El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, criticó la aprobación de la reforma laboral en la Cámara baja. Aseguró que el oficialismo “impone” y no busca consensos, sostuvo que la norma “implica quita de derechos” y advirtió sobre un escenario de mayor precarización. El proyecto volverá al Senado con modificaciones. El diputado nacional por Chaco, Aldo Leiva, cuestionó la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y sostuvo que el tratamiento se realizó sin el debate necesario. En diálogo con CIUDAD TV, afirmó que el oficialismo logró avanzar “a partir de sus cómplices” y que la votación por capítulos limitó la discusión. “Yo también esperaba que fuera más larga, pasa que el oficialismo a partir de sus cómplices logró que se votara por capítulos”, expresó el legislador del Frente de Todos sobre la sesión del jueves. Consideró que fue “muy lamentable” la exposición del miembro informante y señaló que “no tuvo respuesta y a la hora del cierre que le correspondía también al presidente del bloque libertario, optó por no hacer uso de la palabra”. Según Leiva, el tratamiento acelerado responde a una estrategia. “Cuando se sancionan las leyes como esta, siempre la hacen a las apuradas, siempre la hacen tratando de que la gente se entere lo menos posible y eso es lo que sucedió”, afirmó. Definió la norma como “una ley retrógrada, que no va a generar empleo, que sin duda va a acentuar la precarización laboral”. En ese marco, sostuvo que la iniciativa “implica quita de derechos” y que “acentúa desigualdades para el presente y para el futuro”. Lamentó que “en nombre del trabajo, en nombre de la libertad avancen de esta manera”. Consultado sobre el clima posterior a la votación, indicó que comparte la percepción de malestar en el sector. “Hoy Argentina avanzó un paso más hacia la injusticia, avanzó un poco más hacia la precarización y avanzó un poco más hacia el futuro oscuro que se ve fundamentalmente para nuestra juventud”, manifestó. También expresó su decepción con legisladores de su espacio político que acompañaron la iniciativa. “Me siento muy decepcionado con quienes llegaron por nuestro espacio político de Tucumán, de Salta y de Catamarca”, señaló, y cuestionó las justificaciones brindadas. “Con el cuento de que los gobernadores le dieron la orden, a algunos le dolió la panza, a otro le llamó la mamá, otro le agarró ganas de pipí y terminaron votando a favor de este verdadero engendro o se abstuvieron”, afirmó. Críticas al oficialismo y estrategia futura Leiva sostuvo que el oficialismo “no dialoga” e “impone”. “El oficialismo no busca consensos, aprieta; el oficialismo no busca leyes que favorezcan al conjunto de la sociedad argentina, solamente le interesa generar las condiciones para unos pocos”, expresó. No obstante, indicó que continuará trabajando desde su espacio político. “Lo veo con preocupación, pero también con las convicciones y con la fuerza necesaria para seguir trabajando, para seguir poniendo nuestra voz en favor del Chaco y del país”, dijo. Agregó que, a su entender, el proceso “va a dejar secuelas muy duras para la sociedad argentina en general, para el Chaco en particular”. El legislador señaló que la iniciativa volverá al Senado y consideró que esa Cámara “seguramente tiene los números como para poder avanzar”. De cara al inicio del período ordinario el 1 de marzo, afirmó que seguirán planteando su postura. “Nosotros lo que al Chaco se refiere, vamos a estar siempre defendiendo los intereses de nuestra provincia”, indicó. También aseguró que están “siempre predispuestos” a colaborar con el gobierno provincial. “El actual gobernador nunca nos llamó, pero nunca es tarde, así que estamos aquí prestos a colaborar siempre con nuestra provincia. Si al Chaco le va bien, seguramente nos va a ir bien a todos”, sostuvo. Leiva recordó antecedentes como el tratamiento del DNU 70 y la Ley Bases, y afirmó que continuarán “poniendo el hombro” para insistir en que el rumbo adoptado “no conduce a buen puerto”. En ese sentido, señaló que quienes se consideren perjudicados “van a tener la posibilidad de ir a la Justicia, a no bajar los brazos, a estar en la calle” y afirmó que desde su espacio acompañarán esos reclamos. “Sepan que nosotros siempre van a encontrar a hombres y mujeres dispuestos a acompañarlos en la lucha”, concluyó.
Autor: Redacción General
El juez laboral Ariel Brest hizo lugar a una medida presentada por un grupo de exempleados y ordenó a la firma Alal depositar – en el Banco de Corrientes en un plazo de diez días – $142 millones para garantizar el pago del 50% de las indemnizaciones. La Justicia laboral dictó un revés para la empresa Alal en el marco del conflicto por los 260 despidos. El juez Ariel Brest hizo lugar a una medida autosatisfactiva promovida por trabajadores y ordenó el depósito de una suma millonaria destinada a cubrir parte de las indemnizaciones adeudadas. Según la resolución judicial, la firma deberá depositar 142 millones de pesos en el Banco de Corrientes en un plazo de diez días, monto que garantizaría el pago del 50% de las indemnizaciones correspondientes. Embargo y garantía de pago El magistrado consideró acreditada la mora del empleador en el cumplimiento de sus obligaciones laborales. En ese contexto, dispuso además el embargo de bienes de la compañía por el monto reclamado. La medida establece que, en caso de incumplimiento, los bienes embargados podrán ser rematados para asegurar que los trabajadores perciban al menos una parte de lo que les corresponde por ley. La empresa había comunicado a los empleados despedidos que abonaría solo el 50% de la indemnización prevista, pero hasta el momento no efectuó ningún pago, lo que motivó la intervención judicial. Reclamo en curso Si bien la resolución garantiza el cobro parcial, los trabajadores continuarán con el proceso judicial para reclamar el pago total de las indemnizaciones. El caso se inscribe en un contexto de alta conflictividad laboral y vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad empresarial frente a despidos masivos y el rol de la Justicia en la protección de los créditos laborales. Perfil Nea
En una semana corta, el dólar oficial bajó 25 pesos y cotizó este viernes 20 de febrero a $ 1.395. El blue, en tanto, bajó $ 10 y cotizó a $ 1.430. Por su parte, los dólares financieros suben levemente y se comercializan a $ 1.407,10 el MEP y $ 1.447,60 el CCL. Además, el dólar mayorista se vende a $ 1.396,50. Cotización del dólar oficial El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas. Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este viernes 20 de febrero cotiza en el Banco Nación a: Compra: $ 1.335Venta: $ 1.395 Cotización del dólar blue El precio del dólar blue sigue variando esta semana. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este viernes 20 de febrero de 2026, el dólar blue cotizó a: Compra: $1.410Venta: $1.430 Pese a esto, cabe recordar que este es sólo un valor de referencia, y que el precio final puede cambiar dependiendo del lugar y la persona con la que se realice la operación. Además, debido a su naturaleza informal, no existe una cotización oficial del dólar blue, por lo que los valores pueden diferir entre las distintas fuentes. Cotización del dólar MEP El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización se obtiene de la compraventa de bonos argentinos nominados en pesos y dólares, y este viernes 20 de febrero se negocia en $ 1.407,10. Cotización del dólar CCL El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación y sintió el impacto del anuncio de los Estados Unidos. Este viernes 20 de febrero de 2026 cotiza a $ 1.447,60. El Destape
Este viernes, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Redes de Salud- Este, llevó adelante un nuevo operativo de abordaje territorial en el barrio San Antonio, en la zona sur de Resistencia, con la participación de distintos programas y equipos de salud que acercaron servicios y atención directa a los vecinos. Durante la jornada se brindaron prestaciones vinculadas a la salud, controles preventivos, asesoramiento y acciones de promoción, en el marco de una estrategia de descentralización que busca acercar el Estado a los barrios. Federico Urrutia, médico veterinario del programa provincial “Dejando Huellas”, explicó que el operativo incluyó vacunación antirrábica, desparasitación y atención general para mascotas. “Estamos acompañando este abordaje territorial con distintas áreas del Gobierno, acercando también servicios veterinarios para quienes muchas veces no tienen acceso cercano a este tipo de atención. La convocatoria fue muy grande y muchos vecinos se acercaron con sus animales”, señaló. El profesional destacó además la importancia de estas acciones para la salud. “La vacunación antirrábica es fundamental, porque la rabia es una zoonosis que afecta tanto a los animales como a las personas. Por eso trabajamos con el concepto de una sola salud, promoviendo el cuidado responsable de las mascotas y el bienestar animal”, afirmó. En ese sentido, remarcó que este tipo de operativos permiten llegar a sectores alejados del centro de la ciudad y brindar asistencia a familias que, por distintas razones, no pueden trasladarse a centros veterinarios o espacios de atención. Por su parte, la directora de Odontología de la provincia, Luciana Corsi, quien participó junto al subsecretario de Salud Marcelo Ojeda, destacó la gran convocatoria registrada en el barrio y el trabajo preventivo que se realiza durante estas jornadas. “Estamos realizando controles odontológicos, certificados bucodentales y enseñando técnicas de cepillado. Además, entregamos cepillos y pasta dental a los chicos en el marco del programa de promoción de la salud bucal”, explicó. Corsi subrayó que la descentralización de los servicios es clave para facilitar el acceso a la atención. “Muchos vecinos, por falta de tiempo o movilidad, no pueden acercarse a los centros de salud. Por eso es importante que los equipos salgan al territorio, detecten problemas y orienten a las familias sobre los pasos a seguir”, indicó. Asimismo, explicó que durante los operativos se identifican casos que requieren tratamiento posterior, especialmente en niños con caries u otras afecciones bucales, quienes luego son derivados a los centros de salud para su atención. Desde la organización destacaron la importante participación de la comunidad y señalaron que estos operativos continuarán realizándose en distintos barrios, con el objetivo de fortalecer la prevención, mejorar el acceso a la salud y acompañar a las familias en su propio entorno.
