioro de la vida cotidiana, temor a perder el trabajo. La mayoría de los consultores tiene datos en que la desaprobación del gobierno es superior, en algunos casos muy superior, a la aprobación. Hay unos pocos encuestadores que ven una situación más equilibrada. Números en baja Hugo Haime, uno de los consultores de mayor trayectoria en la Argentina, realizó un sondeo en los últimos días. “El 57 por ciento de la población desaprueba la gestión de Javier Milei. Tiene el respaldo del 41 por ciento. En febrero, en relación a diciembre, tenemos una caída en la aprobación de gestión de 5 puntos de 46 a 41. Y en la imagen personal de Milei desde 50 a 44. Hay varios factores que se conjugan. Como dinámica general, cuando ganás una elección (la de octubre) crecés, pero cuando aparecen los problemas, volvés a valores que ya tuviste. En septiembre Milei tenía 37 de aprobación y cuando apareció el apoyo de Trump subió a 40. Quiere decir que está en un valor que ya tuvo. ¿Que explica para la baja? Inflación persistente desde diciembre. Ese es el problema que más preocupa en lo cotidiano, junto con los bajos salarios. También tenemos más de un 55 por ciento que cree que el gobierno no va a poder controlar la inflación. A la ley laboral ya en noviembre y diciembre se la percibía a favor de los empresarios. En ese momento había opiniones levemente negativas pero este mes nos encontramos con un 55 por ciento que la rechaza y sólo 36 por ciento que acuerda con ella. Importaciones y despidos. Creció el rechazo al 65 por ciento. Y eso antes, de Fate. La situación estructural sigue siendo la misma: el gobierno representa a un 40 por ciento. Recordemos que obtuvo 41 por ciento en las legislativas. El tema es que el otro 60 por ciento carece de una representación homogénea o de una propuesta de futuro. Que no solo sea un paro. Esa parece una etapa agotada para la oposición”. “Nosotros advertimos una fuerte caída de las expectativas optimistas – analiza Marina Acosta, de Analogías -. Se ha desplazado la preocupación por la inflación hacia el desempleo. El temor a perder el trabajo alcanza a cada vez más encuestados. A todo esto, se agrega que la mayoría dice que perdió drásticamente su poder adquisitivo y que se endeuda para pagar servicios básicos. Nuestros datos indican que existe una mayoría contundente que cree que los principales beneficiados de la reforma laboral no son los trabajadores sino los empresarios”. ”Anticipamos nuestra encuesta de estos días: 56,6 por ciento afirma que la reforma laboral es a favor de los empresarios y sólo 13 por ciento asegura que beneficia a los trabajadores. El inicial apoyo esperanzador que buena parte del electorado depositó en Milei puede derivar en una deslegitimación profunda en la medida en que la sociedad perciba que el sacrificio no es el preámbulo de un renacimiento sino el epílogo del sistema productivo doméstico”, agrega. Los números están equilibrados Otro de los consultores de larga trayectoria, Federico Aurelio, de Aresco, ve un cuadro diferente. “Nosotros percibimos una situación equilibrada. Al gobierno lo acompañan prácticamente la mitad de los argentinos. De esa mitad, la mitad está convencida y la otra mitad acompaña por la expectativa de que las cosas mejoren. Una parte tiene paciencia, incluso hasta el último año del gobierno de Milei, los otros esperan la mejora para este año. Respecto a las reformas laborales, observo un nivel de acuerdo equilibrado por parte del total de la población”. ”Hay más desacuerdo que acuerdo entre los empleados del sector público y los empleados del sector privado y sin embargo tienen más acuerdo que desacuerdo entre quienes trabajan por su cuenta, entre quienes hacen changas o entre los que no están registrados”, revela. Más rechazo que aprobación “La imagen positiva de Milei es de 45 por ciento tras las vacaciones, la negativa, el rechazo, es 52 por ciento – señala Raúl Timerman, de Grupo de Opinión – Hace ocho meses que el rechazo es mayor que la aprobación, pero todavía 45 por ciento de aprobación es un valor significativo. No es menor. Ahora, las políticas respecto al trabajo del gobierno tienen menos aprobación, sólo 40 por ciento y 56 de rechazo. De ese 56, hay un 14 por ciento que son ciudadanos que votaron a Milei en las generales y un

Los datos se extraen de una reciente publicación de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC – del tercer trimestre de 2025 – que, además, revela que los primeros cinco lugares de las jurisdicciones son ocupados por las cuatro provincias de la región NEA. Los ingresos familiares más altos se registraron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Neuquén. Los resultados del relevamiento se corresponden con el tercer trimestre de 2025 sobre el total de la población de los aglomerados urbanos del país, que representa unas 43 millones de personas, de los cuales, 27,1 millones tienen ingresos. Así, en Argentina el ingreso total individual promedio fue de $956.283, una cifra ubicada en el delgado umbral de pobreza. Y, pese al discurso del oficialismo nacional que negó las diferencias, la brecha de género ronda el 27,6%. El ingreso medio de los varones fue de $1.112.200, mientras que el de mujeres fue de $804.753. Ahora bien, de dónde provino el dinero. En el 77,1% de los casos, el origen fue laboral. Es decir, producto del esfuerzo del trabajo. Mientras que el 22,9% se registran de otras fuentes, por ejemplo, la renta, excedentes, o bien, pasivos, beneficios sociales, entre otros. Cabe mencionar que cuando se habla de ingreso total individual, incluye tanto lo que percibe cada persona tanto por su trabajo (puede ser asalariada, cuentapropista o patrón) como por los otros tipos de beneficios o renta. A su vez, el ingreso total familiar es la suma del ingreso individual de todas las personas que integran el hogar e incluye montos no atribuibles a una en particular. Informalidad El número de trabajadores informales preocupa en Argentina y fue parte principal del debate en el Congreso por la reforma laboral. De hecho, fue la mayor argumento del oficialismo nacional. De acuerdo con datos de INDEC, en el país hay 8,3 millones de asalariados con descuentos jubilatorios, esto es, que se encuentra registrado en su ocupación principal. Mientras que 5,2 millones no tienen descuentos, es decir, que está en el mercado informal. Los primeros cobran un 52% más que los segundos. Por jurisdicciones Encabeza este ranking La Rioja, con una media de ingreso familiar de $1.098.546. Chaco se posicionó como la segunda más baja del país, con $1.126.751. En tercer lugar se puede mencionar a Formosa, con $1.278.228 y en cuarto, a Misiones, con $1.349.454. Corrientes se ubicó quinta entre las de menores ingresos. De acuerdo con los datos estadísticos, 301.000 hogares en zonas urbanas de la provincia perciben fondos. La más rica fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Allí la media de ingreso familiar fue de $2.566.356, ubicándose como el promedio más alto de Argentina. En segundo lugar se posicionó Neuquén, con $2.515.670, una provincia que se vio beneficiada por grandes proyectos como Vaca Muerta. En tercer lugar entre las jurisdicciones subnacionales con mayor media de ingresos familiares se ubicó Tierra del Fuego, con $2.479.102. En cuarto, La Pampa, con $2.033.592, una provincia que se beneficia principalmente de la actividad agroexportadora. Per cápita La más baja nuevamente se ubicó en La Rioja, con $352.267. La segunda más baja fue Chaco, con $364.426. En tercer lugar se posicionó Misiones, con un promedio de $379.980, de acuerdo con los registros oficiales. Corrientes fue de $412.901 en el tercer trimestre del año pasado. Esto significa que se divide el ingreso total familiar entre la totalidad de los componentes o de las personas que conforman el hogar. De acuerdo con estos parámetros, la provincia fue la cuarta del país con menor media de ingresos per cápita familiar. Es decir, también integra el conjunto de jurisdicciones subnacionales con menores recursos en los hogares. La media de ingresos por integrante en la familia más alta se ubicó nuevamente en CABA, la cual fue de $1.086.336. Si se observa que la cifra representa prácticamente la mitad de la media de los ingresos totales familiares, esto también puede marcar la pauta de que las conformaciones hogares tienen menos integrantes. Por ejemplo, una pareja sin hijos donde ambos trabajan. En segundo lugar, se puede mencionar Tierra del Fuego con una media de ingreso per cápita familiar de $905.615. El tercer ingreso más alto se observa en Neuquén, con $870.316 por persona en el hogar. Diario Época