El diputado nacional por Chaco, Guillermo Agüero, se refirió en CIUDAD TV a la aprobación de la reforma laboral en la Cámara baja. Sostuvo que el proyecto “avanza muchísimo en adecuar a los tiempos actuales” y destacó la eliminación del artículo 45, los incentivos a la formalización y las medidas para pymes. También cuestionó los episodios de agresividad durante la sesión y consideró que la iniciativa busca “generar mayor empleo” con reglas claras y estabilidad macroeconómica. Agüero se refirió al debate en el recinto y consideró lógico que existan diferencias ideológicas “donde se pueden confrontar ideas con vehemencia”. Sin embargo, marcó un límite respecto al clima de la sesión del jueves: “Lo que no es aceptable es cuando se pasa un nivel de agresividad o de descalificación o desacreditación que termina no solamente complicando una sesión, sino que termina generando en la gente en general una imagen un poco negativa del Congreso”. En ese sentido, aclaró que se trató de “un grupo pequeño de legisladores” y remarcó que “la gran mayoría estábamos escuchando con sumo respeto cada una de las posiciones”. Agüero afirmó que el debate debe darse “en consenso, en respeto al disenso y después al final tomar la decisión en la íntima convicción de que es lo mejor que uno entiende para el país y para los argentinos”. Cambios introducidos y trámite en el Senado Teniendo en cuenta que el proyecto ya fue girado a la Cámara alta, Agüero sostuvo que, según el “poroteo”, habría números para su aprobación. “Hoy se está girando ya al Senado, se va a dictaminar hoy y se trata la semana que viene antes del vencimiento del período extraordinario. En principio los números están dando para la aprobación”, señaló. Destacó que uno de los puntos que facilitó el acuerdo fue la eliminación del artículo 45, que modificaba el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo en relación con las licencias por enfermedad. “Rápidamente el Gobierno nacional lo dio de baja, entendió que era una cuestión de redacción que generaba controversia en temas como enfermedades terminales o enfermedades difíciles, complejas, enfermedades crónicas y se lo sacó”, indicó. Tras esa decisión, aseguró que “ahí se acompañó el proyecto desde las distintas bancadas aliadas”. Para Agüero, la norma representa una adecuación del marco jurídico vigente. “Es una ley que avanza muchísimo en adecuar a los tiempos actuales y dar un marco normativo a las relaciones laborales del siglo XXI”, afirmó. Recordó que el régimen vigente data de 1974 y que muchos convenios colectivos son de 1975. “Hay una cantidad de factores sociales, culturales, económicos que han transformado la relación laboral, fundamentalmente cambios tecnológicos, cambio en las relaciones de consumo y había que adecuar la normativa a los nuevos tiempos”, expresó. Planteó además que el proceso será dinámico: “Hay cosas que se van a ir trabajándolo año a año o un período de bienio porque acá aparecen fenómenos nuevos, disruptivos, tales como la inteligencia artificial que en los próximos años van a volver a reconfigurar una cantidad de relaciones laborales”. Según explicó, el objetivo central es “generar mayor empleo, mayores puestos de trabajo para los jóvenes y para los adultos” y brindar previsibilidad para que las empresas contraten. “Dar un marco normativo adecuado para que las empresas pierdan el miedo a contratar nueva gente, que es un fenómeno que se da sobre todo en las pymes”, sostuvo, y remarcó que Chaco tiene un amplio universo de empresas del sector. Incentivos y formalización El diputado detalló algunos de los instrumentos incluidos en la ley. Uno de ellos es el régimen de incentivo a la formalización laboral, que prevé para quienes incrementen su planta una reducción de entre el 80 y el 85% de las contribuciones patronales durante cuatro años. “Es una medida de fomento al empleo”, señaló. También mencionó beneficios para empleadores con trabajadores no registrados: “Quien tenga empleados en la informalidad tiene una disminución de más del 70% de todas las multas, sanciones, extinción de la acción penal y es un incentivo fuerte a incorporar esa persona a la formalidad”. Agüero remarcó que “tenemos más de 9 millones de argentinos en la informalidad” y que desde 2015 no crece el empleo registrado. “Hoy no le sirve ni al empleado ni al empleador esta cuestión. Se paga casi un sueldo y medio más; si se paga 1,5 el empleado recibe uno. No le sirve al empleador porque el costo es altísimo y no le sirve al empleado porque no le alcanza”, graficó. El legislador vinculó la reforma laboral con otras medidas orientadas a la actividad económica, como la apertura comercial y acuerdos internacionales. Señaló que se avanza en acuerdos como el de la Unión Europea-Mercosur y uno suscripto con Estados Unidos, aunque advirtió que deben implementarse “con muchísimo cuidado” para contemplar la especificidad de cada sector. Planteó que la reforma busca “dinamizar un poco más la microeconomía y mejorar los niveles de actividad económica, sobre todo en el interior profundo” y subrayó la necesidad de “desarrollar el sector privado”. Entre otras herramientas, mencionó el régimen de incentivo a las medianas inversiones (RIMI), destinado a proyectos de entre 150.000 y 9 millones de dólares, con mecanismos de amortización acelerada y devolución de IVA. Asimismo, sostuvo que la competitividad requiere estabilidad macroeconómica, reducción de la inflación, baja de tasas de financiamiento y disminución de la presión impositiva. “En la provincia hicimos una fuerte baja de ingresos brutos”, indicó, y planteó que debe avanzarse en un esquema de reducción tributaria. “Un proceso gradual” Agüero remarcó que la reforma laboral no es una medida aislada. “No es la única medida que va a generar más empleo. Esto es en un marco de una serie de acciones que deben encararse”, afirmó. Reconoció que el impacto no será inmediato: “No es inmediato, es un primer paso y a partir de ahora se va a ir trabajando en los plazos que determina la ley y que se van a ir dando a partir de la reglamentación”. En ese marco, insistió en que
El Índice Líder que elabora la entidad busca anticipar los cambios de ciclos económicos, y marca que la actividad no tendrá el repunte previsto. La probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos 6 meses se ubica en 99%. Así surge de un informe del Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella. Se trata de un indicador que busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico que en enero registró una caída de 0,58% en su versión desestacionalizada. Según destaca el informe, el IL está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) “en una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos”. Los diez componentes del índice son: “La caída del IL de enero se atribuye principalmente a la disminución de los índices bursátiles, los índices de producción industrial y la recaudación de IVA en términos reales”, señaló el investigador de la casa de estudios, Martín González Rozada. Cuáles fueron los últimos datos oficiales de la actividad económica Los últimos datos que conocemos del INDEC relevan que, en el tercer trimestre de 2025, el PBI, en comparación con el período anterior, mostró un incremento de 0,3%, pero la medición previa, durante el segundo trimestre del año pasado, registró una leve contracción del 0,1% desestacionalizado frente al primer trimestre. A su vez, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 0,4% y 0,3% en octubre y noviembre, respectivamente, siempre en comparación con el mes anterior. Los expertos señalan que sigue cayendo la actividad de sectores altamente relevantes para la actividad total y para el empleo, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio; y también se están estancando los salarios y sigue habiendo pérdida de puestos formales. Entonces se espera mayor estancamiento de la demanda que conduzca a un menor nivel de actividad. Ámbito
Una explosión se desató en la Escuela Superior de Gendarmería este viernes al mediodía en el barrio de Monserrat. Ocurrió luego de que personal de la institución manipulara un paquete que había llegado hace cuatro meses al lugar. Hay cuatro efectivos heridos. Fue este mediodía en el edificio donde se encuentra la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Grl Br D Manuel María Calderón en Paseo Colón al 500, cerca de la intersección con México. El comandante mayor retirado Diego Gasparutti se acercó al edificio para saludar a sus compañeros, ya que mañana es el aniversario de la creación de la Escuela Superior en 1957, y buscar parte de sus pertenencias. En el pasado, Gasparutti había sido director de la institución. Al subir al piso 11, le otorgaron una encomienda del tamaño de un libro y, en el camino, se encontró con el comandate mayor de apellido Morillo, ahora a cargo de la Escuela. Fue en medio de la conversación que Gasparutti abrió el paquete. Estalló instantáneamente, producto de la apertura del envoltorio. Junto a la encomineda se encontraban otros dos paquetes que también fueron recibidos, pero no se abrieron. Sin embargo, más tarde fueron analizados por la Policía Federal, que realizó una inspección preventiva en el lugar, y concluyó que no tenían explosivos. A las 13.24 llamaron al Sistema de Atención de Emergencias Médicas (SAME), que atendió a los cuatro heridos. Gasparutti y Morillo fueron trasladados al Hospital Argerich con quemaduras. En tanto, el tercer herido recibió control clínico en el lugar y el cuarto fue asistido con oxígeno. Todos se encuentran fuera de peligro. Un gran operativo se realizó en la cuadra de parte de la Policía de la Ciudad, que perimetró la zona. En tanto, la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal se presentaron en el lugar. En total se evacuaron a 320 personas: 120 del edificio de Paseo Colón al 533 y 200 del edificio contiguo de la misma calle al 525. El corte de calle generó demoras en la zona, principalmente en las avenidas Belgrano e Independencia. La escuela de la GNA es el lugar donde los gendarmes, que son oficiales, hacen los cursos para ascender dentro de la carrera de Gendarmería. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se acercó a las inmediaciones, donde estuvo aproximadamente 20 minutos. La Nación
El ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de la provincia, Julio Ferro, se refirió a la puesta en marcha del régimen de Retiro Voluntario Móvil destinado a agentes de la administración pública provincial. Según explicó, el sistema ya se encuentra plenamente operativo y puede ser consultado a través de la plataforma digital del Estado. La medida alcanza a trabajadores de la administración central y descentralizada que cuenten con al menos 10 años de aportes en el Estado provincial. Para conocer las condiciones y realizar el cálculo estimado del beneficio, los agentes deben ingresar al aplicativo disponible en la plataforma Tu Gobierno Digital, donde el sistema permite simular el monto que correspondería según la edad, la antigüedad y los aportes realizados. En ese sentido, detalló que el beneficio contempla porcentajes que van desde el 50% hasta el 75% del salario, dependiendo de la edad y los años de servicio del agente en la administración pública. De esta manera, quienes opten por el retiro podrán continuar percibiendo una remuneración mensual, mantener su cobertura social y seguir realizando aportes hasta alcanzar las condiciones necesarias para acceder a la jubilación ordinaria. El ministro señaló que la iniciativa busca brindar a los trabajadores la posibilidad de iniciar una nueva etapa personal o laboral, al tiempo que permite al Estado provincial avanzar en un proceso de reorganización y optimización de recursos dentro de la administración pública. Asimismo, indicó que el interés por el programa ha sido significativo desde su anuncio, con numerosas consultas de agentes de distintos organismos del Estado. Incluso, explicó que la normativa prevé que otras jurisdicciones puedan adherirse al régimen, siempre que así lo dispongan sus respectivas áreas. En cuanto a las excepciones, el funcionario aclaró que el régimen no alcanza al escalafón docente ni al personal policial, debido a que cuentan con sistemas y regímenes propios. En el caso del sistema de salud, explicó que en principio el personal que cumple funciones asistenciales directas no está incluido, salvo que el Ministerio de Salud determine de manera fundada que se trata de áreas que no resultan críticas. Finalmente, desde el Gobierno provincial invitaron a los agentes interesados a ingresar al sistema digital para informarse y evaluar su situación particular, destacando que se trata de una herramienta pensada para acompañar a los trabajadores y, al mismo tiempo, fortalecer el ordenamiento del Estado.