El emblemático predio de La Unidad consolidó esta semana su proceso de transformación urbana con la apertura del Mercado de Sabores, una propuesta que combina identidad, producción regional y desarrollo económico. El nuevo espacio se posiciona como un punto de encuentro social en Corrientes y, al mismo tiempo, como una plataforma estratégica para emprendedores y pymes locales. Con una importante convocatoria de público en sus primeras jornadas, el mercado integra una oferta que equilibra tradición artesanal y nuevas tendencias de consumo. Desde embutidos chaqueños y dulces típicos correntinos hasta panificados de masa madre y propuestas low carb, la iniciativa apunta a reducir la distancia entre productor y consumidor final, potenciando la economía regional. Identidad local y diversidad de propuestas Entre las marcas protagonistas se destacan Regionales Ñandé, con su trabajo en apicultura y frutos nativos como guayaba, mamón y aguaí; Faena Chacinera, que aporta la tradición chacinera de Barranqueras; y Meso Taller de Pan, enfocada en procesos de fermentación natural. La oferta también incluye propuestas orientadas a nichos específicos, como Yohana Express (100% Sin TACC) y One Two Fit, que reflejan cómo la producción regional puede competir en calidad y especialización con estándares nacionales. Para los emprendedores, el Mercado de Sabores implica una oportunidad de crecimiento. Juan Ignacio Cortinas, referente del espacio de delicatessen Baltazar, destacó que la experiencia representa “una validación al trabajo” al ver a miles de personas degustando sus productos en un lugar con tanta historia como La Unidad. En la misma línea, Soledad, de Universo Alma, remarcó el enfoque sensorial de su propuesta, que combina alfajores artesanales con blends de té de frutas nativas y nuez pecán, buscando que el visitante viva una experiencia con identidad correntina. Gastronomía con impacto social El mercado también cumple una función social. La Fundación Marandé, a través de su Almacén del Paraná, promueve la inclusión sociolaboral mediante la comercialización de conservas y escabeches artesanales, demostrando que la gastronomía puede convertirse en una herramienta de transformación comunitaria. Con nuevos locales que se sumarán en las próximas semanas, el Mercado de Sabores se proyecta no solo como un paseo gastronómico, sino como el corazón de un ecosistema que apuesta por fortalecer y proteger la producción local frente a los desafíos del mercado global. El Litoral

Lejos de combatir la supuesta industria del juicio alegada durante años por la derecha ahora encarnizada en el gobierno de Milei, la reforma laboral que está a un paso de convertirse en ley generará una oleada de demandas judiciales. Señalamientos por inconstitucionalidad y reclamos individuales por la nueva forma de calcular las indemnizaciones forman parte del horizonte de litigiosidad que se avecina según especialistas. Más allá de la derogación de derechos laborales contemplada en la iniciativa, hay otras luces de alarma que se encendieron en los últimos días. Si la reforma se convierte en ley, el gobierno también habrá logrado instaurar cierto desorden jurídico, principalmente a partir del cierre del Fuero Laboral, que podría complicar cuestionamientos judiciales a las nuevas reglas de juego. Para Matías Cremonte, abogado laboralista y presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), la reforma es inconstitucional. “La ley, que presumimos que se va a aprobar, vulnera el principio de progresividad que obliga a los Estados a legislar de manera progresiva y no regresiva en materia de derechos sociales. Eso está en tratados internacionales reconocidos por la Constitución que, en el artículo 14 bis, también dice que las leyes deberán proteger al trabajador”, aseguró. Reforma blindada Así y todo, advirtió que “va a ser muy difícil” dar la pelea en la Justicia, en principio porque Argentina no tiene un tribunal específico dedicado a revisar la constitucionalidad de las leyes. Además, como la reforma está a punto de salir mediante una ley del Congreso, no hay chances de que prospere un freno judicial como el que tuvo el capítulo laboral del DNU 70/23 objetado por la CGT. Es que en ese momento, uno de los argumentos más firmes fue que el presidente Javier Milei se había arrogado funciones propias del Poder Legislativo. “Acá hay que ir artículo por artículo. A la reforma laboral que se pretende aprobar no se la va a poder atacar en bloque como pasó con el DNU 70/23. Los planteos van a tener que ser individuales, caso por caso”, coincidió el abogado constitucionalista Gustavo Ferreyra. Como se mencionó, hay quienes creen que, de manera solapada, el gobierno busca generar cierto desorden institucional para blindar la ley ante futuras impugnaciones judiciales de trabajadores que se consideren agraviados por decisiones patronales basadas en la reforma. “Creo que va a generar litigiosidad individual, pero el despelote que armaron con el cierre del Fuero Laboral puede ser una traba. Hay un plan armado para obturar cualquier reclamo, más teniendo en cuenta que quieren pasar la Justicia Laboral a la órbita porteña en 180 días y eso no es soplar y hacer botellas. Un reclamo por indemnización va a ir a la Justicia de la ciudad. ¿Qué jueces lo tomarán? ¿Los actuales? ¿Jueces nuevos aún no asumidos? Hay cuestiones sin saldar y está mal porque pierde siempre el justiciable, el laburante que está en negro”, sumó Diego Armesto, abogado constitucionalista. En el Fuero Laboral, una jueza que prefirió opinar en off the record coincidió. “Lejos de desalentar la litigiosidad, este esquema que se propone la incentiva. Eso va a generar una situación inmediata de colapso del sistema judicial, máxime si pretenden pasar la competencia de 80 juzgados laborales y 10 salas, como es ahora, a 10 juzgados y dos salas de la ciudad de Buenos Aires”, precisó. Ola de juicios La reforma que está a punto de convertirse en ley amplía la jornada laboral de 8 a 12 horas, suprime las horas extras a cambio de dinero e instaura la figura del banco de horas por el cual la empresa podrá compensar a los trabajadores con horas o días libres en lugar de dinero. También deja fuera del cálculo indemnizatorio al aguinaldo y las vacaciones. Esos cambios, proyectan desde diversos sectores, van a generar nuevos juicios. Eso incluso lo cree Julián de Diego, abogado que colaboró con la redacción de algunos de los puntos del proyecto. “Respecto de la indemnización, al restar el aguinaldo y las vacaciones, la reforma eligió la opción en la que el trabajador cobrará menos. Y ese es un tema que va a ser judicializado”, dijo en Radio Mitre. Por su parte, Cremonte sostuvo que “lo más normal sería que crezca la litigiosidad” en casos de despido en los que se aplique la nueva fórmula indemnizatoria. “Va a haber reclamos por la diferencia alegando que hay un derecho adquirido porque comenzó a trabajar con la ley vigente hasta ahora y por lo tanto le corresponde una indemnización superior”, estimó. “Es de esperar que todo lo que cambia genere litigios individuales”, añadió Ferreyra. “Va a aparecer mucho el tema de la retroactividad, es decir, a la persona que trabaja en un lugar hace 20 años ¿le aplicas la ley antigua o la nueva?”, sumó Armesto. La profundidad de la reforma en cuestión es insoslayable, y llega a márgenes inusitados incluso en materia de litigios laborales. Un ejemplo lo dio en la sesión del jueves la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, cuando advirtió que el artículo 203 del proyecto deroga un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo que declara como conducta maliciosa o temeraria la asumida por el empleador que obstruye o dilata reclamos judiciales por cuestiones laborales y le impone una pena económica. El dato no es menor. Forma parte del conjunto de modificaciones que está a punto de lograr el gobierno de Javier Milei que no solo trae nuevas reglas regresivas en materia de derechos, sino que también contempla un claro debilitamiento de la capacidad de cuestionarlas. Se avecina un escenario incierto, pero inevitablemente conflictivo. Tiempo Argentino