El mandatario republicano dijo que aplicará una normativa interna que le permitiría sortear la negativa del máximo tribunal estadounidense. Se excusó en el artículo 122 de la ley de Comercio de 1974, el cual, según dijo, le permitirá aplicará por un período de 150 días los nuevos aranceles, que se sumarán a los valores que regían hasta ahora. El presidente de EE.UU, Donald Trump, anunció este viernes un nuevo arancel a la importación de productos en busca de sortear el fallo de la Corte Suprema estadounidense. La tarifa será del 10% y se aplicará “en general” a todos los productos que provengan del extranjero. El republicano se excusó en el artículo 122 de la ley de Comercio de 1974, el cual, según dijo, le permitirá aplicará por un período de 150 días los nuevos aranceles, que se sumarán a los valores que regían hasta ahora. La ley permite al presidente estadounidense imponer tarifas de hasta el 15% durante un máximo de 150 días sobre aquellos países con problemas “graves y importantes” de balanza de pagos. Asimismo, no le exige al Poder Ejecutivo investigaciones ni tampoco obliga a tomar otras limitaciones procedimentales. “Tenemos alternativas, grandes alternativas”, dijo Trump tras el fallo y agregó: “Podría ser más dinero. Recaudaremos más dinero y seremos mucho más fuertes por ello”. “Con vigencia inmediata, todos los aranceles de seguridad nacional bajo la Sección 232 y los aranceles existentes bajo la Sección 301 permanecen vigentes”, señaló el magnate en una conferencia de prensa en la que añadió: “Hoy firmaré una orden para imponer un arancel global del 10% bajo la Sección 122, además de nuestros aranceles normales ya vigentes”. A su lado,, el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Lee Greer, confirmó que además de la sección 122 evalúan otras opciones. “Tenemos muchas herramientas disponibles. Tenemos la Sección 122, que se firmará hoy… Tenemos investigaciones de la Sección 301… vamos a seguir abordando esto para que el déficit pueda continuar bajando”, dijo. Respecto del fallo, Trump lo calificó de “profundamente decepcionante” y apuntó contra los seis jueces que votaron en su contra. “Me avergüenzo de ciertos miembros de la Corte por no tener la valentía de hacer lo correcto para nuestro país”, dijo. Ámbito
Aceiteros, UOM, ATE, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos le reclamarán a la central obrera una mayor medida de fuerza contra la reforma laboral. También apuntan contra los senadores y diputados que llegaron a sus bancas en boletas del justicialismo y “en contra de MIlei” y que ahora “traicionaron” a su electorado al apoyar una de sus principales iniciativas. Horas después de la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, el secretario general de la Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón, Daniel Yofra, pidió “profundizar el plan de lucha” de la CGT y aadelantó que el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) le pedirá a la central obrera que “convoquen a un paro de 36 horas” cuando el Senado trate la iniciativa. El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, fue en esa sintonía y desafió: “Si el gobierno espera espera que los trabajadores nos resignamos, eso no va a pasar”. “Vamos a hablar con el triunvirato de la CGT para que convoquen a un paro de 36 horas. Si no lo hacen, iremos a un paro nosotros con el Frente de Sindicatos Unidos”, señaló Yofra en declaraciones a FM Re. El frente está integrado por ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras. En esa sentido, siguió: “Los dirigentes de la CGT estaban esperanzados en los políticos porque supuestamente tenían los números. Y ahora están esperanzados en la Justicia. Y después van a estar esperanzados en una marcha a San Cayetano. Eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. El sindicalismo se tiene que empoderar más allá de los partidos políticos”. La reforma laboral ya tiene dictamen en Senado y sería ley el próximo viernesPara el dirigente, el proyecto aprobado por la medianoche anula la posibilidad de “defenderse” a los sindicatos, en medio de un contexto de creciente conflictividad gremial y social. “Nos quita la posibilidad de defendernos, de poder hacer una huelga, una asamblea. También afecta a cada trabajador con el fraccionamiento de las vacaciones, el banco de horas y el fin de las horas extra”, agregó. Yofra también apuntó contra los senadores y diputados que llegaron a sus bancas en boletas del justicialismo y “en contra de MIlei” y que ahora “traicionaron” a su electorado al apoyar una de sus principales iniciativas. “La traición de los senadores y diputados que decían que iban a ir en contra de Milei y ahora no sólo no fueron contra Milei sino que fueron contra los trabajadores”, planteó. Y luego siguió: “No culpo al que votó a Milei porque los políticos son encantadores de serpientes. Si votaste a Alberto Fernández, a Cristina, a Macri no importa, salí a pelear por tu clase. Tenemos el 90% de los trabajadores registrados por debajo de la línea de pobreza”. Por su parte, Aguiar destacó que con la medida de fuerza de este jueves “quedó demostrado que el pueblo argentino quiere luchar” y resaltó que la reforma laboral “es criminal” y que “atenta con la constitucional nacional”. No reparó en llamar “delincuentes” a los funcionarios del gobierno nacional y reflexionó: “Ni siquiera en la dictadura existió”. En diálogo con El Destape 1070, el dirigente gremial se refirió al reclamo por una medida de fuerza que llegue al día y medio y al respecto cargó: “Si el gobierno espera espera que los trabajadores nos resignamos, eso no va a pasar. Paro de 36 horas de los sindicatos que integran el FRESU para mantener el plan de lucha”. El Destape
Será una nueva obra financiada con recursos provinciales provenientes de las subastas. El Gobierno del Chaco avanza en la refacción integral del Centro Odontológico Santa Apolonia, ubicado en el barrio Provincias Unidas de Resistencia, con el objetivo de transformarlo en un centro de referencia provincial y único en la región para la atención odontológica de personas con discapacidad, especialmente con neurodivergencias. El anuncio lo realizó este viernes el gobernador Leandro Zdero, acompañado por la Secretaria General de Gobierno, Carolina Meiriño; el ministro de Salud Sergio Rodríguez; la presidente del IPRODICH, Ana Mitoire y el subsecretario de Obras Públicas, Jorge Nocenti. Este establecimiento había sido cerrado en 2024, luego de que una inspección de Arquitectura Hospitalaria detectara serios problemas de infraestructura edilicia que comprometían la seguridad. A partir de esa evaluación, se decidió avanzar en un proceso de recuperación y puesta en valor del edificio, redefiniendo además su perfil y función dentro del sistema sanitario provincial. El proyecto contempla la creación de un espacio especializado que se integrará al Programa de Abordaje Odontológico para Personas con Discapacidad, que la Dirección de Odontología del Ministerio de Salud viene desarrollando desde hace un año y medio. La iniciativa apunta a cubrir uno de los principales vacíos en la odontología a nivel nacional: la atención específica y adaptada para personas con discapacidad. La propuesta incluye la conformación de una red provincial de profesionales capacitados en las distintas regiones sanitarias, un centro de referencia -que será el Santa Apolonia- y el fortalecimiento de la atención en hospitales claves como el Hospital Odontológico de Resistencia, el Hospital Odontológico de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Hospital Perrando y el Hospital Pediátrico. Actualmente, 30 odontólogos integran la Red Provincial, quienes recibieron capacitación específica durante 2025. En esta etapa, el equipo de referencia atiende a personas con discapacidad en el Hospital Odontológico de Resistencia, y una vez finalizadas las obras se trasladará al renovado Santa Apolonia. Las refacciones contemplan criterios de accesibilidad y la construcción de 5 consultorios odontológicos tradicionales, además de 1 consultorio de mayores dimensiones especialmente adaptado para pacientes con discapacidad motriz. Asimismo, se incorporan equipamientos y técnicas específicas como la sedación consciente con óxido nitroso, convirtiendo a Chaco en la primera provincia del país en contar con este equipamiento y con 6 odontólogos capacitados para su utilización en el sistema público. El Gobierno provincial con este nuevo espacio fortalece una política pública orientada a garantizar el acceso a la salud bucal con enfoque inclusivo, ampliando derechos y generando respuestas concretas para una población históricamente postergada.