La reforma no crea empleo genuino, redefine el empleo existente como más barato. Por Pablo Tigani El análisis de la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario de Javier Milei exige abandonar una lectura meramente jurídica o económica. No estamos ante un simple conjunto de modificaciones normativas orientadas a “modernizar” el mercado de trabajo, sino frente a una tecnología de gobierno en el sentido desarrollado por Michel Foucault; un entramado de normas, discursos y prácticas destinado a producir determinados tipos de sujetos y conductas. La insistencia oficial en presentar la reforma como una corrección técnica de “rigideces” oculta su verdadera naturaleza política. La ley no solo regula relaciones laborales; define qué tipo de trabajador es legítimo, qué comportamientos son deseables y qué formas de vida merecen protección. En este sentido, la reforma laboral libertaria debe ser leída como un dispositivo de subjetivación antes que como una herramienta de eficiencia económica. El núcleo de esta racionalidad consiste en desplazar el eje de la protección colectiva hacia la responsabilidad individual, redefiniendo el trabajo como una relación puramente contractual entre partes formalmente iguales, aunque materialmente profundamente asimétricas. El discurso libertario: libertad, mérito y desresponsabilización estructural El discurso oficial que acompaña la reforma laboral se articula alrededor de un léxico reiterado: libertad, elección, mérito, esfuerzo, eficiencia. Estos términos, lejos de ser neutrales, cumplen una función performativa; producen una determinada interpretación de la realidad social y clausuran otras posibles. La “libertad” invocada no es la libertad efectiva de elegir entre alternativas reales, sino la libertad negativa de asumir riesgos en soledad. El trabajador es “libre” de aceptar contratos precarios, de encadenar empleos inestables o de convertirse en monotributista permanente; lo que desaparece es la libertad de contar con un piso mínimo de seguridad material. El mérito opera como categoría moral central. El éxito se presenta como resultado exclusivo del esfuerzo individual, mientras que el fracaso es atribuido a déficits personales: falta de talento, de adaptación o de voluntad. De este modo, se desresponsabiliza a las estructuras económicas y a las decisiones políticas de sus consecuencias sociales. Este discurso no es ingenuo. Funciona como una estrategia de despolitización, en tanto transforma problemas colectivos en dilemas morales individuales, neutralizando la posibilidad de conflicto social organizado. El trabajador como empresario de sí: subjetividad y autogobierno Siguiendo a Foucault, el neoliberalismo no gobierna principalmente a través de la prohibición, sino mediante la incitación a la auto-regulación. La figura del trabajador-emprendedor encarna esta lógica; el sujeto debe gestionarse a sí mismo como un capital, invertir en su empleabilidad, asumir riesgos y responsabilizarse de los resultados. La reforma laboral libertaria institucionaliza esta figura. La ampliación de contratos temporales, la flexibilización de despidos, la promoción de esquemas de tercerización y la erosión de la negociación colectiva no son simples medidas aisladas, sino mecanismos orientados a producir sujetos permanentemente disponibles, adaptables y disciplinados por el miedo a la exclusión. El autogobierno se convierte así en una forma sofisticada de control. El trabajador internaliza la precariedad como condición normal de existencia y se auto culpabiliza cuando no logra sostener su inserción en un mercado cada vez más hostil. Desmontaje normativo: flexibilizar es desproteger Desde el punto de vista jurídico-laboral, el proyecto de reforma propone un conjunto de modificaciones que convergen en un mismo objetivo: reducir la protección del trabajo asalariado y transferir riesgos desde el empleador hacia el trabajador. Entre los ejes centrales se destacan: Estas medidas son justificadas bajo el argumento de que el “costo laboral” inhibe la creación de empleo. Sin embargo, esta afirmación carece de sustento empírico robusto. Numerosos estudios muestran que la demanda de trabajo depende fundamentalmente del nivel de actividad económica y del consumo, no de la mera reducción de derechos. La reforma no crea empleo genuino, redefine el empleo existente como más barato, más inestable y más desprotegido. La asimetría estructural: libertad formal, coerción material Uno de los supuestos implícitos del proyecto libertario es la igualdad entre las partes contratantes. Esta ficción jurídica ignora deliberadamente la asimetría estructural entre capital y trabajo. En contextos de desempleo elevado, caída del consumo y deterioro del poder adquisitivo, la “libertad contractual” del trabajador es puramente formal. Aceptar condiciones precarias no es una elección libre, sino una estrategia de supervivencia. La reforma laboral, lejos de ampliar opciones, reduce el margen de negociación del trabajador y consolida relaciones de poder profundamente desiguales. Aquí se revela el carácter ideológico del discurso libertario; se invoca la libertad allí donde materialmente no existe, y se niega la coerción estructural que organiza el mercado laboral. Tecnología de gobierno y daño social acumulativo La reforma laboral no actúa de manera aislada. Se articula con otras políticas del gobierno libertario -ajuste fiscal, contracción del gasto público, desregulación económica- que profundizan la caída de la demanda interna y el deterioro del tejido social. El resultado es un daño social acumulativo: precariedad laboral, caída del consumo, debilitamiento de la inversión productiva y erosión de la cohesión comunitaria. Lejos de corregir desequilibrios, la reforma contribuye a reproducir un modelo de crecimiento excluyente y financierizado. Gobernar precarizando Este articulo ha mostrado que la reforma laboral libertaria debe ser comprendida como una tecnología de gobierno orientada a producir un tipo específico de trabajador: individualizado, precarizado, moralmente responsabilizado y políticamente desarticulado. Bajo el lenguaje de la libertad y la eficiencia, se consolida un régimen de desprotección estructural que corroe la identidad, debilita los vínculos sociales y socava las bases mismas de la reproducción económica. Publicado en La Política Online