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia resolvió no hacer lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Fernando Adrián Ayala, quien se encuentra detenido desde abril de 2025 en el marco de una causa por asociación ilícita fiscal y lavado de activos. Los jueces Juan Manuel Iglesias, Enrique Bosch y Fabián Cardozo, consideraron que los riesgos procesales persisten y que no se acreditaron las circunstancias excepcionales que justificarían la medida, pese al impacto emocional que la detención genera en sus hijos menores. Ayala está privado de su libertad desde el 23 de abril de 2025 y ha sido requerido a juicio por los delitos de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe, en concurso real con lavado de activos en calidad de autor. La audiencia preliminar se llevó a cabo el 20 de octubre de 2025 y la causa se encuentra en etapa de admisión de pruebas para el debate oral y público. El pedido de la defensa El defensor particular de Ayala, Pablo Vianello, había solicitado el cese de la prisión preventiva o, en subsidio, la concesión del arresto domiciliario como medida de morigeración de la detención, argumentando que los riesgos procesales se encontraban sustancialmente atenuados. La defensa invocó el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y el test de proporcionalidad, y afirmó que existían alternativas menos lesivas aptas para asegurar los fines del proceso. En su presentación, el letrado destacó que su representado posee arraigo suficiente con domicilio estable en Resistencia, donde reside junto a su esposa e hijos menores, y que durante toda la tramitación del proceso mantuvo una conducta procesal irreprochable, compareciendo ante cada requerimiento judicial sin registrar intentos de fuga ni de entorpecimiento. Respecto a la prisión domiciliaria, fundó su pretensión en el principio del interés superior del niño, alegando que la continuidad del encierro intramuros genera una afectación psicoemocional severa en los hijos del imputado, vinculada a la ausencia paterna. Sin embargo, tanto el Ministerio Público Fiscal como las querellas de la Unidad de Información Financiera y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero se opusieron al pedido. El fiscal sostuvo que la gravedad del delito y la expectativa de pena constituyen parámetros válidos para presumir que el encausado intentará eludir la acción de la justicia, y advirtió que Ayala posee los medios técnicos y económicos necesarios para trasladarse y sustraerse del proceso, riesgo potenciado por la proximidad geográfica de la zona a una frontera nacional. El Ministerio Público Pupilar dictaminó por la prisión domiciliaria El tribunal dispuso la realización de un informe socioambiental en el domicilio del encausado y dio intervención al Ministerio Público Pupilar. El informe social reveló que la familia reside en un departamento propio con todos los servicios básicos, pero que los ingresos mensuales de la esposa resultan insuficientes para cubrir los gastos del grupo, acumulando deudas tras la detención de Ayala. También se informó que los menores quedan solos parte del día debido a la jornada laboral de la madre, sin contar con una red de apoyo familiar. El Ministerio Pupilar se expidió a favor de la concesión de prisión domiciliaria, considerando que la detención había impactado negativamente en la economía y el bienestar emocional de los hijos, quienes carecen de cuidado parental durante la jornada laboral materna. No obstante, tanto la fiscalía como las querellas mantuvieron su postura negativa, argumentando que no habían surgido circunstancias nuevas que modificaran sustancialmente la situación evaluada anteriormente. El interés superior del niño “no posee carácter absoluto” Al analizar el caso, los jueces Enrique Bosch, Fabián Cardozo y Juan Iglesias señalaron que la prisión domiciliaria constituye una modalidad excepcional de cumplimiento de la privación de libertad y no un derecho subjetivo automático del imputado, debiendo verificarse en cada caso la concurrencia de circunstancias concretas que tornen incompatible la detención intramuros con la protección efectiva de derechos fundamentales. En cuanto al interés superior del niño, el tribunal sostuvo que si bien constituye un principio rector de jerarquía constitucional, no posee carácter absoluto ni desplaza de manera automática una medida cautelar legítimamente dispuesta, debiendo ser ponderado en armonía con los fines del proceso penal. Del informe del Ministerio Pupilar surgió la existencia de un impacto emocional derivado de la ausencia del progenitor, pero los jueces concluyeron que tales constancias no acreditan que la presencia del imputado resulte indispensable o insustituible para el cuidado de los menores, sino únicamente beneficiosa desde el plano emocional. El tribunal destacó que los menores se encuentran bajo el cuidado de su progenitora, asisten a actividades escolares y religiosas, cuentan con acompañamiento psicológico y poseen contención familiar e institucional, no registrándose indicadores de abandono, desprotección ni vulneración grave de derechos. “La existencia de hijos menores no impone por sí sola la concesión de la prisión domiciliaria, en tanto el imputado no resulta el único referente afectivo ni el cuidador exclusivo, existe otro adulto responsable a cargo y el impacto que la detención genera, aunque relevante, no configura un daño grave, actual e irreparable a los derechos del niño”, sostuvieron los magistrados. Por otra parte, los jueces consideraron que persisten riesgos procesales concretos de fuga y entorpecimiento no neutralizados por la modalidad domiciliaria. La proximidad del juicio oral, la gravedad de la imputación, la eventual imposibilidad de acceder a una condena condicional y las restricciones para obtener beneficios de ejecución incrementan el riesgo de elusión de la acción de la justicia. Además, señalaron que la elevación a juicio no elimina el peligro de entorpecimiento, dado que subsiste la posibilidad de influencia indebida sobre la prueba pendiente de producción, en especial respecto de los testigos.