La reciente caída de tensión en Corrientes y los apagones que afectaron al Nordeste argentino y Paraguay exponen la fragilidad estructural del sistema eléctrico regional. Sin modernización de la infraestructura, pensar en movilidad eléctrica masiva o en una transición energética acelerada es técnicamente inviable. Por el Ing. José Sesma* La caída abrupta de tensión registrada en Corrientes, con cortes que afectaron a la mayoría de sus ciudades, y los apagones que impactaron al Nordeste argentino -Corrientes, Chaco y Formosa – y a gran parte del Paraguay, no son hechos aislados. Son la consecuencia directa de un sistema interconectado exigido al límite. Una falla en la línea de 500 kV que vincula la Central Hidroeléctrica Itaipú con la subestación Iguazú provocó un efecto en cascada. El desprendimiento de un conductor activó las protecciones automáticas, afectando el suministro en Asunción y en gran parte del territorio paraguayo. Ante la caída de Itaipú, la ANDE intentó suplir la demanda incrementando la toma de energía desde la Central Hidroeléctrica Yacyretá. Esta maniobra generó una fuerte perturbación en el sistema eléctrico, una baja abrupta en la toma de carga y el desenganche automático de siete grupos generadores. El resultado fue inestabilidad, caída de tensión y cortes de energía que trascendieron fronteras. Con temperaturas superiores a 40°C y líneas operando en condiciones extremas, el sistema mostró su debilidad estructural. Esto vuelve a demostrar la fragilidad del sistema eléctrico interconectado regional, altamente dependiente del funcionamiento continuo de sus principales corredores de transmisión en alta tensión. Una falla en uno de estos nodos críticos puede desencadenar efectos en cascada que afectan a millones de usuarios. Pero hay algo aún más profundo. Esta fragilidad estructural pone en jaque la posibilidad de pensar seriamente en una movilidad eléctrica masiva. Con redes saturadas, infraestructura insuficiente y eventos recurrentes de baja tensión, pretender electrificar el parque automotor en estas condiciones es, simplemente, inviable. Antes de proyectar nuevas demandas sobre el sistema, es imprescindible modernizar el sistema interconectado, ampliar las líneas de 500 kV, robustecer las estaciones transformadoras y sus sistemas de protección – tanto de estación como de línea – incorporando bancos de inductores y capacitores para mejorar la estabilidad, evitar los fuertes cimbronazos eléctricos y las salidas masivas del sistema, y fortalecer integralmente el sistema de transporte y distribución de la energía. Solo así podremos hablar de transición energética con seriedad. Mientras tanto, en materia de transporte logístico y particular, debemos apoyarnos en lo que Argentina posee en abundancia: Gas Natural. El uso de GNC y GNL constituye hoy una alternativa técnica, económica y estratégica más realista, que permite reducir costos y emisiones sin tensionar aún más un sistema eléctrico vulnerable. Y a este escenario se suma un nuevo factor que no puede ignorarse: la Inteligencia Artificial, gran consumidora de energía. Centros de datos, procesamiento masivo e infraestructura digital incrementarán exponencialmente la demanda eléctrica. Sin planificación, la presión sobre el sistema será cada vez mayor.Sin energía confiable no hay desarrollo.Sin infraestructura, no hay transición posible.Y con la IA multiplicando la demanda, la crisis no será futura: será permanente.Es tiempo de reaccionar.Gobernar es anticipar.La energía no puede esperar. (*) Especialista en infraestructura energética, energías Renovables y gas.

El INDEC publicó resultados por provincias de indicadores del mercado de trabajo e ingresos del tercer trimestre de 2025, y en el caso de la provincia de Corrientes registró tasas de actividad de 39,6% y de empleo del 37,8%, que son las más bajas en cinco años para la provincia. La desocupación del 4,6% exhibió una suba interanual. Los datos corresponden al informe “Encuesta Permanente de Hogares (EPHoG) total urbano – Tercer Trimestre 2025” del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que realiza un análisis de resultados por provincias, a diferencia de los habituales informes que exponen indicadores de los 31 aglomerados urbanos más grandes del país. El operativo para este informe se lleva a cabo durante los terceros trimestres de cada año, considerando “Total nacional de población urbana residente en hogares particulares” “Total 31 aglomerados urbanos” y “Totales provinciales de población urbana residente en hogares particulares”. Según los principales resultados, la población económicamente activa de Argentina es de 20,6 millones de personas, es decir el 47,5% de la población, mientras que el 52,5% es inactiva, casi 22,8 millones de personas. Un total de 19,3 millones de personas componen la población ocupada, y 1,3 millones están desocupados. De los ocupados, 3,2 millones son demandantes de empleo, es decir que trabajan pero buscan activamente otra ocupación, y 2,2 millones son subocupados, trabajan menos de 35 horas semanales y están dispuestos a trabajar más horas. Corrientes y el NEA En la provincia de Corrientes, al tercer trimestre de 2025, la tasa de actividad era del 39,6%, la tasa de empleo de 37,8% y la desocupación del 4,6%. En tanto, la provincia registraba una tasa de 13,1% de ocupados demandantes de empleo, 10,4% de subocupados, 6,2% de subocupados demandantes y 4,2% de subocupados no demandantes. En la región NEA, Chaco registra tasas de 41,8% de actividad, 38,7% de empleo y 7,4% de desocupación. Formosa presentaba al tercer trimestre de 2025 una tasa de actividad de 37,4%, de empleo de 35,7% y de desocupación del 4,5%. En tanto, Misiones tenía 46,3% de actividad, 44% de empleo y 4,8% de desocupación. Evolución de las tasas en Corrientes Si se analizan la evolución de los principales indicadores en la provincia de Corrientes en los últimos años, al tercer trimestre de cada año, la tasa de actividad en el mencionado trimestre de 2021 fue del 41,9%, del 42% en 2022, del 40,1% en 2023, del 41,2% en 2024 y finalmente del 39,6% en 2025. En cuanto a la tasa de empleo, en el 2021 fue del 40,3%, del 39,8% en 2022, del 39,8% en 2024 y del 37,8% en 2025. Se observa que las tasas de actividad y empleo del tercer trimestre de 2025 fueron las más bajas del periodo analizado de cinco años. En tanto, la tasa de desocupación en el tercer trimestre del 2021 era del 4%, del 5,3% en 2022, del 3,4% en 2023, del 3,5% en 2024 y del 4,6% en 2025. La tasa de ocupación demandante en el tercer trimestre del 2021 era del 22,7%, del 19% en 2022, del 14,2% en 2023, del 15,9% en 2024 y del 13,1% en 2025. El indicador de sub-ocupación era del 12,7% en 2021, 14,4% en 2022, 11,5% en 2023, 13,3% en 2024 y del 10,4% en 2025. Las tasas de ocupación demandante y de subocupación fueron las más bajas del periodo analizado en el informe del INDEC. Si se considera la evolución de la tasa de subocupación demandante, en Corrientes en el tercer trimestre de 2021 había 9,8% de subocupados que demandaban otro empleo, tasa que en 2022 era del 11,4%, del 6,2% en 2023, del 8,6% en 2024 y del 6,2% en 2025. Mientras que la tasa de subocupación no demandante en el año 2021 era del 2,8%, del 3% en 2022, del 5,3% en 2023, del 4,7% en 2024 y del 4,2% en 2025.

El Ministerio de Educación de la Provincia informó que ya se encuentra disponible la lista provisoria de Interinatos y Suplencias del período A 2026 para Nivel Secundario, correspondiente a las regiones educativas 5, 6, 7 y 10, con sede en Resistencia. El proceso es llevado adelante por la Junta de Clasificación de Nivel Secundario. Desde Educación destacaron que, después de más de 10 años, la publicación de la lista se realiza antes de la primera obligación docente, permitiendo que el proceso administrativo se desarrolle en tiempo y forma. En este marco, los docentes podrán consultar el listado y realizar reclamos durante el denominado Período de Tachas, que se extenderá desde el 20 de febrero hasta el 6 de marzo del presente año. Este plazo corresponde al proceso de revisión para el período de Interinato 2026. Autoridades de la Junta explicaron también que esta instancia es clave, ya que la nómina publicada tiene carácter provisorio. Una vez finalizado el Período de Tachas y resueltos los reclamos presentados por los docentes, se dará a conocer la lista definitiva que será utilizada por los directores de las instituciones educativas para realizar las designaciones correspondientes. La lista provisoria puede consultarse en el blog oficial de la Junta Secundaria y también en la plataforma Sistema Integral de Educación (SIE). Asimismo, recordaron que los reclamos durante el Período de Tachas deben realizarse exclusivamente a través del SIE. En caso de no efectuarse el reclamo dentro del plazo establecido, la lista quedará firme y no se admitirán nuevas presentaciones, de acuerdo con la normativa vigente.