El Tribunal Supremo de EE.UU. declaró este viernes que el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el presidente Donald Trump para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano, en un duro revés a la política arancelaria del mandatario. Con una mayoría clara de 6-3, el Supremo, dominado por conservadores, le sirvió al republicano uno de los primeros grandes reveses de su segundo mandato, un giro en la tendencia hasta ahora favorable al mandatario en otros temas clave de su agenda. En representación de la mayoría, el presidente del Tribunal, John Roberts, indicó que el Gobierno no tiene facultades inherentes en tiempos de paz para imponer aranceles con base en la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977 invocada por Trump como pilar de su guerra comercial. En su fallo, el Supremo considera que el uso de esta legislación por Trump supondría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, ya que el Alto Tribunal considera que los aranceles son un tipo de impuesto a los ciudadanos. Las voces del disenso fueron las de los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, los magistrados más conservadores del Supremo. En su opinión, los tres jueces consideran que no se debe limitar al presidente en estas cuestiones pues consideran que la IEEPA puede usarse en temas de política exterior, lo cual aplica en este caso. Otras vías para los aranceles de Trump Esta decisión en contra de los poderes de Trump para declarar aranceles no impide que el republicano imponga gravámenes bajo otras leyes. Funcionarios de la Administración ya han dicho que esperan mantener el marco arancelario del presidente con otros basamentos legales, aunque no está claro si aquellos importadores que han pagado por los altos aranceles impuestos por la Administración podrán solicitar y recibir reembolsos, equivalentes a varios miles de millones de dólares. Trump ha insistido en que sería «muy decepcionante» que el Tribunal Supremo considerara ilegal la implementación de gran parte de los aranceles, que según él, son la clave del éxito económico que está cosechando su Administración y para presionar en materia de política exterior a otras naciones. También ha reconocido que sería «prácticamente imposible» devolver los cantidades cobradas a los importadores. El pasado agosto, tras una demanda de dos pequeñas empresas importadoras, una corte de apelaciones del Circuito Federal estimó que Trump no tenía derecho a imponer los llamados «aranceles recíprocos», que oscilan entre el 50 % que pagan Brasil y la India y la base mínima del 10 % que soportan el Reino Unido o la mayoría de países de Latinoamérica. El tribunal estimó que tampoco tenía autoridad para implementar el gravamen del 25 % impuesto a algunos productos de Canadá, China y México por lo que, Washington considera, esfuerzos insuficientes para frenar la entrada de fentanilo a EE.UU. Sin embargo, evitó congelar la aplicación de aranceles para dar tiempo a que el Gobierno Federal llevara la causa al Supremo. EFE
El gerente general de la Bolsa de Comercio del Chaco, Julio Barrios Cima, aseguró que desde 2023 el Municipio de Sáenz Peña operaba con inversiones no garantizadas. Aclaró que la Bolsa solo actúa como intermediaria y que el autorizado para administrar la cuenta del Municipio es el secretario de Gobierno. La entidad se puso a disposición de la justicia. La Bolsa de Comercio del Chaco salió este viernes a aclarar que las operaciones financieras no garantizadas realizadas con fondos del Municipio de Sáenz Peña se venían realizando desde el año 2023 y que era el secretario de Gobierno Municipal quién administraba la cuenta del Municipio y decidía en qué instrumentos invertir. A la par, recalcaron que la entidad, en su calidad de Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCS) solo se limitó a actuar como intermediario y que pondrán toda la documentación a disposición de la justicia provincial. Fue en respuesta a las fuertes declaraciones realizadas ayer por el intendente Bruno Cipolini contra la conducción de la Bolsa de Comercio del Chaco por presuntas irregularidades en la inversión de fondos municipales en operaciones financieras no garantizadas, que habrían derivado en la pérdida de más de 1500 millones de pesos de las arcas municipales. En una conferencia de prensa de la que participó la plana mayor de la Bolsa de Comercio del Chaco, el vocero fue su gerente general, Julio Barrios Cima, quién buscó llevar tranquilidad a sus clientes e inversores destacando que la institución está “formada de muchísimos logros y reconocimientos, tanto a nivel provincial como nacional”. Sobre el caso puntual del Municipio de Sáenz Peña, Barrios Cima explicó que “la cuenta comitente de la Municipalidad operaba mediante un profesional que era autorizado por parte de la Municipalidad, que revestía el carácter de asesor financiero certificado por el Instituto Español de Analistas Financieros y que a su vez revestía el carácter de Secretario de Gobierno de la Municipalidad”. “Es la persona idónea que administra la cuenta comitente de la Municipalidad, a su vez es la persona que decide qué instrumentos invertir. La Bolsa en este sentido se limitaba como intermediario a gestionar las instrucciones de este autorizado en el mercado, un intermediario entre este asesor financiero y los distintos mercados”, precisó. El gerente general de la BCCh reveló que “la Municipalidad opera desde el año 2023 instrumentos no garantizados, vale decir que prácticamente hace dos años y meses que la Municipalidad llevaba adelante este tipo de operaciones, no es reciente”. En ese contexto, graficó que en el último trimestre de 2025 el rendimiento de una operatoria no garantizada duplicó al de un plazo fijo, una operatoria considerada “conservadora” y de nulo riesgo. Piden “prudencia comunicacional” al intendente Cipolini Por su parte, el vocal Ricardo Khayat reclamó “prudencia comunicacional” al intendente Cipolini y aseguró que “en la Bolsa de Comercio del Chaco hay mucha gente, muchos inversores, hay mucho sueño, mucho trabajo, mucho ahorro y confianza cuesta por muchas familias chaqueñas y de todo el país que acuden a la Bolsa para cuidar sus ahorros y no merecen este tipo de declaraciones”, señaló. Con respecto a los otros inversores que “conocían los riesgos y naturalmente se interesaron y apostaron por una tasa como la que se encontraba, el doble de un plazo fijo, vamos a acompañarlos en todo lo posible para que recuperen sus inversiones a pesar de esa elección”. “Todo lo que podamos hacer desde la Bolsa para que eso ocurra dentro del marco normativo porque nos movemos dentro de un marco normativo que nos genera la Comisión Nacional de Valores, lo vamos a hacer”, puntualizó, e informó sobre una serie de medidas preventivas para tratar de que sus clientes recuperen sus inversiones. También reveló que, hace casi prácticamente 10 días, desde la conducción de la Bolsa de Comercio del Chaco se presentó “una denuncia penal en la justicia provincial, en la Fiscalía 1, llevándola en ese momento y aportando una serie de información y documentación relevante para esta operatoria, y poniéndonos a disposición de la justicia para que clarifique esto”. Urturi: “Totalmente a disposición de la Justicia” El asesor legal de la Bolsa de Comercio, Ricardo Urturi, precisó que la denuncia de la comisión directiva de la entidad quedó radicada en la Fiscalía Nº 1 de Resistencia, a cargo de la fiscal Ingrid Wenner, a la que se suman las denuncias del Municipio de Sáenz Peña, en la Fiscalía Nº 3 de esa localidad, y otra presentación ante la Fiscalía Federal de Resistencia. En ese contexto, el abogado aseguró que se pondrán “todos los papeles que pida la justicia”. “Acá hay transparencia, eso es lo que quiere comunicar este Directorio, que está totalmente a disposición de la justicia, de los inversores”, aseveró. Aclaró, no obstante, que “parte de la documentación para ser entregada tiene que justamente ser requerida por el Poder Judicial, en virtud de que rige el secreto bursátil, es decir, lo mismo que el secreto bancario o el secreto fiscal, y por esto es que por ahí no se puede brindar a la prensa respecto de toda esta documentación respaldatoria de todas las operaciones”.