En simultáneo a un repunte de la actividad de la construcción en la Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) publicó su índice mensual para relevar el impacto de los costos de hacer una obra, tomando como referencia la realización de un edificio promedio en la ciudad de Buenos Aires. En ese marco, difundió que el aumento de enero de este año fue del 2,3% con respecto a diciembre del 2025, menor al 2,9% de la inflación general. La medición del análisis apuntó que la incidencia de los insumos fue del 2,1%. Dentro de esa cifra, la mayor incidencia estuvo dada por la variación de los costos laborales involucrados en los proyectos de construcción de edificios. La mano de obra incrementó su valor un 2,8% en enero. Por otro lado, se consideraron las fluctuaciones en el costo de los materiales necesarios para la construcción y el impacto de los insumos en los costos globales. La construcción rebotó un 3,8% en diciembre con respecto a noviembre, y finalizó 2025 con un crecimiento acumulado del 6,3%. En 2024, el sector había registrado un pésimo desempeño al contraerse un 27,4% tras acusar el golpe que significó el ajuste económico del Gobierno. Los datos se desprenden del último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) para los indicadores de la actividad del rubro, que registra una variación interanual del 2,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Asimismo, los puestos de trabajo registrados en el sector privado a noviembre de 2025 fueron 388.472, lo que implica una variación interanual del 2,9% frente al mismo mes del 2024. En tanto, la superficie autorizada por los permisos de edificación alcanzó los 1.338.203 de metros cuadrados, en ese mismo mes, una variación interanual del 13,6%. En el desglose de compras de insumos para la construcción, los indicadores mostraron una mayoría de bajas. A excepción de los apartados “Artículos sanitarios de cerámica”, “Resto” (grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano para la construcción) y “Hierro redondo y aceros para la construcción”, que en el mes crecieron 40%, 31,9% y 29,7%, respectivamente. Entre las caídas de compras destacan las de las divisiones de “Ladrillos huecos” (-20,7%), “Mosaicos graníticos y calcáreos” (-15,1%), “Yeso” (-12,3%) y “Pisos y revestimientos cerámicos” (-11,1%). Ámbito

Las tareas incluyeron la intervención sobre la válvula de derivación que abastece a Puerto Bastiani y regulación de vertederos en cámaras de partición de caudales de la Planta 3 de Barranqueras. Culminados los trabajos, el servicio de agua potable a través del Primer Acueducto del Interior se restablece de manera progresiva. Desde SAMEEP se desplegaron trabajos de mantenimiento y reparación en la Planta Potabilizadora N° 3, en Barranqueras; como así también se intervino en el sistema de abastecimiento del Primer Acueducto, a la altura de Puerto Bastiani, con el objetivo de optimizar el funcionamiento operativo y garantizar la continuidad del suministro de agua potable en múltiples localidades de la provincia. Intervención en el Primer Acueducto Se realizaron trabajos de reparación sobre una conexión del Primer Acueducto, específicamente en la válvula de derivación que abastece a la localidad de Puerto Bastiani. La intervención consistió en tareas de ajuste y reparación de esta válvula estratégica, que permite regular el flujo de agua hacia dicha localidad. Este trabajo fortalece la operatividad del sistema, mejora el control del caudal y contribuye a una distribución más eficiente del suministro. Trabajos en la Planta Potabilizadora N°3 En la Planta Potabilizadora N° 3, ubicada en Barranqueras, se ejecutaron tareas de regulación de vertederos en cámaras de partición de caudales. Estas cámaras cumplen la función de distribuir de manera equilibrada el volumen de agua que circula por el sistema. La regulación de los vertederos permite corregir los niveles de caudal, mejorar la estabilidad del proceso de potabilización y asegurar que el agua tratada se distribuya de forma más eficiente hacia las distintas líneas del acueducto. Este tipo de mantenimiento es clave para sostener un rendimiento operativo adecuado, prevenir inconvenientes futuros y garantizar parámetros óptimos en la producción y distribución del recurso. El Primer Acueducto abastece a las siguientes localidades: Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi, Presidencia Roque Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina. Para poder concretar estas tareas fue necesario interrumpir momentáneamente el bombeo del Primer Acueducto, lo que generó una afectación temporal en todas las localidades mencionadas. El tiempo estimado de duración de los trabajos fue de aproximadamente seis horas. Finalizadas las intervenciones, el bombeo fue restablecido y el servicio comenzó a normalizarse de manera progresiva, recuperando paulatinamente los niveles habituales de presión y caudal. Desde la empresa se recordó que la estabilización total del sistema puede demandar un tiempo prudencial, dependiendo de la ubicación y la demanda de cada zona. Al respecto, el gerente general de Sameep, Edgardo Altamirano, destacó el compromiso del personal: “Para estas tareas es fundamental la voluntad y el esfuerzo de los agentes para ejecutarlas sin importar la hora ni la fecha”. Asimismo, señaló que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento permanente: “Se trata de un mantenimiento sostenido que se ejecuta de manera constante para asegurar la eficiencia y la continuidad del servicio en todas las localidades chaqueñas”. Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos, Ing. Germán Ojeda Silva, indicó que las tareas fueron culminadas conforme a lo previsto y que el sistema se encuentra en proceso de estabilización: “Ya están culminadas las tareas en este tramo; ahora resta que el servicio se normalice progresivamente, recuperando la presión y el caudal adecuado”. Además, resaltó la labor del equipo técnico y operativo que intervino en los trabajos, subrayando su compromiso con los usuarios de toda la provincia.

Tras la finalización de la conciliación obligatoria decretada por el Gobierno, ATEPSA anunció un cese de actividades. Denuncian que no hubo diálogo ni respuestas. Controladores aeronáuticos anunciaron una nueva medida de fuerza: cuándo seráTras la finalización de la conciliación obligatoria decretada por el Gobierno nacional, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un paro de controladores aéreos para el jueves 26 de febrero. “Habiéndose agotado todas las instancias de diálogo y transcurridos veinte días desde la finalización de la Conciliación Obligatoria sin que EANA haya brindado una respuesta integral al conflicto en curso, ATEPSA informa que ha sido presentado el cronograma de medidas legítimas de acción sindical que comenzarán el día 26 de febrero a las 00:00 horas, conforme las fechas y horarios notificados”, informó el gremio a través de un comunicado. Desde ATEPSA habían cargado contra la reforma laboral, que tuvo media sanción este jueves en la Cámara de Diputados. El sindicato de controladores aéreos había anunciado para esa fecha “movilizaciones en todo el país en rechazo a la reforma laboral que avanza sobre las condiciones de trabajo, los salarios y el derecho constitucional a huelga”. “Son los trabajadores y trabajadoras quienes sostienen diariamente el servicio y quienes tienen la responsabilidad de defender el Convenio Colectivo, el salario y las condiciones laborales conquistadas”, sintetizaron. El Destape