El máximo tribunal penal del país suspendió el trámite de un planteo en una causa por apropiación indebida de recursos previsionales y ordenó analizar si, tras la entrada en vigencia de la nueva norma impulsada por el gobierno de Javier Milei, los hechos dejaron de ser delito. La Cámara Federal de Casación resolvió este jueves que deberá revisarse la condena impuesta al responsable de una empresa por apropiación indebida de aportes a la seguridad social, luego de la entrada en vigencia de la nueva ley 27.799 de “inocencia fiscal”. En consecuencia, el tribunal suspendió por unanimidad el trámite de un recurso presentado por la defensa y ordenó que el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 analice si, con los nuevos montos mínimos fijados por la reforma, los hechos que motivaron la condena dejaron de ser delito. La decisión fue adoptada por la Sala III de la máxima instancia penal del país al intervenir sobre la sentencia impugnada que había declarado penalmente responsable al directivo de la firma y a la propia sociedad por no depositar, dentro del plazo legal, los aportes previsionales descontados a sus empleados. Qué ocurrió en el caso La causa examinó 29 períodos fiscales mensuales comprendidos entre enero y noviembre de 2012, y entre diciembre de 2013 y mayo de 2015. Según se tuvo por probado durante el juicio, la empresa -en su carácter de agente de retención- descontó de los salarios de sus trabajadores los aportes correspondientes al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS), pero no los ingresó dentro del plazo de diez días hábiles administrativos previsto por la ley. La sentencia apelada sostuvo que “durante los períodos examinados (…) la sociedad tuvo en su poder fondos adicionales al monto de los salarios del personal (…) y no se depositaron los aportes como consecuencia de una decisión orientada a que esos fondos fuesen destinados a otras obligaciones comerciales de la entidad”. Los montos retenidos en cada uno de esos 29 períodos oscilaron entre aproximadamente $400.000 y $1.420.000 mensuales, en algunos casos acompañados por sumas adicionales superiores a los $100.000 o $200.000. El fallo detalló cifras concretas como $537.852,24; $900.222,96; $1.086.908,76; y $1.420.380,17, entre otras. El tribunal oral consideró acreditado que en cada período “se practicaron las retenciones (…) se presentaron las declaraciones juradas (…) y se omitió el depósito de aquellas dentro del término de diez días hábiles administrativos”, concluyendo que la decisión de no ingresar los fondos “fue renovada período a período”. La responsabilidad del directivo y de la empresa La condena alcanzó al responsable de la firma, a quien el tribunal describió como quien adoptaba las decisiones centrales del funcionamiento societario. Según la sentencia impugnada, era quien dirigía la empresa y definía la utilización de los recursos. El fallo sostuvo que el imputado conocía “la condición de agente de retención que tenía la sociedad (…) la obligación de depositar ante el Fisco, en tiempo oportuno, los montos retenidos; y (…) la falta de depósito de las sumas retenidas en los períodos en cuestión”. También se descartó que existiera imposibilidad económica. Los peritajes incorporados indicaron que la empresa presentaba índices de liquidez superiores a la unidad, incrementos en activos y saldos significativos en caja y bancos, además de haber realizado inversiones en capital de trabajo y equipamiento. La propia empresa fue declarada penalmente responsable como persona jurídica, al considerarse que los hechos fueron cometidos “en nombre y con la intervención de la mencionada sociedad”. En la misma causa también había sido imputada otra integrante de la firma, cuya responsabilidad fue analizada en relación con la administración societaria. El tribunal en lo penal económico decidió absolverla y Casación rechazó el recurso interpuesto contra esa decisión. El cambio legal que modifica el escenario El eje de la resolución de Casación fue la entrada en vigencia de la ley 27.799, conocida como ley de “inocencia fiscal”, publicada el 2 de enero de 2026 e impulsada por el gobierno de Javier Milei, junto con su Decreto Reglamentario 93/26. La reforma modificó el Régimen Penal Tributario y elevó de manera sustancial los montos mínimos para que determinadas conductas sean consideradas delito. En el caso de la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, el nuevo umbral es de $3.500.000 por mes. Los montos analizados en esta causa -que van de aproximadamente $400.000 a $1.420.000 mensuales- se encuentran por debajo de ese nuevo piso legal. En ese marco, el camarista Juan Carlos Gemignani, quien abrió el acuerdo de la Sala III de Casación, sostuvo que la sanción y promulgación de la ley de “inocencia fiscal” elevó los umbrales punitorios y se volvió más benigna que el régimen tributario anterior. Señaló además que, dado que “los montos supuestamente retaceados al Fisco Nacional (…) resultan inferiores a los tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) mensuales establecidos como condición objetiva de punibilidad (…) ha de concluirse que la conducta ventilada ya no configura el delito en cuestión”. En esa línea, recordó la doctrina de la Corte Suprema en los precedentes “Palero” y “Vidal”, según la cual corresponde aplicar retroactivamente la ley penal más benigna cuando una reforma excluye la relevancia penal del hecho. El juez Carlos Mahiques adhirió a la solución propuesta por su colega y, al exponer su posición, remarcó que la Corte Suprema, en el caso “Vidal”, se pronunció de modo diferente al criterio que él había sostenido previamente, pero que, por razones de coherencia institucional, celeridad y economía procesal, correspondía conformar la decisión a la doctrina del máximo tribunal. Por su parte, el camarista Mariano Borinsky también coincidió en la aplicación retroactiva de la ley 27.799. Al respecto, recordó que el 2 de enero de 2026 entró en vigencia la norma, luego reglamentada por el Decreto 93/26, y que el nuevo régimen fijó en $3.500.000 mensuales el monto mínimo para configurar el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social. En ese contexto, afirmó que las conductas atribuidas -por sumas inferiores a ese umbral- “han dejado de ser delito”, en consonancia con la doctrina fijada
La Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Resistencia ordenó al Estado provincial pagar una indemnización a Elda Pértile, exvocal del Tribunal de Cuentas, por los salarios que dejó de percibir entre diciembre de 2021 y mayo de 2022, período en el que no pudo reasumir sus funciones a pesar de existir una sentencia firme que así lo ordenaba. La resolución judicial fue dictada este miércoles 18 de febrero, y condena a la Provincia del Chaco a abonar una suma en concepto de daños materiales equivalente a los haberes caídos más el SAC proporcional, y fija además una indemnización por daño moral del 30% de ese monto. El fallo lleva las firmas de las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Geraldine Varas. El caso tiene un largo recorrido institucional. Pértile había sido destituida de su cargo en el Tribunal de Cuentas mediante juicio político y tras la persecución del aparato rozista, pero el Superior Tribunal de Justicia declaró nula esa decisión en 2008 por haberse basado en un hecho inexistente. Luego de un extenso proceso judicial, en 2014 la Cámara Contencioso Administrativa ordenó su restitución inmediata al cargo, señalando expresamente que debía cumplirse “sin necesidad de previo requerimiento de la interesada”. Sin embargo, la actora continuó desempeñándose como diputada provincial y luego como diputada nacional hasta diciembre de 2021. Una vez finalizado su mandato legislativo, se presentó el 14 de diciembre de ese año en la sede del Tribunal de Cuentas para retomar sus funciones, pero las autoridades del organismo le impidieron hacerlo, argumentando que la competencia para su designación correspondía a la Cámara de Diputados. Recién el 10 de mayo de 2022, luego