En la Casa Rosada ya admiten en voz baja lo inevitable: habrá que “barajar y dar de nuevo” la parte arancelaria del flamante acuerdo comercial con Washington. La Corte Suprema de Estados Unidos le asestó un golpe político al presidente Donald Trump que también le dolió a Javier Milei en la Argentina. Por seis votos contra tres, el máximo tribunal declaró inconstitucionales los aranceles globales y “recíprocos” que Trump impuso bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. Es exactamente la misma base legal que sostuvo el esquema arancelario negociado con Buenos Aires. En la Casa Rosada ya admiten en voz baja lo inevitable: habrá que “barajar y dar de nuevo” la parte arancelaria del flamante acuerdo comercial con Washington. Según altas fuentes confiaron a iProfesional, el presidente Javier Milei analizó junto con los ministros de Economía, Luis Caputo; de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno, que ahora el acuerdo comercial y de inversiones entre ambos países “deberá renegociarse de nuevo y entra en un limbo” porque quedó alcanzado por ese fallo de la Corte norteamericana. El Gobierno asegura que sólo se revisará la parte arancelaria del tratado, porque el resto como, por ejemplo, los acuerdos patentes, propiedad intelectual, marcas registradas o las normas, controles y regulaciones comerciales entre los dos países, quedarán en pie. La Corte Suprema resolvió en un categórico fallo redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, que la IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) de 1977 “no alcanza” como autorización clara del Congreso para que el Presidente imponga aranceles de “monto, duración y alcance ilimitados”. Invocó incluso la doctrina de las “cuestiones principales”: cuando el impacto económico es masivo —la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó efectos por hasta 3 billones de dólares en la próxima década— el Congreso debe delegar ese poder de manera expresa. “La Constitución otorga muy claramente al Congreso la facultad de imponer impuestos, incluidos los aranceles. Los redactores no otorgaron ninguna parte del poder tributario al Poder Ejecutivo”, escribió Roberts. Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en disidencia. Kavanaugh defendió la legalidad de los aranceles. Pero la mayoría se impuso y la IEEPA quedó herida de muerte como herramienta para fijar tarifas comerciales. El problema para la Argentina es directo. Acuerdo bilateral de aranceles: una negociación que podría entrar en revisiónEl cuadro arancelario del acuerdo bilateral firmado hace dos semanas fue construido sobre esa misma ley. Y allí está el núcleo delicado del entendimiento: Argentina concedió 5.600 posiciones arancelarias, con el 82% a arancel cero. El listado ocupa 415 páginas del schedule publicado por la USTR. Estados Unidos otorgó 950 posiciones, con apenas el 36% en cero, en un anexo de 77 páginas que se puede leer en la página web de United States Trade Representative (USTR), Jamieson Greer. Si la base jurídica que habilitó esa arquitectura cae, la negociación entra en revisión. En cambio, en principio no caería la cuota adicional de carne que Trump firmó para la Argentina ni la suba de aranceles al 50% para las exportaciones argentinas del acero y el aluminio. Altas fuentes de la Casa Rosada lo explicaron a iProfesional con la máxima reserva: “Acero y aluminio es de los temas que sí tiene competencia el Presidente porque lo hizo sobre la Resolución 232 de seguridad nacional. Y la cuota de la carne salió por una ‘presidential proclamation’”. Agregaron que “la afectación viene por el lado del cuadro arancelario, que se hizo sobre una facultad que el Presidente no tenía, e implica posiblemente una rediscusión de todo el acuerdo, pero sólo en la parte de los aranceles”. Esa precisión es clave: los aranceles al acero y al aluminio —que impactan sobre Techint y Aluar y hoy tributan 50%— fueron dictados bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial por razones de seguridad nacional. La Corte no se expidió sobre esa norma. Se expidió sobre la IEEPA y los aranceles “recíprocos”. La ampliación de la cuota de carne —80.000 toneladas adicionales a las 20.000 vigentes— tampoco caería en principio, porque fue establecida por proclamación presidencial con sustento en la Sección 404 de la Ley de Implementación de la Ronda Uruguay (URAA) y la Sección 604 de la Ley de Comercio de 1974, que habilitan modificar contingentes arancelarios agrícolas ante insuficiencia de oferta interna. En respuesta a la Corte Suprema, Trump anunción un nuevo arancel general del 10% El corazón del problema es el arancel general y las subas fundadas en la IEEPA. Trump reaccionó con dureza. Defendió su autoridad, criticó a la Corte y anunció un nuevo arancel general del 10%. Además, anticipó que podría recurrir a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles temporales de hasta el 15% durante 150 días ante desequilibrios en la balanza de pagos. Es decir: si la IEEPA quedó invalidada para este fin, buscará otras herramientas legales. Mientras tanto, el Congreso ya presiona para levantar tarifas contra Canadá y Brasil, y empresas afectadas comenzaron a demandar la devolución de los más de 133.000 millones de dólares recaudados bajo la ley ahora desautorizada. En Washington se abre una maraña judicial que podría extenderse dos años. En Buenos Aires, el acuerdo firmado hace apenas dos semanas y celebrado por Milei entra en un limbo técnico. Nadie en el Gobierno cree que el fallo habilite a tocar capítulos blindados como acero, aluminio o la cuota de carne. Pero sí admiten que el tema del cuadro arancelario —el más voluminoso y políticamente sensible— podría volver a la mesa. La Corte ordenó barajar y dar de nuevo y el acuerdo con la Argentina quedó en puntos suspensivos. IProfesional

Profesionales señalan complicaciones desde diciembre de 2025. Así, indicaron falta de recursos para sostener el financiamiento de las droguerías ante la falta de las obras sociales. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) alertó sobre un posible desabastecimiento de medicamentos, tras registrarse una falta de pagos de parte de las obras sociales a las farmacias. Además, destacaron que una de las entidades más afectadas es el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). La presidenta de la entidad, Alejandra Gómez, describió una ”situación complicada” que afecta a todo el sistema, tras indicar que la cadena de pagos está completamente desfasada. En diálogo con Radio Mitre detalló que las farmacias deben afrontar pagos semanales a las droguerías, pero los financiadores –obras sociales y prepagas– mantienen atrasos significativos. “Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre“, aseguró Gómez, quien remarcó que esta situación pone en jaque la reposición de medicamentos y la continuidad del servicio. La dirigente subrayó que, si la situación no se acomoda antes de fines de febrero, el problema podría volverse más grave y visible. Así, advirtió que “el plazo es cada vez más chico” y planteó la necesidad urgente de una solución. Gómez explicó que el conflicto surge porque, mientras los laboratorios y droguerías exigen el pago en plazos estrictos, las farmacias no están recibiendo el dinero correspondiente por las prestaciones ya realizadas. “Es una cadena que está pactada como para que la farmacia compre el medicamento y reciba el pago de la prestación. Cuando eso se interrumpe o se pospone, la situación es complicada”, detalló. Ante la falta de fondos, las farmacias sólo pueden operar con el stock disponible o con acuerdos puntuales de laboratorios que ofrecen plazos especiales. Sin embargo, según Gómez, “llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector“. La situación de PAMI La presidenta de COFA detalló que en estos meses, las farmacias están financiando el costo de los medicamentos al no recibir los pagos correspondientes. Por otro lado, el mayor impacto se produce en PAMI, que concentra “más de cinco millones de afiliados”. Gómez señaló que, por el perfil etario, este universo es el que más demanda medicamentos. Sin embargo, aclaró que la situación se extiende a todas las obras sociales y prepagas, afectando a cualquier persona que se acerque a una farmacia, independientemente de su cobertura. Consultada sobre los motivos de estos atrasos, Gómez detalló que en el caso de PAMI existe un cronograma de pagos muy específico desde 2018, pero “en el último año, esos plazos se fueron extendiendo”. El resto de la cadena, sin embargo, no se adaptó a estas demoras. La presidenta de COFA atribuyó la situación a la imposibilidad de las entidades de contar con los recursos necesarios para abonar en tiempo y forma. “Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, remarcó. Ante la gravedad de la situación, Gómez propuso la conformación de una mesa de trabajo para la semana próxima, con la participación de todos los actores del sistema. “Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación“, insistió. Ámbito