de una nueva intimación judicial, pudo ser restituida efectivamente en el cargo. La Provincia sostuvo en su defensa que no existió mora en el cumplimiento de la sentencia, señalando que la intimación judicial recién se produjo en diciembre de 2021 y que la reincorporación se concretó dentro del plazo de 60 días previsto en la Ley N° 945-C. También planteó que la actora había consentido el cumplimiento total del fallo anterior y que no correspondía el pago de salarios por períodos no trabajados. Daño cierto El tribunal rechazó estos argumentos. Las magistradas entendieron que la conducta del Estado fue ilegítima al no cumplir con una sentencia firme que ordenaba la restitución inmediata, y que dicha omisión provocó un daño cierto a la actora, quien se vio privada de ejercer su cargo y de percibir sus haberes durante casi cinco meses. El fallo destaca que el derecho reconocido en una sentencia firme constituye un bien incorporado al patrimonio del interesado, protegido por las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio. Asimismo, subraya que el carácter declarativo que la ley provincial otorga a las sentencias contra el Estado no implica una autorización para incumplir los mandatos judiciales en tiempo oportuno. En su análisis, la Cámara enfatizó la jerarquía constitucional del cargo de vocal del Tribunal de Cuentas, órgano de control externo cuya independencia funcional está garantizada por la Constitución provincial. La demora en la restitución afectó no solo el derecho al trabajo y a una retribución justa, sino también la estabilidad propia de esos cargos, diseñados para asegurar la continuidad del control público. Para cuantificar el daño material, el tribunal tomó como base la liquidación elaborada por la Dirección de Administración del Tribunal de Cuentas, que determinó que a Pértile le hubiera correspondido percibir entre el 14 de diciembre de 2021 y el 9 de mayo de 2022 un importe bruto de 2.388.042,80 pesos. Las sumas condenadas devengarán intereses a la tasa pasiva desde que cada período mensual era debido hasta su efectivo pago. En cuanto al daño moral, el tribunal lo consideró configurado por el solo hecho de la conducta ilegítima, aplicando la doctrina del daño “in re ipsa”. Las juezas tuvieron en cuenta la aflicción espiritual derivada de la privación de sus funciones, la pérdida de cobertura de salud y seguridad social, y la prolongada incertidumbre sobre su situación laboral. El fallo impone las costas a la Provincia del Chaco y difiere la regulación de honorarios para el momento en que se apruebe la planilla de liquidación. Con esta decisión, la justicia chaqueña cierra una nueva etapa en el extenso conflicto judicial de Pértile con el Estado provincial, que se remonta a su destitución por juicio político declarada nula hace casi dos décadas. Revista LITIGIO-Periodismo Judicial
El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini solicitó la elevación a juicio oral del dueño del local Cebra Phone, Braian José Obregón, y su pareja Agostina Antonella Vargas Vispo. Están imputados de integrar una compleja estructura de lavado de dinero proveniente del contrabando de importación, con un patrimonio injustificado que incluye vehículos de alta gama, inmuebles, criptomonedas y una embarcación. El fiscal federal Patricio Sabadini solicitó la elevación a juicio oral y público de Braian José Obregón y Agostina Antonella Vargas Vispo, considerando que la instrucción se encuentra completa y existen pruebas suficientes para llevar el caso a debate. La pareja de comerciantes chaqueños está acusada de integrar una compleja estructura de lavado de dinero proveniente del contrabando de importación, con un patrimonio injustificado que incluye vehículos de alta gama, inmuebles, criptomonedas y una embarcación. El requerimiento fiscal, presentado ante el Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, imputa a Obregón y Vargas Vispo los delitos de encubrimiento de contrabando agravado por habitualidad en concurso real con lavado de activos también agravado por habitualidad. La investigación, que se extendió por varios meses, reveló un entramado económico que incluye la adquisición de más de una docena de vehículos, entre ellos una camioneta RAM, un BMW modelo 2025 valuado en más de 64 millones de pesos y dos motocicletas de alta gama, además de una lancha con motor Yamaha registrada a nombre del imputado y su padre. El análisis patrimonial realizado por los investigadores detectó además importantes inversiones inmobiliarias. Obregón es titular registral de un inmueble adquirido en 2023 por nueve millones de pesos, mientras que en la vivienda que ocupa la pareja en calle Cangallo 2020 se constataron mejoras edilicias de gran envergadura, incluyendo la construcción de una piscina y una ampliación de dos plantas que elevan el valor del inmueble a más de 217 millones de pesos, según la tasación oficial. Otro inmueble en construcción, ubicado en calle Falucho 1020, demandó una inversión superior a los 54 millones de pesos. Uno de los ejes centrales de la acusación es el uso intensivo de criptomonedas para canalizar fondos ilícitos. La investigación sobre la plataforma Binance reveló que Obregón operó con una cuenta que registró ingresos por más de 1,4 millones de dólares en moneda estable USDT mediante el sistema peer to peer entre 2022 y 2025, realizando transferencias salientes por más de 2,3 millones de dólares. Los fondos fueron dirigidos a seis direcciones de autocustodia que, según el fiscal, podrían corresponder a financieras que operan como rampa de salida del ecosistema cripto para obtener dinero en efectivo. Los allanamientos realizados en agosto de 2025 permitieron secuestrar abundante mercadería sin aval aduanero en los locales comerciales vinculados a los imputados, incluyendo el conocido local Cebra Phone de calle Vedia y otro local de Capitán Giachino donde se comercializaba indumentaria y artículos deportivos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero valoró la mercadería incautada en más de 209 millones de pesos, superando ampliamente el mínimo legal para configurar el delito aduanero. También se secuestraron más de 30.000 dólares, 2,5 millones de pesos, teléfonos celulares de última generación y documentación contable de interés. La investigación detectó además facturación apócrifa proveniente de empresas declaradas como “contribuyentes no confiables” por la AFIP, por montos millonarios que no guardaban relación con la actividad declarada de los imputados. Conversaciones de WhatsApp secuestradas en el estudio contable de Ana Karina Riedmaier revelaron la mecánica de “compra de IVA” y la utilización de facturas con CAI para dificultar su rastreo, en una maniobra destinada a dar apariencia de legalidad a fondos de origen espurio. Los informes migratorios y el monitoreo de redes sociales dieron cuenta de un alto nivel de vida, con viajes internacionales a Punta Cana, Camboriú, San Andrés y México, así como viajes a Bariloche y visitas frecuentes a Buenos Aires y Córdoba. Este despliegue económico contrasta con el perfil fiscal de los imputados, que hasta 2023 eran monotributistas y registraban facturaciones mínimas, con un salto abrupto en 2024 basado en comprobantes de dudosa legitimidad. Ambos imputados fueron indagados y permanecieron detenidos, aunque en el caso de Obregón la prisión preventiva se convirtió en arresto domiciliario por decisión judicial, medida que fue confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones. La defensa técnica intentó recurrir en casación, pero el recurso fue declarado inadmisible. Ahora, con el requerimiento de elevación a juicio, el caso quedará en manos del tribunal oral que deberá realizar el debate público y dictar sentencia definitiva.