El exministro reconoció avances en la baja de la inflación, pero alertó sobre los efectos de los controles cambiarios y las altas tasas de interés. Sostuvo que el peso debe transformarse en una moneda convertible y cuestionó las restricciones que encarecen el crédito. El exministro de Economía Domingo Cavallo analizó el rumbo del plan económico del Gobierno y reconoció avances en materia inflacionaria, aunque advirtió sobre debilidades estructurales vinculadas al crédito, las tasas de interés y los controles cambiarios. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar hacia la convertibilidad del peso y de eliminar lo que definió como “represión financiera”. “Cuanto antes se declare la convertibilidad del peso, mejor”, sostuvo Cavallo, al reclamar la remoción de todos los controles de cambio y un funcionamiento libre del mercado cambiario, con intervención del Banco Central únicamente para la acumulación de reservas. Según explicó, cualquier intento de influir sobre el tipo de cambio debe estar respaldado por un nivel adecuado de reservas. En diálogo con TN, el exfuncionario señaló que el actual esquema de bandas cambiarias no es incorrecto en sí mismo, pero consideró que la persistencia de múltiples restricciones, especialmente en operaciones financieras, genera distorsiones que mantienen las tasas de interés elevadas e inestables. Críticas a las tasas altas y al impacto impositivo En ese sentido, Cavallo remarcó la necesidad de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos, al sostener que encarece el crédito y limita el funcionamiento de la economía. “Una economía sin crédito a tasas razonables no puede funcionar bien”, afirmó. El exministro evaluó los primeros dos años de gestión del Gobierno y destacó la desaceleración de la inflación, aunque advirtió que aún falta una secuencia adecuada de reformas. “Bajar la inflación desde niveles de hiperinflación es relativamente sencillo; lo complejo es alcanzar una estabilidad completa y sostenible”, señaló. El cruce con Milei y el debate sobre el dólar Cavallo también se refirió al cruce que mantuvo tiempo atrás con el presidente Javier Milei por el nivel del tipo de cambio. Explicó que sus advertencias sobre un posible atraso cambiario apuntaban a fortalecer el programa de estabilización y no a cuestionarlo. “Usar el tipo de cambio para acelerar la baja de la inflación puede traer consecuencias más adelante”, alertó. Por último, sostuvo que el actual valor del dólar no refleja un equilibrio de mercado con plena libertad financiera y volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia un esquema que permita mayor acceso al crédito, especialmente a mediano y largo plazo. De cara a 2027, estimó que la inflación mensual podría ubicarse en niveles muy bajos, similares a los registrados en 1993, siempre que se corrijan los precios relativos y se habilite la convertibilidad de la moneda. Ámbito

El Presidente pretende ir al norte en el marco de su gira por las provincias para agradecerle al electorado el resultado electoral de las elecciones legislativas 2025. El 19 de marzo, luego de su paso por Argentina Week en Manhattan, el presidente Javier Milei tiene previsto pisar la provincia de Tucumán en el marco del Tour de la Gratitud, después de que los diputados de Independencia Gladys Medina y Elia Fernández, que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, hubieran votado a favor de la reforma laboral. Se trata de una nueva fecha en la gira federal que encabeza el Presidente, y en la que busca agradecer a sus votantes el resultado de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre. Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, parte del equipo de logística y comunicación de La Libertad Avanza ultima detalles para que en la provincia del norte Milei haga una nueva presentación de este tour que lo tiene como protagonista, saludando a la militancia y a los simpatizantes de su gestión. El 19 de marzo es la fecha elegida siempre y cuando no haya modificaciones a último momento. “Está todo en marcha”, dicen en el oficialismo, aunque siempre dejan abierta alguna posibilidad de que el evento se suspenda ante un hecho puntual que afecte la agenda. De todos modos, las fuentes indicaron a esta agencia que el gobernador Jaldo no será de la partida. Con megáfono en mano y la intención de mostrar cercanía con el votante, el jefe de Estado pretende replicar el esquema de presentaciones en territorio peronista. Este tipo de actividades fueron una constante durante la campaña electoral y, tras la contienda que consagró a su espacio político, se repitieron en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. En los pasillos de Casa Rosada ya daban por hecho en diciembre que el economista iba a continuar en un formato de “campaña permanente”, con el ‘Tour de la Gratitud’. Siempre acompañado por su hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y por funcionarios de su confianza. La última fecha del tour fue el 26 de enero en la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde el economista agradeció el respaldo electoral que tuvo en el principal distrito y vinculó ese apoyo con la continuidad de su proyecto político. “Quiero darles las gracias, porque allá en septiembre, cuando tuvimos el traspié, en esta sección ganamos y fue en base a la reconstrucción”, expresó en aquella oportunidad. “Estamos cumpliendo todas las promesas que hicimos en campaña. Hemos aprobado el Presupuesto con déficit cero. El déficit cero es política de Estado y se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, lanzó por entonces.

El senador chaqueño de Unión por la Patria Jorge Capitanich expuso este jueves ante el plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación sus objeciones al proyecto de Reforma Laboral, cuestionando el contenido sustancial de la iniciativa. Capitanich sostuvo que la reforma afecta gravemente los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, la organización de la justicia laboral y la situación fiscal de las provincias. Estimó que el impacto alcanza a 2.300 municipios, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y advirtió que la iniciativa no generará empleo sino que, por el contrario, agravará el déficit fiscal y deteriorará la actividad económica. Entre los puntos más cuestionados, Capitanich señaló la modificación de la jornada laboral, recordando que la Argentina ya figura entre los países de la región con mayor cantidad de horas de trabajo semanales y anuales, en un contexto en que el resto del mundo tiende hacia las 35 horas. También objetó la flexibilización en la liquidación de vacaciones e indemnizaciones, la reducción de derechos colectivos, la prioridad otorgada a los convenios por empresa por sobre los convenios por actividad, la eliminación de la ultraactividad y el deterioro del salario mínimo vital y móvil. El senador también cuestionó lo que calificó como una reforma tributaria regresiva, especialmente en materia de impuestos internos, y reclamó una explicación sobre un párrafo incorporado en el artículo 190 del proyecto que reduce las alícuotas del impuesto a las ganancias para grandes empresas, señalando que dicha modificación no fue debidamente aclarada durante el debate en el recinto. Como alternativa, Capitanich propuso centrar la política de formalización laboral en una reducción significativa de las contribuciones patronales para micro, pequeñas y medianas empresas, un universo que abarca entre 359.000 y 480.000 firmas y que representa el 77% de la informalidad total. Consideró que esa vía sería más eficaz y menos lesiva para los derechos de los trabajadores. Al cierre de su intervención, el legislador reafirmó que su bloque mantendrá sus objeciones en el recinto y reiteró su compromiso con los principios del derecho laboral, citando la declaración de la Organización Internacional del Trabajo de 1944, que establece que el trabajo no es una mercancía.