Este viernes, el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, recibió a representantes de UNICEF y, junto a su equipo, mantuvo una reunión de trabajo orientada a fortalecer las políticas sanitarias en la provincia. El encuentro permitió avanzar en una agenda conjunta vinculada a la salud materno infantil, la salud mental adolescente, la vacunación y la mejora de indicadores clave del sistema sanitario. Durante la reunión, el ministro destacó la importancia de continuar trabajando de manera articulada con organismos internacionales para incorporar herramientas y experiencias que ya han demostrado resultados en otros lugares. En ese sentido, remarcó que el Gobierno provincial analiza de forma permanente los indicadores de salud para identificar áreas que requieren intervención. El funcionario señaló que en el último año se registró un aumento en la mortalidad neonatal y en algunos indicadores que generan preocupación. No obstante, explicó “Si bien encontramos indicadores que muestran mejoras importantes dentro de un contexto global negativo, trabajamos fuertemente en la corrección de estos factores negativos”. Asimismo, subrayó que la salud de los adolescentes constituye una prioridad para la gestión, especialmente en materia de salud mental. “Es una etapa donde muchas veces quedan en un espacio intermedio y necesitamos generar dispositivos adecuados para acompañarlos”, expresó, al tiempo que valoró los modelos de atención que impulsa UNICEF, orientados a adaptar el sistema sanitario a las necesidades actuales de la sociedad. En la misma línea, adelantó que se continuará trabajando en programas vinculados a la nutrición infantil y adolescente, entendiendo que mejorar la alimentación desde edades tempranas permite prevenir enfermedades a futuro y construir bases sólidas para el desarrollo de la población. Rol de UNICEF brindando asistencia técnica a los gobiernos Por su parte, Quesada, Especialista en Primera Infancia y Salud de UNICEF Argentina, explicó que la agenda de trabajo con la provincia incluye proyectos enfocados en salud mental adolescente, el fortalecimiento de dispositivos de escucha y acompañamiento, y la atención de la salud mental perinatal durante el embarazo. Además, indicó que se analiza avanzar en estudios sobre la demanda y cobertura de vacunas para mejorar la calidad de la información disponible y optimizar las estrategias de inmunización. También se prevé trabajar con maternidades de la provincia en el análisis de casos y protocolos vinculados a la mortalidad neonatal, con el objetivo de reforzar acciones preventivas y contar con datos que permitan tomar decisiones basadas en evidencia. Finalmente, Quesada destacó que el rol del organismo es brindar asistencia técnica a los gobiernos y acompañar el fortalecimiento de políticas públicas locales. Tras la reunión, los equipos técnicos continuaron con la planificación de distintas intervenciones que se desarrollarán de manera coordinada con diversas áreas del Gobierno provincial.
Con el objetivo de fortalecer la prevención y garantizar la protección de los niños frente a enfermedades graves, en marzo se llevará adelante la campaña de vacunación de ingreso escolar 2026. La iniciativa busca completar y verificar los esquemas obligatorios antes del inicio del ciclo lectivo. Durante este período, equipos de salud recorrerán distintos jardines de infantes para aplicar las vacunas correspondientes a los alumnos que deben cumplir con el calendario de ingreso escolar. Desde el área sanitaria recordaron que la vacunación es fundamental para cuidar la salud individual y colectiva, además de ser un requisito para la escolaridad. Las familias deberán consultar en cada institución educativa el día y horario en que se realizará la visita sanitaria, a fin de organizar la participación de los niños y facilitar el trabajo de los profesionales. Asimismo, se recomienda que los padres o tutores envíen el carnet de vacunación para que pueda ser revisado por el personal de salud. En caso de que el niño ya tenga todas las vacunas al día, se podrá solicitar la constancia de vacunación completa. Desde el sistema de salud remarcaron la importancia de mantener actualizado el calendario nacional de vacunación, ya que permite prevenir enfermedades y garantizar un adecuado inicio del ciclo escolar.
La Universidad Nacional de Formosa, a través de su Facultad de Humanidades, anunció la apertura de un nuevo seminario de posgrado titulado “Metodologías transdisciplinares de investigación creación: Aportes para la investigación sociocultural, artística y colaborativa”, una propuesta académica orientada a profundizar la formación metodológica de profesionales y graduados. La responsable del Área de Posgrado, la especialista Mirta Cuenca, informó que el cursado dará inicio el 20 de marzo y se desarrollará a lo largo de nueve encuentros bajo modalidad intensiva. Actualmente se encuentra habilitada la preinscripción online, mientras que la inscripción formal será comunicada próximamente por los canales institucionales. Destinatarios y objetivos El seminario está dirigido a egresados y estudiantes avanzados de carreras de ciencias sociales, humanidades, artes y disciplinas afines, con una duración mínima de cuatro años. La propuesta académica busca profundizar en: Desde la unidad académica señalaron que la iniciativa apunta a fortalecer capacidades para la producción de conocimiento con impacto social y cultural en la región. Modalidad y cronograma El cursado será mayormente virtual, con una jornada final presencial en la sede de la Facultad de Humanidades. El cronograma contempla encuentros los días: Evaluación y acreditación Como todo seminario de posgrado, contará con instancia de evaluación final. Los cursantes deberán presentar un trabajo práctico aplicado – en grupos de hasta cuatro integrantes – y acreditar un mínimo del 75 % de asistencia para aprobar. Inscripción Las personas interesadas pueden realizar la preinscripción mediante el formulario digital disponible en los canales oficiales de la Facultad o acercarse al Área de Posgrado, ubicada en el Módulo 4, donde se brinda atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Con esta nueva propuesta, la Facultad de Humanidades reafirma su apuesta por la actualización académica y la formación de profesionales con herramientas innovadoras para la investigación y la intervención sociocultural. Opinión Ciudadana