El economista Federico Poli advirtió que el actual camino hacia la “inflación cero” puede derivar en una crisis social de magnitud histórica. El economista Federico Poli advirtió sobre un peligroso proceso de desindustrialización en Argentina, impulsado por políticas que combinan un marcado atraso cambiario con tasas de interés elevadas que asfixian la rentabilidad empresaria. En diálogo con Splendid AM 990, dijo que uso del tipo de cambio como ancla inflacionaria actúa, en los hechos, como un subsidio a las importaciones y un impuesto encubierto a la producción local. “El atraso cambiario actúa como un impuesto sobre las exportaciones y un subsidio a las importaciones”, afirmó Poli, señalando que este escenario ya se refleja en el achicamiento y cierre de empresas líderes en sectores como la siderurgia y el textil. Para revertir este escenario de desocupación creciente, Poli propone corregir los precios relativos y aplicar medidas de resguardo comercial, como cuotas o derechos antidumping, especialmente frente a la competencia de China. El especialista argumentó que, ante un capitalismo de Estado como el asiático, no basta con competir por precios, sino que el Estado debe intervenir para proteger el mercado interno. “Con China, yo lo que creo es que no hay otro modo que cuotificar el mercado”, sostuvo, mencionando que la Organización Mundial del Comercio permite el uso de salvaguardias cuando el daño a la industria local es inminente. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el análisis también destaca la falta de un esquema de crédito productivo que permita una transición genuina hacia la competitividad. Poli criticó la visión oficial de que la desaparición de empresas dará lugar automáticamente a nuevos emprendimientos, señalando que la destrucción de capital humano y productivo es difícil de recuperar. “No hay crédito en Argentina; nosotros naturalizamos que el capitalismo funciona sin crédito”, cuestionó el economista, enfatizando que sin políticas de Estado que acompañen al sector privado, cualquier intento de reconversión será fallido. Finalmente, el economista alertó que el actual camino hacia la “inflación cero” puede derivar en una crisis social de magnitud histórica debido al desplome del consumo y la actividad. Poli trazó un paralelismo con planes económicos del pasado que terminaron en explosiones del sector externo y devaluaciones bruscas. “Prefiero tener un poquito más de inflación pero que el proceso sea consistente”, concluyó, advirtiendo que, de profundizarse el modelo, el impacto sobre el empleo transformará a la Argentina en una sociedad inviable.

En la investigación se determinó que las personas acusadas administraban una financiera que funcionaba sin habilitación del Banco Central para la compraventa de divisas. Con el dinero se adquirieron equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas que se destinaron a centros de salud municipales. A instancias de la Sede Fiscal Descentralizada de Venado Tuerto, los administradores de una financiera que operaba en esa ciudad del sur de la provincia de Santa Fe en la compraventa de divisas sin habilitación del Banco Central (BCRA) acordaron entregar equipamiento médico valuado en 30 millones de pesos a los centros de salud municipales, en el marco de un acuerdo de suspensión del juicio proceso a prueba que fue homologado por el juez federal de garantías Aurelio Cuello Murúa. La suspensión del proceso a prueba se dispuso por el plazo de dos años y además se les impuso a las personas imputadas -entre otras obligaciones durante ese lapso- abstenerse de ofrecer servicios de compraventa de moneda extranjera y préstamos personales. La entrega de los bienes ya se hizo efectiva e incluyó equipos de electrocardiograma, desfibriladores y balanzas pediátricas. El legajo se inició en junio de 2024 a instancias del fiscal federal Javier Arzubi Calvo, entonces titular de la Sede Descentralizada de Venado Tuerto y en la actualidad con funciones de coordinación de la Fiscalía de Distrito Rosario. A partir de un robo ocurrido a fines de ese mes en una vivienda ubicada en la calle Cabral 4 de esa ciudad, ordenó iniciar una investigación de oficio con el objeto de corroborar si allí se realizaban maniobras de intermediación financiera no autorizada. En esa oportunidad, los asaltantes se alzaron con una suma cercana a los 3,5 millones de pesos y 3.500 dólares, además de teléfonos celulares. Las víctimas, luego imputados, fueron identificados como Edgardo U. y Marcela G. Tras una serie de medidas, allanamientos y consultas con el BCRA, se estableció que en el lugar se realizaban operaciones de cambio de divisas sin autorización. En efecto, en el domicilio se hallaron máquinas de contar dinero, celulares, computadoras y documentación. Acuerdo Una vez que avanzó la pesquisa y se determinaron las circunstancias de los hechos, el 12 de junio de 2025 el titular de la Sede Fiscal Descentralizada Venado Tuerto, Federico Reynares Solari, y la fiscal coadyuvante Daniela Ghiorzi formalizaron la investigación a los propietarios de la vivienda por realizar intermediación financiera sin autorización legal. En enero de este año, los representantes del Ministerio Público Fiscal alcanzaron un acuerdo con los imputados y su defensa particular para la suspensión del proceso a prueba, alternativa que el Código Procesal Penal Federal (CPPF) contempla para la resolución de casos como este. Tras habilitar los plazos procesales suspendidos por la feria judicial, el acuerdo fue homologado por el juez Cuello Murúa en una audiencia celebrada el 15 de enero pasado, de la que participaron, además de las partes, funcionarios de la Municipalidad de Venado Tuerto como beneficiarios de la entrega del equipamiento. Como parte del acuerdo, ambos imputados debieron aportar 15 millones de pesos cada uno en equipamiento médico, lo que totalizó una donación de 30 millones de pesos al área de salud municipal, “equivalentes al perjuicio ocasionado al sistema económico y financiero”. Fiscales

La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional resolvió que no existió delito en el cruce ocurrido durante la apertura de sesiones del 1° de marzo de 2025. La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo por inexistencia de delito en la causa por presuntas amenazas que le había iniciado el diputado nacional Facundo Manes tras un cruce en el Congreso. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la denuncia había sido presentada por el legislador radical luego del episodio ocurrido el 1° de marzo de 2025, durante la apertura de las sesiones ordinarias encabezada por el presidente Javier Milei. En primera instancia, el juez Ariel Lijo había dispuesto el archivo de las actuaciones por presuntas amenazas coactivas, decisión que fue apelada por Manes. Finalmente, el tribunal de alzada confirmó el criterio del magistrado y dictó el sobreseimiento por “inexistencia de delito”, en los términos de los artículos 213 inciso d y 195, segundo párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación. La causa fue remitida nuevamente al juzgado de origen. Según el relato del diputado del bloque “Democracia para Siempre”, Caputo lo habría intimidado dentro del edificio del Congreso luego de que interrumpiera en varias oportunidades el discurso presidencial. Manes aseguró que el asesor se le acercó de manera “muy intimidante”, apoyó su mano sobre su rostro y le dijo frases como: “Vos, para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio” y “ya me vas a conocer a mí”. También sostuvo que desde un balcón le habría gritado: “¿No me escuchás? ¡Ya me vas a escuchar!”. En su presentación judicial, el referente de la UCR pidió ser tenido como querellante y reclamó que la Justicia federal investigara de manera urgente lo sucedido. Sin embargo, la Cámara concluyó que los hechos denunciados no configuraron un delito penal, cerrando así el expediente.